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Existe un consenso relativamente generalizado respecto a que el problema de fondo de todo el sistema educativo chileno es la falta de calidad, la enorme segregación que existe en ella -ricos educados entre ricos y pobres entre pobres – yel negocio de la educación. Tres factores que se observan por no contar con una legislación adecuada que exija tanto a los actores públicos como a los privados del sistema, a los llamados tradicionales y no tradicionales, estándares de educación apropiados para un país que pretende alcanzar niveles de desarrollo.

Estándares de educación de calidad regularían la apertura de establecimientos educacionales de nivel básico y medio cuando estos no cumplieran con ciertos mínimos. En el caso de la educación superior, las universidades sólo debiesen poder impartir carreras cuando cumplan con ciertos estándares y acceder a aportes del Estado únicamente cuando demuestren requisitos de calidad y también de inclusión social.

Así, los parámetros de medición no sólo consistirían en la calidad a través de puntajes mínimos de ingreso por carrera, número de profesores de planta y cantidad de investigaciones, sino también el porcentaje de personas provenientes de establecimientos municipales o particulares subvencionados de condiciones socioeconómicas desfavorecidas.

Por otra parte, Chile tiene una gran segregación social, donde la educación es sólo un reflejo de la sociedad que hemos construido, con sectores pobres al borde de los límites urbanos, con malos accesos y malos servicios. En consecuencia, incluir en la evaluación de las universidades factores de integración social, resulta crucial para mejorar el capital cultural de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, lo que permitirá que estas puedan relacionarse con otras de distintos sectores y formar redes de apoyo mutuo.

Por ultimo, nuestra legislación llena de libertades, pero con muy pocos deberes, ha permitido la proliferación de establecimientos educacionales de mala calidad, sobre todo en el ámbito universitario. Por tanto, mas allá de la discusión acerca de la municipalización o si es el Estado o los privados quienes deben administrar los establecimientos, un paso importante para avanzar en la materia sería contar con una buena legislación protectora de la calidad junto con organismos fiscalizadores, con potestades reales. .

Sin embargo, hay una mala noticia… ¿cómo podemos hacerlo con la Constitución Política que tenemos actualmente en Chile? Hoy nuestra Constitución no otorga el derecho a la educación como lo entendería cualquier ciudadano; en realidad lo que otorga a cualquier persona es el derecho a poder abrir un establecimiento educacional, la libertad de los padres de elegir el establecimiento de sus hijos y, para los establecimientos, la libertad de enseñanza y la obligatoriedad de la enseñanza preescolar, básica y media.

Nunca se menciona la calidad de la educación. Los únicos parámetros para impartir educación, tal como señala nuestra Constitución política, es “la libertad de enseñanza [que] no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”.

Algunos podrán decir que la falta de parámetros de calidad es inmoral y que el negociado de algunos establecimientos de educación superior también lo es. Lamentablemente, ese argumento no nos llevará hacia una mejor educación. Hoy la libertad económica que permite abrir establecimientos de mala calidad prima por sobre el estándar de calidad. Es por esta razón, que necesitamos una nueva Constitución que establezca derechos y deberes efectivos para todos los ciudadanos.