Por Francisco Del Campo | Comunicaciones FCI
Unánime fue la reacción de los parlamentarios que conversaron con Ciudadano Inteligente acerca de su nueva aplicación “inspector de Intereses”. Todos la consideraron un aporte valioso y único en su tipo, que ayudará a mejorar la transparencia en el Congreso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, aseguró que este estudio se abre a la posibilidad de que este tema sea revisado por la instancia que crea la ley orgánica, que es la comisión de ética y conductas parlamentarias, por eso calificó a la nueva aplicación de Ciudadano Inteligente como “muy interesante y sin duda un aporte, ya que hasta ahora nunca se había dado una presión pública en esta materia” sentenció.
Asimismo el presidente de la comisión de Ética y Transparencia del Senado, Hernán Larraín, admitió que “la declaración de patrimonio de intereses que rige actualmente en el congreso es más que insuficiente y no obliga a hacer muchas declaraciones que permitan realmente conocer el patrimonio de los parlamentarios”, por esto mismo considera a “Inspector de intereses” como un verdadero aporte.
Por su parte, como “uno de los esfuerzos más importante que el sector privado puede hacer por la transparencia”, calificó a esta innovadora aplicación el director del grupo interparlamentario Pro Transparencia, el senador Eugenio Tuma, y aseguró que por ser una herramienta tecnológica va a incentivar aún más que todo sea más transparente.
“Inspector de Intereses es más exigente que la declaración de patrimonio misma”, estimó el vicepresidente del mismo grupo Pro Transparencia, el diputado Jorge Burgos, que a su vez valoró la gran contribución a la transparencia pública y a la probidad que la iniciativa significa.
Cristián Monckeberg, diputado y también director de la unión interparlamentaria a favor de la transparencia, dijo que esperan sacarle el máximo provecho a esta innovadora aplicación ya que “no sólo informa y ayuda a la ciudadanía, sino que también a nosotros mismos, obligándonos a ser más exigentes y lo más transparentes posible”, afirmó entusiasmado.

Reacción a los datos duros
De los 158 parlamentarios chilenos, 53 no tienen participación en sociedades ni patrimonio accionario, por lo que no tienen intereses económicos de ningún tipo. Pero entre todo el resto de congresistas tienen 188 participaciones accionarias y 298 sociedades. De éstas 298, el 66% está correctamente declarado por los parlamentarios, es decir, el tercio de estas sociedades económicas no están declaradas como la ley estipula que deberían.
Ante esto, Patricio Melero indica que “no me corresponde a mí, como presidente de la Cámara, ver si están mal o bien hechas las declaraciones, si están completas o incompletas, o si no las han puesto al día o actualizado adecuadamente”. Mientras que Hernán Larraín dice no dilucidar el por qué de esta irregular situación, “no tengo una explicación, yo esperaría que tuviéramos el 100% de nuestras sociedades declaradas, pero si los parlamentarios no han declarado las sociedades en que pertenecen obviamente han incumplido su deber ante la ley”, declara el presidente de la comisión de Ética y Transparencia del Senado.
El partido Unión Demócrata Independiente (UDI) es el partido político con mayor cantidad de sociedades por parte de sus parlamentarios con 136 de estos proyectos económicos, de los cuales 57 no han sido declarados como corresponde , lo que los posiciona como el grupo político que mayor porcentaje tiene de sociedades no declaradas alcanzando un 42%.
Ante esto, el presidente de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma, admitió que no existe un mecanismo interno en el partido que fiscalice o regule esto. Aunque aseguró que “muchas veces son sociedades que se han constituidos pero nada más, no llegan a tener actividades, así es el mundo de los emprendedores”, considera que mantener las declaraciones reguladas “son responsabilidades personales, pero aún así, no siento que haya habido una voluntad de alterar una situación patrimonial, y eso es para mí lo más importante” reflexionó Coloma.
En la otra vereda se encuentra Renovación Nacional, que con las 53 sociedades que tienen sus parlamentarios, son 8 las que no han declarado, alcanzando un 85% de efectividad. El jefe de bancada de este partido, Cristian Monckeberg, contó que ellos siempre le piden permanentemente a sus congresistas que mantengan regulada su situación, “pero parece que eso no se traspasa a los otros partidos”, concluyó.
Explicación en común
Al igual que la unanimidad de estos parlamentarios en el gran aporte que significa “Inspector de intereses” para los ciudadanos y para los congresistas, también hubo concordancia en la razones por las que ellos creen que un tercio de las sociedades no han sido declaradas. Para ellos muchas de estas omisiones se deben a que muchas veces se constituyen sociedades que finalmente no llegan a realizar actividades, y simplemente dejan de existir para ellos, pero no para la ley, por lo que termina olvidándose al momento de realizar las declaraciones. Pero de todas formas concuerdan que todas esas situaciones deben ser reguladas.
Por Juan Giménez Martínez
Esto del mundo virtual es fabuloso, uno se conecta a internet y casi sin querer se encuentra con millones de cosas, algunas buenas, algunas no tanto, algunas inútiles, algunas interesante; por ejemplo encontré el recital dado por Los Olimareños en el estadio Centenario, una semana antes del golpe de estado en Uruguay, no me pueden negar que es algo interesante por lo menos para los que tenemos más de 40 y vivimos los golpes de estado y posteriores dictaduras en América Latina. También encontré las respuestas populares del test de Rorschach, lo cual lo encontré súper inútil, ¿quién podría acordarse de cada una de las láminas que son manchas?, pero uno también encuentra cosas que muchos quisieran olvidar o mejor quisieran que todos olviden menos ellos.
Ustedes se preguntarán a qué me refiero, ya lo sabrán. Hace muchos años atrás, pero no muchos como para olvidarlo, una parte de América Latina estaba siendo torturada, violada, asesinada, desaparecida, arrojada al mar, en fin una serie de atrocidades; también en ese mismo momento otra parte de esa América Latina era homenajeada, adulada, servida, sobrevalorada, cuidada, bueno una serie de agasajos.
Adonde quiero llegar es que el día 9 de Julio de 1977 se llevó a cabo en Chile uno de los eventos más fascista que se hayan realizado en esta América Latina, y en esta América han habido muchos. Me refiero a la “representación simbólica de la juventud chilena en su compromiso permanente con la tradición y los valores fundamentales del país”, más conocida como CHACARILLA 77.
Antorchas, desfiles, ascensos, apretones de manos con el dictador y obviamente discurso del dictador; eran todos jóvenes comprometidos y jugados con la dictadura, elegidos por la dictadura para ese acto. Y resulta ser que este mundo virtual me entrega un listado de esos jóvenes patriotas, religiosos practicantes, de familias ligadas a la derecha más recalcitrante de este país.
Es inevitable ver algunos nombres que en el día de hoy ¡SON PARTE DE ESTE GOBIERNO!, Ministros como Andrés Chadwick, Cristián Larroulet, Joaquin Lavín, senadores Juan Antonio Coloma y algunos otros que no tuvieron tanta suerte como los antes mencionados y solo fueron cantantes como José Alfredo Fuente, Roberto Viking Valdéz y un animador de gran nombre Antonio Vodanovic.
Lo anterior nos muestra a las claras que nuestra memoria colectiva es frágil, por decir lo menos. Estos Señores que apoyaron a ultranza la dictadura, que al llegar la democracia dijeron desconocer todas las atrocidades que se cometieron, que fueron privilegiados por el dictador y sus secuaces, que pertenecen al 10% donde se concentra la riqueza de este país en desmedro del otro 90%, son los que hoy se llenan la boca hablando de DEMOCRACIA, palabra que por lo demás ha sido prostituida por ellos que nunca han sido demócratas.
Bueno, como podrán ver esto no es menor, los elegidos por el dictador, sus jóvenes comprometidos, los defensores de la tradición y valores del país hoy están en La Moneda junto con el Presidente gobernando los destinos de este país.
¿Cómo pasó esto? ¿cómo permitimos que esto sucediera? ¿por qué fuimos tan ciegos? Quisimos castigar a la Concertación sin darnos cuenta que también nos estábamos castigando nosotros mismos, un gran pensador dijo: “LOS PUEBLOS QUE OLVIDAN SU PASADO ESTÁN CONDENANDOS A REVIVIRLO”.
El dictador debe de estar de fiesta en el infierno, para los que creen, sus muchachos llegaron a La Moneda y de mejor forma que él, sin disparar ni un solo disparo, las vueltas de la vida son raras, ¿no lo creen?
Por Álvaro Castañón
Hace algunos años, en nuestro país teníamos toda una institución de la reparación doméstica: los“maestros chasquilla”. Estos versátiles personajes eran una verdadera caja de sorpresas, pues en base a la experiencia de la vida, o al “echando a perder se aprende”, ”le hacían” a la pintura, gasfitería, jardinería y quizás hasta leían el Tarot. Sus habilidades eran múltiples, y conforme a las preguntas del cliente eran más y más.
Con el paso de los años, la sociedad ha ido evolucionando hacia una especialización en los rubros. Por un trabajo se paga un sueldo, y eso conlleva una serie de cláusulas de exclusividad, horario y competencias.
Pero hay un lugar donde los años no pasan, y no es la Tierra de Nunca Jamás. Es nuestro Congreso Nacional, donde la realidad es muy distinta.
105 de nuestros 158 parlamentarios poseen actividades comerciales -como sociedades e inversión en acciones- de forma paralela a su trabajo legislativo. Para muchos ciudadanos quizás esto sea una sorpresa, pero ha sido una constante histórica, la función legislativa ha sido considerada siempre como una de las varias habilidades “a las que le hacen” nuestros representantes, en un mismo tiempo.
El problema que se presenta, cuando aceptamos que nuestros legisladores van de paso y, por ende, pueden mantener nexos con sus negocios, actividades académicas o profesionales, son los conflictos de intereses. Entendido como una relación de “tironeo” entre “lo público” del trabajo legislativo, y “lo privado” de sus negocios paralelos.
Pero hasta aquí al parecer no ha existido motivo de escándalo.
La solución fue entregada por la ley hace no más de 12 años. Una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional introdujo un artículo muy específico; el 5 letra B. Dicha norma se refiere a los conflictos de intereses, limitando la presentación de mociones y promoción de proyectos de ley donde el parlamentario tenga sus negocios personales. El mismo artículo, establece la prohibición de votar asuntos que se vinculen con los intereses privados.
Declarados los intereses y patrimonios de nuestros legisladores, nosotros como ciudadanos deberíamos tener la tranquilidad de saber cuál es la gama de intereses y habilidades financieras de nuestros representantes populares. Con este conocimiento, sería claro identificar cual parlamentario no está dando cumplimiento a la ley.
El problema es que nunca ha existido una herramienta de fiscalización ciudadana que permitiera hacer el cruce entre los proyectos en tramitación y los intereses de los parlamentarios. Con ello, descubrir las situaciones que atentan contra le ley y que podrían repercutir en un posible conflicto de interés era casi imposible. Ahora sí podemos escandalizarnos.
La Fundación Ciudadano Inteligente desarrolló su aplicación el “Inspector de Intereses” que entrega la información cruzada desnudando a los que cumplen con el Artículo 5 letra B, y los que no.
Pero el “Inspector de Intereses” no sólo nos ha clarificado la situación “declarada” y que finalmente se encontraba a disposición de los ciudadanos (o del ciudadano que se tome unos meses para procesarla), sino que también nos develó una situación preocupante: Tenemos políticos chasquilla.
El político chasquilla es aquel que más allá de sus habilidades financieras declaradas, tiene otras no declaradas. La oportunidad hace el negocio, y eso al parecer lo saben muy bien 32 parlamentarios, quienes no declararon participaciones que poseen en acciones o sociedades.
Son en total más de 100 sociedades las que nuestros “políticos chasquilla” omitieron declarar, y si pensamos en la tremenda variedad de temas que trata nuestro Congreso en cada una de sus sesiones, el resultado de esos pensamientos es preocupante. Si ya era casi imposible fiscalizar los conflictos de intereses respecto de “lo declarado” ¿Cómo nuestros parlamentarios pretenden que fiscalicemos lo “no declarado”? ¿O no les interesa dicha fiscalización?
El problema histórico ha sido justamente la fiscalización. Hace años atrás, no teníamos idea si efectivamente lo que declaraba saber un maestro se condecía con el trabajo que le entregábamos, como instalar un calefont. Con posterioridad, se reformó eso por el peligro que significaba y se empadronó a quienes se encontraban certificados, entregando más certeza y fiscalización a la población. Nosotros respecto de nuestros parlamentarios no tenemos certeza, y hasta antes del “inspector de intereses” no teníamos herramientas de fiscalización.
Tal cual pasó con los “maestros chasquilla”, hoy debemos avanzar a un sistema donde nuestros representantes sean un poco más especializados en el trabajo legislativo, y con ello se aparten de los otros “rubros” que pueden terminar en una desgracia; un conflicto entre los intereses nacionales y los privados.
Los ciudadanos tenemos una nueva arma, la información. Ahora todo está en nuestras manos, debemos hacer de éste un tema relevante. La mala elección de nuestro político puede terminar en una explosión, no del calefont, sino que de la confianza que le tenemos a nuestras instituciones y a quienes las componen.
Es urgente avanzar hacia un nuevo marco regulatorio, donde las sanciones sean mucho más que un susto, sean una realidad dolorosa. Nuestro sistema debe tener un verdadero incentivo a elegir entre la transparencia y las omisiones; entre los intereses nacionales y los particulares
Fuente: El Dínamo
Por Juan José Soto
¿Hasta que punto, hoy en Chile, el dinero de las empresas está afectando las decisiones del ejecutivo y el parlamento?. Ya son muchas las ocasiones en las cuales hemos visto como políticas ampliamente aceptadas por expertos y ciudadanos, entran al Congreso, y algo ocurre ahí dentro, que la política que congregaba elogios transversales, no sale, o bien sale muy menguada
Si su empresa de celular, su isapre, su afp, su banco, su supermercado, su multitienda, su proveedor de electricidad, etc. no financiaran la política en Chile, ¿entonces quién?
Luego de la caída de Lehman Brothers y la explosión de la crisis subprime, diversos analistas se volcaron a estudiar que falló, como fue posible que los reguladores del mercado financiero, congresistas, y diversos eslabones de la cadena de control no hubiesen previsto lo que venía y llevado a una crisis de tal magnitud. Hay coincidencia en que fue una falla multisistémica, pero entre las causas, una salió a relucir ante la opinión de los expertos y la opinión pública en general; ¿cuanto influyeron las donaciones a campañas políticas en la laxitud de los reguladores y la generación de leyes que hubiesen podido evitar esta situación?.
De las empresas originarias de la crisis subprime, 25 de ellas, incluyendo JPMorgan, Citigroup y Goldman Sachs, gastaron alrededor de $375 millones de dólares en la primera década de este siglo, entre lobby y donaciones a las campañas políticas de demócratas y republicanos. Sólo el sector financiero estadounidense ha donado a la política alrededor de 2.2 billones de dólares entre el año 2000 y 2010. Hoy la pregunta que todos se hacen, es como están afectando estas donaciones en la calidad de las políticas públicas estadounidenses. A partir de la experiencia de la crisis subprime, las criticas sobre el efecto del dinero en la política arrecian.
¿Y cómo estamos en Chile?, mal, muy mal. Si quisiéramos estimar, al igual que en Estados Unidos, cuanto ha donado el sector financiero a la clase política criolla, no existe manera de llegar a esa información. La legislación chilena permite que gran parte de los aportes sean anónimos o reservados, y un gran porcentaje de los aportes, van por fuera del Servicio electoral, haciendo imposible su seguimiento. Lo anterior, impide que los ciudadanos sepamos quienes están financiando a nuestros parlamentarios, sembrando la duda, y cubriendo con un oscuro velo la manera en la cual parlamentarios y partidos políticos pagan sus campañas y las cuentas para su funcionamiento.
¿Hasta que punto, hoy en Chile, el dinero de las empresas está afectando las decisiones del ejecutivo y el parlamento?. Ya son muchas las ocasiones en las cuales hemos visto como políticas ampliamente aceptadas por expertos y ciudadanos, entran al Congreso, y algo ocurre ahí dentro, que la política que congregaba elogios transversales, no sale, o bien sale muy menguada. El impacto que esta situación está teniendo sobre los ciudadanos, es imposible de medir, no existen fuentes públicas a las cuales hechar mano, para exigir a parlamentarios que podrían verse influenciados por donaciones electorales, que se abstengan de legislar sobre materias donde podrían existir claros conflictos de interés. Sin embargo, si se puede coligar, que una centena de millones de dólares donados a la política en Chile, no son nada comparado con los miles de millones de dólares que los consumidores pierden, debido a una influencia incorrecta de ciertos sectores económicos sobre la regulación que los afecta, distorsionando las leyes del libre mercado.
El dinero en la política, es un ácido altamente corrosivo, peor aún cuando proviene de empresas e individuos que dependen de ciertas decisiones del Congreso y el Gobierno para mantener privilegios que, o bien cierran el mercado a nuevos competidores, les permiten ganancias extraordinarias, o simplemente desnivelan el terreno de juego a favor de quienes son capaces de influir económicamente sobre la elite política.
Los grandes contribuyentes de dinero a las campañas políticas deben ser desterrados, el sistema actual está distorsionado, crea una enorme asimetría entre la presión que pueden hacer los intereses de la ciudadanía sobre nuestras autoridades y la capacidad de presión de unos pocos particulares que se ven beneficiados por políticas determinadas. Chile necesita urgente de varias reformas políticas, que el viento sobre la superficie, no nos impida ver el fangoso fondo de un sistema de financiamiento político que en el largo plazo, está afectando gravemente la calidad de vida de los chilenos.
Por Comunicaciones FCI.
Son 30 horas consecutivas de trabajo, donde desarrolladores web, diseñadores, investigadores y tú podrán crear una solución digital para enfrentar diferentes temas sociales en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.
Para nadie es una novedad que Chile y el resto de los países latinoamericanos comparten problemas sociales, y es por esta razón que como primer hackathon -encuentro de programadores- regional se eligieron tres áreas específicas donde los participantes deberán crear una aplicación: educación, presupuesto público y seguridad.
El evento se desarrollará de manera simultánea el 03 y 04 de diciembre en los seis países que integran el proyecto. Ellos se encontrarán conectados vía streaming, donde podrán ver lo que sucede con el resto de los concursantes y así crear un ambiente grato entre las diferentes naciones.
La idea original del proyecto surgió de Juan José Soto, gerente de la Fundación Ciudadano Inteligente hace un año. “Él estaba hablando con un representante de Google en Brasil y descubrieron que hay muchos países en América Latina tienen los mismos problemas sociales y ambos actores trabajan en temas tecnológicos, por lo que a partir de ahí se comenzó a armar un evento para el bien social”, señaló la Administradora del Proyecto, Anca Matioc.
Entre los organizadores se encuentran instituciones internacionales como RandomHacks of Kindness (RHoK), una comunidad que crea grandes proyectos de innovación enfocados en el Open Source. Además de las ONGs participantes de cada uno de los seis países que de este evento. También hay otros importantes organizadores como Wingu, Garage Lab, escuelab.org, Cubox, Informacióncívica.org, CitiVox,W3C y Fundar. Entre los sponsors de este evento están Open Society Institute, Omidyar networks (e-bay) y Google.
Las inscripciones se abrieron la semana pasada y se deben hacer en línea a través de www.desarrollandoamerica.org hasta el 25 de noviembre. Para ello, existen tres modalidades de inscripción, postular en forma individual, con un grupo definido o simplemente con un grupo desconocido, que en un evento previo al DAL, podrán conocer y elegir a sus eventuales compañeros para formar grupos.
“En general las personas trabajan en equipos pre definidos, con amigos y conocidos, pero el único límite es que no pueden trabajar más de ocho personas en un grupo, así que máximo ocho y mínimo uno” aclaró Matioc.
Hay premios a nivel nacional y regional. Durante el evento va a haber un jurado en cada país que evaluará las aplicaciones de cada nación. Los tres mejores proyectos, es decir, oro, plata y bronce, pasan a la siguiente ronda, la ronda regional.
El día después del evento, en 24 horas, otro jurado evaluará los tres ganadores regionales. Los premios nacionales serán:
- Premio oro: US$2.OOO dólares
- Premio plata: US$1.000 dólares
- Premio bronce: US$ 500 dólares
Previo al evento, cada país se encuentra recopilando open data además de vincularse con organizaciones civiles, con el gobierno y distintas organizaciones que tienen esos datos. Por ejemplo, en Chile están trabajando con Educación 2020 y esperan tener datos del Gobierno y de Paz Ciudadana.
“Eso es lo bonito del evento, porque no solamente estamos creando una comunidad de desarrolladores sino que estamos construyendo todo un grupo y conectando a las personas del gobierno, de la sociedad civil y a todos a través de este evento”, finalizó la Administradora del proyecto.
Por eso, si eres un techie y quieres ayudar a tu sociedad, no puedes dejar pasar esta oportunidad. ¡Inscríbete ahora!
Por Juan Giménez Martínez
Hace unos días atrás fui a pagar mi cuenta de Ripley. Cuando estaba pagando me di cuenta que me estaban cobrando $16.000 pesos de recarga de celular, por lo que le digo a la señorita detrás del mostrador que eso no es así, ya que yo tengo plan contratado, por lo tanto no hago recargas con la tarjeta. La señorita me responde que si ese monto está en el sistema es así, le digo que no, que por favor quiero hablar con el encargado, jefe, gerente o quien corresponda. Ella, de mala gana, llama a un caballero al que le explico que yo no hago recargas por lo que el cobro no corresponde, él se mete al computador y me dice que efectivamente hay un error y que se me devolverá la plata en la cuenta del mes siguiente. Así que estoy esperando la cuenta del mes siguiente para ver si hacen efectivo el descuento.
¿Por qué cuento esto? Porque nosotros, los consumidores, debemos vivir alerta en contra de las grandes empresas, llámese grandes tiendas, compañías de luz, agua, teléfono, gas, tv cable o la que sea. Ya que pareciera ser que la política instaurada es la de robemos al consumidor todo lo que podamos, total nadie los defiende.
El Sernac dice que ellos sólo pueden vigilar y nada más, las superintendencias en vez de proteger a los consumidores defienden a las empresas o se hacen los tontos para no hacer nada.
Nos estafan las Isapres, las AFPs, los bancos, las multitiendas; en fin, todas las empresas. Me obligan a tener un sistema de pensiones, pero el mismo Estado que me obliga no se hace responsable cuando pierdo 3 millones de mi futura jubilación por los manejos de la AFP. Es sintomático del momento que vivimos que en el caso La Polar, que robó a 1 millón de personas durante años, no haya ni un detenido, es más, nadie sabe en qué está la famosa y publicitada investigación, por lo que deduzco que todos van a salir limpios de polvo y paja.
Queda muy de manifiesto que el sistema está ideado y ejecutado para que las grandes empresas cometan las inmoralidades que deseen. No hablo de ilegalidad, hablo de inmoralidad porque ya es casi absurdo pedir legalidad en este sistema que se sustenta en una ilegalidad permitida. Como ejemplo pongo el hecho de las Universidades, existe una Ley que explicita que las Universidades no pueden obtener lucro; pues bien lucraron durante años, usaron todas las artimañas habidas y por haber, hasta un ex ministro reconoció que ganó dinero con eso, pero sólo a raíz de aquello decidieron que “había que investigar el lucro en las Universidades”. ¿Nadie lo sabía de antes?, ¿sólo se enteraron en ese momento?.
En contrapartida si yo no pago mis impuestos, mis créditos, mi luz, mi agua o lo que sea, recibo las penas del infierno, el Estado me persigue por estafa al fisco, el banco me quita la casa, las empresas de servicios me los cortan y me cobran una enormidad por restablecerlos, suma y sigue.
Al ciudadano común se le exige que no cometa ninguna ilegalidad, que pague sus impuestos, que cumpla con los bancos, que cancele a tiempo sus servicios, pero en contrapartida las empresas tienen permitido actuar de la manera contraria. Todo lo anterior provoca cansancio, stress, enojo; lo cómico de esto es que los políticos se siguen preguntando ¿por qué no nos quieren?, ¿qué es lo que quiere la gente?
Es agotador vivir en un estado de alerta constante para que no me estafen más de lo que legalmente se les permite estafar me.
La pregunta es: ¿hasta cuándo voy/vamos a soportar?, como dice Chesperito ¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ DEFENDERME?… ¿o tendré que hacerlo solo?
Por Comunicaciones FCI.
Todos los posibles conflictos de intereses que tienen los parlamentarios en la promoción y votación de proyectos de ley será lo que te permitirá ver desde hoy “Inspector de Intereses”, la nueva aplicación de Ciudadano Inteligente.
La ley prohíbe a los parlamentarios promover proyectos o votarlos cuando tienen conflicto de interés de manera directa o a través de algún familiar. Sin embargo, existen congresistas con acciones en compañías o con participación en sociedades comerciales que tienen potenciales conflictos de intereses con los proyectos de ley que votan o, incluso, que ellos mismos han presentado.
“Inspector de intereses”, la nueva herramienta de Ciudadano Inteligente, tiene tres grandes utilidades. La primera es que te permite conocer las participaciones societarias que los legisladores han omitido en sus declaraciones de intereses y patrimonio. La segunda es que te mostrará todos los posibles conflictos de intereses que podría tener un parlamentario al momento de promover o votar un proyecto de ley. Y la tercera, que te muestra un perfil de cada parlamentario; con la información particular del representante, como sus declaraciones oficiales y gráficos de apoyo.
Todo esto se puede ver ya sea por medio de un congresista en específico, o por temas determinados, como medioambiente, salud, educación, u otros. Además te puedes sumar a un petitorio de transparencia, o reportar posibles conflictos de intereses.
Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo de la Fundación, explica que con esta herramienta “buscamos que se haga una denuncia responsable respecto a una situación de ley que no se cumple, de senadores y diputados que no están declarando la totalidad de sus participaciones, ni absteniéndose en sus votos con conflicto de interés. Pretendemos denunciar a quienes no están haciendo bien su trabajo, y también destacar a quienes sí lo están realizando correctamente”, afirma.
“Por otra parte queremos incentivar a una ciudadanía responsable, decir que se les acabó el cheque en blanco a los representantes, por lo que el mandato de éstos tiene que ser efectivo y que apunte al bien común y al interés público”, enfatiza el Presidente Ejecutivo de Ciudadano Inteligente.
Gracias a la innovadora aplicación se pudo advertir que de las 298 sociedades que en total tienen todos los parlamentarios, el 33% de éstas no están declaradas. Asimismo, sólo un tercio de los congresistas no tiene participación alguna en sociedades ni patrimonio accionario. Mientras que las áreas en que se encuentran los principales intereses económicos son en “Intermediarios financieros” con 199 sociedades, “Vivienda y Urbanismo” con 112 y “Asesorías y consultorías” con 99 grupos vinculados a los legisladores.
“Estamos utilizando las nuevas tecnologías para contrastar toda la información y encontrar los posibles conflictos de interés”, cuenta Heusser, e invita a toda la ciudadanía a involucrarse: “Cualquier ciudadano puede acceder a esta aplicación e investigar a un parlamentario en particular o algún tema específico que le sea de interés. Asimismo, los medios de comunicación también tienen aquí una herramienta para investigar. E incluso, los mismos parlamentarios, gracias a “Inspector de intereses”, podrán revisar sus propios antecedentes y así transparentar de mejor manera su situación”, finaliza entusiasta el presidente de la Fundación Ciudadano Inteligente.
$282.100.000 millones de pesos fue lo que gastó el Ministerio de Educación en la campaña promocional “Yo sí quiero estudiar” destinada a evitar que los escolares perdieran el año escolar debido a las tomas.
Gracias a una solicitud enviada por un ciudadano anónimo vía accesointeligente.org de la Fundación Ciudadano Inteligente a la Oficina de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, se pudo acceder a todos los detalles del dinero invertido por el Gobierno.
La maniobra publicitaria destinada a promover el programa “Salvemos el año escolar” desembolsó $35.000.000 millones de pesos en la promoción por radio, $242.800.000 para la por prensa, $2.500.000 en pendones y $1.800.000 en la distribución de estos. Alcanzando un total de $282.100.000 con IVA incluido.
Las radios escogidas para pasar la campaña fueron la 40 Principales, la Radio Corazón, Radio Disney, Carolina, Radio Agricultura y 30 radios regionales. Para realizar estas publicidades radiales se contrató a la agencia especialista McCann Ericsonn, siendo el único ente externo contratado para diseñar los spot promocionales.
En cuanto a los medios escritos los anuncios de “Yo sí quiero estudiar” se pudieron ver en Las Últimas Noticias, La Hora, La Tercera, La Cuarta, Publimetro, El Mercurio y 16 medios de prensa regionales, como La Estrella de Arica, La Estrella de Chiloé, El Mercurio de Valparaíso, entre otros.
La iniciativa “Salvemos el año escolar” abrió sus inscripciones el 16 de agosto y finalizó el 1 de octubre, luego de dos prolongaciones de su término debido al poco éxito que la medida había tenido. De un total de 250 mil escolares se vieron perjudicados por las tomas, 200 mil se inscribieron, quedando 50 mil estudiantes fuera del programa, arriesgando seriamente sus posibilidades de pasar de curso.
17 de octubre de 2011
Panelistas: Javiera Moraga, Elizabeth Wolf y Álvaro Castañón.
Por Esteban Szmulewicz Ramírez
Desde las antiguas plazas y calles del Medio Oriente, hasta las hipermodernas avenidas de Nueva York, y también desfilando masivamente por las tierras chilenas, los ciudadanos se han reapropiado del espacio público para manifestar su opinión frente a situaciones que consideran extremadamente injustas. ¿Qué hay detrás de esta oleada de movilizaciones ciudadanas esparcidas en distintos lugares del mundo en un intervalo de tiempo relativamente corto?
Por una parte, algunos comentaristas han planteado la necesidad de buscar ciertas causas comunes o factores explicativos que puedan dar cuenta de la globalidad de este fenómeno. En esta línea, Eduardo Engel planteó, en una reciente columna, que a pesar de sus múltiples diferencias, las movilizaciones sociales actuales tendrían en común el hecho de fundarse en una ciudadanía con mayor acceso a la información, mucho más exigente y vigilante en relación al poder estatal, y más conectada por medio de internet y las redes sociales. Esta interpretación enfatiza lo que se denomina la dimensión de “recursos políticos” como variable explicativa para la participación política, esto es, aquellos elementos que les permiten a los ciudadanos actuar políticamente, vinculados en esencia a la capacidad de adquirir información política y a la disminución de los costos de organización y comunicación política, mediante el uso de las redes sociales.
Por otra parte, esta interpretación requiere un complemento en una explicación que ponga el acento en ciertas cuestiones elementales de la organización política, en particular, la aceptación de las decisiones adoptadas mediante el recurso a mecanismos públicamente reconocidos como legítimos. Teoría que enfatiza los aspectos de diseño institucional del modelo de toma decisiones imperante en muchos países. Dado que se trata de fenómenos en desarrollo y respecto de los cuales carecemos de mucha información relevante, es difícil plantear hipótesis fuertes, aunque sí se pueden realizar algunas apreciaciones preliminares.
Para comenzar, para que la explicación centrada en la influencia de las nuevas tecnologías fuese cierta serían necesarios niveles equivalentes de penetración y uso de internet en todos los casos, lo cual no es la circunstancia. Naturalmente la penetración y uso de internet y de las redes sociales es menor en el Medio Oriente que en Chile, y en Chile menor que en Europa y Estados Unidos, aunque los primeros están aproximándose rápidamente a los segundos. Pero no sólo se encuentra la distribución de acceso a internet en desigualdad de distribución a nivel internacional, sino que también a nivel de cada Estado. En general, a mayor nivel de ingreso mayor cantidad y calidad del acceso y uso de internet. En consecuencia, las redes sociales, que requieren disponibilidad de acceso prácticamente constante e inmediato, no podrían explicar por sí solas la masividad y transversalidad, en términos etarios y de procedencia socioeconómica, de las manifestaciones en distintas partes del mundo.
Dados estos problemas – a la explicación basada en los recursos informativos – cabe agregar aquella fundada en la crisis de las instituciones de democracia representativa. Según esta visión, las revueltas ciudadanas se explican, además, por la problemática que se les manifiesta a las instituciones de representación e intermediación democrática diseñadas para tomar decisiones mediante el recurso a la elección de representantes del pueblo que luego se encargan de deliberar y aprobar políticas públicas. Estas instituciones comienzan a entrar en crisis cuando los gobernantes son percibidos por la población como incapaces de dar cuenta de los principales problemas del país y surge, en cambio, un impulso colectivo a operar fuera o incluso contra estas instituciones de representación política. Esta hipótesis dice relación con problemas clásicos de la teoría política, tales como las dificultades para controlar la acción de los representantes por parte de los representados, y el interés de éstos porque sus preferencias, complejas, multivariadas y en ocasiones contradictorias, sean trasladadas a políticas públicas justas.
En el Medio Oriente se trató de la incompetencia de dar voz a amplios sectores de la población y la tremenda represión de regímenes incapaces de garantizar mínimos derechos civiles y políticos. En Europa y los Estados Unidos, se trata de la percepción de que el gobierno está más ocupado de resolver los problemas financieros de los grandes intereses económicos, que de dar respuesta al aumento del desempleo, la pobreza y las desigualdades. En Chile, el movimiento estalla con la demanda de una educación pública de calidad e igualitaria, pero toma real vuelo por la incapacidad del actual modelo democrática de procesar estas demandas y crear instituciones que permitan articular y procesar los planteamientos de vastos sectores sociales.
Estos problemas se han visto acentuados por la capacidad de los ciudadanos de recurrir a fuentes alternativas de información y la disminución de los costos de la organización política que traen consigo las nuevas tecnologías. Así, no sólo se incorpora la revolución que ha significado la extensión e inserción de internet, sino también se puede dar cuenta de las diferencias que existen entre países que exhiben similares o incluso mayores niveles de penetración y uso de internet, como las naciones escandinavas, Canadá y otros, pero cuyas ciudadanías no han recurrido a las protestas como método privilegiado de acción política. En estos países, una correcta combinación institucional ha permitido articular intereses colectivos diversos e involucrar a los ciudadanos de mejor manera en los mecanismos de toma de decisiones.
En definitiva, si bien las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han proveído un notable canal para organizar, difundir y vehicular las demandas ciudadanas, éstas obedecen en última instancia a causas estructurales más profundas, vinculadas a la crisis de un cierto modelo de toma de decisiones. Esto no sólo tiene consecuencias para nuestro entendimiento de estos fenómenos sociales, sino también para la práctica política futura. No bastará con incorporar medidas de transparencia y participación ciudadana clásica, sino que será necesario un replanteamiento completo del modelo de intermediación y articulación política actualmente imperante.