Revisa de manera interactiva a través de la línea de tiempo todos los grandes sucesos de la Fundación Ciudadano Inteligente durante este 2011.
Nuevas aplicaciones para el bien común que promueven la participación ciudadana y la transparencia pública, el apoyo de grandes organizaciones mundiales como Google y Omidyar Network (E-bay), y el reconocimiento mundial entregado por el premio Golden Nica, entre lo más destacado.
Pero esto no termina ahí, pues para el Presidente Ejecutivo de Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser, el 2012 viene cargado de desafíos;
“Seguiremos trabajando por crear espacios de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, usando la tecnología web como nuestro mejor aliado. Pero además, debemos continuamente ir afinando nuestra puntería, fortaleciendo nuestra organización, y revitalizando nuestra vocación y compromiso. Queremos ser de aquellos que atacan la injusticia desde su raíz, y llegar a todos con una invitación clara; sumarse a esta acción colectiva”.
El 14 de junio de 1995, la ministra de Justicia Soledad Alvear, firmó un decreto para crear el recinto penitenciario de Punta Peuco, con el objetivo de albergar a los presos condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen de Augusto Pinochet.
La ley consideraba explícitamente que el modo penitenciario era incompatible con todo privilegio o discriminación arbitraria y sólo consideraría aquellas diferencias exigidas por políticas de segmentación, encaminadas a la readaptación social y a salvaguardar la seguridad del procesado y condenado, y de la sociedad.
A pesar de esta situación, los internos del recinto cuentan con áreas verdes, cancha de tenis, máquinas para hacer ejercicio, parrillas y celdas que comparten entre dos reclusos, situación dispar si se compara con una cárcel con el mismo sistema cerrado tradicional, como el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, más conocida como ex Penitenciaria, donde al menos 160 reclusos deben dormir a la intemperie por el nulo espacio habitable.
Ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, como el General (r) del Ejército, Manuel Contreras, el General (r) Raúl Iturriaga Neumann, el Coronel de Ejército (r) Pedro Espinoza e incluso el Mayor (r) Patricio Cereceda, quien salió en libertad el 3 de noviembre pasado, han pasado por el centro de detención de Punta Peuco.
Gracias a la aplicación web accesointeligente.org, que permite enviar solicitudes de información pública a las instituciones requeridas por el usuario, pudimos obtener que el costo promedio mensual de un interno en Punta Peuco para el año 2010 –se preguntó por el 2011- fue de $284.511 pesos. Esto cubre las remuneraciones de personal y soporte administrativo. Si bien se trata de un promedio, Gendarmería de Chile, señaló que existen diversos gastos en cada unidad penal que no son posibles de medir.
Se debe distinguir que en el país existen cinco diferentes subsistemas penitenciarios, estos son: Cerrado tradicional, Cerrado Concesionado, Semi-abierto, Abierto y Post Penitenciario.
En el caso del centro carcelario de Punta Peuco se trata de un subsistema penitenciario cerrado tradicional donde la prestación de los servicios básicos y de apoyo a la reinserción y el mantenimiento de los establecimientos y de su equipamiento es realizado por personal de Gendarmería. En las cárceles con subsistema cerrado concesionado la prestación de los servicios básicos y de apoyo a la reinserción es realizada por una empresa privada
La socióloga, especialista en temas de seguridad, Lucía Dammert aseguró que mantener a un interno en un centro con sistema cerrado tradicional chileno es caro respecto al resto de los países Latinoamericanos. “Un reo en una cárcel cuesta más que el salario mínimo del país –$182.000 pesos- .Uno debería tratar de hacer una comparación, pero es difícil porque, ¿queremos compararnos con Brasil, donde las condiciones en las que viven los presos dan lástima?”.
En Chile hay 105.673 internos y 11.434 gendarmes. Según esos números, en promedio, cada gendarme debería tener a su cuidado 9,2 reos, hecho que en Punta Peuco es totalmente contrario, pues por preso hay 1,5 guardias. Al contrario de esto, en la ex Penitenciaria, un gendarme se encuentra al cuidado de 13,5 presos aproximadamente.
La presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, criticó la situación de beneficios por la que pasan los internos en el centro Penitenciario Punta Peuco, “los criminales tienen que estar en una cárcel común, por lo tanto es inaceptable que se haya construido una cárcel especial con todo tipo de comodidades para personas que cometieron crímenes de lesa humanidad”.
También, insistió en las desigualdades existentes entre uno y otro centro penitenciario. “Esto desmiente lo que dice la Constitución de que todos somos iguales. En el penal Cordillera y Punta Peuco mantienen piezas holgadas, computadores, radios, todo tipo de tecnología, cuentan con patios y áreas verdes, lo que se contradice con las condiciones que viven los presos comunes en las cárceles comunes”, concluyó.
Intentamos comunicarnos con los familiares de los internos de Punta Peuco, pero no fue posible acceder a ellos.
Infografía: Punta Peuco v/s la Ex Penitenciaría.
A continuación, podrán descargar en PDF la infografía que muestra las diferencias en los dos recintos penitenciarios:
Se nos va el 2011 y con ello una historia políticamente compleja. Ya las movilizaciones sociales y el conflicto educacional por sí solos habían hecho de este 2011 un año particularmente difícil para el Gobierno, pero como si aquello no bastara, y como si se quisiera evidenciar un cierto afán por cerrar estos doce meses con gloria, en las últimas semanas se abrió además el flanco del Poder Judicial.
Esta creciente tensión entre Gobierno y Poder Judicial, con declaraciones cruzadas del Ministro del Interior, del Presidente de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional, parecía haber amainado hace poco. Sin embargo, sólo la semana pasada una denuncia de CNN Chile reavivó la polémica al destapar el escándalo de las licitaciones en el Poder Judicial, con lo que vuelve a reanimarse también el debate acerca del pedestal de oscurantismo, falta de control y excesiva independencia en que se encuentra inmersa la más prestigiada de las funciones del Estado.
Más allá de este último episodio en particular, quisiera remitirme a esta descarnada relación entre Gobierno y Poder Judicial desde un prisma un poco más amplio, a propósito de lo que algunos se han empeñado en calificar como intervención en las facultades del Estado. Algo que resulta especialmente interesante considerando que hasta tenemos parlamentarios que, de forma no poco alarmista, han llegado a sostener que esta “crisis institucional” sólo es comparable al boinazo, y periodistas que se esmeran en denunciar un verdadero atentado al Estado de Derecho.
La tesis a la que han arribado quienes afirman lo anteriormente expuesto sería la siguiente: para que el Poder Judicial opere correctamente, y tal como sentenció Montesquieu en 1748 en El Espíritu de las Leyes, debiera observarse religiosamente el principio de separación de poderes o funciones del Estado, lo que vendría a equivaler, en la práctica, a la prohibición casi absoluta de que un “poder” se inmiscuya en la labor de otro. Luego, esto último sería precisamente lo que habría estado haciendo el ministro del Interior al criticar fallos del Poder Judicial, o al proponer la elección de jueces y fiscales como si de una parlamentaria o municipal se tratase.
Más allá de toda la batahola mediática que se ha creado, especialmente inflada tras el desistimiento de Milton Juica y Sabas Chahuán de concurrir al Consejo de Seguridad, resulta fundamental observar ya en frío y con algo de racionalidad el asunto. Después de todo, aquí no están en juego únicamente consideraciones políticas, sino la esencia de nuestras instituciones.
La norma religiosa de Montesquieu a la que antes aludía suele tener una aplicación mucho más laxa cuando se trata de las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, pues es de su naturaleza que ambos actúen coordinadamente en la elaboración y ejecución de las leyes. Al fin y al cabo, ambas funciones son esencialmente políticas.
¿Pero por qué es diferente el Poder Judicial? La teoría nos dice que, al tratarse de una función eminentemente jurisdiccional, y debiendo encontrarse ésta ajena a cualquier consideración política o simplemente extrajurídica, no conviene ni resulta en absoluto aconsejable que sea susceptible a los vaivenes diarios del hipócrita y amoral juego del poder.
En la academia esta clase de consideraciones suelen ser el pan de cada día. No resulta anormal observar en ciertos abogados –que a su vez lo inculcan en las mentes de los leguleyos venideros– una suerte de tendencia a endiosar la labor jurisdiccional, de suerte que recaería una especie de gracia divina sobre el juez, quien por el sólo hecho de haber asistido a la academia judicial algunos años, se hace per se merecedor del título de tercero imparcial e independiente, casi como si se tratase de un sentenciador ajeno a las mismas consideraciones psicológicas en las cuales nos encontramos inmersos los humanos comunes (más allá de su superior conocimiento en materia de ley, claro está).
Estas consideraciones psicológicas, por cierto, implican una inclinación hacia determinadas ideas políticas, aprehensiones basadas en experiencias personales pasadas, miedos, intereses particulares y, en fin, un innúmero abanico de emociones, percepciones y razonamientos que, esfuerzos más o esfuerzos menos para que resulten lo más apegados a la norma y “objetivos” posible, siguen encontrándose más cerca de las traiciones del cerebro humano, sus mañas y su forma de pensar, que de la fuente de una infalible e imparcial sapiencia jurídica en cuya existencia algunos insisten en creer.
Pero lo cierto es que la mente de un juez está llena de todo esto y mucho más, de la misma manera que el Poder Judicial –en términos generales y abstractos– podría mantener algunas consideraciones diversas a las meramente jurídicas o académicas. Y está bien que, en parte, sea así. Esto porque, en definitiva, los Tribunales de Justicia no existen para legar sentencias bañadas en una prosa jurídica atestada de florituras legales, y cuyo objeto es iluminar y otorgar material de estudio a avezados e interesados en la ciencia del derecho.
Los Tribunales de Justicia existen (o, cayendo en el juego filosófico de la separación entre lo ontológico y deontológico, “debieran existir”) meramente para ejercer una labor orientada a la impartición de justicia.
El problema es que tan asentado se encuentra el mito de la infalibilidad e imparcialidad del Poder Judicial (que al final no es sino un cúmulo organizado de sentenciadores humanos, y no ese ente abstracto y semiolímpico en que cree el imaginario colectivo), que cualquier aseveración que pueda realizarse sobre su labor acarreará necesariamente el reclamo –en el mejor de los casos– de una supuesta intervención de poderes, y –en el peor de los casos– de una crisis institucional como la que algunos se han esmerado en denunciar recientemente.
Desde luego no se trata de llegar al otro extremo, y denunciar un Poder Judicial intocable para exigir otro plenamente permeable, sin barreras claramente delimitadas y a merced de los designios del Poder Ejecutivo. El planteamiento es más bien un llamado al sentido común, y un recordatorio de que las consideraciones a las cuales se orienta la labor del Poder Judicial, según cómo se mire, pueden llegar a ser –o derechamente son– tan pueblerinas y nobles como las del legislador y quienes integran la administración central.
Dicho esto, creo que es perfectamente razonable que la labor del poder judicial sea “revisada”, al menos en un sentido amplio, pues es de perogrullo que todas las funciones del Estado deben operar de forma más o menos coordinada y sincronizada en pos de un objetivo o proyecto común. Que tanto gobernantes como gobernados puedan comentar determinadas sentencias judiciales, o realicen un análisis general de ellas, es tan legítimo y necesario como el examen científico que un experimentador realiza para verificar su hipótesis y lo adecuado de sus resultados, o como el examen que cada cuatro años realizan los electores para castigar o premiar a una coalición de gobierno. Ello no es un atentado al Estado de Derecho, no implica una vulneración del principio de separación de poderes, no conlleva un atentado al carácter republicano de nuestro país ni deviene en un debilitamiento de las instituciones. Por el contrario, bajar al Poder Judicial de su pedestal y someterlo al escrutinio público dentro de márgenes razonables, es la mejor garantía de que todas y cada una de las funciones del Estado de Derecho se encuentran bien encaminadas.
Creo que episodios como las escandalosas licitaciones del Poder Judicial demuestran, una vez más, que los atuendos pomposos y un martillo sentenciador no garantizan infalibilidad, y por ello es que, en adelante, debiera reflexionarse sobre la necesidad de incorporar esta intocable función del Estado al marco de una sociedad moderna de mayor transparencia y control. Y que nadie llore por la destrucción de la democracia.
Siempre que conversaba con un viejo amigo, salía a flote la historia de una candidata del partido socialista que llegaba en época de campaña a la población donde aún vive parte de su familia recordando que ella “era del pueblo”, aunque lo hacía desde su 4×4, con un abrigo largo, rodeada de guardaespaldas, buenos autos y muchos, muchos regalos para la gente. Ahora, que hace unos días se destrabó lo que para unos es una de las más importantes reformas al sistema político, esa historia me hace mucho más sentido que antes. Quizás no por lo trascendental del “cambio” (discutible por lo demás, si recordamos que el sistema binominal se mantiene igual), sino por un detalle que ayuda bastante en política y sobretodo en período electoral: el dinero.
Para el espectro político en general era un negocio redondo que todo se mantuviera tal y como estaba hasta hace poco. Muchos tienen un universo de votantes cautivos, conocen la zona, tienen una red de contactos y poseen una cantidad de adherentes (casi “soldados electorales”) importante prestos a colaborar en los “puerta a puerta”, repartiendo afiches o cuidando las palomas aquellas en época de elecciones.
¿Qué los llevó a cambiar de parecer? Antonio Leal postula que la inscripción automática y el voto voluntario “(…) permite rejuvenecer un padrón electoral envejecido, aumentar en cuatro millones y medio el número de inscritos, crear una mayor incertidumbre en el voto y, sobretodo, porque obliga a los partidos a considerar a los jóvenes como parte de sus propuestas (…)”[1] OK, de acuerdo, pero ¿se puede crear incertidumbre cuando dos candidatos de veredas opuestas tienen presupuestos sideralmente diferentes para hacer campaña? ¿los partidos considerarán a los jóvenes cuando el candidato que asegure la cuota de poder sea el que no los representa? ¿De verdad ayuda que se incorporen más votantes, cuando lo más probable es que muchas de las elecciones de candidatos sean hechas aún “a dedo”?
En un año de despertar social como este había que dar una señal, a lo mejor calculada para no afectar mayormente el statu quo existente, pero que fuera rimbombante. Pasó igual que con la “Constitución Lagos”: una serie de reformas a nuestra carta fundamental que con el paso del tiempo varios postulan que fueron menores, pero que en el momento daba la impresión de un cambio importante.
Sin duda que el problema es mucho más de fondo, partiendo por el sistema binominal que convenientemente muchos ayudan a perpetuar (basta averiguar cuántos parlamentarios llevan dos o más períodos en el edificio de Valparaíso). Se trata en el fondo del cómo luchas contra un candidato que tiene el suficiente dinero para hacer un despliegue territorial mucho mejor que el tuyo, cómo logras traspasar tu concepción de sociedad justa al elector si otro candidato le paga la cuenta de la luz a toda una población, cómo demuestras tu preocupación genuina si otro candidato llega con un equipo de oftalmólogos para entregarle lentes a los abuelitos de la villa.
Lo más terrible, es que hay candidatos que lo logran a pesar de todo pero no llegan al Congreso, mientras hay otros que no se interesan en cuestionar el sistema, porque puede que no hagan nada, pero llegan igual al hemiciclo.
Debo reconocer que soy un tipo desconfiado de la política, pero aún así hice la fila para inscribirme en el registro electoral (de eso ya algunos años), hago la tediosa fila en mi mesa para votar y miro de reojo si falta algún vocal para que no me “designen”. Al final, siempre recuerdo a un profesor universitario que una vez me dijo que la política “debe ser arte de los acuerdos y no el arte de ponerse de acuerdo”.
$32.733.185 pesos fue lo que gastó el Gobierno en reconstruir los diversos daños que dejó el incendio en el Centro de Detención Preventiva San Miguel que le costó la vida a 81 reclusos a fines del 2010
Hace un año, en la madrugada del 8 de diciembre, en el cuarto piso de la torre número 5 de la cárcel de San Miguel ocurrió una de las mayores tragedias en la historia penitenciaria de Chile. Durante una riña interna, un grupo de presos utilizó un balón de gas como lanzallamas provocando un incendio en el sector que significó la muerte a 81 internos. Además de las pérdidas humanas, el incidente dejó grave daños en las dependencias de la torre, la cual no pudo ser utilizada durante meses, en un país donde el hacinamiento penitenciario es un tema que está en discusión permanente.
El costo total en la reparación de la Torre 5 fue $32.733.185 pesos. La cifra fue obtenida gracias a la petición realizada por un ciudadano anónimo, a través de la herramienta “Acceso Inteligente” (www.accesointeligente.org), una de las aplicaciones de la Fundación Ciudadano Inteligente(FCI), creada con el objetivo de reducir las asimetrías de la información para que las personas comunes y corrientes puedan aprovechar los beneficios de la ley de transparencia de manera más fácil y directa.
La remodelación abarcó todo el cuarto piso de la torre 5 del Penal de San y se enfocó en las redes contra incendio, en la pintura de las paredes, la reconstrucción de los dormitorios, la creación de nuevos comedores, la reparación de las zonas comunes, y la instalación de muros divisorios en el ala sur de la torre. Sólo en esos ítems se invirtieron $27.766.118 pesos con IVA incluido.
También se realizaron reparaciones en los baños del ala norte de la torre dañada, lo que costó $2.554.513 con IVA. Cifra levemente mayor a la desembolsada para los baños del ala sur, que significaron un gasto de $2.412.554.
En definitiva, según los datos entregados por Gendarmería de Chile a través de “Acceso inteligente”, el gasto total que tuvo que pagar el Gobierno para remodelar el área de la cárcel chilena dañada fue de $32.733.185.
La realidad hoy en San Miguel
Al momento de la tragedia 1.957 reclusos hombres habitaban la penitenciaría de San Miguel, cifra que hoy ha disminuido hasta los 924 internos y que pretende tener un drástico cambio para el 2012, ya que las autoridades han anunciado que el próximo año el penal se transformará en un centro de reclusión femenino. Para ello ya comenzó el traspaso tanto de los habitantes del centro de San Miguel a otros recintos penitenciarios, así como la llegada de reclutas mujeres al recinto carcelario.
Los traslados comenzaron gradualmente con el envío de decenas de presos desde la Cárcel de San Miguel a: la Cárcel de Colina, la Cárcel de Santiago Sur, y la Cárcel Concesionada de Rancagua. De esta forma se produjo hace pocos meses la llegada de 153 reclusas mujeres desde el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.
Estas internas que permanecen en prisión preventiva, son quienes hoy habitan en la torre 5 del Penal de San Miguel. Centro que pretende alojar en un futuro cercano a mil mujeres, en sus instalaciones que están construidas para recibir a 1.100 presos.
Esta maniobra del Gobierno que tiene como objetivo disminuir el hacinamiento en los centros de reclusión chilenos (el 70% de las cárceles chilenas sufren de esta situación), continuará durante el próximo año permitiendotal como el Centro de Prisión preventiva de San Miguel,que el penal femenino de San Joaquín disminuya su sobrepoblación que con una capacidad de 900 internas pase de tener 2.200 presidiarias a quedar con 1.000 reclusas, aproximadamente.
Imagina que las principales ONG’s chilenas en pro de la transparencia y la participación ciudadana se unieran en un consorcio para potenciarse y crear una organización multidisciplinaria que fortalezca como nunca el monitoreo a las instituciones públicas, privadas y la relación entre las personas y la información pública. Eso es lo que realizaron las fundaciones chilenas Ciudadano Inteligente, Pro Acceso, Pro Bono y Participa que hoy inauguraron el sitio web de la nueva agrupación “Consorcio por la Transparencia”.
www.consorcioporlatransparencia.cl es la página web de esta nueva iniciativa que une a expertos en transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, tecnología y derecho, para trabajar en pos del bien social. Las organizaciones que ahora trabajarán en conjunto pretenden acrecentar su compromiso con la sociedad, promoviendo y facilitando el acceso a la información pública, incentivando la participación ciudadana, y monitoreando a las diferentes instituciones públicas y privadas. Además de desarrollar acciones de educación, difusión y empoderamiento ciudadano en torno a estos derechos.
Específicamente la agrupación realizará un programa de apoyo legal para los ciudadanos y su relación con el cumplimiento de la Ley N°20.285 y el Acceso a la Información Pública por parte de los órganos de la administración del Estado y las empresas públicas. Como también, realizarán una constante fiscalización de estas instituciones públicas en cuanto a su probidad y legislación.
Cómo lo harán
Estas ONG’s trabajarán con las peticiones de información pública que los ciudadanos realizan en el sitio web www.accesointeligente.cl,plataforma de la fundación Ciudadano Inteligente que le permite a las personas una mejor interacción, facilidad y rapidez en la solicitud de acceso a la información pública. De estas demandas ciudadanas el consorcio analizará los problemas más reiterados y las mayores dificultades con que frecuentemente se encuentran las peticiones para lograr una respuesta satisfactoria y correspondiente a lo solicitado a los entes públicos.
A su vez, el Consorcio por la Transparencia proporcionará gratuitamente servicios legales para ayudar a los ciudadanos que se enfrenten con un incumplimiento de la Ley de transparencia y vean entrampado el derecho de todas las personas al acceso a la información pública.
Con estas actividades la agrupación pretende ser un aporte en la gestión de políticas públicas sobre transparencia –al detectar las mayores dificultades con que se enfrenta la ciudadanía al momento de requerir información pública-, mostrarle a la ciudadanía cuáles son sus derechos en estas materias, sus deberes como ciudadanos y promoverles la participación cívica. Todo esto con la intención de mejorar la calidad de la democracia en Chile.
El sitio web
La página de la agrupación estará contantemente informando sobre las investigaciones, publicaciones, asesorías legales a organizaciones y ciudadanos, actividades y otras iniciativas que el Consorcio por la Transparencia esté realizando. Asimismo, se mostrarán las opiniones de los miembros de la agrupación sobre la transparencia y democracia en Chile.
La agrupación pretende ser un actor y aportar en el debate público sobre estas materias, con la intención de mejorar los estándares en probidad, transparencia y democracia.
Como si el fraude de La Polar, el cartel de las farmacias, el de los buses y la recientemente denunciada colusión de productores de pollos no bastaran, a fines de la semana pasada tuvimos la oportunidad de enterarnos, por medio de la prensa, de una particular diligencia judicial practicada en las oficinas centrales de cuatro supermercados, sin que tuviéramos oportunidad de conocer en detalle los fundamentos detrás de esta mediática acción. Sin embargo, ya todos parecemos sospechar la dirección en que tal situación apunta.
Todos estos fraudes a la fe pública y el mercado configuran un peculiar panorama que no deja de llamar la atención, si es contrastado con aquella mítica pero manoseada frase de antaño: “hay que dejar que las instituciones funcionen”.
He oído a más de algún político y analista vanagloriarse de que, ya que la intervención judicial en estos casos acontece tan pronto como los mismos son develados, nos enfrentaríamos a una irrefutable muestra de la eficiencia (o al menos suficiencia) con que nuestras instituciones operan. Sin embargo, dicha actitud autocomplaciente deja de tener sentido cuando nos preguntamos siquiera cómo es posible que en un país que se jacta de su estabilidad política, económica y social, puedan gestarse estas verdaderas mafias económicas durante años, a vista y paciencia de tantos (inclúyanse aquí tanto órganos públicos como actores privados).
Moviéndonos al vergonzoso caso de los productores de pollo, tuvo que transcurrir una década para que la FNE acusara. Luego, uno cuenta con el legítimo derecho de preguntarse si la tardía reacción de las autoridades para detectar estos delitos se debe a una falta de empeño y una debida diligencia en el ejercicio de sus funciones, a la falta de recursos o a la maestría con que los grandes actores del mercado han dominado las artes del fraude económico, que les permitirían camuflarse como verdaderos tigres en la jungla, sabiendo cuándo ocultarse y cuándo asechar a sus presas (aunque eventualmente terminen siendo cazados más tarde que temprano, no sin antes haberse engullido unos cuantos millones de ciervos).
Yendo ahora al caso de los supermercados, podría cuestionarse, incluso, cómo es posible tamaña falta de sentido común, cuando cualquier cristiano que durante años haya salido de su vivienda a comprar víveres podría dar fe de que los precios en los supermercados A, B y C suelen ser bastante similares (por decir lo menos), a pesar de la existencia de irrisorios ganchos comerciales del tipo “si B lo tiene más barato, le devolvemos su dinero”. Y si bien es cierto que el caso particular de los supermercados todavía permanece bajo un manto de dudas, tampoco sería de extrañar que en este sector comercial igualmente existiese un nuevo equipo de directivos ganadores que decidieron fraguar alguna forma de robo masivo.
Tampoco es menos cierto que todos nos comenzamos a sentir generales después de la batalla, con diputados indignándose, calificando de “tremendamente grave” la situación y gente diciendo implícitamente con sus miradas acusadoras “ya lo decía yo”; lo reconozco. Sin embargo, mientras tal actitud se limite a analistas, periodistas y comentaristas de pasillo, no creo que haya razón para alarmarse.
En cambio, a los funcionarios de la Administración, integrantes del poder judicial y legisladores se les exige más. Uno parte de la base –cierta o no– de que las personas instaladas en el Estado son las más capacitadas y competentes para el ejercicio de su cargo, y por ello es que se les pide, con justicia, que sean generales no sólo después, sino antes y durante la batalla. De lo contrario, nuestro aparentemente saludable y atrayente mercado decantará por un despeñadero sin precedentes.
Rentabilizando el incumplimiento de la ley
A pesar de lo anterior, creo que lo verdaderamente interesante es cómo todos estos casos de falsificación de cifras, colusión y otros –aún por probarse– delitos económicos configuran un sombrío panorama mayor; panorama que, extrañamente, no suscita más atención que las minucias que la prensa suele poner de relieve, como el decreto de prisión preventiva para Alcalde y compañía (entretenido para efectos de la galería, irrelevante para arribar a axiomas jurídicos y económicos que impidan la ocurrencia de estos eventos a futuro) o las relaciones de parentesco entre determinadas personas (como si este hecho por sí solo constituyera delito alguno).
Este panorama mayor al que hago alusión se refiere a la existencia en Chile de una verdadera cultura corporativa que atañe a lo que podríamos denominar “derecho a la desobediencia”, es decir, la posibilidad de que integrantes de directorios, presidentes ejecutivos y gerentes de grandes empresas contemplen el ser sancionados, y no obstante ello opten finalmente por infringir la norma en pos de generar algún cuantioso aumento de patrimonio. En pocas palabras se trata de un simple cálculo de rentabilidad: si se puede desobedecer la ley, asumiendo primero que no se va a ser descubierto, y luego –en caso de serlo– que resulta más plausible pagar una multa frente a las ganancias obtenidas previamente, entonces el costo es bajo y el plan debe ponerse en marcha de igual forma.
Jugando a la especulación mezclada con un poco de sociología, podría aseverar casi con una certeza religiosa que lo que se ha venido descubriendo durante los últimos tres años es apenas la punta del iceberg. Ese iluso e ingenuo concepto del “mercado perfecto” –más cerca de las quimeras y la teoría económica que de nuestro ordenamiento jurídico-económico en particular y sus componentes– no sólo no existe, sino que se ha visto desplazado por un mercado que podría calificarse, más que imperfecto, como aberrante; un mercado en donde, con seguridad, muchas más industrias de las que creemos cuentan en su haber con algún caso de colusión. ¿O a nadie le ha llamado la atención que las empresas del retail mantengan en la mayor parte de su oferta exactamente los mismos precios? Así, se podría vaticinar sin esfuerzo que durante los próximos años, casos como estos y salidos de los más diversos sectores del comercio seguirán aflorando.
Si estas situaciones recién salen a la luz y pueden desarrollarse con la total confianza y despreocupación de sus gestores durante años, pareciera entonces que definitivamente las instituciones no funcionan, o al menos Chile no es la sólida república camino al desarrollo que todos creíamos que era. El papelón vivido durante las horas siguientes al 27-F ya nos dejó en evidencia, desmitificando el absurdo de “los jaguares de Sudamérica”. Ahora, la existencia de un mercado en donde los jugadores grandes parecieran hacer lo que quieren, hace lo suyo poniendo en tela de juicio una vez más un conjunto de lugares comunes que ya todos estábamos dando por cierto y que nos mantenía tranquilos.
Por último, no quiero dejar de constatar que en la elaboración de esta diatriba no existe ánimo alguno de criticar la posición de uno u otro sector político, sino de más bien poner énfasis en cómo un sistema económico enfermo, más allá de las consideraciones políticas, traba el emprendimiento, limita la innovación y, en general, coarta la entrada de nuevos actores a los distintos sectores de la industria y el comercio, gestándose un verdadero oligopolio que al final sólo deriva en una tranca al desarrollo del mercado y, por extensión, al desarrollo de nuestro país.
Tranquilos, no les voy a hablar del evento, eso seguro ya lo habrán escuchado si están interesados en la tecnología y la sociedad, o, no lo han escuchado y ahora tampoco lo quieren escuchar porque no les interesa la tecnología y la sociedad.
Yo les voy a hablar de 2 situaciones que me hicieron sentir eso que llaman progreso nacional, esa extraña sensación de avanzar en una dirección que parece beneficiar al país sin pasar a llevar a ninguno de sus ciudadanos, algo poco común según mi punto de vista.
DAL ocurría en 6 países simultáneamente y consistía en un encuentro en cada país de los desarrolladores interesados para trabajar por 30 horas en la creación de una aplicación web con fines sociales utilizando datos públicos. Como organizadores del evento debíamos asegurarnos de tener un mínimo de datos disponibles para que los esforzados desarrolladores pudieran analizar, explotar y procesar los datos. No era una tarea fácil y mucho menos irrelevante, gran parte del éxito del evento dependía de tener insumos para producir las aplicaciones.
Como encargado de tecnología de FCI me tocó asegurar que los datos estuvieran disponibles y limpios. A pocas semanas de que comenzara el evento yo transpiraba balas: la tarea de recolección estaba siendo harto más complicada de lo que pensaba. Necesitaba ayuda con urgencia, levantamos la cabeza para buscarla.
Primera búsqueda de apoyo: el gobierno.
Hace unos meses se lanzó a modo de beta el portal de datos del gobierno de Chile, una iniciativa excelente para abrir los gobiernos hacia la ciudadanía. Este portal responde a una tendencia global de los países más desarrollados, donde el Reino Unido y Estados Unidos llevan la delantera, devolviendo los datos públicos a sus dueños: los ciudadanos. Hablamos con la Unidad de Modernización del Estado, que es el organismo encargado de este portal, para asociarnos y poder aprovechar mejor los datos del portal y fortalecer DAL. La disposición fue la mejor desde el principio, pero debían esperar unos vistos buenos para liberar unos datos excelentes, destacando los de data.mineduc.cl. Cruzamos los dedos para que todo estuviera listo a tiempo para DAL.
Por otra parte, el volumen de datos para los otros países participantes era bastante bajo y no teníamos el contacto con la gente de gobierno que sí teníamos en Chile. Debíamos apurar la recolección de datos por otros medios.
Segunda búsqueda de apoyo: emprendimientos tecnológicos locales.
Desde el año 2010 el gobierno de Chile está ejecutando el programa Startup Chile, cuyo objetivo es potenciar la comunidad de emprendedores. El programa les entrega 40,000 USD a los seleccionados. El requisito infranqueable es venir a trabajar a Chile.
En la primera ronda del programa Junar, de Argentina, resultó seleccionado y desde entonces han seguido basados aquí en Santiago. Lo que ellos hacen es generar conexiones o “datastreams” a las fuentes de datos que estén en la web. Con ellos la sinergía era muy clara, ellos nos ayudaban a recolectar datos y disponerlos a los desarrolladores participantes en DAL mientras nosotros difundíamos su excelente herramienta de scraping de datos con una audiencia especializada. Ellos enfocaron a algunos miembros de su equipo a asesorar a los desarrolladores y a buscar datos. La expertise quedó demostrada. En pocos días tenían sendos paneles dedicados a Educación, Presupuesto Público y Seguridad, que eran los temas a abordar en DAL.
Finalmente el gobierno consiguió liberar los datos a tiempo y junar enriquecía notablemente el abastecimiento de datos que Criik.com proveía. Los desarrolladores llegaron al lugar del evento y -sin trabas- pudieron dedicarse a pensar y crear soluciones para problemas de la sociedad civil, la recolección de datos no fue un problema gracias a que 2 programas de Gobierno estaban dando fruto en este evento. Por una parte la apertura de datos del gobierno y por otra el incentivo a emprededores a reunirse en Chile para desarrollar nuevos productos.
Como organizadores de DAL sabemos que dichos programas tienen consecuencias muy positivas para el país. La inversión en tecnología y capital humano pueden cambiar muchas cosas, entre ellas revertir el debilitamiento de la sociedad civil. Esa es nuestra visión.
50 propuestas estratégicas para ciudades más justas, sustentables e inclusivas se presentaron este sábado en el lanzamiento de Agenda Ciudadana, la iniciativa que busca la implementación de proyectos urbanos creados por la ciudadanía.
Gestión urbana, transporte, reciclaje y patrimonio fueron las temáticas de estas políticas públicas realizadas por ciudadanos motivados por mejorar la calidad de vida en las ciudades. En el acto de presentación realizado en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal los proyectos fueron recibidos y analizados por el alcalde de Vitacura y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Raúl Torrealba, la presidenta del PPD, Carolina Tohá, y el decano de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, Mathias Klotz.
El programa Agenda Ciudadana llevado a cabo por la organización de agrupaciones comunitarias Ciudad Viva, busca dar a conocer a las autoridades públicas lo que la ciudadanía quiere en ámbitos urbanos para luego exigirles la consideración de éstos y sus implementaciones. Más aún, dada la cercanía de las elecciones municipales, se espera que los candidatos a alcaldes y concejales escuchen a sus electores y contemplen la realización de estos proyectos ciudadanos.
La fundación Ciudadano Inteligente (FCI) cumplirá una función crucial en el desarrollo de la iniciativa al encargarse del monitoreo de la aplicación y de la fiscalización del avance de estos proyectos ciudadanos. Manuel Aris, director de proyecto de la FCI, estuvo presente en el lanzamiento y espera que las autoridades políticas acojan estas propuestas y que las implementen en conjunto a los ciudadanos realizadores de las iniciativas. “No queremos que la realización de los proyectos sea a puertas cerradas sino que en conjunto a los ciudadanos, y para eso estará la fundación Ciudadano Inteligente, para asegurarnos de que eso sea así”, asegura Aris.
Una visualización que contiene datos claves necesarios para tomar la mejor opción personal al momento de afiliarse a una Isapre es el proyecto que crearon tres alumnos de diseño de la Universidad Católica con la intención de aumentar la transparencia y entrega de información para la ciudadanía.
Por motivos académicos los estudiantes debieron analizar las Isapres mediante su uso y afiliación, para posteriormente detectar los problemas que se les presentan a los usuarios al momento de determinar su plan y su Isapre. Así llegaron a la conclusión de que existe una falta de transparencia por parte de las Isapres al momento de entregar información a los cotizantes de afiliación.
Así nació “La letra chica” la cual busca proveer de información clave – y que las Isapres no dan- a quienes quieran cotizar para afiliarse a una Isapre. Datos como las principales enfermedades por sexo y edad, cuánto cubren cada una de las Isapres estas enfermedades; en definitiva, cuál es la que más conviene es lo que busca entregar la visualización.
El proyecto fue diseñado por los estudiantes de tercer año de Diseño de la Universidad Católica: Amanda Astorga, Macarena González y Eduardo Parás durante las clases de Taller Integral de Diseño Estratégico impartidas por los profesores: Álvaro Sylleros, Bernardita Figueroa, Ignacio Henríquez, Rosario Sánchez, Javier Cancino. Mientras que los datos utilizados fueron extraídos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (www.deis.cl), además de datos que cada Isapre tiene disponible.
“Nos enfocamos para el proyecto en los jóvenes de 26 años, y a partir de ahí nos dimos cuenta de que por ejemplo muchos solteros cotizan pensando sólo en ellos, por lo que al momento de casarse y adjuntar a su pareja al plan, el costo de éste sube mucho. O cuáles eran las mayores enfermedades por las que estos jóvenes estaban ingresando a los hospitales, cruzamos la información entregada por la Isapre y creamos esta visualización que entrega esta información que facilitaría la toma de decisión”, explica Amanda Astorga una de las creadoras del proyecto.
“Ojalá sea un proyecto que se abra más y pueda usarse también para mejorar la información entregada a los usuarios de las inmobiliarias o contratos de las universidades”, finaliza motivada la estudiante de diseño UC.
¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.
