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Archives for January, 2012


El Congreso bajo la lupa: balance legislativo 2011

Por Manuel Aris.

El Congreso es la entidad que debe canalizar las diferentes visiones que coexisten en la sociedad, por ésto, su trabajo siempre está tensionado por las expectativas de la ciudadanía y el ritmo que requiere la maduración suficiente de leyes bien diseñadas para lograr reformas y políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida.

Pero, ¿cuánto sabemos como ciudadanos del funcionamiento del Congreso? ¿cómo se desempeñó el 2011? y ¿ha sido mejor o peor que en años anteriores? Es cierto, el trabajo político tiene un ritmo particular, difícilmente cuantificable, pero el ejercicio de ver el desempeño de esta institución en cifras -y su relación con el Ejecutivo- nos entrega una serie de luces sobre su funcionamiento, y le permite a la sociedad en su conjunto ajustar sus expectativas a los ritmos de una institución que, para realizar bien su misión, no sólo debe actuar con velocidad.

El 2011 ingresaron al Congreso 668 proyectos de Ley, 19% más de los proyectos que fueron presentados el 2010. Dentro de esta batería de proyectos de ley presentados, el Ejecutivo envió cerca del 14%, una cifra similar a la de 2010. En relación a ésto y tal como se observa en el gráfico, la autoría de los proyectos de ley por parte de los Parlamentarios es cada vez más importante, alcanzando desde el 2006 una proporción superior al 80% del total de proyectos ingresados al Congreso anualmente.

El aumento en la cantidad de proyectos presentados por los parlamentarios es una tendencia que muestra cuánto ha variado el trabajo del poder legislativo en los últimos años. En sentido positivo, revela un rol más activo de los legisladores en su acción representativa de la ciudadanía, pues en el diseño y presentación de proyectos de ley estarían ejerciendo el rol de representación de los intereses ciudadanos para los cuales han sido elegidos democráticamente. No obstante, también puede considerarse esta proliferación de mociones parlamentarias una especie de estrategia mediática de los Diputados y Senadores, la cual no necesariamente mejora la producción legislativa. Y en ésto, la respuesta mediática a ciertas coyunturas es una evidencia irrefutable, cuando han estallado temas como la vacancia parlamentaria o la gratuidad de la educación distintos grupos de parlamentarios han presentado proyectos de ley sobre temas en los cuales ya existen proyectos en trámite.

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Sin embargo, mayor producción de proyectos no ha significado una mayor publicación de los mismos, por lo que la ‘grasa’ en el Congreso sigue aumentando. En la década de los noventa el promedio de proyectos publicados en relación a los proyectos ingresados fue de un 32%, mientras en la década de 2000 esta relación bajó a un 23%. Tal como se observa en el gráfico, el aumento de proyectos ingresados no ha redundado en mayor publicación de proyectos.

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Incluso, en el año 2011 se publicaron 72 proyectos, un 10% menos que el 2010. De ellos, un 65% fue presentado por el Ejecutivo.

¿Qué variable pueden incidir en la publicación de un proyecto de ley? De acuerdo a la información disponible, se pueden establecer ciertas relaciones para indagar en posibles factores que podrían determinar el éxito de un proyecto. En primer lugar, un factor determinante en la velocidad de aprobación de un proyecto de ley es el autor, los proyectos que son presentados por el Ejecutivo demoran menos de la mitad del tiempo de lo que tardan en ser aprobados los proyectos que son presentados por los parlamentarios. Desde 1990, en promedio, un proyecto presentado por el Ejecutivo es aprobado en 13 meses, mientras que los presentados por moción parlamentaria lo hacen en 31 meses.

El Ejecutivo, como sabemos, tiene las urgencias como principal herramienta para apresurar la tramitación de un proyecto de ley. Cuando un proyecto ha tenido ‘discusión inmediata’, su tramitación ha durado, en promedio, casi 6 meses, la mitad que para los proyectos que tuvieron suma urgencia. En el gráfico podemos apreciar que los proyectos que tuvieron urgencia simple demoran, en promedio, más meses en su tramitación que los que no tuvieron urgencias. Para explicar esto podemos plantear dos hipótesis: la primera, que ese tipo de urgencia no es efectiva debido a la prioridad que se le debe dar a los proyectos con suma urgencia y discusión inmediata y, la segunda, que la aplicación de la urgencia simple es sólo un mecanismo político que no tiene efectos reales en la velocidad de tramitación de una ley. Para cualquiera de estas dos explicaciones, se hace necesario revisar este tipo de urgencia como mecanismo para acelerar la tramitación de un proyecto de ley, pues la evidencia no demuestra que esto esté ocurriendo.

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Como podemos apreciar en el gráfico a continuación, existe una tendencia que evidencia que las urgencias han sido cada vez menos efectivas, pues los meses de tramitación de los proyectos han ido aumentando a lo largo de los años por cada tipo de urgencia. Por eso, vale la pena preguntarse si ¿debe ser necesaria una revisión de los mecanismos por medio de los cuales el Ejecutivo asigna las urgencias a los proyectos de Ley?

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Este balance nos permite apreciar tendencias relevantes que deben examinarse para mejorar la gestión legislativa. Ciertamente, el trabajo político tiene un ritmo especial que requiere que ciertas ideas se instalen, decanten y se asienten en modificaciones institucionales, pero al revisar ciertas tendencias en el largo plazo es posible identificar problemas en algunos mecanismos que pueden hacer más eficiente la tramitación de una ley. Se vuelve necesario, en este sentido, otorgarle a los parlamentarios mecanismos que les permitan acelerar la discusión de sus propios proyectos de Ley, como así también generar incentivos que promuevan la presentación de proyectos de ley que efectivamente se tramiten y no queden ‘durmiendo’ en el Congreso, como a veces sucede en temas relacionados a situaciones mediáticas. Por último, el mecanismo de urgencias, que se ha vuelto cada vez menos importante, debe ser perfeccionado para que la intencionalidad de tramitación de un proyecto de ley sea esclarecida y produzca los efectos deseados.

Se está hablando de reformas institucionales de gran escala, como las modificaciones al sistema binominal, por eso esperamos que estas modificaciones contemplen también una reingeniería de estos procesos, para así fortalecer nuestra democracia con un Congreso capaz de dar respuestas oportunas sin perder su necesario espacio de reflexión, diálogo y generación de acuerdos.

[1] Consideramos la legislatura 2011 como año calendario, con datos recogidos hasta el 12 de diciembre. Para todo el análisis no se consideran los proyectos de acuerdo

Fuente: El Mostrador

¿Cuánto ha invertido el Estado en el Transantiago?

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Por Rocío Palma | Comunicaciones FCI.

El 10 de febrero del 2007, se puso en marcha el plan de transporte urbano de la capital que se venía planeando desde el 2002, el famoso Transantiago. Con el inicio de este sistema, muchos santiaguinos quedaron disconformes con sus recorridos, frecuencias y tarifas. En ese momento comenzaron las críticas que algunos usuarios mantienen hasta hoy.

Desde su inauguración a la fecha, se han inyectado recursos  para mejorar un sistema que desde sus inicios ha tenido detractores y adherentes, y durante estos años millones de pesos se han invertido en el Transantiago.

A través de la aplicación accesointeligente.org de la Fundación Ciudadano Inteligente, se envió la pregunta ¿Cuánto ha gastado el Estado, desde el 2007 al 2011, para mejorar los problemas del Transantiago?, que fue respondida por el Ministerio de Transportes.

Hasta diciembre del año pasado, el sistema se había financiado tanto por aportes de los usuarios al pagar el transporte público y también por una serie de aportes del Estado. Dentro de ellos se encuentran los aportes fiscales directos al sistema que fueron de $1.433.168.644.589

Este aporte se separó en Aporte fiscal Ley N°20.206 No reembolsable 2007 que fue de $52 millones, Aporte fiscal Ley N°20.206 reembolsable 2007 de $98.800.000, fondos 1% Constitucional 2009 de $249.350.774.000, fondos 2% Constitucional 2008 de $191.322.693.673 y fondos subsidio Ley N°20.387 de $841.695.176.916.

Además de los aportes fiscales entregados previamente, también se deben incluir los saldos de crédito obtenidos para el Sistema de Transporte Público, entregados por el Fisco que fueron de $213.371.491.866.

Este monto se dividió en pago al BECH por un crédito suscrito el 3 de enero del 2008 que fue de $88.976.980.623 y un pago al BID por el préstamo N°1978/OC-CH de $124.394.511.243.

En relación a las subvenciones que se le realizaron durante este período a las empresas del Transantiago, es importante mencionar que aquellos subsidios o aportes al sistema, no son posibles de determinar, pues eso es responsabilidad de cada concesionario de uso de las vías o el Administrador Financiero del Transantiago (AFT).

 

El centro es el que dirime las contiendas

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Por Patricio Arancibia

Cataclismo al más puro estilo maya con un vaticinio del fin del mundo para este 2012, resultó ser la propuesta de acuerdo entablada por Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, partidos con amplia trayectoria y con un pasado ligado a diversos acontecimientos nacionales, que en algún momento fueron indiscutidos representantes y líderes en sus coaliciones por tener un caudal de votos importantes, además de tener en sus tiendas miembros que han tenido, y tienen la primera magistratura del país: la presidencia.

Profetizado el fin del mundo por los mayas, y algunos autores que señalan que tal situación no es un fin sino más bien un cambio de la estructura actual, y pareciera que lo que sucederá en nuestro  régimen político y presidencial, llevará a un sistema semi presidencialista con tintes parlamentaristas que supondrán el fin de una era de Presidencialismos reforzados. Sin embargo el régimen de gobierno en Chile ha sido un tema recurrente durante toda nuestra historia como nación, que ha tenido momentos álgidos como quiebres constitucionales, y que en especial en el siglo XX y después con la vuelta de la democracia, ha sido cuestionado en relación a cual es la institucionalidad que nos debe regir y gobernar, tema que se enmarca cada cierto tiempo de forma cíclica por estallidos sociales e indignación de la ciudadanía.

Pero, ¿qué sistema es mejor? Difícil pregunta, y que Chile con su historia puede resolver. Hemos experimentado de todo, siendo el gran fracaso del sistema los políticos – y no los partidos – que han liderado coaliciones o tiendas políticas; un tanto antropófagos y mezquinos en las cuotas de poder, y tradicionalmente balanceados en dos sectores de Derecha e Izquierda, impidiendo que el centro represente una alternativa. En ese contexto, el sector que dirime las contiendas, especialmente las presidenciales y que permite los grande acuerdos nacionales, es el rol que partidos como RN y la DC saben jugar. Gran ejemplo de aquello fue la vuelta a la democracia, que en definitiva desequilibra este sistema de contrapesos políticos, que finalmente deja contentos a todos los políticos y amarra a la ciudadanía a un empate.

El acuerdo RN- DC viene a oxigenar la democracia, es el punta pie inicial que pretende terminar distintas situaciones que se vienen dando en el país. Entre ellas, la polarización de dos bandos, en donde pareciera ser que no se puede avanzar en temas país, puesto  que la gran mayoría de nuestros compatriotas no tienen mayor afinidad política y optan por el pragmatismo, vale decir, la ideología de hacer las cosas, solucionar mis problemas, tus problemas y  los de todos; tener una economía estable que me permita emprender, que sea social; retribuir a quienes no han tenido las oportunidades; alcanzar  riqueza, pero que no sea a costa de las malas prácticas o al sometimiento de los consumidores. En definitiva que entregue una democracia representativa, en donde nuestros líderes políticos, ejecutivo y legislativo, piensen por el bien nacional y no por los intereses de sus partidos o por lo que ellos consideran que es prioridad. Se quiere un Estado garante que permita la seguridad y la paz social, en donde la delincuencia no sea un obstáculo; se necesita un resguardo a la libre expresión, que la manifestación esté garantizada pero que no signifique un atropello para quienes no quieren estar en toma, o quieren seguir en sus actividades cotidianas; se requieren autoridades líderes, que entiendan y vislumbren la necesidades del país y que no se les imponga a la fuerza las necesidades por reclamaciones populares.  Todo eso y más no puede ser signo de un régimen político que busque imponer ideas y que el empate político signifique no avanzar.

El agotamiento del sistema binominal es palpable, se siente la amargura en la boca: el ir a votar y pensar que en las parlamentarias que vienen, y las que siguen, saldrá un diputado o senador de una coalición política de Derecha y otro de Izquierda, eliminando al centro político, a los independientes y a las minorías que si no se someten al sistema no serán electos. Dar término al binominal y al presidencialismo exacerbado es uno de los muchos puntos abordados por el acuerdo RN-DC, al igual que la elección de los consejeros regionales, mayores atribuciones a los CORES y a los concejales; la implementación de primarias vinculantes y simultáneas – que permitirán que nadie quede fuera del proceso de ser candidato a un cargo de elección popular – y la búsqueda de un nuevo marco jurídico para los partidos políticos, buscando una democratización total de ellos (muchos de los cuales tienen la palabra democracia dentro de sus nombres, pero no la practican).

En definitiva, sólo buenos augurios trae la iniciativa RN-DC, esperando que los políticos atiendan al llamado y que no jueguen con la calculadora. Si existen problemas en formalidades políticas por tener estos partidos la iniciativa de proponer, que se subsanen dentro de sus coaliciones políticas, para responder al llamado de la ciudadanía de forma adecuada y oportuna, con  las reformas políticas que se necesitan y las demás necesidades que demanda el país: trabajo, lucha contra la delincuencia, protección social, etc. ¡Enhorabuena quien tome la iniciativa! Bienvenida es la declaración del ministro Hinzpeter señalando que antes de las elecciones se tendrá cambiado el sistema electoral binominal. Hay confianza en el gobierno que logró y pudo concretar la inscripción automática y voto voluntario para las elecciones municipales, aun teniendo toda una movilización por las demandas educacionales, y hay confianza que el gobierno del Presidente Piñera tiene  interés de realizar los cambios, porque sin duda será un gobierno que en muchos aspectos reformará Chile y sorprenderá a varios.

 

 

La ruta de tu pregunta

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Por Rocío Palma | Comunicaciones FCI.

Con la puesta en vigencia de la Ley de Transparencia en abril del 2009, muchos creyeron que sería un paso más para poder fiscalizar y saber lo que las autoridades realizan. A pesar de que las instituciones, durante estos años, han entregado la información solicitada por la ciudadanía, hay ciertos aspectos que con el pasar del tiempo, deberían mejorarse.

El artículo 10 de la Ley N°20285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, estipula que: “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones“.

También, el artículo 11, sobre el principio de facilitación, dice que los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.

Durante el 2011 y lo que llevamos de este año, diferentes han sido las solicitudes que se enviaron desde accesointeligente.org a los ministerios y a sus derivados. La mayoría de las preguntas fueron contestadas, pero hubo ciertas respuestas que no se entendían y para un ciudadano común y corriente, la información entregada se debe encontrar lo más comprensible posible.

Hubo situaciones que llamaron la atención, no por la calidad de las respuestas sino por la poca claridad y el desorden de los datos recibidos por los distintos organismos públicos.

¿Entregar para cumplir?

El 22 de noviembre del 2011, se envió una solicitud al Ministerio de Educación, más específicamente a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, pidiendo información sobre el costo de producir o crear un pase escolar, sus características y los servicios que monitorean la correcta asignación de la Tarjeta Nacional Estudiantil.

Cuando se cumplían los 20 días hábiles que estipula la ley para que los organismos entreguen la información -el 20 de diciembre del 2011- el ministerio en cuestión pidió la prórroga de 10 días hábiles, por lo que el 3 de enero debían responder.

Precisamente, el 3 de enero llegó la respuesta a la solicitud. En ella, se adjuntaba un archivo Word, que decía: “Junaeb no maneja costos, sólo maneja precios de la fabricación de tarjetas. Los precios para 2010 – 2011 fueron: Básica y Media Región Metropolitana: $2.038, Educación superior de la región Metropolitana: $2.038, Enseñanza Superior en otras Regiones: $2.140,  Enseñanza Básica y Media en otras regiones: $904. Por lo tanto, la primera pregunta, se respondió.

Respecto al resto de las preguntas, se recibió (dentro del mismo documento) una planilla que contenía el nombre de la empresa, cobertura 2010-2011 y el monto del contrato 2010-2011. Nada de esto fue especificado y no decía a qué correspondía cada empresa, es más, las empresas eran de buses y solamente una pertenecía al rubro de tarjetas plásticas.

Se supone, y una de las ventajas de esta ley de Transparencia, es que la información la entiendan todos y no haya que ser un experto para comprender datos y gráficos, que al final si no se entienden por sí mismos son trabas para la anhelada “transparencia” de los organismos públicos.

Fue así como El Vaso el 6 de enero renvió la solicitud al Ministerio de Educación, señalando que la información recibida no había sido clara y que una explicación más específica del recuadro sería lo adecuado para lograr entender dichos datos que eran engorrosos.

Tras esta medida, con fecha 11 de enero, el organismo en cuestión, respondió nuevamente a la solicitud. Esta vez, el archivo adjunto era un Excel por lo que se creyó que la respuesta sería diferente y más completa respecto a la anterior, pero se trataba de exactamente lo mismo, sólo que en un formato diferente.

 

¿Entiendes?

Algo similar sucedió con una solicitud enviada al mismo organismo. El 19 de diciembre del 2011 se preguntó sobre el total de escolares en la educación pública y cuáles eran los  costos promedio de cada alumno, es decir cuánto se gasta al mes en almuerzo, infraestructura y en útiles

El 3 de enero de este año, llegó la información solicitada, el problema fue que ésta venía en desorden, las regiones no coincidían con los montos entregados, y no era una planilla en la que había que hacer conjeturas para lograr comprender esos números. Por esa razón, se renvió una nota diciendo que los datos eran ilegibles.

La ley no estipula una fecha límite cuando el solicitante renvía una pregunta con la que no quedó conforme, por lo que la institución tiene tiempo suficiente para dar una respuesta legible, y así fue. Tres días después, la información llegó completa, ordenada y clara.

Si bien esta situación no sucede en todos los casos, debemos ser más rigurosos con nuestras autoridades, pues a la hora de pedir información, también tenemos que hacer valer nuestro derecho e insistir en la buena entrega de datos para que las instituciones cumplan con la ley.

Viáticos en el sector público: The chilean way

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¿A cuánto ascienden los viáticos que el Estado paga a sus funcionarios en los viajes oficiales?, ¿por qué se pagan esas cifras?, ¿cuáles son los criterios para determinar los viajes? Son preguntas que se puede hacer la mayoría de los chilenos y que El Vaso investigó a partir de los datos públicos entregados a través de “Acceso Inteligente”.

www.accesointeligente.org, una herramienta de la Fundación Ciudadano Inteligente que  permite a todas las personas aprovechar  la ley de transparencia de manera más fácil y práctica para obtener la información que les interese del Estado y los organismos públicos.

La solicitud fue contestada el 27 de diciembre y entregó detalles de cómo los principales servicios del Estado administran los viajes oficiales y  los viáticos que son entregados para ellos.

Por ejemplo, para un viaje a Buenos Aires un ministro o subsecretario tiene derecho a un viático $296.996 pesos diarios, en el que se contempla alojamiento y alimentación. En el caso de sólo necesitar viático para alimentación –esto cuando la organización internacional facilita el alojamiento- el Estado sólo le entregaría $118.799 diarios para comer. Por otro lado, un subsecretario viaja con la necesidad de alojar cuatro noches  –el funcionario escoge el hotel- más gastos para alimentación en la capital argentina, se le entregaría un total de $1.187.984 pesos en viáticos.

Es importante tener en cuenta que todos estos dineros entregados por la vía de los viáticos a los funcionarios no deben ser devueltos en caso de no gastarlos completamente, es decir, si a un funcionario le dan 1 millón de pesos en viático, y en el viaje gasta 700 mil pesos, los 300 mil pesos restantes quedan para él.

El monto del viático que se entrega se rige por tres tipos de distinciones: el cargo del funcionario, el costo de vida del país al que se va, y si se debe pagar alojamiento y alimentación, o sólo este último ítem.

La jerarquización de los trabajadores del sector público en los ministerios está regida por el artículo 18 del decreto ley N°294 y los distribuye en seis categorías basados en los sueldos que perciben. En la primera se encuentran los ministros y subsecretarios, en las categorías siguientes se encuentran entremezclados dependiendo de su cargo y el ministerio, los directivos, los encargados del servicio exterior, profesionales, técnicos, los administrativos y los auxiliares. Siendo estos últimos los de menor grado al momento de definir los viáticos y recibiendo hasta tres veces menos dinero para viático que los líderes de la cartera.

Viáticos

Por esto, en el caso de un viaje oficial a Brasilia, la capital carioca, en el que sólo se necesita viático para alimentación, a un ministro o subsecretario se le entregaría $161.408 diarios, a un funcionario clasificado en la tercera categoría –depende del ministerio cuál es su cargo, pero corresponden a sueldos brutos cercanos a los 2 millones-  le darían $96.846, y a uno de la última clasificación – según ministerio podrían ser auxiliares, técnicos o administrativos-  le entregarían $56.491 por día.

Para determinar el costo de vida el Minrel elabora cada año una tabla de viáticos con cerca de 200 ciudades y países, donde califica a cada ciudad con un determinado costo de vida. Se hace una distinción para las ciudades que se encuentran a menos de 500 kilómetros de la frontera chilena, entregándose un 50% menos de lo que le correspondería recibir para el país al que visita.

Por esto las diferencias en los montos de viáticos para los distintos países. Por ejemplo, para alojamiento y alimentación a un funcionario de la tercera categoría se le entregaría diario $220.921 en Francia; $206.237 en España; $192.770 en México; $200.055 en Colombia; y $237.589 en Hong Kong, China.

El actual Gobierno distribuyó a todos los organismos públicos una circular sobre la austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, en ésta estipulan que los viáticos deberán reducirse a lo imprescindible.

Así, se considera de viático para alimentación en un viaje a Lima, Perú, $125.127 pesos diarios para los ministros y subsecretarios, y $75.078 pesos para un funcionario de la tercera categoría. Y para un viaje bajo las mismas condiciones a Montevideo, Uruguay, se les pagaría $130.132 y $78.079, respectivamente.

El mayor viático que podría pagar el Estado durante el 2012 sería en el viaje de un ministro o subsecretario a Tokio, Japón, en donde recibiría $ 428.819 diarios para alimentación y alojamiento, y $ 193.126 por día en caso de sólo necesitar gastos para comer. Mientras que el menor pago se da para la visita a cualquier ciudad argentina a menos de 500 kilómetros de Chile, en el que un funcionario de la última categoría en la jerarquización establecida recibiría $ 51.852 diarios para alojar y comer, o en caso de sólo necesitar estos últimos gastos, le darían $ 20.791 por día. Mientras que un ministro o subsecretario en este mismo caso percibiría $ 148.293 o $ 59.367, para cada respectiva necesidad de servicios.

Pero los viáticos no son el único dinero que el Estado desembolsa para sus funcionarios. Además de éstos pagos están los “gastos de representación”, a los que todo funcionario tiene opción de recibir, pero depende de cada ministerio si se los otorga o no. Éstos son compensatorios de los gastos para alojar y comer,  y una vez devuelta al país se rinden de forma documentada para luego ser reembolsados.

*Todos las cifras dadas por Minrel están en dólares, por lo que para esta nota informativa se consideró el precio del dólar del martes 17 de Enero del 2011 que el Banco Central lo estimó en $500,99 pesos.

 

Correos electrónicos institucionales: ¿públicos o privados?

El miércoles 18 se realizó una audiencia en el Consejo para la Transparencia por solicitud de correos electrónicos, que hizo un ciudadano, al Ministro Larroulet.

Es la tercera vez que en Chile sucede algo así. La primera, fue la petición de correos electrónicos que se hizo al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), a raíz del proyecto HidroAysén; la segunda, una solicitud de los e-mails enviados sobre el tema de reconstrucción entre la Subsecretaría del Interior y la Gobernación de Talagante. En la actualidad el CPLT se encuentra conociendo su tercer caso.

Todo comenzó con una solicitud de acceso a la información pública del ciudadano Juan José Soto quien pidió acceder a los correos electrónicos despachados y recibidos desde la cuenta de correo institucional del Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, entre los días 18 y 21 de julio de 2011, solicitando expresamente, excluir cualquier tipo de correo privado del Secretario de Estado.

El 5 de septiembre de 2011, Juan José Soto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia (SEGPRES), basado en que dicha institución habría denegado el acceso a datos solicitados.

“El artículo 5° de la Ley de acceso a la Información Pública establece que es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”, explica Juan José Soto

También, asegura que el derecho a la protección de la vida privada no se ve amenazado por la entrega de dicha información, pues se pidieron sólo aquellos correos electrónicos que tratan temas relativos a la gestión pública, y no los que tengan contenido privado.

Agregó que la tecnología actual, supone el reemplazo de las tradicionales formas de comunicación escrita entre funcionarios públicos, siendo los e-mails de cuentas institucionales pagadas por el Estado, y usadas por funcionarios contratados por este, escritos de carácter público, de interés ciudadano y parte esencial de la memoria institucional de un país. En naciones como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra o México, los ciudadanos pueden solicitar los correos electrónicos de sus autoridades, y no ha habido grandes problemas por ello, por eso no se entiende que el Gobierno quiera mantener sus comunicaciones en secreto.

Por su parte, el ministro Larroulet defiende su postura de no entregar los mails porque asegura que la diferenciación entre una información privada y una pública aún no está clarificada, pero que un email se puede comparar tecnológicamente con una llamada telefónica, y hoy hay una institucionalidad que define que un llamado es una información privada.

Es por ello que el Gobierno interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, defendiendo la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la privacidad.

El miércoles 18, el Consejo para la Transparencia vio ambas posturas y se espera que  adopte una decisión definitiva, pronto  respecto al criterio sobre si los emails institucionales de las autoridades públicas deben ser privados o tienen un carácter público respecto del interés ciudadano.

 

Los tres pilares de la reforma política

Por Marco Enríquez-Ominami.

Al perecer, las aventuras extra matrimoniales de Carlos Larraín e Ignacio Walker, que llevaban más de tres meses, está dejando a damnificados del duopolio político.

Respecto de las reformas políticas de RN y la DC, vuelve a plantearse en la opinión pública las sospechas metódicas cartesianas: ¿Será capaz la  clase política del duopolio de autor reformarse y perder poder? ¿Podría pensarse que  los conservadores de derecha  y de izquierda estuvieran dispuestos a cambios tan radicales para perfeccionar nuestra democracia? Confío en que esta alentadora propuesta no sea un volador  de luces y ojalá no sea un cambio tipo “gato pardo”.

El régimen semipresidencial, el sistema proporcional y el federalismo atenuado constituyen el eje de nuestro programa político, que ya en mi  campaña  presidencial eran considerados como una utopía por  parte de los líderes conservadores. Si la  fuerza de las ideas, hoy hegemónicas, ha logrado  convencer a los miembros del duopolio de que el cambio es posible, no puedo sino regocijarme.

Yo profeso el optimismo trágico: estoy convencido de que resta mucho por hacer para romper la “jaula de hierro” weberiana, que exige quórums casi inalcanzables para este tipo de reformas. Esta tarea exige una dosis importante de voluntarismo, que supere el inmovilismo del pragmatismo ramplón. Propuesta y acción constituyen la tarea prioritaria de los Progresistas en esta coyuntura.

Terminar con la monarquía presidencial, que tanto daño ha hecho a la democracia chilena, reemplazándola por la democracia dual con correctivo presidencial – semi presidencialismo – con un jefe de Estado y un Jefe de Gobierno, es la garantía de un equilibrio de poder.

El sistema binominal catatónico no garantiza ninguna gobernabilidad y sólo reproduce la  colusión política. Un sistema proporcional y una división correcta de los Distritos – según el número de habitantes y continuidad geográfica – debiera garantizar la equidad entre los sufragios obtenidos y los sillones parlamentarios. La elección de Intendentes y Consejeros regionales es fundamental para terminar con el centralismo; este el primer paso para un federalismo atenuado.

Aún faltan muchas tareas a realizar,  como la  revocación de mandatos, la limitación a una sola reelección de  todos los cargos que emanen de  la soberanía popular, sistema unicameral, plebiscitos  vinculantes y voluntarios a nivel nacional, regional y comunal,  primarias abiertas, obligatorias y vinculantes, controladas por el SERVEL. ¡El camino es largo, comencemos ya!

Es un gran mérito de los movimientos sociales, especialmente el estudiantil, el haber develado la profunda crisis de representación, legitimidad y gobernabilidad a la cual nos condujo una casta política,  cuyo objetivo central consistía  en reparto el botín del Estado y inmovilidad política, los cargos parlamentarios vitalicios, senadores y diputados nominados  a  dedo, combinaciones políticas que obtienen verdaderos récords de rechazo ciudadano. No cejaremos hasta lograr el cambio radical de nuestro sistema político, tarea central que me convoca, por la  cual  siento un profundo compromiso.

Acuerdo de Vida en Pareja (AVP)

Por José Francisco García.

El concepto de familia ha sido entendido tradicionalmente como el núcleo social formado por la madre, el padre y los hijos, donde la madre y el padre están unidos legalmente en matrimonio y los hijos son fruto de esa unión. Familia y matrimonio irían, según el enfoque tradicional, de la mano, quedando el matrimonio solamente permitido para personas de diferente sexo. Así queda reflejado en la definición legal de matrimonio contenida en el artículo 102 de nuestro Código Civil –contrato que es entre un hombre y una mujer–, o la definición que de dicha institución hace el Diccionario de la RAE: “la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales”.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, además, existen diversas realidades de convivencia extraconyugal que han sido causa de discusión en las esferas religiosa, cultural y política. La convivencia en pareja al margen del matrimonio es conocida bajo el término de “unión de hecho”. Frente a esta realidad se han tomado diversas posturas acerca de cómo debe tratarse y si es necesario o no legislar sobre él. La magnitud de estas uniones –2.000.000 de personas convivirían en Chile–, como asimismo el déficit legal de protección de estas parejas y de reconocimiento cuando las mismas se deben a la imposibilidad de poder contratar matrimonio entre personas del mismo sexo, son el fundamento que ha tenido el Gobierno para presentar en días recientes a la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP); debate que, por lo demás, ha estado presente desde 2003, y con mayor fuerza desde 2007, por la presentación de diversos proyectos de ley, mediante mociones parlamentarias, que buscan regular las uniones de hecho, mediante alguna forma de Pactos de Unión Civil (PUC).

El 17 de agosto reciente, el Ejecutivo ingresó el proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida en Pareja (Boletín N° 7873-07), definiéndolo como “un contrato celebrado entre dos personas con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común”, que “en ningún caso, alterará el estado civil de los contratantes”. Se establece asimismo, que sólo podrán celebrarlo “las personas que sean mayores de edad y que tengan la libre administración de sus bienes”.

No se puede dejar de notar que el Gobierno justifica esta iniciativa como una que “tal como otras iniciativas que estamos impulsando para promover y fortalecer la familia”, está motivada “en último término, de una convicción fundada en la obligación que pesa sobre todos quienes ejercemos responsabilidades públicas por voluntad soberana del pueblo, de orientar siempre nuestro actuar hacia la obtención del bien común, fin último del Estado, según se encuentra recogido en el artículo 1º de nuestra Constitución Política”. Así, se trata de una iniciativa que busca “promover” y “fortalecer” la familia e inspirada en la persecución del bien común.

Porque asimismo, el Gobierno nos propone una mirada sobre el concepto de familia que es más amplio que el del enfoque tradicional o nuclear. En efecto, se establece en el mensaje que: “Por otra parte, tal como señalamos en nuestro programa de gobierno, la familia se manifiesta a través de “distintas expresiones”. Así, la familia tradicional o nuclear, que consta de madre y padre unidos por un vínculo matrimonial y sus potenciales hijos, corresponde a la expresión más estable, duradera y anhelada de familia en Chile que nuestro Gobierno se ha comprometido a fomentar. Pero además, existen otros grupos familiares, como los monoparentales, los de familias extendidas, los formados por las parejas de convivientes y aquellos formados por parientes consanguíneos. Cada uno de ellos, incluso los que no den ni puedan dar lugar a la procreación, son dignos de respeto y consideración por el Estado pues todos en mayor o menor medida, significan un beneficio para quienes los integran y la sociedad en su conjunto, en la medida que permiten compartir amor, afectos y vivir en la intimidad, confieren un apoyo emocional fundamental para desarrollarse en la vida y, en el plano material, permiten apoyarse económicamente y amortiguar las oscilaciones cíclicas en los ingresos de cada uno de sus miembros”. (Cursivas en el original).

Adicionalmente, se profundiza en las consecuencias de lo anterior, ahora también desde la perspectiva de las parejas del mismo sexo: “En el caso particular que nos ocupa, nos asiste la convicción de que el Estado no está cumpliendo adecuadamente con su finalidad ni sus deberes primordiales si no ofrece un marco jurídico que, al menos, reconozca, respete y otorgue certeza jurídica a los derechos de esos aproximadamente dos millones de compatriotas, que viven en pareja sin estar casados, regulando los efectos patrimoniales, sociales y sucesorios de su convivencia. Ello, por cierto, se aplica tanto a parejas de distinto como del mismo sexo, toda vez que en ambas es posible desarrollar el amor, afecto, respeto y solidaridad que inspiran un proyecto de vida en común y con vocación de permanencia”.

Desde la perspectiva de modalidades de celebración del AVP el proyecto se podrá celebrar por dos formas: (a) Por escritura pública otorgada ante notario, la que deberá contener la declaración jurada de ambos contratantes respecto de no encontrarse ligados por vínculo matrimonial o un Acuerdo de Vida en Pareja vigente; y (b) ante un Oficial del Registro Civil, quien levantará un acta de todo lo obrado. En el mismo acto, los contratantes deberán declarar respecto de no encontrarse ligados por vínculo matrimonial o un Acuerdo de Vida en Pareja vigente. Tanto la escritura pública en la que conste el Acuerdo de Vida en Pareja como el acta que levante el Oficial del Registro Civil se deberán inscribir en un registro especial que llevará el Servicio de Registro Civil e Identificación, en un plazo de 10 días hábiles a petición de cualquiera de los contratantes.

Asimismo, entre los aspectos patrimoniales regulados destacan la formación de una comunidad de bienes, normas sobre herencia, derechos en materia de salud y previsionales.

No hay preguntas tontas, es tonto el que no pregunta

Por Pedro Daire.

Después de la horrible analogía del cajón de manzanas con una de ellas podridas, la frase sobre las preguntas, debe ser lo segundo más repetido en la educación chilena.

Advierto que no soy experto ni en educación, ni en negocios, ni en leyes, sólo un ciudadano interesado en la sociedad civil. No quiero atacar a nadie, pero sí hostigar a todos. Como declarado inexperto yo tengo muchas preguntas y para evitar que me tilden de tonto, voy a hacerlas:

¿Cuántos profesores de Enseñanza Media están estudiando la ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y la ley 20.500 de Participación Ciudadana para luego enseñárselas a sus alumnos?

Un país que aspire a tener una democracia participativa, con una ciudadanía responsable y fuerte, debe educar en esos aspectos a sus jóvenes o como he escuchado por ahí “pre-ciudadanos”. Me parece que asignar trabajos escolares que, en vez de una búsqueda en wikipedia, requieran una solicitud de acceso a la información pública pueden tener un impacto tremendo como una primera interacción directa entre un estudiante de tercero medio y el gobierno central de Chile.

En mi trabajo como encargado del proyecto www.accesointeligente.org de la Fundación Ciudadano Inteligente yo percibo ese ideal de un gobierno que trabaja por nosotros, a veces bien, a veces mal, pero veo que se mueven por nuestras solicitudes. Recordemos que mandatario es quien recibe los mandatos.

¿Cuántas acciones pro sociedad civil has hecho durante esta primera quincena del 2012?

Es muy común olvidarse que somos parte activa de la sociedad, está el gobierno, está el Congreso, están los bancos, las farmacias, los liceos, las sociedades agrícolas y está la sociedad civil, tan importantes somos que incluso en nuestra Constitución estamos considerados ¿Te imaginas cuántas acciones pro-banca realizaron los bancos en lo que ya va del 2012 y cuántas planean hacer? Se entiende, ellos están preocupados de su sector, lo cultivan y protegen. Nosotros debiésemos hacer lo mismo, porque tu sector –y el mío- es el de la sociedad civil; debemos protegerlo y cultivarlo. No es fácil porque no te pagan por eso, pero te sugiero algo que al menos es gratis.

¿Por qué no elijes un tema y haces una pregunta al gobierno? La lees y si te parece que hay algo sospechoso sobre lo que profundizar envíalo a algún periodista amigo tuyo para que lo ponga en la tabla de investigaciones. O, al menos, publícalo en facebook o en twitter con un comentario, quizás una amiga tuya lo quiera investigar.

¿Acaso te parece que en libre competencia todo anda bien?, ¿El Serviu es lo suficientemente transparente y eficiente?, ¿Las Isapres son fiscalizadas tanto como a ti te gustaría?, ¿Carabineros explica perfectamente la asignación de patrullas en los distintos sectores del país? Estas preguntas y muchas otras pueden ser respondidas en menos de 20 días si tú las haces.

¿No tienes nada que decirle a ningún senador respecto a ningún proyecto de ley, entonces por qué no has usado nunca el sitio www.senadorvirtual.cl?

¿Qué Chile es más valioso, el solidario que dona más de $20.000.000.000 a la teletón o un Chile fiscalizador que evita que Kodama reciba sumas similares por razones injustificadas?

Una de las consecuencias más importante y beneficiosa de la ley de transparencia es un efecto secundario o colateral: la inhibición de actos de corrupción. Sólo por la posibilidad de que alguna vez alguien empiece a preguntar cosas al respecto y que investigando por aquí o por allá descubra la corrupción.

¿Cuántos Juan Pablo Davila andan por ahí a punto de cometer unos inexplicables “errores de tipeo” inhibidos ante la posibilidad de que a uno de los 17 millones de chilenos se le ocurra indagar en algo que lo comprometa?, ¡Porque con uno basta! Imagina que conveniente la acción, pro-sociedad civil, de tener una fuerza fiscalizadora de cientos de miles al establecer como obligatorio al menos un trabajo que use la ley de transparencia en tercero medio. Millones de alumnos preguntando al gobierno, para ser buenos fiscalizadores hay que tener práctica ¿Puede eso ser malo?

En definitiva, la gran pregunta es cuánto más eficiente sería el Estado de Chile si contara con una sociedad civil fuerte y responsable. Cuánta de la debilidad actual de nuestra sociedad civil es nuestra responsabilidad. Dicen por ahí que las sociedades tienen los gobiernos e instituciones que se merecen ¿Cuál nos merecemos los chilenos?

Fuente: El Dinamo.

¡Nacionalizar el cobre AHORA!

Por José Francisco García.

La petición del movimiento estudiantil cuando estaba en su peak en torno a renacionalizar la gran minería chilena en manos de compañías extranjeras, no es más que un slogan. En efecto, no se trata siquiera de una argumentación puramente ideológica. Es sólo una buena estrategia comunicacional, dado que transmite una idea frente a la cual se puede tomar fácilmente una posición (sí o no). Su opacidad y falta de contenido argumentativo, son superados, por así decirlo, por su fuerza motivacional, que busca movilizar a la acción.

Porque más allá del slogan, el país no escuchó un ápice respecto de las bondades técnicas de la medida, o siquiera un plan respecto de su implementación y contenido: ¿se trata de los activos, del patrimonio, de las concesiones en manos de las empresas extranjeras? Ni una sola palabra.

Se trata de una propuesta que choca frontalmente con nuestras reglas fundamentales, con el espíritu y texto de nuestras normas constitucionales y legales en materia de derecho público económico, y los tratados de libre comercio y de protección de inversiones suscritos y vigentes en Chile, el grueso de ellos impulsados por los gobiernos de la Concertación–, aparece, de cara a nuestro ordenamiento jurídico como extraordinariamente inviable.

Nuestra Constitución Política actual (1980) descartó incorporar la figura de la nacionalización, institución que, como sabemos, fue incorporada en el ocaso de la Constitución de 1925 mediante reforma del 16 de julio de 1971. La nacionalización consiste conceptualmente en el traspaso o apoderamiento del Estado de un conjunto genérico de bienes destinados a una actividad o sobre las empresas dedicadas a ella, consideradas siempre como una universalidad, no siempre con derecho a indemnización, lo que dependerá de criterios políticos y la capacidad económica del Estado.

En este sentido, y en buena parte producto de la experiencia de la nacionalización de la gran minería del cobre durante el Gobierno de la Unidad Popular, es que en la actual Constitución se robusteció el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, estableciéndose además que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio sino por ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional.

Entre algunas de las garantías que amparan al expropiado encontramos que siempre puede reclamar de la ilegalidad del acto expropiatorio ante los tribunales y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada por los tribunales.

Junto con lo anterior los tratados que hemos suscrito en materia de libre comercio y especialmente en materia de protección de inversiones, hacen que, no solamente deban respetarse la garantía de indemnizar, sino que justificar una expropiación o nacionalización, lo que puede llevar a los inversionistas afectados a demandar al Estado de Chile ante el CIADI.

Todas estas reglas no tienen la potencia comunicacional del slogan. No pululan las redes sociales ni frecuentan los debates en Twitter; pero un país requiere de una deliberación racional, de alto contenido para caminar al futuro. Y sobre todo de instituciones sólidas que respeten los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad, incluidas los de las minorías impopulares.

El Trago Fuerte

¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.

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