La ruta de tu pregunta

Por Rocío Palma | Comunicaciones FCI.

Con la puesta en vigencia de la Ley de Transparencia en abril del 2009, muchos creyeron que sería un paso más para poder fiscalizar y saber lo que las autoridades realizan. A pesar de que las instituciones, durante estos años, han entregado la información solicitada por la ciudadanía, hay ciertos aspectos que con el pasar del tiempo, deberían mejorarse.

El artículo 10 de la Ley N°20285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, estipula que: “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones“.

También, el artículo 11, sobre el principio de facilitación, dice que los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.

Durante el 2011 y lo que llevamos de este año, diferentes han sido las solicitudes que se enviaron desde accesointeligente.org a los ministerios y a sus derivados. La mayoría de las preguntas fueron contestadas, pero hubo ciertas respuestas que no se entendían y para un ciudadano común y corriente, la información entregada se debe encontrar lo más comprensible posible.

Hubo situaciones que llamaron la atención, no por la calidad de las respuestas sino por la poca claridad y el desorden de los datos recibidos por los distintos organismos públicos.

¿Entregar para cumplir?

El 22 de noviembre del 2011, se envió una solicitud al Ministerio de Educación, más específicamente a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, pidiendo información sobre el costo de producir o crear un pase escolar, sus características y los servicios que monitorean la correcta asignación de la Tarjeta Nacional Estudiantil.

Cuando se cumplían los 20 días hábiles que estipula la ley para que los organismos entreguen la información -el 20 de diciembre del 2011- el ministerio en cuestión pidió la prórroga de 10 días hábiles, por lo que el 3 de enero debían responder.

Precisamente, el 3 de enero llegó la respuesta a la solicitud. En ella, se adjuntaba un archivo Word, que decía: “Junaeb no maneja costos, sólo maneja precios de la fabricación de tarjetas. Los precios para 2010 – 2011 fueron: Básica y Media Región Metropolitana: $2.038, Educación superior de la región Metropolitana: $2.038, Enseñanza Superior en otras Regiones: $2.140,  Enseñanza Básica y Media en otras regiones: $904. Por lo tanto, la primera pregunta, se respondió.

Respecto al resto de las preguntas, se recibió (dentro del mismo documento) una planilla que contenía el nombre de la empresa, cobertura 2010-2011 y el monto del contrato 2010-2011. Nada de esto fue especificado y no decía a qué correspondía cada empresa, es más, las empresas eran de buses y solamente una pertenecía al rubro de tarjetas plásticas.

Se supone, y una de las ventajas de esta ley de Transparencia, es que la información la entiendan todos y no haya que ser un experto para comprender datos y gráficos, que al final si no se entienden por sí mismos son trabas para la anhelada “transparencia” de los organismos públicos.

Fue así como El Vaso el 6 de enero renvió la solicitud al Ministerio de Educación, señalando que la información recibida no había sido clara y que una explicación más específica del recuadro sería lo adecuado para lograr entender dichos datos que eran engorrosos.

Tras esta medida, con fecha 11 de enero, el organismo en cuestión, respondió nuevamente a la solicitud. Esta vez, el archivo adjunto era un Excel por lo que se creyó que la respuesta sería diferente y más completa respecto a la anterior, pero se trataba de exactamente lo mismo, sólo que en un formato diferente.

 

¿Entiendes?

Algo similar sucedió con una solicitud enviada al mismo organismo. El 19 de diciembre del 2011 se preguntó sobre el total de escolares en la educación pública y cuáles eran los  costos promedio de cada alumno, es decir cuánto se gasta al mes en almuerzo, infraestructura y en útiles

El 3 de enero de este año, llegó la información solicitada, el problema fue que ésta venía en desorden, las regiones no coincidían con los montos entregados, y no era una planilla en la que había que hacer conjeturas para lograr comprender esos números. Por esa razón, se renvió una nota diciendo que los datos eran ilegibles.

La ley no estipula una fecha límite cuando el solicitante renvía una pregunta con la que no quedó conforme, por lo que la institución tiene tiempo suficiente para dar una respuesta legible, y así fue. Tres días después, la información llegó completa, ordenada y clara.

Si bien esta situación no sucede en todos los casos, debemos ser más rigurosos con nuestras autoridades, pues a la hora de pedir información, también tenemos que hacer valer nuestro derecho e insistir en la buena entrega de datos para que las instituciones cumplan con la ley.