Archives for February, 2012

De Becas y Becarios: Becas Chile 2011

Por Francisco del Campo | Comunicaciones FCI.

¿Cuántas becas entregó el programa Becas Chile el 2011?, ¿a qué países y universidades están destinadas las becas adjudicadas?, ¿quiénes las recibieron?, ¿Qué hay que hacer para postular?, ¿Qué necesidades cubren estas becas?, fueron una de las tantas preguntas que El Vaso quiso resolver.

El Vaso realizó una solicitud de información pública al Ministerio de Educación a través de la plataforma “Acceso Inteligente”, herramienta de la Fundación Ciudadano Inteligente que permite solicitar datos públicos a los organismos del Estado de una manera más simple y directa, con la intención de conocer las becas adjudicadas durante el 2011 por el programa Becas Chile.

Becas Chile cumple con una política de Estado que busca promover el aumento de formación y perfeccionamiento extranjero, modernizar y mejorar la articulación de los programas de becas gubernamentales, y fomentar la vinculación y cooperación internacional.

Las becas ofrecen oportunidades para diferentes intereses profesionales y académicos, los que se dividen en las categorías de formación de postgrado, formación técnica de nivel superior, y la formación docente. En la primera se incluyen las opciones de Magíster, Doctorados, Postdoctorados, Pasantías doctorales, Cotutelas de Doctorado y Sub-especialidades médicas. Para la formación técnica de nivel superior se ofrecen becas para Pasantías de perfeccionamiento de Competencias Técnicas. Y para la Formación docente, se brindan becas de Magíster para profesionales de la Educación, Semestre en el extranjero, Pasantías de Matemática y Ciencias, y Diplomado para Académicos de Pedadogía en Inglés.

El público objetivo de las becas de esta última categoría son los estudiantes de pedagogía que estén cursando los últimos años de su carrera en universidades de Chile, y profesionales de la educación que se desempeñen en escuelas municipales y subvencionadas. Mientras que las becas de Formación técnica se apunta a técnicos de nivel superior y profesionales de carreras de ocho semestres sin licenciatura, pero con al menos dos años de experiencia laboral ya sea en el sector público o privado.

El público objetivo de las  becas de la categoría postgrados  son los recién titulados, académicos y profesionales provenientes tanto del sector público como del privado. Mientras que los requisitos son tener excelencia académica ya sea habiendo terminado los estudios superiores con nota promedio superior a 5.0, o haber sido del 30% superior de su generación al momento de licenciarse u obtener el título. Además de ya haber sido aceptado en la universidad extranjera a la que se postula.

En total el 2011 se entregaron 1222 becas entre las distintas categorías antes mencionadas, las que se distribuyeron de la siguiente manera:

Magíster y Doctorados

De las 472 becas para Magíster adjudicadas el 2011 los países que más estudiantes chilenos recibirán son Inglaterra con 110 becas entregadas, Estados Unidos con 91 y Australia con 81 adjudicaciones. Mientras que las universidades que más chilenos recibirán para Magister son la española Universidad de Barcelona con 37 premiados, y las australianas  University of Melbourne con 31 y Queensland University con 26 becarios.

Por otra parte, de las 298 becas adjudicadas para Doctorados los países con más premiados son España con 71 estudiantes, Inglaterra con 47, y Estados Unidos con 40 doctorados. En cuanto a las universidades que más becarios recibirán en este ítem son nuevamente la Universidad de Barcelona con 42 adjudicaciones, la universidad Autónoma de Barcelona con 10 y la University of Melbourne con 8 premiados.

Para quienes postulan a las becas de postgrados becas Chile cubre diferencialmente a cada una. A las becas de los Magíster, Postdoctorados y Cotutelas de Doctorado cubren hasta 2 años,; las Pasantías Doctorales hasta 10 meses; las Subespecialidades médicas hasta 3 años; y los Doctorados hasta 4 años.

Los servicios que cubren y el monto de dinero que entrega el Estado a través de estas becas, se distribuyen de diferentes maneras dependiendo de a la beca que se postuló y del coste de vida del país al que se va. Esta distribución se muestra en la siguiente tabla:

*El ministerio de Educación señaló que no pudo entregar los montos específicos para las becas dado que “la ejecución de los costos de las becas se realiza por períodos superiores a un año, por lo que aún no es posible detallar el costo total de cada beca”.

Así fue como Becas Chiles entregó sus becas durante el 2011, con el objetivo de, tal como dicen en su página oficial, “formar capital humano avanzado en todas las áreas del conocimiento, sin excepción alguna y en cualquier país excepto Chile, para que los graduados, a su regreso a Chile, apliquen los conocimientos adquiridos y contribuyan al desarrollo científico, académico, económico, social y cultural del país”.

Conozca aquí quiénes se adjudicaron cada una de las becas durante el 2011.

 

Revolución educativa y la otra brecha digital

Por Francisco Luco

A mediados de enero Apple anunció sorpresivamente un conjunto de tres nuevas herramientas de software, las que permiten asignar a la tecnología un tremendo valor como agente de cambio en el campo de la educación: iBooks 2 –una plataforma de distribución de libros electrónicos que podría eventualmente desplazar a los textos educativos tradicionales–, iBooks Author –una aplicación que permite a cualquier persona desarrollar su propio texto educativo electrónico– y iTunes U –una aplicación para iPad, iPhone y iPod Touch que pretende acercar a los usuarios una serie de contenidos académicos puestos a disposición por las más prestigiosas universidades del mundo–.

Mientras tanto, en nuestras provincianas y todavía pacíficas latitudes –al menos hasta que verdaderamente comience el año en marzo–, la relativa calma del escenario social y político augura con efectividad lo que todos prevemos que sucederá una vez que el grueso de la población haya dado término a sus días de reposo. Es una pasividad que augura lo evidente e inevitable; la calma antes de esa tormenta que prontamente se dejará caer y que podremos denominar “Revolución (?) Educativa: Parte II”. Una revolución que implicará, está claro, que actores políticos y sociales salgan a las calles a vociferar por una mejor educación. Podemos prever que será un período de conmoción y agitación que, como varios dirigentes ya auguraban el año pasado, probablemente sea de igual o incluso mayor magnitud que lo ya visto en meses previos.

Sin embargo, ¿qué clase de delirio podría hallar una coherencia entre la –digamos merecida– holgazanería de que muchos disfrutan en estas semanas, las futuras movilizaciones “por la educación” y lo anunciado hace un mes por el gigante informático de Cupertino? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Mucho, a decir verdad.

Cuando uno evoca el concepto “Internet”, probablemente el primer impulso de muchos chilenos sea pensar en un portal blanco y azul plagado de chismes, mini juegos y otras frivolidades, en el cual suelen desperdiciar una excesiva cantidad de horas (estadísticas a mano no tengo, pero tampoco podemos ser tan cínicos como para negar que cada vez que una secretaria, estudiante, empleado de oficina o funcionario cualquiera está mirando con atención y suma concentración una pantalla sobre su escritorio, al observar la misma comprobaremos que está conectado a Facebook).

Por otra parte, a la hora de mirar el historial de navegación de esos mismos computadores en la oficina o en la universidad, comprobaremos que ya varios han visitado, entre otros sitios afines, el diario de circulación nacional por excelencia si lo que deseamos es informarnos de las banalidades del mundo de la farándula (ustedes me entienden).

Por último, si tomamos el smartphone de cualquier conocido, probablemente nos encontremos con un cuantioso surtido de contenidos fútiles, entre aplicaciones que, sí, a veces entretienen y sanamente distraen, pero que en exceso sólo contribuyen a perder el tiempo y a desaprovechar la tremenda utilidad que un computador en la palma de nuestra mano verdaderamente puede aportar.

La deprimente conclusión que podemos sacar a partir de esto es, entonces, que Internet y la tecnología en general (el computador personal, teléfonos inteligentes y todo lo demás) hoy parecen adolecer del mismo problema que presentó y aún presenta la televisión: involucionar, aunque sea por causas externas, de un medio concebido para entretener, informar y educar a uno que sólo pareciera concentrarse en lo primero (aún cuando en el caso de Internet, y a diferencia de la televisión, buena parte del problema no sea atribuible a los proveedores de contenidos, sino a los consumidores.)

En esta interesante entrevista a Isaac Asimov, realizada en 1988, el visionario y genial escritor fue capaz de vaticinar con optimismo y acierto cómo en el futuro cada hogar contaría con una computadora conectada a bibliotecas universales, de manera que podríamos acceder todos a una cantidad de información ilimitada. Así, nos veríamos enfrentados a lo que él describió como una verdadera revolución educativa.

Esa revolución permitiría, sin llegar al extremo de abolir la escuela, que cada persona adquiriera conocimientos desde su más tierna infancia, guiándose por su propia vocación y a su propio ritmo. Era una oportunidad, creía Asimov, para despojar al concepto “educación” de connotaciones absurdas y nefastas, como que se trata de un proceso para niños y jóvenes, que se inicia con el ingreso al sistema educativo obligatorio y que acaba una vez que se egresa de él para adentrarse en el mundo laboral. La tecnología, y más precisamente Internet, eran una oportunidad –observen el optimismo de Asimov– para que la adquisición de conocimiento no resultara aburrida porque alguien la impone en un salón, sino para que fuera, en su lugar, interesante y deseada por todos.

Sin embargo, las aspiraciones antes aludidas parecen chocar estrepitosamente con la triste realidad. En un contexto en que la televisión abierta atraviesa una decadencia impresentable e innegable, Internet parecía ser la salvación. Pero lamentablemente no parece ser el caso.

Incluso Steve Jobs, el hombre cuyas ideas y trabajo constituyeron la piedra angular sobre la que se cimentó el imperio de Apple, dijo en una entrevista a mediados de los 90:

“La gente está pensando menos de lo que solía hacer. Eso es principalmente por la televisión. La gente está leyendo menos y están ciertamente pensando menos. Así es que no veo a la mayoría de la gente usando la red para obtener más información.”

Con esto no pretendo decir que Asimov se equivocó y que su visión optimista se vio sepultada por la visión más sombría de otro hombre que al final sí acertó, mientras el mundo se dirige a un pozo sin fondo. Esto lo preciso porque, en cierta manera, Asimov sí tuvo razón: si bien aún queda trabajo por hacer, la infraestructura está, así como la posibilidad de acceder al conocimiento disponible en ella. Las oportunidades de conectarse a esas bibliotecas rebosantes de información existen, de manera que la educación, en su sentido más puro y genuino, se encuentra hoy al alcance de buena parte de la población mundial, incluido por cierto nuestro país. Por ello insisto: esos vaticinios felices, en cierta forma, son hoy una realidad.

 

¿Cuál es el problema entonces?

El problema es que si bien la infraestructura y la información están, algo falló en el camino y jamás llegó a existir esa añorada revolución educativa de la que el prolífico escritor hablaba. Es decir, está todo al alcance de nuestra manos, menos una genuina voluntad e interés de parte de los usuarios –sean niños, estudiantes universitarios, trabajadores, dueñas de casa, jubilados o lo que sea– por educarse.

Desde luego lo anterior no responde mucho a la pregunta formulada, pues de inmediato nos cuestionamos: ¿y por qué a pesar de tener esa revolución educativa frente a nuestros ojos, la sociedad no se ha interesado por la adquisición del conocimiento?

La respuesta a esta nueva pregunta por cierto que no es de mi competencia, pero la formulación de estas interrogantes al menos debiera animarnos a observar que, mientras una buena parte de los estudiantes probablemente sobrecargue sus semanas de vacaciones de actividades hedonistas y sin sentido, la cacareada revolución educativa está mucho más cerca de lo que creen y al alcance de su mano, así como al alcance de la mano de cualquier otro, más joven o viejo, que quiera verdaderamente profesar algo de amor propio y adquirir conocimiento e información relevante para sí.

Es por esto que me gustaría saber, mientras la industria de la tecnología desarrolla aplicaciones que acercan la educación a la gente aún más de lo que ya lo hace Internet por sí sola, cuántos de los nobles partisanos que salieron a las calles y volverán a hacerlo este año porque quieren “educación de calidad”, efectivamente han aprovechado las oportunidades que –como a Jobs le gustaba decir– el cruce de la tecnología con las humanidades puede ofrecer. Y con aprovechar estas tecnologías no me refiero, por cierto, a desperdiciar buena parte del día conectado a Facebook o diarios de farándula.

Hay una sobrecarga de información en nuestras vidas; es verdad. Internet cuenta con cantidades inconmensurables de contenidos inútiles; innegable. Pero no es menos cierto, asimismo, que muchos realmente están haciendo algo por salir a buscar su educación de calidad (trabajo que en las condiciones actuales ni siquiera es tan laborioso y demandante de energía y tiempo), mientras otros se limitan nada más a sentarse y esperar que aquella caiga del cielo.

Y es que, como afirmó el especialista en educación Curtis Johnson: “según el modelo que sigue siendo dominante en la mayoría de escuelas del mundo, al entrar en el aula casi parece que el conocimiento sea algo escaso, difícil, prácticamente imposible de obtener a no ser que tengamos a un adulto debidamente cualificado de pie frente a un grupo de jóvenes que le escuchen solícitos, dispuestos a anotar en sus cuadernos cualquier dato supuestamente de valor. Pero los alumnos saben que no es así: el conocimiento es ubicuo. Pueden entrar en Google para buscar una respuesta y llegar a ella mucho más rápido que nadie en esta sala –hasta un muchacho de 9 o 10 años puede hacerlo–. Es cierto que tal vez no tengan el criterio para saber cuáles son las coas que merece la pena buscar, ni la sabiduría para valorar lo que encuentran, pero es evidente que pueden acceder al conocimiento; no tenemos que dárselo.”

Así, lo anterior parece generar otra brecha digital, no una entre usuarios conectados y desconectados, sino una entre usuarios que realmente aprovechan el potencial informativo y educativo que Internet genera y usuarios que, aun con acceso a la red, condicionan su vida de forma negativa de la misma manera que han sido condenados quienes han recibido una educación formal deficiente.

Esa es una brecha digital mucho más problemática que la que ya conocemos, puesto que, probablemente, el abismo entre los dos porcentajes de la torta sea más grande aquí que en un gráfico que ilustra cuántos ciudadanos están conectados a Internet y cuántos no. Además, será sin duda la siguiente brecha digital contra la cual nos enfrentaremos una vez que la anterior sea superada. Y es una brecha de la cual, por cierto, no he oído a nadie hablar.

 

Participar y fiscalizar, pero con datos

Por: Juan José Covarrubias

¿Tienen algo en común la colusión de las farmacias con que un diputado “se equivoque” votando?

En el sector privado, entre miles y miles de buenas empresas,tristemente, destacamos siempre lo malo. Sobre todo a los “grandes malos”:Tras La Polar, vino el “cartel” de los pollosyantes el–excelentemente bien multado-“cartel” de las farmacias. Estos casos, entre muchas cosas, nos hablan de secretismo, de no acceso a la información, donde el consumidor es víctima, y poco o nada puede saber y, mucho menos, hacer para enfrentarse al abuso (menos aún, para evitarlo).

En el Poder Legislativo, aún con record de proyectos aprobados el 2011, destacamos también, tristemente, lo malo. En el último episodio de la ley del Tabaco, no sé qué llama más la atención: si parlamentarios que se “equivocaron”, o el escandaloso lobby, que se huele desde lejos, de las tabacaleras y otros organismos.  Esto claramente deslegitima a la política, en particular al Poder Legislativo que ya está “al debe”, al aplicársele solo parcialmente la Ley de Transparencia. Contribuye a que el Estado se vea como una gran caja negra donde el ciudadano, poco y nada puede saber. Y mucho menos hacer (¿realizar más marchas…?)para enfrentar y prevenir esto.

Y si pensamos en el mundo de las ONG´s y del Poder Judicial, se aplica exactamente lo mismo.

De allí que la transparencia y el acceso a la información, sean mecanismos  tan importantes para que la ciudadanía pueda participar. ¿Por qué? Porque es una herramienta de control social, de promoción de la probidad, legitimando y valorando nuestras instituciones y contribuyendo de paso a revertir la bajaconfianza que estamos teniendo entre nosotros.

Se trata de cambiar la cultura del secretismo enraizada en la gestión pública y privada que, finalmente, siembra un manto de duda sobre la mayoría de empresas y servicios públicos que trabajan de manera correcta y que son opacadas por estos “grandes malos” en todos los ámbitos.

Podemos votar –ahora voluntariamente- por los que nos parezcan más honrados y los que mejor nos representen (y que no se equivoquen). Podemos también dejar de comprarle a ciertas empresas (castigándolas, como desde ahora estamos viendo con el tema de la portabilidad numérica). Todo esto es muy importante y debemos tomar conciencia de este poder para ejercerloefectivamente. Pero no es suficiente. Por eso debemos seguir avanzando en transparencia y en establecer mecanismos defiscalización y control ciudadano.

Hemos recorrido mucho, sin duda. Un tremendo aporte fue la Ley de Transparencia, el mayor paso en muchos años, pero la tecnología nos permite hoy consolidarla y darle aún más fuerza. La ciudadanía, gracias a las nuevas tecnologías, tiene hoy una capacidad superior –no solo para coordinarse masivamente- sino para procesar la información que proviene del sector público y del mercado…  pero requiere de la información. En otras palabras necesitamos los datos.

En ese contexto quiero destacar dos iniciativas. Primero, la adhesión del Gobierno de Chile, con apoyo de ONG´s comoCiudadano Inteligente y demás actores de la sociedad civil, a la Alianza Multilateral por el Gobierno Abierto (Open Governmentpartnership – OGP), que tiene por objetivo asegurar el compromiso concreto de los gobiernos en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, así como la utilización de las nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia, la apertura y  la rendición de cuentas. Se busca la apertura de los gobiernos a la participación y el escrutinio público del actuar de sus instituciones y representantes. Se trata,entre otras cosas, de que esté disponible públicamente la información. De tener los datos.

Y en segundo término quiero destacar la aprobación unánime, de la ley del Ministerio de Desarrollo Social, que obliga no solo a evaluar, sino justamente a mostrar activamente los datos públicos de los programas sociales a la ciudadanía. Podremos analizar su financiamiento, focalización, resultados, impacto y eficiencia. Esto permite a universidades, centros de estudios y a cualquier ciudadano fiscalizar, y evaluar, permitiendo proponer caminos más efectivos en lo relativo al diseño y el control de las políticas públicas.

Esperemos (y presionemos para) que esto siga sucediendo.

 

FUENTE: El Dinamo

SOPA, ACTA y el TPP no son el problema

Por Francisco Luco.

Contrariamente a lo que hemos creído por algún tiempo, el problema de la amenaza a nuestros derechos de acceso a la información y libertad de expresión no se llama SOPA, PIPA, ACTA o TPP.

El problema fundamental no radica en instrumentos legislativos que, intentando resguardar valores difusos –llámense seguridad digital o derechos de autor–, tienden a vulnerar derechos fundamentales. El problema no radica en la ley de turno que busca responsabilizar al administrador de un blog por las injurias que se puedan eventualmente verter en él; ni en la que exija a los ISP un control férreo de los contenidos que un usuario de Internet descargue y les ordene cortar el servicio si se tratare de determinado material; ni tampoco en la ley que determine mandar a la cárcel a quien ose distribuir en la red cualquier obra protegida.

Aunque en los hechos no lo parezca, estos episodios –mientras no se aprueben los correspondientes proyectos– son meramente anecdóticos. A lo más sintomáticos, si se quiere.

El verdadero problema, aquel del cual SOPA y muchos otros acrónimos son nada más sus consecuencias, dice relación con las dimensiones que ha alcanzado Internet en la vida cotidiana y los ojos con que la red comienza a ser vista por grupos de interés como empresarios y políticos.

Que no se me malinterprete con esto último. No se trata de elucubrar una nueva teoría salfatiana y ver enemigos ocultos en todas partes, sino de identificar los poderes fácticos y tradicionales cuya existencia todos conocemos, y cómo sus miedos son cosa mucho más manifiesta de lo que creemos.

En el caso del genérico concepto de “empresarios”, entendemos que se trata de ejecutivos de la industria discográfica, del cine y otras que, ejerciendo un lobby feroz sobre la llamada clase política, ven una supuesta amenaza al bienestar de sus respectivas industrias en el comportamiento de usuarios con pata de palo y parche en el ojo.

Pero además del resguardo de ciertos intereses comerciales, el poder tradicional también posee sus propias razones para aguarnos la fiesta.

Y es que el caso de los políticos es especialmente interesante. Un rápido examen a nivel global nos permite apreciar la diversidad de colores de que hacen gala los distintos países que han coartado o pretendido coartar la libertad de expresión, el acceso a la información y otros derechos fundamentales (fundamentalísimos en el nuevo milenio). Dicho en otros términos, el poderoso, abierto y masivo espacio de información, conocimiento, cultura, entretenimiento y educación en que se ha convertido Internet ha merecido la amenaza tanto de tiranías en Medio Oriente, como de la dinastía Castro en Cuba y de republicanos y demócratas en Estados Unidos. O sea, hay para todos los gustos.

Como afirma con precisión Claudio Ruiz, de la ONG Derechos Digitales:

“todas estas iniciativas tratan de entender las nuevas tecnologías e Internet fundamentalmente como un lugar opaco cuyas prácticas hay que regular con severidad para resguardar mecánicas de negocio de la era previa a internet. Así, otros derechos que ven en Internet una zona segura y de fácil desarrollo, como la libertad de expresión, terminan cediendo a favor de intereses comerciales vinculados a la explotación de los derechos de autor.”

Creo fundamental resaltar aquello de entender las nuevas tecnologías e Internet como un lugar opaco. Incluso, a juzgar por las acciones adoptadas en diversos ordenamientos, uno podría inferir sin miedo a equivocarse que Internet es visto muchas veces como un auténtico espacio de libertinaje, una anarquía que se ha venido soportando durante décadas, y que amerita con urgencia y prontitud una regulación sumamente interventora e –incurriendo en un despropósito jurídico– incluso sanciones penales. Pero en esa absurda apreciación, por cierto que no sólo tienen cabida los intereses comerciales a los que se aludía anteriormente.

Permítanme aquí hacer un paréntesis bastante clarificador. Y es que una buena forma de ilustrar la situación es una ya legendaria declaración de la NTIA de principios de 2010.

Citando el correspondiente artículo en inglés de Wikipedia, la National Telecommunications and Information Administration es una agencia integrante del Departamento de Comercio de Estados Unidos, cuya función consiste en operar como principal asesor del Presidente en materia de telecomunicaciones.

Pues bien. No fue más ni menos que dicho órgano el que en la mentada declaración enseñó una curiosa delimitación temporal para referirse a la historia de Internet y a las medidas reactivas que deberían adoptarse de cara al futuro. Así, la NTIA se empeñó en describir el período comprendido entre los años 1990 y 2000 como la “Política de Internet 1.0: transición a la comercialización” y el período comprendido entre 2001 y 2009 como “Política de Internet 2.0: desde el garaje a las calles”.

Aquel primer período, caracterizado por el surgimiento de los primeros ISP comerciales, habría sido observado con una actitud del gobierno norteamericano propensa a la no intervención, de manera que se facilitara el crecimiento de la red y se promoviera la innovación en garajes a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. En el segundo período, por su parte, en donde resulta evidente la masificación de Internet y la forma en que éste pasa a convertirse en un servicio doméstico más (con 7 de cada 10 hogares estadounidenses conectados, según las estimaciones de la NTIA en ese entonces), comenzarían a aparecer los problemas: de privacidad, de seguridad y, era que no, de infracción de copyright.

Con este par de antecedentes es que la NTIA no dudó en sugerir hace dos años la “Política de Internet 3.0”, una que vendría a poner orden en un mundo de caos en que el principio “leave the Internet alone” ya no puede seguir teniendo cabida.

Estas ideas manifestadas en 2010 no representan sino el puntapié formal de las nefastas iniciativas que se han venido conociendo en el último tiempo. Y las mismas palabras escogidas en dicho discurso (más elocuentes de lo que yo pueda reproducir) dejan entrever el problema de fondo al que aludía al principio, aquel que subyace como causa de esos efectos que llamamos SOPA o ACTA.

El problema no es económico, sino esencialmente político y sociológico: tiene que ver con la forma en que las cuotas de poder ahora, al menos en una cierta y moderada medida, son “compartidas” entre gobernantes y ciudadanos conectados, y la forma en que a los primeros atemoriza una suerte de comunismo 2.0 que en realidad no es tal.

Tiendo a creer que los principales actores políticos que hoy gobiernan Estados Unidos y Europa –y en realidad cualquier país– son gente de avanzada edad con una visión de mundo ya formada, moldeada, a modo de ilustración, por paradigmas anacrónicos como el de la guerra fría.

Las nuevas generaciones, en cambio, nacen y verán expuesto su crecimiento a otra clase de estímulos, a nuevas formas de aprender y hasta a un cambio en códigos del lenguaje como nunca antes visto; a un mundo distinto, donde Internet no es la novedad científica que –como afirmaba la propia NTIA– hace sólo un par de décadas permanecía en un garaje, sino un ente universal y accesible cuya existencia resulta tan natural e incuestionable como el agua.

Es el mundo tecnologizado y rebosante de información y oportunidades que escritores como Isaac Asimov y un algo más pesimista Arthur C. Clarke vaticinaron varias décadas atrás; un mundo cuya configuración golpea fuertemente las nociones de políticos vetustos y que los inmoviliza, de la misma manera que hoy un anciano promedio de 80 años sería reticente a aprender a utilizar un reproductor de música digital en desmedro de la radio.

Por ahora, la única forma de escapar de lo que parece ser un complejo año para el derecho de acceso a la información y el ejercicio de la libertad de expresión, es el boicot de proyectos como SOPA y el ejercicio proactivo de labores de información y difusión tan loables como las de ONGs tipo Ciudadano Inteligente y Derechos Digitales.

Sin embargo, no podemos obviar que en un largo plazo son otras las determinaciones que deberíamos tomar para evitar que lo que en algún momento parecía erigirse como una biblioteca de entretenimiento, conocimiento e información sin límites y al alcance de cualquiera, termine sucumbiendo, más que a los intereses de la industria editorial, musical y cinematográfica, a los intereses de un orden y estructuras con formas particulares de ver y gobernar la sociedad. En este sentido, los pasos a seguir son evidentes y dicen relación con ese sagrado ejercicio cívico llamado voto, pues mientras no exista un recambio de mentalidad en el poder (ojo, que no basta rejuvenecer en 20 años a los candidatos), iniciativas como SOPA y PIPA seguirán multiplicándose.

¡Empodérate! Te recomendamos 10 sitios pro transparencia

Por Rocío Palma | Comunicaciones FCI.

Durante el último tiempo, hemos puesto énfasis en hacernos –los ciudadanos- personas más informadas y participativas. A su vez, las instituciones han comenzado a revelar información a la que antes no podíamos acceder. Por eso, si tienes dudas en temas de transparencia y acceso a la información, estos son los sitios que no puedes dejar de visitar a la hora de hacerte preguntas, seguramente en ellos, podrás encontrar respuestas.

1. Corporación Participa (www.participa.cl) | @CorpParticipa

Desde 1988, la corporación Participa ha buscado mejorar la calidad de la democracia promoviendo la participación ciudadana en los asuntos de interés público y un ejercicio responsable del gobierno. La idea principal de esta entidad es contribuir para que los valores y derechos democráticos sean conocidos, respetados y ejercidos por personas informadas, organizadas y participativas. Además, aboga por prácticas transparentes y por la rendición de cuentas en la gestión pública.

Dentro de sus proyectos, destacan los de participación ciudadana y de transparencia y acceso a la información pública como el programa “Quiero mi barrio” (2007-2010), “Incide” (2010-2011) e “Iniciativa y Acceso”. Durante el 2011 se realizaron “Seminarios Participativos” y el proyecto “Ciudadanía Activa”.

2. Fundación Pro Acceso (www.proacceso.cl) | @ProAccesoChile

Nació en julio del 2004 como una fundación sin fines de lucro que buscó -desde un comienzo- promover el acceso a la información pública, y consolidarlo como un derecho humano fundamental, generando cambios a nivel legal y cultural. Intenta garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública y promocionarlo como una herramienta central en el desarrollo de políticas públicas de Chile.

Actualmente, Pro Acceso realiza un arduo seguimiento al fallo de la Corte Interamericana y a los cambios institucionales que están en trámite legislativo.

3. Proyecto Transparentemos (www.transparentemos.cl) | @transparentemos

El proyecto Transparentemos  busca que las organizaciones que participen en él se autorregulen  e incorporen a su gestión los principios de la transparencia activa y rendición de cuentas. Esto incrementará la legitimidad del sector,  permitirá alcanzar una mayor eficacia e impacto tras su gestión y así,  alcanzar más oportunidades de acceso a recursos del sector público y privado.

Transparentemos contempla construcción de estándares, en base al modelo Chile Transparente. También, tiene un plan piloto, donde se convocarán a 60 organizaciones sin fines de lucro para hacerse parte de esta experiencia. Por último, se emprenderán acciones con las distintas instituciones públicas y privadas.

4. Ciudad Viva (www.ciudadviva.cl) | @ciudad_viva

En el 2000 se fundó Ciudad Viva , su compromiso fue tomar el conocimiento adquirido durante la lucha de cinco años contra el primer gran proyecto de autopista urbana en Chile (Costanera Norte), que hubiera destruido la rivera norte del río Mapocho y todo su patrimonio tangible e intangible, y ponerlo a disposición de las comunidades urbanas en conflicto o que estén buscando jugar un rol más activo en la planificación, para construir barrios y ciudades más justas socialmente y sustentables ambientalmente.

Finalmente, Ciudad Viva busca el empoderamiento de los ciudadanos y especialmente sus organizaciones, los espacios colectivos donde se construyen consensos cruciales.

5. Consorcio por la Transparencia (www.consorcioporlatransparencia.cl)

El Consorcio es un grupo de organizaciones de carácter multidisciplinario que  través de su experiencia y conocimiento en materias de transparencia, participación ciudadana, acceso a la información y tecnología, busca facilitar el acceso real de los ciudadanos a la información, y monitorear a las diferentes instituciones públicas y privadas. Además, se preocupa de desarrollar acciones de educación, difusión y empoderamiento ciudadano en torno a estos derechos.

Dentro de las organizaciones, cuentan con la participación de: Corporación Participa, Fundación Pro Acceso, Fundación Pro Bono y la Fundación Ciudadano Inteligente.

6. Consejo para la Transparencia (www.consejotransparencia.cl) | @ctransparencia

El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información del Administración del Estado. Busca promover y cooperar en la construcción e institucionalización de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el derecho de acceso a la información pública de las personas.

7. Red de Transparencia y Acceso a la información (http://redintercambio.cplt.cl)

Es una red de intercambio entre organismos y entidades públicas que desarrollan supervisión en funciones de transparencia y acceso a la información pública. Esta red la conforman, el Ministerio Institucional de Transparencia y lucha contra la corrupción de Bolivia, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de México, la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, la Defensoría del Pueblo de Perú y el Consejo para la Transparencia de Chile.

Acá podrás enterarte que sucede no solamente en Chile, sino en otros países de América sobre el tema de transparencia y acceso a la información.

8. Gobierno Transparente (www.gobiernotransparente.cl)

En este portal se encuentra toda la información sobre transparencia de las entidades públicas. Dentro de las opciones que te da, puedes ingresar y ver datos de organismos públicos, sistema de compras, informes de ejecución presupuestaria, transferencias, actos y resoluciones, estructuras orgánicas, la dotación de personal de las distintas instituciones y la declaración de intereses de nuestras autoridades, entre otras opciones.

9. Chile Transparente (www.chiletransparente.cl) | @Ch_Transparente

Chile Transparente, combate la corrupción desde una perspectiva integral. Crea conciencia sobre los beneficios de la transparencia en las organizaciones públicas y privadas, y da a conocer los costos económicos y sociales que implica la corrupción.

Desarrolla proyectos que posicionan los valores de la transparencia y la probidad, y elabora herramientas y prácticas que permitan mejorar los niveles de integridad y acceso a la información de la ciudadanía.

Las actividades y acciones emprendidas por el organismo son financiadas por el aporte de socios individuales y de empresas cooperadoras, junto a las donaciones recibidas por proyectos específicos de parte de distintas entidades nacionales e internacionales.

10. Open Goverment Partnership (www.opengovpartnership.org/) | @opengovpart

El Open Goverment Partnership tiene por objeto asegurar el compromiso concreto de los gobiernos en promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para hacer que los gobiernos sean más abiertos, efectivos y contables. Otra tarea, consiste en apoyar la participación ciudadana de todas las personas, por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas.

 

Y además, no dejes de visitar la página de nuestra fundación: www.ciudadanointeligente.org

 

Más de mil millones han costado los operativos para detener el incendio de Torres del Paine

Por Francisco del Campo | Comunicaciones FCI

La suma de $1.147.984.473 pesos le costó al Estado detener el incendio forestal de Torres del Paine, que dejó una gran pérdida en parte del sector de Olguín de la reserva nacional de la Región de Magallanes.

Para saber esto, El Vaso realizó una solicitud de información pública a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a través de la plataforma “Acceso Inteligente”, herramienta de la Fundación Ciudadano Inteligente que permite solicitar datos públicos a los organismos del Estado de una manera más simple y directa. La respuesta dada en definitiva por la Onemi mostró cuánto fueron los gastos incurridos para solucionar el incendio de Torres del Paine hasta el 3 de febrero.

El incendio comenzó el 27 de diciembre del pasado año después que un turista israelí prendiera fuego a un papel higiénico. Los gastos para contener el desastre que consumió 17.606 hectáreas del parque nacional han sido para contratar aeronaves, equipamiento de operaciones, combustible, y el traslado de personas y elementos.

El arriendo de aeronaves de combate de incendio especiales para las condiciones meteorológicas de la zona fue lo más costoso de todo el proceso, alcanzando la cifra de $656.731.956 pesos. Esto además de todo el combustible que se tuvo que usar para estas aeronaves que tuvo un costo de  $46.868.979 pesos.

Hasta 900 personas se encontraron intentando detener el fuego en el momento de mayor complejidad de la operación, señaló a la prensa el director de la Conaf en Magallanes, José Fernández. Entre ellos habían brigadistas de la Conaf, bomberos, personal de las fuerzas armadas, brigadas forestales del Ejercito de Chile, además de brigadistas extranjeros (principalmente de Argentina y Uruguay) que llegaron a colaborar.

Para todos estos servicios que corresponden a los gastos de logística el Estado desembolsó $351.907.873 pesos. Estos se desglosan en el desplazamiento de las brigadas, el alimento para ellos, sus respectivos equipamientos,  la habilitación de albergues, entre otros.

Otro gasto importante fue el del traslado de las personas que se encontraban en el sector del incendio, que incluso significó la evacuación emergencia por los servicios nacionales de más de 400 turistas. Todas estas asistencias le costaron a la Onemi $48.896.501 pesos.

El resto de los gastos se desembolsaron tanto en combustible para otras maquinarias, lo que costó $40.040.354, como para el traslado de elementos que la Onemi no especifica, que tuvo un costo de $3.538.810 pesos.

En definitiva, todo el operativo para detener y solucionar el incendio forestal de 17.606 hectáreas en Torres del Paine le significó al Estado $1.147.984.473 pesos.

Ministerio Público: Entre la eficiencia y la eficacia

Por José Francisco García.

La puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal implicó la completa transformación de la justicia penal en distintos planos: oralidad, información, gestión, derecho a defensa, etc. Lo anterior conlleva un cambio de paradigma desde un sistema de justicia criminal inquisitivo a uno moderno que busca equilibrar eficiencia en la gestión de la justicia con garantizar un debido proceso tanto a imputados como a víctimas, lo que ha contribuido a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país.

El nuevo esquema penal, desde la mirada de las políticas públicas, cuenta como principio rector uno económico, el de eficiencia, el cual implica reconocer el problema más profundo de la escasez y que se traduce en el uso racional del recurso “sistema judicial” en la persecución penal, lo que importa generar diversos mecanismos de “filtro” -lo que se conoce genéricamente como el principio de oportunidad- que buscan desechar aquellos casos que por determinados motivos relevantes no conviene socialmente sean procesados por el sistema.

Sin embargo, en el derecho una idea tan elemental como esa era desconocida e incluso, en el proceso de reforma misma, combatida. Choca frontalmente contra ella el llamado principio de legalidad, en torno al cual se estructuraba el sistema procesal penal, según el cual, el Estado se compromete a investigar y sancionar todos los delitos que se cometen en el país. Ello no puede sino ser una simple declaración, desprovista de cualquier posibilidad práctica de materializarse, ante la escasez de recursos a que no hemos referido.

En efecto, el nuevo esquema ha venido a sincerar de alguna forma lo que sucedía en el sistema antiguo: se conocían y tramitaban todas las causas ingresadas, se citaba a las víctimas, se realizaban una gran cantidad de diligencias probatorias, y al final del día, y tras años de investigación infructuosa, la causa terminaba sin éxito alguno, bajo la figura del sobreseimiento, habiendo perdido la sociedad recursos valiosos en el proceso, en causas que jamás verían un resultado exitoso por falta de pruebas u otros elementos de juicio que fueren suficientes para un juez.

Congruentemente con  la imposibilidad e inconveniencia de dar respuesta judicial a todos los delitos, el nuevo sistema que se ha propuesto en forma explícita reconoce una serie de salidas para poner término anticipado a los procesos. Para extraer los mayores beneficios de las salidas alternativas, se ha buscado que sean adoptadas en la fase más inicial del proceso en que ello sea posible, evitándose incurrir en gastos innecesarios. En este sentido, la racionalidad económica del nuevo sistema, llega a su máxima expresión en los términos facultativos entregados al Ministerio Público, y de entre ellos, en particular, el archivo provisional.

Sin embargo, el buen o mal uso de este instrumento es fundamental en el nuevo sistema, porque si bien se basa en la necesidad de racionalizar recursos en la persecución criminal de aquellos casos en que existe una alta probabilidad de presentar un buen “caso” ante la justicia, genera los incentivos para archivar casos que sí podrían ser presentados a la justicia si existiese un esfuerzo adicional en términos de labor investigativa y de búsqueda de pruebas por parte de los fiscales.

Y es que actualmente la política criminal (política de persecución penal) del Ministerio Público no es explícita, y los criterios existentes en materia de persecución no tienen como meta reducir la criminalidad. A lo anterior se suma lo que parece una dificultad adicional –que eventualmente puede convertirse en una ventaja-, de carácter institucional cual es la existencia  de dos niveles en la determinación de la política de persecución criminal en el Ministerio Público: nacional y regional.

Así las cosas, mientras los términos facultativos, en general, y en particular el archivo provisional, tienen un profundo sentido de racionalidad económica para hacer más eficiente el recurso “persecución criminal”, lo que es un avance fundamental y positivo desde la mirada de las políticas públicas judiciales; la evidencia muestra la total divergencia de los estándares de aplicación a nivel nacional de este instrumento, tanto cuando se observa su aplicación entre las diferentes Fiscalías Regionales como cuando se analiza su uso por tipo de delito.

Resolver esta cuestión es fundamental para la consolidación de la Reforma Procesal Penal y las nuevas instituciones vinculadas a ésta, tanto desde el punto de vista de la legitimidad social y la confianza de las personas en el nuevo sistema, como de las consecuencias en términos del efecto disuasivo del sistema sobre potenciales delincuentes.

Un partido por el cambio

Por Víctor Jaque.

Carlos Larraín e Ignacio Walker (uno, presidente de RN y el otro, timonel de la DC) “movieron” todo el tablero político con una jugada que muchos califican de audaz, ya que responde con celeridad el llamado del presidente Sebastián Piñera a “ponerse de acuerdo” en un proyecto que permita realizar modificaciones de fondo al sistema político nacional, tocando un punto sensible para el ala más derechista de la derecha criolla, o mejor dicho, el leiv motiv de la UDI en su conjunto: el sistema binominal.

Para otros, es simplemente una afrenta pensada por los personeros del partido de la estrella contra sus históricos socios “populares” que busca lograr un doble efecto comunicacional: quedar como un partido capaz de dialogar con cualquiera y tolerante con ideas foráneas a su sector. La UDI, precisamente, es todo lo contrario a esos preceptos.

Lo cierto es que Larraín y Walker estaban viviendo hasta hace unos días situaciones muy complejas dentro de sus respectivas colectividades, casi a la altura de ser relegados a un carácter “instrumental”, como lo fue para la derecha en las elecciones pasadas ChilePrimero o como siempre lo es el PPD en la Concertación.

RN, más allá de tener un proceso de disidencia fuerte, con un ala liberal que cuestiona – y cuestionó – abiertamente el liderazgo y estilo conservador del senador Larraín, tiene el gran problema de vivir a la sombra de la UDI, el autodenominado “partido popular”[1]. El presidente fue militante de la tienda de Antonio Varas (por estatutos tuvo que renunciar antes de usar el sillón de O’higgins), pero el gremialisto poco a poco instala temas, modifica la agenda o traba cualquier iniciativa contraria a sus intereses, incluso en contra de la voluntad del partido de Piñera.

La Democracia Cristiana no lo pasa mejor bajo el arcoiris de la Concertación. De ser el partido del primer presidente post-dictadura, su última experiencia electoral en el ámbito presidencial dejó muchos heridos. Walker tomó un partido debilitado meses después de la derrota de Eduardo Frei[2] y poco a poco debió recomponen confianzas, tratando de retomar un sitial que los socialistas saben llevar y canalizar, el de representar en su bandera de lucha las demandas sociales.

Cuando se aproximaba un clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, Rodrigo Meléndez y Diego Rivarola (el primero blanco y el segundo azul) buscaban alguna manera de ser amonestados con tarjeta amarilla. Esto, los hacía quedar suspendidos por una fecha, pero era el costo asumido para no perderse el derby del fútbol chileno, estando ambos en cancha desde el pitazo inicial.

Larraín y Walker estaban en la cornisa y maniobrando con muy poco margen en sus respectivas colectividades. Son y serán criticados por mucho tiempo por este acuerdo marco (aunque no prospere), pero ya quedaron a la vanguardia, aplacando los deseos de cambio de sus corrientes internas y asegurando su presencia desde el primer minuto para el clásico que ambos jugarán, aunque en veredas opuestas (aún): hay elecciones municipales y a la vuelta de la esquina está la votación que buscará al sucesor de Sebastián Piñera.

El que se arme un nuevo pacto político es muy poco probable, aunque RN y la DC sí tienen muchos tópicos en común. Primero, tienen que ordenar la casa antes de invitar a los vecinos a pasar.

 

Rayo X Político

* Al responder el cuestionario algunos parlamentarios escogieron más de una alternativa, por lo que aparecen en más de una respuesta.

Diputado Jorge Burgos  (DC)	Diputado Enrique Accorsi (PPD)
Diputada María Antonieta Saa (PPD)	Diputado Patricio Hales (PPD)
Diputado Marco Antonio Núñez (PPD)	Diputado Ramón Farías (PPD)
Senador Eugenio Tuma (PPD)	Diputado Patricio Vallespín (DC)
Diputado Marcelo Díaz (PS)	Senador José Antonio Gómez (PRSD)
Diputada Marcela Sabat (RN)	Senador Antonio Horvath (RN)
Diputado René García (RN)	Diputado Felipe Salaberry (UDI)
Diputada María Angélica Cristi (UDI)	Diputado Jorge Ulloa (UDI)
Diputado Edmundo Eluchans (UDI)	Diputado Eugenio Bauer (UDI)
Diputado Ignacio Urrutia (UDI)

Rayo X: Marcelo Díaz

Diputado Jorge Burgos  (DC)	Diputado Enrique Accorsi (PPD)
Diputada María Antonieta Saa (PPD)	Diputado Patricio Hales (PPD)
Diputado Marco Antonio Núñez (PPD)	Diputado Ramón Farías (PPD)
Senador Eugenio Tuma (PPD)	Diputado Patricio Vallespín (DC)
Diputado Marcelo Díaz (PS)	Senador José Antonio Gómez (PRSD)
Diputada Marcela Sabat (RN)	Senador Antonio Horvath (RN)
Diputado René García (RN)	Diputado Felipe Salaberry (UDI)
Diputada María Angélica Cristi (UDI)	Diputado Jorge Ulloa (UDI)
Diputado Edmundo Eluchans (UDI)	Diputado Eugenio Bauer (UDI)
Diputado Ignacio Urrutia (UDI)