289.692.417.254, no es ni un número de llamado al extranjero, ni los minutos que hay en un año, esa es la cifra en pesos de lo que en promedio el Gobierno gasta al año en mantención de servicios básicos para los estudiantes de la educación pública.
Gracias a una solicitud de información pública realizada por El Vaso en la plataforma Acceso Inteligente, de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva, se pudo conocer cuánto gastó el Gobierno el 2011 en entregar alimentación, útiles y computadores a los escolares de la educación pública.
En útiles escolares el Estado desembolsó el 2011 un total de $2.954.725.523 para 1.212.125 escolares, es decir, por cada estudiante se invirtió $2.437 pesos para sus útiles. La región en la que más se gastó en este ítem fue la Metropolitana, dado su mayor número de colegiales, donde para 398.364 estudiantes se destinaron poco más de $932 millones de pesos. Mientras que en la región que menos dinero se gastó fue en la de Magallanes que recibió $17.712.620 pesos para 7.060 alumnos.
En cuanto a la comida, la Junaeb no especificó la cantidad de estudiantes que reciben este beneficio, pero sí mostró los montos gastados por el Estado en este servicio durante el mes de noviembre del pasado año, tomándolo como mes referencial. El total de $30.148.701.009 pesos fue lo que se invirtió en el penúltimo mes del 2011 para entregarles alimentación a los escolares de la educación pública.
La entrega de esta alimentación, que consiste en desayuno y almuerzo o sólo este último – dependiendo del recinto- y que les proporciona a los jóvenes entre 700 a 1000 calorías, costó poco más de 8 mil millones de pesos para los alumnos de Media, $18.515.270.832 para los alumnos de Básica, $1.718.786.985 para los de Kinder, mientras que para los de Pre kínder se desembolsó mil millones y medio de pesos.
En definitiva, si consideramos 9 meses de asistencia escolar, se puede decir que para entregar alimentación en la educación pública el Estado gasta $271.338.309.081, algo así como US$542 millones de dólares.
Además de los útiles y la alimentación, el Gobierno ofrece una iniciativa llamada “Yo elijo mi PC” la cual consiste en premiar con un computador de regalo a los alumnos de 6° Básico que tuvieron mejor rendimiento y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. Estos aparatos tecnológicos se escogen a partir de un catálogo que el Gobierno ofrece donde se encuentran diversas marcas con distintas capacidades de funcionamiento.
El programa lleva tres años y 150 mil escolares ya han recibido su PC. Este año 59.334 estudiantes fueron escogidos para recibir este beneficio lo que le significará al Estado $15.399.382.650 pesos. De estos casi 31 millones de dólares la Región Metropolitana es la que se lleva mayor parte, con 4 mil millones y medio de pesos, dado a sus 16.756 alumnos que clasificaron para el premio. De tras lo siguen la VIII Región con 9.169 estudiantes recompensados y la V Región con 5.858 de estos alumnos. Por su parte, la región con menos escolares premiados fue la de Aysén, que tuvo 361 colegiales clasificados para el beneficio, lo que al Estado le costará $97.127.772 pesos.
En definitiva, si se consideran los gastos por alimentación de 9 meses, más lo desembolsado por útiles escolares, y el programa “Yo elijo mi PC”, el Estado gasta al año en estos servicios de mantención para los alumnos de la educación pública $289.692.417.254 pesos, cerca de US$ 579 millones de dólares
Por Francisco Luco.
Con el apogeo en los últimos años de colectivos como Wikileaks, Anonymous y Lulz Security, la información más reservada, sea que se encuentre custodiada por el gobierno o algún ente privado, se encuentra al alcance de la mano de cualquiera y tan accesible como las informaciones tradicionales que entregaría un medio de prensa convencional.
Si bien es cierto que estas agrupaciones mantienen algunas diferencias sustanciales entre ellas, existe asimismo una serie de rasgos comunes y visión compartida que les ha permitido en más de alguna ocasión trabajar en conjunto.
Sin embargo, el problema que aparece con el apogeo del acceso a la información, la proliferación de este tipo de colectivos y el trabajo llevado a cabo, es que la barrera que separa entre la legitimidad para conocer de los datos públicos y lo que de plano podríamos calificar como un robo de información o vandalismo digital, se vuelve cada vez más difusa.
Hace sólo un par de semanas el FBI informaba que, gracias a antecedentes provistos por el propio líder de Lulz Security, Héctor Xavier Monsegur, alias Sabu (quien había sido arrestado a mediados de 2011), cinco de sus compañeros de fechorías fueron detenidos.
Desde luego la actitud del informante fue calificada en círculos virtuales como una de las más deleznables que puedan verse en el entorno del llamado “hacktivismo“. En efecto, esta clase de perfidia no suele ser el espíritu general que se aprecia en comunidades tan grandes como las mencionadas; las que, en cambio, se caracterizan –suponemos– por valores como la lealtad o la existencia de alguna consigna contra un enemigo común que no admite debilidades, quebrantamientos ni divisiones.
Miles de usuarios anónimos se lanzaron en picada a las secciones de comentarios en blogs de habla inglesa e hispana, desatando su odio y dejando entrever que Héctor Xavier Monsegur merecía las penas del infierno por haber proporcionado al FBI la información que —se espera— ayudará a dar un término más o menos definitivo a la historia de esta organización. Pero lo interesante es que no se trató de una actitud de reproche que se limitara a hacktivistas o hackers; por el contrario, se generó una especie de sentimiento comunitario y de empatía que se extendía a cualquier usuario de Internet que se preciara de ser amante de la tecnología y la libertad de información.
El problema sobre el que no muchos se habían detenido a pensar, sin embargo, es que (a riesgo de decir algo que de políticamente correcto nada tiene) en el caso particular de Lulz Security nos enfrentamos a una organización que parece estar mucho más cercana a la criminalidad cibernética que a una legítima lucha por el acceso a la información. Después de todo, no podemos ni debemos perder de vista que fue Lulz Security la organización que se vanaglorió de, por ejemplo, haber robado en 2011 cientos de miles de nombres de usuario, contraseñas y números de tarjeta de crédito de la base de datos de Sony.
Ahora, ¿cuál es el bien al que aspiramos o el beneficio que la comunidad obtiene cuando un grupo de hackers (sí, sabemos que el sentido original de esta palabra dista bastante del que se utiliza hoy en día, pero sencillamente nos acoplaremos a la convención) se dedica a robar datos que, además, podrán ser utilizados posteriormente para fines aún menos loables?
Un caso menos extremo, pero igualmente ilustrativo, es la última hazaña de Wikileaks, la que, en asociación con Anonymous, se hizo de nada menos que cinco millones de correos electrónicos pertenecientes a la firma privada de análisis Strategic Forecasting, una serie de datos que fueron derechamente robados por Anonymous (ente cuya supuesta falta de jerarquía y organización difícilmente puede ser sostenida hoy en día) el pasado mes de diciembre.
Como explican los medios de prensa, empero, ésta no fue la primera oportunidad en que Wikileaks filtra información que reviste el carácter de privado en vez de público. Y no puede dejarse pasar lo relevante que es diferenciar entre una cosa y la otra.
Asumiendo que –al menos desde un punto de vista formal– el acceso a la información pública que ostenta el gobierno –cuya obtención no ha sido autorizada– reviste cierta ilegitimidad, se subentiende que prima, no obstante lo anterior, una suerte de legitimidad material: la de los gobernados por conocer la verdad deliberadamente ocultada (y no pocas veces tergiversada) en manos de quienes han sido democráticamente elegidos.
El caso de Stratfor, sin embargo, es distinto. Se trata de informes de análisis que, si bien versan sobre temas globales y tan importantes como la seguridad nacional y prospecciones socio-económicas, a fin de cuentas han sido encargados en un ámbito de competencia amparado por la intimidad y privacidad que merece cualquier relación laboral o de prestación de servicios. Poca diferencia hay, entonces, entre este caso y la intrusión en la casa de un vecino para revisar su correspondencia y obtener información que lista y llanamente no reviste el carácter de público, por muy interesante que aparezca.
Arrogándose una legitimidad que nadie les ha concedido, grupos como Anonymous, que aparentan jugar el papel de alguna clase de partisanos de la nueva era digital y asumir con más seriedad de la necesaria el rol de V en la novela gráfica de Alan Moore y David Lloyd, saltan de sitio en sitio dedicándose no sólo a botar servidores, sino a conseguir información que poco o nada tiene que ver con lo que las sociedades del siglo XXI necesitan.
Desde luego esta falta de legitimidad política o social se ve suplida por la ostentación de un poder casi incontrarrestable: el del conocimiento técnico requerido para dejar en ridículo a las agencias de seguridad de Estados Unidos y los órganos de seguridad de las distintas multinacionales cuya información ha sido robada con la misma facilidad que se le quita un dulce a un bebé. Se trata de pseudo-héroes que por el poder que se han conferido a sí mismos, pueden permitirse el lujo de transgredir normas y obrar en provecho propio. Luego, como en ese clásico argumento dramático (al borde del cliché) del que se han valido algunas historias de ficción, la que parece escribirse acá es la de una legión de rebeldes que, intentando derrocar al gobierno represivo de turno, termina convirtiéndose en un régimen fascista igual o peor que el saliente. O por decirlo de una manera más simple, el remedio termina siendo peor que la enfermedad.
En este momento los ojos ciudadanos miran con escepticismo, sobre todo después de las agitaciones sociales que se han verificado en los últimos años, las acciones y omisiones de los gobiernos. Sin embargo, una visión auténticamente crítica debe pregonarse no sólo respecto de determinados grupos de personas, sino como actitud y casi filosofía de vida; de lo contrario, sencillamente no podemos clamar por libertad. Y es que, como afirmaba el escritor argentino José Pablo Feinmann, “no hay libertad si no está alimentada por la crítica”.
Es importante tener las cosas claras, pues se supone que la luz al final del túnel es una democracia representativa más justa, abierta y transparente, y no una especie de anarquía épica con ribetes de romanticismo, como las que suelen mostrar historias tipo V for Vendetta.
Por José Ignacio Vial.
Gran revuelo ha generado la construcción de mall de Castro durante las últimas semanas. Múltiples fotos, columnas, cartas al diario, opiniones de arquitectos, entre otras, han denunciado la situación que se vive en la ciudad de Chiloé.
Y es que las razones que tiene la gente para estar molesta son muchas: la destrucción de la armonía arquitectónica, la desobediencia a la autoridad y a las condiciones en que se autorizó la construcción, planes reguladores hechos a la medida de los cuestionados dueños, la falta de aprecio por la identidad y la cultura del lugar, el colapso al que estamos sometiendo a nuestras urbes por la falta de planificación, el poco cuidado de los cascos históricos de nuestras ciudades, y un largo etcétera. Además, para echarle más bencina al fuego, lamentablemente quienes están detrás, el grupo Pasmar S.A., ya ha sido protagonista de situaciones similares en la región (Mall de Pto. Montt y la controvertida construcción del mall de Pto. Varas), donde han sido denunciados por una serie de irregularidades, como los problemas que han tenido con los trabajadores de sus supermercados, la construcción de publicidad en lugares públicos sin los permisos correspondientes y violación sistemática de normas para la descarga de productos de sus empresas.
Pero, sin perjuicio de lo anterior, hay dentro de las múltiples opiniones y declaraciones, una cosa curiosa y que no nos debería dejar de llamar la atención: el hecho de que fuera la gente de Santiago la que inició esta campaña de oposición. Porque mientras en la capital el asunto copaba diarios, inundaba las redes virtuales y se transformaba en tema de conversación, los habitantes de Castro poco y nada de ruido habían hecho hasta ese momento. El único reclamo efectuado había sido la orden de paralizar la obra por parte del municipio por la infracción al permiso aprobado (exceder cuatro pisos respecto de la altura permitida), que además no había producido efecto alguno. Fue dramática la indiferencia, que hasta ese minuto, mostró la comunidad, porque de no haberse publicado la famosa foto, probablemente el edificio se habría construido, sumándose con ello a las aberrantes experiencias de San Antonio y Puerto Montt, en donde obras similares se hicieron a vista, paciencia y silencio de todos. Total, hecha la construcción e infringido el permiso otorgado, pensarán sus dueños, a lo más les cursarán una multa. A nadie se le podría cruzar por la cabeza una demolición, aún cuando es lo que corresponde.
Pero con el correr de los días la discusión ha ido decantando y los cuestionamientos han comenzado a apuntar más al tamaño, diseño, modo y lugar en que se está construyendo el mall, que al hecho de construirlo, porque al final del día, los chilotes quieren el mall. En Castro, donde la lluvia, el frío y el barro limitan las actividades recreativas de sus habitantes, el invierno dura ocho meses y las grandes ciudades se encuentran a varias horas de camino, lo ven como algo que les va significar realmente una mejora sustancial en su calidad de vida, lo cual, no puede en caso alguno dar pie, (como se pretende por unos) para que quienes construyan estos edificios hagan lo que quieran, como quieran y donde quieran, pasando a llevar normas, entorno, cultura, arquitectura y otros tantos elementos de la identidad del lugar.
Claramente la necesidad está, y ésta existe en la mayoría de los casos en que se opta por desarrollar estos proyectos, por lo que más que negarse a construir malls, la verdadera solución pasa por lograr un cambio de mentalidad en quienes los edifican y sus dueños. Cambios que son posibles y ya se han implementado en lugares tan conocidos como Espacio M (esquina de Morandé con Compañía), donde se logró conjugar la modernidad de un centro comercial con la tradición de la fachada del antiguo edificio que había.
Estos cambios, a fin de cuenta, son indispensables para terminar con la mentira de que el progreso y la creación de fuentes de trabajo exigen dejar profundas marcas que manchan de forma definitiva nuestras ciudades y destruyen sus identidades. Por lo mismo urge que los dueños e inversionistas de los proyectos se hagan cargo de este problema, porque si no son ellos quienes se den cuenta de que no sólo se trata de tamaño, pisos y plata, seremos todos los que seguiremos viendo como día a día en las ciudades costeras de nuestro país, la canción que dice sentados frente al mar es reemplazada por una nueva que dice sentados frente al mall.
Por Eliana Claro
Durante los últimos días se presentó en la prensa el caso del Fiscal Hardy Torres, de la Fiscalía de Pozo Almonte en la Región de Tarapacá, a raíz de la sobrecarga laboral que presenta con 3.852 causas y 70 juicios orales al año y sin nadie que lo pueda reemplazar. Al respecto la Fiscalía Nacional dio a conocer la información sobre los 10 fiscales que presentan mayor carga de trabajo en nuestro país, con un rango entre 5.627 y 3.382 causas y un promedio de 3.900 causas por cada uno.
Sin duda, estos datos han sido sorprendentes y se han traducido en hechos relevantes. Por una parte, la Fiscalía Nacional ha dispuesto como medida transitoria que 8 fiscales de las distintas regiones del país se trasladen durante un mes a la Fiscalía de Tarpacá con el objetivo de apoyarlos y mejorar esta situación cuasi colapso. Por otro lado, el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior se han comprometido con el Fiscal Nacional a enviar un proyecto de Ley de fortalecimiento del Ministerio Público durante el mes de Abril.
Desde hace ya bastante tiempo, el Ministerio Público ha presentado su Plan de Fortalecimiento, elaborado el 2008 y evaluado en US$ 80 millones, buscando hacer frente a la sobrecarga de trabajo que estaría enfrentando y a las demandas de mayor especialización y efectividad de su labor. Para esto, el plan cuenta con 4 componentes: la creación de una Fiscalía Supraterritorial de Criminalidad Altamente Compleja; una política de ajuste por criminalidad compleja y menos compleja que busca reforzar las Unidades de Tramitación de Casos Menos complejos (TCMC), una mejora en la atención a usuarios (Call center y Contact center) y, por último, la generación de “modelos de control” en la suspención condicional del procedimiento, que entreguen un registro actualizado y permanente de las sanciones impuestas en el medio libre.
Creo que es importante considerar que, dada la relevancia que posee el Ministerio Público dentro de la cadena de persecución penal, al ser el monopolio de la acción penal pública y al ser el ente a cargo de la investigación policial y decisorio frente a quienes se presentan al sistema judicial (y pueden por lo tanto ser objetos de condena), es necesario enfrentar el problema que hace meses viene reclamando y fortalecer sus debilidades.
Por otro lado, no cabe duda de que el plan presentado por la Fiscalía Nacional tiene objetivos positivos y socialmente deseables. Sin embargo, en economías donde los recursos públicos son escasos, debemos buscar la optimización de estos, invirtiendo en aquello de mayor “rentabilidad” para la sociedad. Es por ello que debemos plantearnos que medidas son las realmente necesarias y óptimas de ser aplicadas y cuáles son posibles de obtener mediante una mejor distribución de los recursos actuales, tanto presupuestarios como humanos.
Es una realidad que existe sobrecarga de trabajo en muchas de las fiscalías, que la dotación del Ministerio Público en tiempos de la reforma Procesal Penal se fijó en 1.000 causas por fiscal, lo que en la actualidad equivaldría a unas 2.000 causas. Sin embargo, si debemos considerar que tal como en algunos casos la carga llega casi a 4.000 causas por fiscal, también se da el hecho que casi un 80% de los ingresos del Ministerio Público va directamente a las TCMC, unidades administrativas, encargadas de aplicar algún término facultativo rápido y en casos excepcionales, ahondar en una mayor investigación para terminar en manos de un fiscal. Bajo esta perspectiva, y considerando también la propuesta de una fiscalía supraterritorial encargada de los delitos de alta complejidad, debemos cuestionar la posibilidad de reasignaciones internas, ya sea entre fiscales o desde funcionarios de Fiscalía Nacional.
Respecto a las TCMC, fortalecerlas puede ser beneficioso si esto se traduce en una mayor capacidad investigativa y mayores salidas judiciales de calidad. En cuanto a las suspensiones condicionales del procedimiento, independiente de la forma o el modelo, es esencial un control adecuado que disminuya los niveles de impunidad, sobre todo porque el 2011 constituyeron un 17% del total de términos, superando incluso a la sentencia definitiva condenatoria.
Por último, creo importante mencionar, que independiente del proyecto que se presente, o los componentes que se decida fortalecer, es relevante vincular las mayores entregas de recursos a mayores compromisos o indicadores de impacto que se traduscan en una persecución más eficaz.
Por:
Marco Enríquez-Ominami – Presidente Fundación Progresa
Dr. Rodrigo Martínez Peric – Coordinador Programático de Salud – Fundación Progresa
La mayor parte de los estudios que comparan los precios de los medicamentos en el mundo, concuerdan en que existe una relación directa entre el valor de estos y el poder adquisitivo de cada país.
Esta regla general no se cumple en Chile, donde el valor de los fármacos es proporcionalmente mayor al ingreso promedio, y el consumo per cápita es significativamente menor, que en naciones de similar producto interno bruto. (Danzon, Furukawa: Prices and Availability of Pharmaceuticals: Evidence from nine countries, Knowledge@Wharton).
De los socios que integran el club de naciones neoliberales OCDE, nuestro país es el único, con una Autoridad Sanitaria sin las herramientas necesarias para certificar la calidad de los medicamentos y controlar su comercio.
El sobre precio de las medicinas en Chile, indudablemente castiga al segmento más vulnerable de la población. Mientras el sector acomodado realiza un gasto de farmacia menor al 2% del ingreso promedio familiar, este mismo ítem, puede significar alrededor del 11% de la entrada en un hogar de nivel socioeconómico bajo.
Esta indiscutible distorsión tarifaria local, tiene como responsable principal al propio Estado, que a comienzos de los 80, sentó las bases de un sistema articulado por una triada nefasta: libertad de precios, legitimación de un oligopolio abastecedor, y una autoridad incapaz de hacer cumplir una fragmentada y disfuncional normativa.
Durante la dictadura militar las farmacias fueron desvinculadas de la organización sanitaria, sometiéndolas a un ordenamiento de tipo económico comercial. Sin embargo, las condiciones existentes eran distintas de las actuales, pues existía un mercado comercializador abierto, y una Autoridad Sanitaria que contaba con un moderador tarifario de gran eficiencia: el Formulario Nacional del Laboratorio Chile; una canasta básica de medicamentos genéricos de primera calidad, a precios asequibles.
En los tiempos que siguieron, el Estado extravió el objetivo fundacional del Laboratorio Chile, transformándolo en un elaborador farmacéutico más, permitiendo que el sector de abasto, impulsado por los fondos de pensiones, adquiriera una concentración inaceptable.
El resultado era previsible…
El 92,5% del mercado farmacéutico chileno fue acaparado por 3 grandes cadenas comerciales, las que instauraron un mono formato de venta, en el cual los medicamentos fueron inmersos en una amplia gama de productos y servicios, que incluyeron desde cosméticos hasta comida chatarra; estacionamientos gratis y crédito automático, administrado por el mismo vendedor. Obviamente todos los incentivos fueron puestos en la venta de los productos rentables. La prevalencia de un criterio puramente comercial, provocó que algunos preparados farmacéuticos de gran efectividad, pero que representaban una menor ganancia para el vendedor, desaparecieran de la Farmacopea Nacional. Asimismo, la oferta de genéricos, fue artificialmente restringida para no perjudicar la venta de medicamentos de marca, lógicamente más rentables.
La antigua botica dio paso a unidades económicas donde todo puede ser transado. La venta selectiva de determinados productos farmacéuticos premia al vendedor que la efectuó. La tentación es grande, se cuenta con las bases de datos que relevan las enfermedades de las personas, los medicamentos que receta cada profesional, como también la capacidad crediticia de los enfermos.
Así fue como, a nadie provocó extrañeza que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) comprobara en tribunales (TLC) el alza concertada de al menos 206 productos farmacéuticos de primera necesidad, atentando en contra del derecho a la salud de millones de chilenos, eso si, haciendo blanco específico en las exiguas pensiones de los adultos mayores, que padecen enfermedades crónicas.
Ante esta indesmentible problemática nacional, que afecta la calidad y cantidad de vida de la mayor parte de país, el Ministerio de Economía ha propuesto una insólita solución, consistente en un proyecto de ley – al que dará suma urgencia – que busca disminuir el precio de los medicamentos, liberalizando su comercio. La medida solo incluiría a los fármacos que actualmente pueden venderse sin receta médica.
La iniciativa legal del Ejecutivo no deja de ser curiosa. Por una parte, proviene de una cartera ajena a la fijación de políticas de salud, y por la otra, es manifiestamente contraria a la tendencia mundial, que apunta a establecer un férreo control en la fabricación y comercialización de fármacos. De todas formas, aunque extraña, retrata fielmente la institucionalidad vigente, en la que la salud, un derecho constitucional primario, es primero un bien de consumo.
El libre comercio de medicamentos, aunque estos no requieran receta médica para su expendio, ciertamente agravará la realidad sanitaria del país, donde la automedicación es un problema endémico; y las intoxicaciones farmacológicas, accidentales o voluntarias, están a la orden del día. La liberalización de “los sin receta”, dificultará además la labor del fiscalizador, que deberá redoblar los esfuerzos en orden a controlar la naturaleza de los medicamentos expendidos, como también, tendrá que certificar si los locales de venta reúnen las condiciones necesarias para exponer y almacenar medicinas.
A esta altura, es lícito preguntarse si la liberalización comercial de los sin receta, evitará que debamos pagar por las medicinas, los precios más altos de Latinoamérica. A primera vista la solución parece tan irracional como el ordenamiento que regula al sistema farmacéutico en Chile. Más aun, si se considera que la solución propuesta no apunta a corregir los vicios principales, es decir, un sector de abasto monopolizado por las cadenas farmacéuticas, que funciona cartelizado con los laboratorios productores.
La entrada del retail al negocio farmacéutico fue intentada hace una década, con el más rotundo fracaso. No obstante representar un gran poder comprador, los supermercadistas no accedieron a las tarifas preferenciales que los laboratorios otorgaban a las cadenas farmacéuticas.
La problemática que afecta al mercado comercializador de medicamentos, no se solucionará convirtiendo los supermercados en farmacias, de hecho las farmacias ya estaban convertidas en supermercados…
¿No es sospechoso que ninguna de las grandes cadenas farmacéuticas se haya opuesto a la liberalización de los medicamentos sin receta?
Ninguno levantará la voz, pues el nivel de interrelación comercial entre supermercadistas y farmacias de cadena es tan fuerte, que un diferendo menor, como es la disputa por los medicamentos sin receta, no es motivo suficiente para generar un diferendo entre gigantes económicos. Recordemos que el Retail y las farmacias de cadena podrían considerarse primos hermanos, pues tienen a las Administradoras de Fondos de Pensiones como progenitores, y ambos exhiben al crédito como el elemento central de su gestión comercial. También utilizan una plataforma inmobiliaria común, donde indistintamente son arrendadores o arrendatarios el uno del otro, en fin, grandes socios comerciales.
Con el objeto de solucionar la problemática anteriormente descrita, economistas y especialistas en salud vinculados la Fundación Progresa, en una propuesta en la cual la Autoridad Sanitaria recuperaría, a través de la Cenabast un rol regulador en el mercado de los medicamentos, tal como lo realizó el Laboratorio Chile en su momento.
El cambio supone que la Central Nacional de Abastecimientos aprovechando su gran poder comprador, surta de un amplio listado de medicamentos genéricos bio equivalentes, a una cadena de “farmacias populares” emplazadas en hospitales públicos y centros de atención primaria. A estos puntos de distribución podrían añadirse las farmacias privadas independientes. El nuevo sistema de comercialización propuesto, persigue mejorar la oferta de medicamentos genéricos, corrigiendo la distorsión existente en el mercado, actualmente controlado por las farmacias de cadena. El modelo busca replicar la exitosas experiencias de otros abastos farmacéuticos, tales como las farmacias semiabiertas que manejan corporaciones privadas como la Conac y la Asociación de Enfermos Vasculares, que comercializan medicamentos a tarifas muy por debajo de los valores de mercado.
La pasada Reforma del 2005, convirtió a la salud en un derecho jurídicamente exigible por las personas. El cambio supuso, que el Estado avalaría el cumplimiento de las garantías en salud establecidas por la ley. Sin embargo, esto no pasará de ser una declaración de buenas intenciones, si nuestra Autoridad Sanitaria adolece de herramientas efectivas que permitan asegurar a la población un abasto farmacéutico a precios razonables, y los tratamientos médicos garantizados, no cuentan con medicamentos de calidad certificada.
Por José Francisco García.
Cualquier interesado en las políticas públicas debe leer obligatoriamente el libro de 2008 de los entonces Profesores de la Universidad de Chicago, Richard Thaler y Cass Sunstein (que partiría a Harvard 6 meses para luego integrarse al gobierno Obama): “Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness” (Yale University Press, 2008; traducido como “Un Pequeño Empujón (Nudge)” por Taurus, 2009).
En éste, los autores desarrollan los principales aspectos de la denominada “economía del comportamiento” (behavioral economics) y su aplicación práctica en decisiones en políticas públicas y regulatorias en áreas tan diversas como salud, el crédito o el matrimonio. Es una crítica al corazón del pensamiento de la Escuela de Chicago.
La premisa central dice relación con los supuestos de la economía neoclásica en torno al agente racional: ¿cómo la “gente real” diferiría del homo economicus? Para los autores, las personas reales toman sus decisiones bajo condiciones de racionalidad limitada, una voluntad limitada, y un interés propio limitado.
En primer lugar, racionalidad limitada, una idea introducida originariamente por Herbert Simons, se refiere al hecho de que las habilidades humanas cognoscitivas no son infinitas. Bajo esta lógica, tenemos habilidades computacionales limitadas y memorias seriamente defectuosas. Las personas pueden responder sensatamente a estas debilidades; por tanto se puede decir que las personas algunas veces responden racionalmente a sus propias limitaciones cognoscitivas minimizando la suma de los costos de sus decisiones y el costo de sus errores. Para enfrentar nuestra limitada memoria hacemos listas. Para enfrentar nuestro limitado poder mental y tiempo utilizamos atajos y métodos prácticos.
Pero a pesar de remedios, y en algunos casos debido a estos remedios, el comportamiento humano difiere de manera sistemática de lo que predicen modelos económicos estándar con un comportamiento racional sin límites. Aun cuando la utilización de atajos mentales es racional, puede producir errores predecibles. Las salidas del modelo estándar pueden dividirse en dos categorías: juzgar y toma de decisiones. El juzgamiento en sí muestra el alejamiento sistemático de modelos con pronósticos confiables, y las decisiones frecuentemente violan los axiomas de la teoría de la utilidad esperada.
En segundo lugar, los agentes racionales tienen un poder de decisión limitado, esto es, los seres humanos muchas veces tomarían decisiones que saben están en conflicto con sus intereses de largo plazo. La mayoría de los fumadores dicen que preferirían no fumar, y pagan dinero para integrarse a un programa o para obtener una droga que les ayuden a dejar de hacerlo. Así como en la racionalidad limitada, muchas personas reconocen que tienen un poder de decisión limitado y toman medidas para mitigar sus efectos.
Finalmente, la idea de interés propio limitado, refleja que las personas se preocupan, o actúan como si se preocuparan, sobre los demás, incluso extraños, en algunas circunstancias. Para los autores, la noción es distinta del simple altruismo, que la economía neoclásica asume, y el límite opera de maneras diferentes de lo que sugiere una comprensión convencional. En muchos escenarios de “marketing” y de negociación (opuesto a escenarios no de mercado tales como las decisiones en legados), las personas se preocupan de ser tratadas justamente y desean tratar a otros justamente si esos otros se están comportando justamente. Como resultado de estas preocupaciones, los agentes en un modelo de comportamiento económico son más amables y (cuando no son tratados justamente) más rencorosos que los agentes postulados por la teoría neoclásica. Modelos formales han sido utilizados para mostrar como las personas enfrentan tanto la justicia como la injusticia”
Si bien a primera vista la propuesta es interesante y a ratos seductora; sólo lo es a primera vista; se trata al final de una nueva manera de defender el paternalismo. De hecho; los autores lo denominan “paternalismo libertario”, aunque de libertario no tenga nada.
Por Comunicaciones FCI.
La Fundación Ciudadano Inteligente elaboró un estudio que determina la congruencia entre el comportamiento legislativo del Ejecutivo y las promesas contenidas en el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
La investigación se puede ver directamente enwww.deldichoalhecho.cl y entre las principales conclusiones se puede señalar que el Programa de Gobierno tiene un cumplimiento de 24,4% en materia legislativa. Para Manuel Arís, Director de Vota inteligente de la Fundación Ciudadano Inteligente, “Más allá de la calificación de bueno o malo del 24% de cumplimiento, en lo que tenemos que avanzar es que los futuros candidatos a elecciones, de cualquier tipo, elaboren sus programas de gobierno con la intención real de implementarlos cuando hayan sido elegidos, para que los ciudadanos mejoremos la confianza en los políticos y dejemos atrás la idea de que los políticos se olvidan de sus promesas cuando llegan al poder”
Otra de las conclusiones relevantes obtenidas por FCI es la llamada “agenda alternativa”, donde podemos apreciar que el 69% de los proyectos de ley ingresados al Congreso por el Ejecutivo no tienen relación con el cumplimiento de alguna de las promesas contenidas en el Programa de Gobierno, lo que demuestra que no necesariamente éste ha significado una carta de navegación en materia legislativa. Este 69% excluye los proyectos de ley relacionados con la reconstrucción, los que representan el 8% del total de proyectos ingresados al Congreso en estos dos años de Gobierno.
Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente comenta al respecto, “Como hemos constatado en este estudio, un 71% de los proyectos de ley ingresados por el Ejecutivo al Congreso corresponden a la Agenda Alternativa, lo que, más allá de evaluar la pertinencia de estos proyectos, nos invita a reflexionar sobre cómo vincular lo prometido en campaña con lo que se hace durante la gestión, es decir, a que se establezca una relación proporcional entre lo dicho y lo hecho”
Al mismo tiempo, el estudio concluye que la administración Piñera ha ingresado al Congreso un 28% más de proyectos de ley que el gobierno de Michelle Bachelet en sus dos primeros años de mandato.
¿Qué es lo que se busca con este estudio?
La Fundación Ciudadano Inteligente, a través de estudio, deja en evidencia que en Chile se necesita:
- Mayor proporcionalidad entre lo prometido en los Programas de Gobierno y lo que se ejecuta desde la gestión pública.
- Un mecanismo para informar a la ciudadanía los cambios que se producen en la carta de navegación establecida en el Programa de Gobierno.
- Perfeccionar los mecanismos por medio de los cuales se informa sobre la gestión del Gobierno.
Te invitamos a revisar el estudio, formar parte del debate y revisar la metodología en http:www.deldichoalhecho.cl otro sitio de Ciudadano Inteligente.
Por Juan José Soto.
El año 1971, el premio Nobel de economía James Tobin, propuso crear un impuesto a las transacciones financieras con el fin de desincentivar la volatilidad de los mercados financieros, sus consecuencias en la economía, y la especulación de corto plazo sobre éstos. Durante cuatro décadas, la tasa Tobin sólo fue defendida por pequeños grupos antiglobalización, y parecía una de esas utopías condenadas a materializarse más en sueños que en la realidad misma.
El año pasado, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy empezaron a liderar con fuerza la materialización de esa utopía en sus países y la Unión Europea, logrando que se sumaran España e Italia, quienes profundamente afectados por la crisis han visto la necesidad de restringir la especulación en los mercados financieros o de commodities.
Durante años, grupos ambientalistas han denunciado la degradación acelerada de nuestro medio ambiente, y la necesidad de buscar nuevas alternativas energéticas. A pesar del alto costo, países como Alemania y España, han decidido empujar con fuerza la generación de energía solar y eólica, convirtiendo esta cuestión en una decisión estratégica y en un plan de futuro con miras a nuestros hijos y no a nuestro tiempo terrenal.
Esta semana en Chile, un humorista pedía educación gratuita y de calidad, frente a millones de personas, y un cantante leyó una carta al presidente Piñera donde solicitaba que dejara a los jóvenes soñar.
¿Qué estén buscando los mas de 4 millones de personas que recientemente se sumaron a los padrones electorales y tendrán derecho a sufragar en las próximas elecciones? Es tal vez una de las grandes incógnitas.
Los comicios presidenciales del 2013, serán, por primera vez en muchos años, elecciones donde el peso de la propaganda y los lugares comunes como “mejor educación”, o “mejor salud”, perderán peso frente a la necesidad de los electores de escuchar nuevos sueños y nuevos discursos, que enfrenten el futuro y no solamente el presente.
Si bien en estos dos años de Gobierno de la Alianza se han sacado varios proyectos de ley adelante, el ministro Pablo Longueira tiene razón al insistir que a la administración Piñera le falta de relato. Es decir: el para qué, el para dónde vamos, por ejemplo con un postnatal de seis meses.
En un barco puedes trabajar todo el día, subir y bajar las velas varias veces, mover el timón otras tantas, incluso hasta no dormir, pero si no sabes para donde vas, es probable que termines en el mismo puerto desde el que zarpaste.
Hoy en Chile hay más de 4 millones de “huérfanos” con derecho a voto que buscan un líder que sea capaz de llevar adelante una reforma tributaria profunda y redistributiva, en busca de un modelo integral de sociedad mas equitativo. Alguien que sea capaz de cambiar la matriz energética de manera audaz y ambientalmente sustentable, porque nuestros jóvenes y nuestros hijos lo exigen. Que a su vez sea capaz de enfrentarse y terminar con la influencia del dinero de un puñado de empresas en la política chilena. Que también invite a soñar a los chilenos con una nueva Constitución para los próximos 100 años y lograr un sistema político mas representativo. Un líder que promueva una generación de emprendedores comprometidos con el bien de la sociedad y no solo con sus accionistas.
Chile busca un líder con urgencia. Una brújula que nos diga hacia dónde ir. Pero no precisamente desde la ingeniería, sino desde la poesía. Por muy mal que lo haga el gobierno de Sebastián Piñera, la Concertación no tiene ni el mas mínimo éxito asegurado en las próximas elecciones. Ganará quien logre revolucionar el discurso, mostrándonos nuevos mundos, nuevos desafíos, nuevas metas. Por el momento, se busca un líder…¡con suma urgencia!
Por Marco Enríquez Ominami - Eugenio Rivera Urrutia.
En su columna habitual del sábado en La Tercera, Eduardo Engel ha criticado la propuesta de la Fundación Progresa de crear un mecanismo que devuelva intereses por primas de riesgo excesivo a personas jóvenes cuyo historial de crédito no corresponde a la prima de riesgo cobrado.
Sin tomar en cuenta el resto de las medidas propuestas y que se encuentran en la misma página web desde donde se promueve la campaña de devolución de intereses, y que entre otras incluye propuestas institucionales y sin, además, preguntarse sobre los mecanismos que se podrían utilizar para concretar la medida, la descalifica catalogándola de medida basada en una “motivación loable pero mal pensada” pues “en general, las primas de los mercados de seguros reflejan los riesgos asociados a cada asegurado … la tasa más alta que los bancos cobran a los más jóvenes y pobres reflejan, al menos en parte, que los créditos son más costosos para estos segmentos … (de aprobarse esta medida) no habrá recursos para compensar los créditos impagos y no habrá bancos o casas comerciales interesadas en prestarles”. Más adelante señala “existe la posibilidad de que los bancos y casa comerciales estén cobrando un premio por riesgo excesivo a los sectores más jóvenes y de menores ingresos. Para determinar si es así, se requiere (crear) un ente regulador del sector financiero, dedicado a velar por la competencia es este sector”.
Engel señala sin más que “las primas de seguro reflejan los riesgos asociados a cada asegurado” olvidando los rasgos poco competitivos del sector, la indefensión del consumidor, el poder de mercado de que disfrutan tanto la banca como las grandes cadenas del retail cuyos beneficios provienen, crecientemente, de sus actividades financieras. Lamentablemente las primas reflejan más estas condiciones de mercado que los riesgos de cada asegurado. Es justamente esta situación lo que lleva a Engel a introducir las palabras “en general” en el texto citado. Pero lo cierto es que en un mercado realmente competitivo, las tasas cobradas debiesen ser menores a las aplicadas actualmente. En ese sentido, el ejemplo que presenta el columnista resulta inconducente.
Pero vamos a los problemas de fondo. Engel una vez más apuesta a la competencia como solución a los problemas de abuso. Parece olvidar que desde hace 22 años la política económica de la Concertación primero y ahora de la Alianza, viene apostando a esta misma medicina como remedio de todos los males. Se han tomado medidas para aumentar la competencia en el sector financiero, en las AFP, en las ISAPRES, en el sector eléctrico y los resultados han sido muy precarios. En cada una de las industrias mencionadas (sólo como ejemplo, pues ello ocurre en la mayoría de las actividades económicas del país) dos o tres empresas controlan sobre el 70% de los respectivos mercados y sus rentabilidades superan con creces las rentabilidades promedio. A modo de ejemplo, las utilidades de la banca chilena alcanzaron en 2010 los USD 3.400 millones, y en 2011 los USD 3.300 millones, en circunstancia que el programa de reconstrucción cuesta USD 2.800 millones. Estas utilidades responden en gran parte a los intereses cobrados por créditos, seguros, sobregiros, etc. Lo anterior con una tasa máxima convencional que puede variar de un 11% hasta un 51%, para un mismo producto, según la capacidad de negociación del consumidor, entre otros.
Por lo tanto, la propuesta de Fundación Progresa busca corregir y regular los abusos que se cometen en materia de clasificación de riesgo. Si una persona ha sido clasificada en una categoría de riesgo equivocada, pagando una sobre prima por riesgo en su tasa de interés; y dicha persona paga su crédito completamente en tiempo y forma acordada, corresponde que la institución que otorga el crédito devuelva los intereses adicionales cobrados, producto del error en la clasificación de riesgo. Bien debiese saber el profesor Engel, que mecanismos con similares características ya son utilizados en Chile y en el mundo en algunos tipos de seguros, los de vida por ejemplo.
Si al profesor Engel le preocupan las utilidades del negocio bancario, le aclaramos que en todo momento estamos hablando de la “sobre tasa” de riesgo, se entiende que la utilidad del negocio está dada por la tasa de riesgo que cobra, y por tanto, esta “sobre tasa” solo genera una sobre ganancia, que queda en evidencia en las ganancias que describimos anteriormente. Por cierto, también se debe recordar que en todo momento la entidad financiera está generando recursos con esta “sobre tasa”, la que en ningún caso queda guardada bajo el colchón, si es que de las utilidades del negocio financiero es la preocupación,
Al profesor Engel, también le preocupa el acceso al crédito de jóvenes y sectores pobres. Pues bien, interesante debate como sociedad debiésemos dar con el endeudamiento de aquellos que no acreditan ingresos. Sí, a nosotros nos preocupa que casas comerciales y bancos invadan los centros de estudios, y nuestros jóvenes egresen con deudas sin siquiera haber generado ingresos. Sí, a nosotros nos preocupa que sectores pobres, sin ingresos, reciban tarjetas de casas comerciales con cupos que evidentemente serán ocupados, y que difícilmente podrán ser cancelados a tiempo, incrementando exponencialmente las deudas. La heterodoxia económica que argumenta la “racionalidad del agente económico”, nos parece del todo discutible cuando al frente hay carencias económicas. Al parecer, a diferencia del profesor Engel, a nuestro juicio no es el sistema financiero el que debe suplir la falta de ingresos de los sectores más pobres, sino la política social del Estado.
A su vez, contrasta con lo taxativo de su crítica y de su propuesta, con expresiones como que “existe la posibilidad” de que se cobre un premio por riesgo excesivo o que las mayores tasas cobradas a los jóvenes “reflejan, al menos en parte” mayores costos. Hasta el ex – presidente del Banco Central sostuvo que no entendía la razón de que las casas comerciales cobraran intereses tan altos. Sin embargo, lo que más llama la atención es la propuesta de crear “un ente regulador del sector financiero, dedicado a velar por la competencia en este sector” para determinar si se está cobrando primas excesivas a jóvenes. Sin duda sería más eficiente, más económico y más rápido que el Congreso contratara un estudio con especialistas independientes de la banca que hicieran un estudio al respecto. Más aún, se debería aprovechar la oportunidad, de preparar un informe comprensivo sobre el sector financiero, que estudie a fondo el crédito de consumo tanto de la banca como del sector comercial, que analice el mercado de tarjetas de pagos incorporando una perspectiva comparativa en relación con el costo de la tasa de intercambio y el costo del endeudamiento por tarjeta de crédito y que profundice en el estudio de la competencia existente entre la banca y entre las casas comerciales que tienen asociado el giro financiero.
Al finalizar Engel deja escapar una crítica dura a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, señalando que “ha sido demasiado cercana al sector que debe regular”. No se pregunta sin embargo Engel porque ello sucede y porque no sucedería con la nueva instancia. El problema de la captura de los organismos reguladores y de muchos políticos tiene mucho que ver con esta situación.
