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¿Qué debemos fortalecer en el Ministerio Público?

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Por Eliana Claro

Durante los últimos días se presentó en la prensa el caso del Fiscal Hardy Torres, de la Fiscalía de Pozo Almonte en la Región de Tarapacá, a raíz de la sobrecarga laboral que presenta con 3.852 causas y 70 juicios orales al año y sin nadie que lo pueda reemplazar. Al respecto la Fiscalía Nacional dio a conocer la información sobre los 10 fiscales que presentan mayor carga de trabajo en nuestro país, con un rango entre 5.627 y 3.382 causas y un promedio de 3.900 causas por cada uno.

Sin duda, estos datos han sido sorprendentes y se han traducido en hechos relevantes. Por una parte, la Fiscalía Nacional ha dispuesto como medida transitoria que 8 fiscales de las distintas regiones del país se trasladen durante un mes a la Fiscalía de Tarpacá con el objetivo de apoyarlos y mejorar esta situación cuasi colapso. Por otro lado, el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior se han comprometido con el Fiscal Nacional a enviar un proyecto de Ley  de fortalecimiento del Ministerio Público durante el mes de Abril.

Desde hace ya bastante tiempo, el Ministerio Público ha presentado su Plan de Fortalecimiento, elaborado el 2008 y evaluado en US$ 80 millones, buscando hacer frente a la sobrecarga de trabajo que estaría enfrentando y a las demandas de mayor especialización y efectividad de su labor. Para esto, el plan cuenta con 4 componentes: la creación de una Fiscalía Supraterritorial de Criminalidad Altamente Compleja; una política de ajuste por criminalidad compleja y menos compleja que busca  reforzar las Unidades de Tramitación de Casos Menos complejos (TCMC), una mejora en la atención a usuarios (Call center y Contact center) y, por último, la generación de “modelos de control” en la suspención condicional del procedimiento, que entreguen un registro actualizado y permanente de las sanciones impuestas en el medio libre.

Creo que es importante considerar que, dada la relevancia que posee el Ministerio Público dentro de la cadena de persecución penal, al ser el monopolio de la acción penal pública y al ser el ente a cargo de la investigación policial y decisorio frente a quienes se presentan al sistema judicial (y pueden por lo tanto ser objetos de condena), es necesario enfrentar el problema que hace meses viene reclamando y fortalecer sus debilidades.

Por otro lado, no cabe duda de que el plan presentado por la Fiscalía Nacional tiene objetivos positivos y socialmente deseables. Sin embargo, en economías donde los recursos públicos son escasos, debemos buscar la optimización de estos, invirtiendo en aquello de mayor “rentabilidad” para la sociedad. Es por ello que debemos plantearnos que medidas son las realmente necesarias y óptimas de ser aplicadas y cuáles son posibles de obtener mediante una mejor distribución de los recursos actuales, tanto presupuestarios como humanos.

Es una realidad que existe sobrecarga de trabajo en muchas de las fiscalías, que la dotación del Ministerio Público en tiempos de la reforma Procesal Penal se fijó en 1.000 causas por fiscal, lo que en la actualidad equivaldría a unas 2.000 causas. Sin embargo, si debemos considerar que tal como en algunos casos la carga llega casi a 4.000 causas por fiscal, también se da el hecho que casi un 80% de los ingresos del Ministerio Público va directamente a las TCMC, unidades administrativas,  encargadas de aplicar algún término facultativo rápido y en casos excepcionales, ahondar en una mayor investigación para terminar en manos de un fiscal. Bajo esta perspectiva, y considerando también la propuesta de una fiscalía supraterritorial encargada de los delitos de alta complejidad, debemos cuestionar la posibilidad de reasignaciones internas,  ya sea entre fiscales o desde  funcionarios de Fiscalía Nacional.

Respecto a las TCMC, fortalecerlas puede ser beneficioso si esto se traduce en una mayor capacidad investigativa y mayores salidas judiciales de calidad. En cuanto a las suspensiones condicionales del procedimiento, independiente de la forma o el modelo, es esencial un control adecuado que disminuya los niveles de impunidad, sobre todo porque el 2011 constituyeron un 17% del total de términos, superando incluso a la sentencia definitiva condenatoria.

Por último, creo importante mencionar, que independiente del proyecto que se presente, o los componentes que se decida fortalecer, es relevante vincular las mayores entregas de recursos a mayores  compromisos o indicadores de impacto que se traduscan en una persecución más eficaz.

 

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Eliana Claro E.

Coordinadora Programa de Seguridad Pública y Justicia, Libertad y Desarrollo

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