Por Eliana Claro.
Hace poco más de un mes se dieron a conocer en nuestro país los resultados del Índice de Paz Ciudadana-Adimark, que mide específicamente el delito de robo semestralmente. Los números presentados mostraron señales preocupantes respecto a los delitos contra la propiedad, sobre todo por las variaciones respecto a 2010, donde las cifras fueron excepcionalmente bajas. Sin embargo, si nos enciende una alerta importante respecto a los niveles de victimización general, dada la consistencia histórica de los resultados de este índice con los de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana que se publicarán en mayo.
Los resultados respecto de hogares víctimas de un robo o intento de este durante los últimos 6 meses fueron de 39,3%, los mayores presentados desde 2006. Los niveles de re-victimización también muestran un aumento importante, donde un 27,4% de los hogares encuestados fue víctima de un robo 2 o más veces, concentrando éste además el 89,5% del total de delitos.
Respecto a la percepción de la población, se observa que aumenta considerablemente el porcentaje de los hogares que declara estar en niveles de “alto temor”, situación que se repite a lo largo de todo Chile y sobre todo para el nivel socioeconómico bajo. En cuanto a la delincuencia en el barrio, la percepción de aumento de delincuencia muestra cambios significativos desde 32,8% el 2010 a 40,9% el 2011.
Por último, respecto a las denuncias, a pesar de que no se muestran cambios significativos, las señales son importantes respecto a la confianza en las instituciones: la satisfacción después de denunciar disminuye significativamente respecto a policías y fiscales. En relación a las evaluaciones de las instituciones en general, destacan las policías que se mantienen estables, sin embargo el Gobierno, Ministerio Público, Jueces y parlamentarios ven significativamente afectadas sus evaluaciones.
Sin duda, los resultados obtenidos por el índice, vuelven a poner sobre la mesa la delincuencia como asunto prioritario. Los resultados muestran la necesidad urgente de redoblar los esfuerzos, de lograr mayor focalización y de hacer un llamado a todas las instituciones que participan del proceso penal, a impulsar con mayor fuerza el trabajo conjunto, como punto esencial para una política criminal eficaz.
A pesar de que los esfuerzos en la materia han sido importantes, como por ejemplo el STAD u otros programas de prevención que se han implementado basado en evidencia internacional, o las intervenciones en barrios de alta complejidad -como la Legua- que implican, además de la coordinación de políticas sociales dispersas en distintos entes públicos, un trabajo focalizado en los factores de riesgo que inciden en la comisión de delitos; los resultados entregados por el índice fueron negativos, y generan importantes desafíos. Respecto a los barrios, por ejemplo, es necesario buscar políticas locales, ajustadas y enfocadas a la realidad de cada uno de estos barrios donde se concentra la mayor cantidad de delitos. En relación a las denuncias, es esencial mejorar la confianza de la población en las instituciones a cargo de la persecución criminal, sobretodo considerando que sólo un delito que es denunciado puede entrar al Ministerio Público y a la cadena de la persecución criminal, mientras que uno que no se denuncia nunca será perseguido.
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