Decir que Chile es un país que cambió, con ciudadanos hoy más “empoderados“, es un lugar común. Y de los favoritos en el vocablo de los políticos que pretenden vender el fiasco de la renovación.
Algunos más osados, como Tironi, aseveran que todo tiene su génesis en el mandato de la ex Presidente Bachelet; que fue ella quien instauró en el país un liderazgo “distinto”, más “horizontal”, más “maternal” y merecedor de toda clase de rasgos y apelativos siúticos de esos que fascinan a sociólogos, columnistas u opinólogos en general.
Sin embargo, no tantos se han esmerado en tratar de desentrañar a quéhacen alusión estas manoseadas frases clichés, que como otras tantas que se han instalado en la política nacional en distintos períodos –recuérdese la prostitución del vocablo “progresismo” durante la última presidencial–, parecen tener más de floritura retórica que de contenido.
Podría aseverarse que el que hoy los ciudadanos de Chile se encuentren más “empoderados” equivale a que sean más conscientes en la exigencia de sus derechos, y probablemente pocos se opondrían. Lamentablemente, si entendiésemos que efectivamente ocurre así, no parece saludable que tal cambio social tenga asidero si se lleva a la práctica de forma extrema, máxime si consideramos la existencia de esa clásica cultura, tan asentada en nuestra idiosincrasia, de exigir muchos derechos, pero cumplir pocos deberes.
Esto ha llegado en pleno 2012 a límites absurdos. Donde existe una colectividad –llámese ciclistas, homosexuales, heterosexuales, cuidadores de mascotas, pescadores, conductores, cocineros o meseros–, existe una causa que merece ser luchada (intereses privados, legítimos, pero aún circunscritos a un reducido grupo de la población). Donde existe una causa que merece ser luchada, hay un grupo de ciudadanos aguerridos dispuestos a exigir a la autoridad. Y donde hay un grupo de ciudadanos exigentes, supuestamente “empoderados” y conscientes de sus derechos, existe la enorme posibilidad de que se incurra en el ya clásico recurso de salir con todo a la calle, y de ahípara adelante que sea lo que Dios quiera.
Por supuesto que no siempre resulta especialmente alarmante esto último. El más novedoso de los paros es el declarado hace algunos días por un grupo de trabajadores del Censo 2012. Y más allá de la legitimidad o inexistencia de ésta en el movimiento, no parece sensato prever que se tratará de uno que podría alcanzar ribetes insospechados y poner a La Moneda de cabeza, como sí lo han hecho tantos otros en los últimos dos años.
El problema aparece, en cambio, cuando se trata de grupos que, precisamente, sí pueden llegar a conseguir un gran arrastre, al punto de poner en entredicho la institucionalidad del país y, peor aún, su estabilidad sociopolítica, como fue el caso de Aysén y las llamadas marchas estudiantiles.
Desde luego, podrá alegarse desde el fondo del movimiento de turno la legitimidad de sus demandas y la obligación del Estado por satisfacerlas, ya que el objetivo de este último es propender al bien común. Sin embargo, suele olvidarse muchas veces que asícomo cada grupo de interés privado cuenta con una serie de exigencias legítimas, hay cientos de otros grupos al lado haciendo fila para conseguir su propio proyecto de ley o aumento de lucas. Así, prima una cultura del egoísmo y egocentrismo que desnuda, más que un auténtico “empoderamiento” en la sociedad civil chilena –que tampoco es tal puesto que implica responsabilidades–, un deseo de llegar hasta las últimas consecuencias, por complejas que aparezcan, sin que importe demasiado resto.
Y qué importante es ese resto, por cierto. Podríamos hablar aquí de orden público, para que nos entendamos, pero probablemente a muchos el concepto les traiga aparejados viejos y malos recuerdos. Sin embargo, es necesario hacer notar que no se trata de defender estandartes de la vieja guardia ni ideas supuestamente autoritarias que pretenden sublimar valores cuestionables del republicanismo por sobre otros más democráticos y socialmente aceptados.
El orden público no es otra cosa que un cierto estado de paz social que posibilite el normal desenvolvimiento de la comunidad; que un oficinista pueda llegar a su trabajo sin necesidad de esquivar barricadas; que familias puedan salir a pasear un fin de semana sin temer encontrarse con piedras o desórdenes de otro tipo.
También podría alegarse eventualmente que quien suscribe confunde la legitimidad de las marchas autorizadas como manifestación de la voluntad social, con los desmanes de encapuchados que nada tienen que ver con los protestantes que anhelan ser escuchados. Sin embargo, resulta imposible convocar a esta clase de manifestaciones sin prever que los resultados acabarán siendo los mismos de siempre; los mismos que la historia reciente se ha encargado de reafirmar una y otra vez. Crear una barrera entre ambos fenómenos, con el pretensioso deseo de disociar una cosa y la otra, parece artificioso y autocomplaciente.
Junto con el orden público, suele arriesgarse también una cosa no menos importante, que es la legitimidad de nuestra institucionalidad. En efecto, en la medida en que cualquier demanda comienza a ser canalizada a través de gritos y marchas, se va creando una situación de inestabilidad social en que pareciera que no hay nadie capaz de representarnos, en que las autoridades no cuentan con legitimidad para actuar y en que el margen de acción de las instituciones es casi inexistente, porque sencillamente todo parece muy burocrático y engorroso y ya nada resulta tan expedito y efectivo como cortar un par de caminos, llamar a la prensa y “emplazar” (otro término trillado y de significado equívoco) a las autoridades.
En resumen, este falso “empoderamiento” sólo ha contribuido a que ante cualquier seña de descontento o problemática nos valgamosúnica y exclusivamente del que antaño era elúltimo recurso, pero que ahora parece ser la primera opción en la lista de medidas a tomar.
Hoy, cuando nos encontramos ad portas de la que parece ser una nueva oleada de movilizaciones promovidas por la Confech, parece necesario recordar que la legitimidad de nuestras demandas no difiere demasiado de la legitimidad de las exigencias de quien se encuentra al lado, y que ser escuchado porque uno grita más fuerte, porque se puede reunir a más colaboradores o porque –aunque se niegue– se cuenta con la maquinaria de un partido detrás, no parece justo. Pintarse la cara, gritar fuerte y exigir hasta las últimas consecuencias, según mi humilde criterio, dista bastante de un verdadero “empoderamiento”.
Puede que el hecho de que Chile haya cambiado en los últimos años sea el único cliché verdadero, pero, lamentablemente, tampoco parece que dicha metamorfosis haya operado para bien.
A Chilean NGO’s online app has revealed that 40% of the country’s MPs have not been registering their assets and interests in full, despite being compelled to do so.
The Guardian.
An app that cross-matches Chilean MPs’ register of assets and interests with their voting record has revealed a startlingly low level of openness among the parliamentarians about their interests.
Chilean MPs have been compelled for some time to register their assets and interests – but it was only last year, when a non-government body, the Ciudadano Inteligente Fundacion, cross-matched that data with a wide range of information about MPs’ voting records that it was revealed that 40% of MPs were not registering their full assets and interests.
The organisation has set up a database, that enables members of the public to find potential conflicts of interest by analysing the data disclosed through the members’ register of assets.
“No-one was analysing this data, so it was incomplete,” explained Felipe Heusser, executive president of the Fundacion. “We used technology to build a database, using a wide range of open data and mapped all the MPs’ interests. From that, we found that nearly 40% of MPs were not disclosing their assets fully.”
Publicity about the finding has resulted in greater use of the app, which enables people to map MPs’ declared interests against topics on which they are voting.
The app is one example being highlighted at this week’s Open Government Partnership conference in Brazil. Heusser said the aim is to change MPs’ behaviour and highlight potential conflicts on interests. “And this was all done with a simple app and open data,” he said.
The Guardian public leaders network is a digital media partner of the Open Government Partnership conference in Brazil.
Recientemente se han dado a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2011 (ENUSC), que es considerada como el instrumento de mayor precisión para medir la delincuencia.
Los resultados presentados muestran que en un 31,1% de los hogares chilenos, al menos uno de sus miembros ha sido víctima de un delito durante los últimos 12 meses anteriores a su aplicación. Esta cifra implica un aumento de 10% en comparación a los niveles de 2010 y han sido evaluados de manera positiva por parte del Gobierno por encontrarse en línea con la meta establecida por el Plan Chile Seguro: reducir la victimización a una tasa inferior a 29% para el 2013.
Llama la atención los importantes aumentos que se dan en victimización en las regiones III, VI y Metropolitana, por aumentos en diversos delitos y las disminuciones no significativas que se dan en la VII, VIII y IX región, que a su vez cuestionan la relación de las excepcionales cifras del 2010 con el terremoto 27F. En términos de percepción, vemos que los resultados muestran aumentos de una percepción “negativa” de la gente respecto al tema y una mayor sensación de inseguridad. Datos que si son destacables son el aumento en las denuncias, que han sido crecientes desde 2008 y que reflejan indirectamente mayor confianza por parte de la sociedad en el sistema, puesto que mayor número de víctimas se acerca a denunciar y busca la persecución de sus delitos.
A mi juicio, es posible concluir que los resultados obtenidos por la encuesta son negativos, puesto que implican un aumento estimado de 460 mil delitos para todo el país durante 2011, pero sin embargo, se encuentran dentro de lo esperado y muestran una tendencia de victimización general que continúa a la baja. Respecto al aumento producido en relación a 2010, éste era esperable, ya que diversas cifras entregadas en 2011 habían “predicho” este fenómeno y demostrado que el 2010 había sido un año excepcionalmente bueno. Las razones son difíciles de explicar y se pueden asociar a una diversidad de factores, entre ellos, las altas expectativas generadas en relación a la mano dura del nuevo Gobierno en 2010, algo atribuible al terremoto, la cantidad de desórdenes públicos que ocurrieron en 2011 y otros.
Sin duda, los resultados nos demuestran que la delincuencia es un asunto prioritario y que, por ende, se requieren cambios más profundos y políticas eficientes. En este sentido, es importante resaltar la labor que se está haciendo respecto a la implementación de programas basados en la evidencia, puesto que éstos evitan la improvisación, generan una mayor eficiencia en la utilización de recursos y tiempo, a pesar de que sus resultados pueden ser de mediano plazo. Cabe destacar los primeros resultados atribuibles al Sistema Táctico de Análisis del Delito (STAD) y a otros programas implementados que se han dado a conocer en la Región Metropolitana.
En una gran cantidad de estados en Estados Unidos la evaluación y rendición de cuentas (accountability) judicial, incluidos excepcionalmente los tribunales superiores de justicia, puede llegar en el extremo, a ser ante los electores. Este esquema asegura altos grados de accountability, sin embargo, puede a su vez generar politización y disminución de independencia, en la medida en que los jueces se “deben” tanto a sus electores como a su programa.
Una vez en el cargo, los jueces controlan ampliamente la administración de las cortes. El Chief Justice (Presidente de la Corte Suprema) de Estados Unidos encabeza la judicatura, presidiendo la Conferencia judicial y eligiendo al director de la oficina administrativa. La Conferencia judicial determina la política administrativa de las cortes. La Conferencia judicial fue establecida en 1922 como un foro a través del cual los jueces podían discutir y desarrollar estrategias para mejorar el desempeño judicial. La Conferencia judicial está integrada por el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la Corte Internacional de Comercio y un juez de distrito por cada circuito regional judicial elegidos por mayoría de voto de los jueces dentro de cada circuito en particular. Una característica relevante de la Conferencia Judicial, es su composición exclusivamente judicial y el hecho de no tener atribuciones en los nombramientos judiciales.
A diferencia de otros países que delegan la carga administrativa en las Cortes superiores, como es el caso chileno, en Estados Unidos el Congreso explícitamente delega la administración de las cortes a la Conferencia judicial y no a la Corte Suprema. Así, la Conferencia fiscaliza la oficina de administración de las cortes a través de sus propios comités asignados para conocer de materias específicas tales como personal, espacios y seguridad, salarios y beneficios. La oficina administrativa dirige el desarrollo de presupuestos, recolecta información y estadísticas judiciales, genera programas de capacitación, entre otros. Estadísticas como la tasa de revocaciones de los fallos de un juez o cuán frecuente han sido citados por los tribunales determinados jueces para obtener su opinión, han sido usados como criterio para medir el desempeño judicial. Mientras las Cortes difieren en el énfasis que le dan a las estadísticas, la oficina administrativa tiene la responsabilidad de evaluar a los jueces, sobre la base de esta información. El Director de la oficina administrativa se desempeña como secretario de la Conferencia judicial y como miembro de su Comité ejecutivo.
Así, mientras la política general de administración judicial es establecida por la Conferencia judicial en un nivel macro, la autoridad también se delega y es manejada más eficientemente por cada corte a un nivel micro. Por lo tanto, el Presidente de cada corte dirige diariamente la administración de su propia corte con la ayuda de los empleados de la misma de acuerdo a la política general llevada a cabo por la Conferencia judicial.
La Conferencia también fiscaliza la conducta judicial a nivel federal a través de sus comités ad-hoc. Existen procedimientos para realizar una queja contra un juez alegando mala conducta o inhabilidad para desempeñar sus tareas.
Las quejas deben inicialmente presentarse al Presidente de la Corte de Apelaciones (Chief Judge) dentro del circuito en el cuál el juez tiene asiento. Los empleados de la corte enviarán una copia al juez contra el cuál se realiza la queja, y el Presidente rápidamente revisará cualquier queja. Luego de una revisión no resolutiva, el Chief Judge declarará inadmisible la queja o concluirá los procedimientos si han sido puestos en marcha o si no son necesarios. La mayoría de las quejas no son admitidas, principalmente porque se basan en un fallo particular del juez o en elementos del procedimiento de un caso que no se relaciona con un mal comportamiento judicial. Si el Presidente cree que es necesaria una mayor investigación, nombrará un Comité especial integrado por él mismo junto con igual número de jueces del circuito y de distrito dentro de su circuito. El Comité luego investigará la conducta del juez y emitirá un informe al Consejo del circuito judicial con sus conclusiones y recomendaciones para una acción apropiada.
Este Consejo puede después suspender la asignación de nuevos casos al juez, requerir el retiro voluntario del juez, emitir una sanción al juez de manera privada o pública, u ordenar alguna acción apropiada relacionada a la mala conducta. El Consejo no puede ordenar la remoción de los jueces federales nombrados de por vida (life tenure) bajo la cláusula de buena conducta dispuesta en el artículo III de la Constitución.
El Consejo puede dirigir cualquier queja a la Conferencia judicial, que también tiene el poder para revisar las decisiones del Consejo. Tanto la persona que se queja, como el juez acusado de mala conducta, pueden solicitar a la Conferencia Judicial la revisión de cualquier acción disciplinaria emanada de los Consejos. En última instancia, la Conferencia Judicial debe enviar un informe a la Cámara de Representantes (House of Representatives) que decidirá qué medida será tomada en el asunto.
A nivel estatal, cada estado ha establecido su propio procedimiento y mecanismos para manejar la revisión de la conducta judicial. La función de estos órganos estatales disciplinarios varía, al punto de que en algunos casos se llegue a remover a jueces.
Por Rudi Borrmann, Director General de Información y Gobierno Abierto de la Ciudad de Buenos Aires.
Siete meses pasaron desde que en Septiembre del año pasado se lanzó la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) una iniciativa de Estados Unidos y Brasil para englobar a los países que implementan políticas de Gobierno Abierto. En ese momento 8 países formaban la Alianza, hoy son 55 con la reciente incorporación de Rusia.
Este primer encuentro anual, realizado en la ciudad de Brasilia, tuvo hoy su gran apertura con la presencia de, probablemente, las dos mujeres más poderosas del mundo: la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Cerca de las 10 de la mañana, la sala principal del Centro de Convenciones Ulysses Guimaraes estaba colmada con más de 1000 personas.
Funcionarios de los diferentes países miembros, representantes de la sociedad civil de todo el mundo, periodistas y gente del sector privado esperaron las palabras de ambas mujeres que se mezclaron con los discurso de Nika Gilauri, primer ministro de Georgia, Jakaya Kikwete, Presidente de Tanzania, y varios ministros de Brasil (hay que mencionar que el gabinete completo de Rousseff estaba presente en el evento). Los discursos fueron algo similares, un listado de las iniciativas implementadas en sus países, el fuerte compromiso y los desafíos del futuro.
“El Gobierno Abierto no es una varita mágica que soluciona problemas, es clave la voluntad política”, dijo Hillary en su discurso. Para luego remarcar algo que se repetiría en todas las sesiones, la importancia del rol que juega en estas iniciativas la sociedad civil “Deben estar al mismo nivel que los países de la Alianza, debemos aprender mucho de ustedes”, dijo la ex senadora.
Por su parte Dilma remarcó que la “la Alianza representa una nueva forma de relación multilateral” y que “la apertura de datos debe darse no sólo en el ejecutivo sino también en el nivel judicial y el legislativo”.
La agenda para el primer día tuvo como eje central las presentaciones de los planes de acción de los países miembros. Un funcionario del país exponía (en 5 minutos) los lineamientos principales del plan y luego un representante de la sociedad civil ofrecía la mirada del sector. El contrapunto resultó muy interesante, pero en varias charlas no quedó mucho tiempo para preguntas en debates que eran muy ricos. “¿Cómo mejorar los métodos de consulta a la ciudadanía?, ¿Cómo involucrar a la gente”, “¿Cuál es la mejor manera de abrir información pública?”.
En líneas generales todos estaban de acuerdo en que no existe una línea de acción específica a seguir. No hay un manual de cómo un país avanza hacia el Gobierno Abierto. Pero se avanza. Y lo importante de este primer día fue tener en claro la importancia del intercambio y la colaboración entre las administraciones que avanzan en estos proyectos, y por supuesto, el rol clave que cumple la sociedad civil en estos temas. Este último concepto se repitió en muchísimos paneles. Son justamente las organizaciones de la Sociedad Civil las que llevan más tiempo trabajando los temas de transparencia y participación ciudadana, su rol en estas iniciativas es fundamental.
Me llamó la atención que países en crisis (y que se acaban de integrar a la Alianza), como Italia y España, marcaron la necesidad estratégica de apoyar este tipo de políticas, aún cuando la prioridad parecen tenerla temas más urgentes. Hay una entendimiento generalizado que este es el único camino, tarde o temprano, con o sin crisis.
Tim Kelsey, Director de Transparencia y Open Data para el Reino Unido, mencionó en el panel de Europa del Oeste, el rol clave de la transparencia como un disparador para hacer un Gobierno más eficiente. Su contraparte de la sociedad civil, Rufus Pollock, Director de la Open Knowledge Foundation, hizo hincapié en la importancia de establecer alrededor de las políticas de Open Data, marcos regulatorios a largo plazo que blinden de alguna forma las iniciativas y les permitan crecer e instalarse.
Desde hoy y hasta el 18 de abril se realizará en la ciudad de Brasilia una nueva conferencia anual de la Sociedad de Gobierno Abierto (Open Government Partnership). En dicha instancia, más de 50 gobiernos del mundo se encontrarán con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el compromiso que mantienen sus miembros de promover la transparencia, la autonomía delos ciudadanos, combatir la corrupción, y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.
Como miembro y representante de la sociedad civil latinoamericana, una vez más la Fundación Ciudadano Inteligente reafirma su compromiso con los Gobiernos Abiertos, y se hará presente representada por el Presidente Ejecutivo de la Fundación, Felipe Heusser, y el Gerente Juan José Soto. Además, por primera vez participarán del encuentro dos grandes proyectos de Ciudadano Inteligente; Desarrollando América Latina y Desarrollando El Caribe, que van representados por su coordinadora Anca Matioc.
Hace tres semanas recibimos en la Fundación Ciudadano Inteligente la visita de Tony Bowden, un veterano de la tecnología para la sociedad civil. Tony lleva casi 10 años trabajando en MySociety.org, organización que fue de las inspiradoras para los fundadores de Ciudadano Inteligente.
Durante una semana Tony estuvo media jornada en nuestra oficina, conversando sobre lo que hacemos y compartiendo opiniones sobre lo que debiéramos hacer. Un tema importante dentro de la discusión fue nuestro sitioaccesointeligente.orgpara hacer solicitudes de información ¿por qué? porque mysociety promovió y coordinó el desarrollo de un software open source (llamado Alaveteli) para hacer exactamente lo mismo. Bueno, la función es la misma, pero la realidad a la que se enfrentan muchos países a la hora de hacer una solicitud de información es distinta a la nuestra, en muchos países basta con enviar un e-mail, en cambio en Chile es necesario llenar un formulario web o uno en papel. Por esta razón nosotros no pudimos hacer uso de Alaveteli, aun sabiendo que existiría.
Desde que pusieron la primera piedra en Alaveteli han pasado ya 18 meses y, con mucho éxito, más de 10 implementaciones funcionando en varias partes del mundo. Seguramente este éxito fue el que motivó a los fundadores a hacer un encuentro de todos aquellos que algo tienen que ver con Alaveteli, en nuestro caso hacer lo mismo pero con otra tecnología.
El evento ocurrió en Oxford. Fueron dos días de conversación muy activa. Los asistentes tienen una pasión muy fuerte por lograr Libertad de Información (Freedom of Information) de la forma más fácil y cómoda para los ciudadanos.
Me llamó fuertemente la atención el uso que se le ha dado a alaveteli como una herramienta potente de presión en países en que aún no hay ley de acceso a la información pública. En estos países montan alaveteli (ej: http://tuderechoasaber.es/ y http://www.queremossaber.br) sin tener un canal claro ni plazos determinados y menos aun responsabilidades claras en las agencias gubernamentales. Pero eso no importa, ellos montan el sitio y comienzan preguntar. Pero qué pasa si hay que llenar papeles o formularios web, no importa, ellos creen que la mejor forma es vía e-mail y entonces así lo hacen, no adaptan la herramienta a su realidad, al contrario, usan la herramienta como creen que debiese funcionar su futura ley.
Antes dijimos que Alaveteli era un software open source, fuimos injustos, Alaveteli es 40% código y 60% comunidad. Muchas “manos” han pasado por Alaveteli (https://github.com/sebbacon/alaveteli) y todas las personas detrás de esas manos son de un valor inmenso a la hora de mejorar un software. En FCI nos dimos cuenta de eso y quisimos sumarnos y aportar con nuestra tecnología para aquellas jurisdicciones que requieran de formularios web y a cambio nuestros usuarios disfrutarían de todas las mejoras que esta excelente comunidad le haga a la aplicación en todos los aspectos de usabilidad que nosotros no hemos podido pulir por falta de tiempo.
En la conferencia manifestamos nuestra voluntad de crear un módulo de Acceso Inteligente que se integre 100% con Alaveteli y que permita manejar simultáneamente solicitudes vía e-mail y vía webforms. La comunidad celebró esta intención, eventualmente sería útil para España y Brasil y que están discutiendo sus leyes y el formulario web suena fuerte en el debate.
Esperamos que esta integración se concrete dentro de los próximos meses. Estamos ansiosos de entregarle a los ciudadanos un mejor servicio para acceder a la información pública. ¡Estén atentos!
A partir del conflicto en Aysén y de la reciente polémica por el nuevo intento de algunos parlamentarios de trasladar el Congreso a Santiago, se ha vuelto a instalar en la discusión pública el tema de la descentralización. Un tema en el que si bien existe gran consenso sobre la urgencia de hacer algo, este no se ha podido materializar en hechos concretos, más allá de algunas medidas y anuncios por aquí y por allá, sin consistencia ni armonía alguna.
A estas alturas ya resulta frustrante que nadie haga algo que vaya más allá de las medidas parche. Todos están de acuerdo en que Santiago no da para más. Nuestros políticos, a raíz de los hechos del sur, por enésima vez han rasgado vestiduras realizando una dura autocrítica por la poca importancia que le han dado al tema, pero el tiempo sigue pasando y las palabra nuevamente con el transcurso de los días se han ido borrando. Los ejemplos para escandalizarse son muchos: la diferencia en los precios de las bencinas, la falta de conectividad, las medidas contra la contaminación que se adoptan en un lugar y no en otro, el nivel de inversiones, el nivel de las autopistas y caminos, el acceso a educación universitaria, son sólo algunos de los tantos que podríamos enumerar.
Y es dentro de este contexto, que quisiera invitarlos a reflexionar, quizás una vez más, sobre las siguientes cuestiones que han dado vueltas alrededor de este tema: ¿Es razonable que quienes quieran estudiar en una universidad tengan que irse necesariamente a vivir a Santiago, separándose de su familia, amigos, y dejando la región donde vieron gran parte de su vida? ¿Es razonable la construcción de centrales hidroeléctricas que perjudican el mayor capital económico de una región (turismo) y que además conllevan la construcción de líneas de transmisión que atravesarán miles de kilómetros, todo con el fin de abastecer con energía eléctrica a la capital? ¿Es razonable que muchos de los “representantes” de regiones sean de Santiago y vivan en esta ciudad? ¿Es razonable que el equivalente a lo que se gasta anualmente en una región en transporte público (Metropolitana), sea lo que se destine al total de las otras regiones? ¿Es razonable que todos los puestos políticos importantes de regiones, con salvedad de alcaldes y parlamentarios, sean elegidos por alguien de Santiago?
Las anteriores son algunas de las muchas preguntas que deberíamos hacernos para darnos cuenta de lo absurda que es la situación actual. Los Aiseninos se dieron cuenta de ello, rompieron la inercia y decidieron decir basta, obteniendo una respuesta hasta ahora satisfactoria. Pero el gran desafío es determinar como se puede atacar estructuralmente este problema que, lamentablemente, afecta a gran parte de los países de América. ¿Mayores recursos?, ¿mayor autonomía?, ¿elección directa de autoridades regionales? Son algunas de las soluciones que se han propuesto y que bien implementadas podrían ayudar, pero lamentablemente no serán suficientes mientras no opere un cambio más profundo en la forma de pensar Chile, en la forma que queremos que sea Chile. Pero para ello urge un cambio tanto de los santiaguinos, como de aquellos que vivíamos en regiones.
Respecto de los primeros la situación es evidente, la capital está pronta a colapsar, el Sanhatan y el caos vial que éste va a generar es prueba de que hay lugares donde la ciudad ya “tocó techo”. La contaminación, que se hace insostenible cada invierno y que para variar afecta a los más pobres, es síntoma de que Santiago está pagando el precio por su crecimiento desmedido. Una mejor calidad de vida, que signifique menor tiempo de transporte, más tiempo con la familia, ritmos de vida más normales y un entorno más limpio y natural, son elementos que poco a poco están haciendo que mucho capitalinos emigren fuera de la metrópoli, pero se requiere que esta migración vaya acompañada con mejoras sustantivas en las regiones, para que al primer problema al que estas personas se vean enfrentadas, no tengan como única alternativa volver a Santiago. Hay que sacar del subconciente la idea de esta ciudad como refugio frente a las desgracias y adversidades, porque día a día se va transformando en una desgracia y adversidad en sí misma.
Respecto de quienes vivíamos en regiones el desafío es aún mayor, porque si no somos nosotros quienes volvemos a hacernos cargo de los problemas de nuestras ciudades, si no nos hacemos protagonistas en los lugares donde vivíamos y aprovechamos los conocimientos y experiencias adquiridas en la capital para trabajar por y en las ciudades y pueblos donde crecimos, difícilmente operará el giro que tanto necesitamos. Aquel por el que continuamente nos quejamos.
En nuestras manos está, y ha estado siempre, la posibilidad de acabar con la excesiva centralización, pero para ello tenemos que darnos cuenta que depende de nosotros y sólo de nosotros, de las decisiones que tomemos a futuro, que Santiago, de una vez por todas, deje de ser Chile y pase a ser de Chile.
M.I.F.S. son sus iniciales, degolló a dos jóvenes la semana pasada, tiene 16 años y por determinación de la Fiscalía Centro Norte quedó recluido en un centro del Sename, esto por 70 días a partir del miércoles 25 de enero. Hasta $242.045 pesos podría significarle al Estado mensualmente mantenerlo, ya que eso es lo que cuesta tener a un menor en los centros del Sename.
El Vaso quiso saber cuánto cuesta mantener a los menores de edad en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename), para esto utilizamos la plataforma Acceso Inteligente, de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva.
El Sename dispone de distintos tipos de recintos en todo el país para atender a lactantes, niños y adolescentes. Estos establecimientos están clasificados en cuatro tipos distintos, funcionando y atendiendo de distintas maneras, por tanto teniendo diferentes gastos y costos para la mantención de los menores de edad. Están los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD), los Centros Semi Cerrados (CSC ), los Centros de Régimen Cerrado (CRC), y los Centros de Internación Provisoria (CIP).
1259 menores fueron atendidos por estos dos últimos centros entre el 1 de enero del año pasado hasta el 30 de noviembre, lo que al Estado le costó en promedio $242.045 pesos mensuales por joven. Estos dos servicios funcionan en un mismo recinto y con una administración común, por lo que el costo es el mismo a pesar de las distintas prestaciones que se realizan.
Los Centros de Internación Provisoria (CIP) -donde se encuentra M.I.F.S. esperando su condena- reciben a adolescentes y jóvenes que están en espera de la resolución de los fiscales para los cargos que presentan. Mientras que los Centros de Régimen Cerrados (CRC) atiende a los menores que deben cumplir sus condenas.
Según los datos entregados por el Sename por cada adolescente en estos recintos se gasta en promedio mensualmente $80.824 en alimentación, $4.007 en vestuario y calzado, $19.426 en materiales ( artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $5.115 en mantención y reparación del establecimiento, $67.592 en consumos básicos, y $65.081 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc)
Por lo que sólo en los CIP y en los CRC entre enero y noviembre del 2011 el Estado desembolsó $304.734.655, para mantener a los menores en estos centros del Sename.
Por otra parte, los Centros Semi Cerrados (CSC) reciben adolescentes y jóvenes condenados a sanción privativa de libertad que tienen residencia obligatoria en el centro, pero reciben programas de actividades personalizados que se desarrollan dentro y fuera del recinto.
Tanto en los Centro de Régimen Cerrados como en los Semi Cerrados desarrollan un programa de reinserción social que incluye la continuación de estudios, la formación para el trabajo, el manejo de tecnologías digitales, la atención de salud, el tratamiento de adicciones y el fortalecimiento del vínculo con la familia.
El costo mensual promedio de mantener a un menor en los CSC durante el año pasado fue de $237.900 pesos. Estos se desglosan en $53.398 en alimentación, $3.040 en vestuario y calzado, $73.650 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.085 en mantención y reparación del establecimiento, $35.817 en consumos básicos, y $68.910 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
311 jóvenes fueron atendidos entre enero y noviembre del 2011 en los Centros Semi Cerrados por lo que en total en esos once meses el Estado gastó $73.986.900 en la mantención de estos menores.
El cuarto sistema de atención son los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD) que reciben a población de menores de mayor complejidad, donde en una modalidad residencial entregan una atención especializada con estrategias apuntadas a reparar el daño asociado a la vulneración de derechos, entregar calidad de vida, y dar protección especial
$197.223 pesos mensuales fue lo que le costó en promedio al Estado la mantención de los 774 menores que estuvieron en los CREAD durante el 2011. $67.827 en alimentación, $10.373 en vestuario y calzado, $18.625 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.587 en mantención y reparación del establecimiento, $36.660 en consumos básicos, y $60.151 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
Considerando el total de menores en las cuatro modalidades de atención y el total de gasto promedio por cada uno, se ve que el total desembolsado por el Estado entre enero y noviembre del año pasado para mantener a los 2344 menores de edad en estos centros del Sename fue de $531.372.157 pesos.
*Revisa la ley de responsabilidad penal para adolescentes Ley 20.084.
Con la muerte de Daniel Zamudio se dio comienzo, una vez más, a la ya clásica oleada de comportamientos que esta clase de tristes sucesos mediáticos suele inspirar: parlamentarios de todas partes rasgando vestiduras por la más reciente incorporación en su repertorio de prioridades y preocupaciones sociales, todo un país demostrando una cierta autoridad moral y ese doble estándar tan propio del comportamiento criollo, prensa estrujando el asunto en cuestión a niveles vergonzosos y, cómo no, los infaltables y correspondientes proyectos de ley, cuyos nombres, por si fuera poco, suelen –o intentan– hacer honor a la conmoción pública que demande la atención de la prensa y del resto de la sociedad en un momento determinado.
En beneficio de la llamada clase política puede decirse, sin embargo, que la “ley Zamudio” –boletín Nº 3815-07– no es algo surgido de la noche de la mañana, pues, como ya sabemos estas alturas, dicho mensaje se ingresó a tramitación hace ya siete años, aunque sólo fue aprovechándose de la contingencia más reciente que decidió otorgársele urgencia.
El problema de este modus operandi reactivo –y sobre todo efectista– a la hora de legislar es que se pierde de vista la verdadera labor del actor político, de la nobleza y el estricto sentido de su misión, generándose, en consecuencia, ciertos fenómenos lamentables.
En primer lugar se le intenta otorgar a la ley una labor a la que difícilmente podría hacer frente, cual es la de reeducar o modificar la visión y comportamiento de una sociedad respecto de un determinado asunto; todo lo cual, evidentemente, resulta muy difícil, por no decir imposible (sobre este tema en particular ya se ha dicho bastante, tanto en columnas de opinión como en espacios televisivos, de manera que no agregaré más).
El segundo gran problema es que se evidencia la falta de una debida discusión de fondo que garantice que el proyecto de ley, antes de ver la luz, cumplirá ciertos estándares mínimos desde un punto de vista cualitativo. Así, toda ley debería discutirse fríamente, con el mayor ánimo de racionalidad posible y siempre con miras al bienestar de la mayoría. Lo anterior implica no sólo que el contenido se apoye, como sea posible, en criterios completamente empíricos, sea cual sea la materia en cuestión, sino también que tenga sentido desde un punto de vista jurídico.
Por desdicha, como se desea despachar el proyecto rápido y con ello satisfacer las expectativas sociales generadas –casi como si se tratase de darle pan al pueblo–, suele descuidarse precisamente la “calidad jurídica” de un texto, imperando así un “cortoplacismo” simplista que, en desmedro de la anticipación a problemáticas que pudieran suscitarse a futuro, opta por limitarse a trabajar, sea como sea, sobre la base del polémico asunto del momento de la forma más expedita posible.
Por ello es que me resulta satisfactorio el hecho de que la llamada Ley Antidiscriminación haya resistido la dictadura del discurso políticamente correcto, y en vez de haber visto aprobado su articulado completo durante esta semana en la Cámara de Diputados, haya sido ingresado a comisión mixta. Ello porque un análisis más profundo del tema permite concluir que, de aprobarse, no se trataría sencillamente una buena ley.
¿Dónde queda la libertad de expresión?
En el programa de televisión Tolerancia Cero, Lily Pérez afirmaba que lo que aquí se pretende sancionar es la “incitación al odio”. Sin embargo, ¿qué debe entenderse, en estricto rigor, cuando se refiere la acérrima defensora del proyecto a “la incitación al odio”?
Como acusaba correctamente Fernando Villegas en la misma oportunidad, se genera en el proyecto un clásico conflicto de colisión de derechos, especialmente agravado en esta oportunidad por la excesiva laxitud de la ley y lo ambiguo del concepto de discriminación.
Menos feliz es el intento del propio texto por aterrizar esta terminología al incluir en su articulado un amplísimo catálogo de criterios en los que se entendería que se ha, por decirlo de alguna manera, “incitado al odio”.
Con criterios que ciertamente se extienden mucho más allá de la raza, la sexualidad y la nacionalidad, nos enfrentamos a una letanía que una vez más cede ante el discurso políticamente correcto y abre la aberrante posibilidad de que se coarte, sin mayores dificultades, el ejercicio de otro derecho fundamental como la libertad de expresión.
Es cierto que la propia senadora también se ha esmerado en intentar fundamentar por qué no sería procedente una hipótesis del tipo “se sancionará a alguien que haya emitido un simple comentario en un blog y pueda eventualmente herir susceptibilidades de ciertos grupos”, pero las explicaciones no parecen satisfactorias en lo absoluto.
La libertad de expresión es un derecho fundamental –sagrado en una sociedad cuyo sustrato político es eminentemente liberal– que debe concebirse como verdadera regla general y frente al a cual las limitaciones debieran ser excepcionalísimas. Por ello es que resulta chocante los amplísimos términos en que se encuentra redactado el proyecto, al señalar:
“Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, identidad de género, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.”
Desde luego, lo anterior da pie para que elementos sustanciales en una sociedad moderna basada en el respeto y la tolerancia que muchos aparentan pregonar –e indispensables para sostener un Estado de Derecho–, tales como la libertad de opinión, se vean peligrosamente afectados por una polémica transitoria (aunque sea reflejo de algo mucho más antiguo y trascendente) que lleva a legislar en caliente y perder de vista cierto sentido de sensatez.
Si bien es cierto que “la libertad de uno comienza donde termina la del otro”, no parece apropiado ni sano para una sociedad democrática restringir las opiniones de sus ciudadanos a lo que parezca ser el discurso políticamente correcto de turno. Así, me parece que se genera un error de toda trascendencia al confundirse la gravedad de un acto criminal como el visto hace algunos días y el consiguiente deseo por evitar la comisión de estos delitos, con la obligatoriedad de que la sociedad comience a utilizar un lenguaje más apropiado y cercano a lo que significa ser un hombre de bien y la clase de ciudadano ejemplar que el Estado espera que seamos (una tendencia ya implantada, por ejemplo, con la prohibición draconiana de beber la más mínima gota de alcohol al conducir, o las crecientes restricciones al derecho de cualquier mortal de fumar).
Curiosamente el propio proyecto parece establecer algunos mecanismos con la pretensión de evitar cualquier problemática como la antes descrita. Así, señala en su articulado que las discriminaciones realizadas conforme al legítimo ejercicio de ciertas garantías constitucionales (entre las que, paradójicamente, se encuentra la del artículo 19 número 12 de la Constitución, esto es, “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”), aún cuando se cumplan los criterios de arbitrariedad señalados por mismo texto, “se considerarán razonables”. (Como se podría esperar, este despropósito jurídico ya se ha hecho notar por diversos actores, de suerte que, una vez que se vuelva a revisar el proyecto, el problema antes aludido cobrará sin duda mayor relevancia.)
Es cierto que el trayecto que este proyecto de ley ha recorrido ha resultado más extenso de lo necesario, y la paciencia en muchos sectores parece comenzar a agotarse. Sin embargo, en favor de los honorables que tuvieron la oportunidad de dirimir el asunto durante esta semana, puede decirse que, aún en las condiciones actuales tan peculiares, fueron capaces de resistir a la presión y darse de cuenta de que, entre otorgar a la sociedad un producto legislativo defectuoso y extender aún más la tramitación del mismo con tal de hacer una buena ley, más vale lo segundo. Eso, qué duda cabe, siempre es de agradecer en una sociedad donde antes que la “ciencia jurídica” y las evidencias empíricas priman las emociones y el discurso del que grite más fuerte y en el momento apropiado.
¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.