Por Eliana Claro.
Recientemente se han dado a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2011 (ENUSC), que es considerada como el instrumento de mayor precisión para medir la delincuencia.
Los resultados presentados muestran que en un 31,1% de los hogares chilenos, al menos uno de sus miembros ha sido víctima de un delito durante los últimos 12 meses anteriores a su aplicación. Esta cifra implica un aumento de 10% en comparación a los niveles de 2010 y han sido evaluados de manera positiva por parte del Gobierno por encontrarse en línea con la meta establecida por el Plan Chile Seguro: reducir la victimización a una tasa inferior a 29% para el 2013.
Llama la atención los importantes aumentos que se dan en victimización en las regiones III, VI y Metropolitana, por aumentos en diversos delitos y las disminuciones no significativas que se dan en la VII, VIII y IX región, que a su vez cuestionan la relación de las excepcionales cifras del 2010 con el terremoto 27F. En términos de percepción, vemos que los resultados muestran aumentos de una percepción “negativa” de la gente respecto al tema y una mayor sensación de inseguridad. Datos que si son destacables son el aumento en las denuncias, que han sido crecientes desde 2008 y que reflejan indirectamente mayor confianza por parte de la sociedad en el sistema, puesto que mayor número de víctimas se acerca a denunciar y busca la persecución de sus delitos.
A mi juicio, es posible concluir que los resultados obtenidos por la encuesta son negativos, puesto que implican un aumento estimado de 460 mil delitos para todo el país durante 2011, pero sin embargo, se encuentran dentro de lo esperado y muestran una tendencia de victimización general que continúa a la baja. Respecto al aumento producido en relación a 2010, éste era esperable, ya que diversas cifras entregadas en 2011 habían “predicho” este fenómeno y demostrado que el 2010 había sido un año excepcionalmente bueno. Las razones son difíciles de explicar y se pueden asociar a una diversidad de factores, entre ellos, las altas expectativas generadas en relación a la mano dura del nuevo Gobierno en 2010, algo atribuible al terremoto, la cantidad de desórdenes públicos que ocurrieron en 2011 y otros.
Sin duda, los resultados nos demuestran que la delincuencia es un asunto prioritario y que, por ende, se requieren cambios más profundos y políticas eficientes. En este sentido, es importante resaltar la labor que se está haciendo respecto a la implementación de programas basados en la evidencia, puesto que éstos evitan la improvisación, generan una mayor eficiencia en la utilización de recursos y tiempo, a pesar de que sus resultados pueden ser de mediano plazo. Cabe destacar los primeros resultados atribuibles al Sistema Táctico de Análisis del Delito (STAD) y a otros programas implementados que se han dado a conocer en la Región Metropolitana.
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