Message sent successfuly

Sending...

Archives for June, 2012


Elecciones primarias (parte II)

vota

Por José Francisco García.

En la primera columna sobre esta materia, mostramos nuestro apoyo a la implementación de elecciones primarias. Dijimos también que el proyecto presentado por el Ejecutivo es exitoso. Sin embargo, existen al menos tres modificaciones -o ámbitos de modificación- que están en discusión y que podrían mejorar sustancialmente el proyecto: en qué condiciones los candidatos independientes pueden entrar a las primarias; el rol de los militantes -que en el proyecto actual no son actores relevantes-; y el periodo de campaña y el gasto electoral. Dichas modificaciones serán analizadas a continuación.

En primer lugar, el proyecto obliga a los independientes a requerir del patrocinio de un partido político para entrar a la “papeleta”. Eso es un candado. Una de las indicaciones que ha sido puesta en la mesa es que por tratarse de un tipo especial de independiente -aquel que es perfectamente identificable con una coalición política-, éste pueda pedir un 10% de firmas de los militantes del pacto electoral para poder ingresar a la primaria. Se trata de una regla que sólo operaría en pacto electoral y es exigente: en un plazo cercano a los 70 días se deben juntar muchas miles de firmas que además deben ser representativas de los militantes de todos los partidos de dicho pacto.

Precisamente porque debe ser un independiente que represente a la totalidad del pacto electoral es que debe ser complementada con una regla adicional: un límite máximo de 50% de esas firmas de un solo partido, la que por supuesto es más exigente respecto de una coalición de 2 partidos, que las de 3 o más, al requerir de igual número de firmas por parte de los dos partidos del pacto. Porque es bien discutible que un candidato que recibe el 99% de sus firmas sólo de un partido represente a toda una coalición política.

En segundo lugar, se debe aumentar el peso relativo de los militantes de los partidos políticos. Hoy no tienen un rol relevante en decisiones básicas como gatillar una primaria ante el Consejo General o poner un nombre en la papeleta de candidatos.

En efecto, según el proyecto actual, y en materia de primarias presidenciales, corresponderá al Consejo General de cada partido político la decisión de: (a) participar en una elección primaria para la nominación de candidato a Presidente; (b) el hacerlo en forma individual o en pacto electoral; y (c) la nominación de los candidatos para dicha elección. El Consejo General de cada partido deberá pronunciarse respecto de estas materias cuando lo solicite la Directiva Central o un 10% de los miembros de dicho Consejo.

En materia de primarias parlamentarias y alcaldicias, corresponderá al Consejo General tomar las tres decisiones anteriores, más, lógicamente, la de (d) los territorios electorales en los que se participará. El Consejo General de cada partido deberá pronunciarse respecto de estas materias cuando lo solicite: la Directiva Central o el Consejo Regional que corresponda. El Consejo Regional deberá pronunciarse sobre solicitar al Consejo General del partido elecciones primarias en algún territorio electoral de su jurisdicción para Alcaldes o parlamentarios cuando así lo solicita la Directiva Regional del partido o un 10% de los miembros del Consejo Regional.

Se trata entonces de órganos representativos de los militantes, pero en donde ellos no tienen un canal directo de participación. En este sentido, una de las ideas es que un porcentaje de ellos (10%), pertenecientes a un territorio electoral, puedan pedirle al Consejo General que se pronuncie respecto de la realización de primarias en dicho territorio electoral. Un paso conservador ciertamente como éste, pero inteligente, al poner presión -y los focos de los medios- en potenciales intentos de bloquear candidaturas locales desde las alturas, va en la dirección correcta.

En el fututo debiesen discutirse perfeccionamientos a esta normativa en la línea de profundizar esta participación, por ejemplo, permitiendo que un determinado porcentaje de militantes pueda, derechamente, tener el derecho a incorporar a un candidato a la papeleta.

Finalmente, clave respecto de las posibilidades de elección de los desafiantes resultan las reglas de límite al gasto electoral (cuánto puedo gastar) y el periodo de campaña son fundamentales. Para los candidatos desafiantes, la clave es lograr el conocimiento del electorado. Y sabemos que los incumbentes son amigos de dos reglas: disminuir el periodo de campaña y tener gastos electorales bajos. Mantener un periodo de campaña de primarias razonable como el actualmente propuesto de 70 días y ojalá permitir que los desafiantes puedan gastar más que los incumbentes son dos reglas claves pro competencia.

Respecto de esta última, Libertad y Desarrollo ha manifestado su posición contraria a la existencia de los mismos, incluso antes de la discusión de la Ley 19.884 sobre gasto electoral. Siguiendo la literatura en la materia, hemos sostenido que se trata de una barrera clave para afectar las posibilidades de elección de candidatos desafiantes contra incumbente que tienen gran reconocimiento público y que además cuentan con financiamiento permanente no incluido como gasto electoral durante la campaña electoral (dieta parlamentaria). Dicha lógica también es asimilable a la situación de las primarias. Por lo demás, la Corte Suprema norteamericana –modelo regulatorio que hemos seguido en la materia– declaró estos límites como inconstitucionales en 1976 (Buckley v. Valeo), precedente que se mantiene hasta el día de hoy.

Es por ello que una regla que elimina el límite de gasto o lo eleva significativamente (del 25% al 50%) respecto del incumbente, nos parece positivo. Por el contrario, cualquier modificación que reduzca el tope de 25% o que impute dicho gasto al límite de las elecciones generales, afectará la votación de los desafiantes. Evidencia reciente en nuestro país lo muestra. En un reciente estudio, Agostini (2011) muestra que un aumento de 1% de gasto electoral por parte del incumbente, aumenta su votación en 0,7%. Asimismo, el aumento de 1% del gasto por parte del desafiante, reduce la votación del incumbente entre 0,2 y 0,3%.

Es por ello que una correcta solución legislativa respecto de cuestiones relevantes como la forma de integrar a los independientes a las primarias (en especial si tienen domicilio político conocido en alguna de las coaliciones y tienen apoyo en los militantes de los partidos y/o partidos de los pactos electorales) creemos que es; potenciar el poder decisorio de los militantes; y utilizar las reglas de límite de gasto electoral a favor de los desafiantes y la competencia político (y no como una barrera de ingreso de nuevos actores); reforzaran estos bienes de competencia y legitimidad.

2464 kilómetros

lima

Por Kiko Mayorga.

Hace ya más de dos meses que he empezado a trabajar con la Fundación Ciudadano Inteligente y hace algunos días estuve de semana presencial por la fundación. Para quienes no lo saben, yo soy peruano y vivo en Lima. Es mi situación privilegiada y a la vez compleja al empezar a trabajar en un proyecto como la FCI en etapa de proyección regional, pues si bien identifico muchas buenas cosas por aportar y hacer en Chile, noto que hay toda otra familia de cosas por hacer en Perú. Y la abundancia de necesidades es simplemente abrumadora. Desde Lima hasta Santiago hay 2464 kilómetros, pero me atrevo a decir que entre los distintos rincones de las mentes de las personas puede haber desde milímetros hasta años luz. Y es que -como todos hemos pensado alguna vez- si bien tenemos cosas en común, nuestros países están casi siempre más atentos al primer mundo que a los países vecinos. En particular, en el tema de transparencia y participación, bastaría con mirar el mapa de percepción de la corrupción, para ver en la dimensión de confianza en las autoridades, qué tan lejos podemos estar entre Chile y Perú.

Cuando uno llega a Santiago desde Lima, no son pocos los indicios de que la vida del ciudadano es bastante distinta. Lo primero que uno siente es que en general, la gente parece estar mucho más enterada y ser más exigente frente a la estructura pública. Tuve una conversación seria con el taxista que me llevó del aeropuerto. Éste transmitía respeto por las normas y advirtió que bajo ninguna circunstancia uno debería intentar sobornar a un carabinero. En el Perú, si bien los taxistas son generalmente buenas personas, sería fácil comprobar que muchos de ellos no respetan completamente las normas y muchos de ellos ya habrían sobornado a un policía y estarían dispuestos a repetirlo. Basta con ver las noticias en la tele de señal abierta en Perú para entender lo frecuente que es la ilegalidad en el transporte público peruano.

Y ésta ilegalidad se encuentra también en una escala mayor y en casi cualquier ámbito. Un ejemplo crítico: El trabajo de inter-operabilidad de datos que estamos explorando con el devteam de la FCI, nos llevó a conocer el trabajo de la EIA (Environmental Investigation Agency), la cual ha determinado en un estudio, que el 37% de la extracción de Cedro y Caoba de la Amazonía peruana atraviesa por etapas fraudulentas en distintos puntos de la cadena. Los trámites oficiales necesarios para extraer y exportar especies protegidas son completados en el papel -para cumplir con la ley-, pero éstos papeles no representan lo que sucede con los árboles en el mundo real. Taxista o empresario, queda claro que en el Perú es algo común encontrar los escondites para la ilegalidad.

Ahora. Conociendo mejor el trabajo de la FCI, debo contar que estoy completamente sorprendido con lo que se ha logrado a partir del monitoreo parlamentario. Los estudios detrás de “del dicho al hecho” -que evalúan las promesas del discurso presidencial a partir de la efectividad del parlamento- son un trabajo impecable del cual se puede aprender mucho en la región. Sin embargo debo contar también que a partir de nuestras exploraciones vemos que los insumos disponibles para realizar éste tipo de análisis a nivel regional son muchas veces poco accesibles o incompletos. El respeto en general por la ley sería un insumo fundamental para poder llamar al estudio “Del dicho al hecho”. La frase existe también en el Perú, pero el trecho en Perú estaría además “entre la ley y el hecho”. Más allá de que los congresistas legislen, necesitaremos construir mecanismos para asegurarnos de que las leyes se cumplan. Esto nos ha llevado con la FCI a imaginar y discutir otras estrategias de accountability ciudadano, que aún se vienen cocinando en “el taller” y seguramente pronto irán siendo más visibles.

Por otro lado, un buscador de leyes como Leychile.cl es algo que los peruanos definitivamente podríamos anhelar. En el Perú, el acceso a la legislación todavía requiere del papel periódico, y cuando está en web, carece de buscadores inteligentes y en el mejor de los casos demanda suscripciones y pagos, por un servicio incompleto. Cuando le pregunté sobre esto a alguien importante en el poder judicial peruano, me dijo: lo que tú necesitas es pagarle a un buen estudio de abogados que busque por tí. ¿Perdón?

Bueno, como decía, no es poco lo que falta hacer y no es poco lo que podemos aprender a entender entre países vecinos. Hay varias ideas, buenos talentos y buenas experiencias en el taller de la FCI. Estoy seguro que éste intercambio no podrá ser nada menos que super-potente. Contando de esto por ahora y desoxidando mis dedos en éste nuevo espacio. Iré compartiendo aquí novedades y reflexiones. Gracias por leer. Hasta una próxima.

 

Participación | Proyecto de ley sobre transparencia del financiamiento de campañas y partidos políticos

banner ley finan

¿De dónde sacan la plata?

Desde el Área de Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, hemos realizado una serie de observaciones al Proyecto de ley sobre transparencia del financiamiento de campañas y partidos políticos.

¡Ahora queremos saber tu opinión!

Lee y comenta el Google doc, pues juntos podemos generar una propuesta ciudadana e incidir en que la relación entre dinero y política se transparente y regule. ¡Súmate al debate!

 

 

Integrar sin asimilar

indigenas

Por José Ignacio Vial.

Hace algunos meses me tocó ver una mañana en twitter, como un sacerdote, ferviente defensor de la causa Mapuche, denunciaba la violencia de Carabineros en un allanamiento a la comunidad de Temucuicui, lo que minutos después era retwiteado afanosamente por un conocido dirigente estudiantil. Esa tarde leí en la prensa que uno de los carabineros que había participado en dicho allanamiento, en el cual se encontró diverso armamento, había muerto por un impacto de bala en el cuello: fue la triste noticia del asesinato del carabinero Albornoz. El sacerdote, si bien manifestó su rechazo a la muerte del uniformado, denunció que la raíz del problema eran las forestales que se adueñaron ilegítimamente de los terrenos indígenas décadas atrás. Del dirigente estudiantil que tanto retwitió no supe más.

Desde que tengo memoria el asunto indígena es tema. La referencia que tenemos de él, por lo general, son los atentados incendiarios a fundos y predios forestales, enfrentamientos con carabineros, quema de camiones, y de vez en cuando, la desgraciada muerte de algún uniformado o joven activista. Son estas las imágenes que se nos vienen a la cabeza porque es prácticamente lo único que la prensa muestra, refiriéndose sólo al asunto cuando hay violencia, reduciendo todo a un conflicto entre la represión y el violentismo, sin añadir matices, aristas, causas, historia, ni ningún otro elemento por esencial que sea tanto para comprender las causas del problema, como para encontrar soluciones reales al mismo.

Porque si bien existe una situación compleja con los indígenas en Chile, ésta va más allá de los hechos señalados, y comprende no sólo cientos de años de mala convivencia entre los distintos pueblos, sino también una actitud arraigada de negación tanto de nuestro pasado común como de la sangre mapuche, atacameña, diaguita o kaweskar, (entre otras) que corre o pudiera correr por nuestras venas. Situación profundizada, además, por el hecho de que nos cuesta valorar la cultura indígena en nuestra historia, siendo muy pocos los casos en donde se destaca su valor y aporte a la construcción de nuestra identidad nacional.

Pero al final del día, si es que hay piedras de tope que no permiten avanzar, éstas son las propuestas planteadas para solucionar el problema. Mientras algunos creen que no hay nada que resolver y que el conflicto se da sólo por unos cuantos violentistas radicales, otros consideran que la solución pasa por prácticamente restaurar el estado de cosas que existía hace cinco siglos. Y así como se reduce el diagnóstico a un problema de violencia o represión, las soluciones también se han ido polarizando, consolidándose una dialéctica entre aislacionismo y asimilación.

Por lo mismo, y dejando las ideologías de lado, es hora de empezar a buscar una solución armónica e integral del tema, abandonando los extremos e intentando trabajar por una confluencia, en la cual, sin que nuestros pueblos originarios pierdan su identidad y sin intentar borrar lo que los distingue, se trabaje por una verdadera integración de las culturas indígenas de nuestro país. Se tiene que pensar, diseñar e implementar una estrategia de real integración, sin que eso derive en un proceso de asimilación.

Debemos hacerlos parte de nuestra sociedad reconociendo su riqueza,  buscando formas de destacar y mantener sus costumbres, lenguas, tradiciones y formas de vida; preservar su valoración de la tierra, la organización de sus comunidades y tantas otras cosas que la mayoría de los chilenos desconocemos. Esta podría ser una verdadera alternativa que nos permita salir de la situación reinante de olvido, resentimiento, odio, vergüenza y negación que ha imperado los últimos años.

Se requiere también que los medios dejen de hablar sólo de los focos de violencia y comiencen a mostrar las comunidades pacíficas que habitan nuestro país, y no sólo las mapuches, sino también la historia, el aporte y el estado actual de las  otras culturas que se pueden encontrar en nuestro territorio nacional. Partiendo por acciones tan simples como mostrar aquellos casos en que las comunidades han construido grandes organizaciones y proyectos que permiten conservar parte de nuestro patrimonio histórico, cultural y ambiental como ocurre en San Pedro de Atacama en el norte o Caleta Cóndor en el sur. Este podría ser el inicio de un cambio real que nos lleve a una revalorización verdadera de nuestro patrimonio étnico y cultural.

Todo ello sumado a la creación de políticas públicas, que más que limitarse a la simple entrega de tierras, conformen un plan integral que apunte a sacar a las comunidades de la pobreza material y el aislamiento social, promoviendo junto con ello aquellos aspectos que los identifican, respetando su cultura, pero haciéndolos parte de la sociedad chilena. Por este camino podría conseguirse una solución que logre, finalmente, llevar a los distintos pueblos que conforman nuestra nación, a un sitial de igualdad, valoración y respeto, que permita una convivencia pacífica y genere un real sentido de pertenencia y amistad cívica.

Porque la experiencia nos ha demostrado que ni más carabineros ni meros estatutos autonómicos van a solucionar esto, es que urge una respuesta integral, que aborde la situación con sus diversos matices y con la delicadeza, trabajo, esfuerzo e ingenio que las circunstancias, el país y la historia nos exigen.

 

Inaplicabilidad de la Ley de Transparencia: un fraude a la función pública

larroulet

Por Francisco Luco,

Según la información publicada hace unos días por El Mostrador, la Segpres ha dado un nuevo paso en su ferviente anhelo por evitar la difusión de correos electrónicos institucionales –en particular los del ministro Larroulet–, recurriendo, tras rechazar la solicitud formulada por el Consejo para la Transparencia y acudir a la Corte de Apelaciones, nada menos que al Tribunal Constitucional para que acoja un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

El precepto contra el que se dirige la acción es el inciso segundo del artículo 5º de la Ley de Transparencia, que señala: “es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento” (para estos efectos, lo relevante radica obviamente en las conceptos de “formato” y “soporte”).

Cabe hacer presente en todo caso que este recurso no es el primero en su tipo. Pendiente igualmente se encuentra la acción interpuesta por el subsecretario Rodrigo Ubilla, que busca declarar la inaplicabilidad de la citada norma al caso de sus propios correos electrónicos y un requerimiento de información similar que también le fuera formulado a su correspondiente órgano.

No obstante lo anterior, lo peligroso del asunto radica en los efectos perniciosos que podrían producirse –y que probablemente las autoridades de gobierno esperan que se produzcan– más allá del caso específico de los alrededor de 350 correos electrónicos del ministro Larroulet, o de cualquier otro evento en particular. Porque si hay algo que enseña nuestra reciente historia jurisdiccional es que, donde hay espacio para acoger una acción de inaplicabilidad, también hay cabida para una definitiva declaración de inconstitucionalidad.

Comprendido lo anterior, en el sentido de que de la inaplicabilidad de una norma a un caso en concreto a su derogación definitiva por ser contraria a la Constitución hay un solo paso, cuesta asumir con benevolencia el verdadero fracaso en la función pública del que el Gobierno hace gala en esta materia, sacrificando un lineamiento político completo a nivel institucional que ha venido cimentándose en los últimos años en aras de la transparencia y de lo que los estándares de una democracia moderna exigen, para evitar, a cambio, una contingencia política particular y minúscula (que por lo demás despierta serias sospechas, como si conociéndose el contenido de los correos en cuestión pudiera aparecer algo que reemplace el carácter de contingencia minúscula por el de apocalíptica).

Interesantemente, y según especulaciones vertidas por El Mostrador en el ya citado artículo, las pretensiones del Ejecutivo pasarían, en realidad, por dar pie a una reforma legal que, más que despojar del carácter de público a una diversidad de soportes más allá de la documentación escrita, introduzca nuevos requisitos y procedimientos para poder acceder a tal información y declarar la publicidad de la misma.

Correos públicos vs. correos privados

Personalmente no discrepo de la posición a la que pretendería arribar el Ejecutivo. Si bien la transparencia en la Administración es una corriente universal que sólo parece ir en ascendencia (viéndose maximizada además por el trabajo de agrupaciones internacionales que operan prácticamente en la clandestinidad), no parece aconsejable que cualquier correo electrónico institucional sea puesto a disposición de todos sin mayores exigencias.

Es cierto que los ministros desempeñan una función pública, y que los servicios de correo por ellos usados revisten un carácter institucional. Por lo mismo podría pensarse, en una primera aproximación, que todo cuanto sea recibido en sus casillas electrónicas y todo cuanto sea enviado desde las mismas debe ser de libre acceso.

Sin embargo, debe tenerse presente que detrás del trabajo ministerial –o el de muchas otras autoridades políticas– existe una labor que va más allá de la, digamos, meramente “institucional” o “técnica” (a modo de ejemplo, pensemos en correos electrónicos sobre políticas de educación o energía remitidos de un órgano del Estado a otro). No puede perderse de vista, por la propia naturaleza de estos cargos, la faceta eminentemente política de quienes los ejercen; y es allí donde al menos ya debieran surgir dudas sobre la conveniencia de conocer el contenido de, por ejemplo, ciertas “negociaciones” que pudieran realizarse con algunos parlamentarios.

Es así como se va creando una zona difusa y gris en que las distinciones no parecen ya tan sencillas, como cuando uno trabaja en el sector privado y sabe que los correos para la esposa deben escribirse desde la cuenta personal y los estados financieros desde la cuenta del trabajo. Porque manejar el lobby y realizar muchas otras actividades que –sin incorporarse a las causales de secreto que la propia Ley de Transparencia incorpora– también demandan una cuota de privacidad, es parte del trabajo político que un Ministro de Estado debe hacer, de modo que tampoco parecería aconsejable pedirles, valiéndonos del ejemplo anterior, que utilicen su cuenta personal para tratar dichos asuntos.

De la publicidad de los correos electrónicos al papel

Con todo, y más allá de lo que pueda opinarse respecto a lo aceptable o no de la primera resolución dictada por el Consejo para la Transparencia, no debe perderse de vista lo que ya he descrito como eventuales efectos perniciosos para el estado de la transparencia en nuestra Administración.

Supongamos por un momento que tanto el requerimiento del subsecretario como el de la Segpres fueran acogidos por el TC, declarándose en ambos casos la inaplicabilidad del ya citado inciso segundo del artículo 5º de la Ley de Transparencia. Supongamos, además, que en algún momento el TC acaba declarando la inconstitucionalidad de dicha norma, tras estos dos casos emblemáticos y otros que puedan venir a futuro y en los que el Ejecutivo con toda probabilidad jugará la misma carta, en lo que parece ser una nueva política sistematizada. ¿Sería éste un escenario favorable para el país, aun para efectos de promover una reforma legislativa que modifique los estándares de transparencia tratándose de otros soportes, como el correo electrónico?

Desde luego que no. Con independencia de lo loables –o al menos legítimas– que puedan parecer las intenciones de reforma, lo cierto es que desnudar el principio de transparencia y quitarle el piso en materia de soporte electrónico implicaría un retroceso tremendo para el país; uno que nos dejaría en un vergonzoso pie como en el que estuvimos hace algunos años, cuando nos encontrábamos con casos como el de unos desarrolladores independientes de aplicaciones móviles, cuyo acceso a una base de datos pública del Transantiago fue bloqueado con la venia del ministro de Transportes de la época, bajo una lógica similar a la que se pretende que opere ahora.

Tampoco puede omitirse algo que hasta cierto punto parece obvio: estos supuestos intereses reales del Ejecutivo deben enfrentar el proceso de toda iniciativa legal, y por ende se verán sujetos a toda una seguidilla de trabas políticas que impliquen discusiones parlamentarias, discusiones extraparlamentarias (u obstáculos artificiales y “declaraciones para la galería”) y, en fin, una eventual dilación de dicho proceso.

Por lo anterior recalco que, mientras no exista un proyecto de reforma concreto y ya aprobado, no parece en absoluto aconsejable debilitar el principio de Transparencia que nuestra propia Constitución consagra, intentando derribar a punta de recursos de inaplicabilidad el precepto que reconoce la publicidad de toda información que obre en poder de los órganos de la Administración, con independencia de su soporte. Que el Ejecutivo obre de esta manera sólo implicará que Chile vuelva a una era oscura, donde reinaba el absurdo y anacrónico entendido de que la información pública es el papel que se encuentra sobre el escritorio de un funcionario burocrático y poco más.

 

Elecciones Primarias (parte I)

primarias

Por José Francisco García.

El proyecto de ley de primarias resulta clave para aumentar los niveles de competencia y legitimidad de nuestro sistema político. De aprobarse, tiene el potencial de generar una cultura de democracia interna, diversidad y entrega de poder real en las bases; generando incentivos para que los partidos se abran a la comunidad. Y precisamente ahora que se encuentra en su etapa de discusión final en el Senado antes de convertirse en ley, es que resulta clave resolver aspectos que van en la línea señalada: aumentar la competencia y legitimidad de este mecanismo.

Los pilares del proyecto de primarias actual son los siguientes. Son voluntarias -siendo el Consejo General de los partidos políticos el órgano encargado de tomar la decisión de participar, a petición de la directiva, de un porcentaje de dicho consejo o de órganos de representación territorial, lo que dependerá si se trata de una nominación presidencial, parlamentaria o para alcalde-; vinculantes -no tan sólo porque se designan como candidatos a la elección general a los candidatos ganadores de las primarias, sino porque importa que los candidatos perdedores no se puedan presentar en las elecciones generales-; simultáneas -entre partidos y/o coaliciones políticas y también entre primarias presidenciales y parlamentarias-; que tienen por objeto designar los cargos de alcalde, parlamentario y Presidente de la República; y en donde los Consejos Generales deben tomar la decisión del padrón electoral que será invitado a dicha primaria, eligiendo entre distintas opciones que varían entre abiertas (todos los inscritos del padrón electoral) o cerradas (donde sólo se permite a los militantes del partido y/o pacto electoral).

Asimismo, destaca el que sean financiadas por el Estado -lo que por el momento no incluye reembolsos o subsidios a las candidaturas, como tampoco la existencia de una franja electoral gratuita equivalente a la que beneficia a las elecciones generales-  y en donde el Servicio Electoral es el encargado de organizarlas.

Finalmente, destaca el que se les aplique la Ley N° 19.884 sobre límite, control y transparencia del gasto electoral, lo que implica, junto con las excepciones comentadas en materia de financiamiento público, que operan los mecanismos de donaciones privadas de personas jurídicas con fines de lucro y naturales; la exigencia de contabilidad; entre otros. Una cuestión relevante es que respecto del límite de gastos, el proyecto actual establece que se podrá gastar hasta un 25% de los gastos totales fijados para dicho territorio electoral en las elecciones generales -cifra publicada por el Servel-, porcentaje que no se imputa al gasto de las elecciones generales.

Así, en lo grueso, se trata de un proyecto positivo y que tiene gran potencial en términos de oxigenar nuestra política, aumentar la competencia y legitimar el proceso de designación de candidatos.

Sin embargo, existen al menos tres modificaciones -o ámbitos de modificación- que están en discusión y que podrían mejorar sustancialmente el proyecto: en qué condiciones los candidatos independientes pueden entrar a las primarias; el rol de los militantes -que en el proyecto actual no son actores relevantes-; y el periodo de campaña y el gasto electoral.

The Premiere of the New Look and Logo of the Fundación Ciudadano Inteligente

FCI new

By Comunicaciones FCI.

Ciudadano Inteligente is now .org! The change from .cl to .org represents the official association of our organization to the rest of Latin American, a feat that we’ve been working on for quite some time. Today, our organization boasts a multidisciplinary team from all over the world, who together work to promote transparency and citizen participation; and, to create innovative, powerful web applications, both in Chile as well as various other countries throughout the region. Some examples include Vota Inteligente – Argentina and Developing Latin America, the regional, collaborative initiative to develop civic applications.

Ciudadano Inteligente also counts on its excellent team of volunteers, who play a key role in supporting the applications, gathering information, and researching various topics. With the launching of our new website, we are officially calling on volunteers to participate in our organization, offering an opportunity to get involved in actively promoting transparency, accountability, and citizen participation. Now, students, professionals, or motivated citizens can volunteer their time and expertise in their respective areas, be it research, communications, graphic design, or web development. We will be constantly updating the open volunteering, as the registration form will be online.

As for the new graphic design, we changed our Foundation’s logo to a light bulb surrounded by many points, symbolizing the citizens who make up the Ciudadano Inteligente community. We decided it was the perfect time to adjust our image to include those who carry and inspire our Foundation to do the work it does.

In her blog post Chao narigón, hola a todos, Montserrat Lobos, the head of Design, tells us that “this new logo is a constant reminder to all who participate in this community to continue to strive to create more instances of participation and collaboration, to open our data, and to share information, concerns, problems and solutions”.

We’re inviting everyone, including you! Together, we are stronger!

 

La sobrevaloración de la Democracia en Chile

democ

Por Diego Bustos.

En mis tiempos de estudiante, en alguno de los varios textos que pasaron por mis manos, me tocó leer una idea que sin duda alguna ha hecho eco en mi mente hasta el día de hoy. Si mal no recuerdo, la frase decía algo así: “la democracia es la autoridad de la mayoría por sobre las minorías”. Desde entonces, no he podido sino cuestionarme frecuentemente la validez y el peso real del concepto “democracia” en esta, nuestra sociedad.

Bien es cierto que dicho término significa “poder del pueblo” (demos kratos). En esencia, ese breve concepto dice mucho y ha logrado dar cimientos a innumerables hechos históricos. No obstante ello, recordemos que la muestra más pura de la que se tenga registro sobre lo que ha sido la práctica democrática fue la antigua Atenas y, es teniendo claro ello, que surgen poco a poco distintas inconformidades sobre nuestra actualidad política y social.

Vamos viendo. En primer lugar, la democracia pura y recta  de los tiempos clásicos se dio en un pueblo muy distinto a cualquier grupo social presente en este tiempo. Eran personas cultas, preocupadas por lo que pasaba a sus alrededores y tremendamente llenos de ambiciones. Los atenienses eran ricos en cultura y tradiciones, primaban el conocimiento y la razón por sobre el ocio y lo militar. En cada decisión que hubiere de tomarse, cada miembro de aquel grupo de habitantes tenía la libertad de opinar por medio de voto secreto sobre las alternativas dadas en pro del bienestar del pueblo entero.

Aquel grupo de personas fueron los pioneros de ésta idea que tanto peso le damos en la actualidad. Gente estudiosa y preocupada del perfeccionamiento constante de la razón (me gustaría ver un solo chileno al azar memorizando “La Iliada”… tal como lo hicieron los atenienses).

Me parece irrisorio, entonces, ver tanto político jactándose de la “democracia chilena” y más lastima me da cuando dicen que la imagen de nuestro país de ha posicionado por ello mismo. Llega incluso a provocar risa cuando sale al aire la frase “tradición democrática”. ¡Por favor! ¿de qué tradición democrática estamos hablando?.

En una clase de Historia de Chile un gran profesor desglosó la idea y nos explicó (al curso) el porqué simplemente no podemos nunca hablar de la tradición democrática. Y fue él quien compartió una idea basada en numeración de hitos que no puedo sino compartir:

  • Chile parte del virreinato del Perú.
  • Guerra contra el pueblo araucano (la segunda guerra más larga de la que se tenga registro, siendo superada solo por las cruzadas).
  • Persecución a los liberales.
  • Chile federal.
  • Guerra Civil de 1891
  • Chile y la rotativa ministerial… período en el que tuvimos incluso ministros que usaron sus cargos por tan solo un día.
  • Irrupción armada durante el gobierno de don Arturo Alessandri Palma, quien debió interrumpir su periodo presidencial hasta que los uniformados vieran que no eran capaces de tomar las riendas sobre las problemáticas nacionales.
  • Gobierno militar presidido por Augusto Pinochet.

Esos son solo algunos de los ejemplos de las tantas interrupciones que ha tenido nuestra endiosada democracia. Y todo eso en solo 200 años, lo cual por cierto es un muy breve período de tiempo para hablar de que el nuestro es un país recto e inmaculadamente democrático.

Es cierto, tenemos un sistema de elección que nos permite elegir concejales, alcaldes, parlamentarios e incluso el Presidente de la República por medio de sufragio universal. Sin embargo ello no me parece suficiente para considerar a mi país como una nación democrática. Cada día es más frecuente la frase “no voto porque no me interesa la política”, sobre todo en jóvenes, quienes por cierto aparentemente no han logrado darse cuenta que absolutamente todo lo que tienen y lo que los rodea a llegado a ellos gracias a una intervención política.

Por otro lado, y aunque a muchos les pese, no podemos desconocer que el grueso de la masa electoral peca de ignorancia ante asuntos claves antes de sufragar. No saben lo que es el modelo directo o indirecto, no saben realmente cuales son las labores de concejales o alcaldes, y no saben, siquiera, la diferencia entre un senador y un diputado. ¿En qué se traduce eso? En el constante triunfo del carismático por sobre el  capaz. Y es así, señores, como le damos constante impulso a la rueda del círculo vicioso en el cual estamos inmersos. ¿Cómo podríamos solucionar éste problema?… realmente no lo he pensado con detención, pero si tengo claro que el dictar educación cívica obligatoria sería sin lugar a dudas un muy gran paso al respecto.

No pongamos la democracia en un pedestal. No, al menos, mientras basemos nuestra democracia en la capacidad de sufragio popular. La democracia es mucho más que eso.

Sólo tenemos 200 años, estamos en pañales. Aún es tiempo de empezar a hacer las cosas bien. Pero como diríamos en buen chileno… bajémonos de la nube. No, no somos un país de tradición democrática.

 

Promesas presidenciales: ¿Chiste repetido sale podrido?

iscurso

Por Álvaro Castañón.

Parte esencial de ser un buen político es prometer a los ciudadanos un futuro mejor. El problema ocurre, cuando prometer “cielo, mar y tierra” se convierte en una costumbre, y cumplir es un acto más bien excepcional. Desgraciadamente, la adictiva costumbre  de prometer algo como acto reflejo ante algún problema contingente o cuestionamiento, ha llevado a que los ciudadanos sean un poco más exigentes, mirando con desilusión y posterior rabia cuando las promesas quedan en el olvido de la autoridad.

Es así como se hace necesaria la constante fiscalización de los compromisos que adquieren nuestras autoridades, específicamente el Presidente de la República, quien tiene variadas instancias para prometer a nivel micro y macro, como ocurre en las campañas electorales o los discursos del 21 de mayo.

En la Fundación Ciudadano Inteligente se han realizado tres estudios en esta materia, pero además pusimos especial atención en el último discurso del 21 de mayo, y mucho de lo que allí escuchamos resultó conocido. De 45 promesas que implican iniciativa legal, es decir, hacen participes del debate al congreso como órgano de representación popular, 27 de ellas eran repetidas de alguno de los dos discursos anteriores, y sólo 18 son promesas nuevas.

Dentro de las promesas repetidas podemos encontrar la -a estas alturas- famosa Superintendencia de Educación Superior, o la regulación respecto de las empresas multi rut. Quizás también le suene la ley que nos proveería de una  carretera energética, la Subsecretaría de DDHH, una nueva ley de Isapres, o la reina de las promesas repetidas; “una ley de reconocimiento de pueblos originarios”. En total, un 60% de las promesas del pasado discurso del Presidente Piñera son “chistes repetidos”.

Pero no debemos sesgar nuestro análisis y agotarlo en el Presidente Piñera, pues muchos de estos chistes ya habían sido contados antes. Algunos, se reiteran intentando superar los problemas de apoyo político, como es el caso del voto de chilenos en el extranjero. Otras promesas sin embargo, responden a la necesidad recurrente de dar una respuesta a un problema clásico, pero sin llegar a concretar una iniciativa legal que sea permanente en el tiempo, así ocurre con el reconocimiento de los pueblos originarios.

El no cumplimiento de promesas, o la reiteración de éstas, afectan de manera importante la confianza de los ciudadanos con sus autoridades. Pero hasta acá no hay novedad, pues como dijimos, prometer es parte del oficio.

Lo realmente malo, es cuando un factor que habíamos dado por habitual pasa a ser “la gota que rebalsó el vaso”. Hoy, ya es innegable la crisis que afecta a nuestra clase política y sus instituciones vinculadas. Bajo ese escenario, la sumatoria de “molestias” produce políticos histéricos y ciudadanos indignados, y con justa razón, pero con efectos negativos para el país. Moraleja: no hay que abusar del oficio.

Como sociedad, tenemos que acostumbrarnos a que las nuevas tendencias apuntan a una mayor transparencia y rendición de cuentas, pero también al empoderamiento ciudadano que se traduce en fiscalización. La solución, son los gobiernos  abiertos a la sociedad civil, donde los flujos de información son honestos en relación a lo que se cumplió, en lo que se está trabajando y lo que no se va a poder hacer. Tomando lo anterior como un primer paso, podemos seguir escuchando promesas de futuro, y aplaudiendo aquellos chistes que tienen un sustento para ser aplaudidos.

Los ciudadanos vamos ganando la carrera. Estamos más organizados, las tecnologías de la información ayudan mucho a que sea fácil generar puntos de encuentro y compartir información. De ésta forma las promesas que se repiten una y otra vez, de gobierno en gobierno, ya no son una formula de éxito.

Más temprano que tarde nuestras autoridades tendrán que tomar conciencia y tener cuidado con lo que prometen, o arriesgarse lanzando el chiste repetido, y esperar la reacción de un público que aparentemente cada vez entienden menos.

Fuente: La Tercera Blogs

Acceso a la información pública en municipios: ¿hay alguien ahí?

muni

Por Daniela Tejada.

Las municipalidades pueden ser vistas como los órganos de la administración del Estado con quienes la ciudadanía puede tener una relación más directa, cercana y efectiva. La tecnología y las comunicaciones han jugado un rol fundamental en esta tarea. Hoy en día es mucho más fácil acceder a la información que consideramos valiosa, plantear nuestras inquietudes y tener un rol más activo al interior de nuestra comunidad, ya no solamente a través de la vía presencial, sino también por medio de internet y de sus miles de herramientas posibles de utilizar desde la comodidad de nuestros hogares.

Para ello contamos con la ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública que promueve la Transparencia y nos entrega información de cómo podemos utilizarla. Pero es importante entender a la Transparencia no sólo como un instrumento de control al que deben someterse los órganos públicos, sino también como una herramienta de gestión que involucra a la ciudadanía en los procesos de toma de decisión, y donde una comunidad más partícipe permite generar un gobierno más responsable y más orientado a las necesidades de sus habitantes. En el ámbito local, aquellos municipios que han captado la importancia de explotar los mecanismos de transparencia van bien encaminados en la construcción de una gestión más participativa y eficiente a diferencia que aquellos que aún poseen diversas barreras de acceso a la información pública.

En este contexto, un estudio llevado a cabo por la Fundación Pro Acceso titulado “Barreras de Acceso a la Información Pública en Municipios”, informó de alguna de las principales falencias que hoy en día presentan los sitios web de las 345 municipalidades que existen actualmente en nuestro país, y que da cuenta por un lado del cumplimiento de lo que respecta a la Ley de Transparencia y que por otro abre la interrogante en torno a lo que los ciudadanos podemos aportar a nuestros gobiernos locales respectivos.

Tan solo para contextualizar, la Ley sobre Acceso a la Información Pública señala en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, y agrega posteriormente en el artículo 12 que la solicitud puede ser formulada por escrito o por sitios electrónicos y que deberá contener:  a) nombre, apellidos y dirección del solicitante (y de su apoderado cuando corresponda); b) identificación clara de la información que se requiere; c) firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado, y d) órgano administrativo al que se dirige.

Son 108 los municipios que cuentan con un sistema de gestión de solicitudes, sin embargo muchos cuentan con distintas falencias. Por ejemplo, un 96% de éstos no permite adjuntar un archivo, y por tanto no puede enviarse la firma del solicitante como indica la ley; un 94% no permite hacer seguimiento de la solicitud, y por tanto no sabemos si  ésta ha sido ingresada y si se encuentra en tramitación; el 87% de los sitios web no publican un tutorial, y por tanto no informan a los ciudadano respecto a cómo y dónde ingresar sus consultas; así como también un 41,1% obliga a ingresar datos personales fuera de los obligatorios, al igual que un 41% no envía un comprobante  de recepción de la solicitud, y por lo tanto, si el municipio no cumple y no responde lo solicitado, no tenemos ningún medio de comprobación para poder entablar un reclamo.

A su vez, otros de los problemas encontrados tienen relación con la obligatoriedad de ingresar un RUT (18%), a pesar de que la ley nada señala al respecto; el hecho de que no exista un banner de transparencia visible (6%); que el máximo de caracteres sea muy limitado (2%); o que no funcione el link (1%).

En los casos en los que el municipio no cuenta con un sistema de gestión de solicitudes, aún es posible contar con el envío a través de un correo electrónico destinado a ello. Pero al ser ésta una vía no “oficial”, de hecho no están obligados a dar respuesta a la solicitud – a pesar de que muchos sí lo hacen – y de nuevo surgen problemas tales como que la solicitud sea ingresada días después de que haya llegado el correo, y por tanto demore más de 20 días su tramitación; que el correo se encuentre caduco y que no sea posible enviar la consulta; que no se acuse recibo y no sepamos si la consulta efectivamente llegó; y por último, que no nos respondan, por no estar obligados a hacerlo. Lo mismo ocurre en el caso de que se quiera ingresa una consulta a través de el link “Contáctenos”, porque tampoco es la vía formal de hacer las solicitudes, y no tienen la obligación de responderlas. Nosotros nos topamos con 27 comunas en las que intentamos enviar las solicitudes a través de éste mecanismo, y afortunadamente 22 de éstas nos han respondido.

De lo anterior surge la interrogante respecto a si la calidad de los sistemas de gestión de solicitudes y la existencia de barreras a la información pública se encuentra directamente vinculada a la cantidad de recursos con los que cuenta un determinado municipio, y que un municipio con más recursos contaría con mejores sistemas y menos barreras que aquellos con menos capacidad financiera. La experiencia nos dice que tal relación no es correcta, y que, por ejemplo, en un 56,2% de los municipios urbanos y en el 46, 2% de los municipios rurales se logró hacer la solicitud a través del sitio web, lo cual no muestra la existencia de una gran brecha. Lo mismo ocurre en el caso del envío a través de correo electrónico, lo cual incluyó al  36,8% de los municipios urbanos y al 41,9% de los rurales, sin haber una diferencia tan abismal entre ellos.

Esto último es fundamental para comprender las falencias que persisten en torno a la apertura municipal hacia la entrega de la información. Los recursos sí son necesarios, pero no son un factor de exclusión para que los municipios puedan contar con algún mecanismo acorde a las demanda ciudadana para la entrega de la información. Las posibilidades son variadas pero la importancia de éstas es una sola, y es que al mejorar la comunicación municipio-ciudadano, mejor será esta relación directa, cercana y efectiva señalada en el principio. Pero a su vez, no solamente se necesitan municipios más transparentes y con menos barreras de acceso a la información, sino también ciudadanos más activos y con demandas más claras que logren hacer de nuestros gobiernos locales administraciones más eficientes.

¿Te has metido alguna vez al sitio web de tu municipio a revisar cuáles son las posibilidades que éste te entrega? Hazlo, revisa, consulta, y por sobre todo infórmate, y no te preocupes, porque Ciudadano Inteligente también se está encargando de recolectar algunos datos relevantes de tu comuna que te podrían interesar.

 

El Trago Fuerte

¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.

Archivo



Feedburner RSS

Twitter

Facebook