Declaración sobre la transparencia parlamentaria

Por Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa

RESUMEN EJECUTIVO

Esta Declaración de Principios sobre la Transparencia del Parlamento es un llamado a las organizaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario (PMOs por sus siglas en inglés) para generar un mayor compromiso con la transparencia y la participación ciudadana. Las PMOs llevan adelante importantes iniciativas ayudando a hacer más accesible la información parlamentaria, fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos invitándolos a participar en los procesos legislativos, y fomentando la mejora de la rendición de cuentas. Las PMOs no sólo tienen un fuerte interés en la generación de un mayor acceso a la información gubernamental y parlamentaria, sino que también reconocen la necesidad de un mayor diálogo y colaboración entre los parlamentos del mundo en temas de transparencia a los efectos de propiciar una mayor participación ciudadana, instituciones más representativas y, en definitiva, una sociedad más democrática.

La Declaración fue uno de los temas de discusión en una conferencia de líderes de PMOs, que se celebró en Washington, DC, del 30 abril al 2 mayo del corriente, organizada conjuntamente por el National Democratic Institute, la Sunlight Foudation, y la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, con el apoyo de la Omidyar Network, el Open Society Institute, el National Endowment for Democracy y la Embajada de México en los Estados Unidos. El Instituto del Banco Mundial también participó de la conferencia en carácter de socio y co-organizó una mesa redonda al final del encuentro.

La Declaración se basa en una serie de documentos de referencia aprobada por la comunidad parlamentaria internacional, así como en las experiencias y aportes de las PMOs. Ese manifiesto va acompañado de un documento de debate que incluye la información de fondo en forma detallada y ejemplos de buenas prácticas en cada una de las disposiciones descritas.

La Declaración aborda las siguientes cuestiones:

• Promover una cultura de transparencia: Como institución pública, la información parlamentaria pertenece al ciudadano. Sin embargo, esa información puede ser utilizada por los representados más eficazmente en el contexto de una cultura de la apertura de la información. El Parlamento tiene el deber de dictar una normativa que promueva una cultura de apertura de la información, incluyendo las leyes que propicien una sociedad civil dinámica. Por otra parte, el Parlamento tiene el deber de garantizar la aplicación efectiva de las leyes que velen por el acceso a la información y la transparencia del gobierno a través de su función de supervisión; proporcionando los recursos legales que permitan a los ciudadanos hacer valer sus derechos. El Parlamento también debe facilitar la participación y el compromiso de los ciudadanos y la sociedad civil con el gobierno mediante el apoyo a la educación cívica, la cooperación con las PMOs y el respeto de los derechos de los ciudadanos a precisar información parlamentaria.
• Hacer la Información Parlamentaria transparente: el Parlamento debe adoptar políticas que garanticen la total transparencia y apertura de la información. Por “Información Parlamentaria” se entiende  la generada en todo el proceso legislativo, incluido el texto de la legislación aprobada y las enmiendas, la información sobre el cronograma del proceso legislativo, sobre las comisiones y votaciones en el plenario y el debate parlamentario, y toda otra información que forma parte del registro parlamentario. Además, el Parlamento debe proporcionar información sobre la gestión y administración de la institución, así como sobre las actividades y asuntos de los miembros del parlamento, incluyendo información sobre los activos de los miembros y los posibles conflictos de interés.
• Hacer la Información Parlamentaria de fácil acceso: no sólo hacer pública la información parlamentaria, el parlamento también debe asegurarse de que ella sea ampliamente accesible a todos los ciudadanos a través de múltiples canales, incluyendo material impreso, transmisiones en vivo y on-line. El acceso físico al parlamento debe ser proporcionado a todos los ciudadanos, con políticas claramente definidas y accesibles al público. Se debe garantizar al mismo tiempo el acceso de los medios de comunicación. La información parlamentaria debe estar disponible en forma gratuita, en varios idiomas nacionales (en los casos que sea pertinente) y por medio de herramientas tales como resúmenes en lenguaje claro, que ayudan a asegurar que la información parlamentaria este fácilmente disponible y comprensible para una amplia gama de los ciudadanos.
• Habilitar acceso electrónico y análisis de información parlamentaria: las páginas web parlamentarias son un medio esencial de comunicación con los ciudadanos, incluso en sociedades con limitada penetración de Internet. Éstas facilitan el acceso a la información parlamentaria por parte de la sociedad civil. La información parlamentaria se debe publicar en línea en formatos estructurados y abiertos que permitan a los ciudadanos analizarla y volver a utilizarla empleando la gama completa de herramientas que esa tecnología permite. La información debe ser un hipervínculo y poder buscarse fácilmente, mientras que se debe dar preferencia al uso de software abierto y libre. Los sitios web parlamentarios deben esforzarse por hacer uso de herramientas interactivas para involucrar a los ciudadanos. Al mismo tiempo deben proporcionar servicios de alerta. La información también debe ser descargable en forma masiva para que los ciudadanos puedan crear sus propias herramientas que les permitan analizar y comprometerse con la información parlamentaria. El Parlamento tiene el deber de mitigar las barreras tecnológicas para el uso de la información parlamentaria y debe garantizar la privacidad de los ciudadanos al acceder a la información.

DECLARACIÓN SOBRE LA TRANSPARENCIA PARLAMENTARIA

I.- PREÁMBULO

CONSIDERANDO que un parlamento fuerte y accesible es una,  o incluso la clave,  institucional para la democratización, porque  sus responsabilidades constitucionales es la del dictado de leyes, supervisión de la ejecución de la política del Ejecutivo y representar los intereses de los ciudadanos;

CONSIDERANDO que la transparencia de la información parlamentaria permite a los representantes involucrar a sus representados en los debates  de las cuestiones políticas, informa y educa a los ciudadanos sobre la labor del Parlamento, ofrece a los ciudadanos el acceso a la información necesaria para aportar y colaborara en el proceso legislativo, permite a los ciudadanos pedir rendición de cuentas a los parlamentarios y asegura que sus intereses  y aspiraciones democráticas estén representados;

CONSIDERANDO que los derechos de los ciudadanos de participar en el gobierno y  acceder a la información gubernamental, incluida la información parlamentaria, son reconocidos como componentes fundamentales de los marcos legales internacionales de derechos humanos;[1] que la apertura a la información parlamentaria se reconoce como un elemento esencial de un parlamento democrático, como se refleja en las nuevas referencias internacionales y las normas para los parlamentos democráticos adoptados por la comunidad parlamentaria internacional. Que las instituciones internacionales han establecido una base sólida para la transparencia a través de sitios web parlamentarios;[2] Y que las instituciones internacionales han establecido una base sólida para la transparencia a través de sitios web parlamentarios;[3]

CONSIDERANDO que el inicio de la era digital ha alterado de manera fundamental el contexto para el uso público de la información parlamentaria y las expectativas de los ciudadanos para el buen gobierno, haciendo necesario que los parlamentos acepten las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías que facilitan el intercambio de información y la participación ciudadana en los procesos parlamentarios;

CONSIDERANDO que los avances en materia parlamentaria, la experiencia, los recursos y el contexto puede influir en el enfoque de la mejora de la apertura adoptada por el Parlamento. Estos factores no deben reducir el compromiso del Parlamento a ser más abierto y transparente;

CONSIDERANDO que la necesidad de una mayor transparencia parlamentaria se muestra a partir de que 55 gobiernos están trabajando juntos como parte de la Alianza de Gobiernos Abiertos,[4] para compartir compromisos concretos en los planes de acción nacionales,  con el objetivo de promover la transparencia, la autonomía de los ciudadanos, combatir la corrupción, derogar las leyes que impiden el acceso a la información pública, y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad;

CONSIDERANDO que un número cada vez mayor de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean a los parlamentos y organizaciones de apoyo tratan de desempeñar una función significativa y colaborativa en el fortalecimiento de la democracia parlamentaria. Y que estos requieren acceso a la información parlamentaria para desempeñar esta función con eficacia, al mismo tiempo que existen numerosos precedentes de una estrecha colaboración entre los parlamentos y las PMOs que pueden informar a los esfuerzos para una mayor apertura de información parlamentaria en otros países;

POR LO TANTO, las organizaciones abajo firmantes  hacen un llamado a los parlamentos para comprometerse a trabajar hacia la plena adhesión a los siguientes principios de transparencia parlamentaria:

II. PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA

1. Propiedad pública de la Información Parlamentaria: la Información Parlamentaria pertenece al público, las excepciones o limitaciones a este principio de publicidad deberá ser estrechamente definidas por la ley.

2. Promover la Cultura de  Transparencia a través de la legislación: el Parlamento tiene el deber de dictar legislación, así como reglas internas de procedimiento y códigos de conducta, que promuevan un entorno propicio, que reconozca y proteja el derecho al acceso a la información pública gubernamental y parlamentaria,  que promueva una cultura de un gobierno abierto,  que salvaguarde la libertad de expresión y de reunión, y que proporcione oportunidades para la participación de la sociedad civil y los ciudadanos en el proceso legislativo.

3.Promover la Cultura de Transparencia a través de la supervisión: en el cumplimiento de su función de supervisión, el Parlamento se asegurará que las leyes que garanticen la transparencia gubernamental se apliquen eficazmente, que el gobierno actúe de manera totalmente transparente y trabaje para promover una cultura de transparencia.

4. Promover la educación cívica: el Parlamento tiene la responsabilidad de promover activamente la educación cívica que incluya la participación ciudadana, y la de la juventud en particular, en las discusiones que promueven la comprensión del papel del Parlamento, sus normas y procedimientos operacionales, su trabajo, las funciones y los deberes de los parlamentarios. También debe incluir el suministro de información parlamentaria detallada, así como resúmenes y explicaciones en lenguaje claro,  que se puedan utilizar con eficacia por los ciudadanos con distintos niveles educativos y de diversos contextos.

5. Fomentar la Participación Ciudadana: la transparencia de la información parlamentaria no es un fin en sí mismo. El Parlamento tiene el deber de comunicar y vincular activamente a los ciudadanos y la sociedad civil en los procesos parlamentarios y la toma de decisiones, con el fin de representar efectivamente a los ciudadanos y hacer efectivo el derecho de petición de los ciudadanos a sus gobernantes.

6. Fomentar una sociedad civil activa: el Parlamento tiene el deber de apoyar el desarrollo y el mantenimiento de una activa y comprometida sociedad civil y garantizar que las organizaciones de la sociedad civil sean capaces de operar libremente y sin restricciones.

7. Habilitar el monitoreo parlamentario eficaz: el Parlamento debe reconocer el derecho y el deber de la sociedad civil, medios de comunicación y el público en general para controlar y monitorear al parlamento y a los parlamentarios. Se debe fomentar el diálogo y las consultas entre el Parlamento y las organizaciones de la sociedad civil que los monitorean, con el fin de mejorar la calidad de los esfuerzos de vigilancia y reducir las barreras en el acceso a la información parlamentaria.

8. Intercambiar buenas prácticas: El Parlamento debe participar activamente en el intercambio de buenas prácticas a nivel internacional y regional,  con otros parlamentos y con las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de aumentar la transparencia de la información parlamentaria, mejorar el uso de tecnologías de información y comunicación, y fortalecer la adherencia a los principios democráticos.

9. Garantizar el recurso legal: el Parlamento dictará legislaciones que garanticen que los ciudadanos tengan un acceso efectivo a un recurso legal o judicial en los casos en que el acceso de los ciudadanos a la información gubernamental o parlamentaria esté en disputa.

10.  Proporcionar información completa: la información parlamentaria a disposición del público debe ser lo más completa posible, reflejando la totalidad de la acción parlamentaria, sujeta únicamente a las excepciones estrictamente definidas que determine la ley.

11.  Proporcionar información de forma oportuna: Los datos sobre la labor legislativa se proporcionará al público de manera oportuna. Como regla general, se proporcionará información en tiempo real, y en la medida en que hacerlo sea imposible, se liberará tan pronto como se recoja.

12.  Asegurar la exactitud de  la información: el Parlamento deberá conservar copias autorizadas y garantizará que los datos que facilita al público son exactos.

III.  HACER LA INFORMACIÓN PARLAMENTARIA TRANSPARENTE

13. Adopción de políticas de transparencia parlamentaria: el Parlamento aprobará las políticas que garantizan la publicación periódica y proactiva y la difusión de información parlamentaria, incluyendo políticas relativas a los formatos en los que se publican estas informaciones. Las políticas parlamentarias de transparencia se harán públicas, determinando los criterios para la revisión periódica de las mismas para aprovechar las innovaciones tecnológicas y la evolución de las buenas prácticas. Cuando el Parlamento no puede tener la capacidad de publicar la información parlamentaria completa, los parlamentos deben desarrollar alianzas con la sociedad civil para asegurar un amplio acceso público a la información parlamentaria.

14. Proporcionar información sobre las funciones parlamentarias: el Parlamento pondrá la información disponible acerca de su función constitucional, su estructura, sus funciones, sus reglas y su flujo de trabajo, así como la misma información para sus comités.

15. Proporcionar información sobre los miembros del Parlamento: los parlamentos deberán aportar suficiente información y actualizarla con regularidad, a través de Internet y por otros medios, para que los ciudadanos puedan conocer las credenciales de un miembro, afiliación política, los roles en el parlamento, posiciones políticas, y cualquier información que los miembros desean dar a conocer sobre sí mismos y sus credenciales. La información de contacto de las oficinas de trabajo de los miembros del Parlamento también deben estar disponible para el público.

16. Proporcionar información sobre el personal del Parlamento y de la Administración parlamentaria: el Parlamento hará disponible la información sobre su funcionamiento administrativo y la estructura del personal parlamentario que gestione y administre los procesos parlamentarios. La información de contacto para el personal responsable de proporcionar información al público debe estar a disposición del público.

17. Informar a los ciudadanos con respecto a la agenda parlamentaria: la documentación relativa a la programación de los trabajos parlamentarios se proporcionará al público, incluyendo el calendario de sesiones, la información respecto a los votos programados, el orden del día y el calendario de audiencias de la comisión. Salvo en casos excepcionales relacionados con la legislación de emergencia, el parlamento deberá informar con suficiente antelación para permitir que el público y la sociedad civil proporcionen información a los miembros con respecto a los temas objeto de examen.

18. Informar e involucrar a los ciudadanos en un proyecto de ley: un proyecto de ley se hará público y se publicará a partir de su introducción. Reconociendo la necesidad de los ciudadanos a estar plenamente informados para realizar aportes a los temas examinados, el parlamento debe proveer al público con análisis e información para fomentar la comprensión amplia de los debates políticos.

19. Publicar los registros de los trabajos de las Comisiones Legislativas: se harán públicos informes de los trabajos de las comisiones, incluyendo los documentos creados y recibidos, el testimonio de los testigos en las audiencias públicas, las transcripciones y registros de las acciones de ese cuerpo legislativo.

20. Grabación de votos parlamentarios: Para garantizar la rendición de cuentas a sus electores por su comportamiento electoral, el Parlamento se esforzará para reducir al mínimo el uso de la voz de votación en sesión plenaria y se utilizará votación nominal o votación electrónica en la mayoría de los casos, mantendrá y pondrá a disposición del público un registro de la votación individual asi como del comportamiento de los miembros individuales del Parlamento en sesión plenaria y en comisiones.

21. Publicar un Hansard, Transcripts o actas de las deliberaciones plenarias: el Parlamento deberá crear, mantener y publicar registros accesibles de sus actuaciones plenarias en forma de grabaciones audio o de vídeo, presentado online en un lugar permanente, y en la forma de una transcripción escrita .

22. Editorial Informes realizados ante el Parlamento: Todos los informes solicitados o requeridos para ser presentado al Parlamento, de sus oficinas o de las comisiones, se harán públicos en su totalidad, excepto en circunstancias estrictamente definidas identificadas por la ley.

23. Proporcionar información de Presupuesto: El Parlamento tiene la responsabilidad de públicar de manera amplia, detallada y fácilmente comprensible, la información sobre el presupuesto nacional y los gastos, incluidos los ingresos pasados, actuales y previstos, así como los gastos, e información sobre el propio presupuesto del Parlamento, incluida la información acerca de su propia ejecución del presupuesto, licitaciones y contratos, y otros fondos. Esta información debe hacerse pública en su totalidad, utilizando una taxonomía consistente, junto con los resúmenes en lenguaje sencillo, las explicaciones o informes que ayudan a promover la comprensión ciudadana.

24. Revelar activos y asegurar la integridad de miembros: el Parlamento debe presentar suficiente información para permitir a los ciudadanos hacer juicios con respecto a la integridad y probidad de los miembros individuales del Parlamento, incluyendo la información sobre las revelaciones de activos de los miembros, un ingreso extra, intereses y beneficios en especie .

25. Divulgar Información sobre conflictos de intereses y conducta ética: el Parlamento deberá revelar la información necesaria para protegerse de los conflictos reales o percibidos de interés y violaciones éticas, incluyendo la información pertinente acerca de las interacciones de los miembros con los grupos de interés y grupos de presión. El Parlamento también deberá hacer pública la información sobre antecedentes penales de los miembros y los resultados de las investigaciones judiciales o parlamentarias en las acusaciones de conducta poco ética, conflictos de intereses o la corrupción.

26. Proporcionar acceso a la información histórica: Cuando sea posible, previo a la realización de todas las sesiones, se digitalizará y pondrá a disposición del público en forma electrónica información parlamentaria histórica. La información digital se mantendrá a perpetuidad y seguirá a disposición del público. En la medida de que un parlamento no puede digitalizar y poner a disposición su propia información, se deberá trabajar con organizaciones externas para facilitar la difusión pública de información parlamentaria sin ninguna restricción. El Parlamento facilitará al público el acceso a una biblioteca parlamentaria con el fin de permitir a los miembros del parlamento y al público la posibilidad de acceder a la información parlamentaria histórica.

IV. HACER INFORMACIÓN PARLAMENTARIA FACILMENTE ACCESIBLE

27. Garantizar la accesibilidad del Parlamento a través de múltiples canales: los Parlamentos facilitarán el acceso a la información sobre sus trabajos a través de múltiples canales, incluyendo, pero no limitado, a la observación en primera persona a través del acceso físico a los procedimientos, medios impresos, radio y televisión, y mediante el uso de internet y tecnologías de dispositivos móviles.

28. Asegurar el acceso físico al Parlamento: el Parlamento y sus procedimientos serán accesibles y abiertos a todos los ciudadanos sólo para seguridad pública y demostrable y en las limitaciones de espacio.

29. Garantizar el acceso de los medios de comunicación: el Parlamento se asegurará de que los medios de comunicación tengan pleno acceso al parlamento, a sus reuniones, normativas y podrán seguir el proceso parlamentario en cualquiera de sus etapas.

30. Proporcionar transmisiones en vivo y bajo demanda: se procurará ofrecer a los ciudadanos acceso a archivos en tiempo real y bajo demanda a los procedimientos parlamentarios a través de radio, televisión e Internet.

31. Garantizar la accesibilidad en todo el País: en la medida de lo posible, el acceso a la información parlamentaria no se verá limitada por las barreras geográficas. Aunque el uso de los sitios web facilita el acceso a la información parlamentaria, sin restricción geográfica, en los países donde está limitado el acceso a Internet y su uso, los parlamentos deberán buscar otros medios de garantizar el acceso público a la información fuera de la ciudad capital, en todo el país.

32. Utilizar un lenguaje sencillo: el Parlamento se asegurará de que el lenguaje jurídico o técnico no actúa como una barrera para los ciudadanos que buscan acceder a la información parlamentaria. El Parlamento tiene el deber de desarrollar resúmenes en lenguaje claro, y otras herramientas simples para hacer que la información parlamentaria sea disponible y comprensible para una amplia gama de los ciudadanos.

33. Uso de varios idiomas nacionales o de trabajo: cuando la Constitución o las reglas parlamentarias prevén el uso de varios idiomas nacionales o de trabajo en el parlamento, el parlamento deberá hacer todo lo posible para proporcionar la interpretación simultánea de los procedimientos y la traducción rápida del expediente parlamentario.

34. Garantizar el libre acceso: Información Parlamentaria estará a disposición de los ciudadanos para el acceso y la reutilización de forma gratuita.

V. HABILITAR EL ACCESO ELECTRONICO Y DE ANALISIS DE LA INFORMACION PARLAMENTARIA :

35. Mantener las páginas web parlamentarias: Incluso en los países con el uso de Internet limitado, el mantenimiento y la actualización periódica de un sitio web completo parlamentario es un aspecto vital de la apertura del Parlamento en el mundo interconectado. El Parlamento velará porque la información parlamentaria se encuentre disponible en formato electrónico y deberá considerar la difusión en línea como un medio esencial de comunicación.

36. Proporcionar información en formatos abiertos y estructurados: la información parlamentaria será compilada y publicada en un formato abierto y estructurado, tales como XML, que pueden ser leídos y procesados por las computadoras, de modo que la información parlamentaria se puede reutilizar fácilmente y ser analizada por los ciudadanos, la sociedad civil la sociedad, el sector privado y el gobierno.

37. Atenuantes Barreras tecnológicas: el Parlamento se esforzará para mitigar las barreras tecnológicas en la utilización de la información parlamentaria mediante la presentación de la información en formatos fácilmente accesibles. Proporcionará instrucciones claras para el uso de las bases de datos en línea o herramientas que permitan a los ciudadanos recuperar información parlamentaria en el sitio web del Parlamento. El Parlamento proporcionara una interfaz de usuario, utilizando las mejores prácticas para maximizar la experiencia de cada uno de los ciudadanos.

38. Garantizar la privacidad ciudadana: Las páginas web parlamentarias tendrán una política de privacidad clara y concisa para que los ciudadanos sepan cómo su información personal se utiliza. El Parlamento no podrá emplear los requisitos de afiliación o de registro que restringen el acceso público a la información en los sitios web parlamentario o permitir el seguimiento de personal sin consentimiento expreso.

39. Liberar Información en formatos libres: los parlamentos darán preferencia a la utilización de aplicaciones de software libre y abierto en forma digital liberando la información parlamentaria.

40. Facilitar la descarga de información para su reutilización: la Información Parlamentaria deberá ser fácilmente descargable en formatos que contengan datos bien documentados permitiendo una fácil reutilización para múltiples propósitos.

41. Facilitar mecanismos más estables para la búsqueda de información: Dada la cantidad de información que hay la capacidad de los usuarios a buscar con facilidad y rapidez la información pertinente es una necesidad. Los parlamentos deben crear bases de datos de búsqueda de información parlamentaria pasada y actual que permita búsquedas simples y complejas con metadatos adecuados para que sea lo más fácil posible para los ciudadanos encontrar rápidamente la información deseada. La información debe estar disponible en un lugar que se mantenga constante en el tiempo, por ejemplo en una página web con una URL persistente.

42. Hiperenlaces de Información relacionada: Los parlamentos tratarán de mejorar la capacidad de los ciudadanos para encontrar información parlamentaria competente a través de hiperenlaces de información. Por ejemplo, deben existir  hiperenlaces de referencia en un proyecto de ley para posibilitar el seguimiento las versiones anteriores de la ley, los informes de las comisiones pertinentes, al testimonio de expertos, y las enmiendas de las versiones taquigráficas que contienen el registro del debate parlamentario.

43. Habilitar el uso de los servicios de alerta: Cuando sea posible, el Parlamento dará a los ciudadanos la posibilidad de suscribirse a los servicios para alertar de ciertos tipos de desarrollos parlamentarios a través del uso del correo electrónico, SMS, u otras tecnologías.

44. Facilitar la comunicación bidireccional: el Parlamento se esforzará por utilizar las herramientas interactivas de la tecnología para fomentar la capacidad de los ciudadanos a dar su opinión sobre la legislación y la actividad parlamentaria, y para comunicarse con los miembros o el personal parlamentario.

 

Regulemos la Protesta

Por Sergio Verdugo R.

A estas alturas ya (casi) nadie desconoce la necesidad de regular la protesta social. Por un lado, se ha dicho (y con razón), que la regulación actual no es eficaz para garantizar el orden público. Los números son contundentes: el 2011 hubo 15.000 detenidos, 1100 carabineros heridos, la Intendencia Metropolitana presentó 114 acciones legales y hubo solo 7 sentencias condenatorias y 21 suspensiones condicionales del procedimiento.

Por otra parte, la regulación actual está entregada a un decreto que el Ejecutivo administra (casi) libremente, cuestión amparada de manera poco inteligente por nuestra Constitución. La regulación debe ser por ley, para que el principal actor que es objeto tradicional de protesta (el Poder Ejecutivo) no disponga de la misma a su arbitrio, generando una situación de captura inaceptable.

Como puede verse, faltan herramientas de política criminal para sancionar a los responsables de delitos (ya sea contra manifestantes o carabineros) y falta un instrumento que garantice un adecuado equilibrio entre orden público, libertad de expresión y derecho a reunión. Lo anterior es posible de lograr y, para eso, es importante discutir sobre la base de propuestas concretas (como el proyecto de ley que resguarda el orden público, la “Ley Hinzpeter”). Dada la coyuntura actual, los políticos tienen una buena oportunidad para hacerse cargo del problema.

Para ello, debe considerarse que la protesta no es un derecho absoluto (ningún derecho lo es); que el orden público es un facilitador para el ejercicio de nuestras libertades (por eso los carabineros también son, y deben ser, defensores de los DD.HH.); que todos debemos colaborar para sancionar a los encapuchados que cometen violencia, incluyendo a los manifestantes y los observadores de DD.HH. Estos últimos deben considerar que su función es resguardar los derechos de todas las personas, no sólo de algunos pocos. Además, debe asumirse que la libertad de expresión no implica el derecho a obtener resultados positivos de las demandas ciudadanas. Suponer lo contrario significaría aceptar que los movimientos sociales reemplazarían a nuestras instituciones mediante el chantaje, cuestión inadmisible en cualquier república democrática.

Hay quienes sostienen que la libertad de expresión tiene una dimensión democrática, por cuanto ella colabora con la inserción de ideas que contribuirían a descubrir la verdad mediante la competencia libre (John Stuart Mill), fortaleciendo la democracia deliberativa (Gargarella, por ej.) y promoviendo el pluralismo político (Dahl, por ej.). Aunque lo anterior no es unánime en la literatura (Dworkin, por ej., prefiere ver a la libertad de expresión sólo como un derecho individual) y varios de los fundamentos anteriores se encuentran en tensión, es importante aceptar que hay momentos en que la protesta social cumple un rol relevante con el sistema democrático, razón por la cual admite una doble protección.

Sin embargo, una vez que la protesta satisfizo significativamente esta dimensión democrática, ella sólo debería ser protegida en tanto derecho individual. El caso del movimiento estudiantil es un buen ejemplo en que una manifestación ya no debe ser protegida en su doble dimensión (democrática e individual) sino que sólo en una (la individual). Ello se debe a que los estudiantes han logrado posicionar por muchos meses a la educación como tema central en la agenda pública, logrando concitar apoyos amplios (y representación) en diferentes sectores de influencia política. En otras palabras, los estudiantes entraron al mercado de las ideas de manera eficaz. Es esto, justamente, lo que hace innecesario utilizar la dimensión democrática para proteger una idea que el sistema político ya ha absorbido como demanda (como “demanda”, no como resultado, nadie tiene derecho a eso en democracia). Por eso es que, en la actualidad, la protección de los estudiantes en su derecho a manifestarse debe mirar a los individuos involucrados, lo que en sí ya es un valor importante, pero no más importante que otros derechos que no han podido entrar con eficacia al mundo político por pertenecer a sectores con menos capacidad de ser oídos, como ocurre con los estudiantes de establecimientos que están (o estuvieron) en paro o toma, por ej.

Comentarios a la “Ley Hinzpeter” (parte II)

Por José Francisco García G.

Entre los perfeccionamientos que pueden realizarse a la denominada “Ley Hinzpeter”, y que son algunos de los aspectos que más han sido debatidos en las últimas semanas, encontramos, a modo de ejemplo y en primer lugar, el que, según los críticos, sean innecesarios tipos penales nuevos para abordar estas cuestiones (por ejemplo, el “saqueo” ya estaría incluido en la figura del “robo con fuerza en las cosas”).

En este sentido, se ha cuestionado la tipificación de un nuevo delito de desórdenes públicos, dado que es grave que el énfasis de la criminalización esté puesto en acciones consistentes en la participación en desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia, dado que se trata de una definición “altamente problemática”. El debate en este punto será controversial, ya que la tipificación propuesta parece ser más bien consecuencia de minimizar el extremo formalismo con el que actúan los jueces penales, buscándose a veces el más mínimo resquicio en el análisis de los tipos existentes.

Por otra parte, el inciso segundo del nuevo artículo 269 trata de un caso de concurso real de delitos. Como se sabe, al culpable de varios delitos castigados en una misma sentencia, se le aplican todas las penas correspondientes a cada uno de los delitos (artículo 74 del Código Penal), pero esta norma tiene dos excepciones en el artículo 75: el concurso ideal y el concurso ideal impropio. En el primer caso se trata de un mismo hecho del que resultan dos o más conductas punibles (el ejemplo de texto es la violación de la hermana, en que el mismo hecho configura violación e incesto). En el segundo, se regula el caso en que un delito es un medio para cometer otro. En estos dos últimos casos, en lugar de aplicar todas las penas (sumándolas) se aplica solamente la pena mayor al delito más grave.

Pues bien, el inciso segundo del artículo 269, propuesto, se pone en el caso que una persona participe en el delito de desórdenes o atentado al orden público, y además, cometa delito de daños, incendio, robo, infracciones a la ley de control de armas, de modo tal que estos delitos resulten cometidos con ocasión de los desórdenes o actos de fuerza o violencia.

La norma propuesta carece de una redacción perfectamente clara, pues no es explícita en señalar que se trata de un caso de concurso ideal impropio (un delito es el medio para cometer otro), caso en el cual se justificaría la norma con el objeto de no aplicar la pena mayor al delito más grave, sino la pena correspondiente a cada una de las conductas ilícitas. Por el contrario, si no se trata de aplicar las normas del concurso ideal impropio, entonces, no parece tener mayor sentido la norma, en la medida que si las conductas no tienen relación entre sí, se sanciona cada una con la pena correspondiente.

Ahora bien, puede estimarse –razonablemente- que el objeto de este inciso segundo es, precisamente, aplicar la norma general (cada pena por cada delito) y no una sola pena (la correspondiente al delito más grave), pero entonces cabría dotar a este inciso de una redacción que despeje cualquier duda.

En tercer lugar, destaca también la norma especial contenida en el artículo 269-B que tiene por objeto establecer una agravante especial para quienes cometan los delitos de atentado a la autoridad, amenazas y desórdenes públicos, actuando con el rostro cubierto y, por lo tanto, si la pena correspondiente constare de un solo grado, se aplicará en su máximum, esto es, en la mitad superior. Si en cambio, se tratare de una pena que consta de dos grados, se aplicará en su grado mayor. La fórmula que utiliza el proyecto en este artículo es impedir que la pena se aplique en su mínimum por haberse efectuado la conducta ocultando el rostro. Esta norma no impide el juego de agravantes y atenuantes, pero el punto de partida para su aplicación, será, si se actuó con el rostro cubierto, el máximum de la respectiva pena.

En este contexto, para aplicar la agravante por actuar con el rostro cubierto, es necesario previamente configurar y probar al menos uno de los delitos antes indicados. Dicho de otra forma, el solo hecho de concurrir encapuchado a un acto público no constituye delito, mientras no se produzca, por ejemplo, la hipótesis de desorden público.

Una alternativa de perfeccionamiento a evaluar en esta materia, consiste en la figura propuesta en el proyecto de ley del Senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, de agosto de 2011 (Boletín N° 7881-07), donde, modificando el actual artículo 268 del Código Penal, establece que “en la misma pena incurrirán quienes participen en alguna manifestación o acto público, ya sea que se trate de un acto autorizado o no por la autoridad competente, si lo hace embozado, encapuchado u ocultando expresamente su identidad”. En esta hipótesis, no se trata de una agravante para la cual es necesario dar normas sobre su aplicación (según se comentó), sino que derechamente se configura un delito pesquisable y sancionable independientemente de otros que se pudieran cometer (y sin perjuicio del concurso real o ideal que se pudiera configurar).

Si bien se trata de un proyecto perfectible desde la perspectiva del instrumental regulatorio propuesto, el rol central del debate parlamentario consiste precisamente en revisarlo y modificarlo, sumando las voces de los expertos. Porque en realidad las modificaciones legales de nada sirven -muchas veces pueden ser sólo expresión de “populismo penal”- si no van acompañadas de aquello que en Chile verdaderamente hace falta, como quedó demostrado con creces en el denominado caso “bombas”: capacidad, efectividad y eficiencia para hacer cumplir las mismas -aquello que los norteamericanos denominan enforcement- y, más importante aún, la voluntad política de hacerlo.

 

La carrera presidencial para el 2014 ya empezó… y hace rato

Por Diego Bustos.

Hoy llegó a mis manos una invitación de una prestigiosa universidad para escuchar una charla de Andrés Velasco, quien es presentado como Candidato Presidencial. Ello trajo a mi mente algunos pensamientos que me gustaría compartir con ustedes.

Parece que fue ayer cuando una gran parte de Chile estaba en el suelo a raíz del terremoto y, mientras tanto, Michelle Bachelet traspasaba el mando presidencial a Sebastián Piñera. Sin embargo, en un muy breve espacio de tiempo comprendido entre aquel entonces y hoy,  ya han sonado varios nombres de peso para una próxima carrera presidencial.

El problema es que 4 años son muy pocos para que un Gobierno pueda sentar un precedente a nivel nacional y es por ello que vemos al rostro del ejecutivo como un eterno candidato. Tanto Bachelet como Piñera cayeron en el mismo vicio. En cada uno de sus discursos se han mostrado llenos de promesas y romanticismos, como intentando convencer a la población de algo que nadie entiende lo que es. Es muy poco lo que comentan sobre los hechos reales (los cuáles por tradición suelen darse a conocer cada 21 de mayo), y es que éstos darán frutos o perjudicarán a la sociedad en un plazo bastante mayor a los cuatro años.

Por si eso fuera poco, el presidente (independiente de su tendencia) debe lidiar con la ambición natural de todo político que apunta al poder propiamente tal. Es que cuatro años es un tiempo prudente para hacer una campaña bien pensada y de probables efectos positivos. Ya vemos como los varios logros del actual Gobierno (los que por cierto no han sido pocos) han pasado a segundo plano o se han visto opacados por la carrera a la presidencia del 2014 que ya está en pleno proceso.

Hoy tenemos a varios candidatos, algunos declarados como lo es  Franco Parisi y, por lo que veo, Andrés Velasco. Tenemos también, los candidatos “no asumidos” como lo son Lourence Golborne, Andrés Allamand y, por supuesto, Michele Bachelet.

A mi parecer, tenemos demasiados nombres para la próxima carrera presidencial. Son demasiados considerando el reducido espectro de tendencias políticas en la gente. Están los de derecha, los de izquierda, y los que no están ni ahí. Unos más otros menos pero, en esencia, eso somos.

Lo lógico sería entonces,  tener sólo tres candidatos. Por la izquierda que presenten a Bachelet, que la derecha presente a Golborne y los que les da lo mismo presenten a Parisi.

¡La carrera presidencial ya comenzó, señores!  Y varios no se dieron ni cuenta. El espectro de posibles candidatos se aleja bastante de lo que debiera ser, pero finalmente eso nos promete un año de candidatura (2013) bastante entretenido, el cual se verá condimentado con el famoso voto voluntario.

Ya es tarde para que la alianza y la concertación se ordenen. Ya no es tiempo de filtrar los temas por los cuales hacerse notar. Bienvenidos sean los debates tan inverosímiles como cuáles son los parlamentarios que fuman marihuana.

Últimamente, cada uno de los partidos políticos ha ido avanzando por medio de errores y desentendimientos internos que han quitado credibilidad no solo a los bloques sino también a las personas que los conforman.

En sentido de ello, que no nos extrañe el colosal efecto que pueda generar Franco Parisi.

La gente ya se terminó de desencantar con la política nacional, ya no creen ni lo que rezan los políticos… desde el concejal de cualquier municipio hasta el Presidente de la República.  Y es por eso que veo tremendamente posible el triunfo de Parisi, por el hecho de que no estamos hablando de un personaje político, y se nota.

Si éste personaje es tan inteligente como parece, debe comenzar desde ya a abordar profundamente algunos temas que no tengan nada que ver con lo económico. Ya está claro que el tipo se maneja con todo lo micro y macroeconómico. Hoy es preciso que apunte a lo social, a las problemáticas  ya tradicionales y de peso que encontramos de Chile como lo son la salud y la educación. Le recomiendo a este personaje comenzar desde ya con charlas para la gente de regiones donde los problemas son dos o tres veces más graves que en Santiago. No obstante, para tan poco tiempo de campaña, no puedo desconocer que lo ha hecho bastante bien.

El oficialismo debió haberse unido fuertemente y dejar que sólo la Concertación empezara con divisiones internas, pero no lo logró. A la “Coalición por el Cambio” ya le queda bien poco de “Coalición”. La Concertación, en tanto, debe seguir tirando paños fríos al caso Tsunami para que la flamante candidata pueda hacer renombre por algo positivo. Y Parisi, debe ampliar el contenido de su discurso.

Esperemos que esta vez la gente logre entender que debe votar por el más capaz y no por el más carismático.

 

 

Ley Antidiscriminación

Al dia siguiente de la promulgación de la Ley Antidiscriminación fui a trotar al Parque San Borja, ubicado a tres cuadras de mi casa. Al empezar a correr, y por el lado más cercano a la Alameda, vi una cocina a gas y un balón amarrados a un árbol, unos pastelones de cemento descargados de algún camión y junto a éstos un hoyo hecho en la tierra. Al pasar por segunda vez, mirando curioso, vi que salía tierra desde dentro del hoyo. Ahí había alguien.

Me acerqué y un hombre estaba, efectivamente, sacando tierra con una pala. Le pregunté que qué iban a hacer. Con la cabeza hizo un gesto hacia la animita a sus espaldas: “le van hacer un monumento al flaquito”. La animita de Zamudio estaba con flores frescas y unos girasoles grandes, no era difícil suponer que por lo del día anterior. Como el tipo era amable, conversamos sobre el tamaño del monumento y el tiempo que demorarían en construirlo, y después de eso me despedí.

Cuando ya estaba elongando vi que un guardia motorizado de la municipalidad pasaba haciendo una ronda. Su “rutina” consistía en detenerse frente a las pocas pareja gay que habían y con el motor encendido, a uno o dos metros, se los quedaba mirando. Algunos se quedaban inmóviles, mirando al horizonte, como aguantando la respiración. Otros se reían y ensayaban un beso, pero inevitablemente terminaban cohibidos por el personaje y el traqueteo cercano del motor.

Lo llamativo, casi sobra decirlo, es la ocurrencia de dos eventos que, con treinta metros de distancia y minutos de diferencia, van en direcciones totalmente opuestas. Mirando la moto recorrer el parque pensé que era difícil imaginar un mejor ejemplo de una institucionalidad contradictoria. Lo que pensé después es que la actitud del guardia no era parte de un criterio institucional, sino muestra de algo más profundo y lento de cambiar.

Al irme pasé por donde estaba el motorista, que ahora conversaba con el guardia de la caseta del parque. Le pregunté que qué les decía, y me dijo que era que se fueran a otro lado a darse besos, porque ese era un parque decente. Le hice ver lo irónico de su actitud dada la ley recién aprobada, más encima en el mismo lugar donde hace cuatro meses habían golpeado a Zamudio. “A este parque también vienen niños, y ellos no lo ven así” me respondió, muy seguro de su altruismo. Sólo cuando argumenté que también de esas parejas que se besaban provenía su autoridad -y su sueldo- pareció detenerse a pensar. Algo.

No hay duda que la Ley Antidiscriminación es un grandísimo triunfo para todos los que desde hace varios años venimos abogando por una sociedad más libre, un hito que hay que celebrar, pero lo que acabo de relatar recuerda lo erróneo de una lógica prescriptiva y del confiar que por la sola acción de la ley se producirá un automático reordenamiento mental. Ultimamente Chile ha cambiado para bien y muy rápido, pero hay tantas cosas que están por ocurrir (por ejemplo, los efectos de la nueva ley en los sectores indígenas, en donde tendrá probablemente su aplicación más poderosa).

Por otra parte, no creo útil reaccionar con alarma si frente a nosotros alguien le dice a otro “maraco” por no ir a comprar más carbón para el asado. En pos de no derrochar nuestra energía será fundamental diferenciar lo importante de lo que no lo es, la conducta sistemática de la eventual. Servirá cuestionar la hipocresía pero también tener paciencia con los demás, al menos la misma paciencia que guardamos para los errores propios. Si la discriminación es un asunto cultural, cada uno se irá haciendo cargo de él de una forma única (“cultural” significa impersonal).

Esa misma noche, en el metro, un grupo de jóvenes molestaba a uno de ellos porque el cable de sus audífonos era rosado. Eran hombres y mujeres –sobre todo mujeres- e iban al medio del vagón formando un círculo, y el molestado se defendía: “es rojo pasión, rojo ferrari”. Era viernes, iban contentos, se reían. Aunque sólo era un tópico que usaban para divertirse un rato, el hecho representa, en su faceta más secundaria y graciosa, uno de los tantos fenómenos que de seguro se transformarán en las décadas siguientes. En el futuro los historiadores lo contarán así: primero hubo un asesinato, después salió una ley, y luego, sangre y sudor mediante, cambiamos nuestro modo de vivir.

Impacto Radical

Felipe I. Heusse

Presidente Ejecutivo

Fundación Ciudadano Inteligente

En el interés de estudiar un virus y descubrir la medicina que pueda contrarrestar sus efectos, cualquier Epidemólogo que se aprecie de tal buscará identificar el caso número uno; aquél donde por primera vez aparecieron los síntomas de un virus que luego se habría de propagar.

En materia de transparencia muchos coinciden en señalar que Aders Chydenius, un sacerdote sueco y legislador de la segunda mitad del siglo XVIII fue quien dio el punta pie inicial a la idea de regular el principio de transparencia en la actividad del Estado, aunque a decir verdad, es el propio Chydenius quien a través de sus escritos aclara haberse basado en la gran Oficina Imperial de la Censura creada en China durante la dinastía Ching. Desde entonces las políticas y regulaciones de transparencia conocieron a Bentham y su obsesión por la vigilancia (panopticón), a Popper y su modelo de sociedad abierta, como también a Foucault y su fijación con la visibilidad como trampa de las sociedades modernas para controlar la libertad del ciudadano. Desde la ‘Freedom of Information Act’ de 1966 en Estados Unidos, ya son más de 70 los países que cuentan con algún tipo de regulación que norma el derecho de acceso a la información, en la mayor parte de los casos, a través de leyes especiales (“leyes de transparencia”) que establecen el derecho ciudadano de solicitar acceso a la información pública, como asimismo el correlativo deber del Estado de entregarla, o bien pro-activamente publicar la información sin mediar requerimiento ciudadano.

Aunque las políticas de transparencia deben analizarse de manera arquitectónica, observando cómo sistemáticamente interactúan, entre otras, las leyes de acceso a la información, junto a disposiciones constitucionales, derechos de autor y propiedad intelectual, normativa de archivos públicos, protección de datos personales y privacidad, como también normativas que resguardan secretos de Estado y seguridad nacional, la mayor atención internacional se ha puesto en las llamadas “Leyes de Transparencia” o “Leyes de Acceso a la Información”. Dicho en jerga Twitter, estas leyes lideraron los trending topics de los últimos veinte años, del mismo modo que hoy son las “Políticas de Datos Abiertos” las llamadas a encabezar los rankings de difusión. La fiebre por adoptar políticas de transparencia se ha expandido con agresiva viralidad, y en muchos casos careciendo del adecuado razocinio que requiere la implementación de políticas públicas.

Christopher Hood apuntó a la expansión de estas políticas como una cuasi-religión, una verdadera expresión de fe que agrupa a feligreses tan diversos y a ratos incompatibles como ONGs, políticos, medios de comunicación, empresas, desarrolladores de software y organizaciones internacionales. Lo paradójico es constatar que aunque todos estos grupos promueven agendas similares (acceso a la información pública y datos abiertos), lo hacen por razones muy diversas. Mientras algunos auguran la positiva correlación entre transparencia y accountability, otros apuntan a la transparencia como motor de crecimiento económico, antídoto a la corrupción, catalizador de participación ciudadana, paracetamol del buen gobierno y desinfectante de democracias torcidas. Michael Power explica el fenómeno en su  sentido más sociológico como la “explosión de la auditoría”, un comportamiento social moderno que demanda saber cada vez más, y no sólo respecto de la actividad del Estado, sino que todo; cuan seguro es el auto que manejamos, qué origen tiene la comida que consumimos, o cómo se gasta el dinero recaudado con mis impuestos. Esta psicológica ansiedad por saber, entre otras formas, se ha calmado con un creciente número de regulaciones y políticas que garantizan nuestro derecho a acceder y demandar mayores niveles de transparencia donde a ratos parecen confundirse las nociones de ciudadano y consumidor.

Así entonces, ¿Quien en su sano juicio podría oponerse públicamente a la transparencia? Es cierto, el diablo está en la letra chica, y como tal la divergencia sobre el valor que asignamos al principio de la transparencia aparece cuando su implementación colisiona con otros derechos o principios, tales como la privacidad, la propiedad, el orden y la seguridad.  Así pues, aunque es en el terreno de la vida real donde está trabada la litis de la transparencia, a pocos parece importar qué es lo que está en juego cuando se discute el acceso a información contenida en los correos electrónicos de funcionarios públicos, o cuán gravitante es que la información pública conste en formatos abiertos y procesables por computador, o qué tan relevante puede ser la función que cumplen los órganos autónomos que supervigilan la implementación de las Leyes de Transparencia, ¿Que más da una nueva oficina en el eterno aparato burocrático?!!!

Aunque no son pocos los Gobiernos que han reducido el presupuesto a sus políticas de transparencia; han modificado la Ley de Transparencia para interpretarlas en sentidos más restrictivos, o bien creado figuras penales para sancionar las filtraciones de información desde el Estado (reacción al caso Wikileaks), nada de ello parece detener que sean cada vez más los países y gobiernos locales en adoptar leyes que en el papel garantizan el derecho de acceso a la información (países como Rusia, China e incluso Zimbabwe ya cuentan con Leyes de Transparencia), incluyendo en algunos casos la implementación tenue de las primeras políticas de ‘Open Data’.

En palabras simples, la “transparencia light”  se vende como pan caliente. Es el producto de moda que viste a Gobiernos, empresarios, sociedad civil, medios y organizaciones internacionales. Como diría una publicidad de productos dietéticos, la transparencia nos hace “ver y sentirnos bien”. Son muchas las expectativas cifradas en la implementación de políticas de transparencia, y “no vaya a ser que nos defraude” o que el impacto real sea distinto al que perseguimos. El lugar común indica que buscamos transparencia para aumentar la confianza en el Estado, no para ponerla en jaque; transparencia para tranquilizar la inversión y datos para crear nuevos mercados de aplicaciones móviles, no para aumentar las brechas y la concentración del mercado en manos de pocos; queremos transparencia para frenar la corrupción, no para que las formas de burlar la fiscalización se reinventen; transparencia para participar y hacer democracias donde gobiernen las mayorías, no para anestesiar a esas mayorías con la aparente realidad de que en ellos reside la soberanía, cuando en realidad las riendas políticas y económicas siguen en manos de los mismos.

La expansión viral de las políticas de transparencia y las transversales expectativas puestas en su implementación, ha beneficiado a campeones de la transparencia de distintos rincones del mundo; académicos, líderes sociales y políticos que herederos de Chydenius y Bentham pregonaban las bondades de la luz solar como desinfectante de malos hábitos en la actividad pública, finalmente tuvieron su minuto de fama y captaron la atención del lector, de policy makers y de medios de comunicación.

Pero si hay un grupo que especialmente se ha beneficiado de la expansión viral de la transparencia, ese han sido las ONGs y demás proyectos que desde la sociedad civil promueven la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, y la apertura de datos. “Ahora tenemos su atención” señalaba un colega de ONG… “nos sentamos en la mesa, y aunque luego el Gobierno haga lo que les plazca, al menos nos deben escuchar”. Este inusual poderío cuenta con ejemplos notables en el mundo como la coordinación del grupo Oaxaca para lograr aprobar la Ley Mexicana de Acceso a la Información Pública del año 2002, o la más reciente configuración del Open Government Partnership (2011) como instancia internacional bipartita desde donde Gobiernos y Sociedad Civil darán seguimiento de manera conjunta (expectativa) a los “planes de acción de transparencia” suscritos por los Estados miembros.

Aunque son muchas las ONGs de transparencia que trabajan arduo para “parar la olla” (expresión Chilena que se refiere a tener lo suficiente para subsistir), no son pocas las que han aumentado su financiamiento en los últimos años. En especial cuando se trata de las llamadas ONGs Techis, que han visto en el uso innovador de las tecnologías de la información una forma potente de incidir, investigar, procesar información de modo masivo, y crear canales abiertos a la participación ciudadana a través de internet. ONGs como Ciudadano Inteligente (Latam), Sunlight Foundation (US) o MySociety (UK) se han beneficiado de la generosa filantropía de George Soros, Pierre Omidyar, Hewlett Foundation, o Google.org por solo nombrar a algunos, quienes han sido explícitos en señalar que el dinero no es regalado, sino que se trata de “inversión social” que debe generar rentabilidad social del mismo o mayor nivel que rentan sus inversiones privadas. Surge entonces la pregunta ¿Hay algún problema con estas inversiones sociales? La respuesta debiera ser no, si lo que se busca es obtener la esperada rentabilidad social. Dicho de otro modo, no existe problema cuando la filantropía persigue generar un positivo y genuino impacto social sobre el cual existe acuerdo y consenso con la ONG que recibe el financiamiento. El problema aparece cuando no se logra el impacto social buscado por las partes.

Es cierto que hay valor en la experimentación, en la prueba y error, de tal manera que invertir en proyectos donde el impacto es incierto, no es sólo positivo, sino crucial para abrir la innovación y salirnos del status quo conservador en busca de nuevas fronteras para el progreso. Pero toda experimentación diligente requiere también de método, observaciones y anotaciones que permitan al experimentador aprender de su propio proceso y afinar la puntería con el objetivo de confirmar o rechazar su hipótesis científica, analogía útil para referirnos al aprendizaje necesario para buscar y lograr el impacto social deseado.

Hasta ahora, a muchos en la Sociedad Civil se nos ha dejado experimentar, y en muchos casos además, se nos ha provisto de una adecuada infraestructura y recursos de laboratorio para practicar la técnica de la prueba y el error,  sin más presión que la confianza depositada en hacer buen uso del financiamiento recibido, dentro de la genuina búsqueda por el anhelado impacto social. Lo mismo ocurre con miles de devotos de la transparencia ubicados en diversas reparticiones de Gobierno, oficinas sectoriales de organismos internacionales, y administradores de carteras de inversión para filantropía, que desde su respectiva posición también están apostando por la transparencia (deben defender que los recursos están bien invertidos), mientras esperan ansiosos donde caerá la bolita cuando la “ruleta del impacto” termine de girar. De la posición final donde su ubique la “pelotita del impacto” dependerá la suerte de mucho del esfuerzo desplegado y financiamiento invertido en promover mayor transparencia. Por ahora la ruleta sigue girando (por suerte). Queramos olvidarlo o no, la arena del reloj también sigue bajando, y el tiempo para practicar se acaba. Aunque no lo digan, muchos sospechan que la paciencia de la filantropía y del financiamiento público también puede acabarse, o caer más temprano que tarde el la tentación razonable de apoyar “la próxima” gran política pública, una donde existan mejores pronósticos de impacto.

Para quienes llevan tiempo navegando las aguas de la transparencia y han ganado experticia en conocer sus singulares corrientes, sabrán reconocer que aún cuando las políticas públicas pro transparencia continúan siendo populares (acceso a la información y datos abiertos) y transversalmente apoyadas por una coalición diversa en intereses, la excesiva popularidad de lo que más arriba llamamos “transparencia light” ha traído consigo más problemas que beneficios. Así es, esta cuasi-religión de la transparencia a la que hacía referencia Christopher Hood ha significado, entre otras consecuencias, un manoseado uso político de Gobiernos, parlamentarios y partidos políticos, que en búsqueda del rédito electoral de corto plazo, se han embarcado en implementar políticas de transparencia sin pensamiento ni raíz que de manera última han dañado la credibilidad ciudadana tanto en sectores de izquierda como de derecha.

Por una parte, la derecha critica las políticas de transparencia como iniciativas que generan ineficiencia o resultados sub-óptimos en la administración de asuntos públicos. Desde esta cosmovisión, mucha transparencia dificulta el proceso de toma de decisión, inhibiendo discusiones francas entre los administradores de política pública, bajo el supuesto que dichas conversaciones podrán ser luego conocidas y mal interpretadas. Asimismo, se presentan incompatibilidades entre la transparencia y la seguridad del Estado, como también existiría una amenaza latente al derecho de propiedad respecto al acceso, uso y re-uso de información que de manera directa o indirecta podría dañar derechos de propiedad intelectual, o bien afectar la protección de la esfera privada, aún cuando subsistan razones de interés público que potencialmente sobrepasen dicha protección. Aunque desde la izquierda también habrán sectores que coincidan con la derecha en este último punto, los principales dardos contra las políticas de transparencia apuntan a la utilización política que hacen de la transparencia quienes yacen en las posiciones de poder con el objetivo último de preservar dichas posiciones de privilegio. Desde varios sectores de izquierda se mira con razonable desconfianza y escepticismo las políticas de transparencia, por considerarse un potencial opio que adormece al pueblo con alucinaciones de democracia popular que son sólo aparentes. En este sentido, la información transparentada o posible de transparentar es sólo superficial, y no alcanzan a mover ni en un centímetro las dinámicas más perpetuas de la concentración del poder político y económico.

Podríamos decir pues, que para muchos de quienes estamos empujando por la consolidación de una política de transparencia sustantiva (y no light) y el rol que para ello cumplen las tecnologías de la información, nos debemos enfrentar no sólo al fuego adverso de quienes no creen en el principio de la transparencia (o bien lo consideran como un valor significativamente menor al de otros), sino también nos debemos enfrentar al fuego amigo de quienes coincidimos en la necesidad de profundizar nuestros sistemas de democracia, asegurando que los recursos y la gestión pública se administre de manera eficiente, pero por sobre todo, asegurarnos que la democracia sea un sistema de gobierno que represente a las mayorías y no a pequeñas minorías casi perpetuadas en posiciones artificiales de influencia política o económica.

En un partido de fútbol, la afición rechazará al jugador de mal rendimiento, en especial si se trata del delantero. Ese delantero podrá ser pifiado e insultado durante todo el partido, pero no importando cuanto fue vapuleado ni por cuanto tiempo, la crítica pasará al olvido si ese jugador logra convertir el gol. Dicho de otro modo, la crítica se diluirá si el jugador logra finalmente “impactar” del modo que se espera.

Demostrar el impacto que tienen las políticas de transparencia, como también demostrar el impacto que tienen las iniciativas de innovación tecnológica (o análogas) promovidas desde la Sociedad Civil, es sencillamente urgente. No con el ánimo de “tapar la boca de los críticos” en referencia al ejemplo del gol mencionado en el párrafo anterior, sino en atención a las materias de fondo que aquí están en juego; nuestra concepción de democracia representativa, rol del mercado como distribuidor de riquezas, y rol que nos compete a nosotros ciudadanos en la misión de fiscalizar el bueno gobierno, y participar desde la sociedad civil y desde el emprendimiento en la tarea de mejorar la provisión de servicios públicos.

Nuestras organizaciones deben asumir una actitud proclive al impacto radical. Los tiempos de pipetas y probetas se acabaron, urge enmendar el rumbo y afinar la puntería para impactar.

Es cierto, la forma como evaluemos nuestro impacto dependerá últimamente de cual haya sido nuestra hipótesis inicial. Como hemos dicho, la coalición de quienes promueven las políticas e iniciativas de transparencia es diversa en orígenes e intereses, razón por la que no nos debe extrañar que las hipótesis de impacto sean tan diversas como las razones que motivaron a unos u otros a promover una agenda de transparencia.

No es el propósito de estas líneas sugerir cual es la fórmula de impacto radical que corresponde a cada uno de los sectores que conforman la diversa coalición por la transparencia, ni siquiera abriga la expectativa de sugerir una formula común para quienes pertenecemos a las ONGs que promueven transparencia, ni para quienes además pertenecemos al reducido pero creciente subconjunto de ONGs que desarrollan tecnología para la transparencia. El propósito de estas líneas es colocarnos en alerta, despertar de la somnolencia que a ratos provoca nuestra poblada agenda de conferencias, y la comodidad que significa en muchos casos ser actores protagónicos de una política pública popular, parroquianos de una cuasi-religión.

Tengo clarísimo que las ideas compartidas más arriba no calzan para todos, y que son muchos los líderes y organizaciones que convencidos del valor ciudadano que tiene el principio de la transparencia y la participación, a diario arriesgan sus vidas y deben soportar las persistentes amenazas y riesgos que significan hacer incidencia en contextos de violencia, persecución a la libertad de expresión, crimen organizado y violación de derechos humanos. Aún más, es precisamente en razón del ejemplo que entregan estos líderes -conocidos y anónimos- de distintos rincones del mundo, que muchos de quienes contamos con el privilegio de ser apoyados para trabajar por la transparencia y la participación, debemos apurar el paso. No hay tiempo que perder. Nuestras hipótesis de cambio deben guiar el camino, y entre nuestras provisiones debemos incluir la experticia acumulada por nuestras organizaciones, junto a la amistad que hemos forjado en las distintas redes internacionales. Que sean éstas la base y garantía de una mayor acción colectiva.

Para no caer en la tentación del “cura Gatica” (quien predica, pero no práctica), propongo explicar la idea de impacto radical, en un sentido práctico, para el contexto de la Fundación Ciudadano Inteligente.

Según se puede constatar en http://www.ciudadanointeligente.org/quienes-somos/mision-y-vision/Ciudadano Inteligente persigue fortalecer la democracia y reducir la desigualdad de América Latina. La transparencia y la participación ciudadana no son el fin, sino los mecanismos por medio de los cuales la Fundación pretende alcanzar su misión, valiéndose asimismo de la tecnología de la información como estrategia práctica para promover transparencia y canalizar la participación ciudadana. La hipótesis subyacente a la misión sugiere que para fortalecer la democracia y reducir la desigualdad en la región, la Fundación debe ordenar sus esfuerzos a conseguir (por vía de transparencia y participación) trasladar el poder político y económico artificialmente concentrado en manos de pocos, hacia los muchos.

Dicho de manera simplificada, el impacto radical que persigue Ciudadano Inteligente consiste en: aumentar nuestro acceso cuantitativo y cualitativo a la información pública disponible, que dicha información tenga sentido para ser utilizado por ciudadanos individuales y organizados para promover sus propios intereses específicos, los que en su conjunto estarán disponibles al escrutinio público de la ciudadanía, quien en libertad y por mayoría se pronunciará sobre los intereses que conformarán la agenda de gobierno. Es en ese contexto que la democracia logra su máxima expresión, y donde por consecuencia se reducen los espacios para concentrar riqueza, toda vez que en interés de la mayoría mejoran los sistemas de distribución y oportunidad.

Bajado al nivel más pragmático, para lograr su impacto radical, Ciudadano Inteligente debe:

1. Aumentar el acceso cuantitativo y cualitativo de la información pública, y para ello:

• Promover la adopción de Leyes de Acceso a la Información en países de América Latina que aún no reconocen jurídicamente el derecho ciudadano de acceso a la información, y desarrollar herramientas web que faciliten la labor de incidencia que realicen organizaciones locales que persiguen el reconocimiento legal del derecho a la información y la libertad de expresión.
• Para los países que ya cuenten con un reconocimiento jurídico del derecho de acceso, debemos fiscalizar la adecuada protección del derecho de acceso a la información, y promover modificaciones regulatorias que mejoren su ejercicio y cobertura hacia los tres poderes del Estado.
• Asegurar la coherencia del principio de transparencia y el derecho de acceso a la información como resultado de la interacción de diversos cuerpos normativos que en conjunto definen la política de transparencia de un país (leyes de propiedad intelectual, archivo, secreto de Estado, etc).
• Promover la implementación de políticas de datos abiertos, bajo el entendido que ello representa una actualización del derecho de acceso a la información en el contexto de una era digital creciente, y que por consecuencia además abre nuevas ventanas para la participación activa de la ciudadanía en las tareas de fiscalización, toma de decisión, y colaboración en el desarrollo y provisión de servicios públicos. El desarrollo de recientes aplicaciones web para el mejor uso de transporte público, servicios de salud, o combate colectivo a la delincuencia, son pruebas de la idea anterior. (www.desarrollandoamerica.org ) (www.developingcaribbean.org)
• Proteger la institucionalidad creada por las políticas de transparencia y asegurar las mayores atribuciones y recursos para que organismos autónomos (como los Consejos de Transparencia, o Institutos Federales de Acceso a la Información), cumplan con la misión de resguardar el derecho de acceso a la información.
• Desarrollar herramientas de tecnología web que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, como también establecer canales de participación por medio de los cuales, ciudadanos individual y colectivamente puedan fiscalizar el buen desempeño de las instituciones comprometidas en garantizar el mencionado derecho. ( www.accesointeligente.org)

 

2.   Desarrollar instancias web que, a partir de la nueva información y tecnología disponible, canalicen la participación ciudadana en espacios hasta ahora concentrados en manos de pocos. (movilizar ciudadanos online con impacto offline) (crear acción colectiva), y para ello:

• Desarrollar aplicaciones web open source con sistemas que permitan su fácil difusión y deployment, con la finalidad de facilitar el uso individual y comunitario de las herramientas desarrolladas, como también su pronta implementación en otros países, regiones o contextos. Estrategias de desarrollo web con componentes genéricos, o en el marco de comunidades de desarrollo web colaborativo, van en la dirección correcta. En algunos casos es importante además considerar el desarrollo web de herramientas auto-gestionadas (CMS) que permitan a ciudadanos y organizaciones implementar sin depender de un desarrollador web (www.candideit.org).
• Desarrollar aplicaciones web que respondan a alcanzar prioritariamente los objetivos de los puntos 1 y 3, procurando: a) que las apps respondan a una necesidad ciudadana identificada, con un grupo identificado de usuarios que puedan dar vida a la herramienta web; b) que aún cuando las herramientas sean diseñadas para alcanzar los puntos 1 y 3, en lo posible, ellas deberían ser reciclables para otras funciones ciudadanas.

 

3.   Denunciar y tomar acción contra la corrupción en todas sus formas, en especial las que amenazan la democracia como sistema de gobierno, y para ello:

• Investigar, estudiar y comunicar las distintas formas de corrupción que amenazan la democracia; en particular las que conciernen al rol del dinero como cooptante de la voluntad política.
• Procurar abastecer de información completa y actualizada a las demás organizaciones de incidencia en materia de transparencia, participación, y combate a la corrupción.
• En coherencia al punto 2, desarrollar herramientas web (aplicaciones e infografías) que permitan a Ciudadano Inteligente y su comunidad, denunciar situaciones de corrupción e invitar a los ciudadanos a tomar acción.
• Implementar una agenda de incidencia que busque: a) proyectos o modificaciones de ley e iniciativas de política pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la línea de lo planteado en el punto 1 respecto al derecho de acceso a la información; b) el reconocimiento jurídico y político a los espacios de participación ciudadana; y c) detener el tráfico ilegítimo de influencia política y económica sobre asuntos que contravengan la voluntad de las mayorías.

 

4.   Comprobar que podemos existir en el largo plazo, sin dejar abandonada nuestra incidencia, y para ello:

• Contar con un plan activo de financiamiento sustentable que demuestre una curva ascendente de ingresos para financiar la actividad que realiza la Fundación en el mediano y largo plazo, dependiendo con ello cada vez menos del apoyo económico de organizaciones filantrópicas, sin que dicho financiamiento comprometa la autonomía con que la organización realiza su labor de incidencia.
• Desarrollar un proyecto de organización que es: a) abierto a la ciudadanía y capaz de trabajar colectivamente con voluntarios y en red con otras organizaciones; b)capaz de convocar y movilizar acción ciudadana en el terreno online para incidir en el terreno offline; c) concebida y reconocida como plataforma de apoyo y servicio para ciudadanos e innovadores sociales que desde sus respectivos nichos comparten los valores que defiende Ciudadano Inteligente.

 

En resumidas cuentas, desde 1966 a esta parte las políticas de transparencia han visto un apogeo sostenido que a lo largo de los años ha conocido de distintos capítulos, que incluyen el reconocimiento jurídico del derecho de acceso a la información, iniciativas de datos abiertos, y políticas de apertura hacia la participación ciudadana en políticas públicas, que en algunos casos incluyen fomento a la innovación tecnológica para proveer servicios públicos y conducir labores de accountability más allá de las fronteras del Estado. Todo ello ha sido positivo, y representa un significativo avance en la consolidación del modelo de democracias representativas.  Ahora bien, los genuinos y en algunos casos vertiginosos progresos, no se han producido sin costos. La sobre expectativa que existe sobre el desconocido y potencial impacto de las políticas de transparencia (nacidas de un diversa y a ratos incompatible coalición de orígenes e intereses), junto a la manipulación que han hecho de ella vastos sectores de la clase política en busca de rentas electorales de corto plazo, han resultado en la abundancia de transparencia light y la consecuente crítica de izquierdas y derechas, que empaña y dificulta la incidencia de quienes persiguen políticas de transparencia substantivas.

Aunque lo anterior es cierto, la popularidad que tienen hoy las iniciativas de transparencia es tal, que Gobiernos, empresas, organizaciones internacionales y filántropos continúan apoyando e invirtiendo en el desarrollo de iniciativas pro-transparencia, aún cuando escasea la evidencia empírica de cuál es el impacto social que genera la implementación de las iniciativas en cuestión. De estos recursos se han beneficiado, entre otros, organizaciones de la sociedad civil que promueven una agenda de transparencia, en particular si ello se persigue desde la innovación y desarrollo de tecnologías de la información para la transparencia.

Fundaciones como Ciudadano Inteligente han sido apoyadas para innovar, practicar e implementar estrategias de fortalecimiento a la transparencia por vía del desarrollo y uso de tecnologías web. Este apoyo además de generoso, ha sido lo suficientemente flexible para crecer y descubrir las más idóneas formas de impacto. Subsiste eso sí en el ambiente, el peligro de un efecto placebo, que al compás de conferencias, menciones en medios de comunicación y el encandilamiento que genera el desarrollo de herramientas tecnológicas, puede dañar de manera mortal quizás no la subsistencia de las organizaciones que promueven transparencia, pero sí la posibilidad de alcanzar la misión que hemos juramentado alcanzar.

Motivados y conmovidos con el ejemplo que a diario entregan cientos de ciudadanos que arriesgan su integridad por perseguir la transparencia y libertad de expresión en contextos de violencia y persecución, tenemos la obligación de escapar del letargo, apurar el paso, y demostrar con impactos medibles que los cambios sociales que perseguimos son efectivamente alcanzables con transparencia, y la participación colectiva de la ciudadanía.

Nuestras organizaciones deben perseguir un impacto radical que de no alcanzarse debiera cuestionarnos con total franqueza si estamos en esto por el cambio social, o por suscribir a lo que Hood calificó como una cuasi-religión. Las ONGs debemos lograr el difícil equilibrio entre la fe, confianza, o intuición sobre lo que hacemos, y la adecuada dosis de escepticismo que nos debe guiar en pensamiento crítico a evaluar lo realizado y enmendar el camino.

Amo Ciudadano Inteligente y amo su comunidad. Me conmuevo con nuestros pequeños éxitos y me frustro con nuestros fracasos, pero por más grande que sea el cariño, debemos exigirnos perseguir un impacto radical. De no lograrse tenemos la responsabilidad de buscar otras formas de proteger la democracia y reducir desigualdad. Lo que está en juego es demasiado grande cómo para obsesionares con fórmulas que no logran impactar.

Parafraseando a Descartes, debemos primero “ser”, luego “existir”. Procuremos entre todos perseguir un impacto radical. Ciudadano Inteligente debe demostrar que es causa necesaria (no suficiente) de que en América Latina exista mayor acceso a información pública (cuantitativa y cualitativa) y participación real/ medible de ciudadanos en las funciones de fiscalización, co-creación de servicios públicos, y control de corrupción en sus distintas formas, para asegurar que la democracia sea un sistema donde gobiernan las mayorías, no las minorías parasitarias que por demasiado tiempo han usado su influencia política y económica para preservar sus posiciones de privilegio. Debemos también probar que las tecnologías de la información juegan en esto un rol fundamental, y que armados con ellas podemos dar la pelea por esa sociedad justa que nos quita el sueño y agranda el corazón. Si no lo logramos debemos ser los primeros en cambiar el plan y buscar por otro camino, total, el hambre de justicia no cambia, solo se transforma.

 

Comentarios a la “Ley Hinzpeter” (parte I)

Por José Francisco García G.

La denominada “Ley Hinzpeter” causa controversia por estos días en la agenda pública y en el debate legislativo en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Se trata en realidad del proyecto de ley que “Fortalece el resguardo del orden público” (Boletín N° 7975-25), mensaje presidencial ingresado en octubre de 2011 a la Cámara de Diputados.

Nace sobre la base de legítimos reclamos ciudadanos –de los cuales dio cuenta en extenso la prensa de la época- acerca de la afectación de derechos fundamentales -amparados por la Constitución Política- en materia de movilización, emprendimiento, trabajo y propiedad de miles de pequeños comerciantes, locatarios, dueños de inmuebles, apoderados y, en general, ciudadanos, con ocasión de las protestas estudiantiles ocurridas el año pasado.

En este contexto, han (re)surgido por estos días críticas en torno a que con esta iniciativa, más que buscar hacer frente a los desórdenes públicos que suelen suscitarse en conexión a marchas y protestas, se estaría buscando derechamente criminalizar la protesta social. Se trata de una acusación infundada.

La denominada “Ley Hinzpeter” no hace más que empatizar con buena parte de una ciudadanía que, por un lado, valoraba las demandas estudiantiles, pero que, por otro, pedían un límite ahí donde las movilizaciones y los actos posteriores de vandalismo pasaban a llevar el legítimo ejercicio de otros derechos. Se pone en el debate público una agenda de reformas principalmente orientadas a modificar los Códigos Penal y Procesal Penal para, como sociedad, iniciar una conversación necesaria acerca de cómo fortalecemos y defendemos el derecho de reunión y la libertad de expresión de aquellos que utilizan las movilizaciones y tomas como excusa para delinquir y generar violencia.

La denominada “Ley Hinzpeter” propone, en lo principal, modificar el tipo penal de desórdenes públicos ante la falta de tipos penales que describan adecuadamente las conductas ilícitas que buscan ser abordadas (e.g., participación en desórdenes o actos de fuerza o violencia que paralicen o interrumpan algún servicio público, o invadir, ocupar o saquear viviendas); agravar las penas por delitos de desórdenes públicos cuando se actúa encapuchado; fortalecer la protección de la fuerza pública cuando actúa en resguardo del orden público y facilitar la obtención de medios de prueba para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, lo que sufrió modificaciones por una indicación presentada por el Ejecutivo en enero de este año.

Pero antes de analizar el contenido del proyecto, y áreas de perfeccionamientos (propondré tres), veamos algunos números.

No existen todavía evaluaciones cuantitativas sistemáticas y robustas respecto de los sucesos ocurridos en 2011. Sin embargo, es posible encontrar información parcial. En este sentido, al analizar las cifras entregadas respecto al año 2011, se observa que en Chile se produjeron 5.942 actividades de expresión pública vinculadas a manifestaciones, marchas, caravanas, velatones, etc., lo que corresponde a un incremento de 153% respecto a las cifras de 2010 y de 278% respecto a las del año 2009. El saldo: más de 15.000 detenidos; millonarios daños al patrimonio público y privado; 1.100 carabineros y más de 600 civiles heridos.

Si analizamos la realidad experimentada en la Región Metropolitana, es posible observar que de un total de 2.014 manifestaciones públicas autorizadas por la Intendencia durante el 2011 -que incluyen eventos de diversa índole-, 240 fueron marchas y de ellas, 75 correspondieron a marchas estudiantiles.

En el contexto de las manifestaciones estudiantiles, la Intendencia Metropolitana presentó acciones legales en contra de 114 personas, obteniendo sentencias condenatorias en contra de 7 personas y se impusieron 21 suspensiones condicionales del procedimiento.

Por otra parte, respecto a la V Región, existieron 288 marchas estudiantiles autorizadas y 44 no autorizadas, lo que hizo necesario desplegar más de 8 mil efectivos y tuvo como resultado más de 66 carabineros lesionados, más de 1.100 detenidos y pérdidas totales por más de $ 1.000 millones.

Y es que el Estado surge y tiene sentido con un objetivo central: garantizar la seguridad individual como condición de preservar las libertades de las personas y la paz social. El Presidente de la República tiene un mandato constitucional expreso en torno a que su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto “la conservación del orden público interno”. El mismo mandato fue el que impulsó, por lo demás, a la ex Presidenta Michelle Bachelet al enviar al Congreso Nacional en enero de 2007 un proyecto de ley que buscaba modificar diversos cuerpos legales en materia de orden público, basados  -según el mensaje y el texto propuesto- en un diagnóstico bastante similar al que se generó en 2011, y proponiendo instrumentos regulatorios similares.

Nada hasta lo aquí dicho implica que la “Ley Hinzpeter” no deba ser objeto de perfeccionamientos; de hecho, propondré tres ámbitos. Pero ello será objeto de análisis en mi próxima columna.

¿Y tú? Por qué vas a votar: Campaña de Acuerdos.cl para incentivar voto voluntario

Acuerdos.cl, portal de incidencia ciudadana de Fundación Casa de la Paz, convocó a Fernanda Urrejola, Matías del Río, Nicolás Copano, entre otros, para que expliquen las razones de la importancia del sufragio. Únete a la campaña y opina. ¿Y Tú, Por qué vas a votar?

Fernanda Urrejola, Nicolás Copano, Matías del Río, José Ancalao, dirigente estudiantil mapuche; Marcelo Mena, personaje ambiental del 2011; y Cristóbal Bellolio, cientista político, protagonizan la campaña “Vota. Hazlo. Tú Decides”, iniciativa de Acuerdos.cl, portal de incidencia ciudadana de Fundación Casa de la Paz que busca incentivar el debate en torno a la decisión de votar en las próximas elecciones municipales.

La campaña la realiza Fundación Casa de la Paz, tras la aprobación de la reforma constitucional que incorpora en el registro electoral a las personas mayores de 17 años, por medio de Inscripción Automática, lo que implica que voluntariamente 13 millones de chilenos pueden ejercer su derecho a voto.

Hoy el voto es voluntario y a tres meses de las elecciones, estos seis personajes opinan en el sitio www.acuerdos.cl/vota con el objetivo de que otros ciudadanos emitan también su opinión a la pregunta: ¿Y Tú? Por qué vas a votar, de manera sencilla y con el ánimo de construir comunidad en torno a la importancia del sufragio.

Participación

Así lo afirmó Ximena Abogabir, Presidenta Ejecutiva de Fundación Casa de la Paz, quien explica que la campaña se realiza para incentivar la participación ciudadana, de manera de que la ciudadanía comprenda que el acto de votar le otorga legitimidad a sus demandas y respalda a las autoridades elegidas, lo que permite una mejor democracia.

“Hoy vemos que se han suscitado diferentes conflictos, de ciudadanos que reclaman por sus derechos, y que buscan soluciones a problemas que afectan su calidad de vida. Esas demandas tendrán mejor oído si es que los ciudadanos además de organizarse son capaces de emitir su opinión y decir lo que les importa”, afirmó.

Desafío

Uno de los mayores desafíos para estas elecciones será incentivar el voto en los jóvenes. Un estudio realizado por el Injuv demuestra que hasta el año pasado, un 78% no estaba inscrito en los registros electorales, justificado en su mayoría porque no les interesa la política, porque no ha tenido la oportunidad y en tercer lugar, porque la política no soluciona los problemas de la gente.

A su vez, el padrón electoral estaba cada vez más envejecido. Los menores de 30 años representaba al 9% del universo electoral, de 8 millones de votantes, cifras que podrían cambiar significativamente este año.

“Si nos proponemos ser más participativos, más activos como ciudadanos, esa cifra, que hace 20 años era de 36%, se puede incluso superar, considerando que hoy hay más de 2 millones de jóvenes que pueden votar”, aseveró Abogabir. Agregó que “este es un verdadero desafío, en que Casa de la Paz, desea contribuir para una mejor ciudadanía”.

Ingresa y comenta! http://www.acuerdos.cl/votovoluntario/

Reelección de Alcaldes: estadísticas de un plato que se repite

Por Daniela Tejada.

El 17 de enero del presente año, fue presentado en el senado un proyecto de ley para limitar la reelección consecutiva de alcaldes y concejales a una única vez en la misma comuna. Dicho  proyecto se encuentra actualmente durmiendo en su primer trámite constitucional – etapa de discusión– completando casi 6 meses en los que no ha presentado ningún grado de avance.

Pero ¿Por qué es importante que un proyecto de ley como este se apruebe? Revisando las  elecciones históricas municipales desde 1992 (que fue la primera elección de este tipo post régimen militar) hasta la del 2008, descubrimos algunos datos interesantes.

¿Sabía usted que en la actualidad existen 26 alcaldes que fueron electos en 1992 y que hasta ahora han permanecido inamovibles en su cargo? De ellos 15 han permanecido por 20 años, como por ejemplo en Macul, Juan Fernández y Quillota; y 11 de éstos por 18 años, puesto que fueron  elegidos en 1992 por 2 años, y no por el período completo. Asimismo, hay 23 alcaldes que fueron electos por primera vez en 1996, completando un total de 16 años al mando de la comuna, entre los que encontramos a Independencia, Ñuñoa, Providencia, Vitacura y Pudahuel. Son 42 las comunas con alcaldes que han permanecido durante 3 períodos consecutivos, es decir 12 años, desde el 2000 hasta la actualidad, entre ellos Las Condes, Puente Alto, Valdivia y Puerto Montt. Y por último son 72 los alcaldes que fueron reelectos una vez, y que ahora completan los 8 años al mando, como Maipú, Peñalolén, Viña del Mar y La Serena.

Y la pregunta es ¿Cuántos de ellos irán por la relección?

El debate en torno a este tema siempre ha estado puesto en el cómo vincular los proyectos de  desarrollo en el largo plazo versus la importancia de la alternancia en el poder. Por un lado, la posibilidad de reelección genera incentivos para entablar proyectos que puedan tener continuidad más allá de los 4 años que dura el ejercicio de sus funciones, propendiendo así a una visión de progreso y desarrollo en el mediano y largo plazo. Pero por otro lado, es sabido que el anquilosamiento de determinadas figuras a sus cargos, puede generar deficiencias en el funcionamiento de la municipalidad, problemas de transparencia y falta de innovación, que terminan transformándose en escándalos municipales o en limitantes para el desarrollo comunitario.

Pese a ello, el criterio final está en definitivas en manos de los electores, puesto que éstos son los que tienen la capacidad de legitimar una administración y darles nuevamente el voto, u optar por otra alternativa. Algunas personas no transan respecto al voto ideológico, y por tanto, independiente de las variadas alternativas que tenga en su papeleta, el respaldo a su partido es lo primero. Hay otros, que responden a un voto por rendimientos, y que a pesar de que no comparten la tendencia política del candidato, reconocen lo bien que lo ha hecho, y avalan su administración reeligiéndolo o votando por quien sería su “sucesor político”. Pero también hay un grado importante de voto carismático, cuando el candidato o candidata es simpático(a), cercano(a), atractivo(a), o cuando posee cualidades con las que los votantes se sienten identificados.

¿Qué lleva  los votantes de determinadas comunas a reelegir por hasta 20 años a sus alcaldes? Es lógico pensar que el voto preponderante en ese caso es el de rendimientos, y que si están ahí es por lo bien que han manejado la administración comunal. Pero también surge la interrogante respecto a si existe un grado de desconocimiento o incluso de acostumbramiento de los electores a la lógica tradicional, y que en lugar de legitimar a su administración en base al conocimiento de su gestión, lo que predomina en realidad es una falta de cuestionamiento y de impugnación de sus autoridades: inercia.

Hay cosas como la creación de nuevas plazas, la pavimentación de las calles, la instalación de nueva iluminaria pública o la limpieza de la comuna – sin desmerecer obviamente la importancia de éstas –  que llevan a pensar que la municipalidad está haciendo bien su trabajo. Pero qué pasa por ejemplo con la educación y la salud municipal, la participación ciudadana o la transparencia. ¿Se castiga con el voto a un alcalde que no mejoró los puntajes SIMCE de su comuna? ¿O a aquellos que no cumplen con lo señalado en la ley de transparencia? ¿Se deja de votar por aquél que tiene mal administrados los consultorios, o por el que no ha desarrollado mecanismos inclusivos de participación para la toma de decisiones? Cada cual verá donde le aprieta el zapato, y qué considera más o menos relevante exigir y validar, lo importante es hacerlo.

He ahí el llamado a participar, a informarse y a votar. Queremos comunas con autoridades idóneas, más comprometidas con el desarrollo integral de sus habitantes, más creativas e innovadoras, más capaces de transformar las debilidades en oportunidades, dispuestas a abrir las puertas de su municipalidad a la transparencia, de integrar a la comunidad a la función de la municipalidad y de definir metas concretas, factibles, pero no por eso menos ambiciosas. Tal vez es el momento para que nuevos aires refresquen los pasillos de nuestras municipalidades, o para que más ciudadanos se involucren y trabajen en conjunto con quienes han tenido un buen desempeño y lo sigan haciendo. Lo importante es que tú decidas.

Mira la planilla con los datos por comuna:

(SI= electo o reelecto)

*La tabla sólo considera a los alcaldes reelectos por períodos consecutivos, y no así a aquellos que puedan haber sido reelectos en períodos intercalados.

Aunque el Capitalista se Vista de Rojo; Capitalista se queda

Por Diego Bustos

La historia ha demostrado que en toda nación la política y la economía son factores que van firmemente de la mano. Así mismo, hemos podido, incluso, ver algunos casos en los cuales el peso de lo económico ha llegado a postergar temporalmente toda ideología o lineamiento proveniente de la política.

Para que sea más entendible la idea que expresaré a continuación, es preciso tener al menos una breve explicación del concepto “Capitalismo”.

De forma más bien generalizada, me atrevo a definir a un sistema capitalista como un modelo económico y político basado, antes que todo, en el libre mercado. En éste, a diferencia del modelo socialista o el abstracto “social de mercado” prima la producción y la propiedad privada. Ello se traduce a en la existencia de un Estado que, en lo que respecta a materia económica, solo cumple el rol de espectador y, en la medida que fuere necesario, de fiscalizador (de tal forma que debe ser garantizada la libre competencia con todo los beneficios que ello puede otorgar a una sociedad).

En materia social, este sistema tiene, en esencia, los mismos fines del resto de los regímenes políticos. Por sobre todo, debe ser garantizado el bienestar social (o “Bien Común), se debe velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos dentro de las fronteras y en relación al resto de las naciones. Del mismo modo, se deben resguardar las libertades civiles, como también hacer respetar los derechos de las personas y el cumplimiento de los deberes de las mismas.

El Capitalismo es un modelo que tomó fuerzas luego de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo como gestor por antonomasia a Estados Unidos. Por medio de la ayuda brindada por dicha nación a gran parte de los devastados países del viejo continente, el modelo en cuestión comenzó a posicionarse en forma rápida y solida.

Durante toda la llamada Guerra Fría, existió la lucha constante entre el socialismo guidado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el capitalismo timoneado por la potencia norteamericana. Resultado de ello, y para pesar de muchos, el “triunfo” del capitalismo fue cuestión de tiempo y se materializó con la caída del Muro de Berlín en 1989.

Durante toda la década de los 90, vivimos un suceso llamado globalización. En él, las redes internacionales aumentaron notablemente en número y grados de influencia. Así también, el desarrollo del comercio internacional llegó a niveles impresionantes con lo cual el abaratamiento de productos y servicios fue evidente en varias naciones, entre las cuales Chile no estuvo ajeno.

Es gracias aquella tan cuestionada globalización que los avances tecnológicos comenzaron a estar al alcance de gran parte de la población mundial. Incluso, no me cabe duda que gracias a ello yo puedo dar a conocer mi opinión y ustedes pueden leerla. Es la magia del internet… uno de los tantos derivados directos de la idea que les menciono.

Guste o no, la diversificación de marcas en productos, la variedad de servicios y el constante perfeccionamiento tecnológico son derivados del posicionamiento mundial del capitalismo.

Hoy sólo existen dos naciones que se alejan por completo al modelo mencionado: Corea del Norte y Cuba. Ambas naciones que han optado por el socialismo como modelo económico y social pese a las drásticas consecuencias que son evidentes.

Luego, hay otros dos casos que siempre me han llamado la atención: Venezuela y China. El primero, es se rige bajo un modelo dogmático y de cuestionable peso teórico que muy probablemente no dure más tiempo del que pueda durar Hugo Chávez en el poder. China, en tanto, lo considero un “hibrido” por cuanto ha logrado mantener un sistema político de izquierda con un modelo económico completamente abierto y basado en el capitalismo desde hace ya cerca de diez años.

La economía capitalista, ha demostrado que es necesaria para el progreso de las naciones. En Chile, aquel modelo fue instaurado en el Gobierno de Augusto Pinochet y se ha mantenido, en esencia, hasta nuestros días. Siendo objetivos, nadie puede obviar el incremento de la industria privada y el progreso macroeconómico basado en comercio exterior incluso en los Gobiernos de Lagos y Bachelet. Incluso he escuchado por ahí la frase “el período de Lagos fue el mejor Gobierno de derecha”.

Seamos honestos señores. Chile es riquísimo en recursos naturales, es un absurdo pensar en el progreso de nuestra nación si no es por un modelo económico abierto y basado en el libre mercado.

El desarrollo de la economía interna en manos de privados es algo necesario para el progreso de nuestro país y de muchos otros. Incluso la educación y la salud son consideradas servicios y, mientras exista gente dispuesta a pagar por ellos, tendremos gente lucrando con ello. Lo cual no quita que deba existir, además, tanto salud como educación pública, gratuita y de calidad, por cuanto ello garantiza el cumplimiento de derechos esenciales de las personas y, por consecuente, aporta a la obtención del bien común.

Ahora bien, veamos el caso del chileno actual. Más que nada en una muestra del grupo joven de nuestra nación, en quienes pensé al momento de darle titulo a esta columna.

Muchas son las personas que hablan en contra del capitalismo, que se definen como opositores al “sistema”, eso está bien, es su legítimo derecho el expresarse. El punto donde aparece una rara inconsecuencia es cuándo vemos que para dar a conocer aquella opinión, recurren a twitter o facebook, al cual acceden a través de sus smart phones o computadores.

Hoy en día, tanto twitter como facebook son considerados íconos del capitalismo y la globalización.

Así también, existe el “comunista acomodado” o, el “socialista burgués”, términos no oficiales que usamos para referirnos a las personas que se dicen socialistas o comunistas pero viven en un barrio exclusivo, con un auto lujoso y ropa de marca, que suelen ser los mismos que protestan desde el computador. Es una postura válida y respetable, pero para quienes conocemos las raíces teóricas de ambas tendencias liberales, es legítimo que nos parezca a lo menos irrisorio.

Estimados, incluso una polera con el rostro de Ernesto “Che” Guevara, fue vendida por un privado, y comprada por otro privado. Lo cual generó impuestos que fueron al Estado para garantizar el bienestar social. Ello es un claro ejemplo del capitalismo en lo microeconómico. Y, si rescatamos que el algodón para aquella polera, probablemente vino de Brasil, y fue vendido a un precio fijado por los lineamientos de comercio exterior,  tendremos entonces un ejemplo del capitalismo macroeconómico.