Comentarios a la “Ley Hinzpeter” (parte I)
Por José Francisco García G.
La denominada “Ley Hinzpeter” causa controversia por estos días en la agenda pública y en el debate legislativo en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Se trata en realidad del proyecto de ley que “Fortalece el resguardo del orden público” (Boletín N° 7975-25), mensaje presidencial ingresado en octubre de 2011 a la Cámara de Diputados.
Nace sobre la base de legítimos reclamos ciudadanos –de los cuales dio cuenta en extenso la prensa de la época- acerca de la afectación de derechos fundamentales -amparados por la Constitución Política- en materia de movilización, emprendimiento, trabajo y propiedad de miles de pequeños comerciantes, locatarios, dueños de inmuebles, apoderados y, en general, ciudadanos, con ocasión de las protestas estudiantiles ocurridas el año pasado.
En este contexto, han (re)surgido por estos días críticas en torno a que con esta iniciativa, más que buscar hacer frente a los desórdenes públicos que suelen suscitarse en conexión a marchas y protestas, se estaría buscando derechamente criminalizar la protesta social. Se trata de una acusación infundada.
La denominada “Ley Hinzpeter” no hace más que empatizar con buena parte de una ciudadanía que, por un lado, valoraba las demandas estudiantiles, pero que, por otro, pedían un límite ahí donde las movilizaciones y los actos posteriores de vandalismo pasaban a llevar el legítimo ejercicio de otros derechos. Se pone en el debate público una agenda de reformas principalmente orientadas a modificar los Códigos Penal y Procesal Penal para, como sociedad, iniciar una conversación necesaria acerca de cómo fortalecemos y defendemos el derecho de reunión y la libertad de expresión de aquellos que utilizan las movilizaciones y tomas como excusa para delinquir y generar violencia.
La denominada “Ley Hinzpeter” propone, en lo principal, modificar el tipo penal de desórdenes públicos ante la falta de tipos penales que describan adecuadamente las conductas ilícitas que buscan ser abordadas (e.g., participación en desórdenes o actos de fuerza o violencia que paralicen o interrumpan algún servicio público, o invadir, ocupar o saquear viviendas); agravar las penas por delitos de desórdenes públicos cuando se actúa encapuchado; fortalecer la protección de la fuerza pública cuando actúa en resguardo del orden público y facilitar la obtención de medios de prueba para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, lo que sufrió modificaciones por una indicación presentada por el Ejecutivo en enero de este año.
Pero antes de analizar el contenido del proyecto, y áreas de perfeccionamientos (propondré tres), veamos algunos números.
No existen todavía evaluaciones cuantitativas sistemáticas y robustas respecto de los sucesos ocurridos en 2011. Sin embargo, es posible encontrar información parcial. En este sentido, al analizar las cifras entregadas respecto al año 2011, se observa que en Chile se produjeron 5.942 actividades de expresión pública vinculadas a manifestaciones, marchas, caravanas, velatones, etc., lo que corresponde a un incremento de 153% respecto a las cifras de 2010 y de 278% respecto a las del año 2009. El saldo: más de 15.000 detenidos; millonarios daños al patrimonio público y privado; 1.100 carabineros y más de 600 civiles heridos.
Si analizamos la realidad experimentada en la Región Metropolitana, es posible observar que de un total de 2.014 manifestaciones públicas autorizadas por la Intendencia durante el 2011 -que incluyen eventos de diversa índole-, 240 fueron marchas y de ellas, 75 correspondieron a marchas estudiantiles.
En el contexto de las manifestaciones estudiantiles, la Intendencia Metropolitana presentó acciones legales en contra de 114 personas, obteniendo sentencias condenatorias en contra de 7 personas y se impusieron 21 suspensiones condicionales del procedimiento.
Por otra parte, respecto a la V Región, existieron 288 marchas estudiantiles autorizadas y 44 no autorizadas, lo que hizo necesario desplegar más de 8 mil efectivos y tuvo como resultado más de 66 carabineros lesionados, más de 1.100 detenidos y pérdidas totales por más de $ 1.000 millones.
Y es que el Estado surge y tiene sentido con un objetivo central: garantizar la seguridad individual como condición de preservar las libertades de las personas y la paz social. El Presidente de la República tiene un mandato constitucional expreso en torno a que su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto “la conservación del orden público interno”. El mismo mandato fue el que impulsó, por lo demás, a la ex Presidenta Michelle Bachelet al enviar al Congreso Nacional en enero de 2007 un proyecto de ley que buscaba modificar diversos cuerpos legales en materia de orden público, basados -según el mensaje y el texto propuesto- en un diagnóstico bastante similar al que se generó en 2011, y proponiendo instrumentos regulatorios similares.
Nada hasta lo aquí dicho implica que la “Ley Hinzpeter” no deba ser objeto de perfeccionamientos; de hecho, propondré tres ámbitos. Pero ello será objeto de análisis en mi próxima columna.
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