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Archives for September, 2012


Sobre el combate a la delincuencia a nivel local

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Por Eliana Claro.

Después de realizar un análisis exhaustivo de los datos entregados por la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2011 y comparar los resultados que presentan diversas comunas de la Región Metropolitana, en términos de victimización y características delictuales, es posible concluir que la realidad delictual es muy diversa en las distintas comunas. Mientras Conchalí presenta tasas de victimización cercanas al 26% para 2011, comunas como San Bernardo, Peñalolén y Las Condes presentan tasas cercanas o superiores al 40%, además de diferencias importantes en la victimización de delitos específicos.

Por otra parte, al analizar las experiencias comparadas de casos exitosos como el de Nueva York, que logró reducir la victimización en magnitudes sin precedentes y en forma simultánea en 4 barrios completamente diferentes en características demográficas y delictuales, vemos que las medidas implementadas fueron específicas y acordes a las necesidades de cada localidad. Adicionalmente, si analizamos el caso de algunos países de Europa, como Francia, Alemania y España, vemos que el combate a la delincuencia ha estado marcado por la descentralización a través de policías o consejos comunales con el objetivo de lograr mayor proximidad con la comunidad y buscar propuestas y soluciones que se adecúen a la realidad delictual de cada localidad.

Es por esto, que en un país donde la delincuencia constituye un problema prioritario tanto para la población como para el Gobierno -y así lo declaro el Presidente Sebastián Piñera al referirse a las prioridades presupuestarias del 2013- se requieren cambios más profundos y políticas eficientes.

En este sentido, los resultados de la ENUSC muestran la inminente necesidad de adecuar las políticas y estrategias relacionadas a nivel de cada comuna y la creación de organismos específicos que coordinen, programen y lleven a cabo estas políticas y que, a través de estos programas (además de los existentes a nivel región o país), se enfoquen en la realidad delictual de su localidad.

Es por ello que el combate a la delincuencia debe realizarse con políticas generales que orienten y proporcionen instrumentos, pero con una adecuación local que permita mayor especialización en la prevención y persecución de los delitos que afectan directamente y de diversa manera a una u otra comuna.

Financiamiento de la política: temporada de hipócritas

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Por Manuel Arís.

El tiempo de campaña electoral debiera reflejar el peak de adhesión a la política. Están todas las condiciones dadas: cobertura mediática, consentimiento legal para hacer publicidad, espacios para el contraste de ideas y principios, promesas para que los ciudadanos confiemos en un proyecto que pueda mejorar nuestra calidad de vida. Pero sucede todo lo contrario.

Los ciudadanos desconfiamos, nos sentimos invadidos por la publicidad en las calles, tratados como niños con promesas que sabemos no se cumplirán. La política, en tiempos de campaña, nos violenta.

El límite de gasto electoral para las elecciones de este año, en total, alcanza los 60 mil millones de pesos. Lo que los candidatos gastarán en campaña es igual a 306.576 sueldos mínimos, 30 campañas publicitarias de Navidad de una empresa de retail, cerca de 8 presupuestos municipales anuales. ¿Violento, no?

La política necesita difusión, pero le hace muy mal apostar todo al marketing, porque al igual que como ya estamos cansados de Mr. Músculos, el viejito pascuero y el ahora mes del niño, también nos cansa ver sonrisas de candidatos en fondos pasteles. Querríamos que trataran de seducirnos con ideas en lugar de colores, y con propuestas en lugar de rayados.

El problema no es solamente el monto o el formato, hay algo mucho más profundo que nos va violentando a lo largo del tiempo, algo que nos hace daño a nosotros y sobre todo a la política: esto es la hipocresía. La hipocresía del modelo por medio del cual la política se financia.

Hay un límite al gasto electoral establecido en la ley, altísimo, que equivale al sueldo de más de 300 mil familias, y sin embargo, sabemos que el gasto electoral es superior al límite que establece la ley, porque la ley es letra muerta si nadie fiscaliza ni sanciona.

La hipocresía también la vemos en un sistema que dice que cualquier chileno puede optar a un cargo de representación, pero que en la práctica debe ser sujeto de crédito, o tener estrechos vínculos con el poder económico, o saber vender su candidatura como una buena inversión para conseguir recursos.

El financiamiento de las campañas por empresas privadas es otra faceta de la hipocresía del sistema. Las empresas no votan, las empresas no son ciudadanas, las empresas no debieran ‘participar’ en política. Los empresarios sí, las empresas no. Y como todos sabemos, son un elemento constituyente fundamental del actual financiamiento de las campañas electorales.

“Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad” (Brecht). ¿Y cómo decir la verdad? La verdad podría establecerse con un sistema que fije un límite de gasto electoral menor, pues sólo así las posibilidades de participar en una campaña (y tener opciones de ganar), serían equitativas para cualquier sector político, independiente de sus vínculos con el poder económico. En segundo lugar, el sistema de financiamiento electoral debería tener una proporción mayor de aportes públicos, estableciendo topes máximos para el aporte de privados, sólo autorizándolo cuando sean donaciones de personas naturales, e impidiendo la donación de empresas.

La hipocresía de mala calidad que afecta a la política puede terminar cuando la política se asuma como tal, es decir, como un debate de ideas para ponernos de acuerdo sobre cómo queremos vivir. Por esto, en tercer lugar, proponemos que en las campañas se prohíba el uso abusivo de la publicidad, pues la ciudadanía quiere escuchar propuestas, no ver fotos. Por último, si cualquiera de estas modificaciones llegara a efectuarse pero no se considerara en el diseño institucional el fortalecimiento (o la creación) de un órgano fiscalizador, la ley, como el actual límite al gasto electoral, será también letra muerta. La fiscalización de un órgano como el SERVEL debe estar mandatada y debe considerar las capacidades técnicas para poder realizarse.

Creemos que con este tipo de medidas, quizás aportemos a que en esta época electoral la política no violente, sino que convoque.

 

Publicación Original: El Mostrador

Control judicial: evaluación por desempeño

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Por José Francisco García.

¿Cómo hacemos responsables a los jueces por su labor?¿es posible controlar a los jueces que manifiestamente se apartan de la ley o el precedente judicial arraigado (incluso sustituyéndola por sus propias preferencias políticas o de política pública)? Eso nos lleva, por un nuevo camino, a transitar por el viejo problema del accountability judicial, pero ya no en los clásicos términos de encontrar indicadores cuantitativos, sino cualitativos. Ello es controversial.

Vamos a lo básico: existen al menos tres aspectos respecto del accountability judicial que se deben considerar.

En primer lugar, en una sociedad democrática, los jueces, al igual que el resto de las autoridades públicas, deben rendir periódicamente cuenta de su labor ante la ciudadanía –dado que en los casos manifiestamente graves, excepcionales, se puede enfrentar la acusación constitucional–; existiendo diversos mecanismos que pasan desde los más problemáticos de elección popular de jueces (Estados Unidos) o periodos de nombramiento (como es el caso del Tribunal Constitucional y tribunales especializados en Chile), hasta los más comunes de evaluación por desempeño sobre la base de indicadores objetivos;

En segundo lugar, la evaluación por desempeño permite, desde la perspectiva social y de usuarios verificar los supuestos, percepciones y creencias de los operadores; permite a jueces y tribunales responder a las preocupaciones de los individuos y grupos usuarios; es un pre-requisito para demandas basadas en evidencia frente a nuevas iniciativas judiciales, y aumentos de recursos presupuestarios; y provee los medios para que los tribunales puedan demostrarle al público cómo son utilizados los recursos, cumpliendo su deber de rendición de cuentas. Desde la perspectiva de los jueces y funcionarios judiciales permite reconocer objetiva y equitativamente las contribuciones individuales de cada profesional y el colectivo; es una herramienta para canalizar sistemas de premios y reconocimientos económicos y no económicos; es un instrumento de mejora y adecuación de planes de formación/capacitación; generar un procedimiento de apoyo a los sistemas de progresión en el desarrollo de la vida judicial;

Finalmente, y tercero, la evaluación por desempeño debe considerar no tan sólo una multiplicidad de instrumentos (benchmarking, auto-evaluación, evaluación de pares, evaluación por expertos, encuestas de satisfacción de usuarios; etc.); sino que tanto indicadores cuantitativos (volumen de trabajo; complejidad de los asuntos; cumplimiento de plazos procesales; acumulaciones; uso de nuevas tecnologías;  dedicación  de acuerdo a tipos de materia que conoce, capacitación; publicaciones jurídicas; ponencias y participación en seminarios; docencia; etc.), como cualitativos.

En efecto, como demuestra la evidencia internacional reciente en países OCDE, encontrar consensos respecto de indicadores cuantitativos es fácil; lo complejo es lograr acuerdos en lo cualitativo. El argumento central contra la evaluación cualitativa es simple: cualquier intromisión en el núcleo de la decisión judicial implica vulnerar la independencia judicial del juez que está fallando el caso en concreto. Es por ello que típicamente se rechaza el uso de indicadores de revocación de fallos por parte de tribunales superiores y se sostiene que la única forma de controlar la decisión es mediante los recursos procesales existentes.

Sin embargo, la propia experiencia internacional ha ido generando buenas prácticas en esta materia. En Francia, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Paris formó un comité de expertos de evaluación de la calidad de sentencias en 2003. En 2004, se evaluaron 200 casos y en 2006, 1.500. Se establecieron dos criterios (a) de evaluación del proceso de la decisión judicial y (b) de la decisión judicial misma. En el primer caso se analizaron las siguientes preguntas: ¿existió un reporte en la audiencia?¿qué tipo de audiencia fue?¿qué tipo de decisión fue?¿fechas de audiencia, de la sentencia y la publicidad? Por otro lado, entre los criterios de evaluación de la decisión judicial se encontraban: ¿se establecen los hechos de forma clara?¿se mencionan las pretensiones de las partes?¿está motivada la sentencia?¿se mencionan las bases legales del fallo?¿la sentencia se hace cargo de los costos?¿se especifican los días en que comienzan a correr intereses y multas?¿se especifican los mecanismos de ejecución de la sentencia?

Por otro lado, en 2002, en los Países Bajos, entró en funcionamiento un sistema integral de evaluación de tribunales basado en el control de estándares de calidad, basado en una evaluación anual del funcionamiento del tribunal; y uso de benchmarking entre tribunales para evaluar cumplimiento de estándares de calidad. Por otra parte, cada cuatro años, se realiza una evaluación de percepción de usuarios; una de satisfacción interna respecto de la función, la organización y el equipo administrador; y una de un comité independiente externo mediante informe público y al Ministerio de Justicia. Ello es a su vez complementado por evaluaciones de pares (jueces a jueces respecto de trato a las partes del proceso, conducta y calidad de las sentencias); y procedimientos de reclamo frente a jueces y funcionarios. Una evaluación de 2007 demostró los buenos resultados de este enfoque.

Chile hoy está en el peor de los mundos en esta materia: un régimen de control de la labor de los jueces que no distingue entre evaluación de desempeño y sanciones disciplinarias, y que por la forma en que se aplica el esquema de calificaciones –por el superior jerárquico en procedimientos poco transparentes–, daña la independencia interna. Con todo, hay espacio para ser optimistas: algunos elementos de la evaluación por desempeño estuvieron presentes en el debate de la Ley Nº 20.224 (2007) que modificó la  Ley Nº 19.531 sobre remuneraciones del Poder Judicial, lo que nos introdujo en el debate sobre los bonos por desempeño judicial (desempeño institucional y colectivo), y en la última década se han intensificado iniciativas para reformar el sistema de calificaciones, tanto en la academia como al interior de la propia Judicatura (i.e., Foro Judicial).

 

Monitoreo Parlamentario: conoce los proyectos de ley clave que están en el Congreso

monitoreo

Por Equipo Vota Inteligente.

A continuación, les dejamos los proyectos más relevantes que ingresaron la semana pasada al Congreso Nacional. ¡Monitoreando juntos el trabajo legislativo somos más fuertes!

1.- Proyectos destacados que ingresaron al Congreso:

03/09/2012 Impone obligación de someter a un test sicológico a los postulantes de carreras profesionales o técnicas cuyo desarrollo laboral importe relacionarse con menores de edad.

El proyecto de ley (boletín 8560) es autoría de los senadores L. Pérez (RN), A. Horvath (RN), C. Bianchi (Ind.) y B. Prokurica (RN). La iniciativa, obliga a universidades e institutos técnicos a realizar un test sicológico a quienes deseen hacer ingreso a carreras que involucran trato con menores de edad. Además, exige la realización del test sicológico a todos los funcionarios que se relacionen con menores. Ingresado el 3 de septiembre, el proyecto se encuentra dentro de su primer trámite constitucional y se presta para la realización del correspondiente informe por parte de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Los autores de este, destacaron que en casi el 80% de los casos, el agresor es alguien cercano a la víctima y que considerando los sucesos de alto impacto mediático en el último tiempo, se hace necesario legislar en torno a la prevención. Actualmente en la página del Senado, se encuentra disponible el proyecto tal cual fue ingresado por sus autores.


04/09/2012 Establece procedimiento plebiscitario para el cambio de la Constitución Política de la República, mediante asamblea constituyente.

Este proyecto (boletín N° 8562) busca instaurar un plebiscito que decida la convocatoria de una Asamblea Constituyente, con el fin de generar una Constitución Política que se origine democráticamente desde la ciudadanía. La propuesta se refiere a incluir un artículo que obligue a realizar un plebiscito en noviembre del próximo año para que sean los mismos ciudadanos quienes decidan si llamar a la Asamblea Constituyente o no, instancia que es de vital importancia para todos los chilenos pues esta iniciativa no sólo responde a una petición bastante masificada en el ciudanía, sino que también, de realizarse esta Asamblea, se modificaría de raíz el sistema político chileno. Actualmente, este proyecto se encuentra en Primer trámite constitucional en el Senado y fue derivado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento pero no se han publicado informes sobre el particular.
04/09/2012 Modifica normas sobre propaganda electoral y modifica el régimen sancionatorio.

La moción (boletín 8557) ingresada en la cámara de Diputados, busca especificar la norma en relación a la prohibición de hacer campaña electoral y plebiscitaria fuera de plazo. La moción busca crear mayor igualdad y neutralidad a la hora de enfrentar las campañas. En esta se impedirá cualquier alusión gráfica o simbólica que implique el nombre, imagen o referencia que haga identificable a quien vaya a competir por un cargo o postura determinada en futuros comicios. La sanción aplicada, por publicidad fuera del periodo –que va desde el trigésimo hasta el tercer día previo a la elección-, será el reembolso de solo una cuarta parte del financiamiento que la ley otorga al candidato u organización a cargo de la campaña. El boletín se encuentra publicado, a la espera del informe que debe realizar la comisión de Gobierno Interior y Regionalización.

2.- Proyectos de ley con suma urgencia:

04/09/2012 Aumenta las subvenciones del Estado en los establecimientos educacionales. Discusión en cámara.

La iniciativa (boletín 8070), presentada por mensaje, fue finalmente aprobada esta semana por la cámara de Diputados en su tercer trámite constitucional, por lo que cumplió con su tramitación legislativa. En este, se aumentan de forma considerable los recursos para educación, poniendo énfasis en la educación preescolar. Con esto se aprueba uno de los proyectos emblemáticos del gobierno en materia educacional. Su publicación y las indicaciones realizadas que modificaron su contenido original, se encuentran ya disponibles.

05/09/2012 Prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular. Discusión en cámara.

Este proyecto (boletín N° 7675) busca evitar que las trabajadoras de casa particular sean obligadas a usar uniforme o algún signo distintivo en lugares públicos, evitando la estigmatización de éstas. Este es un proyecto de gran importancia pues rescata el principio de no discriminación en materia laboral y armoniza nuestra legislación con la tendencia internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer.

Actualmente, el proyecto se encuentra en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. La discusión general está pendiente y, lamentablemente,  no se han publicado los informes respectivos.

05/09/2012 Sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos. Discusión en Senado.

Este proyecto (boletín N° 6499) busca que los dueños y tenedores de los animales sean siempre responsables por los daños que estos genere a terceros, sin que sea admisible alegar caso fortuito o fuerza mayor.  Además busca establecer la responsabilidad del Estado-Municipio respecto los daños por animales o perros vagos, además de crear la obligatoriedad de un Registro Municipal de Mascotas. La importancia de la iniciativa radica en la protección otorgada a las potenciales víctimas de daños por parte de animales, además de que busca contener el problema de los perros vagos que suele aquejar a las ciudades de  nuestro país, estableciendo obligaciones a los Municipios que, con el tiempo, deberían resultar en la disminución de estos animales.

Actualmente la iniciativa se encuentra en el primer trámite constitucional en el Senado, habiendo quedado pendiente la discusión particular sin que se hayan publicado los informes respectivos.
05/09/2012 Sobre asociación de pescadores artesanales, inscripción de recursos marinos y extensión de área de operación artesanal. Discusión en Senado.

La iniciativa (boletín 8389) originada desde el Ejecutivo, resultaba de alta importancia para este, ya que se encontraba enmarcada dentro de los acuerdos a los que se llegó con la Mesa Social de Aysén. En el proyecto de ley, básicamente se modifican las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos. Además, transformaba las condiciones de inscripción en el Registro Artesanal de diversos recursos. Los informes que dan cuenta de su paso por el Congreso se hallan íntegramente publicados. Tras superar su etapa legislativa, se encuentra a la espera de la aprobación presidencial.

3.- Proyectos de ley con discusión inmediata:

04/09/2012 Perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional.  Discusión en cámara.

Este proyecto (boletín N° 8488) busca perfeccionar la legislación tributaria para financiar la Reforma Educacional, tema de gran relevancia social en el último tiempo. La propuesta del Gobierno se articula en torno a cuatro ejes: aumento de en la recaudación, alivios económicos para la clase media, incentivos al crecimiento y perfeccionamiento al sistema tributario. La iniciativa fue aprobada en la Comisión Mixta constituida el 4 de Septiembre, cuyo informe aún no ha sido publicado. Actualmente se encuentra en trámite de finalización en la Cámara.

4.- Proyectos destacados en tabla:

Establece el derecho a realizar deporte dentro de la jornada laboral. Discusión en cámara.

Iniciado por moción, la iniciativa (boletín 7628) se encuentra en su primer trámite constitucional. La comisión de Deportes de la cámara de Diputados, aprobó una modificación al Código del trabajo con la cual se le permitirá al trabajador, hasta una hora a la semana para la realización de actividades deportivas. Esto será considerado como hora trabajada para todo los efectos legales. La iniciativa tiene como objetivo disminuir tanto el estrés como el sobrepeso del trabajador chileno. El proyecto de ley e informe emanado por la comisión se encuentra disponible.

Modifica la ley Nº 19.132, de Televisión Nacional de Chile, ampliando el giro de la empresa. Discusión en Senado.

Este proyecto (boletín N° 8273 busca ampliar el giro de TVN para que pueda realizar todas las actividades propias de una empresa privada de televisión y de servicios audiovisuales, con iguales derechos, obligaciones y limitaciones. Esta iniciativa es particularmente importante al considerar que se está discutiendo también el tema de la televisión digital terrestre, por lo que se hace necesario ampliar el giro de dicha empresa para hacer que TVN pueda competir frente a los otros canales y así fortalecer el modelo de TV pública autónoma, pluralista y autofinanciada.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en el primer trámite constitucional en el Senado, sin embargo, en virtud de la solicitud del Ejecutivo, fue retirado de la Tabla en la sesión que correspondía la segunda discusión.

Reformas a los créditos para la educación superior: Lo que se arregla y lo que no se toca

deudas

Por Paulina Cabrera.

En las masivas manifestaciones del año 2011 y 2012 los estudiantes han levantado la demanda por una educación pública, gratuita y de calidad, generando no sólo un amplio apoyo de la ciudadanía, sino también un cuestionamiento generalizado hacia la institucionalidad de la Educación, entre ellas, hacia el financiamiento estudiantil. La relevancia que tomó el tema permitió poner en el tapete el problema del endeudamiento juvenil que el sistema crediticio ha generado, dejando al descubierto la cruda realidad de las deudas de educación.

Pero éstas consecuencias no son iguales para todos, sino que dependen del tipo de crédito del que el estudiante fue “beneficiario”, existiendo abismales diferencias entre quienes accedieron al Fondo Solidario (FS) – el cual sólo se aplica a los estudiantes de escasos recursos matriculados en las Universidades del CRUCH y tiene un interés del 2%, además de cobrarse después de dos años de titulado o de la última matrícula, considerando máximo un 5% de la declaración de ingresos del deudor[i];  al Crédito con Aval del Estado (CAE) – que incluye a las instituciones que son parte del Sistema de Crédito con Aval Estatal, lo que incluye a las tradicionales y a varias instituciones privadas, y tiene tasas entre el 5 y 6%, se cobra 18 meses a partir de la última matrícula y sin consideración del sueldo[ii];  o al Crédito CORFO – el cual  era utilizado por aquellos estudiantes que no alcanzaban a obtener los beneficios del Estado, pero no tenían los recursos para pagar la educación superior, éste tiene un interés de un 8 o 9%[iii] y seguía la lógica de un crédito de consumo para su pago.

La denuncia fue alarmante: los jóvenes, los recién egresados y también aquellos que tuvieron que abandonar la Universidad, estaban totalmente endeudados y estaba afectando su calidad y posibilidades de desarrollarse y surgir debido a las deudas que los mantenían atados. Si ya era grave el problema con el FS y el CAE, la situación de los morosos del CORFO era absolutamente indignante pues las altas tasas de interés generaban deudas de hasta cuatro veces lo prestado, se registraron muchos casos de “créditos cláusulas abusivas, otorgamiento de crédito mediante ventas atadas de otros productos ofrecidos por los bancos, [fijación de] plazos y cuotas de manera unilateral[iv]”, además del registro en DICOM de los morosos e incluso embargos por las deudas. Así fue denunciado por los estudiantes y por varios reportajes de televisión y prensa escrita que no hicieron sino mostrar la gravedad de la situación que vivían miles de jóvenes chilenos y sus familias.

¿Y la respuesta?

A partir de la polémica generada, el Gobierno inició las gestiones para solucionar algunos de estos problemas. Si bien se pidió – y aún se pide – una reforma completa al sistema educacional, habían situaciones urgentes que debían tener respuesta inmediata y el problema de los créditos fue una de ellas. En marzo se aprobó el proyecto de reprogramación de las deudas morosas del crédito del Fondo Solidario, lo que significó sin duda un gran alivio para los deudores de este crédito. Este proyecto fue aprobado sin modificaciones en la Cámara, evidenciando un acuerdo generalizado en que era “lo que se tenía que hacer y tenía que hacerse pronto”. De igual manera, se está tramitando en el Congreso una ley que rebaja el interés de las deudas contraídas con el CAE entre el 2006 y 2011, además de permitir que los deudores puedan pagar de acuerdo a sus ingresos.

¿Y del crédito CORFO?…Nada.

Sin duda, los deudores de este crédito son los que fueron más perjudicados con el sistema de financiamiento estudiantil, así como las víctimas más evidentes la dinámica bancos/educación y sus sospechosas implicancias respecto al lucro en educación. Sin embargo, para éstos no se han presentado soluciones que los ayuden a salir de la precaria situación en la que se encuentran con sus enormes deudas.

¿Nos habla esto de una falla en la capacidad del Estado de leer y dar una respuesta a las problemáticas de sus ciudadanos? Podría ser, pero al revisar las discusiones parlamentarias de las dos iniciativas tramitadas, podemos observar que varios de nuestros representantes han llamado la atención sobre la crítica situación de estos deudores. Además, desde el año 2012 el mencionado crédito dejó de otorgarse de manera abrupta, según la institución, una gran disminución de la demanda[v], de manera de que es posible afirmar que el problema sí ha sido registrado por el Estado, el cual ha intentado, al menos, no engrosar la lista de afectados por esta situación, pero no se ha entregado una solución definitiva para los que ya viven el problema. Ellos han señalado que su voluntad no es no pagar las deudas, sino que éstas sean razonables y no abusivas, que se acaben los embargos, que se rebaje el interés, sin embargo no se han extendido hacia ellos las propuestas del rebaja del CAE (las reformas del Fondo Solidario no son comparables porque depende enteramente del Estado), pero aún no pasa nada. Cabe cuestionarse entonces cuál es el rol que han tenido los bancos en esta falta de legislación pues, si bien es cierto que existe una preocupación de nuestras autoridades por el tema, sin duda, para los bancos las deudas de los créditos CORFO constituyen una parte no menor de sus ganancias.

¿Podría darse a los deudores del CORFO una solución similar a la del CAE? Es difícil de decir de buenas a primeras puesto que en el último caso los intereses van a rebajarse, pero no a costa de los bancos, quienes no pierden ni un solo peso, sino que es el Estado quien va a comprar la deuda de este crédito y la cobrará bajo las nuevas condiciones que benefician a los estudiantes endeudados, lo que situaría ahora el problema del CORFO en el tamaño de la deuda. En este sentido, el Ministro de Educación ha planteado la posibilidad de terminar dicho problema con los recursos extra que se obtendrán con el Perfeccionamiento del Sistema Tributario aprobado hace unos días, sin embargo, nada asegura que esto sea así, ya que en la reforma no se ha definido hacia donde se dirigirán específicamente los recursos obtenidos, por lo que continúa la incertidumbre para miles de familias.

Esta claramente es una situación que debe ser solucionada a la brevedad, pues no es posible que las personas estén perdiendo sus casas por haber estudiado. Además nos permite reflexionar no sólo sobre las nefastas consecuencias de la inclusión de la banca en educación, sino también sobre los poderes fácticos que operan dentro en las bambalinas de nuestro sistema político y que determinan en mayor o menor medida qué es lo que se cambia y qué es lo que se queda igual, cuestiones a la que debemos estar alertas como ciudadanos.



[i] http://www.uchile.cl/portal/admision-y-matriculas/aranceles-y-credito/credito-universitario/7920/acreditacion-de-ayudas-estudiantiles

[ii]http://www.mifuturo.cl/index.php/como-financiar/creditos,  http://www.santotomas.cl/becas/aval.html

[iii] Ciper Chile

[iv] http://ciperchile.cl/2012/03/08/peor-que-el-cae-credito-corfo-universitario-multiplica-las-deudas-por-cuatro/

[v] http://www.corfo.cl/sala-de-prensa/comunicados/comunicados-de-prensa/corfo-informa-termino-de-creditos-universitarios-para-pregrado

Educación subvencionada y el debate ideológico

Congreso

Por Ricardo Etchegaray Arriagada

Pocas materias discutidas en el Parlamento, promueven la discusión de forma tan marcadamente ideológica como la educación. Es que los acontecimientos ocurridos en este ya año y medio de movilizaciones, han estresado el sistema político nacional de forma necesaria. Si bien parte importante de las propuestas del Ejecutivo han sorteado su etapa legislativa, resulta saludable encontrar de vez en cuando, diferencias entre los dos conglomerados políticos que han gobernado el país en los últimos 22 años de democracia.

Uno de las tantas batallas libradas en la sala del Senado, hace relación con el monto límite de copago con que los padres  pueden aportar en la educación particular subvencionada de sus hijos (boletín Nº 8.070). La indicación emergida desde la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, había fijado como tope del copago, 80 mil pesos nominales, es decir, no susceptible a reajustes del IPC.

Adentrándonos en esto último, el debate terminó girando en torno a la conveniencia de contar en el país con una educación de tipo subvencionada. Por el lado del oficialismo, el argumento resulta casi textual de lo que Milton Friedman expuso en “Capitalismo y Libertad” y podría ser resumido así: los padres que desean hacer un mayor gasto en la educación de sus hijos, debiesen contar con la plena libertad para destinar los recursos que estimen conveniente para esto. En definitiva, no debería fijarse un límite para el copago. Si ellos legítimamente acumularon un cierto capital, lo justo sería que nadie les debería decir en que gastarlo.

No solo eso, en tono con los postulados del padre de las libertades individuales, John Stuart Mill, el Senador Carlos Larraín, expresó que la única educación gratuita es la estatal. En un salto argumental un tanto rápido, el Presidente de Renovación Nacional ligó lo estatal a uniformidad, lo que en definitiva hace de la educación pública un atentado en contra de la diversidad que debiese existir en los individuos que componen una sociedad. Libertad, diversidad, y rechazo al Estado son parte del vocablo ideológico de la derecha.

El  Senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, fue quien de mejor forma transmitió el pensamiento social demócrata con el que se debería identificar el conglomerado de centro izquierda. En este sentido, se mostró partidario de fijar un límite al gasto de los padres en educación. El problema con la educación privada, o la que es lo parcialmente como sucede con los establecimientos particulares subvencionados, es que termina por minar a la de tipo pública. Como acotó el Senador, no importa la diversidad, cuando los niños del grupo socioeconómico “A” solo van al establecimientos tipo “A”, los del “B” a uno “B” y los “X” a los “X”.

Como señaló el economista Sebastián Edwards, ya ni siquiera en la educación terciaria, las distintas realidades socioeconómicas logran encontrar un espacio de confluencia. El 2011, del quinto y sexto mejor establecimiento educacional secundario del país (medido por ranking PSU), los colegios Tabancura y Los Andes, ¡ninguno de sus alumnos ingresaron a la Universidad de Chile, la supuesta mejor universidad pública del país! Por otra parte, del Instituto Nacional y Carmela Carvajal solo un 15 y 8% de sus alumnos respectivamente, entraron a la mejor Universidad privada que es la Católica[1].

La también socialista, Senadora Isabel Allende, si bien a favor del aumento de recursos en la educación, consideró estos insuficientes. Lo que se coindice con una teoría de tradición keynesiana. En cuanto a lo que se refiere a justicia (entendida como “meritocracia”), esto no se da cuando los padres hacen libre uso de su capital, sino en el hecho que todos comiencen desde una misma “línea de partida”.  Es decir, las claves en el discurso opositor son: integración social, un mayor rol del Estado en la educación e igualdad.

Más allá de esto, debería resultar gratificante como ciudadano tener conocimiento de que una institución vital para la Democracia como el Parlamento, efectivamente cumple con su función de debate. No solo eso, el hecho de que ambas cámaras se encuentren con mayoría opositora, obliga al gobierno a llegar a acuerdos con distintos sectores políticos, lo que debiese implicar más debate y una mayor representatividad a la hora de hacer políticas públicas

Esto último, no es algo siempre bien visto por diversos sectores de la ciudadanía. Algunos consideraran el contrapeso opositor como “obstruccionismo”, mientras que otros asumirán que los acuerdos se deben a que “son todos iguales”. Pero si realmente creemos en la fortaleza de la Democracia y los valores que se han ido forjando a lo largo de la reciente historia nacional, llegó ya hace algún rato el momento de estresar al sistema político. Sumado a lo anterior, en un marco de tolerancia, las ideologías y diferencias no deberían representar un peligro, sino más bien un enriquecimiento al debate.

La indicación que limitaba el copago, fue finalmente aprobada por la mayoría opositora en la sala, con 14 votos a favor, 11 rechazos y 2 pareos. Dos posturas con ideas, valores y visiones de sociedad diferentes, se vieron enfrentadas donde debiese suceder, el Parlamento.  El Ejecutivo, si bien fue derrotado en este aspecto, la institucionalidad no cayó, Chile no sucumbió al caos, ni se vio descender desde el cielo a los cuatro jinetes del apocalipsis. Esto resulta a la vez, en una buena muestra de que no debiese existir miedo a las diferencias en el Senado. Con una correcta institucionalidad, que posibilite e incentive la llegada a acuerdos, se podría de una vez por todas agregarle algunas cuotas de representatividad al poder legislativo.



[1] Columna del economista Sebastián Edwards, publicada el 12 de mayo del 2012 en el cuerpo de “Reportajes” de “La Tercera”. Disponible en: http://papeldigital.info/ltrep/index.html?2012051201

Consorcio por la Transparencia pide consagrar constitucionalmente el acceso a la información pública

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Por Comunicaciones FCI.

 La agrupación pretende, con esto, profundizar la institucionalización de este derecho y, a su vez, fortalecer al Consejo para la Transparencia como órgano autónomo de control. De esta forma, se busca  alcanzar los estándares que la OCDE exige en esta materia.

La propuesta fue presentada a la Comisión de Ética y Transparencia del Senado.

Elevar los estándares de transparencia al nivel de los países OCDE. Ese es uno de los argumentos planteados por el Consorcio por la Transparencia en su propuesta de declarar al acceso a la información pública como derecho constitucional.

La iniciativa surge por la necesidad de eliminar las incertidumbres que se han planteado a nivel jurídico respecto del efectivo reconocimiento de este derecho en la Constitución Política. Esto, pese a que fue declarado como tal por decisiones del Tribunal Constitucional dictadas en los meses posteriores a la publicación de la Ley Nº 20.285 sobre acceso a la información pública. Sin embargo, la misma instancia ha establecido lo contrario en casos recientes.

En 2006, en el caso Claude Reyes versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el acceso a la información es un derecho humano, que debe ser respetado por todos los estados.

Para el Consorcio por la Transparencia, la raíz de este debate se encuentra en la falta de claridad, identidad normativa y reconocimiento expreso del acceso a la información. Por esto es que, el miércoles 29 de agosto pasado, presentó a la Comisión de Ética y Transparencia del Senado una propuesta que busca reformar el artículo 4º de la Constitución Política, estableciendo que Chile es también una república abierta. A su vez, modificar el artículo 8 y el  19 número 12, haciendo explícito el derecho de acceso a la información pública.

Esta reforma beneficiaría, también, al Consejo para la Transparencia, fortaleciendo su rol como regulador, orientador y responsable de la resolución de conflictos.

De esta manera, Chile alcanzaría los estándares no sólo de países del primer mundo como Suecia, Bélgica y Noruega, sino que también el de vecinos latinoamericanos, como Perú y Colombia y  México, que ya consideran el acceso a la información como un derecho reconocido expresamente en sus constituciones.

El Consorcio por la Transparencia es una agrupación conformada por las fundaciones Ciudadano Inteligente, Pro Bono, Pro Acceso y Corporación Participa. Todas organizaciones de la sociedad civil enfocadas en materias de transparencia, participación ciudadana y acceso a la información y a la tecnología.

El Trago Fuerte

¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.

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