Por Bernarda Jorquera, Directora de Calidad y Proyectos de Fundación Casa de la Paz.
El 17 de octubre se aprobó finalmente en el Senado la idea de legislar sobre el proyecto Ley General de Pesca y Acuicultura, que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, el acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y entrega regulaciones para la investigación y la fiscalización, iniciativa impulsada por el actual ministro de Economía y ex senador de la República, Pablo Longueira.
Desde sus orígenes, la iniciativa ha tenido diversos niveles de controversia, tanto o más, que las asignaciones de pesca aprobadas por el congreso entre los años 2001 y 2002. En aquella época también se habló de conflictos de intereses de los propios congresistas y fuimos testigos de las batallas campales que dieron los pescadores artesanales del norte de Chile, con protestas y barricadas en la vía pública, en Arica, Iquique, Antofagasta, sólo por nombrar algunas.
La Ley pretende hacer un uso más racional y sustentable de los recursos marinos, para lo cual plantea la asignación de cuotas a partir de aspectos científicos, y no como ocurre hoy que los propios pesqueros las definen. Para hacerlo se propone crear un Comité Científico que reemplace al actual Consejo Nacional de Pesca. Lo anterior, sin duda, abre un camino de esperanza para la sustentabilidad de este tan valioso recurso. Sin embargo, este esfuerzo se ve empañado por los siguientes elementos fundamentales:
En primer lugar, la asignación indefinida de las cuotas de captura que hoy poseen siete grandes empresas o grupos familiares, lo que significa en la práctica una “privatización” de por vida de los recursos pesqueros del país, lo que desde un punto de vista ético-socio económico resulta inaceptable.
Esta “privatización” de parte importante de los recursos marinos, pone en peligro la actividad pesquera artesanal, que genera parte importante de empleo, y en riesgo de hacer desaparecer o a lo menos generar impactos importantes en los modos de vida y costumbres de estas comunidades pesqueras, que contribuyen a enriquecer la cultura nacional. No es menor que de esta actividad dependa la vida de muchas pequeñas y medianas localidades a lo largo de las costas de todo el territorio nacional.
Segundo, a puertas cerradas la gran industria pesquera acordó con dos confederaciones de pescadores el traspaso de cuotas de pesca. Aquí, en vez de primar la transparencia se realizan acuerdos entre privados, que de algún modo, el gobierno -al hacer vista gorda- ampara. Los recursos pesqueros son un tema país, pues el mar es de todos los chilenos y es el Estado el llamado a garantizar los derechos de todos y todas y por ende fijar las reglas y hacer valer estos derechos, proteger y hacer un uso sustentable de los recursos, generar condiciones para que las grandes empresas, independiente de su actividad y origen, no ahoguen, mermen o destruyan la actividad de los micro y pequeños empresarios, velando, como garante, por la transparencia de los procesos.
Tercero, nuevamente se produjo la no abstención de senadores que poseen acciones en las grandes empresas pesqueras, violando con ello la Ley Orgánica Constitucional, que señala que “los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción”.
Evidentemente, parece que a algunos de nuestros legisladores poco les importó la transparencia y probidad en este nuevo ejercicio legislativo, contribuyendo aún más al desprestigio de la actividad política, lo que, si no es un problema en sí mismo, trae serias consecuencias: bajos niveles de participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida nacional y por lo tanto, escaso nivel de representatividad, del actual sistema.
Por último, y para hacer aún más controversial este proyecto de Ley están las declaraciones del propio Ministro Longueira, respecto a que la iniciativa no infringe en ningún modo el convenio 169, ratificado por Chile el año 2008, que en su artículo N°6 establece el derecho de los Pueblos Originarios a “ser consultados respecto de todas aquellas medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente”.
Y eso aquí ocurre y ya al menos, las comunidades mapuche-lafkenche de Arauco a Hualaihué ya manifestaron su malestar y rechazo, pues no se ha hecho el proceso de debida consulta. Un tema pendiente para tener en consideración.
El agotamiento de los recursos marinos es un hecho bien sabido por todos y también los desastres ecológicos que ha aportado la gran industria pesquera, sobre todo la de arrastre. Por todo lo anterior creo que el actual sistema de regulación de la Pesca y Acuicultura es nefasto y agudiza los impactos negativos sobre los recursos; pero también es cierto que la rigidez con que se ha actuado, la falta de transparencia y probidad, la monopolización y el no respeto a nuestros pueblos originarios, pequeñas y medianas empresas que sustentan vida, costumbres y cultura de los más diversos rincones de nuestro país, no es el mejor de los caminos para la concreción de acuerdos y consensos que resguarden el bien común de todos los chilenos.
No siempre se puede arreglar la carga en el camino, para ello deben existir garantías mínimas que hoy, al menos, no están a la vista.
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Bernarda Jorquera:
Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master en gestión de Sistemas Ambientales y Master en Políticas Sociales y Gestión Estratégica para el Desarrollo Sostenible del Territorio de la Universidad de Bologna, Italia, se especializa en gestión estratégica, gestión de proyectos de desarrollo con enfoque económico territorial ambiental. Con 10 años de experiencia ha trabajado en organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil y hoy se desempeña como directora de Calidad y Proyectos de Fundación Casa de la Paz.
Por Francisca Soza.
Las elecciones municipales del 28 de octubre del presente año, traen consigo cambios importantes a considerar dentro de la historia de nuestro país. En primer lugar, las mesas de votación, las cuales dejaron de ser exclusivas para hombres o mujeres por separado, pasando a ser mixtas a lo largo de todo Chile. Muchos se preguntarán y esto ¿Qué tiene de importante?, y la verdad es que es el primer punto a destacar es la inclusión de género que se crea, principalmente para la población transexual y/o transgenero del país, entendida como aquellas personas que se identifican con el género opuesto a su género biológico, quienes constantemente denunciaban discriminación verbal y violencia psicológica por ejemplo al momento de votar en una mesa de hombres con vestimenta de mujer; por ende, esta situación de alguna manera sería más cómoda al momento de votar, no existiendo mayor dificultad al presentar una cédula de identidad que no coincida con su apariencia física o vestimenta.
Otro aspecto a destacar dentro de estas nuevas mesas mixtas de votación, es la manera en que dichas mesas serán constituidas, y la manera fue simple, consistió en que los nuevos inscritos fueron asignados en los espacios que se encuentren libres, ya sea por fallecimiento o cambios de domicilios de las mesas vigentes, completando un total de 350 electores por mesa, además estos nuevos inscritos fueron instalados en las mesas con personas del sexo opuesto.
De acuerdo a esto, y dada que la nueva población votante aumento considerablemente, es que fue necesario crear aun más mesas para llevar a cabo el sufragio, las cuales también serán mixtas, y se les eliminaran las antiguas letras V (varón) o M ( mujer), que las determinaba, pasando a tener un número solamente para su posterior identificación.
Como novedad dentro de estas próximas elecciones, y considerando datos entregados por CASEN (2006) “En Chile habita más de medio millón de personas con discapacidad visual, de las cuales alrededor del 90% tiene sobre dieciocho años. Esto significa que cerca de 460.000 personas con discapacidad visual tienen derecho a voto en nuestro país”, surge como nuevo material, la creación de 8.000 plantillas en sistema Braille, es decir, un sistema de lectura y escritura táctil, para aquellas personas con discapacidad visual, las cuales estarán presentes en cada local de votación con dos plantillas asociadas para cada tipo de voto. Si bien esta medida surge como una nueva iniciativa de votación en el país para mejorar la calidad, la cantidad proporcionada no es suficiente, dado que sólo sería para un 1.7 % del total de la población que realmente lo necesitaría.
Como una manera de incentivar a los jóvenes y como una importante novedad para los nuevos votantes, será que este año la ley seca, tendrá modificaciones, comenzando a regir a las 05:00 hrs del día domingo, y no a partir de las 24 hrs como era antiguamente, extendiéndose hasta dos horas después de terminadas las votaciones, favoreciendo con esto principalmente, el esparcimiento de los votantes la noche previa, así como también las ventas en pub- discotecas y restaurantes.
Además, como medida para motivar a la población en general a votar, se ha planteado que será posible ejercer tu derecho de sufragio con pasaporte, cedula de identidad incluso si esta está vencida, salvo que seas vocal de mesa en donde debe estar al día en la fecha.
Para finalizar, ¡no olvides que todos los votos cuentan!, no pierdas el tuyo y dirígete dentro de las 8:00 a 18:00 hrs a lo largo de todo Chile el próximo 28 de Octubre, ¡exprésate y decide libremente!
Por Sebastián Haydn Olmedo.
Maipú es una de las comunas más grandes demográficamente de la Región Metropolitana, colocándose como una de las municipalidades prioritarias en términos electorales para las dos grandes colaciones. Es decir, hoy en día, tanto para la Concertación como también para la Coalición, Maipú figura como una comuna “estandarte”, en donde el triunfo de un postulante a alcalde de alguna de estas dos coaliciones va a generar una ventaja política y en términos de representación, en un escenario donde ambas coaliciones tienen muy baja aprobación ciudadana.
Por lo tanto, apuntar al electorado juvenil en la comuna de Maipú es una estrategia muy interesante, debido a su gran población. Asimismo, la participación política de los inscritos automáticamente en el registro electoral podría arrojar datos positivos con respecto al aumento de la participación en el proceso eleccionario en la comuna o también aspectos negativos, que significarían un estancamiento. Eso puede ser un buen indicio para determinar si la inscripción automática con voto voluntario incentiva el ejercicio del voto.
Personalmente, no tengo prejuicios frente a los alcaldes que no viven en la comuna, sin embargo, creo que es óptimo que los ediles residan en las comunas donde fueron electos, esto porque los gobiernos locales poseen una relación más estrecha con sus habitantes. La relación vecino – alcalde es un puente de comunicación directo, en el cual el alcalde puede percibir la misma problemática pública que aquejan a los vecinos, es decir, son un vecino más para proponer soluciones al problema, puesto que también le afecta de manera directa.
Sin embargo, actualmente se emplea una maniobra política para camuflar el tema sobre si el alcalde reside en la comuna que no es correcta ni adecuada. El arrendar una vivienda a un candidato en períodos electorales con el propósito de justificar su calidad de “vecino cercano”, conocedor de los problemas que afectan a la comuna, no debe ser el camino a seguir.
En Maipú coincidió que tres de los cuatro candidatos por el municipio efectivamente residían en Maipú, dejando en “desventaja” política a Joaquín Lavín León. Este último, en vez de reafirmar su condición de residente de otra comuna, pero conocedor y consciente de los problemas de Maipú, hoy está viviendo en la comuna por la cual es candidato, específicamente a pasos del Mall Arauco Maipú, un lugar bastante estratégico, ya que se encuentra cercano a los lugares donde centra su campaña electoral.
“Sabemos que los políticos vienen y nunca vuelven. Nos la vamos a jugar cien por ciento por estar acá para solucionar los problemas de la gente y de la comuna[1]“
Para demostrar cercanía con los vecinos de una manera rápida y a la vez efectiva, parte de su campaña se concentró en realizar anticipadamente un puerta a puerta, llamando a los vecinos para que lo invitaran a él y su esposa “para tomar té”, a cambio, ellos llevarían una torta.
Finalmente, cabe destacar que la postulación de Lavín León puede verse como una estrategia desesperada por parte de RN para asegurar la alcaldía en Maipú, ya que el mismo Lavín hace cinco años atrás reafirmaba su posición de no ser una figura pública, criticando el partido político que actualmente lo está apoyando y del cual su padre es una figura política importante[2].
¿Esto no es una demostración de la escasez de liderazgo y de nuevos actores políticos que resalten naturalmente dentro de las colaciones para pelear elecciones en comunas políticamente importantes? ¿O bien la herencia política del buen servicio público familiar es suficiente para ser alcalde de una de las comunas más importantes de la Región Metropolitana?
[1] http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/07/06/549363/lavin-jr-vuelve-a-hacer-campana-esta-vez-por-maipu-y-de-la-mano-de-cathy-barriga.html
[2] http://diario.latercera.com/2012/08/12/01/contenido/la-tercera-el-semanal/34-115901-9-el-reality-de-maipu.shtml
Por María José Espinoza.
Ad portas de las elecciones municipales podemos ver que, una vez más, gran parte de los candidatos que buscan ser vencedores este domingo van a la re-elección. Esta condición de alcaldes que han dejado sus funciones 30 días antes de los comicios, les otorga cierta ventaja en la competencia electoral que los transforma en los candidatos “más visibles” de sus comunas.
Frente a esto me pregunto ¿Cómo han encarado dicha posición estos incumbentes? Una forma es dando cuenta de la gestión municipal realizada durante sus mandatos o simplemente tratando de ser invisibles pese a su visibilidad. Esto último, con el objetivo de que la ciudadanía mantenga la misma percepción positiva sobre ellos, la cual se puso de manifiesto tras su éxito en las elecciones pasadas.
La verdad verdadera, como dirían por ahí, es que la campaña se transforma de tal manera que, entre menos debatan y menos respondan a las necesidades de los ciudadanos, mejor para ellos. Lo que se ha traducido en una falta de discusión de los candidatos con sus opositores y en un actuar que se asemeja al rol que han ejercido en estos últimos cuatro años en la alcaldía y que no se condice con su actual papel de candidatos.
Una muestra de lo que expongo se puede apreciar en el Ranking de candidatos que más y menos responden a las consultas ciudadanas que aparece en el sitio votainteligente.cl. En el pude observar que los candidatos que menos atienden a las problemáticas comunales pertenecen a la Región Metropolitana.
Ejemplo de lo anterior es Pablo Zalaquett por la comuna de Santiago, Christian Labbé por Providencia, Francisco de la Mazza de las Condes, Luis Montt de la Reina y podría continuar, pero véanlo en el sitio. Aun así, vale la pena destacar a los candidatos de la comuna de la Florida, Puente alto y el candidato Omar Sabat de Valdivia (Región de los Ríos) que son los que más han respondido a sus electores.
Realmente, ¿Qué pasa? ¿Acaso no saben que responder a la ciudadanía es parte de su trabajo? Creo que el eslogan siempre tan proclamado por los candidatos sobre su “amor por el servicio público” se ha transformado sólo en miel para los oídos de los electores y nada más.
La confianza manifiesta en actitudes y discursos de los candidatos que van a la pelea nuevamente, hace pensar que estos se han convertido en verdaderos “Rock Stars”, mostrándose como líderes que están pero no están, que agradecen a la gente por su éxito, pero que finalmente no generan un gran vínculo con las personas que les han dado su apoyo y respaldo.
Pese a lo anterior, debemos ser conscientes de que muchos de los candidatos no son muy asiduos a utilizar redes sociales como Facebook y Twitter. Quizás los medios de comunicación pueden ser desconocidos para ellos, posiblemente manejados por sus asesores, o simplemente, existir falta de interés en su uso.
No me queda más que decir que el escenario electoral es cada vez más complejo y la participación ciudadana ha ido en aumento exponencial. Por lo que es fundamental generar vínculos entre la ciudadanía y sus posibles gobernantes, de todas las maneras imaginables e inimaginables. Debe generarse un “control exercise” mutuo y no una confianza anticipada de un triunfo que puede no llegar.
Por Vanessa Maldonado Delgado.
Durante el año me fui dando cuenta que antes de dar iniciación al periodo oficial de campaña, muchos de los candidatos a alcalde y concejales del país dieron inicio a una pre campaña electoral, si bien es cierto que nuestro país posee una ley que regula esta materia, podemos ver claramente que posee muchos vacíos que se deben normalizar y que se encuentra en tierra de nadie. Esto trae consigo una desigualdad de las oportunidades de competencia que tienen los individuos que postulan a un cargo de elección ciudadana para comenzar una campaña antes del 28 de septiembre, en especial aquellos que no cuentan con los medios para enrolarse en dos campañas, si de verdad todos los individuos son iguales frente a la ley, porque entonces se da esta disyuntiva, no deberían nuestras autoridades regular en esta materia.
Comencemos por explicar que la pre campaña electoral es definida como el proceso que se inicia antes de las fechas establecidas de campaña, en diversos países esto se encuentra normado, como es el caso de México, Argentina, España y otros, en el país Azteca, por ejemplo se hace referencia a la campaña interna que llevan a cabo los partidos para definir a un único abanderado, la cual además impide la participación de los partidos que ya han determinado a sus aspirantes. Si bien es cierto que en Chile no hay una abierta competencia con espacios establecidos en los medios comunicacionales y tampoco se hace un llamado explícito a votar por un candidato, si se utiliza un tiempo bastante largo a mi parecer para dar a conocer de alguna manera las propuestas que estos tienen o bien en muchas ocasiones efectúan actividades “de índole social” como son las asesorías a organizaciones sociales para postular a proyectos, esto con un fin meramente político.
La problemática se presenta en el hecho en que la pre campaña en nuestro país no es solo de uso interno de los partidos para escoger una posible carta de postulación, sino más bien que se da entre las coaliciones y los candidatos que compiten al cargo, esto porque muchos de los candidatos considerados fuertes dentro de un partido se niegan a competir con un compañero, en estas elecciones se ha sabido de varios casos tales como el de Omar Sabat de Valdivia y Francisco Huenchumilla por Temuco que se negaron a competir con sus pares; bajo esta perspectiva de competencia nos queda preguntarnos ¿cómo podrán los candidatos pequeños competir en igualdad de condiciones con los grandes partidos y conglomerados de la política nacional?
Una regulación de la materia significaría una igualdad de oportunidades para cada uno de los candidatos que se hace partícipe de la carrera por un cargo ya sea este municipal o bien presidencial. Si se sigue manteniendo una falta de compromiso para establecer las reglas del juego en cuanto a la pre campaña, la ciudadanía volverá a ver como se inicia nuevamente una pre campaña sin ningún tipo de fiscalización, no importando de que tipo sea, esto se repetirá no solo en las próximas municipales sino que también en las presidenciales, con la diferencia de que esta pre campaña electoral es mucho mayor, ya que se utiliza no solo los medios comunicacionales para presentar programas y actividades de diversos posibles candidatos, sino que también, se usa al aparato estatal, con la aprobación de programas sociales, o bien realizando recorridos por las ciudades para darse a conocer y así ir adquiriendo adepto.
La aparición de mujeres en politica, puede significar en el tiempo una serie de cambios en la legislación nacional y por ende en nuestra cultura politica actual. Las personas tenemos diferencias biologicas importantes que da origen a creencias y actitudes distintas ante los hechos que enfrentamos, priorizamos las situaciones en esta perspectiva.
Un hombre politico aprende de otro hombre politico creencias sobre las personas, la economía, la salud, la educación y repite mejorando o empeorando creando entonces las actitudes que percibimos en ellos.
Si la intención es lograr que una persona que cocine arroz no fria la olla al iniciar el proceso de preparación de los alimentos debido a lo perjudicial que puede ser nos enfrentamos a una creencia aprendida; principalmente por modelo; de su madre y esta de la suya. Generando una cadena dificil de romper.
La aparición de la mujer en politica recientemente presenta la ventaja de no estar contaminada por creencias en esta area del hacer humano y representa un aliento fresco en la vida nacional. Sus propuestas seran con enfasis, prioridad bastante diferente a las de la tradicional politica masculina y su biologia
Dentro de un municipio el alcalde es la máxima autoridad, sin embargo, su administración es realizada conjuntamente con el Concejo Municipal, que de acuerdo a la ley tiene un carácter normativo, resolutivo y fiscalizador.
En este sentido, sus integrantes son los llamados concejales, quienes son los encargados de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que la ley les concede:
Por Jorge Ramirez R.
Uno de los análisis más interesantes de las próximas elecciones municipales será el grado de respuesta de los jóvenes al nuevo sistema de inscripción automática y voto voluntario. Debemos recordar que esta transformación radical obedeció fundamentalmente al creciente congelamiento del padrón electoral anterior, en el cual el número de jóvenes inscritos no superaba el 8% del total de inscritos, mientras que con la adopción del nuevo padrón el número de jóvenes habilitados para votar llegan a un 23%.
Ahora, la pregunta de fondo es si los jóvenes responderán al estímulo institucional y votarán. En relación a lo anterior, la última encuesta del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) Análisis de Candidaturas y Voto Joven es un buen instrumento de aproximación al “enigma” que representa este importante segmento de la población.
Lo primero que llama la atención del estudio es la baja en el número de candidatos jóvenes respecto a la elección de 2008. En las cifras de alcaldes, la baja no es significativa puesto que el porcentaje de candidatos jóvenes desciende de 15,8% a 15,0%, pero donde la baja sí es más llamativa es en el número de aspirantes a concejales jóvenes, donde respecto a 2008 el número desciende de 9,1% a 7,6%. Por lo tanto, uno de los actores institucionales relevantes del proceso; los partidos políticos, no dieron clara respuesta -o al menos señales- al nuevo sistema.
Respecto a la participación electoral, el 34% de los encuestados dice que con seguridad participará de la próxima elección municipal, versus un 43% que señala que no lo hará y un 20% que menciona que “quizás lo hará”. A pesar de ser una cifra baja, este 34% equivaldría a un aumento del 60% en el voto joven respecto a la elección de 2008, cuestión que de todos modos es una buena noticia. En relación a estas cifras, es preciso entender que la respuesta a cambios institucionales -como la inscripción automática y el voto voluntario- de esta naturaleza obedece a un patrón más bien incremental. El voto como expresión política es una de las últimas respuestas a un proceso de socialización política, que es extremadamente complejo, en la medida que involucra orientaciones, actitudes y aflicciones de los individuos hacia el sistema político y sus actores, a través de múltiples esferas de la sociedad y etapas del desarrollo (en la infancia, el hogar y la familia; en la adolescencia, los grupos de pertenencia, la exposición a los medios, por mencionar sólo algunos). Por tanto, suponer un incremento exponencial inmediato en la participación juvenil por el sólo hecho de generar condiciones que facilitan el voto es no comprender el fenómeno en su totalidad.
Probablemente, la primera prueba de fuego al sistema de inscripción automática y voto voluntario sea la próxima elección presidencial, en la medida que la ciudadanía en general visualiza a la institución presidencial como más decisiva en el devenir del país. Por lo tanto, es de esperar que las cifras de participación juvenil aumenten de manera importante en un escenario presidencial respecto a una elección municipal.
Por último, y a modo de desmitificar algunas percepciones hacia la población juvenil, a pesar de que los jóvenes en la encuesta no muestran excesivo interés por participar en la próxima elección, un 77% sí conoce el nombre del alcalde de su comuna y un 42% manifiesta que el mecanismo más efectivo para convencerlo de votar es “dando a conocer su programa”(alternativa más mencionada). Si los jóvenes, en efecto, no estuvieran interesados en política la respuesta sería radicalmente distinta.
En síntesis, para dilucidar el enigma joven, la receta, y en particular para las agrupaciones políticas, parece ser clara: esperar, comprenderlos y escucharlos.
Por Paulina Cabrera.
El resultado de estas elecciones municipales es un misterio. La puesta en marcha de la inscripción automática y el voto voluntario ha sumado al padrón electoral alrededor de 5 millones de personas que no se sabe cómo se comportarán electoralmente. La preocupación, obviamente, se enfoca en el grupo mayoritario y también más incierto dentro de los nuevos votantes: los jóvenes.
Por un lado, encontramos la tan polémica campaña iniciada por la ACES “Yo no presto el voto”, la cual hace un llamado a la ciudadanía a no votar este 28 de Octubre para mostrar el descontento respecto al (nulo) actuar de la clase política respecto a las demandas sociales. Por el otro, podemos ver grandes esfuerzos en campañas de incentivo al voto juvenil desde distintas instituciones del Estado así como de la sociedad civil, como las campañas “Yo voto” o “La franja de los que sobran”. Estos esfuerzos reflejan la importancia que tiene la legitimación social ejercida a través de un voto para nuestro sistema político porque, pensemos: ¿cuán desastroso sería para el sistema si votara un 5% del padrón electoral?, ¿qué legitimidad tendrían estas autoridades electas “democráticamente”?… Entonces, ¿qué hacemos con el voto voluntario?
En fin. El asunto no es sencillo y las aristas de este tema son muchísimas. Sin embargo, no es mi intención aportar con esta columna a la discusión que se está dando en los medios sobre si es un imperativo categórico ejercer nuestro derecho a voto o no. Yo creo que la pregunta que debemos hacernos como sociedad es: por qué los jóvenes, los mismos que han repletado las calles por la educación, que han levantado grandes iniciativas para solucionar algunos de los problemas de nuestra sociedad tanto en temas de pobreza, medioambiente, diversidad sexual, animales abandonados ¡entre otros tantos!, por qué estos jóvenes que han demostrado en las calles, en los Colegios, en las Universidades, no quieren o podrían no querer hacerse parte de la participación política tradicional de nuestro país.
La primera respuesta podría ser por las diferencias políticas. No son pocos los jóvenes que apuestan a abandonar las vías institucionales y apostar por una construcción popular, social, barrial, alternativa, de bases, directa – o como quiera llamársele – de la sociedad. En ese sentido, es entendible el distanciamiento de la política representativa, aunque necesariamente no de manera excluyente. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que sí creen en la representación?, ¿por qué ellos se alejarían de las urnas y de la política tradicional? Respecto a esto, creo que el sistema político en sí contiene elementos que lo hacen no sólo poco atractivo para los jóvenes sino cuestionable para todos los chilenos. Entre éstos, la falta de recambio generacional ente nuestras autoridades es un punto central: es bastante significativo que de las 346 comunas del país, 133 candidatos a Alcalde van a la reelección después de cumplir 12 o más (hasta 20) años en el cargo. Y no es poco: 12 años son 3 periodos presidenciales, la duración de la educación básica y media, en fin. Para qué decir de las 14 comunas donde el alcalde que va a la reelección ya lleva 20 años, en ésas, un joven puede haber nacido, crecido y alcanzado la edad para votar dentro del mandato de la misma persona.
La falta de renovación genera el anquilosamiento de nuestras instituciones y una triste sensación de que “no importa como vote, éste viejo va a seguir siendo alcalde”, lo que, a su vez, genera el desencanto no sólo de los jóvenes sino de todos los chilenos respecto a nuestra política. Habrá que ver este 28 cómo funcionamos bajo el régimen voluntario de voto, pero aún sin saber el nivel de convocatoria que tengan estas elecciones municipales, existen elementos de nuestro sistema político que requieren de una revisión urgente, de una crítica de la ciudadanía y de, por qué no, incluso un mea culpa de parte de nuestras instituciones.
Por Eliana Claro.
Diversas justificaciones se pueden encontrar a la hora de buscar perfeccionamientos del actual Sistema Procesal Penal. Por una parte, la evidencia y la literatura nacional especializada muestran que, a pesar de que la nueva institucionalidad ha demostrado ser más eficaz y eficiente que la anterior en diversos ámbitos, aún queda un amplio margen para avanzar en reformas. Por otra parte, es importante que el sistema penal gane mayor legitimización social, puesto que existe una percepción generalizada de que éste no funciona bien.
Si miramos los avances que trajo la reforma, observamos que la nueva institucionalidad ha demostrado ser más eficaz y eficiente que la anterior en diversos ámbitos: ha aumentado las condenas de privación de libertad (59% de crecimiento de éstas en 10 años) y disminuido el tiempo de tramitación en relación al antiguo sistema penal. En relación a la utilización de la prisión preventiva, con la denominada “Agenda Corta Anti-delincuencia”, se amplió la capacidad de los jueces de garantía de aplicarla, decretándose durante el año pasado 19.214 prisiones preventivas. Adicionalmente según datos del Poder Judicial, durante los años 2000 y 2009 se concedieron el 90% de las prisiones preventivas solicitadas.
Por otra parte, si analizamos los déficits del proceso, concluimos que la información que entrega trimestralmente el Ministerio Público sobre ingresos y términos aplicados, permite inferir que la eficacia del sistema penal depende si se está ante un imputado conocido o desconocido, lo que deja entrever el bajo efecto de la capacidad investigativa de las policías. Adicionalmente, se observan elevadas tasas de salidas no judiciales, en especial de archivos provisionales (44% del total de términos), que es aún más significativa en delitos como hurto (66%), robos (79%) y robos no violentos (87%), donde es clave la existencia o no de un imputado conocido.
Se observa también, una disminución de la “calidad” de las salidas judiciales, porque a pesar de que en su total se han mantenido relativamente constantes en el tiempo, han sufrido cambios en su composición: las sentencias condenatorias han ido decreciendo mientras que las suspensiones condicionales del procedimiento aumentando; así mientras estimaciones anteriores a la reforma proyectaban un 6% de suspensiones condicionales al procedimiento, éstas llegaban a 9,1% el 2006 y a 17% el 2011.
Así, a la luz de algunos de los beneficios y déficits que ha presentado el nuevo Sistema Procesal Penal, es posible encontrar algunos elementos básicos que debiesen incluirse en una reforma al actual sistema. En primer lugar modificaciones al Código Procesal Penal, especialmente en la línea de aumentar la capacidad investigativa de policías, aumentar la coordinación inicial entre policías y fiscales; modificaciones en la aplicación del archivo estableciendo estándares más estrictos respecto al tipo de calificación del delito, etc. En segundo lugar, mejoras en el diseño de evaluación y rendición de cuentas de las instituciones que participan en el proceso, es decir, avanzar en las evaluaciones de desempeño cuantitativas y cualitativas para el Ministerio Público, Jueces y Policías.