Por Comunicaciones FCI.
En abril de 2009 entró en vigencia la Ley N° 20. 285 sobre Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo es regular el principio de transparencia de la función pública y el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado. Mientras se discutía este proyecto de ley, se consideró que el acceso a la información pública es una forma de “garantizar el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública, (…) fomentar la transparencia de las actividades estatales, (…) promover la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública (…) y conceder una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.” (HL N° 20. 285).
A tres años de su entrada en vigencia, el 24 de enero de 2013, los senadores Allende (PS), Alvear (DC), García (RN) Larraín (UDI) y Tuma (PPD), presentaron un proyecto para reconocer constitucionalmente el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Esto, dado que si bien el Artículo 8° de la Constitución establece que “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones” y establece qué se entenderá por actos públicos, en diversos fallos emanados por el Tribunal Constitucional durante el año 2012, se desconoció el derecho a la información establecido en dicho artículo, señalando que “No habla ni de acceso, ni de entrega, ni de transparencia”. Esta inconsistencia fue motivo de gran preocupación para las organizaciones congregadas en el Consorcio para la Transparencia, las que trabajaron desde ese momento en la elaboración del proyecto para reformar la constitución que hoy, con el apoyo de los Senadores, busca consagrar explícitamente el derecho al acceso a la información pública.
Entre las medidas que el proyecto presentado propone, están consagrar en el Art. 8° de la Constitución el principio de transparencia y el acceso a la información como condicionantes para ejercer la función pública y el cumplimiento de sus obligaciones. Además, propone que en el Art. 19° se haga explícito el reconocimiento del derecho de acceso a la información.
A continuación te presentamos algunas de las preguntas frecuentes que debes tener en consideración para hacer valer tu derecho de acceso a la información pública:
¿Quiénes se rigen por esta ley?
Los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. La Contraloría y el Banco Central se ven afectados sólo por algunos aspectos de la ley.
¿Qué información puedo solicitar?
Los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.
¿Cómo lo hago?
Se debe solicitar por escrito a través de las Oficinas de Información Reclamos y Sugerencias (OIRS) o las Oficinas de Parte de cada organismo. También se puede solicitar a través de los sitios web que estas entidades dispongan para este trámite.
¿Qué información me pueden negar?
Toda información que:
- Afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano al que se solicita.
- Afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, la salud, vida privada, derechos comerciales o económicos.
- Afecte la seguridad de la nación, sobre todo si se refiere a la defensa nacional, la mantención del orden público o la seguridad pública.
- Afecte el interés nacional, en especial si se refiere a la salud pública, relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.
¿Cuánto tiempo tienen para responder mi solicitud?
Existe un plazo de 20 días hábiles para responder la solicitud, ya sea entregando la información o explicando las razones por las cuales se niega a hacerlo. En caso de que la información sea difícil de reunir, el solicitante recibirá un aviso acerca de la prórroga legal de 10 días hábiles.
¿Qué hago si me niegan la información?
Se puede reclamar ante el Consejo para la Transparencia.
¿Existe sanción para quienes nieguen injustificadamente la información?
La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración.
El proyecto de reforma se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado esperando su discusión.
Por Bernarda Jorquera.
En un país que, según palabras del actual ministro de Hacienda, se espera para el 2018, entre al grupo de los países llamados “desarrollados”, pareciera que lo único que crece hace algunos años es la desconfianza. Conocidas son las encuestas de opinión que dan cuenta de la baja confianza de la población en sus instituciones, en los políticos y en los partidos políticos. Seguramente parte de esto explica la baja afluencia a las urnas en Octubre pasado y no sólo la escasa cultura cívica de la que muchos hablan y que dicho sea de paso, es una materia eliminada del curriculum escolar.
La desconfianza puede explicar muchos hechos y en más de una oportunidad se le coloca como elemento causal; pero ¿de dónde viene la desconfianza? Los hechos que pueden explicarla son múltiples, pero creo en un origen común: inequidad y desigualdad de ingresos, de distribución de poder y de justicia.
Efectivamente Chile es uno de los países con mayor crecimiento sostenido en la región, incluso el FMI mejoró las perspectivas de crecimiento de nuestro país para el 2013, pasando de un 4 a un 4,4%; con una cifra de ingreso per cápita proyectada por el mismo organismo de US$17.974. No obstante, todas las cifras macroeconómicas que sitúan al país en un muy buen pie respecto a nuestros vecinos, no tienen su correlato en los ingresos y calidad de vida de la gran mayoría de las familias chilenas. El ingreso promedio de –prácticamente- el 60% de los hogares de este país, no supera los $558.000 según la encuesta Casen 2011. Estime que con esa cifra, una familia promedio (4 personas) debe pagar los servicios básicos, educación, salud, transporte y alimentación. Me parece ciertamente razonable entender que personas con esos ingresos, analicen con cierto grado de sospecha las grandes cifras macroeconómicas.
La claridad, oportunidad y transparencia con la que se entrega la información es también, sin duda, una causa de la desconfianza. Pero sin lugar a dudas, lo que más genera desconfianza es el nivel de veracidad de la información. La rapidez con que se difunden las noticias y las fuentes alternativas existentes, que ayudan enormemente a esclarecer hechos que antiguamente eran impensables. No obstante y lamentablemente aún tenemos episodios altamente tristes en el cuadrilátero nacional; sin ir más lejos, el bullado caso bombas y la serie de pruebas desbaratadas por la defensa.
Pero no todo es tan malo. Años de letras chicas, fraudes de cuello y corbata y abusos, felizmente han quedado al descubierto. No obstante esta buena señal, las personas quedamos con cierta sensación amarga, similar a aquella de quien es víctima de un robo en su propia casa. Esa amargura y sensación es difícil de borrar y los hechos se suman en el imaginario personal y colectivo para dar paso a un “me están cagando”. Sin ir más lejos, cuántos de nosotros escuchamos durante el masivo corte de suministro de agua potable con que iniciamos el 2013, que algo mayor había detrás de todo esto y que no podía ser sólo causa del aluvión. Es que cada vez es más difícil creer que no existen intereses ocultos o algo más o menos turbio, algo a lo que, lamentablemente, también nos vamos habituando.
Sin ir más lejos, dado que el 2013 es año eleccionario, ya me ha tocado escuchar, en más de una oportunidad, que es mejor hacer las cosas antes de junio, julio u otro mes, la data cambia según el análisis y según el tipo de acto administrativo del que se trate. Nadie muestra asombro cuando se señalan este tipo de argumentos para apurar o retrasar asuntos que deben pasar por la venia del aparato estatal o para acceder a articularse con entes públicos. La alusión no tiene un sólo trasfondo, la más recurrente al parecer, es evitar cierta severidad con que se piensa se actuará en periodo electoral, severidad tendiente a sacar dividendos políticos de este acto.
El llamado es siempre el mismo: “hay que avanzar hacia mayores niveles de igualdad y equidad”; pero esto no se logra sin la responsabilidad de todos. Claro, porque podemos culpar eternamente al Sistema o a tal o cuál político o gobernante (por favor, que no se vaya a entender que creo que quien gobierna da lo mismo), pero es hora de que nos hagamos responsables de nuestra parte. Si pues, si ya no podemos seguir haciéndonos los lesos y pensar que mientras más rejas pongamos en nuestras casas estaremos a salvo. A salvo porque tenemos cierto nivel de instrucción para leer y entender la letra chica, a salvo porque podemos pagar, hasta cierto límite, nuestro plan de salud. Y le hablo a usted que lee este articulo y no a la ya famosísima señora “juanita”, que ni de computadoras, ni de internet conoce, ni tiene acceso.
La ciudadanía organizada y articulada en torno a temas prioritarios, ha dado muestras tangibles de que se puede avanzar en mayores niveles de justicia, equidad e igualdad, aunque a veces no baste subir al ring una sola vez. Freirina, Aysén y el movimiento estudiantil son claros ejemplos de ello. Démosle fuerza a nuestras organizaciones sindicales, ciudadanas, juveniles, estudiantiles. Apoyemos siempre la búsqueda de la verdad y la construcción de espacios de articulación. Escribamos cartas a nuestros gobernantes, ministros, alcaldes, presidentes. Asistamos a, al menos, un consejo municipal, de nuestra comuna. Dese el tiempo de participar, opinar, exigir, acordar, proponer. Seamos garantes de los asuntos públicos y exijamos el derecho de participar en las decisiones que nos afectan. Quizás con ello no estaremos eliminando la desconfianza del todo, pero al menos estaremos trabajando para eliminar sospechas, transparentar hechos, monitorear el respeto a los acuerdos.
Dese el tiempo para participar, es su derecho y este país necesita que todos lo ejerzamos.
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Bernarda Jorquera
Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master en gestión de Sistemas Ambientales y Master en Políticas Sociales y Gestión Estratégica para el Desarrollo Sostenible del Territorio de la Universidad de Bologna, Italia, se especializa en gestión estratégica, gestión de proyectos de desarrollo con enfoque económico territorial ambiental. Con 10 años de experiencia ha trabajado en organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
Por Manuel Aris.
Hace tiempo dejamos de concebir la democracia como el mero acto de votar. El voto dejó de ser un cheque en blanco, y si bien le entregamos un mandato por 4 años a la autoridad, queremos informarnos, participar y fiscalizar, porque eso profundiza nuestra democracia y le da legitimidad.
En los últimos años ha habido avances notables en esta materia. No sólo tenemos una Ley de Transparencia y una de Participación Ciudadana —ambas con necesidades de mejoras, pero al menos existen— sino también la decisión de este Gobierno de realizar cuentas públicas ministeriales anualmente, avance que destacamos y valoramos mucho.
En Ciudadano Inteligente realizamos un sondeo de las cuentas públicas ministeriales del año 2011, detectando que las 22 exposiciones abordaron las principales políticas desarrolladas durante ese año, es decir, mostraron los logros obtenidos por las respectivas carteras, y 18 de ellas hicieron anuncios sobre lo que se realizaría en el siguiente año. Por otra parte, sólo 3 ministerios (Hacienda, RRII y Segpres) mencionaron las tareas que no habían podido concluir durante ese período, es decir, lo que no pudo concretarse, lo que seguía pendiente.
Este ejercicio de rendición de cuentas, por tanto, es todavía insuficiente, pues se confunde la intención de rendir cuentas a la ciudadanía con otra totalmente diferente, la de mostrar logros, que más bien sigue una lógica publicitaria, no una lógica de participación ciudadana.
El Gobierno cumple tres años, y desde Ciudadano Inteligente hemos puesto a disposición de la ciudadanía DelDichoalHecho.cl, una invitación a las autoridades por tomar en serio el ejercicio de rendición de cuentas, y una plataforma de información para que sea la ciudadanía la que, en base a datos objetivos, evalúe la gestión pública.
DelDichoalHecho.cl es una investigación que mide el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Programa de Gobierno en materia legislativa, para dar seguimiento a lo que en plena campaña política se le ofreció al electorado.
De esta manera, este sitio web constata las nuevas formas de legitimidad de las autoridades democráticas, que ya no sólo están basadas en sacar más votos en una elección, si no en cómo la autoridad se ejerce incluyendo en sus decisiones y acciones a la sociedad civil —abriendo espacios de co-responsabilidad— y asume como obligación dar cuenta de su gestión, tanto de sus logros como de los compromisos que no ha podido cumplir.
Para que el ejercicio de rendir cuentas a la ciudadanía contribuya realmente a estas nuevas formas de legitimidad de la autoridad democrática, se debe incorporar entre sus mecanismos la interacción con una comisión pública, mixta, compuesta por expertos, representantes de la sociedad civil y del gobierno, y que sea capaz de organizar el debate, clarificar y auditar los análisis, transformándose así en garante de ese ejercicio de rendición de cuentas, para luego ser expuesto a la ciudadanía.
La gestión pública es distinta de la gestión a secas, y una de las diferencias es que la primera se enriquece con la interacción entre autoridades y ciudadanía. DelDichoalHecho.cl es una invitación a avanzar en esa dirección, y la constatación de que la ciudadanía ya no se conforma sólo con anuncios.
Por Daniela Tejada.
La memoria es frágil, y a tres años del inicio del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, los recuerdos respecto a lo que prometió en su Programa de Gobierno pueden ser bastante borrosos. Por eso, resulta necesario contar con una herramienta que refresque la memoria y muestre cómo va el gobierno, qué ha hecho y cuánto le falta. Hoy, esa herramienta existe, y su nombre es “Del Dicho al Hecho” de la Fundación Ciudadano Inteligente.
El funcionamiento es bastante simple: consiste en tomar las promesas del programa que tienen relación a materias legislativas y revisar qué proyectos de ley se presentaron por parte del ejecutivo y en qué etapa de tramitación se encuentran, para obtener un porcentaje de cumplimiento según un índice.
El 2012 fue el primer año del proyecto Del Dicho al Hecho, y en esa ocasión el resultado fue que el Gobierno, a la mitad del período para cual fue elegido, había cumplido con el 24% de lo comprometido en materia legislativa. Este año la cifra aumentó en un 15%, llegando el cumplimiento al 39% de las promesas vinculadas a proyectos de ley, bastante poco a decir verdad, considerando que sólo queda un año para que concluya su mandato.
Pero calma, calma, ¡que no panda el cúnico! No es que el Gobierno no esté haciendo nada. De hecho, entre todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, Piñera ha sido el segundo presidente – después de Aylwin –qué más proyectos de ley ha enviado al Congreso en los tres primeros años, un 17% más que Michelle Bachelet a la misma fecha.
¿Dónde están todos estos proyectos enviados entonces? En Del Dicho Al Hecho están las respuestas, ya que el estudio contempla también un análisis de la llamada “Agenda Alternativa”, la que corresponde a todos aquellos proyectos que no están vinculados a algunas de las promesas del programa, pero que sin embargohan sido impulsados por el ejecutivo para ser tramitados en el Congreso.
El 2012 la Agenda Alternativa contemplaba el 69% de los proyectos enviados, y al 2013 representa el 73%. Es decir, del total de proyectos enviados por el ejecutivo, el 27% corresponden a proyectos que tienen que ver con alguna promesa, y todos los demás corresponden a materias no incluidas en el plan de gobierno.
En ese sentido se podría decir que efectivamente el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha hecho bastante, pero el punto es que no ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Algunas promesas claves sí están listas, como el post-natal de seis meses, el descuento del 7% de los jubilados, o el ingreso ético familiar – pese a que esta última no cumple al pie de la letra lo establecido en el programa – por lo tanto, hay suficiente material para mandar a hacer gigantografías con el título Chile Cumple. Pero, al mismo tiempo, el traspaso de mayores competencias, atribuciones y autonomía a los Gobiernos Regionales, la modernización de los gobiernos corporativos de las principales empresas estatales, o las promesas vinculadas a los pueblos indígenas se han quedado completamente en el tintero, y esto pareciese no importar.
Cabe entonces plantearse cuál es realmente el peso del Programa de Gobierno como documento fundamental que contiene los objetivos, metas y compromisos para los siguientes cuatro años. ¿Cuánto pesa efectivamente dicho programa? ¿Da lo mismo si se cumple o no, si el gobierno se fue por las ramas o qué porcentaje de éste ha cumplido? Nuestra convicción es que no da lo mismo, y que mayor información es mayor poder que todos tenemos en nuestras manos, para decidir, para opinar y para actuar.
¿Será bloqueo político de la oposición, indiferencia porque en el camino surgieron otros asuntos más apremiantes, o incapacidad de cumplir lo prometido al no prever que en el sector público la pega no la hace “la mano invisible”? ¿Será que se promete lo que se quiere y se mantiene lo que se puede?
Independiente de cuál sea el por qué del bajo cumplimiento de las promesas vinculadas a materias legislativas, la clave de este asunto es el hecho de que exista información clara, confiable, actualizada y completa de lo que hace el Gobierno.
El trabajo realizado en deldichoalhecho.cl hace referencia exclusivamente a las promesas vinculadas a materias legislativas, puesto que son las promesas que se pueden monitorear a través de los proyectos de ley. Pero muchos otros compromisos pueden abarcarse a través de otros medios, como por ejemplo planes y programas, y el problema es que no se encuentra disponible abiertamente los informes de avance, cobertura e impacto de dichos programas para de esta forma incluirlos al análisis de cumplimiento total del gobierno. O por ejemplo, si hay un terremoto, salen miles de alumnos a protestar por la educación a las calles, u ocurre cualquier evento imprevisto durante el mandato, tampoco existe un lugar donde esté publicado que existe un cambio en el rumbo del Gobierno acondicionándose a las nuevas demandas sociales.
Claro está que nos encantaría que al terminar un determinado Gobierno el cumplimiento del Programa de Gobierno fuese de un 100%, pero también es de considerar que esta cifra es irreal. En el transcurso muchas cosas pueden pasar, y la dinámica fluctuante es parte de la democracia. No obstante, saliéndonos de los porcentajes, lo fundamental es que exista un mayor flujo de información, una mayor rendición de cuentas por parte del gobierno, y los datos necesarios para que cualquier ciudadano pueda revisar lo avanzado y lo pendiente, las nuevas prioridades y los temas que pasaron a segundo plano.
Al cumplirse tres años del gobierno del Presidente Piñera, el mandatario realizó un discurso por cadena nacional de radio y televisión con el objeto de entregar una resumida cuenta de lo que ha sido su mandato. En dicha oportunidad, además, se realizaron dos promesas; la entrega de un Bono Marzo y el reajuste anticipado del ingreso minimo mensual.
Conoce más sobre estas promesas y el estado de avance de los proyectos de ley que presentó el ejecutivo:
Bono Marzo 2013
El martes 12 de marzo entró al Congreso –y se calificó de discusión inmediata- el proyecto de ley que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos y clase media vulnerables.
¿Quiénes son los beneficiarios?
Pueden solicitar el bono las familias que reciban el Subsidio Único Familiar, la Asignación Social o la Asignación Familiar. También pueden acceder al bono las familias de clase media que cuenten con la Ficha de Protección Social y tengan un sueldo inferior a $1.370.000 pesos aproximadamente (60 UF).
¿En qué consiste?
Consiste en la entrega de un bono único de $40.000 por familia y $7.500 adicionales –para el sector vulnerable- por cada hijo menor de 18 años y por cada persona con alguna discapacidad que forme parte del grupo familiar vulnerable.
El jueves 14 de marzo la sala de la Cámara dio su aprobación en general y particular al proyecto, enviándolo al Senado, donde será discutido hoy.
Ingreso mínimo
Ayer entró a la Cámara el proyecto de ley que busca reajustar el monto del ingreso mínimo mensual, argumentando que el incremento busca, por un lado mejorar los ingresos laborales de los trabajadores más vulnerables, y por otro cuidar su capacidad de encontrar empleo. Además, se propone adelantar al 1° de abril el reajuste del ingreso mínimo mensual que tradicionalmente comienza a regir el primero de julio de cada año.
El mensaje propone incrementar el ingreso mínimo mensual de $193.000 a $205.000, lo que equivale a un incremento en torno a un 6.2%, que será aplicable también al ingreso mínimo mensual de los trabajadores menores de 18 y mayores de 65 años y al ingreso mínimo mensual con fines no remuneracionales.
Por otro lado, se propone que a contar del 1° de abril de 2013, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, tengan los siguientes valores:
- $8.225 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $215.108.
- $5.294 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $215.108 y no exceda los $321.851.
- $1.673 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $321.851 y no exceda los $501.978.
Finalmente, se fija en $8.225 el valor del subsidio familiar para personas de escasos recursos.
Actualmente el proyecto fue rechazado por la Comisión de Hacienda de la Cámara, pero podrá seguir con su tramitación en la Sala.
Por Álvaro Castañón.
En la historia de la humanidad se han escrito innumerables capítulos sobre la relación entre gobernantes y gobernados, tantos, que si la lleváramos a la televisión podríamos realizar una dramática serie de amor y odio con decenas de temporadas, algo incluso más eterno que “Friends”.
Sin embargo, no es mi intención en esta columna contar la historia completa, sino que nos centraremos en algunos capítulos; aquellos que nos hablan de empoderamiento ciudadano por vías del accountability.
Nuestra historia se inicia en el año 1810, con una joven e inexperta pareja consolidando un amor pactado, una declaración de independencia que los llevaría a lo desconocido. La base de este matrimonio es la ciudadanía; idealista y enamorada de la libertad, pero postergada y sumisa ante el recuerdo de su padre el lejano Rey de España.
El marido de la ciudadanía lleva por nombre “Estado”. Éste es un sujeto autoritario y de ideas muy cerradas, firme creyente de que los gobernados deben seguir el ejemplo de sabiduría y virtud que entregan sus gobernantes. Él sabe lo que hace, es quien gestiona y realiza lo mejor para la ciudadanía, pero sin ella.
En el comienzo de la relación todo funcionaba; había progreso, proyectos de futuro y promesas constantes. Pero con el paso de los años la historia fue cambiando. Chile ya no era el mismo, y la modernización llevó a conocimiento de la ciudadanía imágenes en tiempo real de sociedades mejores, donde las promesas se iban haciendo realidad.
El matrimonió entró en crisis. La gestión ya no era suficiente para una ciudadanía cansada, aburrida no contar con información sobre qué y cómo se gestiona, y qué pasaba con las eternas promesas. Así, se fue perdiendo paulatinamente la confianza.
El Estado comenzó a quedar expuesto, pues la ciudadanía comienza a desconfiar y a descubrir ciertas “infidelidades” que se manifiestan en actos de corrupción y gestión ineficiente. La crisis desencadena luchas donde la ciudadanía se enfrenta al Estado, solicitando nuevas políticas públicas o derechos que apuntaban a un rol mucho más inclusivo que meramente ser “el motor de la escoba”.
La ciudadanía ya no quiere ser un sujeto pasivo del matrimonio, por el contrario, busca ser partícipe de la gestión que realiza el Estado, mediante canales de participación y opiniones más al detalle de lo que proporciona el voto.
Como respuesta el Estado se muestra arrepentido. La ciudadanía consigue importantes reformas, y se avanza también en fomentar la transparencia. Sin embargo aún quedan grandes zonas de obscuridad donde se entrega una información ciega, sin documentos que la respalden o versiones imparciales que den fe de lo dicho por el Estado y sus gobernantes de turno.
La retórica de los gobernantes sigue siendo un instrumento preponderante a la hora de expresar el cumplimiento de las promesas, y nuestras leyes muchas veces se interpretan de tal forma que relativizan el derecho de acceso a la información del que es titular la ciudadanía.
Entonces, ¿Cómo confiar en el Estado? ¿Cómo saber que mientras el Estado te dice “Hoy me toca trabajar hasta tarde” en realidad no está con sus amigos en el Barón Rojo?
La respuesta llegó de la propia iniciativa ciudadana y de la mano de la modernidad: Así descubrimos la “Rendición de Cuentas”, cual matrimonio que acude a una terapia de pareja en busca de recuperar la confianza.
La rendición de cuentas es la oportunidad que tiene la ciudadanía de saber con antecedentes que es lo que hace el Estado en su gestión cotidiana. No es sólo que te lo diga, sino que también es tener la información a mano para poder verificar que “lo que se dice” tiene un correlato estricto con “lo que se hace”.
Tener más información, de forma ordenada y fidedigna empodera a los ciudadanos y les entrega armas de igualdad, frente a un Estado que a lo largo de la historia ha ido complejizando su funcionamiento y requiriendo una real tarea de estudio para poder entenderlo.
A la ciudadanía ya no le sirve sólo el amor para mantener el matrimonio de este culebrón, ahora las cosas se racionalizan y fiscalizan. Herramientas como las que proporciona la Fundación Ciudadano Inteligente con su estudio Del Dicho Al hecho apuntan en esa línea, reforzando el rol de la rendición de cuentas y aplicándolo desde la ciudadanía al Estado en materias clave como son el Programa de Gobierno de nuestro Presidente de la república, o sus promesas en los discursos del 21 de mayo.
La retórica no puede seguir siendo el calmante de los chilenos, y la solución es avanzar hacia un voto programático y a una legislación que consagre una rendición de cuentas en un sentido moderno y eficaz, identificando las principales gestiones que la requiere y utilizando las herramientas que disponibiliza la web.
Ya tenemos algunas claves para escribir los siguientes capítulos de nuestra serie de televisión. Ahora, es de esperar que en las temporadas siguientes de esta historia podamos los ciudadanos amar de verdad a nuestro Estado, como en un matrimonio, con sus defectos y virtudes.
Por Comunicaciones FCI.
Corte de apelaciones ordenó al organismo público entregar informes carcelarios
Respecto al reciente fallo unánime de la octava sala de la corte de apelaciones de Santiago, que rechaza un reclamo de ilegalidad presentado por el Ministerio de Justicia para evitar la entrega de los informes resultantes de un contrato entre dicho ministerio y la consultora internacional Altegrity Risk por USD$4,000,000, Fundación Ciudadano Inteligente celebra la confirmación del principio de publicidad de dicho tipo de documentos. La organización ha enfatizado en diferentes ocasiones el carácter público de estos documentos, y lamenta los reiterados intentos del Ejecutivo por judicializar las decisiones del Consejo para la Transparencia.
Ante el fallo, Juan José Soto, Gerente de la organización señaló que “Valoramos el fallo de la corte de apelaciones, en cuanto ordena al Ministerio de Justicia transparentar los informes emanados de un multimillonario contrato asignado por trato directo con una empresa extranjera, fortaleciendo la institucionalidad, y reafirmando las decisiones del Consejo para la Transparencia”.
Por Comunicaciones FCI.
La iniciativa legislativa, propuesta por el Consorcio por la Transparencia a la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, busca profundizar la institucionalización de este derecho.
El proyecto de ley que consagra el acceso a la información pública como un derecho comprendido dentro de las garantías constitucionales,, elaborado por el Consorcio por la Transparencia, ya ha sido presentado en el Senado y quedó en condiciones de ser remitida a la Comisión de Constitución para su posterior debate.
La iniciativa legislativa, presentada por parte de la agrupación de organizaciones pro transparencia a la Comisión de Ética y Transparencia del Senado en agosto del 2012, establece entre los derechos enumerados en el art. 19 de la Constitución que “toda persona tiene derecho a buscar, requerir y recibir información pública, en la forma y condiciones que establezca la ley”.
El documento, que cuenta con el patrocinio de los senadores Hernán Larraín (UDI), Isabel Allende (PS), Soledad Alvear (DC), Eugenio Tuma (PPD), José García Ruminot (RN); sostiene que “resulta imperioso convenir una reforma constitucional que recuerde imperativamente a la Administración del Estado y a los restantes órganos públicos la existencia del principio de transparencia y el derecho fundamental de acceso a la información”.
Para el Consorcio, la aprobación del proyecto es clave para eliminar las incertidumbres que se han planteado a nivel jurídico respecto del efectivo reconocimiento del derecho de acceso a la información en la Constitución Política. Esto, pese a que fue declarado como tal por decisiones del Tribunal Constitucional dictadas en los meses posteriores a la publicación de la Ley Nº 20.285 (el 20 de agosto de 2008). Sin embargo, la misma instancia estableció lo contrario en casos ocurridos en 2012.
El Consorcio por la Transparencia es una agrupación conformada por las fundaciones Ciudadano Inteligente, Pro Bono, Pro Acceso y Corporación Participa. Todas organizaciones de la sociedad civil enfocadas en materias de transparencia, participación ciudadana y acceso a la información.
Por Antonio Rubio.
No quiero sonar sexista, oportunista, ni mucho menos, hacer una caricatura del rol de la dirigente social en las relaciones comunitarias, pero quiero mostrarles lo relevante que es el rol de la mujer en este campo.
Desde mi llegada a Fundación Casa de la Paz el año 2006, me ha tocado tener permanentemente contacto – desde Iquique y sus alrededores por el norte hasta Puerto Montt por el sur- con numerosas organizaciones sociales. A lo largo de todas esas experiencias he podido corroborar una de las recomendaciones que recibí al llegar a la Fundación: Siempre en una relación entre empresas y comunidades hay que tener presente el rol de las dirigentes sociales.
Lo que en aquella oportunidad me pareció curioso porque venía de otro paradigma laboral, en el transcurso de estos casi 7 años se confirma diariamente. ¿Cómo?, ¿por qué? Mi afirmación está basada en mi experiencia en terreno, donde he podido observar los atributos que posee el género femenino para dialogar colaborativamente, su capacidad para llegar a acuerdos beneficiosos para las partes, su habilidad de poner sobre la mesa los intereses de la comunidad antes que los personales, o su empatía y voluntad para afrontar desafíos. Con esto no quiero desconocer los aspectos positivos que todas y todos tenemos, ni menos ofrecer una visión idealizada, sino sólo presentar una mirada desde lo positivo.
Para reforzar esta idea ofrezco un dato, el 98% de las organizaciones sociales funcionales y territoriales con las cuales he trabajado están constituidas por dirigentes mujeres, por lo tanto, intuyo que habiendo recorrido casi todas las regiones de Chile, la presencia femenina en la base social organizada, es bastante alta.
Este dato no es menor si lo comparamos con la baja tasa de participación femenina en altos cargos de dirección pública o privada . Es decir, las mujeres ejercen liderazgos locales pero en esferas superiores siguen primando estilos masculinos de ejercicio de poder.
Más que frente a un problema, estamos frente a una gran oportunidad de aprender de lo que ocurre a nivel local, en el plano de las relaciones comunitarias e incorporar en otros ámbitos laborales, los atributos positivos que la dirigencia femenina puede ofrecer al mundo privado. Debemos aprender de la visión matriarcal que conduce las relaciones humanas, mirarnos y propender a generar condiciones que permitan favorecer el diálogo entre las partes. Ser empático y ponerse en el lugar del otro, conversar, antes que llegar derechamente a negociar con medidas de presión sobre la mesa y trabajar en post de los intereses colectivos sin hacer tanto aspaviento.
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Antonio Rubio
Licenciado en Sociología de la Universidad de Chile, Diplomado en Gestión Estratégica y Estudio de Organizaciones Asociativas del Programa Interdisciplinario de Estudios Asociativos de la Universidad de Chile y profesor del Diplomado de Gestión de Relaciones Comunitarias de la Universidad Central, en el Módulo Plan de Relaciones Comunitarias.
Se ha desempeñado en el campo de implementación de planes de relacionamiento con comunidades aledañas a operaciones de empresas mineras, sanitarias y de proyectos energéticos, dentro del marco de la convivencia sustentable y políticas de responsabilidad social empresarial. También ejerce la docencia y ha sido invitado como expositor y panelista de seminarios y talleres.
