Información ambiental, mayor participación ciudadana en la decisiones y políticas productivas y algún estándar de justicia para exigir mejoras ambientales son algunos de los objetivos que buscan los 15 países de América Latina y el Caribe que están presentes en The Access Iniciative (TAI). La iniciativa, que reúne a más de 50 países en el planeta, trabaja para que los ciudadanos puedan acceder e influir en la decisiones ambientales.
The Access Iniciative (TAI), según su propia definición, es la mayor red global de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y trabaja para que los ciudadanos tengan el derecho y la capacidad de influir en la desiciones sobre los recursos naturales que sostienen las comunidades. Promueve el acceso a la información, la participación y justicia en la toma de desiciones. La red agrupa más de 250 organizaciones y está presente en 51 países. Los estados asociados en TAI organizan coaliciones y evaluan el desempeño de sus gobiernos para dar a los ciudadanos el acceso a la información sobre las decisiones gubernamentales y la vulneración del derecho a la información y a un ambiente limpio.
En América Latina, TAI agrupa 15 países (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela), los cuales buscan un real acceso a la información ambiental, mayor participación ciudadana en la decisiones y políticas productivas y algún estándar de justicia para exigir mejoras ambientales. En la región no existen plataformas de información ambiental de alcance continental, no existe una base de participación ciudadana en la materia y tampoco hay hay un acceso a la justicia medioambiental.
Como actor de la sociedad civil, TAI – que incorpora una organización no gubernamental (ONG) por cada país - se suma a la convención internacional por derechos ambientales que preparan hacer los gobiernos de 15 países latinoamericanos frente a los problemas ambientales de la región. Esta iniciativa de acceso en Chile podría contribuir a fortalacer la información pública de políticas productivas, donde por ejemplo se podría saber acerca de los cultivos transgénicos, sobre las evaluaciones ambientales y para dar mayor participación y democratización de estas políticas.
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