Esta semana se vota finalmente la ley que busca regular el lobby en Chile, y múltiples organizaciones de la sociedad civil han adherido a la siguiente declaración (fuente y más información en leydelobby.cl)
Declaración Pública en Apoyo a la Aprobación del Proyecto de Ley de Lobby
El pasado miércoles 8 de enero la Comisión Mixta despachó a sala el proyecto de ley de lobby, el que deberá ser ratificado por el pleno del Senado y la Cámara de Diputados en los próximos días. Respecto al proyecto en discusión, los abajo firmantes declaramos lo siguiente:
1. Valoramos la apertura que ha tenido el gobierno para mejorar este proyecto de ley, habiendo acogido en buena parte las recomendaciones hechas por parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil, particularmente en relación a la regulación de los sujetos activos de lobby a través de un registro de lobbystas, la institucionalidad a cargo de la agenda de reuniones, los períodos de implementación y los sujetos que son considerados pasivos de lobby.
2. En relación al controvertido artículo 13, sobre la creación de un registro de lobbystas, creemos que la fórmula propuesta en las recientes indicaciones del Ejecutivo, al menos solucionan las críticas planteadas y se complementa a lo ya acordado en el artículo 8º. Dicho artículo obliga a quienes quieran sostener reuniones con alguna autoridad (sea que persigan o no remuneración por dichas gestiones) a identificarse previamente, señalar si representan o no a un tercero, proporcionar información sobre la materia de la audiencia, e indicar si perciben o no remuneración con motivo de la gestión realizada. Si el sujeto activo engaña u omite información al solicitar la audiencia, arriesga multas de varios millones de pesos.
El sujeto pasivo de lobby podrá decidir si concede o no la reunión. Si opta por lo primero, el sujeto activo de lobby será incorporado en el registro de lobbistas de manera automática (y no transcurrido 6 meses, como lo pretendía el proyecto original que criticamos). El sujeto pasivo tendrá luego hasta un mes para publicar el acta de la reunión sostenida, y será tarea de un reglamento indicar los plazos exactos y la forma en que dicha información será publicada. Si el reglamento incorpora el uso de plataformas web para estos propósitos, no hay razón para demorar la publicidad de actas y registros, los que deben estar disponibles en el más corto tiempo, pudiendo incluso ser de manera instantánea. El reglamento abre también la posibilidad de regular otros aspectos claves como un código de conducta, y mecanismos eficientes de denuncias.
El proyecto de ley opta también por incluir en el registro de lobbystas a todos quienes realicen una gestión de interés frente a los sujetos pasivos, independientemente de si perciben o no una remuneración por dicha gestión. Aunque un futuro proyecto de ley debiera buscar profundizar en mayores obligaciones para los lobbystas que persiguen remuneración por sus gestiones, nos parece adecuado que el actual proyecto de ley opte por un registro amplio sin distinciones, por cuanto evita la discrecional interpretación sobre quién debiera o no integrar el registro de lobbystas y de gestores de interés.
3. En relación al Artículo 4, valoramos que el gobierno también se allanó a la propuesta de entregar al Consejo para la Transparencia la administración y publicidad sistematizada de los registros de cada organismo público, tarea que anteriormente se le asignaba al Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Un elemento de suma relevancia, puesto que será un organismo autónomo y no político quien administre la publicidad de los registros.
4. La experiencia comparada de los pocos países del mundo que han avanzado en la regulación del lobby nos ha demostrado que se requieren grandes acuerdos y una lógica incremental de cada normativa. La presión ciudadana y los acercamientos producidos entre los parlamentarios y el gobierno han permitido mejorar este proyecto de ley considerablemente. Estamos conscientes que a la luz de su implementación, este proyecto deberá ser perfeccionado en el futuro, al igual que cualquier política pública que busque ser efectiva.
5. Los aquí firmantes llamamos a los parlamentarios a ratificar en Sala los acuerdos alcanzados. Éstos cuentan con el consenso y apoyo de varios académicos y organizaciones de la sociedad civil.