No sé si a ustedes les pasa, pero me parece que por estos días nuestro país es un lugar amargo. Un país con poca alegría, apático, sin ganas de sonreír. Lo único que revierte esta situación es un partido de la selección chilena.
Algunos dirán que es porque el Gobierno no los interpreta – ¿Tanto importa quién esté en La Moneda cómo para cambiar nuestro día a día? –; otros dirán que es porque no hay oportunidades de surgir (desempleo junio – agosto 7,4%); los más tecnológicos dirán que los comentarios que reciben en su Timeline de twitter los tienen mal; otros que no pueden comprar todo lo que quisieran para ser “felices”… Razones hay muchas, pero que los chilenos estamos apáticos, mal genio, incómodos, se ve con salir a la calle. Tal vez por lo mismo se espera con tanta esperanza que juegue y gane nuestro equipo de fútbol.
Más que buscar razones individuales, al parecer las razones suelen ser colectivas (sí, colectivas, algo que traspasa el “yoismo” tan común por estos días) y tienen que ver con algo llamado cultura. Cultura no sólo entendida como obras de teatro, el ballet o la Feria del Libro, sino más bien como la forma en que nos relacionamos, pensamos y actuamos con nuestro entorno. Y la razón principal de este desgano generalizado tiene que ver con la crisis que viven los factores que determinan la cultura, o sea, los factores que van modelando nuestra forma de vivir en sociedad.
El primero es la familia. Partiendo por la disgregación de “vidas” que existe en cada casa, se ve cómo cada integrante de la familia prefiere estar en “sus asuntos” antes que compartirlos con sus más cercanos. Su debilitamiento provoca tener niños sin un ambiente propicio para su desarrollo (muchos dirán que hay pésimos ejemplos, y claro que los hay, pero vamos por la generalidad y el ideal) y sin un objetivo claro de querer formar ellos mismos su misma familia, al no tener la posibilidad de conocer un hogar con mayúscula. Es decir, se ve en el horizonte un problema aún mayor.
Luego, los medios de comunicación. Sí, los medios, que se toman la mayoría de nuestro tiempo de ocio, y que informan y nos ponen en común los temas que ocurren en nuestra patria. Aquí el gran tema es la televisión, el principal medio integrador que tenemos. “Es verdad porque lo vi en la tele” es la frase que los chilenos decimos y escuchamos con más frecuencia que la que nos damos cuenta. La TV nos muestra una sociedad desunida, con olas de asaltos y violaciones, con modelos de jóvenes que pasan toda la tarde bailando o haciendo el ridículo con el sueño de ser “famosos”. ¿A eso aspiramos? ¿Qué le queda al joven que ha soñado toda su niñez y juventud con aparecer en la TV? ¿Para qué? ¿Qué se logra? Edmundo y tantos otros nos pueden contar su experiencia.
Algo similar es lo que ocurre con el mercado. El mismo que nos llama a encontrar la felicidad inmediata, una felicidad vacía y guiada por el “tener más cosas” como diagnosticara casi proféticamente Coco Legrand hace varios años en una de sus rutinas. ¿No nos quedó claro con La Polar que estamos dispuestos a gastar más de lo que ganamos… no sólo en un mes, sino casi en un año? Muchos pueden decir que la mayoría no tiene educación económica, pero ¿dónde queda la ética de los señores del mercado? ¿Cómo se va a culpar al papá que quiere comprarle la primera bicicleta a su hijo?, ¿Cómo hacemos para tener un sistema financiero más humano y que apele a cubrir las necesidades básicas y a satisfacer las otras en su justa medida?
Para terminar, me parece que los otros factores que determinan la cultura, son los más desprestigiados a la vista de todos: la política y la educación. Para cualquier argumento reafirmando estas dos crisis hay columnas y material por doquier.
En definitiva, no podemos hacer que la “La Roja” juegue todos los días (sino ahí sí que Alexis se lesiona más todavía), y cómo no podemos seguir en este ambiente hostil y vacío, creo que llegó el momento de actuar, de mejorar los factores que modelan la cultura, y así no tener alegrías pasajeras como nos ofrecen los medios o el mercado, sino una alegría plena, sostenida y que nos permita volver a levantarnos cada día con una sonrisa. Y eso sólo es posible con personas comprometidas con trabajar en ello, dispuestas a dedicar más que su par de horas libres a la semana. Y con alegría, sino el remedio es peor que la enfermedad.
Hace algunas semanas atrás, en una entrevista realizada en el programa Tolerancia Cero, el Presidente Sebastián Piñera anunció que se enviaría al Congreso un proyecto de ley de primarias voluntarias y vinculantes financiadas por el Servicio Electoral, junto con otro proyecto sobre elección directa de Consejeros Regionales (CORES) que iría en el marco de una reforma a la administración regional.
El tema de las primarias cobró una especial relevancia en la pasada elección presidencial cuando la Concertación realizó un pésimo proceso cargado de subterfugios para proclamar a Eduardo Frei como su candidato presidencial, que de paso potenció la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. Desde entonces se ha discutido la idea de hacer que las candidaturas a cargos de elección popular sean ratificadas mediante procesos de primarias en vez de instancias cerradas de decisión.
Por su parte, el tema de la elección de CORES ha estado siempre en el tapete, aunque todas las iniciativas al respecto han estado durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento durante varios años, tal como gran parte de las iniciativas de ley relacionadas con descentralización. Si se ven estas iniciativas desde un plano general, éstas constituyen un avance al cambiar parte de las prácticas que definen el quehacer político en nuestro país, y por hacer recaer parte de los procesos de decisión en los votantes. Sin embargo, al entrar a analizar con mayor profundidad, es posible afirmar que estos proyectos son en sí incompletos o insuficientes.
¿Por qué? Partamos primero por el proyecto de elección de CORES. Si vemos la forma en que hoy se les elige, que pasa por la votación de todos los concejales electos de la región, constituyendo de esta forma un sistema de elección indirecta, obviamente es positivo que dichas autoridades sean electas directamente por los propios votantes. El problema radica principalmente en las pocas o nulas atribuciones y potestades que la ley les otorga a los gobiernos regionales, que están atados de mano en materia fiscal y tienen que aceptar que las decisiones de inversión regional vengan en gran medida ya definidas desde Santiago. En pocas palabras, el asfixiante centralismo chileno termina por estrangular una iniciativa descentralizadora relevante como ésta antes de nacer. Elegir directamente a los CORES con el statu quo actual serviría solamente para elegir autoridades con poco margen de acción, lo que de momento podría volverse poco efectivo.
En el caso de la ley de primarias, el asunto se vuelve más complejo. Es cierto que se vuelve necesario, en aras de la representatividad política, que las candidaturas se ratifiquen en procesos de primarias abiertas y vinculantes. No obstante, si el objetivo de esta iniciativa es, por un lado evitar que el fiasco de la primaria concertacionista del 2009 se repita, y por otro hacer que un sector que siempre ha decidido sus candidaturas entre cuatro paredes haga primarias de una buena vez, entonces se hace necesario que las primarias además de ser abiertas y vinculantes sean obligatorias manteniendo la autonomía partidaria, ya que en este caso la voluntariedad genera espacios para que las cúpulas partidarias recurran a subterfugios y vacíos para realizar procesos viciados de proclamación y/o ratificación de candidaturas.
Por otro lado, respecto al tema de las primarias, la gran camisa de fuerza que neutraliza un posible efecto positivo de esta iniciativa es el sistema binominal y las falencias de los partidos políticos, magnificadas por una legislación que a todas luces se ve obsoleta. En ocasiones, los sistemas electorales y el marco institucional definen la conducta de los partidos políticos que compiten en un sistema político. Sus características y normas inciden al momento de definir candidaturas, establecer estrategias de campaña e incluso en la posibilidad de prever resultados. Aspectos como la trampa de los doblajes en el binominal, la distribución de los distritos electorales, la falta de transparencia y controles externos de los partidos, la dificultad para presentar candidaturas independientes y la cuestión del financiamiento de partidos y campañas hacen que, mientras no se aborden estos problemas y se establezcan soluciones, el impacto de hacer primarias vinculantes sea muy bajo en virtud de lo que se busca lograr con esta iniciativa.
Las reformas políticas, desde que se volvió a la democracia en 1990 se han caracterizado por dos cosas: Por realizarse de forma inorgánica, y por realizarse para mantener intactos los aspectos más relevantes, que hoy son abiertamente cuestionados. Dado el escenario actual, donde la representatividad de los partidos y la clase política va cayendo en picada, realizar reformas que mejoren la institucionalidad político-partidaria se vuelve de suma importancia si se quiere evitar un desenlace caótico para el sistema político chileno. Tomando lo anterior, las iniciativas anunciadas por el Presidente Piñera son bienvenidas al abrir un debate necesario en dos frentes: Representatividad y Descentralización; sin embargo es importante, e incluso crítico, que estas reformas políticas se diseñen y se discutan de forma sistémica, que al abordar un tópico se vea de inmediato el efecto que tendrá en otros puntos para elaborar respuestas más integrales a los problemas que enfrenta el sistema político.
En conclusión, es posible afirmar que estos proyectos son muy importantes al abrir ventanas que permiten discutir a fondo en el contexto actual aspectos clave de nuestra institucionalidad, pero el éxito o fracaso de estas reformas no pasará por la votación que puedan obtener en el Parlamento, sino que más bien por la factibilidad de que el debate sobre reformas políticas se aborde de forma más integral y se haga una agenda macro de cambios institucionales que permitan dejar atrás la gatopardiana historia de las reformas políticas de la transición. O sea, ahora es cuando para debatir cambios, pero que se discutan de verdad y a fondo, o de lo contrario no se logrará nada.
Hablando con una amiga, me di cuenta de lo desconcertados que estamos los concertacionistas. Mis sentimientos hacia el sistema político-económico eran tranquilos y de protección hasta marzo de 2010; hoy no lo son. ¿Oportunismo político? ¿Intento de destrucción de un gobierno por el que no voté? ¿Estoy picado?. Siendo súper objetivo, Piñera –más allá de las estupideces valóricas de la UDI y de sus conflictos de interés- no ha hecho nada muy distinto de lo que hicimos por 20 años. ¿Porqué ahora es distinto? ¿Porqué ahora me irrita?
Cuando la Concertación ganó la elección presidencial de 1989, la propuesta era de cambios. No nos gustó el sistema político-económico que se impuso a la fuerza por la dictadura. El sistema político generaba una democracia protegida o limitada, donde los militares tenían un poder inadmisible para un país libre. El sistema económico establecía la “iniciativa privada” sin contrapesos, donde la ley de la oferta y la demanda resolvían toda problemática.
Ante un quiebre violento, la Concertación, desde el PS a la DC, aceptaron las reglas del juego, a fin de un cambio paulatino. Fue la época de “la medida de lo posible” y de la “democracia de los acuerdos”, lo que se parecía bastante a un co-gobierno, con un fuerte poder de veto de los militares y grupos fácticos de la derecha.
Esa estrategia, es absolutamente entendible los primeros 8 años de gobiernos democráticos: Pinochet estaba en la comandancia en jefe y el riesgo de un golpe de Estado o regresión autoritaria era evidente. Es difícil que la nueva generación pueda entenderlo. Yo lo entiendo, porque viví en esa época. Las elecciones parlamentarias de 1997 y la salida de Pinochet de la comandancia en jefe en marzo de 1998 desnudaron nuestros sentimientos al respecto (nuestras bajadas de bandera, como dijo Garretón), y aparecieron 2 almas transversales en los partidos de la Concertación: los autocomplacientes, que creían muy valorable todo lo avanzado en materia de libertades políticas y de combate a la pobreza, y los autoflagelantes, que criticaban haber perdido el alma de cambios en nuestra alianza, haber aceptado el sistema de Pinochet.
La discusión se mantuvo siempre escondida, bajo la alfombra, porque “había que asegurar la gobernabilidad”, por miedo a los militares, o por lo que fuere. Aunque la lucha electoral, fue más estrecha, aún quedaban 2 victorias presidenciales que mantuvieron la discusión low profile.
Llegó el momento de la derrota, y al momento de discutirse las razones de la derrota, salió el tema a la luz. Los autocomplacientes argumentaron, por cierto, que si eso fuera verdad, habría ganado un candidato a la izquierda de la Concertación y no a la derecha. Sin embargo, a mi entender, y como dice Tironi, no entendieron que la victoria de la derecha fue un accidente: No ganó la derecha, perdió la Concertación. Ante un programa moderado y centrista del candidato Piñera, se castigó la inconsecuencia del arcoíris y sus malas prácticas al momento de gobernar, que –dicho sea de paso- eran muchas. Y esto aún no lo entiende la dirigencia de nuestros partidos. ¿Y qué pasa con la gente de a pie, los que no perdimos cargos por perder el gobierno y no tenemos cargos por los que luchar en las próximas elecciones? Bueno, lo que pasa es que tuvimos que asumir el porrazo de enero de 2010 y asumir de un sopetón nuestras propias inconsecuencias. Porque la culpa no es sólo del chancho, sino también del que le da afrecho; en este caso, de quienes votamos 20 años por la Concertación. Veo las demandas estudiantiles y son absolutamente justas. Veo las demandas de Asamblea Constituyente y nueva Constitución y las encuentro justas y obvias. Siento un estado de “choreamiento” que no es consecuente con mi cautela y complacencia de hace sólo 1 año y medio.
En lo personal, creo que es mejor asumir los errores y complacencias del pasado, corregirlos y proponer algo a futuro. Ante el duopolio político, me veo sin alternativas electorales a corto plazo, a menos que la Concertación o la alianza que la sustituya enmiende su horizonte en miras a las próximas elecciones. Tengo súper claro que de estas movilizaciones sociales no se van a lograr cambios de fondo en este gobierno, sólo cambios cosméticos; por eso es importante, que mi alianza haga un mea culpa y proponga al país cosas básicas.
Por lo pronto, el pacto social generado en 1988-1989 que dio origen a esta transición interminable (y que dio origen a la misma Concertación) se quebró, se terminó. Es necesario proponer un marco constitucional nuevo, plebiscitado o generado a través de una asamblea constituyente o la mezcla de ambos, en que el poder constituyente del pueblo maque las nuevas reglas del juego.
En lo político, se necesita un sistema participativo, no de elite; eso se logra con primarias obligatorias para todos los cargos de elección popular, elegir intendentes, limitar la reelección de todas las autoridades, incluir en el tejido constitucional instituciones de democracia directa (como la iniciativa popular de ley, la revocatoria, etc.), establecer un sistema semi-presidencial, en que exista una figura fuerte en la presidencia, pero que no sea un rey sin corona como existe ahora. Demás está decir que se necesita un sistema electoral proporcional.
En lo económico, no soy anti-empresarios ni anti-iniciativa privada, pero me parece que hay un ámbito en el que ellos deben estar, con normas laborales y medioambientales claras y de protección. Hay otros ámbitos (educación, salud) en que el Estado debe tener un papel clave; en que el lucro sea retirado. También se necesita una reforma tributaria de verdad, a nivel de un país más avanzado. Es inmoral que los bancos ganen miles de millones de dólares al año, en que el sueldo mínimo sea poco más de 180.000 y en que el Estado no garantice, al menos, una educación y salud gratuita y de calidad.
Para mí sólo un pacto social nuevo en base a esos mínimos parámetros, nos posibilita salir del atolladero en que nos encontramos ahora. Si los políticos, especialmente los que se llaman a sí mismo “progresistas”, no están a la altura, esto será una olla de presión que en algún momento va a explotar. Porque las crisis no se dan sólo por golpes de estado, sino también por ilegitimidad de quienes nos representan. Me declaro observante de la realidad política, a la espera de programas y propuestas serias de gente que tiene en sus hombros la conducción de mi país. Pensar más en el programa, que en el candidato.
El descontento generalizado con la clase política es un lugar común: según la última encuesta Adimark, el Senado tiene un 60% de desaprobación, la Cámara de Diputados un 64%, la Concertación un 71% y la Alianza un 66%. El 70% desaprueba la labor del Gobierno, y un 68% la labor del Presidente: la ciudadanía no está satisfecha con la forma en que se están haciendo las cosas, pero tampoco parece estar haciendo mucho más que quejarse al respecto.
¿Estamos decepcionados de la política y de la democracia? Podríamos decir que sí, pero tanto las demandas de los movimientos sociales por más espacios de participación y democratización, como la adhesión ciudadana que éstos han tenido, nos pueden hacer creer que no, lo que evidentemente es esperanzador.
¿Una nueva ciudadanía? La ciudadanía se realiza en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de deberes. Implica reconocernos como integrantes de una misma comunidad política y, también, adquirir la conciencia de autodeterminación, es decir, que podemos decidir la forma en la que queremos vivir. Pero ello exige que la ciudadanía participe y que exista una institucionalidad que la legitime y sea depositaria de esa participación: en ambos Chile está en deuda.
Está en deuda porque no ha podido generar una institucionalidad plural que incorpore las lógicas del conflicto social, no pudiendo tener un espacio de consenso amplio y representativo. Hasta el momento, una de las propuestas desde la institucionalidad es la inscripción automática y el voto voluntario como mecanismo para fomentar la participación política, una participación que hoy se refleja en las calles y redes sociales, pero no en las urnas. Dicho proyecto de Ley ingresó al Congreso el 1 de diciembre de 2010, y aunque se le puso suma urgencia por el Ejecutivo, éste aún se encuentra en primer trámite constitucional. En el fondo, el proyecto apuesta a que la voluntariedad del voto hará que las propuestas políticas sean más atractivas y, por tanto, se acerquen a las sensibilidades de la ciudadanía.
Ahora bien, así como la institucionalidad está en deuda, sobre la ciudadanía también recaen responsabilidades, y muchas. Como espejo del descontento generalizado, se ha ido acentuando una baja en la participación política: Para las elecciones de 1992 el 88% de la población en edad de votar estaba inscrita en el registro electoral, mientras que en el 2009 esta cifra alcanzó sólo el 68%. Existen más de 5 millones de chilenos que, pudiendo hacerlo, no están votando (sumando los no inscritos y los inscritos que no votaron en la última elección). Y para los jóvenes las cifras de participación son todavía peores, siendo los que hoy están movilizados buscando ser escuchados: si en 1992 el 79% de los jóvenes estaba inscrito en el registro electoral, para el 2009 esta cifra alcanzaba sólo el 23%. ¿Cuánto representa la participación de los jóvenes en el padrón electoral? En 1992 un 30%, el 2009 apenas el 9%.
¿La inscripción automática y el voto voluntario son el mecanismo para revertir esta tendencia? No si los casi 12 millones de chilenos que podríamos votar considera que la política no resuelve sus problemas. Sin embargo, mantenernos al margen del sistema eleccionario no hace más que reforzar la mediocridad de los políticos a los que tanto criticamos desde el costado.
El aumento de la participación política será una consecuencia del definitivo arraigo de una cultura política por parte de la ciudadanía, pues desde ahí será posible presionar para abrir los espacios de participación en las instituciones. Para que esto se logre, y mientras el proyecto se siga discutiendo en el Congreso por probablemente mucho tiempo más, la ciudadanía debe reconquistar la política para sí misma, volver a querer y creer en cambios, y apropiarse de los temas públicos. Para ello, el punto de partida es la base de la participación democrática: el voto, voluntario u obligatorio, automático o después de un trámite, en línea o presencial, da lo mismo. Lo importante es que la desaprobación no se quede en las calles sino que promueva cambios, y haga que nos pasemos a Chile por la urna. Las inscripciones para hacerlo están abiertas hasta el 31 de diciembre: #chilemelopasoporlaurna
Publicación original The Clinic
Estas últimas semanas hemos sido testigos de un monumental movimiento ciudadano tras una demanda que lleva en el debate público, sin tener avances significativos: educación de calidad, pública y para todos. Profesores, padres, jóvenes de la educación básica, media y superior reclaman por una educación entendida como un bien público.
Existe un consenso relativamente generalizado respecto a que el problema de fondo de todo el sistema educativo chileno es la falta de calidad, la enorme segregación que existe en ella -ricos educados entre ricos y pobres entre pobres – yel negocio de la educación. Tres factores que se observan por no contar con una legislación adecuada que exija tanto a los actores públicos como a los privados del sistema, a los llamados tradicionales y no tradicionales, estándares de educación apropiados para un país que pretende alcanzar niveles de desarrollo.
Estándares de educación de calidad regularían la apertura de establecimientos educacionales de nivel básico y medio cuando estos no cumplieran con ciertos mínimos. En el caso de la educación superior, las universidades sólo debiesen poder impartir carreras cuando cumplan con ciertos estándares y acceder a aportes del Estado únicamente cuando demuestren requisitos de calidad y también de inclusión social.
Así, los parámetros de medición no sólo consistirían en la calidad a través de puntajes mínimos de ingreso por carrera, número de profesores de planta y cantidad de investigaciones, sino también el porcentaje de personas provenientes de establecimientos municipales o particulares subvencionados de condiciones socioeconómicas desfavorecidas.
Por otra parte, Chile tiene una gran segregación social, donde la educación es sólo un reflejo de la sociedad que hemos construido, con sectores pobres al borde de los límites urbanos, con malos accesos y malos servicios. En consecuencia, incluir en la evaluación de las universidades factores de integración social, resulta crucial para mejorar el capital cultural de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, lo que permitirá que estas puedan relacionarse con otras de distintos sectores y formar redes de apoyo mutuo.
Por ultimo, nuestra legislación llena de libertades, pero con muy pocos deberes, ha permitido la proliferación de establecimientos educacionales de mala calidad, sobre todo en el ámbito universitario. Por tanto, mas allá de la discusión acerca de la municipalización o si es el Estado o los privados quienes deben administrar los establecimientos, un paso importante para avanzar en la materia sería contar con una buena legislación protectora de la calidad junto con organismos fiscalizadores, con potestades reales. .
Sin embargo, hay una mala noticia… ¿cómo podemos hacerlo con la Constitución Política que tenemos actualmente en Chile? Hoy nuestra Constitución no otorga el derecho a la educación como lo entendería cualquier ciudadano; en realidad lo que otorga a cualquier persona es el derecho a poder abrir un establecimiento educacional, la libertad de los padres de elegir el establecimiento de sus hijos y, para los establecimientos, la libertad de enseñanza y la obligatoriedad de la enseñanza preescolar, básica y media.
Nunca se menciona la calidad de la educación. Los únicos parámetros para impartir educación, tal como señala nuestra Constitución política, es “la libertad de enseñanza [que] no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”.
Algunos podrán decir que la falta de parámetros de calidad es inmoral y que el negociado de algunos establecimientos de educación superior también lo es. Lamentablemente, ese argumento no nos llevará hacia una mejor educación. Hoy la libertad económica que permite abrir establecimientos de mala calidad prima por sobre el estándar de calidad. Es por esta razón, que necesitamos una nueva Constitución que establezca derechos y deberes efectivos para todos los ciudadanos.
Publicación original de El Dinamo