“Si la información y el conocimiento son centrales para la democracia, son condiciones para el desarrollo”. Kofi Annan
Durante el período comprendido entre los días 6 y 12 de junio del corriente año, tuve la oportunidad de viajar a la República de Chile, en virtud de haber sido consagrado ganador del concurso sobre acceso a la información pública que organizaran la Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) y la Universidad de Palermo, casa de estudio de la cual soy alumno de posgrado actualmente.
La República de Chile es uno de los países de Latinoamérica que, entre varios de la región como ser los casos de México y Uruguay, cuenta con una ley de transparencia y acceso a la información pública (ley 20.285), la cual entró en vigencia en el año 2009. Esta ha sido una de las reformas más profundas que se han generado en la agenda de probidad y transparencia del gobierno de Michelle Bachelet y, sin dudas, marcó un punto de inflexión en la vida política de ese país, en tanto introdujo modificaciones en el diseño institucional que han conllevado a la conformación de un estado más accesible para los ciudadanos y, por ende, de mayor raigambre democrática.
En este sentido, la ley de transparencia ha establecido un bloque de información mínimo que todos los órganos del estado deben exponer al público en forma obligatoria y proactiva a través de sus sitios web; ésto se denomina transparencia activa. Luego, ha delineado un procedimiento mediante el cual todos los ciudadanos pueden solicitar información a dichos órganos, sin cumplir con formalidad alguna, ni justificar su pretensión, lo cual se ha llamado transparencia pasiva.
Por otra parte, se ha incorporado a nivel constitucional el principio de publicidad de los actos de la Administración, conforme el cual toda aquella información que se encuentra en poder del estado se presume pública, y su reserva sólo puede ser invocada cuando se presenten determinados presupuestos fijados por ley (seguridad nacional, afectación de las tareas del organismo, etc.), recayendo en el órgano requerido la obligación de acreditar en forma fehaciente tal extremo.
Asimismo, en el marco de la ley de transparencia, se ha creado un organismo de control y fiscalización denominado Consejo para la Transparencia –www.consejotransparencia.cl-, que funciona como autoridad de aplicación ante los reclamos que se generen en torno a dicha temática; es importante remarcar el reconocimiento positivo que dicho consejo posee por parte de los usuarios de la ley, en tanto sus integrantes cuentan con una reconocida independencia del poder político central.
Como parte de la agenda que transité en mi estadía en Chile, tuve la posibilidad de entrevistarme con los principales integrantes de este organismo, como así también de presenciar audiencias orales y públicas en las cuales se expusieron casos de amparo al acceso a la información; y asimismo participé de una reunión interna donde pude observar el modo en que se debaten y resuelven los casos llevados a su conocimiento. Esta interacción directa me he permitido advertir el rol fundamental que el Consejo ha desempeñado en la aplicación de la ley de transparencia.
Por otra parte, he notado la importancia que han tenido en este proceso las organizaciones no gubernamentales, quienes sin duda se han transformado en actores de vital importancia a la hora de impulsar y fiscalizar las políticas de transparencia estatal. Con este norte, me entrevisté con los directores de las fundaciones Ciudadano Inteligente y Pro acceso, las cuales, desde ópticas distintas, realizan actividades y proyectos en pos de profundizar el acceso a la información que se encuentra en poder del Estado y lograr transformarse en un canal de comunicación entre ésta y los ciudadanos.
A partir de este panorama, debo resaltar la apertura que he observado en el vecino país en torno a la información pública, esencialmente a partir de la entrada en vigencia de la ley de acceso a la información; como así también el modo positivo en que se fomenta la cultura de la transparencia respecto de los organismos y funcionarios públicos, en contraposición con el secretismo que reinó en épocas anteriores.
Como corolario, entiendo importante remarcar que la libertad de expresión es un derecho fundamental sobre el cual se debe cimentar una sociedad democrática y, con este norte, la posibilidad de acceder a la información que se encuentra en poder del Estado juega, sin lugar a dudas, un rol fundamental en su desarrollo.
Esto nos muestra de manera evidente la importancia de contar en nuestro país con un texto legislativo específico que reglamente el ejercicio de tal derecho, pues será una herramienta fundamental a fin de lograr la conformación de un sistema estatal que se ajuste a los estándares de transparencia exigidos a nivel internacional y, de esta forma, procurar una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones estatales, a través del control de los actos de sus representantes. La implementación de prácticas sobre transparencia es un imperativo de las sociedades democráticas, las cuales en forma cada vez más creciente exigen a los funcionarios públicos que las administran que rindan cuentas sobre sus gestiones, para lo cual necesariamente deben encontrarse adecuadamente informadas.
No se puede negar que aquellas decisiones que sean adoptadas en las sombras, generarán en los ciudadanos un alto grado de desconfianza y, como consecuencia, un paulatino deterioro institucional, mientras que aquéllas que sean transparentes y permitan ser sometidas al escrutinio público, no sólo implicarán un mejoramiento en las prácticas de los organismos públicos, sino que producirán un afianzamiento de los mismos y, como resultado de ello, una profundización de nuestro sistema democrático.
Hablando con una amiga, me di cuenta de lo desconcertados que estamos los concertacionistas. Mis sentimientos hacia el sistema político-económico eran tranquilos y de protección hasta marzo de 2010; hoy no lo son. ¿Oportunismo político? ¿Intento de destrucción de un gobierno por el que no voté? ¿Estoy picado?. Siendo súper objetivo, Piñera –más allá de las estupideces valóricas de la UDI y de sus conflictos de interés- no ha hecho nada muy distinto de lo que hicimos por 20 años. ¿Porqué ahora es distinto? ¿Porqué ahora me irrita?
Cuando la Concertación ganó la elección presidencial de 1989, la propuesta era de cambios. No nos gustó el sistema político-económico que se impuso a la fuerza por la dictadura. El sistema político generaba una democracia protegida o limitada, donde los militares tenían un poder inadmisible para un país libre. El sistema económico establecía la “iniciativa privada” sin contrapesos, donde la ley de la oferta y la demanda resolvían toda problemática.
Ante un quiebre violento, la Concertación, desde el PS a la DC, aceptaron las reglas del juego, a fin de un cambio paulatino. Fue la época de “la medida de lo posible” y de la “democracia de los acuerdos”, lo que se parecía bastante a un co-gobierno, con un fuerte poder de veto de los militares y grupos fácticos de la derecha.
Esa estrategia, es absolutamente entendible los primeros 8 años de gobiernos democráticos: Pinochet estaba en la comandancia en jefe y el riesgo de un golpe de Estado o regresión autoritaria era evidente. Es difícil que la nueva generación pueda entenderlo. Yo lo entiendo, porque viví en esa época. Las elecciones parlamentarias de 1997 y la salida de Pinochet de la comandancia en jefe en marzo de 1998 desnudaron nuestros sentimientos al respecto (nuestras bajadas de bandera, como dijo Garretón), y aparecieron 2 almas transversales en los partidos de la Concertación: los autocomplacientes, que creían muy valorable todo lo avanzado en materia de libertades políticas y de combate a la pobreza, y los autoflagelantes, que criticaban haber perdido el alma de cambios en nuestra alianza, haber aceptado el sistema de Pinochet.
La discusión se mantuvo siempre escondida, bajo la alfombra, porque “había que asegurar la gobernabilidad”, por miedo a los militares, o por lo que fuere. Aunque la lucha electoral, fue más estrecha, aún quedaban 2 victorias presidenciales que mantuvieron la discusión low profile.
Llegó el momento de la derrota, y al momento de discutirse las razones de la derrota, salió el tema a la luz. Los autocomplacientes argumentaron, por cierto, que si eso fuera verdad, habría ganado un candidato a la izquierda de la Concertación y no a la derecha. Sin embargo, a mi entender, y como dice Tironi, no entendieron que la victoria de la derecha fue un accidente: No ganó la derecha, perdió la Concertación. Ante un programa moderado y centrista del candidato Piñera, se castigó la inconsecuencia del arcoíris y sus malas prácticas al momento de gobernar, que –dicho sea de paso- eran muchas. Y esto aún no lo entiende la dirigencia de nuestros partidos. ¿Y qué pasa con la gente de a pie, los que no perdimos cargos por perder el gobierno y no tenemos cargos por los que luchar en las próximas elecciones? Bueno, lo que pasa es que tuvimos que asumir el porrazo de enero de 2010 y asumir de un sopetón nuestras propias inconsecuencias. Porque la culpa no es sólo del chancho, sino también del que le da afrecho; en este caso, de quienes votamos 20 años por la Concertación. Veo las demandas estudiantiles y son absolutamente justas. Veo las demandas de Asamblea Constituyente y nueva Constitución y las encuentro justas y obvias. Siento un estado de “choreamiento” que no es consecuente con mi cautela y complacencia de hace sólo 1 año y medio.
En lo personal, creo que es mejor asumir los errores y complacencias del pasado, corregirlos y proponer algo a futuro. Ante el duopolio político, me veo sin alternativas electorales a corto plazo, a menos que la Concertación o la alianza que la sustituya enmiende su horizonte en miras a las próximas elecciones. Tengo súper claro que de estas movilizaciones sociales no se van a lograr cambios de fondo en este gobierno, sólo cambios cosméticos; por eso es importante, que mi alianza haga un mea culpa y proponga al país cosas básicas.
Por lo pronto, el pacto social generado en 1988-1989 que dio origen a esta transición interminable (y que dio origen a la misma Concertación) se quebró, se terminó. Es necesario proponer un marco constitucional nuevo, plebiscitado o generado a través de una asamblea constituyente o la mezcla de ambos, en que el poder constituyente del pueblo maque las nuevas reglas del juego.
En lo político, se necesita un sistema participativo, no de elite; eso se logra con primarias obligatorias para todos los cargos de elección popular, elegir intendentes, limitar la reelección de todas las autoridades, incluir en el tejido constitucional instituciones de democracia directa (como la iniciativa popular de ley, la revocatoria, etc.), establecer un sistema semi-presidencial, en que exista una figura fuerte en la presidencia, pero que no sea un rey sin corona como existe ahora. Demás está decir que se necesita un sistema electoral proporcional.
En lo económico, no soy anti-empresarios ni anti-iniciativa privada, pero me parece que hay un ámbito en el que ellos deben estar, con normas laborales y medioambientales claras y de protección. Hay otros ámbitos (educación, salud) en que el Estado debe tener un papel clave; en que el lucro sea retirado. También se necesita una reforma tributaria de verdad, a nivel de un país más avanzado. Es inmoral que los bancos ganen miles de millones de dólares al año, en que el sueldo mínimo sea poco más de 180.000 y en que el Estado no garantice, al menos, una educación y salud gratuita y de calidad.
Para mí sólo un pacto social nuevo en base a esos mínimos parámetros, nos posibilita salir del atolladero en que nos encontramos ahora. Si los políticos, especialmente los que se llaman a sí mismo “progresistas”, no están a la altura, esto será una olla de presión que en algún momento va a explotar. Porque las crisis no se dan sólo por golpes de estado, sino también por ilegitimidad de quienes nos representan. Me declaro observante de la realidad política, a la espera de programas y propuestas serias de gente que tiene en sus hombros la conducción de mi país. Pensar más en el programa, que en el candidato.
29 de Agosto de 2011.
Panelistas: Felipe Heusser y Juan José Soto
Invitado: Giorgio Jackson, Presidente de la FEUC.
Lunes 22 de Agosto de 2011.
Panelistas: Felipe Heusser y Pedro Daire.
Invitada: Valentina Insulza.
Tú quizás no lo sabes, pero debes tener por seguro que “alguien te mira”. Crees que todo a tu alrededor está en orden, que nadie te sigue o le interesas. Pero hay muchos fragmentos de tu persona que se distribuyen día a día en distintos lados ¡Y los manosean!
“DICOM es EQUIFAX”. Y es también uno de nuestros acechadores. Trabaja contigo como si fueras un insumo más, te pone a disposición de los que pagan para ver tu performance, y tú te expones sin ni siquiera saberlo.Te entregaron cual chicle a las manos de quien paga –desde- la módica suma de $900.
Este acechador es el que cahuineramente entrega información sobre tus movimientos financieros. Aquellos que por error de la juventud, problemas de salud, un crédito universitario, una mala pasada económica o alguna locura de un ejecutivo a lo “La Polar”, te llevaron a caer en esta lista negra.
Para mal, ya se han detectado varias situaciones donde la información que entrega dicha empresa consta de parámetros más que cuestionables –como el scoring- o es errónea y desactualizada. Ha llegado incluso a afectar a varios de nuestros honorables parlamentarios. Es a raíz de aquello, que se han generado diversos debates en el legislativo con la finalidad de corregir estos “abusos”.
Luego de haber pasado la tormenta del escrutinio legislativo, DICOM puso manos a la obra con algunos arreglos que aquieten a la furiosa clase política. He aquí nuestra piedra en el zapato.
Gracias a una investigación rutinaria de la Fundación Ciudadano Inteligente, en colaboración con El Dinamo, se logro comprobar como DICOM tenía bloqueada la información de nuestros Parlamentarios y de once ministros de estado. Una situación que escapa a la regla general, donde caemos todos los chilenos y que otorga fácil acceso a nuestras más íntimas aventuras financieras.
Una vez más DICOM juega con fuego, pero esta vez parecía que lo estaban haciendo con unos muy buenos guantes. En esta oportunidad nuestras autoridades estarían protegidas, ante lo cual había menos posibilidades de que detectara algún problema. Y si alguien, con la fotocopia de la cédula de identidad de nuestra autoridad X, más un poder notarial autorizando, lograba acceder a la información, todo sería limpio, ejemplar y un gran trabajo informativo.
Desgraciadamente DICOM no contaba con que un sujeto en algún momento se iba a encontrar con esto. Sumado a las malas explicaciones de su call center, que dan a comprender que por simple azar hay chilenos que se encuentran afortunadamente menos “manoseados” que otros.
En los hechos, una herramienta que debería estar basada en los principios de igualdad y transparencia, ha categorizado a los chilenos entre ciudadanos de primera o de segunda; “los que puedo manosear, y los que no”. Y es que realmente resulta muy poco creíble que de todos los parlamentarios, absolutamente todos hayan salido sorteados por DICOM para que sus datos no estén disponibles ¡eso es suerte, como para partir a jugar un raspe!
Así también, luego de que la comisión de economía del Senado aprobara la idea de modificar el marco regulatorio de la ley de protección de datos personales, y el bochorno vivido por el gerente general de EQUIFAX en dicha instancia -a quien se le enrostraron informes erróneos de parlamentarios-, se presta para más de una suspicacia este regalito que privilegia a nuestras autoridades. Quizás más de un mal pensado recordó la palabra “lobby”.
Luego que la situación ya era de conocimiento de la opinión pública, DICOM por arte de magia entregó acceso a los perfiles de todos nuestros parlamentarios y de los once ministros que estaban protegidos. Un triunfo para los ciudadanos, pero un tremendo ¡plop! para un sistema que supuestamente funciona bien y acorde a la legalidad.
Entonces; si yo hago todo bien y el azar es mi copiloto ¿Por qué entrego rápidamente acceso a los perfiles que minutos antes estaban protegidos? ¿Será que justo en ese momento los técnicos y analistas terminaron de trabajar?
Son estas cosas las que nos hacen cuestionar el sistema y preguntarnos ¿Qué valores son más importantes? Los que defiende el gerente general de EQUIFAX, que busca brindar seguridad al comercio, entregando información veraz y oportuna a los que paguen por ella, o aquellos que nos hablan de la protección de los datos personales, de la veracidad de la información, del conocimiento que debemos tener sobre información nuestra que anda circulando, o por último, aquel principio constitucional de la igualdad. A mi juicio los valores que debemos proteger son los últimos.
No es que Chile no necesite un sistema de información comercial, lo necesita para hacer funcionar su economía en las transacciones del día a día, y así hacer más seguras las mismas. Pero definitivamente lo que no necesitamos es una empresa que manosea a su antojo a millones de chilenos, sin mayor fiscalización y entregando información con filtros arbitrarios.
“DICOM es EQUIFAX”, y es también la empresa que ya no cuenta con la confianza y credibilidad de los chilenos para manejar sus vidas.
Es de esperar que la reforma, que espera en el congreso, vea pronto la luz en nuestro ordenamiento jurídico, y así en algo podamos estar más tranquilos a la hora de hacer algo tan simple y vital como ir a pedir trabajo.
Publicación original en El Dinamo
El descontento generalizado con la clase política es un lugar común: según la última encuesta Adimark, el Senado tiene un 60% de desaprobación, la Cámara de Diputados un 64%, la Concertación un 71% y la Alianza un 66%. El 70% desaprueba la labor del Gobierno, y un 68% la labor del Presidente: la ciudadanía no está satisfecha con la forma en que se están haciendo las cosas, pero tampoco parece estar haciendo mucho más que quejarse al respecto.
¿Estamos decepcionados de la política y de la democracia? Podríamos decir que sí, pero tanto las demandas de los movimientos sociales por más espacios de participación y democratización, como la adhesión ciudadana que éstos han tenido, nos pueden hacer creer que no, lo que evidentemente es esperanzador.
¿Una nueva ciudadanía? La ciudadanía se realiza en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de deberes. Implica reconocernos como integrantes de una misma comunidad política y, también, adquirir la conciencia de autodeterminación, es decir, que podemos decidir la forma en la que queremos vivir. Pero ello exige que la ciudadanía participe y que exista una institucionalidad que la legitime y sea depositaria de esa participación: en ambos Chile está en deuda.
Está en deuda porque no ha podido generar una institucionalidad plural que incorpore las lógicas del conflicto social, no pudiendo tener un espacio de consenso amplio y representativo. Hasta el momento, una de las propuestas desde la institucionalidad es la inscripción automática y el voto voluntario como mecanismo para fomentar la participación política, una participación que hoy se refleja en las calles y redes sociales, pero no en las urnas. Dicho proyecto de Ley ingresó al Congreso el 1 de diciembre de 2010, y aunque se le puso suma urgencia por el Ejecutivo, éste aún se encuentra en primer trámite constitucional. En el fondo, el proyecto apuesta a que la voluntariedad del voto hará que las propuestas políticas sean más atractivas y, por tanto, se acerquen a las sensibilidades de la ciudadanía.
Ahora bien, así como la institucionalidad está en deuda, sobre la ciudadanía también recaen responsabilidades, y muchas. Como espejo del descontento generalizado, se ha ido acentuando una baja en la participación política: Para las elecciones de 1992 el 88% de la población en edad de votar estaba inscrita en el registro electoral, mientras que en el 2009 esta cifra alcanzó sólo el 68%. Existen más de 5 millones de chilenos que, pudiendo hacerlo, no están votando (sumando los no inscritos y los inscritos que no votaron en la última elección). Y para los jóvenes las cifras de participación son todavía peores, siendo los que hoy están movilizados buscando ser escuchados: si en 1992 el 79% de los jóvenes estaba inscrito en el registro electoral, para el 2009 esta cifra alcanzaba sólo el 23%. ¿Cuánto representa la participación de los jóvenes en el padrón electoral? En 1992 un 30%, el 2009 apenas el 9%.
¿La inscripción automática y el voto voluntario son el mecanismo para revertir esta tendencia? No si los casi 12 millones de chilenos que podríamos votar considera que la política no resuelve sus problemas. Sin embargo, mantenernos al margen del sistema eleccionario no hace más que reforzar la mediocridad de los políticos a los que tanto criticamos desde el costado.
El aumento de la participación política será una consecuencia del definitivo arraigo de una cultura política por parte de la ciudadanía, pues desde ahí será posible presionar para abrir los espacios de participación en las instituciones. Para que esto se logre, y mientras el proyecto se siga discutiendo en el Congreso por probablemente mucho tiempo más, la ciudadanía debe reconquistar la política para sí misma, volver a querer y creer en cambios, y apropiarse de los temas públicos. Para ello, el punto de partida es la base de la participación democrática: el voto, voluntario u obligatorio, automático o después de un trámite, en línea o presencial, da lo mismo. Lo importante es que la desaprobación no se quede en las calles sino que promueva cambios, y haga que nos pasemos a Chile por la urna. Las inscripciones para hacerlo están abiertas hasta el 31 de diciembre: #chilemelopasoporlaurna
Publicación original The Clinic
Es verdad. Siempre es bueno que un gobierno esté conectado con los ciudadanos, y que sepa por donde van los intereses de las mayorías y minorías. Una herramienta recurrente para sondear a los ciudadanos son los estudios de opinión, las clásicas encuestas. Dichas herramientas, por vía de la ley 19.628, hoy son objeto de regulación y protección de datos personales, limitando así la información que puede hacer identificable al sujeto, entre otras cosas. De otra manera, ¿estaría bien que el gobierno nos tuviese plenamente identificados?
Hace algunos meses atrás, el Gobierno de Chile anunció que comenzaría a monitorear las redes sociales y blogs, lugar donde en la actualidad se pueden encontrar la mayor fuente de opiniones ciudadanas, aquellas que no son sondeadas por encuestas políticas.
Como es lógico, los usuarios de dichas plataformas no miraron con buenos ojos esta “vigilancia” que se pretendía realizar sobre sus escritos, fotos, links, y sobre la persona misma. El aparato gubernamental no deja de ser intimidante cuando se contrapone a un ciudadano común, el que se encuentra en desventaja a la hora de responder a un actuar que deja demasiadas interrogantes, y pone entre comillas aquel principio de legalidad que protege al gobernado.
Una cosa es que el gobierno deba saber qué es lo que opina la ciudadanía, pero otra distinta es tener, con absoluta discrecionalidad, grandes cantidades de información sobre miles de personas puntuales. Ya en el sólo anuncio se ejerce una perturbación a la libre manifestación de ideas.
Ya nos parece extraño y poco transparente la manera en que cientos de empresas ejercen tácticas engañosas para obtener los datos de sus clientes, y con ello poder hacer estudios que apunten a acotar el universo al cual dirigir sus campañas. Lamentablemente, el gobierno caía en las mismas tácticas, para sin mediar autorización expresa alguna, lograr recabar información que en muchos casos pertenece a nuestra esfera más doméstica.
Un ejemplo de lo anterior, es la última encuesta CEP, donde el 82% de los consultados dijo no seguir nunca temas políticos en redes sociales. Frente a esto nuevamente se nos presentan las dudas ¿el monitoreo incluye a aquel 82% que no tiene interés político? ¿O se hace un seguimiento más acotado a sólo el 18% restante, dejándolos aún más identificables?
Y finalmente la famosa información llegó….. Fue con el ánimo de indagar sobre los resultados de este monitoreo, y tener un poco más de claridad respecto a las características de la plataforma creada por BrandMetric, que un ciudadano anónimo solicitó a AccesoInteligente.org la información en virtud a la ley de transparencia.
La información proporcionada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, un PowerPoint básico y que parecía más bien una pauta de prensa, dejó ver la escasa capacidad de análisis con la que fue tratada la información. Faltaron muchos puntos, como los detalles de las fuentes, las cantidades de cuentas o blogs monitoreadas, identificación de los más influyentes, si las opiniones son positivas o negativas. En resumen, o no se cumplió con las bases de la licitación, o no se cumplió con la ley de transparencia. Dos eventuales faltas, graves.
Así se marcó el fracaso del sistema de monitoreo. Siendo una decisión errada por parte de la administración de la ex Ministra Von Baer pensar que semejantes cerros de información iban a poder ser analizadas en detalle, sin que medie un gran trabajo, del cual ni siquiera se tenían los recursos tecnológicos.
El gobierno se vio sobrepasado por su propia petición, información en cantidades industriales. Complejizó algo que podría haber sido tan simple como revisar los trending topic de twitter, ver quiénes son los usuarios con más amigos o seguidores, utilizar herramientas complementarias para analizar visitas, menciones, retweets, o cantidad de veces que se compartió. En las redes sociales no es muy complejo ver qué pasa, por donde va la conversación, y como se comparte. Lo fundamental es ver como “yo” estoy posicionado desde mi cuenta, más que tratar de infiltrar la de los otros.
Y pasó lo que tenía que pasar… El Consejo para la Transparencia haciendo una importante interpretación de la ley 19.628, manifestó que aquí efectivamente había datos personales en juego, pues al finalizar el proceso de recolección de datos se puede llegar incluso al domicilio desde donde se emitió la opinión en cuestión. Dejando también en claro que muchos usuarios de la web, basados en un sentido de responsabilidad, han preferido utilizar sus nombres en vez de nicks, lo que de igual forma, no pone automáticamente la información a disposición del Gobierno, pues debe haber un sentido de pertinencia.
En este contexto, fue informado por varios medios de comunicación, que el actual Ministro Vocero de gobierno, Andrés Chadwick, optó por poner término al monitoreo de las redes sociales. Dejando nuevamente dos interrogantes, ¿se tomó esta decisión por el cuestionamiento de los ciudadanos, o por un real temor al informe que iba a emanar la contraloría en los próximos días?
Y así se fue el monitoreo, con el mismo manto oscuro con el cual llegó, sin mayores explicaciones y con preguntas al aire que nadie ha sabido contestar de frente a los “monitoreados”. Todo se transformó en un mal informe de redes sociales, un autogol político y un sector de la sociedad que sintió vulnerados sus derechos a gozar sanamente de la tecnología, y de aquellas redes con las que compartimos gran parte de nuestra cotidianeidad, siempre a sabiendas que tenemos un menú con la opción de expulsar, o bloquear, a aquel que nos desagrada.
Ganaron los ciudadanos, pues una vez más ejercieron su propio monitoreo, demostraron interés e impusieron la agenda, bloqueando así, con las herramientas de la transparencia y la participación, a los únicos que no tenían la opción de bloquear.
Publicación Original en The Clinic