Hace algunas semanas atrás, en una entrevista realizada en el programa Tolerancia Cero, el Presidente Sebastián Piñera anunció que se enviaría al Congreso un proyecto de ley de primarias voluntarias y vinculantes financiadas por el Servicio Electoral, junto con otro proyecto sobre elección directa de Consejeros Regionales (CORES) que iría en el marco de una reforma a la administración regional.
El tema de las primarias cobró una especial relevancia en la pasada elección presidencial cuando la Concertación realizó un pésimo proceso cargado de subterfugios para proclamar a Eduardo Frei como su candidato presidencial, que de paso potenció la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. Desde entonces se ha discutido la idea de hacer que las candidaturas a cargos de elección popular sean ratificadas mediante procesos de primarias en vez de instancias cerradas de decisión.
Por su parte, el tema de la elección de CORES ha estado siempre en el tapete, aunque todas las iniciativas al respecto han estado durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento durante varios años, tal como gran parte de las iniciativas de ley relacionadas con descentralización. Si se ven estas iniciativas desde un plano general, éstas constituyen un avance al cambiar parte de las prácticas que definen el quehacer político en nuestro país, y por hacer recaer parte de los procesos de decisión en los votantes. Sin embargo, al entrar a analizar con mayor profundidad, es posible afirmar que estos proyectos son en sí incompletos o insuficientes.
¿Por qué? Partamos primero por el proyecto de elección de CORES. Si vemos la forma en que hoy se les elige, que pasa por la votación de todos los concejales electos de la región, constituyendo de esta forma un sistema de elección indirecta, obviamente es positivo que dichas autoridades sean electas directamente por los propios votantes. El problema radica principalmente en las pocas o nulas atribuciones y potestades que la ley les otorga a los gobiernos regionales, que están atados de mano en materia fiscal y tienen que aceptar que las decisiones de inversión regional vengan en gran medida ya definidas desde Santiago. En pocas palabras, el asfixiante centralismo chileno termina por estrangular una iniciativa descentralizadora relevante como ésta antes de nacer. Elegir directamente a los CORES con el statu quo actual serviría solamente para elegir autoridades con poco margen de acción, lo que de momento podría volverse poco efectivo.
En el caso de la ley de primarias, el asunto se vuelve más complejo. Es cierto que se vuelve necesario, en aras de la representatividad política, que las candidaturas se ratifiquen en procesos de primarias abiertas y vinculantes. No obstante, si el objetivo de esta iniciativa es, por un lado evitar que el fiasco de la primaria concertacionista del 2009 se repita, y por otro hacer que un sector que siempre ha decidido sus candidaturas entre cuatro paredes haga primarias de una buena vez, entonces se hace necesario que las primarias además de ser abiertas y vinculantes sean obligatorias manteniendo la autonomía partidaria, ya que en este caso la voluntariedad genera espacios para que las cúpulas partidarias recurran a subterfugios y vacíos para realizar procesos viciados de proclamación y/o ratificación de candidaturas.
Por otro lado, respecto al tema de las primarias, la gran camisa de fuerza que neutraliza un posible efecto positivo de esta iniciativa es el sistema binominal y las falencias de los partidos políticos, magnificadas por una legislación que a todas luces se ve obsoleta. En ocasiones, los sistemas electorales y el marco institucional definen la conducta de los partidos políticos que compiten en un sistema político. Sus características y normas inciden al momento de definir candidaturas, establecer estrategias de campaña e incluso en la posibilidad de prever resultados. Aspectos como la trampa de los doblajes en el binominal, la distribución de los distritos electorales, la falta de transparencia y controles externos de los partidos, la dificultad para presentar candidaturas independientes y la cuestión del financiamiento de partidos y campañas hacen que, mientras no se aborden estos problemas y se establezcan soluciones, el impacto de hacer primarias vinculantes sea muy bajo en virtud de lo que se busca lograr con esta iniciativa.
Las reformas políticas, desde que se volvió a la democracia en 1990 se han caracterizado por dos cosas: Por realizarse de forma inorgánica, y por realizarse para mantener intactos los aspectos más relevantes, que hoy son abiertamente cuestionados. Dado el escenario actual, donde la representatividad de los partidos y la clase política va cayendo en picada, realizar reformas que mejoren la institucionalidad político-partidaria se vuelve de suma importancia si se quiere evitar un desenlace caótico para el sistema político chileno. Tomando lo anterior, las iniciativas anunciadas por el Presidente Piñera son bienvenidas al abrir un debate necesario en dos frentes: Representatividad y Descentralización; sin embargo es importante, e incluso crítico, que estas reformas políticas se diseñen y se discutan de forma sistémica, que al abordar un tópico se vea de inmediato el efecto que tendrá en otros puntos para elaborar respuestas más integrales a los problemas que enfrenta el sistema político.
En conclusión, es posible afirmar que estos proyectos son muy importantes al abrir ventanas que permiten discutir a fondo en el contexto actual aspectos clave de nuestra institucionalidad, pero el éxito o fracaso de estas reformas no pasará por la votación que puedan obtener en el Parlamento, sino que más bien por la factibilidad de que el debate sobre reformas políticas se aborde de forma más integral y se haga una agenda macro de cambios institucionales que permitan dejar atrás la gatopardiana historia de las reformas políticas de la transición. O sea, ahora es cuando para debatir cambios, pero que se discutan de verdad y a fondo, o de lo contrario no se logrará nada.
“Si la información y el conocimiento son centrales para la democracia, son condiciones para el desarrollo”. Kofi Annan
Durante el período comprendido entre los días 6 y 12 de junio del corriente año, tuve la oportunidad de viajar a la República de Chile, en virtud de haber sido consagrado ganador del concurso sobre acceso a la información pública que organizaran la Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) y la Universidad de Palermo, casa de estudio de la cual soy alumno de posgrado actualmente.
La República de Chile es uno de los países de Latinoamérica que, entre varios de la región como ser los casos de México y Uruguay, cuenta con una ley de transparencia y acceso a la información pública (ley 20.285), la cual entró en vigencia en el año 2009. Esta ha sido una de las reformas más profundas que se han generado en la agenda de probidad y transparencia del gobierno de Michelle Bachelet y, sin dudas, marcó un punto de inflexión en la vida política de ese país, en tanto introdujo modificaciones en el diseño institucional que han conllevado a la conformación de un estado más accesible para los ciudadanos y, por ende, de mayor raigambre democrática.
En este sentido, la ley de transparencia ha establecido un bloque de información mínimo que todos los órganos del estado deben exponer al público en forma obligatoria y proactiva a través de sus sitios web; ésto se denomina transparencia activa. Luego, ha delineado un procedimiento mediante el cual todos los ciudadanos pueden solicitar información a dichos órganos, sin cumplir con formalidad alguna, ni justificar su pretensión, lo cual se ha llamado transparencia pasiva.
Por otra parte, se ha incorporado a nivel constitucional el principio de publicidad de los actos de la Administración, conforme el cual toda aquella información que se encuentra en poder del estado se presume pública, y su reserva sólo puede ser invocada cuando se presenten determinados presupuestos fijados por ley (seguridad nacional, afectación de las tareas del organismo, etc.), recayendo en el órgano requerido la obligación de acreditar en forma fehaciente tal extremo.
Asimismo, en el marco de la ley de transparencia, se ha creado un organismo de control y fiscalización denominado Consejo para la Transparencia –www.consejotransparencia.cl-, que funciona como autoridad de aplicación ante los reclamos que se generen en torno a dicha temática; es importante remarcar el reconocimiento positivo que dicho consejo posee por parte de los usuarios de la ley, en tanto sus integrantes cuentan con una reconocida independencia del poder político central.
Como parte de la agenda que transité en mi estadía en Chile, tuve la posibilidad de entrevistarme con los principales integrantes de este organismo, como así también de presenciar audiencias orales y públicas en las cuales se expusieron casos de amparo al acceso a la información; y asimismo participé de una reunión interna donde pude observar el modo en que se debaten y resuelven los casos llevados a su conocimiento. Esta interacción directa me he permitido advertir el rol fundamental que el Consejo ha desempeñado en la aplicación de la ley de transparencia.
Por otra parte, he notado la importancia que han tenido en este proceso las organizaciones no gubernamentales, quienes sin duda se han transformado en actores de vital importancia a la hora de impulsar y fiscalizar las políticas de transparencia estatal. Con este norte, me entrevisté con los directores de las fundaciones Ciudadano Inteligente y Pro acceso, las cuales, desde ópticas distintas, realizan actividades y proyectos en pos de profundizar el acceso a la información que se encuentra en poder del Estado y lograr transformarse en un canal de comunicación entre ésta y los ciudadanos.
A partir de este panorama, debo resaltar la apertura que he observado en el vecino país en torno a la información pública, esencialmente a partir de la entrada en vigencia de la ley de acceso a la información; como así también el modo positivo en que se fomenta la cultura de la transparencia respecto de los organismos y funcionarios públicos, en contraposición con el secretismo que reinó en épocas anteriores.
Como corolario, entiendo importante remarcar que la libertad de expresión es un derecho fundamental sobre el cual se debe cimentar una sociedad democrática y, con este norte, la posibilidad de acceder a la información que se encuentra en poder del Estado juega, sin lugar a dudas, un rol fundamental en su desarrollo.
Esto nos muestra de manera evidente la importancia de contar en nuestro país con un texto legislativo específico que reglamente el ejercicio de tal derecho, pues será una herramienta fundamental a fin de lograr la conformación de un sistema estatal que se ajuste a los estándares de transparencia exigidos a nivel internacional y, de esta forma, procurar una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones estatales, a través del control de los actos de sus representantes. La implementación de prácticas sobre transparencia es un imperativo de las sociedades democráticas, las cuales en forma cada vez más creciente exigen a los funcionarios públicos que las administran que rindan cuentas sobre sus gestiones, para lo cual necesariamente deben encontrarse adecuadamente informadas.
No se puede negar que aquellas decisiones que sean adoptadas en las sombras, generarán en los ciudadanos un alto grado de desconfianza y, como consecuencia, un paulatino deterioro institucional, mientras que aquéllas que sean transparentes y permitan ser sometidas al escrutinio público, no sólo implicarán un mejoramiento en las prácticas de los organismos públicos, sino que producirán un afianzamiento de los mismos y, como resultado de ello, una profundización de nuestro sistema democrático.
El descontento generalizado con la clase política es un lugar común: según la última encuesta Adimark, el Senado tiene un 60% de desaprobación, la Cámara de Diputados un 64%, la Concertación un 71% y la Alianza un 66%. El 70% desaprueba la labor del Gobierno, y un 68% la labor del Presidente: la ciudadanía no está satisfecha con la forma en que se están haciendo las cosas, pero tampoco parece estar haciendo mucho más que quejarse al respecto.
¿Estamos decepcionados de la política y de la democracia? Podríamos decir que sí, pero tanto las demandas de los movimientos sociales por más espacios de participación y democratización, como la adhesión ciudadana que éstos han tenido, nos pueden hacer creer que no, lo que evidentemente es esperanzador.
¿Una nueva ciudadanía? La ciudadanía se realiza en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de deberes. Implica reconocernos como integrantes de una misma comunidad política y, también, adquirir la conciencia de autodeterminación, es decir, que podemos decidir la forma en la que queremos vivir. Pero ello exige que la ciudadanía participe y que exista una institucionalidad que la legitime y sea depositaria de esa participación: en ambos Chile está en deuda.
Está en deuda porque no ha podido generar una institucionalidad plural que incorpore las lógicas del conflicto social, no pudiendo tener un espacio de consenso amplio y representativo. Hasta el momento, una de las propuestas desde la institucionalidad es la inscripción automática y el voto voluntario como mecanismo para fomentar la participación política, una participación que hoy se refleja en las calles y redes sociales, pero no en las urnas. Dicho proyecto de Ley ingresó al Congreso el 1 de diciembre de 2010, y aunque se le puso suma urgencia por el Ejecutivo, éste aún se encuentra en primer trámite constitucional. En el fondo, el proyecto apuesta a que la voluntariedad del voto hará que las propuestas políticas sean más atractivas y, por tanto, se acerquen a las sensibilidades de la ciudadanía.
Ahora bien, así como la institucionalidad está en deuda, sobre la ciudadanía también recaen responsabilidades, y muchas. Como espejo del descontento generalizado, se ha ido acentuando una baja en la participación política: Para las elecciones de 1992 el 88% de la población en edad de votar estaba inscrita en el registro electoral, mientras que en el 2009 esta cifra alcanzó sólo el 68%. Existen más de 5 millones de chilenos que, pudiendo hacerlo, no están votando (sumando los no inscritos y los inscritos que no votaron en la última elección). Y para los jóvenes las cifras de participación son todavía peores, siendo los que hoy están movilizados buscando ser escuchados: si en 1992 el 79% de los jóvenes estaba inscrito en el registro electoral, para el 2009 esta cifra alcanzaba sólo el 23%. ¿Cuánto representa la participación de los jóvenes en el padrón electoral? En 1992 un 30%, el 2009 apenas el 9%.
¿La inscripción automática y el voto voluntario son el mecanismo para revertir esta tendencia? No si los casi 12 millones de chilenos que podríamos votar considera que la política no resuelve sus problemas. Sin embargo, mantenernos al margen del sistema eleccionario no hace más que reforzar la mediocridad de los políticos a los que tanto criticamos desde el costado.
El aumento de la participación política será una consecuencia del definitivo arraigo de una cultura política por parte de la ciudadanía, pues desde ahí será posible presionar para abrir los espacios de participación en las instituciones. Para que esto se logre, y mientras el proyecto se siga discutiendo en el Congreso por probablemente mucho tiempo más, la ciudadanía debe reconquistar la política para sí misma, volver a querer y creer en cambios, y apropiarse de los temas públicos. Para ello, el punto de partida es la base de la participación democrática: el voto, voluntario u obligatorio, automático o después de un trámite, en línea o presencial, da lo mismo. Lo importante es que la desaprobación no se quede en las calles sino que promueva cambios, y haga que nos pasemos a Chile por la urna. Las inscripciones para hacerlo están abiertas hasta el 31 de diciembre: #chilemelopasoporlaurna
Publicación original The Clinic