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Tag: información


Vota Inteligente llegó a Argentina

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Uno de los principales proyectos de la Fundación Ciudadano Inteligente cruza la cordillera de Los Andes para llegar a Argentina. Se trata de Vota Inteligente, el primer proyecto que desarrolló la ONG chilena desde septiembre de 2009.

Con el paso del tiempo Vota Inteligente se ha ido desarrollando en dos dimensiones; la primera, en época de elecciones como “Vota Inteligente (Ciudadano)”; y la segunda, en los tiempos donde no hay elecciones como “Vota Inteligente (parlamentario)”,  realizando un monitoreo exhaustivo del trabajo que se realiza en el congreso.

La aplicación exportada al vecino país se enfoca en el periodo de elecciones que están viviendo, y con ella se busca promover una disminución de las asimetrías de información existentes entre los candidatos y los ciudadanos. A través de estas aplicaciones web interactivas y de fácil uso se informa acerca de las promesas de campaña y los perfiles de los candidatos.

Además se reformula la “Media Naranja Política”, donde los argentinos podrán comparar sus posturas personales con la de los candidatos, y así encontrar la media naranja que más se adecua a sus intereses país.

Votainteligente.com.ar es un proyecto liderado por las organizaciones argentinas; Poder Ciudadano en asociación con CIPPEC y YoQuieroSaber.org. Mientras que el desarrollo web de la herramienta, software de gestión y visualizaciones fueron elaboradas por la Fundación Ciudadano Inteligente.

Para Ciudadano Inteligente, como fieles partidarios del “código abierto” y los “datos abiertos” es un gran paso en el desarrollo de aplicaciones pro transparencia, pues con pasos concretos como la colaboración entre ONG’s de distintos países se avanza en la promoción de una mayor transparencia y participación ciudadana informada y responsable.

 

¡No esperes más y visita VotaInteligente.com.ar!

 

Acceso a la información pública: experiencia en la República de Chile

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Si la información y el conocimiento son centrales para la democracia, son condiciones para el desarrollo”. Kofi Annan

Durante el período comprendido entre los días 6 y 12 de junio del corriente año, tuve la oportunidad de viajar a la República de Chile, en virtud de haber sido consagrado ganador del concurso sobre acceso a la información pública que organizaran la Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) y la Universidad de Palermo, casa de estudio de la cual soy alumno de posgrado actualmente.

La República de Chile es uno de los países de Latinoamérica que, entre varios de la región como ser los casos de México y Uruguay, cuenta con una ley de transparencia y acceso a la información pública (ley 20.285), la cual entró en vigencia en el año 2009. Esta ha sido una de las reformas más profundas que se han generado en la agenda de probidad y transparencia del gobierno de Michelle Bachelet y, sin dudas, marcó un punto de inflexión en la vida política de ese país, en tanto introdujo modificaciones en el diseño institucional que han conllevado a la conformación de un estado más accesible para los ciudadanos y, por ende, de mayor raigambre democrática.

En este sentido, la ley de transparencia ha establecido un bloque de información mínimo que todos los órganos del estado deben exponer al público en forma obligatoria y proactiva a través de sus sitios web; ésto se  denomina transparencia activa. Luego, ha delineado un procedimiento mediante el cual todos los ciudadanos pueden solicitar información a dichos órganos, sin cumplir con formalidad alguna, ni justificar su pretensión, lo cual se ha llamado transparencia pasiva.

Por otra parte, se ha incorporado a nivel constitucional el principio de publicidad de los actos de la Administración, conforme el cual toda aquella información que se encuentra en poder del estado se presume pública, y su reserva sólo puede ser invocada cuando se presenten determinados presupuestos fijados por ley (seguridad nacional, afectación de las tareas del organismo, etc.), recayendo en el órgano requerido la obligación de acreditar en forma fehaciente tal extremo.

Asimismo, en el marco de la ley de transparencia, se ha creado un organismo de control y fiscalización denominado Consejo para la Transparenciawww.consejotransparencia.cl-, que funciona como autoridad de aplicación ante los reclamos que se generen en torno a dicha temática;  es importante remarcar el reconocimiento positivo que dicho consejo posee por parte de los usuarios de la ley, en tanto sus integrantes cuentan con una reconocida independencia del poder político central.

Como parte de la agenda que transité en mi estadía en Chile, tuve la posibilidad de entrevistarme con los principales integrantes de este organismo, como así también de presenciar audiencias orales y públicas en las cuales se expusieron casos de amparo al acceso a la información; y asimismo participé de una reunión interna donde pude observar el modo en que se debaten y resuelven los casos llevados a su conocimiento. Esta interacción directa me he permitido advertir el rol fundamental que el Consejo ha desempeñado en la aplicación de la ley de transparencia.

Por otra parte, he notado la importancia que han tenido en este proceso las organizaciones no gubernamentales, quienes sin duda se han transformado en actores de vital importancia a la hora de impulsar y fiscalizar las políticas de transparencia estatal. Con este norte, me entrevisté con los directores de las fundaciones Ciudadano Inteligente y Pro acceso, las cuales, desde ópticas distintas, realizan actividades y proyectos en pos de profundizar el acceso a la información que se encuentra en poder del Estado y lograr transformarse en un canal de comunicación entre ésta y los ciudadanos.

A partir de este panorama, debo resaltar la apertura que he observado en el vecino país en torno a la información pública, esencialmente a partir de la entrada en vigencia de la ley de acceso a la información; como así también el modo positivo en que se fomenta la cultura de la transparencia respecto de los organismos y funcionarios públicos, en contraposición con el secretismo que reinó en épocas anteriores.

Como corolario, entiendo importante remarcar que la libertad de expresión es un derecho fundamental sobre el cual se debe cimentar una sociedad democrática y, con este norte, la posibilidad de acceder a la información que se encuentra en poder del Estado juega, sin lugar a dudas, un rol fundamental en su desarrollo.

Esto nos muestra de manera  evidente la importancia de contar en nuestro país con un texto legislativo específico que reglamente el ejercicio de tal derecho, pues será una herramienta fundamental a fin de lograr la conformación de un sistema estatal que se ajuste a los estándares de transparencia exigidos a nivel internacional y, de esta forma, procurar una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones estatales, a través del control de los actos de sus representantes. La implementación de prácticas sobre transparencia es un imperativo de las sociedades democráticas, las cuales en forma cada vez más creciente exigen a los funcionarios públicos que las administran que rindan cuentas sobre sus gestiones, para lo cual necesariamente deben encontrarse adecuadamente informadas.

No se puede negar que aquellas decisiones que sean adoptadas en las sombras, generarán en los ciudadanos un alto grado de desconfianza y, como consecuencia, un paulatino deterioro institucional, mientras que aquéllas que sean transparentes y permitan ser sometidas al escrutinio público, no sólo implicarán un mejoramiento en las prácticas de los organismos públicos, sino que producirán un afianzamiento de los mismos y, como resultado de ello, una profundización de nuestro sistema democrático.

Con un DICOM en el zapato

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Tú quizás no lo sabes, pero debes tener por seguro que “alguien te mira”. Crees que todo a tu alrededor está en orden, que nadie te sigue o le interesas. Pero hay muchos fragmentos de tu persona que se distribuyen día a día en distintos lados ¡Y los manosean!

“DICOM es EQUIFAX”. Y es también uno de nuestros acechadores. Trabaja contigo como si fueras un insumo más, te pone a disposición de los que pagan para ver tu performance, y tú te expones sin ni siquiera saberlo.Te entregaron cual chicle a las manos de quien paga –desde- la módica suma de $900.

Este acechador es el que cahuineramente entrega información sobre tus movimientos financieros. Aquellos que por error de la juventud, problemas de salud, un crédito universitario, una mala pasada económica o alguna locura de un ejecutivo a lo “La Polar”, te llevaron a caer en esta lista negra.

Para mal, ya se han detectado varias situaciones donde la información que entrega dicha empresa consta de parámetros más que cuestionables –como el scoring- o es errónea y desactualizada. Ha llegado incluso a afectar a varios de nuestros honorables parlamentarios. Es a raíz de aquello, que se han generado diversos debates en el legislativo con la finalidad de corregir estos “abusos”.

Luego de haber pasado la tormenta del escrutinio legislativo, DICOM puso manos a la obra con algunos arreglos que aquieten a la furiosa clase política. He aquí nuestra piedra en el zapato.

Gracias a una investigación rutinaria de la Fundación Ciudadano Inteligente, en colaboración con El Dinamo, se logro comprobar como DICOM tenía bloqueada la información de nuestros Parlamentarios y de once ministros de estado. Una situación que escapa a la regla general, donde caemos todos los chilenos y que otorga fácil acceso a nuestras más íntimas aventuras financieras.

Una vez más DICOM juega con fuego, pero esta vez parecía que lo estaban haciendo con unos muy buenos guantes. En esta oportunidad nuestras autoridades estarían protegidas, ante lo cual había menos posibilidades de que detectara algún problema. Y si alguien, con la fotocopia de la cédula de identidad de nuestra autoridad X, más un poder notarial autorizando, lograba acceder a la información, todo sería limpio, ejemplar y un gran trabajo informativo.

Desgraciadamente DICOM no contaba con que un sujeto en algún momento se iba a encontrar con esto. Sumado a las malas explicaciones de su call center, que dan a comprender que por simple azar hay chilenos que se encuentran afortunadamente menos “manoseados” que otros.

En los hechos, una herramienta que debería estar basada en los principios de igualdad y transparencia, ha categorizado a los chilenos entre ciudadanos de primera o de segunda; “los que puedo manosear, y los que no”. Y es que realmente resulta muy poco creíble que de todos los parlamentarios, absolutamente todos hayan salido sorteados por DICOM para que sus datos no estén disponibles ¡eso es suerte, como para partir a jugar un raspe!

Así también, luego de que la comisión de economía del Senado aprobara la idea de modificar el marco regulatorio de la ley de protección de datos personales, y el bochorno vivido por el gerente general de EQUIFAX en dicha instancia -a quien se le enrostraron informes erróneos de parlamentarios-, se presta para más de una suspicacia este regalito que privilegia a nuestras autoridades. Quizás más de un mal pensado recordó la palabra “lobby”.

Luego que la situación ya era de conocimiento de la opinión pública, DICOM por arte de magia entregó acceso a los perfiles de todos nuestros parlamentarios y de los once ministros que estaban protegidos. Un triunfo para los ciudadanos, pero un tremendo ¡plop! para un sistema que supuestamente funciona bien y acorde a la legalidad.

Entonces; si yo hago todo bien y el azar es mi copiloto ¿Por qué entrego rápidamente acceso a los perfiles que minutos antes estaban protegidos? ¿Será que justo en ese momento los técnicos y analistas terminaron de trabajar?

Son estas cosas las que nos hacen cuestionar el sistema y preguntarnos ¿Qué valores son más importantes? Los que defiende el gerente general de EQUIFAX, que busca  brindar seguridad al comercio, entregando información veraz y oportuna a los que paguen por ella, o aquellos que nos hablan de la protección de los datos personales, de la veracidad de la información, del conocimiento que debemos tener sobre información nuestra que anda circulando, o por último, aquel principio constitucional de la igualdad. A mi juicio los valores que debemos proteger son los últimos.

No es que Chile no necesite un sistema de información comercial, lo necesita para hacer funcionar su economía en las transacciones del día a día, y así hacer más seguras las mismas. Pero definitivamente lo que no necesitamos es una empresa que manosea a su antojo a millones de chilenos, sin mayor fiscalización y entregando información con filtros arbitrarios.

“DICOM es EQUIFAX”, y es también la empresa que ya no cuenta con la confianza y credibilidad de los chilenos para manejar sus vidas.

Es de esperar que la reforma, que espera en el congreso, vea pronto la luz en nuestro ordenamiento jurídico, y así en algo podamos estar más tranquilos a la hora de hacer algo tan simple y vital como ir a pedir trabajo.

 

Publicación original en El Dinamo

 

El que monitorea último, monitorea mejor

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Es verdad. Siempre es bueno que un gobierno esté conectado con los ciudadanos, y que sepa por donde van los intereses de las mayorías y minorías. Una herramienta recurrente para sondear a los ciudadanos son los estudios de opinión, las clásicas encuestas. Dichas herramientas, por vía de la ley 19.628, hoy son objeto de regulación y protección de datos personales, limitando así la información que puede hacer identificable al sujeto, entre otras cosas. De otra manera, ¿estaría bien que el gobierno nos tuviese plenamente identificados?

Hace algunos meses atrás, el Gobierno de Chile anunció que comenzaría a monitorear las redes sociales y blogs, lugar donde en la actualidad se pueden encontrar la mayor fuente de opiniones ciudadanas, aquellas que no son sondeadas por encuestas políticas.

Como es lógico, los usuarios de dichas plataformas no miraron con buenos ojos esta “vigilancia” que se pretendía realizar sobre sus escritos, fotos, links, y sobre la persona misma. El aparato gubernamental no deja de ser intimidante cuando se contrapone a un ciudadano común, el que se encuentra en desventaja a la hora de responder a un actuar que deja demasiadas interrogantes, y pone entre comillas aquel principio de legalidad que protege al gobernado.

Una cosa es que el gobierno deba saber qué es lo que opina la ciudadanía, pero otra distinta es tener, con absoluta discrecionalidad, grandes cantidades de información sobre miles de personas puntuales. Ya en el sólo anuncio se ejerce una perturbación a la libre manifestación de ideas.

Ya nos parece extraño y poco transparente la manera en que cientos de empresas ejercen tácticas engañosas para obtener los datos de sus clientes, y con ello poder hacer estudios que apunten a acotar el universo al cual dirigir sus campañas. Lamentablemente, el gobierno caía en las mismas tácticas, para sin mediar autorización expresa alguna, lograr recabar información que en muchos casos pertenece a nuestra esfera más doméstica.

Un ejemplo de lo anterior, es la última encuesta CEP, donde el 82% de los consultados dijo no seguir nunca temas políticos en redes sociales. Frente a esto nuevamente se nos presentan las dudas ¿el monitoreo incluye a aquel 82% que no tiene interés político? ¿O se hace un seguimiento más acotado a sólo el 18% restante, dejándolos aún más identificables?

Y finalmente la famosa información llegó….. Fue con el ánimo de indagar sobre los resultados de este monitoreo, y tener un poco más de claridad respecto a las características de la plataforma creada por BrandMetric, que un ciudadano anónimo solicitó a AccesoInteligente.org la información en virtud a la ley de transparencia.

La información proporcionada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, un PowerPoint básico y que parecía más bien una pauta de prensa, dejó ver la escasa capacidad de análisis con la que fue tratada la información. Faltaron muchos puntos, como los detalles de las fuentes, las cantidades de cuentas o blogs monitoreadas, identificación de los más influyentes, si las opiniones son positivas o negativas. En resumen, o no se cumplió con las bases de la licitación, o no se cumplió con la ley de transparencia. Dos eventuales faltas, graves.

Así se marcó el fracaso del sistema de monitoreo. Siendo una decisión errada por parte de la administración de la ex Ministra Von Baer pensar que semejantes cerros de información iban a poder ser analizadas en detalle, sin que medie un gran trabajo, del cual ni siquiera se tenían los recursos tecnológicos.

El gobierno se vio sobrepasado por su propia petición, información en cantidades industriales. Complejizó algo que podría haber sido tan simple como revisar los trending topic de twitter, ver quiénes son los usuarios con más amigos o seguidores, utilizar herramientas complementarias para analizar visitas, menciones, retweets, o cantidad de veces que se compartió. En las redes sociales no es muy complejo ver qué pasa, por donde va la conversación, y como se comparte. Lo fundamental es ver como “yo” estoy posicionado desde mi cuenta, más que tratar de infiltrar la de los otros.

Y pasó lo que tenía que pasar… El Consejo para la Transparencia haciendo una importante interpretación de la ley 19.628, manifestó que aquí efectivamente había datos personales en juego, pues al finalizar el proceso de recolección de datos se puede llegar incluso al domicilio desde donde se emitió la opinión en cuestión. Dejando también en claro que muchos usuarios de la web, basados en un sentido de responsabilidad, han preferido utilizar sus nombres en vez de nicks, lo que de igual forma, no pone automáticamente la información a disposición del Gobierno, pues debe haber un sentido de pertinencia.

En este contexto, fue informado por varios medios de comunicación, que el actual Ministro Vocero de gobierno, Andrés Chadwick, optó por poner término al monitoreo de las redes sociales. Dejando nuevamente dos interrogantes, ¿se tomó esta decisión por el cuestionamiento de los ciudadanos, o por un real temor al informe que iba a emanar la contraloría en los próximos días?

Y así se fue el monitoreo, con el mismo manto oscuro con el cual llegó, sin mayores explicaciones y con preguntas al aire que nadie ha sabido contestar de frente a los “monitoreados”. Todo se transformó en un mal informe de redes sociales, un autogol político y un sector de la sociedad que sintió vulnerados sus derechos a gozar sanamente de la tecnología, y de aquellas redes con las que compartimos gran parte de nuestra cotidianeidad, siempre a sabiendas que tenemos un menú con la opción de expulsar, o bloquear, a aquel que nos desagrada.

Ganaron los ciudadanos, pues una vez más ejercieron su propio monitoreo, demostraron interés e impusieron la agenda, bloqueando así, con las herramientas de la transparencia y la participación, a los únicos que no tenían la opción de bloquear.

 

Publicación Original en The Clinic


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