La era de la información y el conocimiento que se vive actualmente, ha contribuido a que los ciudadanos con acceso a Internet tengan la posibilidad de poder interactuar de una forma más directa con sus representantes populares, situados en las diferentes esferas del poder gubernamental, a través de las Redes Sociales y otros tipos de tecnologías de información que muchas estructuras de gobierno, no tan solo en México sino en el mundo, están implementando como parte de sus proyectos de Gobierno 2.0 también conocidos como Gobierno Abierto, mismos que buscan principalmente una mayor transparencia, apertura y colaboración en relación con los ciudadanos.
Las redes sociales actuales como FaceBook y Twitter, permiten a los ciudadanos organizarse de manera virtual y construir demandas ciudadanas, mismas que son entregadas utilizando estas tecnologías de información, y en otros casos, han permitido y fomentado la participación ciudadana en temas que son de interés público, lo que ha dejado patente a los políticos o servidores públicos la enorme responsabilidad que tiene su labor en las decisiones que toman a nombre de millones de ciudadanos.
Para la Dra. Silvia Bolos Jacob, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de México, el término participación ciudadana se aplica a aquellos casos que representan una respuesta – individual o colectiva – desde lo social a una convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en aquellos espacios institucionales que éstas designan o crean. Las redes sociales en la actualidad, juegan un importante papel en la promoción de la participación ciudadana y posibilitan el ejercicio de este derecho de parte de los ciudadanos, como lo establece, para el caso particular de México, el artículo 7, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que indica como obligación de transparencia para las dependencias federales así como sus otros sujetos obligados contar con mecanismos que garanticen esta participación.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la participación ciudadana se puede entender como un proceso que incluye tanto al gobierno como a la sociedad. De esta manera, una dependencia gubernamental tiene la posibilidad de crear espacios virtuales a través del uso de redes sociales que permitan a un ciudadano tomar posición, a través de sus comentarios o preguntas, independientemente de su poder de intervención en las decisiones públicas de la institución.
Finalmente, es importante comentar los aspectos que una dependencia gubernamental debe considerar al tomar la decisión de incorporarse a las redes sociales. Uno de ellos es la generación y aprobación de lineamientos para regular el funcionamiento de las cuentas de FaceBook y Twitter (por ser las de más uso actualmente), mismos que deberán ser aprobados por el órgano competente al interior de la institución. Estos lineamientos una vez aprobados deberán hacerse del conocimiento, tanto al interior de la dependencia, así como a la ciudadanía a través de un boletín informativo en el Sitio Web sobre la incorporación de la dependencia a las redes sociales mencionadas.
Estos lineamientos deberán establecer de manera clara entre, otros aspectos, el tipo de información que se publicará (distinguiendo claramente entre la información en materia de Comunicación Social y la relativa a Transparencia y Acceso a la Información Pública), las políticas para su uso, la regulación de comentarios y opiniones, la aclaración de dudas específicas, el comportamiento de etiqueta en las mismas tanto para la institución como para la ciudadanía, la unidad interna que será responsable de administrar dichas cuentas, etc.
Es verdad. Siempre es bueno que un gobierno esté conectado con los ciudadanos, y que sepa por donde van los intereses de las mayorías y minorías. Una herramienta recurrente para sondear a los ciudadanos son los estudios de opinión, las clásicas encuestas. Dichas herramientas, por vía de la ley 19.628, hoy son objeto de regulación y protección de datos personales, limitando así la información que puede hacer identificable al sujeto, entre otras cosas. De otra manera, ¿estaría bien que el gobierno nos tuviese plenamente identificados?
Hace algunos meses atrás, el Gobierno de Chile anunció que comenzaría a monitorear las redes sociales y blogs, lugar donde en la actualidad se pueden encontrar la mayor fuente de opiniones ciudadanas, aquellas que no son sondeadas por encuestas políticas.
Como es lógico, los usuarios de dichas plataformas no miraron con buenos ojos esta “vigilancia” que se pretendía realizar sobre sus escritos, fotos, links, y sobre la persona misma. El aparato gubernamental no deja de ser intimidante cuando se contrapone a un ciudadano común, el que se encuentra en desventaja a la hora de responder a un actuar que deja demasiadas interrogantes, y pone entre comillas aquel principio de legalidad que protege al gobernado.
Una cosa es que el gobierno deba saber qué es lo que opina la ciudadanía, pero otra distinta es tener, con absoluta discrecionalidad, grandes cantidades de información sobre miles de personas puntuales. Ya en el sólo anuncio se ejerce una perturbación a la libre manifestación de ideas.
Ya nos parece extraño y poco transparente la manera en que cientos de empresas ejercen tácticas engañosas para obtener los datos de sus clientes, y con ello poder hacer estudios que apunten a acotar el universo al cual dirigir sus campañas. Lamentablemente, el gobierno caía en las mismas tácticas, para sin mediar autorización expresa alguna, lograr recabar información que en muchos casos pertenece a nuestra esfera más doméstica.
Un ejemplo de lo anterior, es la última encuesta CEP, donde el 82% de los consultados dijo no seguir nunca temas políticos en redes sociales. Frente a esto nuevamente se nos presentan las dudas ¿el monitoreo incluye a aquel 82% que no tiene interés político? ¿O se hace un seguimiento más acotado a sólo el 18% restante, dejándolos aún más identificables?
Y finalmente la famosa información llegó….. Fue con el ánimo de indagar sobre los resultados de este monitoreo, y tener un poco más de claridad respecto a las características de la plataforma creada por BrandMetric, que un ciudadano anónimo solicitó a AccesoInteligente.org la información en virtud a la ley de transparencia.
La información proporcionada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, un PowerPoint básico y que parecía más bien una pauta de prensa, dejó ver la escasa capacidad de análisis con la que fue tratada la información. Faltaron muchos puntos, como los detalles de las fuentes, las cantidades de cuentas o blogs monitoreadas, identificación de los más influyentes, si las opiniones son positivas o negativas. En resumen, o no se cumplió con las bases de la licitación, o no se cumplió con la ley de transparencia. Dos eventuales faltas, graves.
Así se marcó el fracaso del sistema de monitoreo. Siendo una decisión errada por parte de la administración de la ex Ministra Von Baer pensar que semejantes cerros de información iban a poder ser analizadas en detalle, sin que medie un gran trabajo, del cual ni siquiera se tenían los recursos tecnológicos.
El gobierno se vio sobrepasado por su propia petición, información en cantidades industriales. Complejizó algo que podría haber sido tan simple como revisar los trending topic de twitter, ver quiénes son los usuarios con más amigos o seguidores, utilizar herramientas complementarias para analizar visitas, menciones, retweets, o cantidad de veces que se compartió. En las redes sociales no es muy complejo ver qué pasa, por donde va la conversación, y como se comparte. Lo fundamental es ver como “yo” estoy posicionado desde mi cuenta, más que tratar de infiltrar la de los otros.
Y pasó lo que tenía que pasar… El Consejo para la Transparencia haciendo una importante interpretación de la ley 19.628, manifestó que aquí efectivamente había datos personales en juego, pues al finalizar el proceso de recolección de datos se puede llegar incluso al domicilio desde donde se emitió la opinión en cuestión. Dejando también en claro que muchos usuarios de la web, basados en un sentido de responsabilidad, han preferido utilizar sus nombres en vez de nicks, lo que de igual forma, no pone automáticamente la información a disposición del Gobierno, pues debe haber un sentido de pertinencia.
En este contexto, fue informado por varios medios de comunicación, que el actual Ministro Vocero de gobierno, Andrés Chadwick, optó por poner término al monitoreo de las redes sociales. Dejando nuevamente dos interrogantes, ¿se tomó esta decisión por el cuestionamiento de los ciudadanos, o por un real temor al informe que iba a emanar la contraloría en los próximos días?
Y así se fue el monitoreo, con el mismo manto oscuro con el cual llegó, sin mayores explicaciones y con preguntas al aire que nadie ha sabido contestar de frente a los “monitoreados”. Todo se transformó en un mal informe de redes sociales, un autogol político y un sector de la sociedad que sintió vulnerados sus derechos a gozar sanamente de la tecnología, y de aquellas redes con las que compartimos gran parte de nuestra cotidianeidad, siempre a sabiendas que tenemos un menú con la opción de expulsar, o bloquear, a aquel que nos desagrada.
Ganaron los ciudadanos, pues una vez más ejercieron su propio monitoreo, demostraron interés e impusieron la agenda, bloqueando así, con las herramientas de la transparencia y la participación, a los únicos que no tenían la opción de bloquear.
Publicación Original en The Clinic