Por Álvaro Castañón.
Parte esencial de ser un buen político es prometer a los ciudadanos un futuro mejor. El problema ocurre, cuando prometer “cielo, mar y tierra” se convierte en una costumbre, y cumplir es un acto más bien excepcional. Desgraciadamente, la adictiva costumbre de prometer algo como acto reflejo ante algún problema contingente o cuestionamiento, ha llevado a que los ciudadanos sean un poco más exigentes, mirando con desilusión y posterior rabia cuando las promesas quedan en el olvido de la autoridad.
Es así como se hace necesaria la constante fiscalización de los compromisos que adquieren nuestras autoridades, específicamente el Presidente de la República, quien tiene variadas instancias para prometer a nivel micro y macro, como ocurre en las campañas electorales o los discursos del 21 de mayo.
En la Fundación Ciudadano Inteligente se han realizado tres estudios en esta materia, pero además pusimos especial atención en el último discurso del 21 de mayo, y mucho de lo que allí escuchamos resultó conocido. De 45 promesas que implican iniciativa legal, es decir, hacen participes del debate al congreso como órgano de representación popular, 27 de ellas eran repetidas de alguno de los dos discursos anteriores, y sólo 18 son promesas nuevas.
Dentro de las promesas repetidas podemos encontrar la -a estas alturas- famosa Superintendencia de Educación Superior, o la regulación respecto de las empresas multi rut. Quizás también le suene la ley que nos proveería de una carretera energética, la Subsecretaría de DDHH, una nueva ley de Isapres, o la reina de las promesas repetidas; “una ley de reconocimiento de pueblos originarios”. En total, un 60% de las promesas del pasado discurso del Presidente Piñera son “chistes repetidos”.
Pero no debemos sesgar nuestro análisis y agotarlo en el Presidente Piñera, pues muchos de estos chistes ya habían sido contados antes. Algunos, se reiteran intentando superar los problemas de apoyo político, como es el caso del voto de chilenos en el extranjero. Otras promesas sin embargo, responden a la necesidad recurrente de dar una respuesta a un problema clásico, pero sin llegar a concretar una iniciativa legal que sea permanente en el tiempo, así ocurre con el reconocimiento de los pueblos originarios.
El no cumplimiento de promesas, o la reiteración de éstas, afectan de manera importante la confianza de los ciudadanos con sus autoridades. Pero hasta acá no hay novedad, pues como dijimos, prometer es parte del oficio.
Lo realmente malo, es cuando un factor que habíamos dado por habitual pasa a ser “la gota que rebalsó el vaso”. Hoy, ya es innegable la crisis que afecta a nuestra clase política y sus instituciones vinculadas. Bajo ese escenario, la sumatoria de “molestias” produce políticos histéricos y ciudadanos indignados, y con justa razón, pero con efectos negativos para el país. Moraleja: no hay que abusar del oficio.
Como sociedad, tenemos que acostumbrarnos a que las nuevas tendencias apuntan a una mayor transparencia y rendición de cuentas, pero también al empoderamiento ciudadano que se traduce en fiscalización. La solución, son los gobiernos abiertos a la sociedad civil, donde los flujos de información son honestos en relación a lo que se cumplió, en lo que se está trabajando y lo que no se va a poder hacer. Tomando lo anterior como un primer paso, podemos seguir escuchando promesas de futuro, y aplaudiendo aquellos chistes que tienen un sustento para ser aplaudidos.
Los ciudadanos vamos ganando la carrera. Estamos más organizados, las tecnologías de la información ayudan mucho a que sea fácil generar puntos de encuentro y compartir información. De ésta forma las promesas que se repiten una y otra vez, de gobierno en gobierno, ya no son una formula de éxito.
Más temprano que tarde nuestras autoridades tendrán que tomar conciencia y tener cuidado con lo que prometen, o arriesgarse lanzando el chiste repetido, y esperar la reacción de un público que aparentemente cada vez entienden menos.
Fuente: La Tercera Blogs
Por Álvaro Castañón.
Durante años nos hemos acostumbrado a ver el 21 de mayo como una fecha en que los Presidentes de la República realizan grandes anuncios como respuesta a la contingencia. El discurso consiste estructuralmente en una promesa de mejoramiento área a área de las cosas que conforman “los problemas reales de la gente”.
Sin embargo, olvidamos un sentido muy importante que tiene el 21 de mayo; la rendición de cuentas que el Presidente debe hacer ante el congreso pleno, y gracias a los medios de comunicación, ante todos los ciudadanos. Éste no es un simple capricho del gobierno de turno, es un mandato constitucional, aunque la gran mayoría de las veces es olvidado por el afán de lograr grandes promesas que buscan una solución total e imaginaria a los problemas de la política.
Después del discurso, nuestro poder ejecutivo trabaja arduamente por entregarnos luces del cumplimiento de sus pomposos anuncios, pero ¿tenemos claridad realmente del avance de esos anuncios?, o más fácil ¿se cumplen las promesas realizadas el 21 de mayo?
Es ahí cuando nuevamente necesitamos el concepto “rendición de cuentas”. La misma instancia que la constitución entrega al Jefe de Estado de turno se vuelve en sí contradictoria, pues por un lado tenemos una pseudo-rendición de cuentas, que no es otra cosa que una enumeración de logros, y por otro lado las múltiples promesas nuevas, careciendo totalmente el discurso de un esquema que vaya recordándonos lo “que se dijo” contra “lo que es”.
Desde el año pasado se han diversificado los estudios que tienen como objetivo entregar a la opinión pública visiones respecto del cumplimiento de promesas, buscando así reparar la completa ignorancia que tienen los ciudadanos respecto al cumplimiento de las promesas del programa de gobierno y/o discurso presidencial de los 21 de mayo.
Es así como la Fundación Ciudadano Inteligente, con su sitio http://deldichoalhecho.cl, ha realizado un esfuerzo por llegar a cifras imparciales de cumplimiento de promesas, tomando sólo aquellas que contemplan para su cumplimiento una iniciativa legislativa. El trabajo fue realizado con la base de datos de VotaInteligente.cl, que mediante robots extrae la información de los proyectos de ley del congreso. Realizar el estudio contemplando actos administrativos resulta poco conveniente, pues el difícil acceso a los datos vuelve todo más relativo, perdiendo así consistencia cualquier propuesta metodológica que pretenda medir rigurosamente el cumplimiento de promesas.
Pero incluso con estudios como los antes mencionados, el incumplimiento de promesas se mantiene en un elevado porcentaje, demostrando que aún nos queda un largo camino por recorrer en aras de una buena rendición de cuentas, y un cumplimiento oportuno de los ejes programáticos del gobierno de turno.
En el actual Gobierno de Sebastián Piñera, hemos sido testigos de cómo los estudios empoderan a los ciudadanos, generando una instancia de fiscalización que “pasa la cuenta” de sus promesas a nuestras autoridades. Así, gracias a páginas como deldichoalhecho.cl, nos enteramos de una forma fácil y rápida que el cumplimiento del Programa de Gobierno en materia legislativa alcanza sólo un 24%, mientras que en lo referente a los discursos del 21 de mayo, a la fecha el discurso efectuado el 2010 lleva un 61% de cumplimiento de sus promesas, y el discurso 2011 un 56%.
Por su parte, tanto en el discurso del 21 de mayo 2010 como en el correspondiente al 2011, http://deldichoalhecho.cl nos muestra que en el área de energía se lleva un 0% de cumplimiento. Tendremos que ver ahora qué se promete en dicha área y en qué momento se pasará a la acción, o de lo contrario, ser testigos de cómo se acumulan las promesas en un área de creciente importancia y controversia en nuestro país.
Estas cifras no pueden quedar simplemente en el aire, sino que son un desafío pendiente; avanzar hacia una mejor rendición de cuentas, que se haga cargo de las promesas cumplidas e incumplidas, señalando, de estas últimas, las estrategias para darles cumplimiento. No nos podemos conformar simplemente con los anuncios, y con una impresión engañosa de que “se está trabajando para usted”.
Fuente: The Clinic
Por Álvaro Castañón.
La ley antidiscriminación no debería existir. Es una ley maldita que habla de lo mal que estamos como sociedad y de lo incapaces que son nuestras familias.
En ella, se refleja como cotidianamente el flaco es victima de las “tallas” que terminan aburriendo, el gordo es visto como un pecador si entra a un McDonald’s, el homosexual debe soportar a los machos alpha que se declaran “neonazi”, el judío a los que critican pero ni siquiera conocen su religión y la abuelita tiene que tolerar insultos por caminar lento.
La ley antidiscriminación no es una solución, es una respuesta desesperada de nuestro Estado para suplir las falencias que vienen de la familia, entendiendo a “la familia” en un sentido amplísimo. Dichas falencias –desgraciadamente- apuntan a lo más básico de la educación que podemos entregar a nuestros niños; entender que no somos clones.
Una vez promulgada la ley nuestra sociedad será más legalista. La tarea se cumplió, y olvidaremos aquel minúsculo pensamiento que se refería a la educación. Eso, hasta que tengamos otro caso, donde le concesionemos nuevamente nuestros valores a otra ley.
Pero bajo la lógica anterior, de forma resignada y quizás hasta culposa debemos cuestionarnos si por lo menos; ¿sabemos qué dice el proyecto de ley?
Hoy con el caso de Daniel Zamudio hemos visto como el clamor popular pide una #LeyAntidiscriminaciónAhora, y lo cierto es que muy poco se ha dicho respecto del contenido actual que tiene ese proyecto de ley. Es verdad, el nombre –mediático- de la ley llama a la adhesión unánime, pero el contenido ha resultado ser todo lo contrario.
La “Ley que establece medidas contra la discriminación” presentada –vía mensaje- en octubre de 2005, hoy dista mucho de ser el proyecto de ley aprobado por el Senado. Las diferencias, más allá de las indicaciones que se refieren a las palabras “orientación” o “condición” sexual, han llevado a cambiar parte del sentido del cuerpo legal.
El Mensaje enviado el 2005 nos habla de una ley que tiene por objeto “prevenir y eliminar todas las formas de discriminación”, sin embargo, el proyecto actual tiene por objeto “restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria”. Éste no es un detalle menor, pues pasamos de un objetivo que busca prevenir futuros actos discriminativos a reparar actos que ya ocurrieron.
Frente al cambio de objeto de la norma, la Fundación Iguales ha manifestado que se debe incluir la realización de políticas públicas orientadas a prevenir y eliminar toda forma de discriminación, y que no basta con la simple acción a posteriori.
En el artículo segundo podemos encontrar la definición de discriminación arbitraria, que básicamente se refiere a “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable (…) que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales”.
Sobre la anterior definición, es que sectores conservadores han sentido que se amenaza el pensamiento, dejando abierta la norma para que se abuse de ella y se coarte el simple hecho de pensar diferente. Para la Unión Demócrata Independiente, es preocupante ya que temen que se pueda alegar discriminación por la no aceptación de los órganos del Estado de realizar matrimonios homosexuales.
Más adelante en artículo segundo del texto, se realiza una jerarquización de derechos, fijando expresamente ciertos artículos de la Constitución como superiores, es decir, permiten distinciones, exclusiones o restricciones al ejercicio de los derechos consagrados en el artículo primero del proyecto de ley.
La jerarquización de derechos ha sido duramente rebatida por juristas y la Fundación Iguales, pues hoy se rechaza en el derecho constitucional la idea de que unos derechos sean jerárquicamente superiores a otros.
Seguido en el texto aprobado por el Senado, se consagra en su artículo tercero y siguientes una “acción de no discriminación arbitraria”, que será de competencia del Juez de letras con posibilidad de apelar ante la Corte de Apelaciones. Se trata de un juicio breve que respeta muy bien el debido proceso y con posibilidad de conciliación. La solución que el juez podrá entregar, es esencialmente subsanar la acción u omisión discriminatoria, aplicar multas a favor del fisco, y tomar medidas que aseguren la protección del afectado.
Esta acción resulta una buena solución para corregir los problemas que ha presentado la acción de protección, tanto a nivel administrativo de las Cortes como en su respuesta jurídica. Pese a lo anterior, la elección de la acción judicial que se utilice será a opción del afectado.
Por último en el proyecto de ley, encontramos modificaciones a estatutos administrativos en aras de incluir la no discriminación arbitraria, y una nueva agravante en el artículo 12 del Código Penal.
La discusión entorno al proyecto de ley no ha dejado indiferente a entidades religiosas, partidos políticos y organizaciones ciudadanas. No es tan simple como decir; #LeyAntidiscriminaciónAhora o concesionar nuestros valores a una ley que ha tenido un duro debate y grandes “peros” de todos los sectores.
Si en nuestro Congreso se debate una ley antidiscriminación, es justo y necesario que no se discrimine en el debate. Si vamos a concesionar nuestros valores confiando que una ley va a cumplir el rol corrector de graves problemas, no podemos conformarnos con un marco mínimo que se ajuste a pretensiones actuales y que a futuro quede obsoleto.
Debemos generar un debate de alta calidad, donde la sociedad civil y sus representantes vayan dando forma a una respuesta jurídica eficaz. Con un proceso legislativo de calidad y aceptando la necesidad de políticas públicas que nos corrijan la mala costumbre de entregar a la ley lo que debemos hacer en casa, tendremos por fin una maldita ley antidiscriminación de la cual surja una esperanza fuera de los tribunales.
Fuente: El Dinamo
Por Álvaro Castañón.
¡Todo listo! Tu partido político ha entregado su visto bueno a tu candidatura. Lo ha hecho luego de un tenso proceso, el cual dio como resultado un “sí” tan adolorido como si lo hubieran descontado de sus sueldos.
Ya eres oficialmente un candidato, y lo primero que pasa por tu mente es que tienes que comenzar a cautivar a los votantes, generar redes y lograr que más de un “aperrado” se ponga la polera de tu campaña. Estás ansioso, tienes las ganas y el ímpetu, pero debes partir por lo más fácil, aquello que es gratuito, cool y está de moda.
Diez minutos después de que la ampolleta se prendiera sobre tu cabeza, ya está: ¡tienes Twitter, Facebook y un canal de Youtube! Ahora sólo te tienes que preocupar de entregar tu mensaje, y convencer a todos de que eres su líder, un servidor público que viene al rescate de la política añeja.
Luego comienza la campaña, te das cuenta que la cosa es un cacho, no tienes tiempo para responder preguntas tontas, poner me gusta, subir imágenes, videos y hacer RT. Pero descubres justo a tiempo una excelente app que te permite controlar todo desde tu Smartphone, y la vida cambia, ahora nadie será privado de tus “interesantes” reflexiones.
Lo que no sabias, por obvio que parezca, es que las redes sociales son justamente una “red”, donde todos –o la gran mayoría- llegan con ánimo de interactuar. Es así como para nuestra clase política es una mera plataforma “chora” donde por moda temporal se debe estar. Después de todo, así se hace en las campañas de Estados Unidos, y por cierto, es una buena vitrina y gratis.
El exhibicionismo, es una de las peores depravaciones que pueden atentar contra el concepto de redes sociales. Son los “iluminados” a los cuales sigues por su importancia en el “mundo material”, pero que se limitan a entregar sus reflexiones, sin que sean capaces de responder a los ilusos que creen que acá si podrán tener una conversación de tú a tú con la autoridad.
Una referencia más concreta la podemos extraer del listado elaborado por el diario La Segunda de los “Top 140 Twitteros Chilenos”, donde de esos 140 twitteros menos de 10 son políticos.
En los primeros puestos del ranking publicado podemos encontrar al Presidente Piñera, un clásico ejemplo que sigue a menos del 5% de quienes lo siguen y todo un cyber-exhibicionista. El Presidente no responde ni hace retweet de nada ni de nadie, sólo importa lo que él hace.
En un rango intermedio del listado, tenemos a Laurence Golborne, Marco Enríquez-Ominami y Claudio Orrego. Este último es el más exhibicionista, con poca gente en su time line, muchos seguidores y poca conversación, pero su agenda se actualiza eficazmente.
El ministro Golborne en cambio interactúa más con los twitteros, pero su participación se limita a la autopromoción y a responder a quienes lo mencionan, ya que siguiendo sólo a 124 personas no queda mucho espacio para saber lo que pasa en la “twittosfera”.
El Twitter de ME-O dice que es “atendido por su propio dueño”, y se nota, pues él se da el tiempo para responder, tener un time line de un poco más de 50.000 personas, hacer retweet y ser un exhibicionista no agotador.
Quizás los más rescatables de la lista del diario La Segunda son políticos “old school”, como Tomás Jocelyn-Holt y Jorge Schaulsohn. Este último, si bien es bueno para la conversación y no se exhibe con locura, tiene un gran problema; de sus 33.232 seguidores no sigue ni al 1%. De ahí que de su cuenta salgan pocos RT, y probablemente su pauta tiene cero relación con las redes sociales, limitándose a responder menciones y a comentar el diario.
De Jocelyn-Holt no podemos decir nada malo; no es un autorreferente, twittea en formato AM y PM, su time line es reciproca con quienes lo siguen, y en términos de conversación es muy nutrido. Claramente sus problemas no están en Twitter, esos se encuentren más bien en la política.
Pero más allá de listados, políticos twitteros exhibicionistas hay por montones; unos que sólo promocionan sus pensamientos, otros que promocionan su agenda, y los que con suerte se acuerdan de escribir una vez al día.
En Facebook la cosa no es mejor, basta por ejemplo, ver el perfil de Ignacio Walker o de Cristián Monckeberg, exhibicionistas totales que se limitan a poner información o replicar la de Twitter, sin conversación o interacción alguna.
Tener a un político en las redes sociales se ha transformado en lo mismo que hablar con un diario mural, el cual tiene información que puede ser interesante o no, pero donde no existe una respuesta, el clásico feedback.
Hoy las redes sociales han replicado el modelo social que tenemos fuera de internet, donde la clase política es lejana, exhibicionista y sorda, mientras los ciudadanos nos limitamos a hablar entre nosotros. No se dan cuenta que tenemos en nuestras manos una tremenda herramienta de dialogo y comunicación,donde todos en cierta medida nos mostramos, pero eso puede no ser un acto pervertido si equilibramos los contenidos y la interacción.
No podemos obligar a nuestras autoridades a responder un post o tweet, pero es claro que sería mucho mejor y honesto, que cuando se registraran no lo hicieran con la intención depravada de estar en vitrina.
Por el contrario, el animo fuera de dialogar con quienes se encuentran distantes de las esferas de poder, pero están interesados en hacer algo, entregar una opinión, o emplazar a una autoridad por algo que no le guste, que no es ser troll, es buscar legítimamente una respuesta de su autoridad.
Fuente: El Dínamo.
Por Álvaro Castañón
La vilipendiada política, y todos sus aún más vilipendiados políticos. Es la percepción ciudadana, los movimientos sociales, y en general, un sentimiento de rechazo el que tiene hoy a nuestro sistema político pasando momentos de infelicidad y especulación.
Pero nuestra clase política no es la víctima de ésta historia, muy por el contrario, son ellos quienes poseen en gran medida la culpa de que la ciudadanía hoy les está perdiendo la confianza. Se agotó la paciencia de muchos, y hoy se vive la democracia a concho, con cuestionamientos y fiscalizaciones, pero apuntando a una finalidad; un Chile mejor.
Los temas energéticos, y más recientemente los asuntos relacionados con educación, son sólo algunos ejemplos de conmoción social que ha tenido como ingrediente conflictos de interés que han rondado a nuestro congreso. Pero nada es claro, todo lo que se quiera investigar respecto al tema puede demorar meses, y costar una gran inversión de tiempo. Claramente, en estos asuntos, la fiscalización no está en manos de los ciudadanos, los que se han tenido que limitar a confiar o a desconfiar en la transparencia.
Pero hoy se da un paso más en pro de una mayor y mejor fiscalización ciudadana. La Fundación Ciudadano Inteligente lanzó su aplicación el “Inspector de Intereses”. Aplicación que hace una cuadratura de información respecto a lo presentado oficialmente por los parlamentarios, mediante sus declaraciones de intereses y patrimonio, y lo que en realidad se tiene; graficando donde están sus intereses económicos declarados y no declarados. Además, se puede ver si efectivamente se abstienen de promover o votar proyectos de la misma área donde tienen intereses económicos, cumpliendo o no con la ley. Con ello podremos saber de forma fácil donde existen alarmas de posibles conflictos de interés en nuestro Congreso.
Los resultados entregados por dicha aplicación son lamentables. Varios de nuestros representantes no han comprendido que la confianza ciudadana se encuentra en un estado de fragilidad, y al parecer tampoco están muy interesados en tener una conducta intachable como para mejorarla.
Especialmente preocupante puede resultar que hasta antes del Inspector de Intereses, nuestros parlamentarios tenían 101 sociedades no declaradas. Es decir, teníamos 101 sociedades que pudieron ser objeto de conflictos de interés, pero no lo sabíamos gracias a esta “omisión”.
Absolutamente reprochable son situaciones como la del diputado José Antonio Kast, quien, de 43 sociedades, sólo tenía declaradas 11. Así también, del otro bando, tenemos al diputado Juan Carlos Latorre con 14 sociedades, pero declaradas sólo 3. Son más de treinta los parlamentarios que omitieron información en sus declaraciones de interés y patrimonio. Leído de otra forma, son más de treinta los parlamentarios que no cumplieron la ley. ¿Habrán omitido también cobrar las ganancias de más de una de esas sociedades?
Desgraciadamente, no cumplir la ley en estos temas significa muy poco. Pensemos: si con una sociedad gano más de 2 millones de pesos al mes, y la multa que me pueden pasar es un poco mayor a un millón y medio ¿al parecer infligir la ley sigue siendo rentable?
En muchos casos las cosas funcionan mejor a través de incentivos. Pues ha llegado el momento de hacer reformas profundas a nuestra legislación, para incentivar a los parlamentarios a ser más transparentes y mostrar públicamente que los intereses de la sociedad están por sobre sus intereses particulares en sociedades comerciales. No es mucho pedir, es simplemente que cumplan la ley, la que hasta hoy no se ha venido cumpliendo.
Nuestra democracia se fortalece con ciudadanos participativos, que se cuestionan y toman decisiones. Pero no podemos olvidar como parte fundamental de un sistema republicano a las instituciones públicas; debemos fortalecerlas, y en especial lo deben hacer quienes nosotros elegimos para estar en ellas.
La confianza –al igual que el amor, dicen- es un arbolito que necesita ser regado día a día. No tengamos miedo de golpear la mesa y pedir más transparencia de parte de nuestros representantes, es nuestro derecho y es un pilar fundamental para la buena evaluación de nuestra clase política. Vamos por reformas, y vamos por una ley que esta vez si se cumpla.
Fuente El Mostrador
Por Álvaro Castañón
Hace algunos años, en nuestro país teníamos toda una institución de la reparación doméstica: los“maestros chasquilla”. Estos versátiles personajes eran una verdadera caja de sorpresas, pues en base a la experiencia de la vida, o al “echando a perder se aprende”, ”le hacían” a la pintura, gasfitería, jardinería y quizás hasta leían el Tarot. Sus habilidades eran múltiples, y conforme a las preguntas del cliente eran más y más.
Con el paso de los años, la sociedad ha ido evolucionando hacia una especialización en los rubros. Por un trabajo se paga un sueldo, y eso conlleva una serie de cláusulas de exclusividad, horario y competencias.
Pero hay un lugar donde los años no pasan, y no es la Tierra de Nunca Jamás. Es nuestro Congreso Nacional, donde la realidad es muy distinta.
105 de nuestros 158 parlamentarios poseen actividades comerciales -como sociedades e inversión en acciones- de forma paralela a su trabajo legislativo. Para muchos ciudadanos quizás esto sea una sorpresa, pero ha sido una constante histórica, la función legislativa ha sido considerada siempre como una de las varias habilidades “a las que le hacen” nuestros representantes, en un mismo tiempo.
El problema que se presenta, cuando aceptamos que nuestros legisladores van de paso y, por ende, pueden mantener nexos con sus negocios, actividades académicas o profesionales, son los conflictos de intereses. Entendido como una relación de “tironeo” entre “lo público” del trabajo legislativo, y “lo privado” de sus negocios paralelos.
Pero hasta aquí al parecer no ha existido motivo de escándalo.
La solución fue entregada por la ley hace no más de 12 años. Una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional introdujo un artículo muy específico; el 5 letra B. Dicha norma se refiere a los conflictos de intereses, limitando la presentación de mociones y promoción de proyectos de ley donde el parlamentario tenga sus negocios personales. El mismo artículo, establece la prohibición de votar asuntos que se vinculen con los intereses privados.
Declarados los intereses y patrimonios de nuestros legisladores, nosotros como ciudadanos deberíamos tener la tranquilidad de saber cuál es la gama de intereses y habilidades financieras de nuestros representantes populares. Con este conocimiento, sería claro identificar cual parlamentario no está dando cumplimiento a la ley.
El problema es que nunca ha existido una herramienta de fiscalización ciudadana que permitiera hacer el cruce entre los proyectos en tramitación y los intereses de los parlamentarios. Con ello, descubrir las situaciones que atentan contra le ley y que podrían repercutir en un posible conflicto de interés era casi imposible. Ahora sí podemos escandalizarnos.
La Fundación Ciudadano Inteligente desarrolló su aplicación el “Inspector de Intereses” que entrega la información cruzada desnudando a los que cumplen con el Artículo 5 letra B, y los que no.
Pero el “Inspector de Intereses” no sólo nos ha clarificado la situación “declarada” y que finalmente se encontraba a disposición de los ciudadanos (o del ciudadano que se tome unos meses para procesarla), sino que también nos develó una situación preocupante: Tenemos políticos chasquilla.
El político chasquilla es aquel que más allá de sus habilidades financieras declaradas, tiene otras no declaradas. La oportunidad hace el negocio, y eso al parecer lo saben muy bien 32 parlamentarios, quienes no declararon participaciones que poseen en acciones o sociedades.
Son en total más de 100 sociedades las que nuestros “políticos chasquilla” omitieron declarar, y si pensamos en la tremenda variedad de temas que trata nuestro Congreso en cada una de sus sesiones, el resultado de esos pensamientos es preocupante. Si ya era casi imposible fiscalizar los conflictos de intereses respecto de “lo declarado” ¿Cómo nuestros parlamentarios pretenden que fiscalicemos lo “no declarado”? ¿O no les interesa dicha fiscalización?
El problema histórico ha sido justamente la fiscalización. Hace años atrás, no teníamos idea si efectivamente lo que declaraba saber un maestro se condecía con el trabajo que le entregábamos, como instalar un calefont. Con posterioridad, se reformó eso por el peligro que significaba y se empadronó a quienes se encontraban certificados, entregando más certeza y fiscalización a la población. Nosotros respecto de nuestros parlamentarios no tenemos certeza, y hasta antes del “inspector de intereses” no teníamos herramientas de fiscalización.
Tal cual pasó con los “maestros chasquilla”, hoy debemos avanzar a un sistema donde nuestros representantes sean un poco más especializados en el trabajo legislativo, y con ello se aparten de los otros “rubros” que pueden terminar en una desgracia; un conflicto entre los intereses nacionales y los privados.
Los ciudadanos tenemos una nueva arma, la información. Ahora todo está en nuestras manos, debemos hacer de éste un tema relevante. La mala elección de nuestro político puede terminar en una explosión, no del calefont, sino que de la confianza que le tenemos a nuestras instituciones y a quienes las componen.
Es urgente avanzar hacia un nuevo marco regulatorio, donde las sanciones sean mucho más que un susto, sean una realidad dolorosa. Nuestro sistema debe tener un verdadero incentivo a elegir entre la transparencia y las omisiones; entre los intereses nacionales y los particulares
Fuente: El Dínamo
Tú quizás no lo sabes, pero debes tener por seguro que “alguien te mira”. Crees que todo a tu alrededor está en orden, que nadie te sigue o le interesas. Pero hay muchos fragmentos de tu persona que se distribuyen día a día en distintos lados ¡Y los manosean!
“DICOM es EQUIFAX”. Y es también uno de nuestros acechadores. Trabaja contigo como si fueras un insumo más, te pone a disposición de los que pagan para ver tu performance, y tú te expones sin ni siquiera saberlo.Te entregaron cual chicle a las manos de quien paga –desde- la módica suma de $900.
Este acechador es el que cahuineramente entrega información sobre tus movimientos financieros. Aquellos que por error de la juventud, problemas de salud, un crédito universitario, una mala pasada económica o alguna locura de un ejecutivo a lo “La Polar”, te llevaron a caer en esta lista negra.
Para mal, ya se han detectado varias situaciones donde la información que entrega dicha empresa consta de parámetros más que cuestionables –como el scoring- o es errónea y desactualizada. Ha llegado incluso a afectar a varios de nuestros honorables parlamentarios. Es a raíz de aquello, que se han generado diversos debates en el legislativo con la finalidad de corregir estos “abusos”.
Luego de haber pasado la tormenta del escrutinio legislativo, DICOM puso manos a la obra con algunos arreglos que aquieten a la furiosa clase política. He aquí nuestra piedra en el zapato.
Gracias a una investigación rutinaria de la Fundación Ciudadano Inteligente, en colaboración con El Dinamo, se logro comprobar como DICOM tenía bloqueada la información de nuestros Parlamentarios y de once ministros de estado. Una situación que escapa a la regla general, donde caemos todos los chilenos y que otorga fácil acceso a nuestras más íntimas aventuras financieras.
Una vez más DICOM juega con fuego, pero esta vez parecía que lo estaban haciendo con unos muy buenos guantes. En esta oportunidad nuestras autoridades estarían protegidas, ante lo cual había menos posibilidades de que detectara algún problema. Y si alguien, con la fotocopia de la cédula de identidad de nuestra autoridad X, más un poder notarial autorizando, lograba acceder a la información, todo sería limpio, ejemplar y un gran trabajo informativo.
Desgraciadamente DICOM no contaba con que un sujeto en algún momento se iba a encontrar con esto. Sumado a las malas explicaciones de su call center, que dan a comprender que por simple azar hay chilenos que se encuentran afortunadamente menos “manoseados” que otros.
En los hechos, una herramienta que debería estar basada en los principios de igualdad y transparencia, ha categorizado a los chilenos entre ciudadanos de primera o de segunda; “los que puedo manosear, y los que no”. Y es que realmente resulta muy poco creíble que de todos los parlamentarios, absolutamente todos hayan salido sorteados por DICOM para que sus datos no estén disponibles ¡eso es suerte, como para partir a jugar un raspe!
Así también, luego de que la comisión de economía del Senado aprobara la idea de modificar el marco regulatorio de la ley de protección de datos personales, y el bochorno vivido por el gerente general de EQUIFAX en dicha instancia -a quien se le enrostraron informes erróneos de parlamentarios-, se presta para más de una suspicacia este regalito que privilegia a nuestras autoridades. Quizás más de un mal pensado recordó la palabra “lobby”.
Luego que la situación ya era de conocimiento de la opinión pública, DICOM por arte de magia entregó acceso a los perfiles de todos nuestros parlamentarios y de los once ministros que estaban protegidos. Un triunfo para los ciudadanos, pero un tremendo ¡plop! para un sistema que supuestamente funciona bien y acorde a la legalidad.
Entonces; si yo hago todo bien y el azar es mi copiloto ¿Por qué entrego rápidamente acceso a los perfiles que minutos antes estaban protegidos? ¿Será que justo en ese momento los técnicos y analistas terminaron de trabajar?
Son estas cosas las que nos hacen cuestionar el sistema y preguntarnos ¿Qué valores son más importantes? Los que defiende el gerente general de EQUIFAX, que busca brindar seguridad al comercio, entregando información veraz y oportuna a los que paguen por ella, o aquellos que nos hablan de la protección de los datos personales, de la veracidad de la información, del conocimiento que debemos tener sobre información nuestra que anda circulando, o por último, aquel principio constitucional de la igualdad. A mi juicio los valores que debemos proteger son los últimos.
No es que Chile no necesite un sistema de información comercial, lo necesita para hacer funcionar su economía en las transacciones del día a día, y así hacer más seguras las mismas. Pero definitivamente lo que no necesitamos es una empresa que manosea a su antojo a millones de chilenos, sin mayor fiscalización y entregando información con filtros arbitrarios.
“DICOM es EQUIFAX”, y es también la empresa que ya no cuenta con la confianza y credibilidad de los chilenos para manejar sus vidas.
Es de esperar que la reforma, que espera en el congreso, vea pronto la luz en nuestro ordenamiento jurídico, y así en algo podamos estar más tranquilos a la hora de hacer algo tan simple y vital como ir a pedir trabajo.
Publicación original en El Dinamo
Es verdad. Siempre es bueno que un gobierno esté conectado con los ciudadanos, y que sepa por donde van los intereses de las mayorías y minorías. Una herramienta recurrente para sondear a los ciudadanos son los estudios de opinión, las clásicas encuestas. Dichas herramientas, por vía de la ley 19.628, hoy son objeto de regulación y protección de datos personales, limitando así la información que puede hacer identificable al sujeto, entre otras cosas. De otra manera, ¿estaría bien que el gobierno nos tuviese plenamente identificados?
Hace algunos meses atrás, el Gobierno de Chile anunció que comenzaría a monitorear las redes sociales y blogs, lugar donde en la actualidad se pueden encontrar la mayor fuente de opiniones ciudadanas, aquellas que no son sondeadas por encuestas políticas.
Como es lógico, los usuarios de dichas plataformas no miraron con buenos ojos esta “vigilancia” que se pretendía realizar sobre sus escritos, fotos, links, y sobre la persona misma. El aparato gubernamental no deja de ser intimidante cuando se contrapone a un ciudadano común, el que se encuentra en desventaja a la hora de responder a un actuar que deja demasiadas interrogantes, y pone entre comillas aquel principio de legalidad que protege al gobernado.
Una cosa es que el gobierno deba saber qué es lo que opina la ciudadanía, pero otra distinta es tener, con absoluta discrecionalidad, grandes cantidades de información sobre miles de personas puntuales. Ya en el sólo anuncio se ejerce una perturbación a la libre manifestación de ideas.
Ya nos parece extraño y poco transparente la manera en que cientos de empresas ejercen tácticas engañosas para obtener los datos de sus clientes, y con ello poder hacer estudios que apunten a acotar el universo al cual dirigir sus campañas. Lamentablemente, el gobierno caía en las mismas tácticas, para sin mediar autorización expresa alguna, lograr recabar información que en muchos casos pertenece a nuestra esfera más doméstica.
Un ejemplo de lo anterior, es la última encuesta CEP, donde el 82% de los consultados dijo no seguir nunca temas políticos en redes sociales. Frente a esto nuevamente se nos presentan las dudas ¿el monitoreo incluye a aquel 82% que no tiene interés político? ¿O se hace un seguimiento más acotado a sólo el 18% restante, dejándolos aún más identificables?
Y finalmente la famosa información llegó….. Fue con el ánimo de indagar sobre los resultados de este monitoreo, y tener un poco más de claridad respecto a las características de la plataforma creada por BrandMetric, que un ciudadano anónimo solicitó a AccesoInteligente.org la información en virtud a la ley de transparencia.
La información proporcionada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, un PowerPoint básico y que parecía más bien una pauta de prensa, dejó ver la escasa capacidad de análisis con la que fue tratada la información. Faltaron muchos puntos, como los detalles de las fuentes, las cantidades de cuentas o blogs monitoreadas, identificación de los más influyentes, si las opiniones son positivas o negativas. En resumen, o no se cumplió con las bases de la licitación, o no se cumplió con la ley de transparencia. Dos eventuales faltas, graves.
Así se marcó el fracaso del sistema de monitoreo. Siendo una decisión errada por parte de la administración de la ex Ministra Von Baer pensar que semejantes cerros de información iban a poder ser analizadas en detalle, sin que medie un gran trabajo, del cual ni siquiera se tenían los recursos tecnológicos.
El gobierno se vio sobrepasado por su propia petición, información en cantidades industriales. Complejizó algo que podría haber sido tan simple como revisar los trending topic de twitter, ver quiénes son los usuarios con más amigos o seguidores, utilizar herramientas complementarias para analizar visitas, menciones, retweets, o cantidad de veces que se compartió. En las redes sociales no es muy complejo ver qué pasa, por donde va la conversación, y como se comparte. Lo fundamental es ver como “yo” estoy posicionado desde mi cuenta, más que tratar de infiltrar la de los otros.
Y pasó lo que tenía que pasar… El Consejo para la Transparencia haciendo una importante interpretación de la ley 19.628, manifestó que aquí efectivamente había datos personales en juego, pues al finalizar el proceso de recolección de datos se puede llegar incluso al domicilio desde donde se emitió la opinión en cuestión. Dejando también en claro que muchos usuarios de la web, basados en un sentido de responsabilidad, han preferido utilizar sus nombres en vez de nicks, lo que de igual forma, no pone automáticamente la información a disposición del Gobierno, pues debe haber un sentido de pertinencia.
En este contexto, fue informado por varios medios de comunicación, que el actual Ministro Vocero de gobierno, Andrés Chadwick, optó por poner término al monitoreo de las redes sociales. Dejando nuevamente dos interrogantes, ¿se tomó esta decisión por el cuestionamiento de los ciudadanos, o por un real temor al informe que iba a emanar la contraloría en los próximos días?
Y así se fue el monitoreo, con el mismo manto oscuro con el cual llegó, sin mayores explicaciones y con preguntas al aire que nadie ha sabido contestar de frente a los “monitoreados”. Todo se transformó en un mal informe de redes sociales, un autogol político y un sector de la sociedad que sintió vulnerados sus derechos a gozar sanamente de la tecnología, y de aquellas redes con las que compartimos gran parte de nuestra cotidianeidad, siempre a sabiendas que tenemos un menú con la opción de expulsar, o bloquear, a aquel que nos desagrada.
Ganaron los ciudadanos, pues una vez más ejercieron su propio monitoreo, demostraron interés e impusieron la agenda, bloqueando así, con las herramientas de la transparencia y la participación, a los únicos que no tenían la opción de bloquear.
Publicación Original en The Clinic
