Por Eliana Claro.
Hace algunos días se dieron a conocer los resultados de Índice de Paz Ciudadana – Adimark, que mide semestralmente, desde el año 2000, la victimización de robo o intentos de este en 41 comunas del país.
Es por esto, que a pesar de que la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, es el instrumento más validado en nuestro país a la hora de medir el fenómeno de la delincuencia, los resultados publicados por el índice constituyen una alerta importante para las autoridades, considerando de que se debe ser cauteloso al momento de sacar conclusiones.
En términos de victimización, las cifras muestran que ésta se mantiene en 39,3%, cifra idéntica al semestre pasado, y superior en 1,4 puntos porcentuales al primer semestre de 2011. Respecto a la re victimización, el índice muestra que un 27,7% de los hogares encuestados concentra el 90,6% de los delitos, lo que representa una alta concentración delictual y que es además coherente con las cifras que entrega la Subsecretaría respecto de que en nuestro país, la victimización se concentra en pocos lugares, en pocos delincuentes y en pocas víctimas, lo que hace que esta sea más predecible y por ende prevenible.
En relación a las denuncias y percepciones, los resultados son positivos. Los niveles de denuncias se mantienen altos (cifra negra o no denuncia en niveles de 38,2%) y hay disminuciones significativas en los niveles de alto temor sobre todo en regiones y para niveles socioeconómicos medios y bajos. Además, mejoran las percepciones de violencia en el barrio y el nivel de delincuencia en la comuna; lo que puede interpretarse como aumentos de confianza en el sistema y mejoras en la sensación de seguridad.
Sin duda, los resultados en términos de victimización son preocupantes y muestran que aún queda mucho camino por recorrer, sobre todo porque constituyen una señal de alerta a las metas del Gobierno en relación a su Plan Chile Seguro 2010 -2014, puesto que muestran un estancamiento en la disminución de la victimización en cifras que aún permanecen altas.
Es por esto que los desafíos en la materia son importantes. En primer lugar a profundizar los programas que se están implementado, por ejemplo ampliando el STAD (involucrando a fiscales y gobiernos locales; y buscando la manera de aumentar el accountability de Carabineros), por otra parte aumentando el rol de gobiernos locales a través de políticas más descentralizadas que se adecúen a la realidad local, y por último aumentando la rendición de cuentas del Ministerio Público, sobre todo ahora que se discute su plan de fortalecimiento en el Congreso.
Por Eliana Claro, Libertad y Desarrollo.
Ingresó hace algunas semanas al Congreso el proyecto de ley de “Fortalecimiento del Ministerio Público”, que tiene por objeto aumentar significativamente la dotación de fiscales y funcionarios administrativos a la institución. Se trata de una iniciativa de US 30 millones que recoge en parte un plan de US 80 millones que ha desarrollado el Ministerio Público desde hace varios años, y que descansa sobre la base de que, mientras no ha habido aumentos de fiscales desde su inicio (sólo 22 en el 2006), los ingresos de delitos han crecido en un 46% desde el 2006. Así, si las estimaciones iniciales implicaban una carga promedio por fiscal cercana a los 1.200 casos, estos hoy son el doble.
Pero en el debate que se está llevando a cabo en el Congreso debe considerarse el aumento en su presupuesto de 45% desde el 2006, como asimismo el uso que hace de los diversos mecanismos de filtro que tiene para decidir, con discrecionalidad, los casos que presentará ante el juez y aquellos que no. En promedio, cerca de un 46% de los 1.400.000 casos anuales se archivan. En delitos como robos o robos no violentos los archivos superan el 70%. Ello es importante a la hora de debatir acerca de cargas “promedio” de trabajo por fiscal.
En esta línea, es destacable el esfuerzo del Ejecutivo en el proyecto presentado, por incorporar metas e indicadores de gestión a cambio de la entrega de recursos, Sin embargo se puede ser más exigente.
Las mejoras pueden ir, por ejemplo, en la línea de generar políticas de disminución de archivos con criterios más específicos que distingan entre diversos delitos. Asimismo, si bien la reducción de archivos provisionales puede ser positiva (si implica que imputados “desconocidos” se vuelvan “conocidos”), se debe considerar que no todas las salidas judiciales tienen la misma calidad. En efecto,si comparamos el año 2011 y el 2010, se observa que las salidas judiciales se mantuvieron relativamente constantes (41,9% versus 42,5%), pero que su composición sufrió cambios importantes: la sentencia definitiva condenatoria disminuyó en un 14% mientras que la suspensión condicional del procedimiento aumentó en 31%, lo que puede ser riesgoso en términos de impunidad. Por último, es relevante analizar el punto de la asignación de la nueva dotación (concentrada en la nueva fiscalía y en las unidades de tramitación de causas de menor complejidad), que implica que las fiscalías locales no verán mayor dotación, lo que también abre el debate a posibles reasignaciones de dotación interna existente (por ejemplo desde la Fiscalía Nacional).
Se trata entonces de una iniciativa correcta que puede ser perfeccionada. El Congreso debe preocuparse de que cualquier aumento de recursos y de dotación vaya asociado a mejoras sustantivas de eficiencia y rendición de cuentas; esto es, que los indicadores de impacto a los que se comprometan sean exigentes y que ello vaya unido a mecanismos de seguimiento y evaluación; cuestiones que hasta el momento, se encuentran en niveles poco satisfactorios y en donde se ha esgrimido la autonomía constitucional del Ministerio Público como una suerte de barrera a la evaluación y al escrutinio externo, lectura errada en una sociedad democrática.
Por Eliana Claro.
Recientemente se han dado a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2011 (ENUSC), que es considerada como el instrumento de mayor precisión para medir la delincuencia.
Los resultados presentados muestran que en un 31,1% de los hogares chilenos, al menos uno de sus miembros ha sido víctima de un delito durante los últimos 12 meses anteriores a su aplicación. Esta cifra implica un aumento de 10% en comparación a los niveles de 2010 y han sido evaluados de manera positiva por parte del Gobierno por encontrarse en línea con la meta establecida por el Plan Chile Seguro: reducir la victimización a una tasa inferior a 29% para el 2013.
Llama la atención los importantes aumentos que se dan en victimización en las regiones III, VI y Metropolitana, por aumentos en diversos delitos y las disminuciones no significativas que se dan en la VII, VIII y IX región, que a su vez cuestionan la relación de las excepcionales cifras del 2010 con el terremoto 27F. En términos de percepción, vemos que los resultados muestran aumentos de una percepción “negativa” de la gente respecto al tema y una mayor sensación de inseguridad. Datos que si son destacables son el aumento en las denuncias, que han sido crecientes desde 2008 y que reflejan indirectamente mayor confianza por parte de la sociedad en el sistema, puesto que mayor número de víctimas se acerca a denunciar y busca la persecución de sus delitos.
A mi juicio, es posible concluir que los resultados obtenidos por la encuesta son negativos, puesto que implican un aumento estimado de 460 mil delitos para todo el país durante 2011, pero sin embargo, se encuentran dentro de lo esperado y muestran una tendencia de victimización general que continúa a la baja. Respecto al aumento producido en relación a 2010, éste era esperable, ya que diversas cifras entregadas en 2011 habían “predicho” este fenómeno y demostrado que el 2010 había sido un año excepcionalmente bueno. Las razones son difíciles de explicar y se pueden asociar a una diversidad de factores, entre ellos, las altas expectativas generadas en relación a la mano dura del nuevo Gobierno en 2010, algo atribuible al terremoto, la cantidad de desórdenes públicos que ocurrieron en 2011 y otros.
Sin duda, los resultados nos demuestran que la delincuencia es un asunto prioritario y que, por ende, se requieren cambios más profundos y políticas eficientes. En este sentido, es importante resaltar la labor que se está haciendo respecto a la implementación de programas basados en la evidencia, puesto que éstos evitan la improvisación, generan una mayor eficiencia en la utilización de recursos y tiempo, a pesar de que sus resultados pueden ser de mediano plazo. Cabe destacar los primeros resultados atribuibles al Sistema Táctico de Análisis del Delito (STAD) y a otros programas implementados que se han dado a conocer en la Región Metropolitana.
Por Eliana Claro
Durante los últimos días se presentó en la prensa el caso del Fiscal Hardy Torres, de la Fiscalía de Pozo Almonte en la Región de Tarapacá, a raíz de la sobrecarga laboral que presenta con 3.852 causas y 70 juicios orales al año y sin nadie que lo pueda reemplazar. Al respecto la Fiscalía Nacional dio a conocer la información sobre los 10 fiscales que presentan mayor carga de trabajo en nuestro país, con un rango entre 5.627 y 3.382 causas y un promedio de 3.900 causas por cada uno.
Sin duda, estos datos han sido sorprendentes y se han traducido en hechos relevantes. Por una parte, la Fiscalía Nacional ha dispuesto como medida transitoria que 8 fiscales de las distintas regiones del país se trasladen durante un mes a la Fiscalía de Tarpacá con el objetivo de apoyarlos y mejorar esta situación cuasi colapso. Por otro lado, el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior se han comprometido con el Fiscal Nacional a enviar un proyecto de Ley de fortalecimiento del Ministerio Público durante el mes de Abril.
Desde hace ya bastante tiempo, el Ministerio Público ha presentado su Plan de Fortalecimiento, elaborado el 2008 y evaluado en US$ 80 millones, buscando hacer frente a la sobrecarga de trabajo que estaría enfrentando y a las demandas de mayor especialización y efectividad de su labor. Para esto, el plan cuenta con 4 componentes: la creación de una Fiscalía Supraterritorial de Criminalidad Altamente Compleja; una política de ajuste por criminalidad compleja y menos compleja que busca reforzar las Unidades de Tramitación de Casos Menos complejos (TCMC), una mejora en la atención a usuarios (Call center y Contact center) y, por último, la generación de “modelos de control” en la suspención condicional del procedimiento, que entreguen un registro actualizado y permanente de las sanciones impuestas en el medio libre.
Creo que es importante considerar que, dada la relevancia que posee el Ministerio Público dentro de la cadena de persecución penal, al ser el monopolio de la acción penal pública y al ser el ente a cargo de la investigación policial y decisorio frente a quienes se presentan al sistema judicial (y pueden por lo tanto ser objetos de condena), es necesario enfrentar el problema que hace meses viene reclamando y fortalecer sus debilidades.
Por otro lado, no cabe duda de que el plan presentado por la Fiscalía Nacional tiene objetivos positivos y socialmente deseables. Sin embargo, en economías donde los recursos públicos son escasos, debemos buscar la optimización de estos, invirtiendo en aquello de mayor “rentabilidad” para la sociedad. Es por ello que debemos plantearnos que medidas son las realmente necesarias y óptimas de ser aplicadas y cuáles son posibles de obtener mediante una mejor distribución de los recursos actuales, tanto presupuestarios como humanos.
Es una realidad que existe sobrecarga de trabajo en muchas de las fiscalías, que la dotación del Ministerio Público en tiempos de la reforma Procesal Penal se fijó en 1.000 causas por fiscal, lo que en la actualidad equivaldría a unas 2.000 causas. Sin embargo, si debemos considerar que tal como en algunos casos la carga llega casi a 4.000 causas por fiscal, también se da el hecho que casi un 80% de los ingresos del Ministerio Público va directamente a las TCMC, unidades administrativas, encargadas de aplicar algún término facultativo rápido y en casos excepcionales, ahondar en una mayor investigación para terminar en manos de un fiscal. Bajo esta perspectiva, y considerando también la propuesta de una fiscalía supraterritorial encargada de los delitos de alta complejidad, debemos cuestionar la posibilidad de reasignaciones internas, ya sea entre fiscales o desde funcionarios de Fiscalía Nacional.
Respecto a las TCMC, fortalecerlas puede ser beneficioso si esto se traduce en una mayor capacidad investigativa y mayores salidas judiciales de calidad. En cuanto a las suspensiones condicionales del procedimiento, independiente de la forma o el modelo, es esencial un control adecuado que disminuya los niveles de impunidad, sobre todo porque el 2011 constituyeron un 17% del total de términos, superando incluso a la sentencia definitiva condenatoria.
Por último, creo importante mencionar, que independiente del proyecto que se presente, o los componentes que se decida fortalecer, es relevante vincular las mayores entregas de recursos a mayores compromisos o indicadores de impacto que se traduscan en una persecución más eficaz.
Por Eliana Claro.
Hace poco más de un mes se dieron a conocer en nuestro país los resultados del Índice de Paz Ciudadana-Adimark, que mide específicamente el delito de robo semestralmente. Los números presentados mostraron señales preocupantes respecto a los delitos contra la propiedad, sobre todo por las variaciones respecto a 2010, donde las cifras fueron excepcionalmente bajas. Sin embargo, si nos enciende una alerta importante respecto a los niveles de victimización general, dada la consistencia histórica de los resultados de este índice con los de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana que se publicarán en mayo.
Los resultados respecto de hogares víctimas de un robo o intento de este durante los últimos 6 meses fueron de 39,3%, los mayores presentados desde 2006. Los niveles de re-victimización también muestran un aumento importante, donde un 27,4% de los hogares encuestados fue víctima de un robo 2 o más veces, concentrando éste además el 89,5% del total de delitos.
Respecto a la percepción de la población, se observa que aumenta considerablemente el porcentaje de los hogares que declara estar en niveles de “alto temor”, situación que se repite a lo largo de todo Chile y sobre todo para el nivel socioeconómico bajo. En cuanto a la delincuencia en el barrio, la percepción de aumento de delincuencia muestra cambios significativos desde 32,8% el 2010 a 40,9% el 2011.
Por último, respecto a las denuncias, a pesar de que no se muestran cambios significativos, las señales son importantes respecto a la confianza en las instituciones: la satisfacción después de denunciar disminuye significativamente respecto a policías y fiscales. En relación a las evaluaciones de las instituciones en general, destacan las policías que se mantienen estables, sin embargo el Gobierno, Ministerio Público, Jueces y parlamentarios ven significativamente afectadas sus evaluaciones.
Sin duda, los resultados obtenidos por el índice, vuelven a poner sobre la mesa la delincuencia como asunto prioritario. Los resultados muestran la necesidad urgente de redoblar los esfuerzos, de lograr mayor focalización y de hacer un llamado a todas las instituciones que participan del proceso penal, a impulsar con mayor fuerza el trabajo conjunto, como punto esencial para una política criminal eficaz.
A pesar de que los esfuerzos en la materia han sido importantes, como por ejemplo el STAD u otros programas de prevención que se han implementado basado en evidencia internacional, o las intervenciones en barrios de alta complejidad -como la Legua- que implican, además de la coordinación de políticas sociales dispersas en distintos entes públicos, un trabajo focalizado en los factores de riesgo que inciden en la comisión de delitos; los resultados entregados por el índice fueron negativos, y generan importantes desafíos. Respecto a los barrios, por ejemplo, es necesario buscar políticas locales, ajustadas y enfocadas a la realidad de cada uno de estos barrios donde se concentra la mayor cantidad de delitos. En relación a las denuncias, es esencial mejorar la confianza de la población en las instituciones a cargo de la persecución criminal, sobretodo considerando que sólo un delito que es denunciado puede entrar al Ministerio Público y a la cadena de la persecución criminal, mientras que uno que no se denuncia nunca será perseguido.
Por Eliana Claro.
En los últimos meses, la discusión sobre delincuencia se ha tomado parte importante de la agenda pública. Además, han salido a la luz diversos desencuentros entre las instituciones responsables de la seguridad pública (Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio Público, entre otras) respecto a planteamientos profundos sobre las responsabilidades de cada uno en materias de delincuencia.
Parte de la polémica ha llevado a cuestionamientos hacia la Fiscalía sobre los criterios utilizados al momento de archivar provisionalmente un caso. Esto, a raíz de los datos que publica el Ministerio Público en sus boletines estadísticos. Para el período de enero a septiembre de 2011, el porcentaje de archivos llegó a un 46,5% del total de términos aplicados, mostrando un aumento respecto al 2010 (durante el 2010 la cifra fue de 45,8%). Además en delitos como robo no violento, robo y hurto, las cifras son aún más impresionantes y se elevan a 89,3%, 81,1% y 61,5% respectivamente.
Frente a este escenario, el Ministerio Público, se ha comprometido recientemente, a reducir gradualmente, en un 10% los archivos provisionales en casos de robos no violentos, hurtos y otros delitos contra la propiedad, durante los próximos 4 años. Para esto, aplicará 3 medidas claves: trabajar con Carabineros en mejorar las primeras diligencias, a través de una mayor coordinación y claridad de las instrucciones, facilitando el debido uso de sus facultades autónomas; implementar un sistema informático con antecedentes en línea que permita identificar y reportar aquellos partes con información incompleta; y, por último, mejorar la carta de comunicación del archivo provisional, solicitándole a las víctimas la entrega de más información en caso de tenerla, y el fortalecimiento de la difusión de este término facultativo con la población a través del “Plan de Interacción con la Comunidad” que realiza la Fiscalía.
Sin embargo, es importante mencionar la idea que han propuesto los parlamentarios de la Alianza respecto a modificar los criterios de evaluación de gestión del Ministerio Público. Se debe potenciar la idea de buscar nuevos criterios capaces de alinear los objetivos de los fiscales hacia la búsqueda de causas eficientemente terminadas y no hacia cantidades de causas pendientes, que los llevan a utilizar el archivo provisional de manera equivalente a las salidas judiciales.
El desafío, además de mejorar las diligencias investigativas de Carabineros, es contar con reglas claras y públicas respecto a los criterios de aplicación de los términos facultativos, en especial el archivo provisional, y con indicadores de gestión que distingan la utilización del archivo como una salida aplicada de manera “racional” y no como una salida “rápida”.
Por Eliana Claro E.
Ha transcurrido un año de la tragedia que le costó la vida a 81 reclusos del Penal de San Miguel el 8 de diciembre de 2010. Una tragedia que, sin duda, nos marcó a todos y que ha llevado a las autoridades a poner especial atención a la dramática realidad penitenciara que existía en nuestro país desde hace años: un sistema deteriorado donde el hacinamiento y la falta de recursos ni siquiera ofrecían niveles mínimos de dignidad a sus condenados.
El hecho ocurrido en San Miguel, llevó al Gobierno a disponer medidas inmediatas y a buscar acelerar al máximo las medidas de corto, mediano y largo plazo que se habían propuesto en materia carcelaria, de manera de implementar una nueva política con mejores condiciones para los internos y los gendarmes, quienes deben velar por la vigilancia y la reinserción.
Es por eso, que hoy a un año de la tragedia, cabe preguntarse qué cambios se han implementado, qué mejoras ha tenido el sistema y qué grado de cumplimiento han alcanzado las propuestas del Gobierno en la materia.
Después del incendio, se implementaron 11 medidas de carácter inmediato con la finalidad de entregar dignidad a las personas privadas de libertad, sobre todo en aquellos recintos no concesionados que presentaban mayores carencias (medidas relacionadas al espacio físico, a la alimentación, materias sanitarias, de visitas, etc.). Posteriormente se han tomado otras medidas por parte de Gendarmería que también ha contribuido a mejorar las condiciones dentro de las cárceles: se aumentó el valor de la ración alimenticia, se retiraron cilindros y cocinillas, se han invertido $ 5 mil millones en equipamiento y construcción de redes contra incendio, se diseñó el sistema de redes secas, húmedas y de sistema eléctrico en 68 cárceles y durante diciembre comenzará la instalación de inhibidores de celulares en 3 centros penitenciarios (Colina y Santiago).
Sin embargo, otras medidas esenciales son aquellas que apuntan a disminuir el hacinamiento: hoy en día existen más de 54.500 personas privadas de libertad y las plazas penitenciarias disponibles apenas superan las 37.300, lo que lleva a una sobrepoblación de 46% (cifra que se agravo producto del terremoto de febrero de 2010, llegando a niveles de 60% durante ese año).
Por otro lado, son 51.132 las personas que cumplen penas alternativas, lo que es equivalente a menos de un 50% del total (cifra inferior a la comparación internacional). Es por eso que hoy está en el Senado el proyecto de ley que contempla la modificación de la Ley 18.216 de penas alternativas, que mejora el control con técnicas como el brazalete electrónico y el aumento de número de delegados, además de otras que apuntan al reemplazo de la reclusión nocturna o de penas menores a un año por trabajos comunitarios, fomentando el crecimiento personal (evitando la reincidencia) y disminuyendo el hacinamiento.
Sin embargo, aunque estas penas disminuyan la cantidad de personas en las cárceles, las altas tasas de hacinamiento existentes en Chile requieren medidas y modificaciones más profundas en materias penitenciarias. El problema de la reinserción y el hacinamiento sigue siendo crucial y por eso se hace de carácter urgente comenzar el proyecto del Gobierno que propone una reingeniería del sistema carcelario: a través de la construcción de las 4 nuevas cárceles que pretenden la segregación penal según nivel de criminología y proponen, mediante una organización correctiva, fortalecer el desarrollo y crecimiento personal y laboral de los condenados. Además, a esta iniciativa se suma la de aumentar en 5 años, 5.000 gendarmes, producto de la aplicación de la nueva Ley de Planta.
Por último, en cuanto al Penal de San Miguel, se han invertido cerca de $ 1.200 millones en infraestructura creando zonas remodeladas que han sido acomodadas con estándares de habitabilidad completamente diferentes a otros penales y que hoy albergan a 155 mujeres. La idea de las autoridades de Justicia es que durante el año 2012, este penal se transforme en la segunda cárcel de mujeres de la Región Metropolitana, lo que permitirá descongestionar el actual CPF que tiene tasas de hacinamiento cercanas al 100%.
Así, concluimos que existen avances importantes y que las medidas propuestas efectivamente parecen apuntar a disminuir el hacinamiento en las cárceles y mejorar las condiciones de los condenados, tanto en privación de libertad como aquellos que se rigen bajo medidas alternativas. Sin embargo, es necesario impulsar con aún más fuerza la agenda gubernamental en esta materia, sobre todo en la propuesta de construcción de 4 nuevas cárceles y sus concesiones, ya que es un proyecto moderno y que apunta sobre todo a mejorar las condiciones que pueden repercutir directamente en la reinserción futura de los condenados y en los futuros niveles de victimización de nuestro país.
