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Se busca un líder

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Por Juan José Soto.

El año 1971, el premio Nobel de economía James Tobin, propuso crear un impuesto a las transacciones financieras con el fin de desincentivar la volatilidad de los mercados financieros, sus consecuencias en la economía, y la especulación de corto plazo sobre éstos. Durante cuatro décadas, la tasa Tobin sólo fue defendida por pequeños grupos antiglobalización, y parecía una de esas utopías condenadas a materializarse más en sueños que en la realidad misma.

El año pasado, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy empezaron a liderar con fuerza la materialización de esa utopía en sus países y la Unión Europea, logrando que se sumaran España e Italia, quienes profundamente afectados por la crisis han visto la necesidad de restringir la especulación en los mercados financieros o de commodities.

Durante años, grupos ambientalistas han denunciado la degradación acelerada de nuestro medio ambiente, y la necesidad de buscar nuevas alternativas energéticas. A pesar del alto costo, países como Alemania y España, han decidido empujar con fuerza la generación de energía solar y eólica, convirtiendo esta cuestión en una decisión estratégica y en un plan de futuro con miras a nuestros hijos y no a nuestro tiempo terrenal.

Esta semana en Chile, un humorista pedía educación gratuita y de calidad, frente a millones de personas, y un cantante leyó una carta al presidente Piñera donde solicitaba que dejara a los jóvenes soñar.

¿Qué estén buscando los mas de 4 millones de personas que recientemente se sumaron a los padrones electorales y tendrán derecho a sufragar en las próximas elecciones? Es tal vez una de las grandes incógnitas.

Los comicios presidenciales del 2013, serán, por primera vez en muchos años, elecciones donde el peso de la propaganda y los lugares comunes como “mejor educación”, o “mejor salud”, perderán peso frente a la necesidad de los electores de escuchar nuevos sueños y nuevos discursos, que enfrenten el futuro y no solamente el presente.

Si bien en estos dos años de Gobierno de la Alianza se han sacado varios proyectos de ley adelante, el ministro Pablo Longueira tiene razón al insistir que a la administración Piñera le falta de relato. Es decir: el para qué, el para dónde vamos, por ejemplo con un postnatal de seis meses.

En un barco puedes trabajar todo el día, subir y bajar las velas varias veces, mover el timón otras tantas, incluso hasta no dormir, pero si no sabes para donde vas, es probable que termines en el mismo puerto desde el que zarpaste.

Hoy en Chile hay más de 4 millones de “huérfanos” con derecho a voto que buscan un líder que sea capaz de llevar adelante una reforma tributaria profunda y redistributiva, en busca de un modelo integral de sociedad mas equitativo. Alguien que sea capaz de cambiar la matriz energética de manera audaz y ambientalmente sustentable, porque nuestros jóvenes y nuestros hijos lo exigen. Que a su vez sea capaz de enfrentarse y terminar con la influencia del dinero de un puñado de empresas en la política chilena. Que también invite a soñar a los chilenos con una nueva Constitución para los próximos 100 años y lograr un sistema político mas representativo. Un líder que promueva una generación de emprendedores comprometidos con el bien de la sociedad y no solo con sus accionistas.

Chile busca un líder con urgencia. Una brújula que nos diga hacia dónde ir. Pero no precisamente desde la ingeniería, sino desde la poesía. Por muy mal que lo haga el gobierno de Sebastián Piñera, la Concertación no tiene ni el mas mínimo éxito asegurado en las próximas elecciones. Ganará quien logre revolucionar el discurso, mostrándonos nuevos mundos, nuevos desafíos, nuevas metas. Por el momento, se busca un líder…¡con suma urgencia!

 

Discutamos en serio sobre competencia en el sector financiero: Respuesta a Engel

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Por Marco Enríquez Ominami - Eugenio Rivera Urrutia.

En su columna habitual del sábado en La Tercera, Eduardo Engel ha criticado la propuesta de la Fundación Progresa de crear un mecanismo que devuelva intereses por primas de riesgo excesivo a personas jóvenes cuyo historial de crédito no corresponde a la prima de riesgo cobrado.

Sin tomar en cuenta el resto de las medidas propuestas  y que se encuentran en la misma página web desde donde se promueve la campaña de devolución de intereses, y que entre otras incluye propuestas institucionales y sin, además, preguntarse sobre los mecanismos que se podrían utilizar para concretar la medida, la descalifica catalogándola de medida basada en una “motivación loable pero mal pensada” pues “en general, las primas de los mercados de seguros reflejan los riesgos asociados a cada asegurado … la tasa más alta que los bancos cobran a los más jóvenes y pobres reflejan, al menos en parte, que los créditos son más costosos para estos segmentos … (de aprobarse esta medida) no habrá recursos para compensar los créditos impagos y no habrá bancos o casas comerciales interesadas en prestarles”. Más adelante señala “existe la posibilidad de que los bancos y casa comerciales estén cobrando un premio por riesgo excesivo a los sectores más jóvenes y de menores ingresos. Para determinar si es así, se requiere (crear) un ente regulador del sector financiero, dedicado a velar por la competencia es este sector”.

Engel señala sin más que “las primas de seguro reflejan los riesgos asociados a cada asegurado” olvidando los rasgos poco competitivos del sector, la indefensión del consumidor, el poder de mercado de que disfrutan tanto la banca como las grandes cadenas del retail cuyos beneficios provienen, crecientemente, de sus actividades financieras. Lamentablemente las primas reflejan más estas condiciones de mercado que los riesgos de cada asegurado. Es justamente esta situación lo que lleva a Engel a introducir las palabras “en general” en el texto citado. Pero lo cierto es que en un mercado realmente competitivo, las tasas cobradas debiesen ser menores a las aplicadas actualmente. En ese sentido, el ejemplo que presenta el columnista resulta inconducente.

Pero vamos a los problemas de fondo. Engel una vez más apuesta a la competencia como solución a los problemas de abuso. Parece olvidar que desde hace 22 años la política económica de la Concertación primero y ahora de la Alianza, viene apostando a esta misma medicina como remedio de todos los males. Se han tomado medidas para aumentar la competencia en el sector financiero, en las AFP, en las ISAPRES, en el sector eléctrico y los resultados han sido muy precarios. En cada una de las industrias mencionadas (sólo como ejemplo, pues ello ocurre en la mayoría de las actividades económicas del país) dos o tres empresas controlan sobre el 70% de los respectivos mercados y sus rentabilidades superan con creces las rentabilidades promedio. A modo de ejemplo, las utilidades de la banca chilena alcanzaron en 2010 los USD 3.400 millones, y en 2011 los USD 3.300 millones, en circunstancia que el programa de reconstrucción cuesta USD 2.800 millones. Estas utilidades responden en gran parte a los intereses cobrados por créditos, seguros, sobregiros, etc. Lo anterior con una tasa máxima convencional que puede variar de un 11% hasta un 51%, para un mismo producto, según la capacidad de negociación del consumidor, entre otros.

Por lo tanto, la propuesta de Fundación Progresa busca corregir y regular los abusos que se cometen en materia de clasificación de riesgo. Si una persona ha sido clasificada en una categoría de riesgo equivocada, pagando una sobre prima por riesgo en su tasa de interés; y dicha persona paga su crédito completamente en tiempo y forma acordada, corresponde que la institución que otorga el crédito devuelva los intereses adicionales cobrados, producto del error en la clasificación de riesgo. Bien debiese saber el profesor Engel, que mecanismos con similares características ya son utilizados en Chile y en el mundo en algunos tipos de seguros, los de vida por ejemplo.

Si al profesor Engel le preocupan las utilidades del negocio bancario, le aclaramos que en todo momento estamos hablando de la “sobre tasa” de riesgo, se entiende que la utilidad del negocio está dada por la tasa de riesgo que cobra, y por tanto, esta “sobre tasa” solo genera una sobre ganancia, que queda en evidencia en las ganancias que describimos anteriormente. Por cierto, también se debe recordar que en todo momento la entidad financiera está generando recursos con esta “sobre tasa”, la que en ningún caso queda guardada bajo el colchón, si es que de las utilidades del negocio financiero es la preocupación,

Al profesor Engel, también le preocupa el acceso al crédito de jóvenes y sectores pobres. Pues bien, interesante debate como sociedad debiésemos dar con el endeudamiento de aquellos que no acreditan ingresos. Sí, a nosotros nos preocupa que casas comerciales y bancos invadan los centros de estudios, y nuestros jóvenes egresen con deudas sin siquiera haber generado ingresos. Sí, a nosotros nos preocupa que sectores pobres, sin ingresos, reciban tarjetas de casas comerciales con cupos que evidentemente serán ocupados, y que difícilmente podrán ser cancelados a tiempo, incrementando exponencialmente las deudas. La heterodoxia económica que argumenta la “racionalidad del agente económico”, nos parece del todo discutible cuando al frente hay carencias económicas. Al parecer, a diferencia del profesor Engel, a nuestro juicio no es el sistema financiero el que debe suplir la falta de ingresos de los sectores más pobres, sino la política social del Estado.

A su vez, contrasta con lo taxativo de su crítica y de su propuesta, con expresiones como que “existe la posibilidad” de que se cobre un premio por riesgo excesivo o que las mayores tasas cobradas a los jóvenes “reflejan, al menos en parte” mayores costos. Hasta el ex – presidente del Banco Central sostuvo que no entendía la razón de que las casas comerciales cobraran intereses tan altos. Sin embargo, lo que más llama la atención es la propuesta de crear “un ente regulador del sector financiero, dedicado a velar por la competencia en este sector” para determinar si se está cobrando primas excesivas a jóvenes. Sin duda sería más eficiente, más económico y más rápido que el Congreso contratara un estudio con especialistas independientes de la banca que hicieran un estudio al respecto. Más aún, se debería aprovechar la oportunidad, de preparar un informe comprensivo sobre el sector financiero, que estudie a fondo el crédito de consumo tanto de la banca como del sector comercial, que analice el mercado de tarjetas de pagos incorporando una perspectiva comparativa en relación con el costo de la tasa de intercambio y el costo del endeudamiento por tarjeta de crédito y que profundice en el estudio de la competencia existente entre la banca y entre las casas comerciales que tienen asociado el giro financiero.

Al finalizar Engel deja escapar una crítica dura a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, señalando que “ha sido demasiado cercana al sector que debe regular”. No se pregunta sin embargo Engel porque ello sucede y porque no sucedería con la nueva instancia. El problema de la captura de los organismos reguladores y de muchos políticos tiene mucho que ver con esta situación.

 

Chile quema a Chile

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Por José Ignacio Vial

Si por algo será recordado este verano, además de las protestas de Aysén y lo malo del festival de Viña, es por los incendios forestales.

El 2012 nos recibió con una triste noticia, más de 15.000 hectáreas se quemaron en la Torres del Paine, hecho al cual le siguió una vorágine de incendios en la zona centro sur del país (Pichilemu, Quillón, Florida, Nueva Aldea, Valparaíso, etc.), al punto, que a la fecha la CONAF habla de 83.000 hectáreas quemadas, cuando el promedio de los últimos 10 años han sido 53.000. Lo anterior es paradójico, porque si bien la cifra de incendios se ha reducido en comparación a otros años, la cantidad de hectáreas afectadas se ha disparado (los incendios intencionales al parecer han sido cuidadosamente planificados).

Pero el corolario a todo esto fueron los incendios ocasionados en Viña del Mar, que dejaron cerca de 73 casas dañadas, 57 completamente destruidas y más de 500 damnificados, el resultado, los perjudicados fueron los mismos de siempre, los que tienen menos recursos. Aquellos que viven en lo que se denomina la interfase bosque-ciudad (es decir periferias) son los que ven sus casas arder y su trabajo irse con el humo.

Mucho se ha dicho sobre los incendios, al comienzo el mundo virtual rasgaba vestiduras por el “desastre de las Torres”, todos pedían a gritos que la lluvia frenara el avance de las llamas y muchos no paraban de criticar desde sus computadores el actuar de la CONAF, dando cátedra de cómo apagar un incendio forestal desde sus escritorios… dos meses después tres chilenos que ingresaron ilegalmente al conocido parque eran expulsados por haber sido sorprendidos haciendo una fogata (lo que está  expresamente prohibido) en un campamento. De haber habido viento, podríamos haber presenciado otro “numerito” como el de principios de enero.

Porque al fin y al cabo ese es el problema, a pesar de todo lo que ha ocurrido, los brigadistas muertos, las decenas de miles de hectáreas quemadas, las casas destruidas y los cientos de damnificados, los incendios siguen y seguirán ocurriendo porque somos los mismos chilenos quienes los ocasionamos (salvo casos puntuales, claro).

El 99,7% de los incendios ocurridos en el país tienen características antrópicas, es decir, son ocasionadas por  hombres, y de estos aproximadamente el 30% son intencionales y un 55% son accidentales. Por lo tanto, los grandes responsables de los siniestros hemos sido nosotros mismos, quienes de distintas formas hemos contribuido a que estas cosas ocurran, sea que los ocasionamos de forma voluntaria o negligente, sea que actuamos como cómplices con nuestro silencio, con nuestra falta de responsabilidad o falta de involucramiento en el tema.

Dichas actitudes se ven fuertemente agravadas por las bajas sanciones que hay para esta clase de delitos, lo cual ha dado a que en muchos casos se den verdaderos ejemplos de piroterrorismo, que cuestan la vida de personas, significan millonarias pérdidas para el Estado y privados, y en donde los autores salen prácticamente impunes.

Terminar con los incendios forestales no pasa, como señalan muchos desde sus blogs, por tener más helicópteros, brigadistas, motobombas y camionetas, ya que tal como ocurrió en las Torres, si las condiciones son adversas no hay mucho que hacer contra un siniestro que avanza a decenas metros por minuto consumiendo rápidamente todo a su paso, en zonas de muy difícil acceso.

La verdadera solución pasa porque seamos conscientes de que al provocar un incendio no sólo estamos destruyendo un patrimonio que nos pertenece a todos (parque nacionales), o a algunos (plantaciones forestales), sino que estamos destruyendo fuentes de trabajo, paisajes, casas e incluso vidas que no se podrán recuperar.

Por mucho que se destinen recursos en equipos, personal y campañas de prevención, poco será el efecto si no cambiamos nuestra cultura, si los autores no dejan de quemar intencionalmente los bosques y pastizales, si los infractores no comienzan a cumplir las reglas de los parques, si todos los que somos capaces de avisar sobre un foco cuando lo vemos no comenzamos a hacerlo, y si los que pudiendo denunciar a los provocan los siniestros continúan con su indiferencia. Mientras no adquiramos la conciencia de que éste es un problema que nos involucra a todos y en el cual todos somos responsables, si no cambiamos nuestra actitud y no comenzamos a ser solidarios con el medio ambiente y con los demás, continuaremos viendo como verano a verano nuestros bosques se hacen humo.

(Cada hectárea son diez mil metros cuadrados, la cancha del estadio nacional tiene siete mil).

 

Nuevos desafíos en seguridad

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Por Eliana Claro.

Hace poco más de un mes se dieron a conocer en nuestro país los resultados del Índice de Paz Ciudadana-Adimark, que mide específicamente el delito de robo semestralmente. Los números presentados mostraron señales preocupantes respecto a los delitos contra la propiedad, sobre todo por las variaciones respecto a 2010, donde las cifras fueron excepcionalmente bajas. Sin embargo, si nos enciende una alerta importante respecto a los niveles de victimización general, dada la consistencia histórica de los resultados de este índice con los de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana que se publicarán en mayo.  

Los resultados respecto de hogares víctimas de un robo o intento de este durante los  últimos 6 meses fueron de 39,3%, los mayores presentados desde 2006. Los niveles de re-victimización también muestran un aumento importante, donde un 27,4% de los hogares encuestados fue víctima de un robo 2 o más veces,  concentrando éste además el 89,5% del total de delitos.

Respecto a la percepción de la población, se observa que aumenta considerablemente el porcentaje de los hogares que declara estar en niveles de “alto temor”, situación que se repite a lo largo de todo Chile y sobre todo para el nivel socioeconómico bajo. En cuanto a la delincuencia en el barrio, la percepción de aumento de delincuencia muestra cambios significativos desde 32,8% el 2010 a 40,9% el 2011.

Por último, respecto a las denuncias, a pesar de que no se muestran cambios significativos, las señales son importantes respecto a la confianza en las instituciones: la satisfacción después de denunciar disminuye significativamente respecto a policías y fiscales. En relación a las evaluaciones de las  instituciones en general, destacan las policías que se mantienen estables, sin embargo el Gobierno, Ministerio Público, Jueces y parlamentarios ven significativamente afectadas sus evaluaciones.

Sin duda, los resultados obtenidos por el índice, vuelven a poner sobre la mesa la delincuencia como asunto prioritario. Los resultados muestran la necesidad urgente de redoblar los  esfuerzos, de lograr mayor focalización y de  hacer un llamado a todas las instituciones que participan del proceso penal, a impulsar con mayor fuerza el trabajo conjunto, como punto esencial para una política criminal eficaz.

A pesar de que los esfuerzos en la materia han sido importantes, como por ejemplo el STAD u otros programas de prevención que se han implementado basado en evidencia internacional, o las intervenciones en barrios de alta complejidad -como la Legua- que implican, además de la coordinación de políticas sociales dispersas en distintos entes públicos, un trabajo focalizado en los factores de riesgo que inciden en la comisión de delitos; los resultados entregados por el índice fueron negativos, y generan importantes desafíos. Respecto a los barrios, por ejemplo, es necesario buscar políticas locales, ajustadas y enfocadas a la realidad de cada uno de estos barrios donde se concentra la mayor cantidad de delitos. En relación a las denuncias, es esencial mejorar la confianza de la población en las instituciones a cargo de la persecución criminal, sobretodo considerando que sólo un delito que es denunciado puede entrar al Ministerio Público y a la cadena de la persecución criminal, mientras que uno que no se denuncia nunca será perseguido.

 

Lobby: Diferencias qué importan

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Por José Francisco García.

Pronto comenzará a discutirse en la agenda pública la regulación del lobby –el Gobierno ha anunciado que enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional este primer semestre–. Como sabemos, la discusión en Chile se ha basado en el modelo norteamericano; aunque en realidad, sólo ha mirado uno de los cuerpos legales: la Lobbying Disclosure Act(LDA) de 1995y sus modificaciones posteriores. Con todo, existe una serie de diferencias relevantes qué considerar al mirar, al norteamericano, como modelo.

En primer lugar, existen otros estatutos jurídicos complementarios a la LDA en Estados Unidos que regulan, o más bien, sobre-regulan a nuestro juicio, distintos aspectos de esta figura: la Foreign Agents Registration Act (para Gobiernos y empresas extranjeras), las reglas sobre tarifas de contingencia, restricciones a funcionarios públicos, las Reglas Éticas de la Cámara de Representantes y el Senado, entre otras.

Ello no sólo hace que la legislación norteamericana, sea una de las más restrictivas en el derecho comparado; sino queesta exhaustividad regulatoria llega a límites tan absurdos como el establecimiento de criterios objetivos de lo que debe entenderse por “amistad” en el contexto de la regulación sobre  “regalos”.

Adicionalmente, la legislación norteamericana no es un buen modelo si se considera que el proceso de formación de la ley en ambos países es distinto.

Si bien en ambos existen Ejecutivos fuertes, el chileno cuenta con enormes potestades legislativas, por ejemplo, iniciativa exclusiva en diversas materias económicas y sociales (que requiere comprometer gasto público), amplio veto presidencial y el respeto a las ideas matrices de un proyecto de ley como límite a las enmiendas que se pueden presentar.

En el origen del presidencialismo, por ejemplo, la iniciativa legislativa exclusiva no es obvia. Si se acude al régimen presidencial más clásico, el norteamericano, construido sobre las bases diseñadas por Madison, Hamilton y Jay en El Federalista; la idea de iniciativa exclusiva presidencial no tiene asidero. No es por mero azar que la sección 1 del artículo I de la Constitución norteamericana le entregue “todos los poderes legislativos aquí consagrados” al Congreso.

Asimismo, para los parlamentarios chilenos, a diferencia de sus pares americanos, es bastante más costoso “vender” beneficios o ser “capturados” por los grupos de interés. Ello, gracias al proceso de formación de ley establecido en nuestro diseño constitucional. En efecto, la presión de los grupos de interés, debe considerar, además de las dos cámaras del Congreso (y las Comisiones que intervengan); al Presidente de la República y sus amplias facultades legislativas (desde la iniciativa exclusiva en algunas materias como el veto presidencial al final del proceso), y también al Tribunal Constitucional (tanto si se trata del control preventivo obligatorio respecto de algunas materias o a requerimiento parlamentario, como a posteriori, vía requerimiento de inaplicabilidad).

En el proceso de formación de la ley norteamericana, las cortapisas institucionales tienen una intensidad menor (en términos del rol del Ejecutivo y la Corte Suprema) y el poder del Congreso es mayor. Ello explica el surgimiento de la figura del logrolling como fenómeno central de este proceso, esto es, el intercambio de votos entre parlamentarios por la vía de introducir indicaciones de otros parlamentarios en un determinado proyecto de ley (bill) o asegurar el apoyo en otros proyectos.

Por otra parte, también encontramos otras críticas a la LDA que encontramos en la literatura especializada norteamericana y que conviene tener presente. A las objeciones tradicionales que se le hacen a las normas de divulgación obligatoria como el de la LDA, que implica la existencia de costos administrativos en tiempo y recursos para mantener registros y completar los formularios exigidos y las potenciales lesiones a los derechos de la Primera Enmienda (libertad de expresión); se suma una que les parece más atendible: el problema del volumen de información. Así, mayor cantidad de información podría no tener un correlato en la audiencia, ni el interés o la habilidad de estos para procesar dicha información, estableciendo vínculos relevantes y sacando conclusiones útiles. Con todo, para diversos autores, la existencia de grupos y organizaciones que sean vigilantes (watchdog), pueden transformarse en parte de la solución, al ser ellos quienes operen de intermediarios entre la información y las “pistas” o “piezas” de información relevantes para el público.

Bajo este contexto, es de esperar que el debate chileno pondere adecuadamente el tipo de instrumentos regulatorios adecuados para abordar el lobby en nuestro país. La legislación norteamericana, no parece ser el modelo adecuado.

 

De Becas y Becarios: Becas Chile 2011

Por Francisco del Campo | Comunicaciones FCI.

¿Cuántas becas entregó el programa Becas Chile el 2011?, ¿a qué países y universidades están destinadas las becas adjudicadas?, ¿quiénes las recibieron?, ¿Qué hay que hacer para postular?, ¿Qué necesidades cubren estas becas?, fueron una de las tantas preguntas que El Vaso quiso resolver.

El Vaso realizó una solicitud de información pública al Ministerio de Educación a través de la plataforma “Acceso Inteligente”, herramienta de la Fundación Ciudadano Inteligente que permite solicitar datos públicos a los organismos del Estado de una manera más simple y directa, con la intención de conocer las becas adjudicadas durante el 2011 por el programa Becas Chile.

Becas Chile cumple con una política de Estado que busca promover el aumento de formación y perfeccionamiento extranjero, modernizar y mejorar la articulación de los programas de becas gubernamentales, y fomentar la vinculación y cooperación internacional.

Las becas ofrecen oportunidades para diferentes intereses profesionales y académicos, los que se dividen en las categorías de formación de postgrado, formación técnica de nivel superior, y la formación docente. En la primera se incluyen las opciones de Magíster, Doctorados, Postdoctorados, Pasantías doctorales, Cotutelas de Doctorado y Sub-especialidades médicas. Para la formación técnica de nivel superior se ofrecen becas para Pasantías de perfeccionamiento de Competencias Técnicas. Y para la Formación docente, se brindan becas de Magíster para profesionales de la Educación, Semestre en el extranjero, Pasantías de Matemática y Ciencias, y Diplomado para Académicos de Pedadogía en Inglés.

El público objetivo de las becas de esta última categoría son los estudiantes de pedagogía que estén cursando los últimos años de su carrera en universidades de Chile, y profesionales de la educación que se desempeñen en escuelas municipales y subvencionadas. Mientras que las becas de Formación técnica se apunta a técnicos de nivel superior y profesionales de carreras de ocho semestres sin licenciatura, pero con al menos dos años de experiencia laboral ya sea en el sector público o privado.

El público objetivo de las  becas de la categoría postgrados  son los recién titulados, académicos y profesionales provenientes tanto del sector público como del privado. Mientras que los requisitos son tener excelencia académica ya sea habiendo terminado los estudios superiores con nota promedio superior a 5.0, o haber sido del 30% superior de su generación al momento de licenciarse u obtener el título. Además de ya haber sido aceptado en la universidad extranjera a la que se postula.

En total el 2011 se entregaron 1222 becas entre las distintas categorías antes mencionadas, las que se distribuyeron de la siguiente manera:


Magíster y Doctorados

De las 472 becas para Magíster adjudicadas el 2011 los países que más estudiantes chilenos recibirán son Inglaterra con 110 becas entregadas, Estados Unidos con 91 y Australia con 81 adjudicaciones. Mientras que las universidades que más chilenos recibirán para Magister son la española Universidad de Barcelona con 37 premiados, y las australianas  University of Melbourne con 31 y Queensland University con 26 becarios.

Por otra parte, de las 298 becas adjudicadas para Doctorados los países con más premiados son España con 71 estudiantes, Inglaterra con 47, y Estados Unidos con 40 doctorados. En cuanto a las universidades que más becarios recibirán en este ítem son nuevamente la Universidad de Barcelona con 42 adjudicaciones, la universidad Autónoma de Barcelona con 10 y la University of Melbourne con 8 premiados.

Para quienes postulan a las becas de postgrados becas Chile cubre diferencialmente a cada una. A las becas de los Magíster, Postdoctorados y Cotutelas de Doctorado cubren hasta 2 años,; las Pasantías Doctorales hasta 10 meses; las Subespecialidades médicas hasta 3 años; y los Doctorados hasta 4 años.

Los servicios que cubren y el monto de dinero que entrega el Estado a través de estas becas, se distribuyen de diferentes maneras dependiendo de a la beca que se postuló y del coste de vida del país al que se va. Esta distribución se muestra en la siguiente tabla:


*El ministerio de Educación señaló que no pudo entregar los montos específicos para las becas dado que “la ejecución de los costos de las becas se realiza por períodos superiores a un año, por lo que aún no es posible detallar el costo total de cada beca”.

Así fue como Becas Chiles entregó sus becas durante el 2011, con el objetivo de, tal como dicen en su página oficial, “formar capital humano avanzado en todas las áreas del conocimiento, sin excepción alguna y en cualquier país excepto Chile, para que los graduados, a su regreso a Chile, apliquen los conocimientos adquiridos y contribuyan al desarrollo científico, académico, económico, social y cultural del país”.

Conozca aquí quiénes se adjudicaron cada una de las becas durante el 2011.

 

Participar y fiscalizar, pero con datos

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Por: Juan José Covarrubias

¿Tienen algo en común la colusión de las farmacias con que un diputado “se equivoque” votando?

En el sector privado, entre miles y miles de buenas empresas,tristemente, destacamos siempre lo malo. Sobre todo a los “grandes malos”:Tras La Polar, vino el “cartel” de los pollosyantes el–excelentemente bien multado-“cartel” de las farmacias. Estos casos, entre muchas cosas, nos hablan de secretismo, de no acceso a la información, donde el consumidor es víctima, y poco o nada puede saber y, mucho menos, hacer para enfrentarse al abuso (menos aún, para evitarlo).

En el Poder Legislativo, aún con record de proyectos aprobados el 2011, destacamos también, tristemente, lo malo. En el último episodio de la ley del Tabaco, no sé qué llama más la atención: si parlamentarios que se “equivocaron”, o el escandaloso lobby, que se huele desde lejos, de las tabacaleras y otros organismos.  Esto claramente deslegitima a la política, en particular al Poder Legislativo que ya está “al debe”, al aplicársele solo parcialmente la Ley de Transparencia. Contribuye a que el Estado se vea como una gran caja negra donde el ciudadano, poco y nada puede saber. Y mucho menos hacer (¿realizar más marchas…?)para enfrentar y prevenir esto.

Y si pensamos en el mundo de las ONG´s y del Poder Judicial, se aplica exactamente lo mismo.

De allí que la transparencia y el acceso a la información, sean mecanismos  tan importantes para que la ciudadanía pueda participar. ¿Por qué? Porque es una herramienta de control social, de promoción de la probidad, legitimando y valorando nuestras instituciones y contribuyendo de paso a revertir la bajaconfianza que estamos teniendo entre nosotros.

Se trata de cambiar la cultura del secretismo enraizada en la gestión pública y privada que, finalmente, siembra un manto de duda sobre la mayoría de empresas y servicios públicos que trabajan de manera correcta y que son opacadas por estos “grandes malos” en todos los ámbitos.

Podemos votar –ahora voluntariamente- por los que nos parezcan más honrados y los que mejor nos representen (y que no se equivoquen). Podemos también dejar de comprarle a ciertas empresas (castigándolas, como desde ahora estamos viendo con el tema de la portabilidad numérica). Todo esto es muy importante y debemos tomar conciencia de este poder para ejercerloefectivamente. Pero no es suficiente. Por eso debemos seguir avanzando en transparencia y en establecer mecanismos defiscalización y control ciudadano.

Hemos recorrido mucho, sin duda. Un tremendo aporte fue la Ley de Transparencia, el mayor paso en muchos años, pero la tecnología nos permite hoy consolidarla y darle aún más fuerza. La ciudadanía, gracias a las nuevas tecnologías, tiene hoy una capacidad superior –no solo para coordinarse masivamente- sino para procesar la información que proviene del sector público y del mercado…  pero requiere de la información. En otras palabras necesitamos los datos.

En ese contexto quiero destacar dos iniciativas. Primero, la adhesión del Gobierno de Chile, con apoyo de ONG´s comoCiudadano Inteligente y demás actores de la sociedad civil, a la Alianza Multilateral por el Gobierno Abierto (Open Governmentpartnership – OGP), que tiene por objetivo asegurar el compromiso concreto de los gobiernos en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, así como la utilización de las nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia, la apertura y  la rendición de cuentas. Se busca la apertura de los gobiernos a la participación y el escrutinio público del actuar de sus instituciones y representantes. Se trata,entre otras cosas, de que esté disponible públicamente la información. De tener los datos.

Y en segundo término quiero destacar la aprobación unánime, de la ley del Ministerio de Desarrollo Social, que obliga no solo a evaluar, sino justamente a mostrar activamente los datos públicos de los programas sociales a la ciudadanía. Podremos analizar su financiamiento, focalización, resultados, impacto y eficiencia. Esto permite a universidades, centros de estudios y a cualquier ciudadano fiscalizar, y evaluar, permitiendo proponer caminos más efectivos en lo relativo al diseño y el control de las políticas públicas.

Esperemos (y presionemos para) que esto siga sucediendo.

 

FUENTE: El Dinamo

Más de mil millones han costado los operativos para detener el incendio de Torres del Paine

Por Francisco del Campo | Comunicaciones FCI

La suma de $1.147.984.473 pesos le costó al Estado detener el incendio forestal de Torres del Paine, que dejó una gran pérdida en parte del sector de Olguín de la reserva nacional de la Región de Magallanes.

Para saber esto, El Vaso realizó una solicitud de información pública a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a través de la plataforma “Acceso Inteligente”, herramienta de la Fundación Ciudadano Inteligente que permite solicitar datos públicos a los organismos del Estado de una manera más simple y directa. La respuesta dada en definitiva por la Onemi mostró cuánto fueron los gastos incurridos para solucionar el incendio de Torres del Paine hasta el 3 de febrero.

El incendio comenzó el 27 de diciembre del pasado año después que un turista israelí prendiera fuego a un papel higiénico. Los gastos para contener el desastre que consumió 17.606 hectáreas del parque nacional han sido para contratar aeronaves, equipamiento de operaciones, combustible, y el traslado de personas y elementos.

El arriendo de aeronaves de combate de incendio especiales para las condiciones meteorológicas de la zona fue lo más costoso de todo el proceso, alcanzando la cifra de $656.731.956 pesos. Esto además de todo el combustible que se tuvo que usar para estas aeronaves que tuvo un costo de  $46.868.979 pesos.

Hasta 900 personas se encontraron intentando detener el fuego en el momento de mayor complejidad de la operación, señaló a la prensa el director de la Conaf en Magallanes, José Fernández. Entre ellos habían brigadistas de la Conaf, bomberos, personal de las fuerzas armadas, brigadas forestales del Ejercito de Chile, además de brigadistas extranjeros (principalmente de Argentina y Uruguay) que llegaron a colaborar.

Para todos estos servicios que corresponden a los gastos de logística el Estado desembolsó $351.907.873 pesos. Estos se desglosan en el desplazamiento de las brigadas, el alimento para ellos, sus respectivos equipamientos,  la habilitación de albergues, entre otros.

Otro gasto importante fue el del traslado de las personas que se encontraban en el sector del incendio, que incluso significó la evacuación emergencia por los servicios nacionales de más de 400 turistas. Todas estas asistencias le costaron a la Onemi $48.896.501 pesos.

El resto de los gastos se desembolsaron tanto en combustible para otras maquinarias, lo que costó $40.040.354, como para el traslado de elementos que la Onemi no especifica, que tuvo un costo de $3.538.810 pesos.

En definitiva, todo el operativo para detener y solucionar el incendio forestal de 17.606 hectáreas en Torres del Paine le significó al Estado $1.147.984.473 pesos.

Ministerio Público: Entre la eficiencia y la eficacia

Por José Francisco García.

La puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal implicó la completa transformación de la justicia penal en distintos planos: oralidad, información, gestión, derecho a defensa, etc. Lo anterior conlleva un cambio de paradigma desde un sistema de justicia criminal inquisitivo a uno moderno que busca equilibrar eficiencia en la gestión de la justicia con garantizar un debido proceso tanto a imputados como a víctimas, lo que ha contribuido a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país.

El nuevo esquema penal, desde la mirada de las políticas públicas, cuenta como principio rector uno económico, el de eficiencia, el cual implica reconocer el problema más profundo de la escasez y que se traduce en el uso racional del recurso “sistema judicial” en la persecución penal, lo que importa generar diversos mecanismos de “filtro” -lo que se conoce genéricamente como el principio de oportunidad- que buscan desechar aquellos casos que por determinados motivos relevantes no conviene socialmente sean procesados por el sistema.

Sin embargo, en el derecho una idea tan elemental como esa era desconocida e incluso, en el proceso de reforma misma, combatida. Choca frontalmente contra ella el llamado principio de legalidad, en torno al cual se estructuraba el sistema procesal penal, según el cual, el Estado se compromete a investigar y sancionar todos los delitos que se cometen en el país. Ello no puede sino ser una simple declaración, desprovista de cualquier posibilidad práctica de materializarse, ante la escasez de recursos a que no hemos referido.

En efecto, el nuevo esquema ha venido a sincerar de alguna forma lo que sucedía en el sistema antiguo: se conocían y tramitaban todas las causas ingresadas, se citaba a las víctimas, se realizaban una gran cantidad de diligencias probatorias, y al final del día, y tras años de investigación infructuosa, la causa terminaba sin éxito alguno, bajo la figura del sobreseimiento, habiendo perdido la sociedad recursos valiosos en el proceso, en causas que jamás verían un resultado exitoso por falta de pruebas u otros elementos de juicio que fueren suficientes para un juez.

Congruentemente con  la imposibilidad e inconveniencia de dar respuesta judicial a todos los delitos, el nuevo sistema que se ha propuesto en forma explícita reconoce una serie de salidas para poner término anticipado a los procesos. Para extraer los mayores beneficios de las salidas alternativas, se ha buscado que sean adoptadas en la fase más inicial del proceso en que ello sea posible, evitándose incurrir en gastos innecesarios. En este sentido, la racionalidad económica del nuevo sistema, llega a su máxima expresión en los términos facultativos entregados al Ministerio Público, y de entre ellos, en particular, el archivo provisional.

Sin embargo, el buen o mal uso de este instrumento es fundamental en el nuevo sistema, porque si bien se basa en la necesidad de racionalizar recursos en la persecución criminal de aquellos casos en que existe una alta probabilidad de presentar un buen “caso” ante la justicia, genera los incentivos para archivar casos que sí podrían ser presentados a la justicia si existiese un esfuerzo adicional en términos de labor investigativa y de búsqueda de pruebas por parte de los fiscales.

Y es que actualmente la política criminal (política de persecución penal) del Ministerio Público no es explícita, y los criterios existentes en materia de persecución no tienen como meta reducir la criminalidad. A lo anterior se suma lo que parece una dificultad adicional –que eventualmente puede convertirse en una ventaja-, de carácter institucional cual es la existencia  de dos niveles en la determinación de la política de persecución criminal en el Ministerio Público: nacional y regional.

Así las cosas, mientras los términos facultativos, en general, y en particular el archivo provisional, tienen un profundo sentido de racionalidad económica para hacer más eficiente el recurso “persecución criminal”, lo que es un avance fundamental y positivo desde la mirada de las políticas públicas judiciales; la evidencia muestra la total divergencia de los estándares de aplicación a nivel nacional de este instrumento, tanto cuando se observa su aplicación entre las diferentes Fiscalías Regionales como cuando se analiza su uso por tipo de delito.

Resolver esta cuestión es fundamental para la consolidación de la Reforma Procesal Penal y las nuevas instituciones vinculadas a ésta, tanto desde el punto de vista de la legitimidad social y la confianza de las personas en el nuevo sistema, como de las consecuencias en términos del efecto disuasivo del sistema sobre potenciales delincuentes.

Un partido por el cambio

Por Víctor Jaque.

Carlos Larraín e Ignacio Walker (uno, presidente de RN y el otro, timonel de la DC) “movieron” todo el tablero político con una jugada que muchos califican de audaz, ya que responde con celeridad el llamado del presidente Sebastián Piñera a “ponerse de acuerdo” en un proyecto que permita realizar modificaciones de fondo al sistema político nacional, tocando un punto sensible para el ala más derechista de la derecha criolla, o mejor dicho, el leiv motiv de la UDI en su conjunto: el sistema binominal.

Para otros, es simplemente una afrenta pensada por los personeros del partido de la estrella contra sus históricos socios “populares” que busca lograr un doble efecto comunicacional: quedar como un partido capaz de dialogar con cualquiera y tolerante con ideas foráneas a su sector. La UDI, precisamente, es todo lo contrario a esos preceptos.

Lo cierto es que Larraín y Walker estaban viviendo hasta hace unos días situaciones muy complejas dentro de sus respectivas colectividades, casi a la altura de ser relegados a un carácter “instrumental”, como lo fue para la derecha en las elecciones pasadas ChilePrimero o como siempre lo es el PPD en la Concertación.

RN, más allá de tener un proceso de disidencia fuerte, con un ala liberal que cuestiona – y cuestionó – abiertamente el liderazgo y estilo conservador del senador Larraín, tiene el gran problema de vivir a la sombra de la UDI, el autodenominado “partido popular”[1]. El presidente fue militante de la tienda de Antonio Varas (por estatutos tuvo que renunciar antes de usar el sillón de O’higgins), pero el gremialisto poco a poco instala temas, modifica la agenda o traba cualquier iniciativa contraria a sus intereses, incluso en contra de la voluntad del partido de Piñera.

La Democracia Cristiana no lo pasa mejor bajo el arcoiris de la Concertación. De ser el partido del primer presidente post-dictadura, su última experiencia electoral en el ámbito presidencial dejó muchos heridos. Walker tomó un partido debilitado meses después de la derrota de Eduardo Frei[2] y poco a poco debió recomponen confianzas, tratando de retomar un sitial que los socialistas saben llevar y canalizar, el de representar en su bandera de lucha las demandas sociales.

Cuando se aproximaba un clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, Rodrigo Meléndez y Diego Rivarola (el primero blanco y el segundo azul) buscaban alguna manera de ser amonestados con tarjeta amarilla. Esto, los hacía quedar suspendidos por una fecha, pero era el costo asumido para no perderse el derby del fútbol chileno, estando ambos en cancha desde el pitazo inicial.

Larraín y Walker estaban en la cornisa y maniobrando con muy poco margen en sus respectivas colectividades. Son y serán criticados por mucho tiempo por este acuerdo marco (aunque no prospere), pero ya quedaron a la vanguardia, aplacando los deseos de cambio de sus corrientes internas y asegurando su presencia desde el primer minuto para el clásico que ambos jugarán, aunque en veredas opuestas (aún): hay elecciones municipales y a la vuelta de la esquina está la votación que buscará al sucesor de Sebastián Piñera.

El que se arme un nuevo pacto político es muy poco probable, aunque RN y la DC sí tienen muchos tópicos en común. Primero, tienen que ordenar la casa antes de invitar a los vecinos a pasar.


[1] http://www.udi.cl/website/seccion.php?S=7

[2] http://www.cooperativa.cl/ignacio-walker-asumio-como-timonel-de-la-dc/prontus_nots/2010-09-05/125048.html

 

El Trago Fuerte

¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.

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