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El centro es el que dirime las contiendas

Larraín-Walker int

Por Patricio Arancibia

Cataclismo al más puro estilo maya con un vaticinio del fin del mundo para este 2012, resultó ser la propuesta de acuerdo entablada por Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, partidos con amplia trayectoria y con un pasado ligado a diversos acontecimientos nacionales, que en algún momento fueron indiscutidos representantes y líderes en sus coaliciones por tener un caudal de votos importantes, además de tener en sus tiendas miembros que han tenido, y tienen la primera magistratura del país: la presidencia.

Profetizado el fin del mundo por los mayas, y algunos autores que señalan que tal situación no es un fin sino más bien un cambio de la estructura actual, y pareciera que lo que sucederá en nuestro  régimen político y presidencial, llevará a un sistema semi presidencialista con tintes parlamentaristas que supondrán el fin de una era de Presidencialismos reforzados. Sin embargo el régimen de gobierno en Chile ha sido un tema recurrente durante toda nuestra historia como nación, que ha tenido momentos álgidos como quiebres constitucionales, y que en especial en el siglo XX y después con la vuelta de la democracia, ha sido cuestionado en relación a cual es la institucionalidad que nos debe regir y gobernar, tema que se enmarca cada cierto tiempo de forma cíclica por estallidos sociales e indignación de la ciudadanía.

Pero, ¿qué sistema es mejor? Difícil pregunta, y que Chile con su historia puede resolver. Hemos experimentado de todo, siendo el gran fracaso del sistema los políticos – y no los partidos – que han liderado coaliciones o tiendas políticas; un tanto antropófagos y mezquinos en las cuotas de poder, y tradicionalmente balanceados en dos sectores de Derecha e Izquierda, impidiendo que el centro represente una alternativa. En ese contexto, el sector que dirime las contiendas, especialmente las presidenciales y que permite los grande acuerdos nacionales, es el rol que partidos como RN y la DC saben jugar. Gran ejemplo de aquello fue la vuelta a la democracia, que en definitiva desequilibra este sistema de contrapesos políticos, que finalmente deja contentos a todos los políticos y amarra a la ciudadanía a un empate.

El acuerdo RN- DC viene a oxigenar la democracia, es el punta pie inicial que pretende terminar distintas situaciones que se vienen dando en el país. Entre ellas, la polarización de dos bandos, en donde pareciera ser que no se puede avanzar en temas país, puesto  que la gran mayoría de nuestros compatriotas no tienen mayor afinidad política y optan por el pragmatismo, vale decir, la ideología de hacer las cosas, solucionar mis problemas, tus problemas y  los de todos; tener una economía estable que me permita emprender, que sea social; retribuir a quienes no han tenido las oportunidades; alcanzar  riqueza, pero que no sea a costa de las malas prácticas o al sometimiento de los consumidores. En definitiva que entregue una democracia representativa, en donde nuestros líderes políticos, ejecutivo y legislativo, piensen por el bien nacional y no por los intereses de sus partidos o por lo que ellos consideran que es prioridad. Se quiere un Estado garante que permita la seguridad y la paz social, en donde la delincuencia no sea un obstáculo; se necesita un resguardo a la libre expresión, que la manifestación esté garantizada pero que no signifique un atropello para quienes no quieren estar en toma, o quieren seguir en sus actividades cotidianas; se requieren autoridades líderes, que entiendan y vislumbren la necesidades del país y que no se les imponga a la fuerza las necesidades por reclamaciones populares.  Todo eso y más no puede ser signo de un régimen político que busque imponer ideas y que el empate político signifique no avanzar.

El agotamiento del sistema binominal es palpable, se siente la amargura en la boca: el ir a votar y pensar que en las parlamentarias que vienen, y las que siguen, saldrá un diputado o senador de una coalición política de Derecha y otro de Izquierda, eliminando al centro político, a los independientes y a las minorías que si no se someten al sistema no serán electos. Dar término al binominal y al presidencialismo exacerbado es uno de los muchos puntos abordados por el acuerdo RN-DC, al igual que la elección de los consejeros regionales, mayores atribuciones a los CORES y a los concejales; la implementación de primarias vinculantes y simultáneas – que permitirán que nadie quede fuera del proceso de ser candidato a un cargo de elección popular – y la búsqueda de un nuevo marco jurídico para los partidos políticos, buscando una democratización total de ellos (muchos de los cuales tienen la palabra democracia dentro de sus nombres, pero no la practican).

En definitiva, sólo buenos augurios trae la iniciativa RN-DC, esperando que los políticos atiendan al llamado y que no jueguen con la calculadora. Si existen problemas en formalidades políticas por tener estos partidos la iniciativa de proponer, que se subsanen dentro de sus coaliciones políticas, para responder al llamado de la ciudadanía de forma adecuada y oportuna, con  las reformas políticas que se necesitan y las demás necesidades que demanda el país: trabajo, lucha contra la delincuencia, protección social, etc. ¡Enhorabuena quien tome la iniciativa! Bienvenida es la declaración del ministro Hinzpeter señalando que antes de las elecciones se tendrá cambiado el sistema electoral binominal. Hay confianza en el gobierno que logró y pudo concretar la inscripción automática y voto voluntario para las elecciones municipales, aun teniendo toda una movilización por las demandas educacionales, y hay confianza que el gobierno del Presidente Piñera tiene  interés de realizar los cambios, porque sin duda será un gobierno que en muchos aspectos reformará Chile y sorprenderá a varios.

 

 

Los tres pilares de la reforma política

Por Marco Enríquez-Ominami.

Al perecer, las aventuras extra matrimoniales de Carlos Larraín e Ignacio Walker, que llevaban más de tres meses, está dejando a damnificados del duopolio político.

Respecto de las reformas políticas de RN y la DC, vuelve a plantearse en la opinión pública las sospechas metódicas cartesianas: ¿Será capaz la  clase política del duopolio de autor reformarse y perder poder? ¿Podría pensarse que  los conservadores de derecha  y de izquierda estuvieran dispuestos a cambios tan radicales para perfeccionar nuestra democracia? Confío en que esta alentadora propuesta no sea un volador  de luces y ojalá no sea un cambio tipo “gato pardo”.

El régimen semipresidencial, el sistema proporcional y el federalismo atenuado constituyen el eje de nuestro programa político, que ya en mi  campaña  presidencial eran considerados como una utopía por  parte de los líderes conservadores. Si la  fuerza de las ideas, hoy hegemónicas, ha logrado  convencer a los miembros del duopolio de que el cambio es posible, no puedo sino regocijarme.

Yo profeso el optimismo trágico: estoy convencido de que resta mucho por hacer para romper la “jaula de hierro” weberiana, que exige quórums casi inalcanzables para este tipo de reformas. Esta tarea exige una dosis importante de voluntarismo, que supere el inmovilismo del pragmatismo ramplón. Propuesta y acción constituyen la tarea prioritaria de los Progresistas en esta coyuntura.

Terminar con la monarquía presidencial, que tanto daño ha hecho a la democracia chilena, reemplazándola por la democracia dual con correctivo presidencial – semi presidencialismo – con un jefe de Estado y un Jefe de Gobierno, es la garantía de un equilibrio de poder.

El sistema binominal catatónico no garantiza ninguna gobernabilidad y sólo reproduce la  colusión política. Un sistema proporcional y una división correcta de los Distritos – según el número de habitantes y continuidad geográfica – debiera garantizar la equidad entre los sufragios obtenidos y los sillones parlamentarios. La elección de Intendentes y Consejeros regionales es fundamental para terminar con el centralismo; este el primer paso para un federalismo atenuado.

Aún faltan muchas tareas a realizar,  como la  revocación de mandatos, la limitación a una sola reelección de  todos los cargos que emanen de  la soberanía popular, sistema unicameral, plebiscitos  vinculantes y voluntarios a nivel nacional, regional y comunal,  primarias abiertas, obligatorias y vinculantes, controladas por el SERVEL. ¡El camino es largo, comencemos ya!

Es un gran mérito de los movimientos sociales, especialmente el estudiantil, el haber develado la profunda crisis de representación, legitimidad y gobernabilidad a la cual nos condujo una casta política,  cuyo objetivo central consistía  en reparto el botín del Estado y inmovilidad política, los cargos parlamentarios vitalicios, senadores y diputados nominados  a  dedo, combinaciones políticas que obtienen verdaderos récords de rechazo ciudadano. No cejaremos hasta lograr el cambio radical de nuestro sistema político, tarea central que me convoca, por la  cual  siento un profundo compromiso.

Acuerdo de Vida en Pareja (AVP)

Por José Francisco García.

El concepto de familia ha sido entendido tradicionalmente como el núcleo social formado por la madre, el padre y los hijos, donde la madre y el padre están unidos legalmente en matrimonio y los hijos son fruto de esa unión. Familia y matrimonio irían, según el enfoque tradicional, de la mano, quedando el matrimonio solamente permitido para personas de diferente sexo. Así queda reflejado en la definición legal de matrimonio contenida en el artículo 102 de nuestro Código Civil –contrato que es entre un hombre y una mujer–, o la definición que de dicha institución hace el Diccionario de la RAE: “la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales”.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, además, existen diversas realidades de convivencia extraconyugal que han sido causa de discusión en las esferas religiosa, cultural y política. La convivencia en pareja al margen del matrimonio es conocida bajo el término de “unión de hecho”. Frente a esta realidad se han tomado diversas posturas acerca de cómo debe tratarse y si es necesario o no legislar sobre él. La magnitud de estas uniones –2.000.000 de personas convivirían en Chile–, como asimismo el déficit legal de protección de estas parejas y de reconocimiento cuando las mismas se deben a la imposibilidad de poder contratar matrimonio entre personas del mismo sexo, son el fundamento que ha tenido el Gobierno para presentar en días recientes a la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP); debate que, por lo demás, ha estado presente desde 2003, y con mayor fuerza desde 2007, por la presentación de diversos proyectos de ley, mediante mociones parlamentarias, que buscan regular las uniones de hecho, mediante alguna forma de Pactos de Unión Civil (PUC).

El 17 de agosto reciente, el Ejecutivo ingresó el proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida en Pareja (Boletín N° 7873-07), definiéndolo como “un contrato celebrado entre dos personas con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común”, que “en ningún caso, alterará el estado civil de los contratantes”. Se establece asimismo, que sólo podrán celebrarlo “las personas que sean mayores de edad y que tengan la libre administración de sus bienes”.

No se puede dejar de notar que el Gobierno justifica esta iniciativa como una que “tal como otras iniciativas que estamos impulsando para promover y fortalecer la familia”, está motivada “en último término, de una convicción fundada en la obligación que pesa sobre todos quienes ejercemos responsabilidades públicas por voluntad soberana del pueblo, de orientar siempre nuestro actuar hacia la obtención del bien común, fin último del Estado, según se encuentra recogido en el artículo 1º de nuestra Constitución Política”. Así, se trata de una iniciativa que busca “promover” y “fortalecer” la familia e inspirada en la persecución del bien común.

Porque asimismo, el Gobierno nos propone una mirada sobre el concepto de familia que es más amplio que el del enfoque tradicional o nuclear. En efecto, se establece en el mensaje que: “Por otra parte, tal como señalamos en nuestro programa de gobierno, la familia se manifiesta a través de “distintas expresiones”. Así, la familia tradicional o nuclear, que consta de madre y padre unidos por un vínculo matrimonial y sus potenciales hijos, corresponde a la expresión más estable, duradera y anhelada de familia en Chile que nuestro Gobierno se ha comprometido a fomentar. Pero además, existen otros grupos familiares, como los monoparentales, los de familias extendidas, los formados por las parejas de convivientes y aquellos formados por parientes consanguíneos. Cada uno de ellos, incluso los que no den ni puedan dar lugar a la procreación, son dignos de respeto y consideración por el Estado pues todos en mayor o menor medida, significan un beneficio para quienes los integran y la sociedad en su conjunto, en la medida que permiten compartir amor, afectos y vivir en la intimidad, confieren un apoyo emocional fundamental para desarrollarse en la vida y, en el plano material, permiten apoyarse económicamente y amortiguar las oscilaciones cíclicas en los ingresos de cada uno de sus miembros”. (Cursivas en el original).

Adicionalmente, se profundiza en las consecuencias de lo anterior, ahora también desde la perspectiva de las parejas del mismo sexo: “En el caso particular que nos ocupa, nos asiste la convicción de que el Estado no está cumpliendo adecuadamente con su finalidad ni sus deberes primordiales si no ofrece un marco jurídico que, al menos, reconozca, respete y otorgue certeza jurídica a los derechos de esos aproximadamente dos millones de compatriotas, que viven en pareja sin estar casados, regulando los efectos patrimoniales, sociales y sucesorios de su convivencia. Ello, por cierto, se aplica tanto a parejas de distinto como del mismo sexo, toda vez que en ambas es posible desarrollar el amor, afecto, respeto y solidaridad que inspiran un proyecto de vida en común y con vocación de permanencia”.

Desde la perspectiva de modalidades de celebración del AVP el proyecto se podrá celebrar por dos formas: (a) Por escritura pública otorgada ante notario, la que deberá contener la declaración jurada de ambos contratantes respecto de no encontrarse ligados por vínculo matrimonial o un Acuerdo de Vida en Pareja vigente; y (b) ante un Oficial del Registro Civil, quien levantará un acta de todo lo obrado. En el mismo acto, los contratantes deberán declarar respecto de no encontrarse ligados por vínculo matrimonial o un Acuerdo de Vida en Pareja vigente. Tanto la escritura pública en la que conste el Acuerdo de Vida en Pareja como el acta que levante el Oficial del Registro Civil se deberán inscribir en un registro especial que llevará el Servicio de Registro Civil e Identificación, en un plazo de 10 días hábiles a petición de cualquiera de los contratantes.

Asimismo, entre los aspectos patrimoniales regulados destacan la formación de una comunidad de bienes, normas sobre herencia, derechos en materia de salud y previsionales.

¡Nacionalizar el cobre AHORA!

Por José Francisco García.

La petición del movimiento estudiantil cuando estaba en su peak en torno a renacionalizar la gran minería chilena en manos de compañías extranjeras, no es más que un slogan. En efecto, no se trata siquiera de una argumentación puramente ideológica. Es sólo una buena estrategia comunicacional, dado que transmite una idea frente a la cual se puede tomar fácilmente una posición (sí o no). Su opacidad y falta de contenido argumentativo, son superados, por así decirlo, por su fuerza motivacional, que busca movilizar a la acción.

Porque más allá del slogan, el país no escuchó un ápice respecto de las bondades técnicas de la medida, o siquiera un plan respecto de su implementación y contenido: ¿se trata de los activos, del patrimonio, de las concesiones en manos de las empresas extranjeras? Ni una sola palabra.

Se trata de una propuesta que choca frontalmente con nuestras reglas fundamentales, con el espíritu y texto de nuestras normas constitucionales y legales en materia de derecho público económico, y los tratados de libre comercio y de protección de inversiones suscritos y vigentes en Chile, el grueso de ellos impulsados por los gobiernos de la Concertación–, aparece, de cara a nuestro ordenamiento jurídico como extraordinariamente inviable.

Nuestra Constitución Política actual (1980) descartó incorporar la figura de la nacionalización, institución que, como sabemos, fue incorporada en el ocaso de la Constitución de 1925 mediante reforma del 16 de julio de 1971. La nacionalización consiste conceptualmente en el traspaso o apoderamiento del Estado de un conjunto genérico de bienes destinados a una actividad o sobre las empresas dedicadas a ella, consideradas siempre como una universalidad, no siempre con derecho a indemnización, lo que dependerá de criterios políticos y la capacidad económica del Estado.

En este sentido, y en buena parte producto de la experiencia de la nacionalización de la gran minería del cobre durante el Gobierno de la Unidad Popular, es que en la actual Constitución se robusteció el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, estableciéndose además que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio sino por ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional.

Entre algunas de las garantías que amparan al expropiado encontramos que siempre puede reclamar de la ilegalidad del acto expropiatorio ante los tribunales y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada por los tribunales.

Junto con lo anterior los tratados que hemos suscrito en materia de libre comercio y especialmente en materia de protección de inversiones, hacen que, no solamente deban respetarse la garantía de indemnizar, sino que justificar una expropiación o nacionalización, lo que puede llevar a los inversionistas afectados a demandar al Estado de Chile ante el CIADI.

Todas estas reglas no tienen la potencia comunicacional del slogan. No pululan las redes sociales ni frecuentan los debates en Twitter; pero un país requiere de una deliberación racional, de alto contenido para caminar al futuro. Y sobre todo de instituciones sólidas que respeten los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad, incluidas los de las minorías impopulares.

Las relaciones con nuestros vecinos del norte en su más bajo nivel

Por Marco Enríquez-Ominami.

Desde fines de la guerra del salitre nuestras relaciones con Perú y Bolivia han sido erráticas: otra privilegiamos a Bolivia, otra al Perú. El presidente Federico Santamaría fue partidario de entregar a Bolivia Arica o, en su defecto, Camarones o Caleta Víctor. En el caso del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo viramos en 180º: se acuerda con Perú, por medio del Tratado de 1929, repartir Arica para Chile y Tacna para el Perú, prohibiéndose, sin acuerdo de ambos países, cualquier cesión de territorio a un tercero – en este caso Bolivia -.

Sería extenso reseñar en este artículo los diversos intentos, llevados a cabo por Chile, para resolver el problema de la mediterraneidad boliviana; baste citar lo realizado por el gobierno de Gabriel González Videla, Salvador Allende y Augusto Pinochet, en el famoso Acuerdo  de Charaña, que fue imposible implementar  al no haber acuerdo con Perú entre otras cosas.

Con razón, el gobierno boliviano se agotó por el alargue excesivo respecto al punto 6, que trata del tema de la salida del mar a Bolivia. A pesar de las buenas relaciones entre Michelle Bachelet y Evo Morales, nuestra Cancillería no atinó nunca a entregar una solución que satisficiera a ambos países respecto de una salida al mar. Al parecer, habría habido una propuesta de cesión en comodato de caletas como Cobija, al norte de Antofagasta – otrora el puerto principal de Bolivia – o Pisagua, al norte de Iquique.

La Cancillería chilena es a veces insuficiente referente al trato con nuestros vecinos del norte: en este sentido no tiene comparación alguna con Torre Tagle y los doctores de Chuquisaca, por consiguiente, casi nada se puede esperar con respecto a un diseño de una política inteligente en relación con nuestros vecinos. Como buenos “fenicios” de América del Sur, pareciera que el único centro de nuestras políticas de Relaciones Exteriores es el comercio.

En esta coyuntura no podemos estar peor: demandados por Perú ante el Tribunal de la Haya sobre el tema del territorio marítimo que, a pesar de los triunfalistas y chauvinistas, es bien posible que termine en un reparto y, ahora, Bolivia amenaza con demandar a Chile ante los tribunales Internacionales respecto al tema de una salida al mar.

Las recientes actitudes matonescas como la del ministro de Defensa que amenaza con el ejército si Bolivia persiste en no aceptar los Tratados, sólo sirven para desprestigiar nuestra política exterior e incitar a países hermanos a apoyar la causa boliviana, que cuenta con bastante simpatía dentro de la comunidad internacional de naciones.

Una política internacional que se basa preferencialmente en la intangibilidad del Tratado de 1904 tiene pocas posibilidades de éxito y, consecuentemente, bloquea cualquier posibilidad de diálogo. Si los Tratados no pudieran ser revisados y discutidos entre los firmantes, sería imposible pensar en una salida al mar en la franja contigua a la actual línea de la Concordia.

Con el nuevo gobierno de Perú, posiblemente más permeable que el de Alán García, podría pensarse en una solución tripartita, que permitiera solucionar el problema de la mediterraneidad de Bolivia por la franja que desde Yuta hasta la línea de la Concordia.

No tenemos por qué pensar en que  la alternativa de un comodato, en Cobija, por ejemplo, tuviera que romper la continuidad territorial de Chile. En la actualidad, el tráfico de personas y de mercadería puede realizarse libremente y, por lo demás, en el caso de la Comunidad Europea se ha demostrado la inutilidad de las fronteras.

El chauvinismo de personas como el de diputados de la Concertación o de la Alianza además de las actitudes prepotentes del antes nombrado ministro de Defensa y la rigidez de nuestro ministerio de  Relaciones Exteriores en el actual gobierno, que no está dispuesto a aceptar el cambio ni de una coma del Tratado de 1904, hace imposible cualquier negociación con Bolivia.

Hay que tener en cuenta que el gobierno de derecha está  completamente aislado en América del Sur; el único aliado posible es Colombia, hoy gobernado por el presidente Santos que, por lo demás, a diferencia de Álvaro Uribe, no está interesado en eje de derecha, sino más bien en una apertura hacia sus vecinos de izquierda – Ecuador, de Rafael Correa y Venezuela, de Hugo Chávez y, seguramente, ahora con Perú, de Ollanta Humala.

La clase política criolla está equivocada en la apreciación respecto a la actuación de nuestra Cancillería en la reunión de la OEA, de San Salvador; la verdad es que la mayoría de los países solidarizaron, sentimentalmente, con Bolivia, y el acuerdo de que este problema sea discutido bilateralmente representa un imperativo moral a nuestro país, en el sentido de resolver, a la mayor brevedad posible, el tema de la mediterraneidad de Bolivia, cosa que no será posible, de seguir la política actual de nuestra cancillería.

De las dictaduras digitales y la falta de convicciones

Twitter

Por Francisco Luco.

Probablemente a nadie resulte indiferente el potencial de las manoseadas redes sociales para influir sobre el ejercicio del poder político. Y lo cierto es que, si bien podría ser nuestro primer impulso pensar en ejemplos como Twitter y su utilidad en la organización de movilizaciones políticas en Medio Oriente o protestas en Estados unidos, también contamos con casos mucho más cercanos y pedestres.

Sin ir más lejos, en Chile ya han sido numerosas las oportunidades en que gracias al poder de unos pocos, que representan una suerte de casta tecnológica (mas no intelectual, por cierto), se han derribado proyectos de ley, revertido decisiones de la administración central e, incluso, dejado sin efecto normativas de entes privados.

¿No se suponía que una ciudadana activa manifestándose en línea, presionando y molestando al poder era algo positivo? En principio sí, pero como en todo ámbito de cosas, cualquier exceso resulta nefasto al final.

El caso de la influencia que las redes sociales pueden ejercer en el poder político es especialmente paradigmático en Chile. Incluso da para alarmarse y para que comencemos a cuestionarnos –deberíamos– qué diablos está sucediendo a nuestro alrededor.

Es cierto que nos encontramos inmersos en la era de la información, que todo hoy se reduce a la inmediatez y que la ciudadanía evalúa a sus representantes constantemente, no esperando ya únicamente un plazo de 4 años para castigar o aprobar la gestión de sus autoridades. Sin embargo, existe un largo trecho entre esta situación de control cívico y el absurdo de que, porque un par de comentarios de menos de 140 caracteres creó un bola de nieve que acabó posicionándose por conveniencia en la portada de algún medio digital de izquierdas, autoridades políticas terminen dándose vuelta la chaqueta o traicionando derechamente sus convicciones.

Aunque no sea políticamente correcto decirlo, un “representante” no se elige para “representar” sin más lo que la voluntad de la mayoría que lo eligió designe. Y es que si así fuere, si se tratara de simplemente plantar monigotes mínimamente instruidos que se encarguen únicamente de mediar como meros mensajeros entre la opinión mayoritaria de sus electores y el poder, en la práctica daría lo mismo a quién se elige.

Un actor político, llámese congresista, alcalde, presidente de la república o lo que sea, se elige porque, si bien debiera actuar siempre con miras al interés de los ciudadanos, confiamos en su criterio e ideas de qué es lo mejor para sus electores. Suena paternalista y tan política 1.0 insisto en lo de políticamente incorrecto, pero no podemos negar que, por los argumentos antes expuestos, es así. Después de todo la realidad es innegable.

El gran problema se hace patente cuando las convicciones suponiendo que las hay y por tenues que sean se transan por miedo; el miedo al matonaje primero virtual, luego social y, finalmente y casi por añadidura, matonaje político.

No sólo nuestra sociedad criolla, sino la sociedad humana en general parece atravesar delicados y complejos cambios en este momento. Ello hace necesario, más que nunca, el surgimiento de un proceso de reflexión y análisis en frío de los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor. Lamentablemente, mensajes furibundos, apasionados, temperamentales y muchas veces plagados de desconocimiento en 140 caracteres parecen marcar hoy la pauta noticiosa, y no hacen falta un par de horas para que un político traicione sus ideas y convicciones y revierta sus decisiones temiendo ser víctimas de bullying.

En estos últimos años se ha acrecentado más que nunca la importancia de las redes sociales y su interrelación con la política. Sin embargo, es fundamental que de vez en cuando nos detengamos a pensar antes de caer en la verborrea instantánea y fácil, y sobre todo –casi lo imploro– que en la llamada clase política piensen dos veces antes de ceder a las presiones de un reducido grupo de usuarios de internet, de baja representatividad y que al final sólo consigue hacer crecer bolas de nieve gracias a los intereses editoriales de opositores al gobierno.

Como corolario de lo anterior, resulta de total relevancia que se dimensionen las redes sociales en una medida justa y proporcionada, y se evite caer en el espejismo absurdo de que se trata del bastión de la verdad absoluta o de un instrumento econométrico confiable y representativo.

Al final, si quienes ostentan el poder debieran retractarse cada vez que los usuarios de Internet se disgustan por algo,  probablemente terminaríamos en una especie de populismo, caudillismo o, peor aún, una verdadera dictadura digital.


¿Quién dijo puterío?

Por Víctor Jaque.

Hace unos años, Iván Moreira – frente a periodistas y cámaras de TV – trataba a Jorge Schaulsohn de “maricón” en los pasillos del Congreso y le regalaba un certero golpe en el rostro. Mientras Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres, el hemiciclo fue caldo de cultivo para conatos y agresiones verbales diarias. En mayo de 2010, el diputado PS Fidel Espinoza supuestamente le dijo “momia conchetumadre” a su colega UDI María José Hoffman, y en noviembre del mismo año, el diputado PPD Jaime Hales, en plena comisión le dijo a su colega UDI Jorge Ulloa que era un “chupa fusiles”.

La política es una actividad violenta que suele dejar heridos o muertos (mediáticamente hablando, sino pregunte por Arturo Frei Bolívar o el mismo Fra Fra, por ejemplo) en el camino. Algunos pagan el costo de caminar por veredas ideológicas opuestas, mientras que otros simplemente tienen que ser sacados en pos de un “bien mayor”, que generalmente no es otra cosa que mantener todo tal cual como está, aunque eso beneficie a unos pocos.

El conflicto educacional, el descontento social con la forma en que funcionan los bancos, retail, supermercados, transporte, farmacias y la sensación generalizada de que nos están cagando obliga a los políticos a moverse en aguas que no les son conocidas y que, en rigor, esquivan de manera constante. Sin duda, ahora no tienen la manija de la situación y sólo reaccionan para esquivar el golpe que la ciudadanía les da, o en el peor de los casos, tratar que duela lo menos posible.

Los alcaldes Pedro Sabat, junto a Cristián Labbé y Francisco de la Maza, han dado muestras de que la clase política en general dejó hace rato la corbata para ponerse pintura de guerra y andar con el cuchillo entre los dientes. Otrora candidatos seguros (y bastiones de la derecha en Santiago) que corrían solos, ahora tienen una oposición decidida a “botarlos” del poder. Sin duda, evidencian un síndrome que también afecta a muchos en la Concertación: no pueden pretender que los cargos que la población les confirió sean eternos y no se les pueda cuestionar o – peor aún – sacarlos si lo hacen mal.

Todo el espectro político se liberó de sus caretas y en esta pasada la UDI es la que más pierde: demasiados cruces entre religión, poder, dinero y política los deja con un rango de acción muy limitado. Si van contra los empresarios, van contra ellos mismos. Si van contra el lucro en la educación, van contra ellos mismos. Si van contra el sistema binominal, van contra ellos mismos. El partido comunista tampoco lo hace nada de mal: no sacan nada con alimentar movimientos sociales si a la cabeza de su colectividad se mantienen los mismos que pactan con la Concertación y son rechazados por parte de sus propias bases.

La Concerta es un caso muy diferente. Van dos años de gobierno y aún no se empapan del rol de oposición, rango que por lo demás el pueblo les otorgó por medio de los votos. Mientras la gente marchaba en las calles, ellos discutían si cambiarle o no el nombre al conglomerado. Mientras la gente aguantaba chorros de agua, ellos entre cuatro paredes definían listas para las elecciones venideras.

Pedro Sabat dice que es hijo de taxista, que lucha por la educación pública y que se ha esforzado por hacer colegios municipales de excelencia. Lo que Sabat (y el resto menos) entiende es que si las calles están limpias y los funcionarios públicos están correctamente uniformados no es porque su inspiración se los dicta, sino que es lo mínimo que sus electores esperan de ellos.

¿Se acuerdan del ex alcalde de Iquique Jorge Soria, el choro Soria?

Las políticas de Archivo Provisional de los Fiscales

Por Eliana Claro.

En los últimos meses, la discusión sobre delincuencia se ha tomado parte importante de la agenda pública. Además, han salido a la luz diversos desencuentros entre las instituciones responsables de la seguridad pública (Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio Público, entre otras) respecto a planteamientos profundos sobre las responsabilidades de cada uno en materias de delincuencia.

Parte de la polémica ha llevado a cuestionamientos hacia la Fiscalía sobre los criterios utilizados al momento de archivar provisionalmente un caso. Esto, a raíz de los datos que publica el Ministerio Público en sus boletines estadísticos. Para el período de enero a septiembre de 2011, el porcentaje de archivos llegó a un 46,5% del total de términos aplicados, mostrando un aumento respecto al 2010 (durante el 2010 la cifra fue  de 45,8%). Además en delitos como robo no violento, robo y  hurto, las cifras son aún más impresionantes y se elevan a 89,3%, 81,1% y 61,5% respectivamente.

Frente a este escenario, el Ministerio Público, se ha comprometido recientemente, a reducir gradualmente,  en un 10% los archivos provisionales en casos de robos no violentos, hurtos y otros delitos contra la propiedad, durante los próximos 4 años. Para esto, aplicará  3  medidas claves: trabajar con Carabineros en mejorar las primeras diligencias, a través de una mayor coordinación y claridad de las instrucciones, facilitando el debido uso de sus facultades autónomas; implementar un sistema informático con antecedentes en línea que permita identificar y reportar aquellos partes con información incompleta; y, por último, mejorar la carta de comunicación del archivo provisional, solicitándole a las víctimas la entrega de más información en caso de tenerla, y el fortalecimiento de la difusión de este término facultativo con la población a través del “Plan de Interacción con la Comunidad” que realiza la Fiscalía.

Sin embargo, es importante mencionar la idea que han propuesto los parlamentarios de la Alianza respecto a modificar los criterios de evaluación de gestión del Ministerio Público. Se debe potenciar la idea de buscar nuevos criterios capaces de alinear los objetivos de los fiscales hacia la búsqueda de causas eficientemente terminadas y no hacia cantidades de causas pendientes, que los llevan a utilizar el archivo provisional de manera equivalente a las salidas judiciales.

El desafío, además de mejorar las diligencias investigativas de Carabineros, es contar con reglas claras y públicas respecto a los criterios de aplicación de los términos facultativos, en especial el archivo provisional,  y con indicadores de gestión que distingan la utilización del archivo como una salida aplicada de manera “racional” y no como una salida “rápida”.

Una Televisión Digital gratuita y de calidad

Por Marco Enríquez-Ominami.

La discusión en el Senado, sobre el proyecto de ley de TV digital debiera constituirse en la gran oportunidad para promover de cambiar nuestra televisión para que, como ocurre en muchos otros países, esta sea un espacio de enriquecimiento  de los chilenos y no de un adormecimiento que sólo beneficia a quienes no quieren cambiar nada del estado de injusticia y desigualdad en que vive nuestro país.

No hay ninguna razón para que los chilenos estemos eximidos, excluidos de la inteligencia que puede muy bien combinarse en términos de oferta con lo que hoy se llama entretención. Esto fue planteado por diferentes instituciones que reclamaron la mantención de la gratuidad de la TV abierta y una reforma drástica de la manera en que hoy se entregan las concesiones, sin exigir mayores compromisos con un análisis de las cualidades técnicas y financieras del proyecto.

La TV es sin duda clave para nuestra democracia. Existe hoy el peligro que por la vía de negociaciones invocando la urgencia, se reparta el enorme potencial existente en grandes grupos económicos sin reservar para la cultura, la educación y los contenidos regionales suficiente espectro. Si así  ocurre, en 10 años más para tener una frecuencia los interesados deberán comprarla a estos grandes grupos a precio de oro. Es ahora, entonces que debemos exigir que se apruebe una normativa que deje abierto el espacio para la lenta incorporación de interesado que no tienen grandes capitales, pero sí propuestas de contenidos de gran importancia para el país.

La Mesa Ciudadana por la TV digital ha planteado once puntos consensuados entre  una serie de organizaciones, entre las cuales se cuenta el Colegio de Periodistas, ONG’s y el Observatorio de Medios (FUCATEL). De estos acuerdos puedo destacar los siguientes puntos:

  • La existencia de un transportador público que tenga carácter nacional y que permita el acceso a la difusión a los proyectos que no tienen la posibilidad de invertir en grandes redes. Sin ir más lejos en la RM no hay espacio para más antenas y los propios operadores actuales proyectan usar una red en conjunto.
  • Exigir que el CNTV otorgue las concesiones en audiencia pública y de acuerdo a criterios que garanticen diversidad en la oferta. Hoy el CNTV es un mero buzón de la decisión de la Subtel, es decir del Gobierno de turno. Si no se cambia esto, la selección la hará el Gobierno de Piñera.
  • Cambio en la composición del Consejo Nacional de Televisión y de TVN, hoy cuoteados políticamente. Estos organismos deberían ser integrados por representantes de la sociedad civil, universidades, Colegio de Periodistas,  ONGs, y otros.
  • Un régimen de igualdad en la duración de las concesiones tanto para los ya existente como los nuevos.
  • Garantías de que en cada región se reservará un 40% para la TV regional, local y comunitaria y además se reservará espectro para una TV cultural y otra educativa que pueda también integrar televisión de servicios, teleeducación, telemedicina y otros. Así lo hizo Brasil y estos dos grandes objetivos no pueden ser parte del paquete para la TV regional.
  • La TV Digital debe ser gratuita y de libre acceso para todos los chilenos. Esta normativa establecerá las reglas del juego para un largo período de una realidad que nos sorprenderá con nuevos usos tecnológicos y nuevas posibilidades de financiamiento. Los parlamentarios no pueden legislar pensando en los problemas de financiamiento de los actuales operadores.
  • La televisión comunitaria debe estar referida a comunidad de intereses y no necesariamente a su espacio geográfico y no tener fines de lucro.
  • Los actuales canales comunitarios deberán ser reconocidos por la ley e incorporados al espectro electrónico destinado a éstos.

Sólo la  presión de una ciudadanía bien informada podrá evitar que los actuales canales de TV se apropien del espectro, negando el espacio a nuevas propuestas televisivas

La Nueva Derecha Británica

Por José Francisco García.

Tuve la suerte de conocer, durante su relativamente reciente visita a Chile, a Jesse Norman, parlamentario inglés (MP) conservador, por el distrito de Hereford y South Herefordshire, considerado el gurú intelectual del primero ministro británico David Cameron, y autor de diversos textos en el campo de la teoría política destacando Compassionate Conservatism (2006) y The Big Society (2010), en que ha renovado dramáticamente el cuerpo de ideas (el denominado “relato”) del partido conservador inglés (los tories) y al “cameronismo”, bajo el concepto de conservadurismo compasivo.

Norman es una de esas rarezas en política: un académico que devino en político. Se trata no sólo de un productor de ideas, de sólida formación académica en Oxford y en UCL, sino de un convencido de que la política y las políticas públicas (estamos también ante un miembro del think tank Policy Exchange) son, ante todo, una “batalla de ideas”, donde el “relato” y el “guión” conforman parte relevante de la estrategia y no son sólo medios tácticos. La Política con P mayúscula.

Cuando David Cameron en uno de sus discursos más recordados sostuvo que:Nuestra alternativa al Estado grande (big government) no es la inexistencia del Estado –una versión refrita del laissez faire. Tampoco es un gobierno más inteligente. Nuestra alternativa al Estado grande es la Gran Sociedad (Big Society)”, la pluma detrás de la cita era notoria.

Se trataba de un intento renovado por defender el principio de la libertad y de la responsabilidad individual, ya no entrando en la confrontación directa entre la díada individuo versus Estado, sino buscando aquel espacio intermedio entre ambos, en el conjunto de sociedades intermedias que forman los individuos como los colegios, cooperativas, iglesias, ONG’s, juntas de vecinos, clubes de fútbol, etc., que permiten el pleno desarrollo de los fines individuales mediante la cooperación con otros individuos con relativa autonomía de la injerencia estatal. Como sabemos, esta idea no es nueva, y en el pasado ha tenido diversos nombres (e.g., asociativismo).

Para los chilenos esto puede ser extraordinariamente familiar por la importancia que tiene el principio de subsidiariedad en nuestra institucionalidad –mucho más que en la Europa continental o en la tradición anglosajona–.Norman reconoce en este principio formulado por la Doctrina Social de la Iglesia –con fuerza en la Encíclica Rerum Novarum (1891) y con más detalle en la Encíclica Quadragésimo Anno (1931)– y difundido como principio de acción política entre nosotros desde mediado de los 60’s por Jaime Guzmán, cierta cercanía a los fundamentos de su Gran Sociedad, aunque aislándolo tanto de los elementos religiosos presentes en la DSI, como asimismo de las miradas más corporativistas que se puedan hacer de la aplicación práctica del principio de subsidiariedad.

Tal vez por su estadía en Oxford y la influencia que ahí sigue ejerciendo el espíritu de Isaiah Berlin, llevó a Norman a comprometerse con la defensa de las ideas como centro de su acción en política. Pareciera, que el consejo de Berlin a varias generaciones de estudiantes de filosofía política en su famoso discurso sobre “Dos Conceptos de la Libertad”, pronunciado el 31 de octubre de 1958, sigue retumbando en los pasillos de dicha institución y fue absorbido por un joven Norman: “Descuidar el campos del pensamiento político porque su objeto inestable, de aristas confusas, no puede ser atrapado por los conceptos fijos, los modelos abstractos y los finos instrumentos que son apropiados para la lógica o el análisis lingüístico… no es más que permitirse el quedar a merced de creencias políticas primitivas que no han tenido ninguna crítica. Un materialismo histórico muy vulgar es el que niega el poder de las ideas y dice que los ideales no son más que intereses materiales disfrazaos. Puede ser que las ideas políticas sean algo muerto si no cuentan con la presión de las fuerzas sociales, pero lo que es cierto es que estas fuerzas son ciegas y carecen de dirección si no se revisten de ideas”.

Se trata en definitiva de un intelectual en construcción que hay que tomárselo en serio y que promete revolucionar la centroderecha a escala global.

El Trago Fuerte

¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.

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