Por Ximena Abogabir S.
En año electoral resulta particularmente preocupante revisar el exhaustivo y elocuente informe “Del Dicho al Hecho” recientemente presentado por la Fundación Ciudadano Inteligente sobre el estado de cumplimiento en materia legislativa al cumplirse 3 años de gobierno del Presidente Piñera. En primer lugar muestra que “otra cosa es con guitarra”, lo cual tiene como lado luminoso la capacidad del Gobierno para adaptarse a un mundo en vertiginoso cambio y enfrentar sus nuevos desafíos. Su lado oscuro refleja la práctica de incluir en los programas de gobiernos (éste y todos los anteriores y, posiblemente, los futuros), asuntos que reflejan la preocupación mayoritaria de los votantes sin que ello implique el compromiso de esforzarse por cumplirlos… o justificar el cambio de opinión al respecto.
En el listado de proyectos de ley comprometidos, existe un 19% que en el período tuvo 0% de avance, es decir, en los tres años de gobierno, ni siquiera fue enviado al Parlamento para iniciar un proceso que puede tardar décadas en dar los frutos prometidos. Ello se hace sin que exista una instancia en que el Gobierno explique a la opinión pública los motivos –que pueden ser muy entendibles pero cuyo silencio da pie a sospechar que la medida puede obedecer a presión de grupos de interés.
En particular, me preocuparon dos ámbitos donde esta práctica es especialmente frecuente: los temas ambientales y los indígenas. En el primer caso, se trata de temas urgentes (especialmente los relacionados con las medidas de mitigación y adaptación al cambio global del clima) y que son de lenta maduración para brindar frutos. A modo de ejemplo, existe 0 avance en compromisos tan relevantes como “Corregiremos las distorsiones tributarias que desincentivan el uso de combustibles limpios y la reducción de emisiones. Incentivaremos las Energías Renovables no Convencionales (ERNC) y la Eficiencia Energética (EE), a través de la entrega de instrumentos financieros a las empresas para que desarrollen estas tecnologías”.
En el caso de los temas indígenas, el promedio del cumplimiento es sólo del 14%. Ello me inquieta especialmente porque justifica la legítima desconfianza que los pueblos originarios se han formado a lo largo de los tiempos sobre la sinceridad de las declaraciones del Estado chileno de resolver en forma efectiva sus problemas. A su juicio, los representantes del mundo político se acercan a ellos en los períodos pre eleccionarios y nos lo vuelven a ver hasta el siguiente…o cuando estalla un conflicto de proporciones.
Felicito a la Fundación Ciudadano Inteligente ya que este análisis no sólo es de gran utilidad para evaluar los avances y pendientes del programa del Presidente Piñera, sino también para incentivar a todos los candidatos a enfrentar con seriedad sus campañas de captación de votantes: los compromisos deben ser cumplidos, o justificadas las razones para introducir variaciones. Es un esfuerzo indispensable si aspiramos a restablecer la indispensable confianza entre los representantes electos y la ciudadanía.
También da luces sobre la necesidad de fortalecer nuestra vilipendiada democracia. Desde mi modesta opinión, períodos presidenciales de 4 años no permiten cumplir los programas a cabalidad y es un incentivo perverso a la implementación de medidas dolorosas que mostrarán resultados a mediano y largo plazo. Propongo volver a los 6 años de antaño.
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Ximena Abogair.
Periodista (Universidad de Chile). Especialista en participación ciudadana, resolución de conflictos, gestión local participativa y convivencia sustentable. Expositora y docente permanente en espacios nacionales e internacionales sobre involucramiento de las empresas con las comunidades, cambio cultural y resolución de conflictos. Fellow de Ashoka desde 1995.
Presidenta y fundadora (1983) de Fundación Casa de la Paz; Integrante del Panel Externo de Revisión del Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo – BID; Auditora social (“Conducta Responsable” de la Asociación de Industriales Químicos; Forest Stewardship Council FSC; Reportes de Sostenibilidad); Integrante de diversos Consejos Asesores y Jurado en concursos sobre materias relacionadas.
Por Enzo Abbagliati.
El libro publicado por el senador Jovino Novoa a principios de año, en el que lanzó duras acusaciones contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ha visibilizado en toda su extensión un conflicto latente al interior de la coalición de gobierno. Así como la Concertación se debate hace años entre autoflagelantes y autocomplacientes, el choque de posturas entre la derecha conservadora y la derecha liberal en estos tres años de gobierno lleva a pensar cuán consistente puede ser –desde el punto de vista programático- un gobierno de la Alianza por Chile.
¿Tiene razón el senador al apuntar al presidente y enrostrarle que más que defender las ideas del sector su gobierno se ha camuflado hasta parecer uno de la Concertación? ¿Cuánto hay de realidad en esa afirmación y cuánto de querer pasarle otras cuentas?
Leyendo el completo informe 2013 “Del Dicho al Hecho” elaborado por Ciudadano Inteligente, los grandes números de la agenda legislativa del gobierno parecen darle en algo la razón a Novoa.
Un primer punto es el avance de las promesas del programa electoral que implicaban proyectos de ley. Es probable que a través del manejo de las urgencias, el magro 39% de cumplimiento del programa de gobierno que hoy se presenta, viva este año un cambio importante. Para que ello ocurra el siempre optimista ministro Larroulet va a requerir de una significativa capacidad de persuasión en el año más electoral que se recuerde en mucho tiempo en la comarca (las aún indefinidas primarias parlamentarias; la ya seguras primarias presidenciales en la Concertación y la Alianza; y la primera y eventual segunda vuelta de la elección presidencial, todo en pocos meses). Persuasión en este caso será sinónimo de negociación, “camuflando” las propuestas hasta hacerlas irreconocibles para algunos legisladores de gobierno, con el fin de asegurar su aprobación con votos de la oposición.
Un segundo punto es la denominada agenda alternativa, en la que pareciera que las palabras de Novoa adquieren su sentido más profundo. El informe de Ciudadano Inteligente no mide la consistencia ideológica de esa agenda. No está en sus propósitos. Pero constata un dato rotundo: casi tres cuartas partes de los proyectos de ley enviados por este gobierno al Congreso no están relacionados con el programa con el que ganó las elecciones el año 2009.
¿Es malo que exista una agenda alternativa? A priori no, siempre que el cumplimiento de las promesas del programa electoral sean el piso mínimo de eficiencia legislativa. Pero eso está por verse.
¿Habrán significado los proyectos de esta agenda alternativa un escoramiento ideológico de la administración Piñera? Novoa diría que sí, pero dándole el beneficio de la duda a un gobierno que nos acostumbró a la letra chica, sería necesario descifrar detalladamente la visión de país que fundamenta 3 de cada 4 proyectos enviados al parlamento para hacer conclusiones tajantes al respecto.
¿Cuánto de esta agenda alternativa es reacción al ciclo de movilizaciones sociales iniciado en el segundo semestre de 2010? Según el gobierno, parte importante de las demandas fueron escuchadas y sometidas al debate parlamentario. Según los movimientos sociales, los proyectos de ley no atacan de manera intregral los problemas denunciados.
En las democracias representativas, los electores delegamos nuestro poder de decisión en autoridades (ejecutivas y legislativas) a las que elegimos por sus promesas, las que representan una hoja de ruta del camino que debemos recorrer como sociedad. Son estas autoridades las encargadas de hacer realidad los cambios en el destino del país que la mayoría escogió en las urnas. Ante la inexistencia de recursos como el voto programático y los referendos revocatorios, que permitirían remover anticipadamente a esas autoridades en el caso de que incumplieran sus promesas de campaña y llevaran adelante gestiones marcadas por sellos distintos al espíritu de sus propuestas, los electores solo tenemos la oportunidad de evaluar el cumplimiento del gobierno al terminar su mandato. La ausencia de mecanismos permanentes de rendición de cuentas convierte a la agenda alternativa, por tanto, en una poderosa y en alto grado inmune vía para gobernar con ideas distintas a las enarboladas para conquistar el voto del electorado.
Cuando en marzo de 2014 termine su mandato el presidente Piñera, ¿qué pensarán los electores que lo escogieron? ¿Sentirán que las ideas impulsadas por el gobierno son aquellas por las que ellos votaron el 2009? Hay ya una certeza: el senador Novoa responderá en forma negativa.
Por Álvaro Bellolio.
Evaluaciones del cumplimiento del programa del gobierno hay variadas, ya que no existe una metodología única para medirlo. La ocupada por el Ejecutivo considera medidas administrativas y de gestión y no sólo medidas legislativas para el cumplimiento de los compromisos, enfocada en informes publicados en la página web de cumplimiento del Gobierno (www.gob.cl/cumplimiento).
Cuando se revisan los distintos índices de cumplimiento gubernamental, el tema fundamental pasa por los parámetros que indican si un compromiso se cumplió o no. Darle un enfoque netamente legislativo a éste, es decir, medir únicamente las leyes, presentadas y aprobadas en el Parlamento, puede ser reduccionista, pero a modo de análisis parcial es un proxy interesante a revisar, por lo que iniciativas como la que realiza la Fundación Ciudadano Inteligente o el Centro Democracia y Comunidad, que siguen la lógica de medir sólo en función de proyectos de ley aprobados en el Congreso, son claramente una contribución.
Ahora bien, en la misma línea, es importante ver qué hace que un compromiso se considere o no cumplido. Resulta bastante interesante la revisión del estado de avance según el trámite constitucional, pero se debe considerar que la aprobación de proyectos de ley y el avance en los trámites no está sujeto exclusivamente al Ejecutivo, sino también al poder Legislativo, por lo que bloqueos de proyectos de ley u obstrucciones por parte de diputados o senadores opositores puede afectar directamente el cumplimiento de las medidas asociadas a los proyectos, especialmente en un contexto donde el Ejecutivo no tiene mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso.
Sin embargo, comparto la visión de que efectivamente un compromiso se considera cumplido cuando se aprueba el proyecto de ley, ya que desligar de la responsabilidad al Ejecutivo -asignándola totalmente al Legislativo- puede generar ciertos sesgos, por lo que complementar el índice a través de una rúbrica que clasifica la urgencia asignada me parece una medida interesante.
Desde Libertad y Desarrollo hemos realizado un índice del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Presidente de la República cada 21 de mayo, el que tiende a ser más subjetivo al sumar una evaluación de la medida según su calidad y aporte a las políticas públicas; a la revisión de si ésta ya está siendo implementada, si se encuentra en trámite, si ha sido solamente presentada al Congreso o si definitivamente no se ha hecho nada al respecto.
La razón de realizar este análisis, es que medir a un Gobierno sólo por su eficiencia legislativa es como medir la calidad de la educación que reciben los alumnos sólo por asistencia de sus profesores o la de los parlamentarios por la cantidad de mociones presentadas, sin que éstas aseguren ser de calidad, pertinentes y relevantes para los ciudadanos. Desde nuestro punto de vista, una buena política pública y medida de parte del Gobierno, que cumpla compromisos como disminuir la burocracia, podría ser el derogar una ley específica, en vez de estar constantemente promulgando, asociando a la función del Ejecutivo a sólo hacer crecer los marcos legislativos del país.
Ahora bien, analizando los distintos resultados, la Fundación Ciudadano Inteligente presenta un índice de cumplimiento de un 38,5%, superior al entregado el año anterior, que alcanzaba un 24%, pero sigue contrastando con las cifras oficiales entregadas por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicadas en febrero del presente año, que presenta un informe de cumplimiento legislativo gubernamental y de los mensajes presidenciales 21 de mayo del gobierno actual, donde se entrega que un 77% de los proyectos comprometidos han sido aprobados o en tramitación y prontos a ser aprobados. Esto ocurre principalmente porque las metodologías ocupadas son distintas. En temas de efectividad legislativa, de los 291 proyectos nuevos ingresados por el Ejecutivo, 166 han sido aprobados y promulgados, representando una efectividad legislativa del 57% a 3 años de Gobierno.
Si bien las metodologías son distintas y puede ser difícil compararlas, llama la atención las diferentes visiones sobre proyectos emblemáticos que presenta el ejecutivo, especialmente en la medida que algunos compromisos se pueden realizar mediante medidas de gestión, como en el sector laboral, donde se ha alcanzado prácticamente niveles de pleno empleo.
Es innegable que en áreas tales como Concesiones, Alta Dirección Pública, Energía, Minería, Gobiernos Corporativos, Descentralización y otros, se espera que el Ejecutivo ingrese a la brevedad ciertos proyectos, dado que es el último año de gobierno.
A modo de conclusión, creo que el proxy utilizado para medir el cumplimiento legislativo del Gobierno, si bien imperfecto, es un aporte a la discusión pública, por lo que considerando las limitantes tanto de la información entregada por distintos centros de estudios o la información oficial del gobierno, colabora a sensibilizar al ciudadano del estado del arte en materias legislativas. Medidas como la realizada por esta fundación generan debates del tipo de evaluación y vara con que queremos medir a nuestros gobernantes, además de contribuir al capital social tan necesario en nuestra ciudadanía y más aún en nuestras organizaciones sociales y no gubernamentales, que están tomando la importancia que les corresponde en los tiempos actuales.
Por Álvaro Graves.
Desde hace tiempo venimos discutiendo sobre diferentes asuntosrelacionados con el uso, publicación y privacidad de datos en Chile. Cada vez se hace más crítico que el Estado considere los datos como un bien valioso y estratégico para el desarrollo, de la misma forma que puede ser un puente, una escuela o un hospital. Uno de los problemas que se ven desde afuera es la falta de uniformidad de las políticas de manejo de datos, por lo que la idea de un Zar de Datos merece ser pensada como una alternativa.
¿Que %#(@*& es un Zar de Datos?
En términos más ejecutivos un CDO (Chief Data Officer) también conocido como Zar de Datos (Data Czar) es una persona que se encarga de definir la estrategia y las políticas de manejo de datos de una organización. Esto conlleva ser capaz de responder varias preguntas, entre otras:
- ¿Cuál es el flujo que debiese tener los datos da una organización?
- ¿Cómo debiese ser la transmisión de datos de una parte de la organización a otra?
- ¿Qué datos pueden hacerse públicos? ¿Qué datos deben ser públicos? ¿Qué datos definitivamente no pueden serlo?
- ¿Cuál es el ciclo de vida de los datos en la organización? ¿Quienes son los generadores de datos en la organización? ¿Quiénes son los consumidores?
- ¿Cuál es el proceso de colección y curación de datos?
- ¿Cómo son almacenados los datos? ¿Qué formatos y estándares son los más convenientes para la organización?
- ¿Cuál es la política de archivo de datos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién está a cargo?
- ¿Cuál es la política de redundancia y respaldo de datos? ¿Cuales son los protocoles, niveles de prioridad y responsabilidad de repositorios y encargados?
- ¿Cuáles son las estrategias para maximizar la generación de valor basado en los datos existentes? ¿Qué medidas hay que tomar para agregarle valor a los datos existentes?
Cuando la organización es pequeña, el tema del manejo de datos es fácil, basta ponerse más o menos de acuerdo entre pocas personas, establecer un sistema de backup y eso es más que suficiente. Cuando hablamos de organizaciones grandes, la cosa empieza a ponerse complicada.
¿Porqué el Estado es un caso especial?
Cualquier organización de tamaño mediano para arriba necesita definir al menos algunos lineamientos del manejo de datos, aunque sea de manera informal. En el caso del Estado, la situación es más complicada ya que este debe cumplir con una serie requisitos obligatorios. Por ejemplo, las leyes de transparencia y compras públicas obligan al Estado a publicar datos sobre sueldos de funcionarios y compras que este hace, por nombrar algunos. Estas publicación de datos es mandatoria, no algo que se pueda dejar de hacer. Asimismo, el Estado debe garantizar la privacidad de las personas y de ciertos datos (ej. no se puede saber qué niño sacó qué puntaje en el SIMCE).
El problema es que hasta donde sé no hay una política unificada para el manejo de datos a nivel de gobierno. Por ejemplo, ¿Dónde busco el detalle del presupuesto relacionado con educación en la municipalidad de Hualpén del año 1995? Imagino que en el sitio de la municipalidad, pero no sé cómo seguir. Quizás podría hacer una solicitud via Ley de Transparencia, pero me imagino que se me sería negada al no existir dicho registro. Y esto nos lleva al gran problema en el Estado: Las políticas de manejo de datos son muy dispares en distintas partes éste: Me consta que algunas organizaciones manejan profesionalmente los datos (al menos a nivel de respaldo y seguridad), mientras que otras ni siquiera tienen una base de datos digital, sino todo en papel. Asimismo, mientras existe una ley de protección de datos personales de carácter económico, por otro lado tenemos al SERVEL publicando datos personales como si fueran de ellos.
¿Cuáles serían los beneficios de un Zar de Datos?
Imagino que el cargo de CDO (idealmente bajo un Zar de Tecnología, CTO, del gobierno, pero eso da para otro artículo) debiese ser capaz de definir estándares, tecnologías y procedimientos que pudiesen ser aplicados a distintas organizaciones del gobierno: Esto ahorraría plata, ya que no se reinventaría la rueda en cada organización. Por ejemplo, podría ayudar a definir una serie de metadatos mínimos que cada documento gubernamental debiese tener (entiendo que existe algo de esto).
Segundo, permitiría tener una autoridad a quién preguntarle (tanto desde la ciudadanía como del gobierno) sobre estos temas. Tercero, este CDO (idealmente) debiese tener cierto nivel de decisión sobre qué es público y qué es privado, qué puede (o debe) ser publicado por el Estado y que no. Cuarto, tener un CDO podría mejorar la comunicación entre organizaciones del Estado a la hora de compartir datos, al estar forzados a cumplir ciertos estándares que ambas partes conocen y deben seguir, y no armar soluciones sui generis. Quinto, facilitaría la relación con la ciudadanía ya que sería más fácil ir a hablar con una sola persona encargada de cómo compartir los datos en vez de preguntar al administrador de cada organización.
En conclusión…
… creo que la idea de un CDO debiese al menos ser considerada seriamente. Hay buenas iniciativas del gobierno relacionadas con datos (mirar http://datos.gob.cl) pero muchas veces estas palidecen antes errores garrafales que pueden ser previstos si hay alguien pensando en las políticas de datos que el Estado debiese tener.
Publicación Original en Manzana Mecanica. Ver acá.
Obra licenciada con CC3.0.
Por Manuel Arís.
El trabajo de comisiones del Congreso es central en la producción legislativa. Es la instancia donde se eligen los ingredientes de nuestro ordenamiento jurídico, se aderezan los proyectos, es el lugar donde la Ley se cocina. Las reformas, sin embargo, para que la cocina esté a la vista, han tenido un inexplicable retraso.
El 2010 nuestro Congreso Nacional cometió un grueso error, al incorporar en su Ley Orgánica Constitucional medidas tendientes al secretismo. Entre otras modificaciones, se restringió el acceso de público a las sesiones de comisión y se estableció la reserva del material de registro de esas sesiones, estableciendo con ello más trabas para que los ciudadanos conozcan cómo las leyes se preparan en las comisiones.
Pocos meses después de publicarse esta Ley —que significaba un retroceso en materia de transparencia del Congreso— algunos parlamentarios propusieron enmendar este error, presentando una nueva modificación a la Ley Orgánica Constitucional.
Entre los aspectos destacables de este nuevo proyecto, que afectarían el trabajo de las comisiones en el Congreso, se encuentra la obligatoriedad de transmitir en línea las sesiones, la publicación del registro de audio de las mismas, la publicación de los antecedentes considerados en los debates, el establecimiento de estándares de publicación de la información, la flexibilización del acceso público a las sesiones y la creación de un régimen de audiencias públicas.
El proyecto de Ley, ingresado en agosto del 2010, fue aprobado por la Cámara de Diputados en marzo del 2011, quedando varado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde, desde esa fecha, aún no ha sido discutido.
La importancia de estas modificaciones son cruciales en materia de transparencia, y una gran oportunidad del Congreso para acercar su labor a la ciudadanía. Es en las comisiones donde se debate, se definen las posturas, se transa, en las comisiones es donde se cocina la Ley y, por supuesto, todos confiamos mucho más en los restaurantes con cocina a la vista.
Sumado a ello, actualmente no está institucionalizada la participación de la sociedad civil en el debate de comisiones. Corporación Humanas estimó que en el 55 % de los informes emanados por alguna Comisión del Senado no se registró ninguna intervención de Organizaciones de la Sociedad Civil, y que para la Cámara de Diputados esta cifra alcanza el 62 %. Si los mecanismos de participación son acotados, al menos esperamos que la transparencia en las sesiones de comisión sea un principio que legitime la labor representativa de nuestros parlamentarios.
Por esto es que las reformas a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que ya llevan en lista de espera en el Senado un año y nueve meses, debiesen adquirir urgencia. Es necesario que nuestro Congreso demuestre su compromiso con la transparencia y la probidad, y se decida a hacer las reformas y remodelaciones para que los ciudadanos podamos asistir con tranquilidad a un restaurante donde se cocina a la vista, pues un buen restaurante no tiene nada que ocultar.
Por Álvaro Castañón.
Quizás usted no lo sabe, pero en Chile nuestras autoridades todos los días se enfrentan a un desfile de intereses. La mayoría son intereses públicos; de esos que lo benefician a usted y a mí. Pero en algunos casos, se deben enfrentar a determinadas personas que intentan persuadir a la autoridad para que les entregue su favor a un interés privado, de esos donde ganan pocos.
Un ejemplo de lo que comúnmente llamamos lobby lo podemos encontrar en la Ley de Pesca, donde grandes empresarios nombran delegados para hablar con distintos parlamentarios, y así convencerlos de que su interés debe ser protegido en la ley, por sobre otros intereses.
El lobby no es enemigo de las democracias ni de los intereses públicos, pero debe ser regulado para que no se transforme en “el peor amigo”. Por eso, para seleccionar las amistades de nuestra democracia, es que actualmente se está buscando regular la relación entre “los intereses privados” y nuestros órganos del Estado.
Existen distintos tipos de lobby, y en el año 2003, con el objetivo de clarificar cuál era el más adecuado para nuestro país, se envió un proyecto de ley que buscaba regularlo. El debate fue largo, mucha gente y organizaciones expusieron sus posiciones, pero el proyecto nunca logró convertirse en ley.
Luego, en el año 2008 se ingresó el boletín 6189-06, la segunda oportunidad para regular el lobby. Este proyecto de ley fue presentado en el gobierno de Bachelet, buscando regular la actividad de lobby al establecer los tipos de funcionarios públicos y autoridad que pueden ser objeto de éste, así como la habitualidad en las gestiones. También, el proyecto proponía la necesidad de tener un registro de lobbystas, esclarecía qué no es considerado lobby (como las gestiones que pueda hacer una fundación); y terminaba su articulado estableciendo las posibles sanciones.
Con el avance de la discusión parlamentaria, el proyecto presentado por el gobierno en 2008 fue aprobado por el Senado en Julio del año 2009. En su tramitación el Senado puso orden a muchos asuntos de forma en el proyecto de ley, básicamente, para hacerlo más coherente en su relato normativo.
Hasta acá, tenemos un proyecto de ley que pone su enfoque en “El Lobbysta”, sin entregar mayores obligaciones a la autoridad o funcionarios públicos, y regulando la actividad como si fuera un cuasi auxiliar de los poderes del Estado, siendo su sanción máxima el retiro del registro de lobbystas y la inhabilidad para ejercer como tal.
Pero en Mayo del año 2012 el Presidente Piñera envió al Congreso una indicación que en realidad modificaba todo el proyecto de ley. Uno de los cambios más relevantes es que se elimina el “registro de lobbystas”, y propone un “registro público de agenda”, donde ahora los funcionarios públicos y autoridades son los que deben llevar registro de sus reuniones y viajes. Se elimina también la nómina de sujetos cuya actividad no es considerada lobby y los criterios de habitualidad. Es decir, ahora cualquier persona y con cualquier frecuencia puede ir a hablar con -por ejemplo- un Diputado y debe quedar registro de dicha audiencia, de las personas que asistieron, la materia que se trató y su duración.
La eliminación del listado de entidades cuya actividad no es Lobby, que tenían los proyectos del 2008 y 2009, parece ser una correcta decisión, ya que muchas organizaciones en la práctica apuntan en su acción a temas e intereses acotados, y en su campo de incidencia defienden intereses de grupos que pueden ser reducidos.
Con la indicación presentada en el 2012 tenemos un cambio radical de enfoque, donde se pasa desde el lobbysta al funcionario público o autoridad. No es malo que sea regulada la función de quienes trabajan en los órganos del Estado y deben recibir de forma transparente a quienes se encuentran legítimamente preocupados por sus intereses particulares, pero eso no debería ser sinónimo de eliminar el registro de lobbystas y concepto de habitualidad. Es bueno tener identificados a los principales lobbystas del país, pues ellos son los que hacen de esto un oficio, y comparativamente, un lobbysta de profesión presenta una gran ventaja frente a una persona que va a hablar por primera vez con un Senador. Los registros públicos de agenda y el registro de lobbystas son necesarios y complementarios. Hasta el momento, pareciera ser entonces que el camino más apropiado sería ni el primer ni el segundo proyecto, sino una mezcla (aún no clara) de los dos.
Un último punto destacable en los proyectos de ley que buscan regular el Lobby, es que se considere en todo momento la creación de registros públicos on-line. Específicamente, en la indicación del año 2012 se propone que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia ponga a disposición del público toda la información al respecto en un solo sitio web, lo cual no sólo lo hace transparente, sino que también práctico. Este sería un importante paso hacia delante en los procesos de transparencia en Chile, y un avance no menor en las políticas de datos abiertos.
La situación hoy es preocupante, pues no tenemos idea qué es lo que sucede en las audiencias o viajes; la falta de transparencia, en este sentido, es total. Es importante que los ciudadanos tengamos garantías sobre el trabajo de nuestras autoridades, funcionarios públicos, Congreso y otros, pues así nos aseguramos que el interés colectivo siempre prime por el interés particular, reduciendo las posibilidades de que exista una “captura de la autoridad”.
Hay que seguir monitoreando el avance de este proyecto, pues de ello dependerá que mientras usted lee -por ejemplo esta columna- no se esté fraguando un proyecto de ley que beneficie a un grupo reducido de personas. Después de todo, no todas las leyes injustas tienen freno producto de marchas o trending topic en Twitter.
El lobby que queremos para Chile es un lobby moderno, público, con cargas igualitarias para lobbysta y funcionario público o autoridad, donde todos los intereses tengan la misma oportunidad y todos tengamos acceso a saber quién y qué es lo que se acuerda en “la previa” de un acto normativo que nos regirá a todos por igual.
Ver infografía explicativa de los proyectos de ley acá.
Luis Alberto Moreno, presidente del organismo, presentó la postulación ante el Directorio Ejecutivo, que aprobó el nombramiento de la Presidenta Ejecutiva de Fundación Casa de la Paz.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nombró a Ximena Abogabir, Presidenta Ejecutiva de Fundación Casa de la Paz, integrante del panel Externo de Revisión, instancia establecida en el marco de la Política de Acceso a la Información del organismo.
Este importante nombramiento fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo ante un arduo proceso de selección, que surgió tras la nominación de una serie de personalidades vinculadas al fomento de la transparencia y el acceso a la información.
Luis Alberto Moreno, presidente del organismo, fue quien presentó la postulación de Abogabir, quien es fundadora de la organización, que tiene 29 años de trayectoria y que actualmente se dedica a la ejecución de proyectos ligados a la sustentabilidad, en resolución de conflictos, educación para la sustentabilidad e incidencia y participación ciudadana.
Abogabir es periodista de la Universidad de Chile, especialista en participación ciudadana, resolución de conflictos, gestión local participativa y convivencia sustentable. Expositora y docente permanente en espacios nacionales e internacionales sobre involucramiento de las empresas con las comunidades, cambio cultural y resolución de conflictos.
Además del panel Externo de Revisión del BID es auditora social: “Conducta Responsable” de la Asociación de Industriales Químicos de Forest Stewardship Council FSC; y ha sido integrante de diversos consejos asesores en la ex Conama, Consejo de las Américas, Consejo Nacional Asesor del Programa de Pequeños Subsidios del PNUD (Naciones Unidas) y Unicef.
Tras un proceso de implementación interno, el BID aprobó en mayo de 2010 la Política de Acceso a la Información, la que fue empujada por su presidente, con el objetivo de reafirmar el compromiso con la transparencia, otorgando el máximo acceso a los documentos e información de la institución.
Fruto de un proyecto creado en asociación con CEPAL, el sitio web fue inaugurado este miércoles durante el “Seminario Internacional: Plan Regional eLAC2015 y el avance de las políticas digitales en la región” organizado por el proyecto aLIS2 en Ecuador
Contribuir para el desarrollo de estrategias de Datos Abiertos que resulten en rendición de cuentas, servicios innovadores y efectividad de las políticas públicas, promoviendo una economía del conocimiento más inclusiva en América Latina y el Caribe. Ese es el objetivo del proyecto Datos Abiertos para Políticas Públicas en América Latina y el Caribe (OD4D), ejecutado por W3C Brasil en asociación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y apoyado por el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Canadá (IDRC).
Como forma de permitir el seguimiento del proyecto y la evolución del debate global sobre Datos Abiertos, fue creado el Portal del OD4D (http://www.od4d.org/pt/), el cual fue inaugurado este miércoles, día 10 de octubre, en Quito, capital de Ecuador, durante el Seminario Internacional: Plan Regional eLAC2015 y el avance de las políticas digitales en la región” , promovida por el proyecto aLIS2 (eLac- http://www.cepal.org/elac/) y CEPAL.
Buscando ampliar el conocimiento sobre Datos Abiertos y su potencial para mejorar la calidad de las políticas públicas en la región, el sitio web del OD4D reúne artículos, documentos, videos y varias informaciones sobre el tema. Además de todo el contenido generado a partir del proyecto (manuales, guías, artículos científicos, conferencias, seminarios, oficinas), el sitio web también prevé la participación de la sociedad en la construcción de este contenido.
De acuerdo con Vagner Diniz, gerente de W3C Brasil e inaugurador del portal en Quito, el canal trilingüe (portugués, español e inglés) focaliza en la investigación del impacto del uso de datos abiertos en la formulación de políticas públicas y en el desarrollo económico local: “La idea es suscitar debates, además de generar y diseminar material sobre el tema. El portal traerá cartillas, manuales y referencias a diversos portales difundidos por el mundo. Funcionará como un agregador, un repositorio de informaciones”, aclara.
Vagner también recuerda que, aunque todo el proyecto esté siendo desarrollado junto con la CEPAL, la gestión y producción del contenido del portal quedará a cargo de W3C Brasil, que ya desarrolla proyectos de referencia sobre Datos Abiertos.
Por Juan Pablo Gándara, Director de Proyectos Fundación Casa de la Paz.
El 26 de septiembre, recién pasado, se realizó en la Universidad Diego Portales, en su facultad de Derecho, el seminario “Relaciones Comunitarias: una mirada desde los derechos y la participación” convocado por Fundación Casa de la Paz, al cual asistieron representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, del sector público y privado. En el seminario se generó un amplio debate sobre participación y derechos ciudadanos, los cuales aparte de mostrar los distintos intereses y diagnósticos sobre esa parcela de la actualidad nacional, dejaron en evidencia la considerable distancia que actualmente existe entre los distintos puntos de vista que ahí se expresaron.
A raíz de lo anterior, tomo como elemento relevar el papel que ha venido jugando la gran minería en Chile, industria que, pese a todo lo que se pueda decir sobre ella, hay que reconocerle su proactividad y liderazgo a nivel nacional en ámbitos de transparencia, gestión de impactos, apoyos a iniciativas locales y/o seguridad laboral, por mencionar algunos elementos.
Respecto de ese liderazgo que debe seguir profundizándose, y que debiese ponerle presión también a otras industrias para que mejoren sus estándares productivos, aún hay desafíos pendientes vinculados a una mayor inclusión y participación en la toma de decisiones que afectan intereses de terceros, sobre todo intereses de índole indígena o de acceso a recursos naturales (agua, sobre todo).
En mayor inclusión y participación un elemento central -que debe estar siempre alentándose desde las distintas posturas- es el acceso a la información, clara y oportuna, para todos los actores del territorio, pues ello constituye un elemento primordial al querer diseñar participativamente políticas o herramientas de intervención social que busquen potenciar un territorio.
Una buena acción que se podría comenzar a implementar (y que unos pocos ya han comenzado a hacer), es promover, por ejemplo, que los actores que a menudo participan y contribuyen al desarrollo de estudios sociales o ambientales, puedan acceder a los resultados de éstos para luego validarlos y priorizarlos. Con esta simple acción, se puede contribuir tanto a homologar niveles de información sobre el propio territorio en los grupos de interés, como a generar una idea común, validada y socializada, sobre los objetivos que se deben perseguir para desarrollar el territorio.
A su vez, la ampliación de ese ejercicio debiese aportar indirectamente a ir cambiando algunas dinámicas culturales que están instaladas en las distintas relaciones que se generan entre empresa y comunidad, en donde, de vez en cuando, ocurre que el dirigente social, por ejemplo, junto con conocer la propuesta de trabajo que trae la empresa, conoce también en la misma instancia de “diálogo” a sus abogados e ingenieros, anulando así cualquier posibilidad de negociación para el actor local.
Ojo que cuando esto pasa al revés, y es la empresa la que se topa con un dirigente “armado”, lo común es escuchar frases tales como: “este tipo sólo quiere plata”, “quiere todo gratis” o “no quiere dialogar”, perdiendo así la idea de que este actor se pueda sentir intimidado por la propia empresa y sus “formas de diálogo” que fueron previamente expresadas.
En suma, en un escenario marcado por distintos niveles de información, donde las confianzas, el trabajo colaborativo y la construcción de sólidos acuerdos se ve aún como algo insuficiente y difícilmente alcanzable, es donde hay un importante espacio de trabajo para mejorar el diálogo, acercar las posturas y buscar los consensos que sean necesarios, para así crear instrumentos y dinámicas de gestión local que sean compartidas y validadas por todos aquellos actores que se sienten llamados a aportar al desarrollo de su propio territorio.
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Perfil Juan Pablo Gándara
Sociólogo de la Universidad Diego Portales, con experiencia en estudios sobre temáticas de conflicto socioambiental, desarrollo territorial y de Responsabilidad Social Empresarial, específicamente con las industrias de minería y energía.
Ha participado en proyectos como la creación del libro “Manual Informativo sobre Minería en Chile, una guía para las comunidades y la industria”, elaborado, editado y publicado en 2011 con el apoyo de la Embajada de Canadá y el patrocinio del Ministerio de Minería y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Por José Francisco García.
¿Cómo hacemos responsables a los jueces por su labor?¿es posible controlar a los jueces que manifiestamente se apartan de la ley o el precedente judicial arraigado (incluso sustituyéndola por sus propias preferencias políticas o de política pública)? Eso nos lleva, por un nuevo camino, a transitar por el viejo problema del accountability judicial, pero ya no en los clásicos términos de encontrar indicadores cuantitativos, sino cualitativos. Ello es controversial.
Vamos a lo básico: existen al menos tres aspectos respecto del accountability judicial que se deben considerar.
En primer lugar, en una sociedad democrática, los jueces, al igual que el resto de las autoridades públicas, deben rendir periódicamente cuenta de su labor ante la ciudadanía –dado que en los casos manifiestamente graves, excepcionales, se puede enfrentar la acusación constitucional–; existiendo diversos mecanismos que pasan desde los más problemáticos de elección popular de jueces (Estados Unidos) o periodos de nombramiento (como es el caso del Tribunal Constitucional y tribunales especializados en Chile), hasta los más comunes de evaluación por desempeño sobre la base de indicadores objetivos;
En segundo lugar, la evaluación por desempeño permite, desde la perspectiva social y de usuarios verificar los supuestos, percepciones y creencias de los operadores; permite a jueces y tribunales responder a las preocupaciones de los individuos y grupos usuarios; es un pre-requisito para demandas basadas en evidencia frente a nuevas iniciativas judiciales, y aumentos de recursos presupuestarios; y provee los medios para que los tribunales puedan demostrarle al público cómo son utilizados los recursos, cumpliendo su deber de rendición de cuentas. Desde la perspectiva de los jueces y funcionarios judiciales permite reconocer objetiva y equitativamente las contribuciones individuales de cada profesional y el colectivo; es una herramienta para canalizar sistemas de premios y reconocimientos económicos y no económicos; es un instrumento de mejora y adecuación de planes de formación/capacitación; generar un procedimiento de apoyo a los sistemas de progresión en el desarrollo de la vida judicial;
Finalmente, y tercero, la evaluación por desempeño debe considerar no tan sólo una multiplicidad de instrumentos (benchmarking, auto-evaluación, evaluación de pares, evaluación por expertos, encuestas de satisfacción de usuarios; etc.); sino que tanto indicadores cuantitativos (volumen de trabajo; complejidad de los asuntos; cumplimiento de plazos procesales; acumulaciones; uso de nuevas tecnologías; dedicación de acuerdo a tipos de materia que conoce, capacitación; publicaciones jurídicas; ponencias y participación en seminarios; docencia; etc.), como cualitativos.
En efecto, como demuestra la evidencia internacional reciente en países OCDE, encontrar consensos respecto de indicadores cuantitativos es fácil; lo complejo es lograr acuerdos en lo cualitativo. El argumento central contra la evaluación cualitativa es simple: cualquier intromisión en el núcleo de la decisión judicial implica vulnerar la independencia judicial del juez que está fallando el caso en concreto. Es por ello que típicamente se rechaza el uso de indicadores de revocación de fallos por parte de tribunales superiores y se sostiene que la única forma de controlar la decisión es mediante los recursos procesales existentes.
Sin embargo, la propia experiencia internacional ha ido generando buenas prácticas en esta materia. En Francia, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Paris formó un comité de expertos de evaluación de la calidad de sentencias en 2003. En 2004, se evaluaron 200 casos y en 2006, 1.500. Se establecieron dos criterios (a) de evaluación del proceso de la decisión judicial y (b) de la decisión judicial misma. En el primer caso se analizaron las siguientes preguntas: ¿existió un reporte en la audiencia?¿qué tipo de audiencia fue?¿qué tipo de decisión fue?¿fechas de audiencia, de la sentencia y la publicidad? Por otro lado, entre los criterios de evaluación de la decisión judicial se encontraban: ¿se establecen los hechos de forma clara?¿se mencionan las pretensiones de las partes?¿está motivada la sentencia?¿se mencionan las bases legales del fallo?¿la sentencia se hace cargo de los costos?¿se especifican los días en que comienzan a correr intereses y multas?¿se especifican los mecanismos de ejecución de la sentencia?
Por otro lado, en 2002, en los Países Bajos, entró en funcionamiento un sistema integral de evaluación de tribunales basado en el control de estándares de calidad, basado en una evaluación anual del funcionamiento del tribunal; y uso de benchmarking entre tribunales para evaluar cumplimiento de estándares de calidad. Por otra parte, cada cuatro años, se realiza una evaluación de percepción de usuarios; una de satisfacción interna respecto de la función, la organización y el equipo administrador; y una de un comité independiente externo mediante informe público y al Ministerio de Justicia. Ello es a su vez complementado por evaluaciones de pares (jueces a jueces respecto de trato a las partes del proceso, conducta y calidad de las sentencias); y procedimientos de reclamo frente a jueces y funcionarios. Una evaluación de 2007 demostró los buenos resultados de este enfoque.
Chile hoy está en el peor de los mundos en esta materia: un régimen de control de la labor de los jueces que no distingue entre evaluación de desempeño y sanciones disciplinarias, y que por la forma en que se aplica el esquema de calificaciones –por el superior jerárquico en procedimientos poco transparentes–, daña la independencia interna. Con todo, hay espacio para ser optimistas: algunos elementos de la evaluación por desempeño estuvieron presentes en el debate de la Ley Nº 20.224 (2007) que modificó la Ley Nº 19.531 sobre remuneraciones del Poder Judicial, lo que nos introdujo en el debate sobre los bonos por desempeño judicial (desempeño institucional y colectivo), y en la última década se han intensificado iniciativas para reformar el sistema de calificaciones, tanto en la academia como al interior de la propia Judicatura (i.e., Foro Judicial).
