Las municipalidades pueden ser vistas como los órganos de la administración del Estado con quienes la ciudadanía puede tener una relación más directa, cercana y efectiva. La tecnología y las comunicaciones han jugado un rol fundamental en esta tarea. Hoy en día es mucho más fácil acceder a la información que consideramos valiosa, plantear nuestras inquietudes y tener un rol más activo al interior de nuestra comunidad, ya no solamente a través de la vía presencial, sino también por medio de internet y de sus miles de herramientas posibles de utilizar desde la comodidad de nuestros hogares.
Para ello contamos con la ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública que promueve la Transparencia y nos entrega información de cómo podemos utilizarla. Pero es importante entender a la Transparencia no sólo como un instrumento de control al que deben someterse los órganos públicos, sino también como una herramienta de gestión que involucra a la ciudadanía en los procesos de toma de decisión, y donde una comunidad más partícipe permite generar un gobierno más responsable y más orientado a las necesidades de sus habitantes. En el ámbito local, aquellos municipios que han captado la importancia de explotar los mecanismos de transparencia van bien encaminados en la construcción de una gestión más participativa y eficiente a diferencia que aquellos que aún poseen diversas barreras de acceso a la información pública.
En este contexto, un estudio llevado a cabo por la Fundación Pro Acceso titulado “Barreras de Acceso a la Información Pública en Municipios”, informó de alguna de las principales falencias que hoy en día presentan los sitios web de las 345 municipalidades que existen actualmente en nuestro país, y que da cuenta por un lado del cumplimiento de lo que respecta a la Ley de Transparencia y que por otro abre la interrogante en torno a lo que los ciudadanos podemos aportar a nuestros gobiernos locales respectivos.
Tan solo para contextualizar, la Ley sobre Acceso a la Información Pública señala en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, y agrega posteriormente en el artículo 12 que la solicitud puede ser formulada por escrito o por sitios electrónicos y que deberá contener: a) nombre, apellidos y dirección del solicitante (y de su apoderado cuando corresponda); b) identificación clara de la información que se requiere; c) firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado, y d) órgano administrativo al que se dirige.
Son 108 los municipios que cuentan con un sistema de gestión de solicitudes, sin embargo muchos cuentan con distintas falencias. Por ejemplo, un 96% de éstos no permite adjuntar un archivo, y por tanto no puede enviarse la firma del solicitante como indica la ley; un 94% no permite hacer seguimiento de la solicitud, y por tanto no sabemos si ésta ha sido ingresada y si se encuentra en tramitación; el 87% de los sitios web no publican un tutorial, y por tanto no informan a los ciudadano respecto a cómo y dónde ingresar sus consultas; así como también un 41,1% obliga a ingresar datos personales fuera de los obligatorios, al igual que un 41% no envía un comprobante de recepción de la solicitud, y por lo tanto, si el municipio no cumple y no responde lo solicitado, no tenemos ningún medio de comprobación para poder entablar un reclamo.
A su vez, otros de los problemas encontrados tienen relación con la obligatoriedad de ingresar un RUT (18%), a pesar de que la ley nada señala al respecto; el hecho de que no exista un banner de transparencia visible (6%); que el máximo de caracteres sea muy limitado (2%); o que no funcione el link (1%).
En los casos en los que el municipio no cuenta con un sistema de gestión de solicitudes, aún es posible contar con el envío a través de un correo electrónico destinado a ello. Pero al ser ésta una vía no “oficial”, de hecho no están obligados a dar respuesta a la solicitud – a pesar de que muchos sí lo hacen – y de nuevo surgen problemas tales como que la solicitud sea ingresada días después de que haya llegado el correo, y por tanto demore más de 20 días su tramitación; que el correo se encuentre caduco y que no sea posible enviar la consulta; que no se acuse recibo y no sepamos si la consulta efectivamente llegó; y por último, que no nos respondan, por no estar obligados a hacerlo. Lo mismo ocurre en el caso de que se quiera ingresa una consulta a través de el link “Contáctenos”, porque tampoco es la vía formal de hacer las solicitudes, y no tienen la obligación de responderlas. Nosotros nos topamos con 27 comunas en las que intentamos enviar las solicitudes a través de éste mecanismo, y afortunadamente 22 de éstas nos han respondido.
De lo anterior surge la interrogante respecto a si la calidad de los sistemas de gestión de solicitudes y la existencia de barreras a la información pública se encuentra directamente vinculada a la cantidad de recursos con los que cuenta un determinado municipio, y que un municipio con más recursos contaría con mejores sistemas y menos barreras que aquellos con menos capacidad financiera. La experiencia nos dice que tal relación no es correcta, y que, por ejemplo, en un 56,2% de los municipios urbanos y en el 46, 2% de los municipios rurales se logró hacer la solicitud a través del sitio web, lo cual no muestra la existencia de una gran brecha. Lo mismo ocurre en el caso del envío a través de correo electrónico, lo cual incluyó al 36,8% de los municipios urbanos y al 41,9% de los rurales, sin haber una diferencia tan abismal entre ellos.
Esto último es fundamental para comprender las falencias que persisten en torno a la apertura municipal hacia la entrega de la información. Los recursos sí son necesarios, pero no son un factor de exclusión para que los municipios puedan contar con algún mecanismo acorde a las demanda ciudadana para la entrega de la información. Las posibilidades son variadas pero la importancia de éstas es una sola, y es que al mejorar la comunicación municipio-ciudadano, mejor será esta relación directa, cercana y efectiva señalada en el principio. Pero a su vez, no solamente se necesitan municipios más transparentes y con menos barreras de acceso a la información, sino también ciudadanos más activos y con demandas más claras que logren hacer de nuestros gobiernos locales administraciones más eficientes.
¿Te has metido alguna vez al sitio web de tu municipio a revisar cuáles son las posibilidades que éste te entrega? Hazlo, revisa, consulta, y por sobre todo infórmate, y no te preocupes, porque Ciudadano Inteligente también se está encargando de recolectar algunos datos relevantes de tu comuna que te podrían interesar.
Hace tres semanas recibimos en la Fundación Ciudadano Inteligente la visita de Tony Bowden, un veterano de la tecnología para la sociedad civil. Tony lleva casi 10 años trabajando en MySociety.org, organización que fue de las inspiradoras para los fundadores de Ciudadano Inteligente.
Durante una semana Tony estuvo media jornada en nuestra oficina, conversando sobre lo que hacemos y compartiendo opiniones sobre lo que debiéramos hacer. Un tema importante dentro de la discusión fue nuestro sitioaccesointeligente.orgpara hacer solicitudes de información ¿por qué? porque mysociety promovió y coordinó el desarrollo de un software open source (llamado Alaveteli) para hacer exactamente lo mismo. Bueno, la función es la misma, pero la realidad a la que se enfrentan muchos países a la hora de hacer una solicitud de información es distinta a la nuestra, en muchos países basta con enviar un e-mail, en cambio en Chile es necesario llenar un formulario web o uno en papel. Por esta razón nosotros no pudimos hacer uso de Alaveteli, aun sabiendo que existiría.
Desde que pusieron la primera piedra en Alaveteli han pasado ya 18 meses y, con mucho éxito, más de 10 implementaciones funcionando en varias partes del mundo. Seguramente este éxito fue el que motivó a los fundadores a hacer un encuentro de todos aquellos que algo tienen que ver con Alaveteli, en nuestro caso hacer lo mismo pero con otra tecnología.
El evento ocurrió en Oxford. Fueron dos días de conversación muy activa. Los asistentes tienen una pasión muy fuerte por lograr Libertad de Información (Freedom of Information) de la forma más fácil y cómoda para los ciudadanos.
Me llamó fuertemente la atención el uso que se le ha dado a alaveteli como una herramienta potente de presión en países en que aún no hay ley de acceso a la información pública. En estos países montan alaveteli (ej: http://tuderechoasaber.es/ y http://www.queremossaber.br) sin tener un canal claro ni plazos determinados y menos aun responsabilidades claras en las agencias gubernamentales. Pero eso no importa, ellos montan el sitio y comienzan preguntar. Pero qué pasa si hay que llenar papeles o formularios web, no importa, ellos creen que la mejor forma es vía e-mail y entonces así lo hacen, no adaptan la herramienta a su realidad, al contrario, usan la herramienta como creen que debiese funcionar su futura ley.
Antes dijimos que Alaveteli era un software open source, fuimos injustos, Alaveteli es 40% código y 60% comunidad. Muchas “manos” han pasado por Alaveteli (https://github.com/sebbacon/alaveteli) y todas las personas detrás de esas manos son de un valor inmenso a la hora de mejorar un software. En FCI nos dimos cuenta de eso y quisimos sumarnos y aportar con nuestra tecnología para aquellas jurisdicciones que requieran de formularios web y a cambio nuestros usuarios disfrutarían de todas las mejoras que esta excelente comunidad le haga a la aplicación en todos los aspectos de usabilidad que nosotros no hemos podido pulir por falta de tiempo.
En la conferencia manifestamos nuestra voluntad de crear un módulo de Acceso Inteligente que se integre 100% con Alaveteli y que permita manejar simultáneamente solicitudes vía e-mail y vía webforms. La comunidad celebró esta intención, eventualmente sería útil para España y Brasil y que están discutiendo sus leyes y el formulario web suena fuerte en el debate.
Esperamos que esta integración se concrete dentro de los próximos meses. Estamos ansiosos de entregarle a los ciudadanos un mejor servicio para acceder a la información pública. ¡Estén atentos!
Los correos electrónicos recibidos y despachados desde la cuenta oficial del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, entre los días 18 y 21 de julio de 2011 son información pública. Así se determinó -por dos votos contra uno- en la sesión N° 328 del 04 de abril de 2012 realizada por el Consejo para la Transparencia, resolviendo favorablemente el amparo al derecho de acceso a la información interpuesto por el ciudadano Juan José Soto.
El 5 de septiembre de 2011, Juan José Soto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, recurrió al Consejo para la Transparencia – representado por la fundación Pro Acceso- en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia (SEGPRES), luego de que dicha institución denegara el acceso a los correos electrónicos del ministro en un determinado periodo. El ciudadano alegó que al ser una cuenta institucional de un órgano del estado, ésta debía ser susceptible de ser solicitada a través de la normativa de acceso a la información.
El ministro Larroulet, por su parte, defendió su postura de no entregar los mails asegurando que la diferenciación entre una información privada y una pública aún no está clarificada, pero que un email se puede comparar tecnológicamente con una llamada telefónica, y hoy hay una institucionalidad que define que un llamado es una información privada.
Finalmente la controversia fue zanjada, señalando los consejeros en su decisión de mayoría que “los correos electrónicos de funcionarios públicos, enviados o recibidos desde su casilla institucional y en ejercicio de funciones públicas —esto es, no los que tengan que ver con su vida privada o personal—, son públicos sino se acredita la concurrencia de una causal legal específica de secreto o reserva. El secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión“.
Para Soto, “Este fallo reafirma el derecho de acceso a la información pública que tenemos como ciudadanos, considerando que lo que solicité eran correos electrónicos que sólo se refirieran a materias de interés público, solicitando expresamente excluir información que el Ministro considerara bajo el alero de su vida privada”.
Esta decisión reviste de especial importancia, ya que se sienta un precedente sobre el tema, donde el Consejo fue claro al señalar que, “…así como no puede sostenerse que todos los correos electrónicos de las autoridades son reservados no cabe, tampoco, estimar que todos esos correos son públicos“, reafirmando a su vez, que para denegar la entrega de la información es preciso justificar suficientemente la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva específica.
Con el apogeo en los últimos años de colectivos como Wikileaks, Anonymous y Lulz Security, la información más reservada, sea que se encuentre custodiada por el gobierno o algún ente privado, se encuentra al alcance de la mano de cualquiera y tan accesible como las informaciones tradicionales que entregaría un medio de prensa convencional.
Si bien es cierto que estas agrupaciones mantienen algunas diferencias sustanciales entre ellas, existe asimismo una serie de rasgos comunes y visión compartida que les ha permitido en más de alguna ocasión trabajar en conjunto.
Sin embargo, el problema que aparece con el apogeo del acceso a la información, la proliferación de este tipo de colectivos y el trabajo llevado a cabo, es que la barrera que separa entre la legitimidad para conocer de los datos públicos y lo que de plano podríamos calificar como un robo de información o vandalismo digital, se vuelve cada vez más difusa.
Hace sólo un par de semanas el FBI informaba que, gracias a antecedentes provistos por el propio líder de Lulz Security, Héctor Xavier Monsegur, alias Sabu (quien había sido arrestado a mediados de 2011), cinco de sus compañeros de fechorías fueron detenidos.
Desde luego la actitud del informante fue calificada en círculos virtuales como una de las más deleznables que puedan verse en el entorno del llamado “hacktivismo“. En efecto, esta clase de perfidia no suele ser el espíritu general que se aprecia en comunidades tan grandes como las mencionadas; las que, en cambio, se caracterizan –suponemos– por valores como la lealtad o la existencia de alguna consigna contra un enemigo común que no admite debilidades, quebrantamientos ni divisiones.
Miles de usuarios anónimos se lanzaron en picada a las secciones de comentarios en blogs de habla inglesa e hispana, desatando su odio y dejando entrever que Héctor Xavier Monsegur merecía las penas del infierno por haber proporcionado al FBI la información que —se espera— ayudará a dar un término más o menos definitivo a la historia de esta organización. Pero lo interesante es que no se tratóde una actitud de reproche que se limitara a hacktivistas o hackers; por el contrario, se generóuna especie de sentimiento comunitario y de empatía que se extendía a cualquier usuario de Internet que se preciara de ser amante de la tecnología y la libertad de información.
El problema sobre el que no muchos se habían detenido a pensar, sin embargo, es que (a riesgo de decir algo que de políticamente correcto nada tiene) en el caso particular de Lulz Security nos enfrentamos a una organización que parece estar mucho más cercana a la criminalidad cibernética que a una legítima lucha por el acceso a la información. Después de todo, no podemos ni debemos perder de vista que fue Lulz Security la organización que se vanaglorió de, por ejemplo, haber robado en 2011 cientos de miles de nombres de usuario, contraseñas y números de tarjeta de crédito de la base de datos de Sony.
Ahora, ¿cuál es el bien al que aspiramos o el beneficio que la comunidad obtiene cuando un grupo de hackers (sí, sabemos que el sentido original de esta palabra dista bastante del que se utiliza hoy en día, pero sencillamente nos acoplaremos a la convención) se dedica a robar datos que, además, podrán ser utilizados posteriormente para fines aún menos loables?
Un caso menos extremo, pero igualmente ilustrativo, es la última hazaña de Wikileaks, la que, en asociación con Anonymous, se hizo de nada menos que cinco millones de correos electrónicos pertenecientes a la firma privada de análisis Strategic Forecasting, una serie de datos que fueron derechamente robados por Anonymous (ente cuya supuesta falta de jerarquía y organización difícilmente puede ser sostenida hoy en día) el pasado mes de diciembre.
Como explican los medios de prensa, empero, ésta no fue la primera oportunidad en que Wikileaks filtra información que reviste el carácter de privado en vez de público. Y no puede dejarse pasar lo relevante que es diferenciar entre una cosa y la otra.
Asumiendo que –al menos desde un punto de vista formal– el acceso a la información pública que ostenta el gobierno –cuya obtención no ha sido autorizada– reviste cierta ilegitimidad, se subentiende que prima, no obstante lo anterior, una suerte de legitimidad material: la de los gobernados por conocer la verdad deliberadamente ocultada (y no pocas veces tergiversada) en manos de quienes han sido democráticamente elegidos.
El caso de Stratfor, sin embargo, es distinto. Se trata de informes de análisis que, si bien versan sobre temas globales y tan importantes como la seguridad nacional y prospecciones socio-económicas, a fin de cuentas han sido encargados en un ámbito de competencia amparado por la intimidad y privacidad que merece cualquier relación laboral o de prestación de servicios. Poca diferencia hay, entonces, entre este caso y la intrusión en la casa de un vecino para revisar su correspondencia y obtener información que lista y llanamente no reviste el carácter de público, por muy interesante que aparezca.
Arrogándose una legitimidad que nadie les ha concedido, grupos como Anonymous, que aparentan jugar el papel de alguna clase de partisanos de la nueva era digital y asumir con más seriedad de la necesaria el rol de V en la novela gráfica de Alan Moore y David Lloyd, saltan de sitio en sitio dedicándose no sólo a botar servidores, sino a conseguir información que poco o nada tiene que ver con lo que las sociedades del siglo XXI necesitan.
Desde luego esta falta de legitimidad política o social se ve suplida por la ostentación de un poder casi incontrarrestable: el del conocimiento técnico requerido para dejar en ridículo a las agencias de seguridad de Estados Unidos y los órganos de seguridad de las distintas multinacionales cuya información ha sido robada con la misma facilidad que se le quita un dulce a un bebé. Se trata de pseudo-héroes que por el poder que se han conferido a símismos, pueden permitirse el lujo de transgredir normas y obrar en provecho propio. Luego, como en ese clásico argumento dramático (al borde del cliché) del que se han valido algunas historias de ficción, la que parece escribirse acá es la de una legión de rebeldes que, intentando derrocar al gobierno represivo de turno, termina convirtiéndose en un régimen fascista igual o peor que el saliente. O por decirlo de una manera más simple, el remedio termina siendo peor que la enfermedad.
En este momento los ojos ciudadanos miran con escepticismo, sobre todo después de las agitaciones sociales que se han verificado en los últimos años, las acciones y omisiones de los gobiernos. Sin embargo, una visión auténticamente crítica debe pregonarse no sólo respecto de determinados grupos de personas, sino como actitud y casi filosofía de vida; de lo contrario, sencillamente no podemos clamar por libertad. Y es que, como afirmaba el escritor argentino José Pablo Feinmann, “no hay libertad si no está alimentada por la crítica”.
Es importante tener las cosas claras, pues se supone que la luz al final del túnel es una democracia representativa más justa, abierta y transparente, y no una especie de anarquía épica con ribetes de romanticismo, como las que suelen mostrar historias tipo V for Vendetta.
¿Tienen algo en común la colusión de las farmacias con que un diputado “se equivoque” votando?
En el sector privado, entre miles y miles de buenas empresas,tristemente, destacamos siempre lo malo. Sobre todo a los “grandes malos”:Tras La Polar, vino el “cartel” de los pollosyantes el–excelentemente bien multado-“cartel” de las farmacias. Estos casos, entre muchas cosas, nos hablan de secretismo, de no acceso a la información, donde el consumidor es víctima, y poco o nada puede saber y, mucho menos, hacer para enfrentarse al abuso (menos aún, para evitarlo).
En el Poder Legislativo, aún con record de proyectos aprobados el 2011, destacamos también, tristemente, lo malo. En el último episodio de la ley del Tabaco, no sé qué llama más la atención: si parlamentarios que se “equivocaron”, o el escandaloso lobby, que se huele desde lejos, de las tabacaleras y otros organismos. Esto claramente deslegitima a la política, en particular al Poder Legislativo que ya está “al debe”, al aplicársele solo parcialmente la Ley de Transparencia. Contribuye a que el Estado se vea como una gran caja negra donde el ciudadano, poco y nada puede saber. Y mucho menos hacer (¿realizar más marchas…?)para enfrentar y prevenir esto.
Y si pensamos en el mundo de las ONG´s y del Poder Judicial, se aplica exactamente lo mismo.
De allí que la transparencia y el acceso a la información, sean mecanismos tan importantes para que la ciudadanía pueda participar. ¿Por qué? Porque es una herramienta de control social, de promoción de la probidad, legitimando y valorando nuestras instituciones y contribuyendo de paso a revertir la bajaconfianza que estamos teniendo entre nosotros.
Se trata de cambiar la cultura del secretismo enraizada en la gestión pública y privada que, finalmente, siembra un manto de duda sobre la mayoría de empresas y servicios públicos que trabajan de manera correcta y que son opacadas por estos “grandes malos” en todos los ámbitos.
Podemos votar –ahora voluntariamente- por los que nos parezcan más honrados y los que mejor nos representen (y que no se equivoquen). Podemos también dejar de comprarle a ciertas empresas (castigándolas, como desde ahora estamos viendo con el tema de la portabilidad numérica). Todo esto es muy importante y debemos tomar conciencia de este poder para ejercerloefectivamente. Pero no es suficiente. Por eso debemos seguir avanzando en transparencia y en establecer mecanismos defiscalización y control ciudadano.
Hemos recorrido mucho, sin duda. Un tremendo aporte fue la Ley de Transparencia, el mayor paso en muchos años, pero la tecnología nos permite hoy consolidarla y darle aún más fuerza. La ciudadanía, gracias a las nuevas tecnologías, tiene hoy una capacidad superior –no solo para coordinarse masivamente- sino para procesar la información que proviene del sector público y del mercado… pero requiere de la información. En otras palabras necesitamos los datos.
En ese contexto quiero destacar dos iniciativas. Primero, la adhesión del Gobierno de Chile, con apoyo de ONG´s comoCiudadano Inteligente y demás actores de la sociedad civil, a la Alianza Multilateral por el Gobierno Abierto (Open Governmentpartnership – OGP), que tiene por objetivo asegurar el compromiso concreto de los gobiernos en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, así como la utilización de las nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia, la apertura y la rendición de cuentas. Se busca la apertura de los gobiernos a la participación y el escrutinio público del actuar de sus instituciones y representantes. Se trata,entre otras cosas, de que esté disponible públicamente la información. De tener los datos.
Y en segundo término quiero destacar la aprobación unánime, de la ley del Ministerio de Desarrollo Social, que obliga no solo a evaluar, sino justamente a mostrar activamente los datos públicos de los programas sociales a la ciudadanía. Podremos analizar su financiamiento, focalización, resultados, impacto y eficiencia. Esto permite a universidades, centros de estudios y a cualquier ciudadano fiscalizar, y evaluar, permitiendo proponer caminos más efectivos en lo relativo al diseño y el control de las políticas públicas.
Esperemos (y presionemos para) que esto siga sucediendo.
Contrariamente a lo que hemos creído por algún tiempo, el problema de la amenaza a nuestros derechos de acceso a la información y libertad de expresión no se llama SOPA, PIPA, ACTA o TPP.
El problema fundamental no radica en instrumentos legislativos que, intentando resguardar valores difusos –llámense seguridad digital o derechos de autor–, tienden a vulnerar derechos fundamentales. El problema no radica en la ley de turno que busca responsabilizar al administrador de un blog por las injurias que se puedan eventualmente verter en él; ni en la que exija a los ISP un control férreo de los contenidos que un usuario de Internet descargue y les ordene cortar el servicio si se tratare de determinado material; ni tampoco en la ley que determine mandar a la cárcel a quien ose distribuir en la red cualquier obra protegida.
Aunque en los hechos no lo parezca, estos episodios –mientras no se aprueben los correspondientes proyectos– son meramente anecdóticos. A lo más sintomáticos, si se quiere.
El verdadero problema, aquel del cual SOPA y muchos otros acrónimos son nada más sus consecuencias, dice relación con las dimensiones que ha alcanzado Internet en la vida cotidiana y los ojos con que la red comienza a ser vista por grupos de interés como empresarios y políticos.
Que no se me malinterprete con esto último. No se trata de elucubrar una nueva teoría salfatiana y ver enemigos ocultos en todas partes, sino de identificar los poderes fácticos y tradicionales cuya existencia todos conocemos, y cómo sus miedos son cosa mucho más manifiesta de lo que creemos.
En el caso del genérico concepto de “empresarios”, entendemos que se trata de ejecutivos de la industria discográfica, del cine y otras que, ejerciendo un lobby feroz sobre la llamada clase política, ven una supuesta amenaza al bienestar de sus respectivas industrias en el comportamiento de usuarios con pata de palo y parche en el ojo.
Pero además del resguardo de ciertos intereses comerciales, el poder tradicional también posee sus propias razones para aguarnos la fiesta.
Y es que el caso de los políticos es especialmente interesante. Un rápido examen a nivel global nos permite apreciar la diversidad de colores de que hacen gala los distintos países que han coartado o pretendido coartar la libertad de expresión, el acceso a la información y otros derechos fundamentales (fundamentalísimos en el nuevo milenio). Dicho en otros términos, el poderoso, abierto y masivo espacio de información, conocimiento, cultura, entretenimiento y educación en que se ha convertido Internet ha merecido la amenaza tanto de tiranías en Medio Oriente, como de la dinastía Castro en Cuba y de republicanos y demócratas en Estados Unidos. O sea, hay para todos los gustos.
Como afirma con precisión Claudio Ruiz, de la ONG Derechos Digitales:
“todas estas iniciativas tratan de entender las nuevas tecnologías e Internet fundamentalmente como un lugar opaco cuyas prácticas hay que regular con severidad para resguardar mecánicas de negocio de la era previa a internet. Así, otros derechos que ven en Internet una zona segura y de fácil desarrollo, como la libertad de expresión, terminan cediendo a favor de intereses comerciales vinculados a la explotación de los derechos de autor.”
Creo fundamental resaltar aquello de entender las nuevas tecnologías e Internet como un lugar opaco. Incluso, a juzgar por las acciones adoptadas en diversos ordenamientos, uno podría inferir sin miedo a equivocarse que Internet es visto muchas veces como un auténtico espacio de libertinaje, una anarquía que se ha venido soportando durante décadas, y que amerita con urgencia y prontitud una regulación sumamente interventora e –incurriendo en un despropósito jurídico– incluso sanciones penales. Pero en esa absurda apreciación, por cierto que no sólo tienen cabida los intereses comerciales a los que se aludía anteriormente.
Permítanme aquí hacer un paréntesis bastante clarificador. Y es que una buena forma de ilustrar la situación es una ya legendaria declaración de la NTIA de principios de 2010.
Citando el correspondiente artículo en inglés de Wikipedia, la National Telecommunications and Information Administration es una agencia integrante del Departamento de Comercio de Estados Unidos, cuya función consiste en operar como principal asesor del Presidente en materia de telecomunicaciones.
Pues bien. No fue más ni menos que dicho órgano el que en la mentada declaración enseñó una curiosa delimitación temporal para referirse a la historia de Internet y a las medidas reactivas que deberían adoptarse de cara al futuro. Así, la NTIA se empeñó en describir el período comprendido entre los años 1990 y 2000 como la “Política de Internet 1.0: transición a la comercialización” y el período comprendido entre 2001 y 2009 como “Política de Internet 2.0: desde el garaje a las calles”.
Aquel primer período, caracterizado por el surgimiento de los primeros ISP comerciales, habría sido observado con una actitud del gobierno norteamericano propensa a la no intervención, de manera que se facilitara el crecimiento de la red y se promoviera la innovación en garajes a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. En el segundo período, por su parte, en donde resulta evidente la masificación de Internet y la forma en que éste pasa a convertirse en un servicio doméstico más (con 7 de cada 10 hogares estadounidenses conectados, según las estimaciones de la NTIA en ese entonces), comenzarían a aparecer los problemas: de privacidad, de seguridad y, era que no, de infracción decopyright.
Con este par de antecedentes es que la NTIA no dudó en sugerir hace dos años la“Política de Internet 3.0”, una que vendría a poner orden en un mundo de caos en que el principio“leave the Internet alone”ya no puede seguir teniendo cabida.
Estas ideas manifestadas en 2010 no representan sino el puntapié formal de las nefastas iniciativas que se han venido conociendo en el último tiempo. Y las mismas palabras escogidas en dicho discurso (más elocuentes de lo que yo pueda reproducir) dejan entrever el problema de fondo al que aludía al principio, aquel que subyace como causa de esos efectos que llamamos SOPA o ACTA.
El problema no es económico, sino esencialmente político y sociológico: tiene que ver con la forma en que las cuotas de poder ahora, al menos en una cierta y moderada medida, son “compartidas” entre gobernantes y ciudadanos conectados, y la forma en que a los primeros atemoriza una suerte de comunismo 2.0 que en realidad no es tal.
Tiendo a creer que los principales actores políticos que hoy gobiernan Estados Unidos y Europa –y en realidad cualquier país– son gente de avanzada edad con una visión de mundo ya formada, moldeada, a modo de ilustración, por paradigmas anacrónicos como el de la guerra fría.
Las nuevas generaciones, en cambio, nacen y verán expuesto su crecimiento a otra clase de estímulos, a nuevas formas de aprender y hasta a un cambio en códigos del lenguaje como nunca antes visto; a un mundo distinto, donde Internet no es la novedad científica que –como afirmaba la propia NTIA– hace sólo un par de décadas permanecía en un garaje, sino un ente universal y accesible cuya existencia resulta tan natural e incuestionable como el agua.
Es el mundo tecnologizado y rebosante de información y oportunidades que escritores como Isaac Asimov y un algo más pesimista Arthur C. Clarke vaticinaron varias décadas atrás; un mundo cuya configuración golpea fuertemente las nociones de políticos vetustos y que los inmoviliza, de la misma manera que hoy un anciano promedio de 80 años sería reticente a aprender a utilizar un reproductor de música digital en desmedro de la radio.
Por ahora, la única forma de escapar de lo que parece ser un complejo año para el derecho de acceso a la información y el ejercicio de la libertad de expresión, es el boicot de proyectos como SOPA y el ejercicio proactivo de labores de información y difusión tan loables como las de ONGs tipo Ciudadano Inteligente y Derechos Digitales.
Sin embargo, no podemos obviar que en un largo plazo son otras las determinaciones que deberíamos tomar para evitar que lo que en algún momento parecía erigirse como una biblioteca de entretenimiento, conocimiento e información sin límites y al alcance de cualquiera, termine sucumbiendo, más que a los intereses de la industria editorial, musical y cinematográfica, a los intereses de un orden y estructuras con formas particulares de ver y gobernar la sociedad. En este sentido, los pasos a seguir son evidentes y dicen relación con ese sagrado ejercicio cívico llamado voto, pues mientras no exista un recambio de mentalidad en el poder (ojo, que no basta rejuvenecer en 20 años a los candidatos), iniciativas como SOPA y PIPA seguirán multiplicándose.
El miércoles 18 se realizó una audiencia en el Consejo para la Transparencia por solicitud de correos electrónicos, que hizo un ciudadano, al Ministro Larroulet.
Es la tercera vez que en Chile sucede algo así. La primera, fue la petición de correos electrónicos que se hizo al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), a raíz del proyecto HidroAysén; la segunda, una solicitud de los e-mails enviados sobre el tema de reconstrucción entre la Subsecretaría del Interior y la Gobernación de Talagante. En la actualidad el CPLT se encuentra conociendo su tercer caso.
Todo comenzó con una solicitud de acceso a la información pública del ciudadano Juan José Soto quien pidió acceder a los correos electrónicos despachados y recibidos desde la cuenta de correo institucional del Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, entre los días 18 y 21 de julio de 2011, solicitando expresamente, excluir cualquier tipo de correo privado del Secretario de Estado.
El 5 de septiembre de 2011, Juan José Soto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia (SEGPRES), basado en que dicha institución habría denegado el acceso a datos solicitados.
“El artículo 5° de la Ley de acceso a la Información Pública establece que es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”, explica Juan José Soto
También, asegura que el derecho a la protección de la vida privada no se ve amenazado por la entrega de dicha información, pues se pidieron sólo aquellos correos electrónicos que tratan temas relativos a la gestión pública, y no los que tengan contenido privado.
Agregó que la tecnología actual, supone el reemplazo de las tradicionales formas de comunicación escrita entre funcionarios públicos, siendo los e-mails de cuentas institucionales pagadas por el Estado, y usadas por funcionarios contratados por este, escritos de carácter público, de interés ciudadano y parte esencial de la memoria institucional de un país. En naciones como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra o México, los ciudadanos pueden solicitar los correos electrónicos de sus autoridades, y no ha habido grandes problemas por ello, por eso no se entiende que el Gobierno quiera mantener sus comunicaciones en secreto.
Por su parte, el ministro Larroulet defiende su postura de no entregar los mails porque asegura que la diferenciación entre una información privada y una pública aún no está clarificada, pero que un email se puede comparar tecnológicamente con una llamada telefónica, y hoy hay una institucionalidad que define que un llamado es una información privada.
Es por ello que el Gobierno interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, defendiendo la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la privacidad.
El miércoles 18, el Consejo para la Transparencia vio ambas posturas y se espera que adopte una decisión definitiva, pronto respecto al criterio sobre si los emails institucionales de las autoridades públicas deben ser privados o tienen un carácter público respecto del interés ciudadano.
El consenso de analistas, columnistas, periodistas, políticos y público en general es que el año que acabamos de despedir fue uno, cuanto menos, difícil, complejo y, dicho con cierta siutiquería, “raro”.
Comparto dicha impresión, generada sobre todo por una suma difusa y algo etérea de eventos trascendentes que tuvieron auge en los más disímiles puntos del planeta. Y lo interesante –como vivimos en una sociedad globalizada– es que cada uno de estos eventos repercutió de alguna manera en otras latitudes y, al final, en el mundo entero, tanto en una dimensión política como económica y sobre todo social.
Fue el año de las revoluciones, de las caídas de tiranías que llevaban décadas incólumes, de la muerte del terrorista número 1 buscado por Estados Unidos, de los movimientos sociales, de las redes sociales, del flujo expedito de información pero también de la censura de la información.
Es difícil ubicar un punto de partida, y siempre el evento que convengamos en escoger como episodio inicial tendrá, a su vez, otros antecedentes y causas, de suerte que podríamos remontarnos al momento en que Eva mordió la manzana. Sin embargo, creo que un buen punto de partida, más o menos claro y explicativo –y el que en cierta manera desencadenó todo lo que ocurrió a lo largo del 2011–, corresponde a la filtración de cables diplomáticos por obra de Wikileaks, acontecido cuando ya se nos iba el 2010.
Si reflexionamos por un momento, todo lo que ocurrió el 2011 podría explicarse de alguna manera a partir del efecto dominó que generó lo hecho por Bradley Manning, Julian Assange y compañía; no por directa influencia de los propios contenidos de los cables diplomáticos expuestos, sino por el aura general y el contexto ideológico al que nos permitía arribar tal suceso.
Me refiero puntualmente al ensalzamiento del derecho de acceso a la información. Al final, lo que demostró primero Wikileaks, y luego Twitter con su formidable soporte a la hora de organizar movilizaciones y protestas en todo el mundo, es que, en definitiva, la información se encuentra actualmente en manos de todos, de manera instantánea y sin intermediarios (exceptuando los soportes tecnológicos).
Hoy en día todos cuentan con una cuota de poder más o menos significativa que les permite levantar causas en un par de minutos y derribar proyectos de ley o cualquier otra iniciativa que atente contra los intereses de esa selecta casta de personas informadas e hiperconectadas. Hasta aquí podríamos concluir entonces, y con relativo acierto, que el 2011, a pesar de los constantes intentos de boicot (léanse a modo de ejemplo las medidas de censura ejecutadas por el régimen egipcio para frustrar las protestas, o la propia ley SOPA), fue el año del acceso a la información y el libre flujo de ésta.
Lamentablemente no me van quedando muchas razones para mirar con optimismo el 2012, al menos en este aspecto. La ya mencionada ley SOPA es la mejor muestra de que los gobiernos de occidente no miran con buenos ojos la manera en que redes sociales y, en general, las nuevas tecnologías de la información permiten levantar causas que –más allá de que sean justas y sensatas o no– tienden a incomodar el poder central.
No es que estemos descubriendo el fuego. Desde hace mucho tiempo hemos podido comprobar la importancia de las nuevas tecnologías de la información como motor de cambio social y político, y hemos tenido también la oportunidad inferir que estas herramientas son un arma de doble filo, con una capacidad de generar gran suspicacia en los gobernantes de todas partes. Sin embargo, creo que es 2011 el año en que este cúmulo de ideas y valores ha alcanzado su auge, y por ello es que los órdenes de Occidente comienzan a tomar cartas en el asunto.
Tomemos como ejemplo la ya mencionada Stop Online Piracy Act. Desconozco lo que irá a ocurrir con ella en el estado en que se encuentra en el Congreso, con sus evidentes y abiertas contradicciones a la primera enmienda y otros derechos fundamentales garantizados en la propia legislación norteamericana. En el mejor de los casos, tal vez el lobby ejercido por usuarios de a pie e importantes empresas que dependen de una Internet relativamente libre logre derribar el proyecto.
Podría ocurrir también –de todo se puede esperar de la tierra del tío Sam– que la iniciativa SOPA, tal como se encuentra redactada hoy, llegue a convertirse en una ley plenamente vigente para todos y cada uno de los Estados del país del norte, con las consiguientes y nefastas implicancias para todos los países conectados a Internet y que dependan de lo que hagan o dejen de hacer los servidores establecidos en Estados Unidos.
Pero si llegara a concretarse el peor de los temores de todo internauta, ¿estamos condenados? Parecen haber dos salidas o posibles desenlaces.
La primera y la “más legítima” radica en la confianza que podamos tener en la sanidad del sistema legal estadounidense. La aprobación de una norma antijurídica por donde se le mire, que atenta abiertamente contra la primera enmienda y los más sacrosantos valores políticos y sociales de Estados Unidos, debiera ser revisada por la Corte Suprema y ser declarada inconstitucional. Si las instituciones funcionan, sabemos que una ley federal ya aprobada es susceptible de ser declarada inconstitucional por los tribunales superiores de justicia, en virtud, precisamente, del principio de supremacía constitucional, y así restablecer el imperio del derecho.
Pero si nada de esto llegara a ocurrir, lo más probable es que sólo se contribuya a profundizar el problema y termine desahogándose una manifestación global de proporciones épicas. Internet es el último verdadero bastión de libertad que nos va quedando, y por ello podría afirmar con convicción que, si bien hay muchas cosas que desconozco y soy incapaz de predecir, ésta es una de esas en la que el futuro ya se puede anticipar con relativa seguridad. Y es que nadie se quedará de brazos cruzados mirando cómo la fuente universal de conocimiento por excelencia queda atrapada en las redes del poder central, la censura y –si nos compramos la tesis de que realmente todo esto pasa por la protección de los derechos de autor– los intereses de las compañías discográficas y grandes medios.
El 2011 fue el inicio de un proceso de cambios y descontento a nivel global; algunos con causas distintas, pero todos interrelacionados de alguna manera (sea desde un punto de vista geopolítico, tecnológico o sociológico). No hay razón alguna para pensar que el 2012 la tendencia se detendrá o revertirá, y por ello es no sería aventurado esperar, asimismo, una feroz oposición de gobernantes de todas partes. Por ello creo que, definitivamente, el año que recién comienza verá de alguna manera frustrados sus intentos por consagrar el acceso a la información y la transparencia como los grandes valores a los que aspira la sociedad moderna. El panorama que se vislumbra durante los próximos doce meses aparenta ser más difícil, complejo y “raro” que nunca.
El 21 de abril de este año, la Fundación Ciudadano Inteligente lanzó la aplicación accesointeligente.org con el fin de hacer más eficiente el ejercicio de acceso a información pública amparado por la Ley de Transparencia. Ésta aplicación funciona como una “ventanilla única”, enviando desde un sólo lugar todas las solicitudes de información de los usuarios a las instituciones requeridas, procesando luego la respuesta en el mismo portal y creando una base de datos con las respuestas anteriores.
La ley de Transparencia y acceso a la Información Pública – Nº20.285-, ha permitido que todos los chilenos sean capaces de ejercer su derecho de solicitar y recibir información de cualquier órgano público, y de esta manera fortalecer aún más la democracia.
La ciudadanía ha tomado nota de aquello, y hoy la solicitud de información a organismos del Estado vía internet se ha transformado en una herramienta poderosa y con variadas utilidades, desde investigaciones periodísticas hasta consultas por problemas particulares que afectan a los ciudadanos.
LO QUE NO SE CONTESTÓ
Con la entrada en funcionamiento de Acceso Inteligente, se ha revelado que no todo ha ido tan bien como se esperaría, pues las derivaciones, prórrogas y simplemente la ausencia de respuestas han hecho más lento o incluso defectuoso el proceso por medio del cual los ciudadanos ejercen su derecho a información. Éste es el caso del Fondo Nacional de Salud (FONASA); donde desde abril hasta agosto de este año, se ingresaron satisfactoriamente 24 solicitudes a través de http://www.accesointeligente.org pero nunca se obtuvieron respuestas.
La ley establece que las instituciones tienen 20 días hábiles para responder a las solicitudes de los usuarios o negarse, pero ésta negativa debe ser de manera fundada a quien hace la solicitud. El plazo puede ampliarse por 10 días hábiles más en el caso que sea difícil reunir la información solicitada, informando esta prórroga al usuario.
De todas las solicitudes hechas a FONASA ninguna obtuvo respuesta. Ni siquiera hubo una negativa de la institución frente a determinados temas o un aviso de prórrogas, sino que simplemente obviaron la entrega de información.
La ley estipula sanciones para los organismos que no cumplan con su obligación de entregar información. Para ello, si los ciudadanos no reciben respuesta pasado el plazo podrían elevar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia.
Si la institución requerida rehúsa entregar la información sin fundamento alguno, también se podrá reclamar ante el Consejo, durante los 15 días siguientes a la respuesta dada por el servicio en cuestión. El usuario deberá especificar en su queja la infracción cometida y adjuntar medios de prueba. De comprobarse una falta por parte del servicio público, las sanciones irán desde un 20 a un 50 por ciento de las remuneraciones del infractor.
SITIO NO DISPONIBLE
En la semana del 20 de agosto, la página de FONASA -donde se hacen las solicitudes de información pública- no se encontraba disponible, y fue por esa razón que se perdió el contacto con el sistema del organismo por parte de Acceso Inteligente y los solicitantes.
El 23 de agosto, el Consejo para la Transparencia recibió un reclamo por el “portal de gestión de solicitudes” caído. Dicho reclamo fue basado en el articulo 7 de la Ley de Transparencia, siendo denegada la solicitud, por estimar el Consejo que: “del análisis del reclamo por infracción a las normas de transparencia activa (…) se advierte que no existe una infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, pues en el listado de la información que obligan a mantener en los sitios electrónicos no se encuentra la existencia de un link a un formulario de solicitud de acceso a la información, ni que este se encuentre operativo.”. Ver documento de decisión del reclamo.
De esta forma, el Consejo para la Transparencia desestimó el reclamo, dejando sin efecto la posibilidad de la ciudadanía de iniciar acciones cuando existe un problema técnico como el que tuvo FONASA.
TRANSPARENCIA DE VERDAD
Con el fin de lograr que nuestras instituciones de transparencia sean fuertes y exitosas, es necesario que los organismos sean capaces de mantener sus sitios y las solicitudes lo más actualizadas posibles, y siempre a disposición de los usuarios, informando –además- si tienen algún inconveniente y la duración de éste. Hoy no tenemos certeza legal de la responsabilidad de los organismos públicos en la mantención de los sitios, así como tampoco –y en virtud a las decisiones del Consejo para la Transparencia- de las acciones que podemos tomar los ciudadanos ante este tipo de situaciones.
Internet se transformó en una vía de acceso para facilitar las demandas de la sociedad. En el caso de FONASA la accesibilidad a través de este medio fue una traba para todos aquellos que intentaron hacer valer sus demandas, especialmente para los que pensaron que sería más fácil hacerlo de manera virtual que escrita.
Si bien el sitio de FONASA para realizar solicitudes hoy se encuentra funcionando, las solicitudes que se hicieron hasta agosto de este año no fueron respondidas. Con ello se limitó el acceso de los ciudadanos a la información, situación que no se puede volver a repetir.
Una de las áreas de oportunidad dentro del sector gubernamental en donde el uso de las tecnologías de información puede tener un impacto positivo es en los archivos, un aspecto que reviste suma importancia si se pretende garantizar de manera eficiente y eficaz el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Al interior de las dependencias gubernamentales, la organización de sus archivos en muchas ocasiones se encuentra en un estado deplorable, en donde ni siquiera se cuenta con procesos que garanticen el resguardo de los documentos, un presupuesto asignado para la construcción y organización del mismo, personal capacitado en la materia ni mucho menos mecanismos físicos o tecnológicos para la búsqueda y recuperación de la información.
En el caso de la transparencia y el acceso a la información pública en México, por mencionar un ejemplo ilustrativo, las dependencias gubernamentales federales así como otros sujetos obligados a través de sus titulares, deben por Ley asegurar el adecuado funcionamiento de sus archivos, así como elaborar y poner a disposición del público una guía simple de su sistema de clasificación, catalogación y organización del mismo (artículo 32 LFTAIPG). De igual forma, dicha Ley menciona que las dependencias y entidades deben preparar la automatización, presentación y contenido de su información como también su integración en línea (primer vínculo inicial entre la necesidad de utilizar tecnologías de información en los archivos).
Para reforzar lo anterior, la Constitución Mexicana en su artículo 6º fracción V menciona que los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados. Sin embargo, al día de hoy, los profesionistas que a diario trabajan con la documentación de la información, siguen cuestionando en México la falta de la promulgación de una Ley Federal de Archivos, que debió haber salido a la luz antes que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (caso similar de Chile).
Su reclamo de estos profesionistas es muy claro: ¿cómo se pretende garantizar plenamente el acceso a la información por parte de los ciudadanos cuando no existe una regulación a nivel federal en materia de archivos?, y cuando a pesar de lo establecido en la Constitución y la Ley en la materia, los titulares de las dependencias en muchos casos no le han tomado la importancia que debiera, para lo cual dichos profesionistas exigen el reconocimiento de su labor, mayor presupuesto para el desempeño de sus funciones y sobre todo un cambio de mentalidad en los titulares de las dependencias gubernamentales para que valoren la importancia que reviste la organización, resguardo y consulta de los archivos institucionales.
La organización y el almacenamiento de la información y su posterior recuperación son dos aspectos que no pueden estar separados. Cuando una persona dentro de una dependencia gubernamental busca información, ésta previamente se debió de haber organizado y almacenado de cierta manera. Esto implica encontrar la mejor forma de representar esa información (la cual puede ser texto, imágenes, sonido, etc.) para que posteriormente pueda ser recuperada. De la calidad en que se realicen esas representaciones de la información y de cómo reflejen con precisión su contenido dependerá la eficacia de la recuperación de la misma. De igual forma, la dependencia debe de contar con un proceso interno que explique a los servidores públicos y que en una primera instancia debiera de existir, el sistema documental de la misma (hoy en día basado en tecnologías de información), la manera en que trabaja éste, explicando con claridad el flujo que tiene que seguir un documento desde que se crea, ya sea impreso o electrónico, la manera en cómo debe clasificarse y resguardarse, hasta el último paso que puede ser la destrucción del mismo.
En la era de la información y el conocimiento, los gobiernos deben dejar de tomar decisiones de manera unilateral y aprovechar los beneficios del uso e implementación de tecnologías de información que permitan construir espacios digitales que logren incrementar y motivar la participación ciudadana, permitir el escrutinio público de la sociedad, transparentar las funciones gubernamentales, establecer herramientas de acceso a la información a través de sistemas informáticos en Internet, facilitar la rendición de cuentas, entre otros, lo que contribuirá a la construcción y mejoramiento de la democracia de un país.
El no contar con lo anterior, representa una barrera para los ciudadanos que esperan de sus gobiernos la simplificación y reducción de costos parcial o total de los servicios que ofrecen así como de la consulta de información que es de su interés. Es ahí, independientemente que exista una regulación legislativa, donde radica la importancia de mantener archivos actualizados y organizados así como reconocer su necesaria y actual relación de interdependencia con estas tecnologías, ya que los mismos contienen información que en su momento serán de utilidad para que el ciudadano concrete algún tipo de trámite administrativo, se le brinde acceso a información solicitada por Ley de Transparencia así como preservar la memoria colectiva, en este caso de las dependencias gubernamentales.
Sin duda, los gobiernos en la actualidad ya se dieron cuenta que no basta con tener un gobierno on-line, sino que se debe de avanzar hacia la construcción de gobiernos interactivos, inter jurisdiccionales, conectados a los ciudadanos, trabajando de manera conjunta con los mismos para encontrar soluciones a los problemas de la sociedad, es decir, avanzar hacia la construcción y consolidación de un gobierno electrónico.
Anteriormente la información contenida en los archivos se encontraba de manera local y sólo la podían accesar o restringir cierto número de personas. Con la aparición de la web, la información ya no se encuentra centralizada, sino más bien dispersa a lo largo y ancho de la red de redes, lo que dificulta el saber en dónde específicamente se encuentra una información determinada. De igual manera, antes existía un control social de la información restringido ya que no se le permitía al ciudadano ejercer su derecho fundamental a la información.
Con la llegada del Internet, las tecnologías de la información y el cambio paulatino de mentalidad en la administración pública, orientada al reconocimiento de este derecho, empieza a darse un incremento en el control social de la información. La desventaja principal que se observa es la existencia todavía de una percepción equivocada de parte de los titulares de las dependencias gubernamentales quienes demeritan (o no aprecian) la importante actividad desempeñada por los profesionistas dedicados a la actividad documental, desconociendo que esa actividad es el eje central para garantizar entre muchas cosas, el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y la prestación de mejores servicios a estos.
Finalmente, podemos afirmar que son más los beneficios que se obtienen de la relación entre las tecnologías de información y los archivos: mejor administración de la información, creación de un sistema de información único, mayor seguridad tanto para el resguardo físico de los documentos así como informático, facilitan el derecho de acceso a la información, apoya las funciones de los profesionistas en actividades de tipo documental de las dependencias, elevando su productividad y principalmente se mejora la prestación de servicios.
El Trago Fuerte
¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.
