Por Pedro Daire.
Después de la horrible analogía del cajón de manzanas con una de ellas podridas, la frase sobre las preguntas, debe ser lo segundo más repetido en la educación chilena.
Advierto que no soy experto ni en educación, ni en negocios, ni en leyes, sólo un ciudadano interesado en la sociedad civil. No quiero atacar a nadie, pero sí hostigar a todos. Como declarado inexperto yo tengo muchas preguntas y para evitar que me tilden de tonto, voy a hacerlas:
¿Cuántos profesores de Enseñanza Media están estudiando la ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y la ley 20.500 de Participación Ciudadana para luego enseñárselas a sus alumnos?
Un país que aspire a tener una democracia participativa, con una ciudadanía responsable y fuerte, debe educar en esos aspectos a sus jóvenes o como he escuchado por ahí “pre-ciudadanos”. Me parece que asignar trabajos escolares que, en vez de una búsqueda en wikipedia, requieran una solicitud de acceso a la información pública pueden tener un impacto tremendo como una primera interacción directa entre un estudiante de tercero medio y el gobierno central de Chile.
En mi trabajo como encargado del proyecto www.accesointeligente.org de la Fundación Ciudadano Inteligente yo percibo ese ideal de un gobierno que trabaja por nosotros, a veces bien, a veces mal, pero veo que se mueven por nuestras solicitudes. Recordemos que mandatario es quien recibe los mandatos.
¿Cuántas acciones pro sociedad civil has hecho durante esta primera quincena del 2012?
Es muy común olvidarse que somos parte activa de la sociedad, está el gobierno, está el Congreso, están los bancos, las farmacias, los liceos, las sociedades agrícolas y está la sociedad civil, tan importantes somos que incluso en nuestra Constitución estamos considerados ¿Te imaginas cuántas acciones pro-banca realizaron los bancos en lo que ya va del 2012 y cuántas planean hacer? Se entiende, ellos están preocupados de su sector, lo cultivan y protegen. Nosotros debiésemos hacer lo mismo, porque tu sector –y el mío- es el de la sociedad civil; debemos protegerlo y cultivarlo. No es fácil porque no te pagan por eso, pero te sugiero algo que al menos es gratis.
¿Por qué no elijes un tema y haces una pregunta al gobierno? La lees y si te parece que hay algo sospechoso sobre lo que profundizar envíalo a algún periodista amigo tuyo para que lo ponga en la tabla de investigaciones. O, al menos, publícalo en facebook o en twitter con un comentario, quizás una amiga tuya lo quiera investigar.
¿Acaso te parece que en libre competencia todo anda bien?, ¿El Serviu es lo suficientemente transparente y eficiente?, ¿Las Isapres son fiscalizadas tanto como a ti te gustaría?, ¿Carabineros explica perfectamente la asignación de patrullas en los distintos sectores del país? Estas preguntas y muchas otras pueden ser respondidas en menos de 20 días si tú las haces.
¿No tienes nada que decirle a ningún senador respecto a ningún proyecto de ley, entonces por qué no has usado nunca el sitio www.senadorvirtual.cl?
¿Qué Chile es más valioso, el solidario que dona más de $20.000.000.000 a la teletón o un Chile fiscalizador que evita que Kodama reciba sumas similares por razones injustificadas?
Una de las consecuencias más importante y beneficiosa de la ley de transparencia es un efecto secundario o colateral: la inhibición de actos de corrupción. Sólo por la posibilidad de que alguna vez alguien empiece a preguntar cosas al respecto y que investigando por aquí o por allá descubra la corrupción.
¿Cuántos Juan Pablo Davila andan por ahí a punto de cometer unos inexplicables “errores de tipeo” inhibidos ante la posibilidad de que a uno de los 17 millones de chilenos se le ocurra indagar en algo que lo comprometa?, ¡Porque con uno basta! Imagina que conveniente la acción, pro-sociedad civil, de tener una fuerza fiscalizadora de cientos de miles al establecer como obligatorio al menos un trabajo que use la ley de transparencia en tercero medio. Millones de alumnos preguntando al gobierno, para ser buenos fiscalizadores hay que tener práctica ¿Puede eso ser malo?
En definitiva, la gran pregunta es cuánto más eficiente sería el Estado de Chile si contara con una sociedad civil fuerte y responsable. Cuánta de la debilidad actual de nuestra sociedad civil es nuestra responsabilidad. Dicen por ahí que las sociedades tienen los gobiernos e instituciones que se merecen ¿Cuál nos merecemos los chilenos?
Fuente: El Dinamo.
Por Francisco Luco.
Probablemente a nadie resulte indiferente el potencial de las manoseadas redes sociales para influir sobre el ejercicio del poder político. Y lo cierto es que, si bien podría ser nuestro primer impulso pensar en ejemplos como Twitter y su utilidad en la organización de movilizaciones políticas en Medio Oriente o protestas en Estados unidos, también contamos con casos mucho más cercanos y pedestres.
Sin ir más lejos, en Chile ya han sido numerosas las oportunidades en que gracias al poder de unos pocos, que representan una suerte de casta tecnológica (mas no intelectual, por cierto), se han derribado proyectos de ley, revertido decisiones de la administración central e, incluso, dejado sin efecto normativas de entes privados.
¿No se suponía que una ciudadana activa manifestándose en línea, presionando y molestando al poder era algo positivo? En principio sí, pero como en todo ámbito de cosas, cualquier exceso resulta nefasto al final.
El caso de la influencia que las redes sociales pueden ejercer en el poder político es especialmente paradigmático en Chile. Incluso da para alarmarse y para que comencemos a cuestionarnos –deberíamos– qué diablos está sucediendo a nuestro alrededor.
Es cierto que nos encontramos inmersos en la era de la información, que todo hoy se reduce a la inmediatez y que la ciudadanía evalúa a sus representantes constantemente, no esperando ya únicamente un plazo de 4 años para castigar o aprobar la gestión de sus autoridades. Sin embargo, existe un largo trecho entre esta situación de control cívico y el absurdo de que, porque un par de comentarios de menos de 140 caracteres creó un bola de nieve que acabó posicionándose por conveniencia en la portada de algún medio digital de izquierdas, autoridades políticas terminen dándose vuelta la chaqueta o traicionando derechamente sus convicciones.
Aunque no sea políticamente correcto decirlo, un “representante” no se elige para “representar” sin más lo que la voluntad de la mayoría que lo eligió designe. Y es que si así fuere, si se tratara de simplemente plantar monigotes mínimamente instruidos que se encarguen únicamente de mediar como meros mensajeros entre la opinión mayoritaria de sus electores y el poder, en la práctica daría lo mismo a quién se elige.
Un actor político, llámese congresista, alcalde, presidente de la república o lo que sea, se elige porque, si bien debiera actuar siempre con miras al interés de los ciudadanos, confiamos en su criterio e ideas de qué es lo mejor para sus electores. Suena paternalista y tan política 1.0 –insisto en lo de políticamente incorrecto–, pero no podemos negar que, por los argumentos antes expuestos, es así. Después de todo la realidad es innegable.
El gran problema se hace patente cuando las convicciones –suponiendo que las hay y por tenues que sean– se transan por miedo; el miedo al matonaje primero virtual, luego social y, finalmente y casi por añadidura, matonaje político.
No sólo nuestra sociedad criolla, sino la sociedad humana en general parece atravesar delicados y complejos cambios en este momento. Ello hace necesario, más que nunca, el surgimiento de un proceso de reflexión y análisis en frío de los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor. Lamentablemente, mensajes furibundos, apasionados, temperamentales y muchas veces plagados de desconocimiento en 140 caracteres parecen marcar hoy la pauta noticiosa, y no hacen falta un par de horas para que un político traicione sus ideas y convicciones y revierta sus decisiones temiendo ser víctimas de bullying.
En estos últimos años se ha acrecentado más que nunca la importancia de las redes sociales y su interrelación con la política. Sin embargo, es fundamental que de vez en cuando nos detengamos a pensar antes de caer en la verborrea instantánea y fácil, y sobre todo –casi lo imploro– que en la llamada “clase política” piensen dos veces antes de ceder a las presiones de un reducido grupo de usuarios de internet, de baja representatividad y que al final sólo consigue hacer crecer bolas de nieve gracias a los intereses editoriales de opositores al gobierno.
Como corolario de lo anterior, resulta de total relevancia que se dimensionen las redes sociales en una medida justa y proporcionada, y se evite caer en el espejismo absurdo de que se trata del bastión de la verdad absoluta o de un instrumento econométrico confiable y representativo.
Al final, si quienes ostentan el poder debieran retractarse cada vez que los usuarios de Internet se disgustan por algo, probablemente terminaríamos en una especie de populismo, caudillismo o, peor aún, una verdadera dictadura digital.
Por Marco Enríquez-Ominami.
La discusión en el Senado, sobre el proyecto de ley de TV digital debiera constituirse en la gran oportunidad para promover de cambiar nuestra televisión para que, como ocurre en muchos otros países, esta sea un espacio de enriquecimiento de los chilenos y no de un adormecimiento que sólo beneficia a quienes no quieren cambiar nada del estado de injusticia y desigualdad en que vive nuestro país.
No hay ninguna razón para que los chilenos estemos eximidos, excluidos de la inteligencia que puede muy bien combinarse en términos de oferta con lo que hoy se llama entretención. Esto fue planteado por diferentes instituciones que reclamaron la mantención de la gratuidad de la TV abierta y una reforma drástica de la manera en que hoy se entregan las concesiones, sin exigir mayores compromisos con un análisis de las cualidades técnicas y financieras del proyecto.
La TV es sin duda clave para nuestra democracia. Existe hoy el peligro que por la vía de negociaciones invocando la urgencia, se reparta el enorme potencial existente en grandes grupos económicos sin reservar para la cultura, la educación y los contenidos regionales suficiente espectro. Si así ocurre, en 10 años más para tener una frecuencia los interesados deberán comprarla a estos grandes grupos a precio de oro. Es ahora, entonces que debemos exigir que se apruebe una normativa que deje abierto el espacio para la lenta incorporación de interesado que no tienen grandes capitales, pero sí propuestas de contenidos de gran importancia para el país.
La Mesa Ciudadana por la TV digital ha planteado once puntos consensuados entre una serie de organizaciones, entre las cuales se cuenta el Colegio de Periodistas, ONG’s y el Observatorio de Medios (FUCATEL). De estos acuerdos puedo destacar los siguientes puntos:
- La existencia de un transportador público que tenga carácter nacional y que permita el acceso a la difusión a los proyectos que no tienen la posibilidad de invertir en grandes redes. Sin ir más lejos en la RM no hay espacio para más antenas y los propios operadores actuales proyectan usar una red en conjunto.
- Exigir que el CNTV otorgue las concesiones en audiencia pública y de acuerdo a criterios que garanticen diversidad en la oferta. Hoy el CNTV es un mero buzón de la decisión de la Subtel, es decir del Gobierno de turno. Si no se cambia esto, la selección la hará el Gobierno de Piñera.
- Cambio en la composición del Consejo Nacional de Televisión y de TVN, hoy cuoteados políticamente. Estos organismos deberían ser integrados por representantes de la sociedad civil, universidades, Colegio de Periodistas, ONGs, y otros.
- Un régimen de igualdad en la duración de las concesiones tanto para los ya existente como los nuevos.
- Garantías de que en cada región se reservará un 40% para la TV regional, local y comunitaria y además se reservará espectro para una TV cultural y otra educativa que pueda también integrar televisión de servicios, teleeducación, telemedicina y otros. Así lo hizo Brasil y estos dos grandes objetivos no pueden ser parte del paquete para la TV regional.
- La TV Digital debe ser gratuita y de libre acceso para todos los chilenos. Esta normativa establecerá las reglas del juego para un largo período de una realidad que nos sorprenderá con nuevos usos tecnológicos y nuevas posibilidades de financiamiento. Los parlamentarios no pueden legislar pensando en los problemas de financiamiento de los actuales operadores.
- La televisión comunitaria debe estar referida a comunidad de intereses y no necesariamente a su espacio geográfico y no tener fines de lucro.
- Los actuales canales comunitarios deberán ser reconocidos por la ley e incorporados al espectro electrónico destinado a éstos.
Sólo la presión de una ciudadanía bien informada podrá evitar que los actuales canales de TV se apropien del espectro, negando el espacio a nuevas propuestas televisivas
Por Comunicaciones FCI.
Imagina que las principales ONG’s chilenas en pro de la transparencia y la participación ciudadana se unieran en un consorcio para potenciarse y crear una organización multidisciplinaria que fortalezca como nunca el monitoreo a las instituciones públicas, privadas y la relación entre las personas y la información pública. Eso es lo que realizaron las fundaciones chilenas Ciudadano Inteligente, Pro Acceso, Pro Bono y Participa que hoy inauguraron el sitio web de la nueva agrupación “Consorcio por la Transparencia”.
www.consorcioporlatransparencia.cl es la página web de esta nueva iniciativa que une a expertos en transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, tecnología y derecho, para trabajar en pos del bien social. Las organizaciones que ahora trabajarán en conjunto pretenden acrecentar su compromiso con la sociedad, promoviendo y facilitando el acceso a la información pública, incentivando la participación ciudadana, y monitoreando a las diferentes instituciones públicas y privadas. Además de desarrollar acciones de educación, difusión y empoderamiento ciudadano en torno a estos derechos.
Específicamente la agrupación realizará un programa de apoyo legal para los ciudadanos y su relación con el cumplimiento de la Ley N°20.285 y el Acceso a la Información Pública por parte de los órganos de la administración del Estado y las empresas públicas. Como también, realizarán una constante fiscalización de estas instituciones públicas en cuanto a su probidad y legislación.
Cómo lo harán
Estas ONG’s trabajarán con las peticiones de información pública que los ciudadanos realizan en el sitio web www.accesointeligente.cl, plataforma de la fundación Ciudadano Inteligente que le permite a las personas una mejor interacción, facilidad y rapidez en la solicitud de acceso a la información pública. De estas demandas ciudadanas el consorcio analizará los problemas más reiterados y las mayores dificultades con que frecuentemente se encuentran las peticiones para lograr una respuesta satisfactoria y correspondiente a lo solicitado a los entes públicos.
A su vez, el Consorcio por la Transparencia proporcionará gratuitamente servicios legales para ayudar a los ciudadanos que se enfrenten con un incumplimiento de la Ley de transparencia y vean entrampado el derecho de todas las personas al acceso a la información pública.
Con estas actividades la agrupación pretende ser un aporte en la gestión de políticas públicas sobre transparencia –al detectar las mayores dificultades con que se enfrenta la ciudadanía al momento de requerir información pública-, mostrarle a la ciudadanía cuáles son sus derechos en estas materias, sus deberes como ciudadanos y promoverles la participación cívica. Todo esto con la intención de mejorar la calidad de la democracia en Chile.
El sitio web
La página de la agrupación estará contantemente informando sobre las investigaciones, publicaciones, asesorías legales a organizaciones y ciudadanos, actividades y otras iniciativas que el Consorcio por la Transparencia esté realizando. Asimismo, se mostrarán las opiniones de los miembros de la agrupación sobre la transparencia y democracia en Chile.
La agrupación pretende ser un actor y aportar en el debate público sobre estas materias, con la intención de mejorar los estándares en probidad, transparencia y democracia.
www.consorcioporlatransparencia.cl
50 propuestas estratégicas para ciudades más justas, sustentables e inclusivas se presentaron este sábado en el lanzamiento de Agenda Ciudadana, la iniciativa que busca la implementación de proyectos urbanos creados por la ciudadanía.
Gestión urbana, transporte, reciclaje y patrimonio fueron las temáticas de estas políticas públicas realizadas por ciudadanos motivados por mejorar la calidad de vida en las ciudades. En el acto de presentación realizado en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal los proyectos fueron recibidos y analizados por el alcalde de Vitacura y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Raúl Torrealba, la presidenta del PPD, Carolina Tohá, y el decano de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, Mathias Klotz.
El programa Agenda Ciudadana llevado a cabo por la organización de agrupaciones comunitarias Ciudad Viva, busca dar a conocer a las autoridades públicas lo que la ciudadanía quiere en ámbitos urbanos para luego exigirles la consideración de éstos y sus implementaciones. Más aún, dada la cercanía de las elecciones municipales, se espera que los candidatos a alcaldes y concejales escuchen a sus electores y contemplen la realización de estos proyectos ciudadanos.
La fundación Ciudadano Inteligente (FCI) cumplirá una función crucial en el desarrollo de la iniciativa al encargarse del monitoreo de la aplicación y de la fiscalización del avance de estos proyectos ciudadanos. Manuel Aris, director de proyecto de la FCI, estuvo presente en el lanzamiento y espera que las autoridades políticas acojan estas propuestas y que las implementen en conjunto a los ciudadanos realizadores de las iniciativas. “No queremos que la realización de los proyectos sea a puertas cerradas sino que en conjunto a los ciudadanos, y para eso estará la fundación Ciudadano Inteligente, para asegurarnos de que eso sea así”, asegura Aris.
Por Álvaro Castañón
Hace algunos años, en nuestro país teníamos toda una institución de la reparación doméstica: los“maestros chasquilla”. Estos versátiles personajes eran una verdadera caja de sorpresas, pues en base a la experiencia de la vida, o al “echando a perder se aprende”, ”le hacían” a la pintura, gasfitería, jardinería y quizás hasta leían el Tarot. Sus habilidades eran múltiples, y conforme a las preguntas del cliente eran más y más.
Con el paso de los años, la sociedad ha ido evolucionando hacia una especialización en los rubros. Por un trabajo se paga un sueldo, y eso conlleva una serie de cláusulas de exclusividad, horario y competencias.
Pero hay un lugar donde los años no pasan, y no es la Tierra de Nunca Jamás. Es nuestro Congreso Nacional, donde la realidad es muy distinta.
105 de nuestros 158 parlamentarios poseen actividades comerciales -como sociedades e inversión en acciones- de forma paralela a su trabajo legislativo. Para muchos ciudadanos quizás esto sea una sorpresa, pero ha sido una constante histórica, la función legislativa ha sido considerada siempre como una de las varias habilidades “a las que le hacen” nuestros representantes, en un mismo tiempo.
El problema que se presenta, cuando aceptamos que nuestros legisladores van de paso y, por ende, pueden mantener nexos con sus negocios, actividades académicas o profesionales, son los conflictos de intereses. Entendido como una relación de “tironeo” entre “lo público” del trabajo legislativo, y “lo privado” de sus negocios paralelos.
Pero hasta aquí al parecer no ha existido motivo de escándalo.
La solución fue entregada por la ley hace no más de 12 años. Una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional introdujo un artículo muy específico; el 5 letra B. Dicha norma se refiere a los conflictos de intereses, limitando la presentación de mociones y promoción de proyectos de ley donde el parlamentario tenga sus negocios personales. El mismo artículo, establece la prohibición de votar asuntos que se vinculen con los intereses privados.
Declarados los intereses y patrimonios de nuestros legisladores, nosotros como ciudadanos deberíamos tener la tranquilidad de saber cuál es la gama de intereses y habilidades financieras de nuestros representantes populares. Con este conocimiento, sería claro identificar cual parlamentario no está dando cumplimiento a la ley.
El problema es que nunca ha existido una herramienta de fiscalización ciudadana que permitiera hacer el cruce entre los proyectos en tramitación y los intereses de los parlamentarios. Con ello, descubrir las situaciones que atentan contra le ley y que podrían repercutir en un posible conflicto de interés era casi imposible. Ahora sí podemos escandalizarnos.
La Fundación Ciudadano Inteligente desarrolló su aplicación el “Inspector de Intereses” que entrega la información cruzada desnudando a los que cumplen con el Artículo 5 letra B, y los que no.
Pero el “Inspector de Intereses” no sólo nos ha clarificado la situación “declarada” y que finalmente se encontraba a disposición de los ciudadanos (o del ciudadano que se tome unos meses para procesarla), sino que también nos develó una situación preocupante: Tenemos políticos chasquilla.
El político chasquilla es aquel que más allá de sus habilidades financieras declaradas, tiene otras no declaradas. La oportunidad hace el negocio, y eso al parecer lo saben muy bien 32 parlamentarios, quienes no declararon participaciones que poseen en acciones o sociedades.
Son en total más de 100 sociedades las que nuestros “políticos chasquilla” omitieron declarar, y si pensamos en la tremenda variedad de temas que trata nuestro Congreso en cada una de sus sesiones, el resultado de esos pensamientos es preocupante. Si ya era casi imposible fiscalizar los conflictos de intereses respecto de “lo declarado” ¿Cómo nuestros parlamentarios pretenden que fiscalicemos lo “no declarado”? ¿O no les interesa dicha fiscalización?
El problema histórico ha sido justamente la fiscalización. Hace años atrás, no teníamos idea si efectivamente lo que declaraba saber un maestro se condecía con el trabajo que le entregábamos, como instalar un calefont. Con posterioridad, se reformó eso por el peligro que significaba y se empadronó a quienes se encontraban certificados, entregando más certeza y fiscalización a la población. Nosotros respecto de nuestros parlamentarios no tenemos certeza, y hasta antes del “inspector de intereses” no teníamos herramientas de fiscalización.
Tal cual pasó con los “maestros chasquilla”, hoy debemos avanzar a un sistema donde nuestros representantes sean un poco más especializados en el trabajo legislativo, y con ello se aparten de los otros “rubros” que pueden terminar en una desgracia; un conflicto entre los intereses nacionales y los privados.
Los ciudadanos tenemos una nueva arma, la información. Ahora todo está en nuestras manos, debemos hacer de éste un tema relevante. La mala elección de nuestro político puede terminar en una explosión, no del calefont, sino que de la confianza que le tenemos a nuestras instituciones y a quienes las componen.
Es urgente avanzar hacia un nuevo marco regulatorio, donde las sanciones sean mucho más que un susto, sean una realidad dolorosa. Nuestro sistema debe tener un verdadero incentivo a elegir entre la transparencia y las omisiones; entre los intereses nacionales y los particulares
Fuente: El Dínamo
