Ciudadano Inteligente is now .org! The change from .cl to .org represents the official association of our organization to the rest of Latin American, a feat that we’ve been working on for quite some time. Today, our organization boasts a multidisciplinary team from all over the world, who together work to promote transparency and citizen participation; and, to create innovative, powerful web applications, both in Chile as well as various other countries throughout the region. Some examples include Vota Inteligente – Argentina and Developing Latin America, the regional, collaborative initiative to develop civic applications.
Ciudadano Inteligente also counts on its excellent team of volunteers, who play a key role in supporting the applications, gathering information, and researching various topics. With the launching of our new website, we are officially calling on volunteers to participate in our organization, offering an opportunity to get involved in actively promoting transparency, accountability, and citizen participation. Now, students, professionals, or motivated citizens can volunteer their time and expertise in their respective areas, be it research, communications, graphic design, or web development. We will be constantly updating the open volunteering, as the registration form will be online.
As for the new graphic design, we changed our Foundation’s logo to a light bulb surrounded by many points, symbolizing the citizens who make up the Ciudadano Inteligente community. We decided it was the perfect time to adjust our image to include those who carry and inspire our Foundation to do the work it does.
In her blog post “Chao narigón, hola a todos”, Montserrat Lobos, the head of Design, tells us that “this new logo is a constant reminder to all who participate in this community to continue to strive to create more instances of participation and collaboration, to open our data, and to share information, concerns, problems and solutions”.
We’re inviting everyone, including you! Together, we are stronger!
Transparency Camp es un evento organizado por la sunlight foundation cada año, y la intención es juntar hacktivistas (desarrolladores, periodistas, expertos en opendata, encargados de hacer política, etc) para compartir experiencias y coordinar trabajo futuro. Todo esto bajo el formato de una unconference. Estos hacktivistas vienen de los 5 continentes y de más de una docena de países todos con experiencias y visiones diferentes.
Mi experiencia partió un poco antes, en las actividades pre-Tcamp, donde nos reunimos personas de distintos lugares, pero todos con un interés común: mejorar la calidad de nuestras democracias y la transparencia en nuestros respectivos países mediante el uso de herramientas tecnológicas. Durante estas actividades pre-Tcamp hubieron diferentes presentaciones, entre las que más destaco:
http://politicalpartytime.org es un sistema para el rastreo del flujo de dinero entre lobbystas y políticos, esto es posible gracias a que aquellas personas que reciben invitaciones a participar en eventos de recaudación de fondos publican sus invitaciones y así con esta información cualquier ciudadano puede “unir los puntos”.
http://opencorporates.org/ es una base de datos de todas las empresas existentes en distintos países y las relaciones que existen entre ellas.
El evento central del Transparency Camp tuvo lugar en George Mason University los días 28 y 29 de abril. Es importante hacer notar que dado el formato de unconference no pude asistir a todas las exposiciones, pues existieron muchas que corrieron de manera paralela.
A continuación describiré los principales puntos de aquellas charlas a las cuales asistí.
Durante la primera charla tuve el agrado de asistir a un debate donde se discutió distintos puntos de vista sobre open government, donde se buscaba diferenciar entre el uso de tecnología al interior de un gobierno, la liberación de datos de un gobierno como un todo o “open government data” y la liberación de datos políticamente correctos.
La segunda fue una charla donde discutimos sobre el uso de crowdsourcing para el monitoreo parlamentario. Durante esta charla aprendí mucho sobre cómo mediante el uso de tecnología es posible monitorear el parlamento. Algunos ejemplos:
https://www.popvox.com es una aplicación de monitoreo parlamentario que además de proveer información sobre los parlamentarios, proyectos y votaciones, tiene un fuerte influjo ciudadano al poder apoyar u oponerse a un cierto proyecto al mismo tiempo que es posible comentar sobre el mismo.
http://www.abgeordnetenwatch.de monitoreo parlamentario en Alemania donde es posible hacer preguntas a los parlamentarios, monitorear promesas y votaciones de los representantes alemanes.
http://www.ipaidabribe.com/ esta aplicación no tiene directa influencia sobre el monitoreo parlamentario si no que más bien busca disminuir la corrupción en distintos paises mediante hacer público el pago de sobornos.
Fue aquí donde escuché por primera vez el término “Democracia líquida”, el término se refiere a una forma de tomar decisiones donde los participantes eligen sobre un tópico y además existe la posibilidad de delegar el voto.
La tercera charla fue un brainstorming sobre una nueva aplicación que estaba diseñando @BillTrack50 para monitorear lo que ocurre el día de las elecciones utilizando distintas tecnologías basadas en móbiles. Se comparó con distintas iniciativas ya existentes incluyendo http://ushahidi.com/.
Durante la cuarta charla presenté nuestro recientemente horneado http://www.candideit.org y muchas ideas saltaron a la luz de manera de mejorar su impacto. Entre las cuales podemos rescatar el acercamiento con medios locales y la comparación de muchos con muchos candidatos.
La quinta charla que fue presentada por Zaheem Cassim, un periodista de Sudáfrica que buscaba conocer experiencias de otros países en vías de desarrollo para combatir la corrupción aquí se mencionaron distintas realidades y entre las que más me llamaron la atención estuvo la de Afganistán. De esta conversación surgió el uso de radio y sms como tecnologías base para la construcción de sistemas de mejoramiento de la transparencia.
Algunas herramientas mencionadas durante esta jornada fueron:
http://www.twilio.com/ es una plataforma que habilita el uso de tecnología como teléfonos y sms para construir aplicaciones. Y a modo de ejemplo Sunlight Foundation está construyendo una aplicación que utilizando este sistema permite acercar a los ciudadanos off-line al seguimiento parlamentario.
Al día siguiente, mi jornada partió con una conversación sobre cómo involucrar a niños en open data, inspirados por un proyecto realizado durante el International Space Apps Challenge en Brasil el cual usaba open data como fuente de información para hacer un video que detalla el tamaño de los planetas.
Con posterioridad, se realizó una discusión sobre el futuro del monitoreo político. Donde se expusieron ideas como por ejemplo versionar los proyectos de ley al estilo github y así ver la historia de uno indicando quienes añadieron cambios, cuáles fueron esos cambios y permitir la explicación de un voto por parte de un parlamentario, etc.
Esta unconferencia es un espacio único donde distintos actores del mundo del hacktivismo se reúnen para contar distintas experiencias y aunar fuerzas para lograr de nuestros países un lugar con mayor transparencia y participación ciudadana. Además, es un espacio donde se forma comunidad, y en base a conversaciones espontaneas pude conocer algunos proyectos que no estaban enmarcados dentro de alguna de las conferencias de las que participé, pero creo que tienen mucho valor y podrían inspirar nuevos desarrollos por parte de @ciudadanoi:
-http://www.govtrack.us/ uno de los primeros portales de seguimiento parlamentario en Estados Unidos y motivación para la mayoría de los proyectos de seguimiento parlamentario actual.
http://openstates.org/ es una plataforma de monitoreo de los parlamentos de cada estado en EE.UU.
http://lobby.org/ es una plataforma aún no liberada que pretende ser un kickstarter para reunir dinero en torno a una causa y contratar a un lobbista y abogar por ella.
http://politwoops.nl/ es una plataforma que permite ver los tweets borrados por los políticos holandeses y así evitar que puedan borrar su historia.
Ir en representación de Ciudadano Inteligente fue en lo personal un tremendo gusto, e institucionalmente es reforzar nuestra presencia en una gran comunidad. Los invito a revisar los proyectos que he comentado, y compartir con nosotros sus observaciones.
¡Ahora Ciudadano Inteligente es .org! plasmando en la web el carácter de asociatividad con el resto de América Latina, con el que ya hemos venido trabajando hace un buen tiempo. Hoy la institución cuenta con un equipo multidisciplinario y de distintas nacionalidades, que en conjunto trabajan por la transparencia y participación ciudadana, creando innovadoras e impactantes aplicaciones web, tanto en Chile, como en el resto de la región (algunos ejemplos son Vota Inteligente Argentina, y la iniciativa colaborativa de desarrollo de aplicaciones sociales más grande de Latinoamérica Desarrollando América Latina).
Ciudadano Inteligente cuenta además con un excelente equipo de voluntarios que ayudan a nutrir las aplicaciones y a recopilar información. Con nuestro nuevo sitio web la institución decidió hacer convocatorias formales de voluntariado en todas sus áreas, abriendo la opción de un voluntariado enfocado en la transparencia, accountability y participación ciudadana. De esta manera, ciudadanos estudiantes o profesionales podrán entregar desde sus respectivas áreas de desempeño, trabajo voluntario en las áreas de investigación, comunicaciones, diseño y desarrollo web. Las convocatorias se estarán anunciando a medida que distintos proyectos estén disponibles para voluntariado, aunque el formulario de inscripción estará permanentemente en línea.
En cuanto al nuevo planteamiento gráfico, hemos cambiado nuestro logo por una ampolleta rodeada de muchos puntos, simbolizando que no es uno solo el ciudadano inteligente, sino más bien una comunidad de ciudadanos que buscan la transparencia, fiscalización y participación.
En su post “chao narigón, hola a todos”, la encargada de diseño de la fundación, Montserrat Lobos, nos cuenta que “este nuevo logo es un recordatorio constante, para que todos los que participamos de esta comunidad sigamos esforzándonos por abrir instancias de participación y colaboración, por abrir nuestros datos y compartir: información, preocupaciones, problemas y soluciones.”.
¡La invitación queda extendida a toda la comunidad latinoamericana! Juntos somos más fuertes.
A few weeks after the launch of Inspector de Intereses — a Chilean website that allows citizens to map money trails in politics — the team at La Fundación Ciudadano Inteligente, the organization behind the site, had an interesting visitor. At the doorstep stood a member of parliament, carrying a stack of papers which outlined his interest in various corporations. He had received the team’s letter inviting him — and his colleagues — to update his records, and here he was, ready to do so, in person no less.
That eager senator wasn’t alone: about 20 percent of Chilean parliamentarians took the opportunity to update their records. In a country where conflicts of interest are not regularly discussed or acknowledged, this was an interesting shift, a change in culture and in process that was a part of Ciudadano Inteligente’s strategy to make more transparent the link between money and power in Chile.
La Fundación Ciudadano Inteligente (the Intelligent Citizen Foundation) is a Santiago, Chile, based nonprofit similar to the Sunlight Foundation in the US or MySociety in the UK. Founded by Felipe Heusser, it is committed to using technology and transparency to help create better informed, responsible and responsive citizens.
In theory, Chilean the law requires that politicians both disclose their corporate interests and abstain from voting on issues related to those interests (as well as those of their family members, up to three levels of affinity). In practice however, that law has not been taken too seriously. Indeed, not only do many politicians fail to disclose companies in which they or their family have interests, those that do often scribble them on the backs of pieces of paper. Scraps of illegible paper hardly comprise a system that creates confidence. This is where the Inspector de Intereses project comes into play. It documents the corporate interests of Chile’s national politicians with the goal of exposing (or preventing) conflicts of interest when votes related to those corporations, such as legislation on mining or agriculture, take place.
What struck me in speaking with Heusser is that Ciudadano Inteligente doesn’t just have a cool app on its hands — they have, and are executing on, a theory of change. The end game for them is to illuminate the relationships between money and politics, and ultimately they want to promote new legislation to regulate political donations. This lesson alone is worth remembering over and over again. Sometimes we get carried away with how technology can create an app or website that will expose a problem, but there is no larger strategy, no sense of how to actually change the situation. There is almost a belief that simple exposing the problem is sufficient, as once exposed, people will demand it be fixed. Such transparency is an essential step, and sometimes is creates the right conditions for change, but the history of social, political and environmental campaigns are littered with examples where awareness-building was not sufficient. The best lesson Ciudadano Inteligente may have to teach others is understanding that websites like Inspector de Intereses are not just an end unto themselves, but also a tool for achieving a political objective. And in order to be effective, you have to understand how you are going to use that tool.
For Ciudadano Inteligente, the case of developing stronger disclosure and campaign finance rules started with getting hard, reliable data on who has ownership stakes in what companies, and how they are currently voting — in other words, to gather and investigate the evidence to determine whether there really is a problem, and if so, how it can best be addressed.
And of course, getting that data wasn’t easy. Heusser recounted for me the three databases his team pulled together to create the engine that drives Inspector de Intereses: First, the government-supplied database of all corporate interests disclosed by MPs; second, a database they pulled together from the public register, register of commerce, and public sector record, to build what Heusser terms a “family tree of data,” similar to the one that powers TheyRule.net; and finally, a dataset that combs through each politician’s voting record.
The first dataset, although purchased from the government, was woefully incomplete, so Ciudadano Inteligente sent letters to every MP in Chile, explaining the project and inviting them to update their records. There were errors in the data — thanks, Heusser says, to the quality of government data reporting and not to Ciudadano Inteligente’s work — but because of the response rate they got and the thoroughness of their efforts to correct flaws, the entire project enjoyed strong protection from would-be critics.
What immediately became apparent to the project team upon reviewing the data was that 40 percent of MPs were not disclosing their assets at all. This alone was enough to garner them a fair bit of media coverage.
Heusser warns, though, that while the story was initially picked up by some online news sites, they didn’t get as much traction as they’d hoped. However, nothing helps with media like good opposition, and in their case the leader of Chile’s extreme right-wing party attacked the project publicly which resulted in the mainstream media becoming much more interested.
But real impact shouldn’t be measured in terms of media coverage. And this is what I love about this project — they have anecdotal evidence to suggest it is changing the way elected officials behave. Indeed, many politicians have, off the record, shared that they and their colleagues are being more careful to be more comprehensive when listing their corporate interests. This is because elected officials are no longer certain what information is publicly available — and will therefore end up in Inspector de Intereses databases. This uncertainty means they err on the side of disclosing more than would be public. As a result, Chilean citizens and journalists now know more about potential conflict of interests than they did before the project launched.
In other words, by creating a set of checks and balances that lives outside the government’s immediate realm Ciudadano Inteligente is able to apply pressure on government officials to change their relationship to disclosure that has a significant impact on accountability. We’ll be watching closely to see what happens next year to that 40 percent of MPs who didn’t disclose any assets.
A few technical details for those of you who are interested in the nuts and bolts: The project’s code is open-source and available on GitHub (though Heusser warns that it’s not exactly plug-and-play, given the specific data structures they were working with); and while they do not currently have an API, they are interested in the possibility of creating one, and are looking into developing a more deployable version of the project with an API that could allow other NGOs to deploy the tool and play with their own databases.
More immediately, they are looking into update the database records again this year.
Disclosure: Heusser was the conference director for Personal Democracy Forum Latin America, a conference techPresident’s parent company hosted in Santiago in 2010.
Personal Democracy Media is thankful to the Omidyar Network for its generous support of techPresident’s WeGov section.
A Chilean NGO’s online app has revealed that 40% of the country’s MPs have not been registering their assets and interests in full, despite being compelled to do so.
The Guardian.
An app that cross-matches Chilean MPs’ register of assets and interests with their voting record has revealed a startlingly low level of openness among the parliamentarians about their interests.
Chilean MPs have been compelled for some time to register their assets and interests – but it was only last year, when a non-government body, the Ciudadano Inteligente Fundacion, cross-matched that data with a wide range of information about MPs’ voting records that it was revealed that 40% of MPs were not registering their full assets and interests.
The organisation has set up a database, that enables members of the public to find potential conflicts of interest by analysing the data disclosed through the members’ register of assets.
“No-one was analysing this data, so it was incomplete,” explained Felipe Heusser, executive president of the Fundacion. “We used technology to build a database, using a wide range of open data and mapped all the MPs’ interests. From that, we found that nearly 40% of MPs were not disclosing their assets fully.”
Publicity about the finding has resulted in greater use of the app, which enables people to map MPs’ declared interests against topics on which they are voting.
The app is one example being highlighted at this week’s Open Government Partnership conference in Brazil. Heusser said the aim is to change MPs’ behaviour and highlight potential conflicts on interests. “And this was all done with a simple app and open data,” he said.
The Guardian public leaders network is a digital media partner of the Open Government Partnership conference in Brazil.
Desde hoy y hasta el 18 de abril se realizará en la ciudad de Brasilia una nueva conferencia anual de la Sociedad de Gobierno Abierto (Open Government Partnership). En dicha instancia, más de 50 gobiernos del mundo se encontrarán con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el compromiso que mantienen sus miembros de promover la transparencia, la autonomía delos ciudadanos, combatir la corrupción, y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.
Como miembro y representante de la sociedad civil latinoamericana, una vez más la Fundación Ciudadano Inteligente reafirma su compromiso con los Gobiernos Abiertos, y se hará presente representada por el Presidente Ejecutivo de la Fundación, Felipe Heusser, y el Gerente Juan José Soto. Además, por primera vez participarán del encuentro dos grandes proyectos de Ciudadano Inteligente; Desarrollando América Latina y Desarrollando El Caribe, que van representados por su coordinadora Anca Matioc.
M.I.F.S. son sus iniciales, degolló a dos jóvenes la semana pasada, tiene 16 años y por determinación de la Fiscalía Centro Norte quedó recluido en un centro del Sename, esto por 70 días a partir del miércoles 25 de enero. Hasta $242.045 pesos podría significarle al Estado mensualmente mantenerlo, ya que eso es lo que cuesta tener a un menor en los centros del Sename.
El Vaso quiso saber cuánto cuesta mantener a los menores de edad en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename), para esto utilizamos la plataforma Acceso Inteligente, de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva.
El Sename dispone de distintos tipos de recintos en todo el país para atender a lactantes, niños y adolescentes. Estos establecimientos están clasificados en cuatro tipos distintos, funcionando y atendiendo de distintas maneras, por tanto teniendo diferentes gastos y costos para la mantención de los menores de edad. Están los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD), los Centros Semi Cerrados (CSC ), los Centros de Régimen Cerrado (CRC), y los Centros de Internación Provisoria (CIP).
1259 menores fueron atendidos por estos dos últimos centros entre el 1 de enero del año pasado hasta el 30 de noviembre, lo que al Estado le costó en promedio $242.045 pesos mensuales por joven. Estos dos servicios funcionan en un mismo recinto y con una administración común, por lo que el costo es el mismo a pesar de las distintas prestaciones que se realizan.
Los Centros de Internación Provisoria (CIP) -donde se encuentra M.I.F.S. esperando su condena- reciben a adolescentes y jóvenes que están en espera de la resolución de los fiscales para los cargos que presentan. Mientras que los Centros de Régimen Cerrados (CRC) atiende a los menores que deben cumplir sus condenas.
Según los datos entregados por el Sename por cada adolescente en estos recintos se gasta en promedio mensualmente $80.824 en alimentación, $4.007 en vestuario y calzado, $19.426 en materiales ( artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $5.115 en mantención y reparación del establecimiento, $67.592 en consumos básicos, y $65.081 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc)
Por lo que sólo en los CIP y en los CRC entre enero y noviembre del 2011 el Estado desembolsó $304.734.655, para mantener a los menores en estos centros del Sename.
Por otra parte, los Centros Semi Cerrados (CSC) reciben adolescentes y jóvenes condenados a sanción privativa de libertad que tienen residencia obligatoria en el centro, pero reciben programas de actividades personalizados que se desarrollan dentro y fuera del recinto.
Tanto en los Centro de Régimen Cerrados como en los Semi Cerrados desarrollan un programa de reinserción social que incluye la continuación de estudios, la formación para el trabajo, el manejo de tecnologías digitales, la atención de salud, el tratamiento de adicciones y el fortalecimiento del vínculo con la familia.
El costo mensual promedio de mantener a un menor en los CSC durante el año pasado fue de $237.900 pesos. Estos se desglosan en $53.398 en alimentación, $3.040 en vestuario y calzado, $73.650 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.085 en mantención y reparación del establecimiento, $35.817 en consumos básicos, y $68.910 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
311 jóvenes fueron atendidos entre enero y noviembre del 2011 en los Centros Semi Cerrados por lo que en total en esos once meses el Estado gastó $73.986.900 en la mantención de estos menores.
El cuarto sistema de atención son los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD) que reciben a población de menores de mayor complejidad, donde en una modalidad residencial entregan una atención especializada con estrategias apuntadas a reparar el daño asociado a la vulneración de derechos, entregar calidad de vida, y dar protección especial
$197.223 pesos mensuales fue lo que le costó en promedio al Estado la mantención de los 774 menores que estuvieron en los CREAD durante el 2011. $67.827 en alimentación, $10.373 en vestuario y calzado, $18.625 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.587 en mantención y reparación del establecimiento, $36.660 en consumos básicos, y $60.151 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
Considerando el total de menores en las cuatro modalidades de atención y el total de gasto promedio por cada uno, se ve que el total desembolsado por el Estado entre enero y noviembre del año pasado para mantener a los 2344 menores de edad en estos centros del Sename fue de $531.372.157 pesos.
*Revisa la ley de responsabilidad penal para adolescentes Ley 20.084.
There is no question regarding the fact that transparency policies, generally speaking, have captured the attention of a wide variety of stakeholders that from different grounds and interests have praised transparency to be one of the cornerstone initiatives of modern governance. In the words of Christopher Hood, transparency has become a pervasive cliché, and he may be just right. Everyone loves it, though we are not sure if it’s for the same reasons, nor actually do we know if we all love the same thing.
Big expectations are over the shoulders of transparency; governments expect public sector efficiency and growth, civil society expects accountability and participation in the policy process, companies and entrepreneurs expect new business opportunities, and democracy more generally expects that with transparency we will all be better off.
Vast amounts of articles and columns have stressed the bright side of transparency, highlighting why is it better to be open than closed and better bottom-up than merely top-down. Even though as member of a pro-transparency community of NGOs I would quickly classify myself and our organization in the side of the optimists, in times where OGP and the transparency agenda is getting increasing attention, it looks like appropriate to focus not only on transparency expectations, but also on the challenges associated with meeting those expectations and the risks involved in the process, which may potentially hazard any apparent transparency achievement.
Looking forward to the Open Government Partnership meeting in Brasilia, the first big challenge is about participation and the level of cohesion behind a transparency action plan that is expected to be the result of an open and franc dialogue between governments and civil society organizations. The degree to which the actions plans are the result of a participatory process, and not a mere consultation or top-down notification, is fundamental for the luck of a transparency initiative that is said to be defined by civil society participation. Risks to a participatory process include CSO’s that may push to hard in an “all in” transparency agenda for the action plan that may provoke government’s robust opposition, but it may also include the risk of a government that smiles to the camera every-time the word “transparency” and “participation” is mentioned, but that in practice, does not understand that participation is about dialogues and not monologues, about agreements and not notifications. It will be hard for many governments that will face a more substantive participation for the first time.
A second big challenge regards to the governance of OGP. It is yet to be seen how will OGP govern member countries without mediating international treaties or law enforcing tools, and how will it govern such a diverse group of civil society organizations that though committed to democracy, are not necessarily elected bodies. We witness an innovative organization that will have to prove that transparency and civic participation can move forward without traditional law-binding instruments. Risks on the other hand remain on failing to pressure governments to fulfill their transparency commitments, and to have them praise their OGP membership without achieving nor even committing to real substantive transparency reforms, in opposition to small cosmetic transparency policies that are abundant in many country action plans. The governance of civil society organizations on the equal side of governments is a chapter in itself. It is also to be seen how coordination, standards and agreements will be achieved among CSO’s, how will they be represented at upper levels of OGP, but above all, how will we develop enough cohesion to protect organizations that are left on the sides by governments that oppose an open dialogue, and cohesion to stand together to push for real transparency change.
No doubt that transparency is the hot topic of our days, and that OGP will gather the creme of governments and civil society organizations that will smile to the camera every-time someone mentions the word “transparency”. We will be there for the picture, but will also be there to make sure that OGP takes off, and that governments keep their transparency promises as strong as they keep their smiles to the camera.
OGP original publication: http://blog.opengovpartnership.org/2012/03/smile-to-the-camera-say-transparency/
In the mid-nineties, following the return to democracy (1990), Chile began a process of cultural change aimed toward greater transparency. At that point, “the Chilean state was known as a state of secret” explains Alberto Precht, Secretary of the Commission on Integrity and Transparency of the Ministry General Secretariat of the Presidency and Chile’s representative to Open Government Partnership.
Corruption cases reinforced the need for a pro-transparency agenda that became increasingly formalized from 2002-2003 onwards. According to Precht, it was an agenda of “consensus” that would ultimately change the political makeup of the government.
Increasing Public Access
One of the most important milestones during this pro-transparency reform period has been the enactment of a 2008 law increasing public access to information. To monitor compliance, the government created an independent agency, the Council for Transparency.“More than 100,000 requests for information have been submitted to date,”notes Precht.
While embraced by the public, the requests for increasing transparency sparked fears among some government officials. “I remember the fear public officials had of publishing their salaries on the Internet. However, despite all the concern, nothing serious happened,” says Precht. One outcome of the law has been the revelation of the properties, assets, and potential conflicts of interest for government officials. This has generated news reports and increased audits and scrutiny by civil society representatives, which have in turn helped restore integrity and stronger accountability mechanisms among public officials. “While modernization requires public participation, this implies a paradigm shift because policies have historically been generated from the experts and not from the people,” Precht adds.
He also suggests that other measures will soon go up for parliamentary debate, including a new regulation on lobbying and financing of electoral campaigns. Additionally, other open government initiatives are in the works, such as the recently launched beta version of a public data portal, which according to Precht “allows for databases that can build applications and provide information, such as crime maps or how much longer a bus will reach a particular stop.”
“We want to shine in OGP”
Last September, the government of Chile submitted a letter of intent to join the Open Government Partnership (OGP). In December, officials created a domestic OGP working group that included four NGOs and the Comptroller General of the Republic and the Commission for Transparency, which are autonomous auditors in this area. These groups will work together with the Government to create the first draft country action plan to be presented on March 30, 2012 by President Sebastián Piñera to the Chilean public.
Felipe Heusser, Director of Ciudadano Inteligente, one of the civil society organizations invited to the working group in charge of developing a country action plan for Chile, says that there is no doubt that Chile is much better off than it was a few years ago. “We now have a Freedom of Information Law in place that has worked reasonably well thanks to all stakeholders, including Government, civil society organizations, and the Transparency Council (Information Commissioner) that have done a fantastic job. In comparative terms, Chile is one of the countries with most submissions of information requests, which is a healthy sign of a society that is using its right to know,”Heusser notes.
“As a country, one of our greatest assets should be to have the image of a transparent country,” says Precht. Chile recently ranked number 22 in the Transparency International Corruption Perceptions Index and wants to move to the top 20. “Though we are witnessing some positive signs towards transparency like the publishing of data catalogs, much more needs to be done. Open data is not about the publication of a few pieces of data, but the substantive publication of enough data that may allow us to understand policies and account government’s performance. Policies will never be transparent if they can’t be tested and openly evaluated,” adds Heusser.
In March, Chile attended the OGP regional outreach meeting in Mexico, and also undertook a technical visit to Colombia to learn about the government’s strategy to reduce paperwork.
These past few months, Chile reached agreements on OGP at the technical committee level. However, the public consultation process involved only five organizations, so the remaining challenge is to get input from a larger number of citizens who may not yet be aware of these new measures.
According to Heusser, Chilean civil society organizations are looking forward to OGP and its upcoming annual meeting in Brazil. “We see it as a great opportunity to persuade our governments to move the transparency agenda forward and deeper by learning and sharing from some of the best transparency practices that exist among the international community.”
Thus far Precht and Heusser believe that the greatest success for Chile since joining the OGP has been the understanding that secrecy in public affairs has to be the exception, not the rule, and that ensuring accountability requires independent bodies to oversee public agencies. Chile will deliver its first draft action plan in April 2012 “and we want shine in this initiative,” concludes Precht.
OGP original publication: http://www.opengovpartnership.org/news/case-chile-secret-state-open-state
289.692.417.254, no es ni un número de llamado al extranjero, ni los minutos que hay en un año, esa es la cifra en pesos de lo que en promedio el Gobierno gasta al año en mantención de servicios básicos para los estudiantes de la educación pública.
Gracias a una solicitud de información pública realizada por El Vaso en la plataformaAcceso Inteligente,de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva,se pudo conocer cuánto gastó el Gobierno el 2011 en entregar alimentación, útiles y computadores a los escolares de la educación pública.
En útiles escolares el Estado desembolsó el 2011 un total de $2.954.725.523 para 1.212.125 escolares, es decir, por cada estudiante se invirtió $2.437 pesos para sus útiles. La región en la que más se gastó en este ítem fue la Metropolitana, dado su mayor número de colegiales, donde para 398.364 estudiantes se destinaron poco más de $932 millones de pesos. Mientras que en la región que menos dinero se gastó fue en la de Magallanes que recibió $17.712.620 pesos para 7.060 alumnos.
En cuanto a la comida, la Junaeb no especificó la cantidad de estudiantes que reciben este beneficio, pero sí mostró los montos gastados por el Estado en este servicio durante el mes de noviembre del pasado año, tomándolo como mes referencial. El total de $30.148.701.009 pesos fue lo que se invirtió en el penúltimo mes del 2011 para entregarles alimentación a los escolares de la educación pública.
La entrega de esta alimentación, que consiste en desayuno y almuerzo o sólo este último – dependiendo del recinto- y que les proporciona a los jóvenes entre 700 a 1000 calorías, costó poco más de 8 mil millones de pesos para los alumnos de Media, $18.515.270.832 para los alumnos de Básica, $1.718.786.985 para los de Kinder, mientras que para los de Pre kínder se desembolsó mil millones y medio de pesos.
En definitiva, si consideramos 9 meses de asistencia escolar, se puede decir que para entregar alimentación en la educación pública el Estado gasta $271.338.309.081, algo así como US$542 millones de dólares.
Además de los útiles y la alimentación, el Gobierno ofrece una iniciativa llamada “Yo elijo mi PC” la cual consiste en premiar con un computador de regalo a los alumnos de 6° Básico que tuvieron mejor rendimiento y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. Estos aparatos tecnológicos se escogen a partir de un catálogo que el Gobierno ofrece donde se encuentran diversas marcas con distintas capacidades de funcionamiento.
El programa lleva tres años y 150 mil escolares ya han recibido su PC. Este año 59.334 estudiantes fueron escogidos para recibir este beneficio lo que le significará al Estado $15.399.382.650 pesos. De estos casi 31 millones de dólares la Región Metropolitana es la que se lleva mayor parte, con 4 mil millones y medio de pesos, dado a sus 16.756 alumnos que clasificaron para el premio. De tras lo siguen la VIII Región con 9.169 estudiantes recompensados y la V Región con 5.858 de estos alumnos. Por su parte, la región con menos escolares premiados fue la de Aysén, que tuvo 361 colegiales clasificados para el beneficio, lo que al Estado le costará $97.127.772 pesos.
En definitiva, si se consideran los gastos por alimentación de 9 meses, más lo desembolsado por útiles escolares, y el programa “Yo elijo mi PC”, el Estado gasta al año en estos servicios de mantención para los alumnos de la educación pública $289.692.417.254 pesos, cerca de US$ 579 millones de dólares
¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.
