Por Diego Bustos.
En mis tiempos de estudiante, en alguno de los varios textos que pasaron por mis manos, me tocó leer una idea que sin duda alguna ha hecho eco en mi mente hasta el día de hoy. Si mal no recuerdo, la frase decía algo así: “la democracia es la autoridad de la mayoría por sobre las minorías”. Desde entonces, no he podido sino cuestionarme frecuentemente la validez y el peso real del concepto “democracia” en esta, nuestra sociedad.
Bien es cierto que dicho término significa “poder del pueblo” (demos kratos). En esencia, ese breve concepto dice mucho y ha logrado dar cimientos a innumerables hechos históricos. No obstante ello, recordemos que la muestra más pura de la que se tenga registro sobre lo que ha sido la práctica democrática fue la antigua Atenas y, es teniendo claro ello, que surgen poco a poco distintas inconformidades sobre nuestra actualidad política y social.
Vamos viendo. En primer lugar, la democracia pura y recta de los tiempos clásicos se dio en un pueblo muy distinto a cualquier grupo social presente en este tiempo. Eran personas cultas, preocupadas por lo que pasaba a sus alrededores y tremendamente llenos de ambiciones. Los atenienses eran ricos en cultura y tradiciones, primaban el conocimiento y la razón por sobre el ocio y lo militar. En cada decisión que hubiere de tomarse, cada miembro de aquel grupo de habitantes tenía la libertad de opinar por medio de voto secreto sobre las alternativas dadas en pro del bienestar del pueblo entero.
Aquel grupo de personas fueron los pioneros de ésta idea que tanto peso le damos en la actualidad. Gente estudiosa y preocupada del perfeccionamiento constante de la razón (me gustaría ver un solo chileno al azar memorizando “La Iliada”… tal como lo hicieron los atenienses).
Me parece irrisorio, entonces, ver tanto político jactándose de la “democracia chilena” y más lastima me da cuando dicen que la imagen de nuestro país de ha posicionado por ello mismo. Llega incluso a provocar risa cuando sale al aire la frase “tradición democrática”. ¡Por favor! ¿de qué tradición democrática estamos hablando?.
En una clase de Historia de Chile un gran profesor desglosó la idea y nos explicó (al curso) el porqué simplemente no podemos nunca hablar de la tradición democrática. Y fue él quien compartió una idea basada en numeración de hitos que no puedo sino compartir:
- Chile parte del virreinato del Perú.
- Guerra contra el pueblo araucano (la segunda guerra más larga de la que se tenga registro, siendo superada solo por las cruzadas).
- Persecución a los liberales.
- Chile federal.
- Guerra Civil de 1891
- Chile y la rotativa ministerial… período en el que tuvimos incluso ministros que usaron sus cargos por tan solo un día.
- Irrupción armada durante el gobierno de don Arturo Alessandri Palma, quien debió interrumpir su periodo presidencial hasta que los uniformados vieran que no eran capaces de tomar las riendas sobre las problemáticas nacionales.
- Gobierno militar presidido por Augusto Pinochet.
Esos son solo algunos de los ejemplos de las tantas interrupciones que ha tenido nuestra endiosada democracia. Y todo eso en solo 200 años, lo cual por cierto es un muy breve período de tiempo para hablar de que el nuestro es un país recto e inmaculadamente democrático.
Es cierto, tenemos un sistema de elección que nos permite elegir concejales, alcaldes, parlamentarios e incluso el Presidente de la República por medio de sufragio universal. Sin embargo ello no me parece suficiente para considerar a mi país como una nación democrática. Cada día es más frecuente la frase “no voto porque no me interesa la política”, sobre todo en jóvenes, quienes por cierto aparentemente no han logrado darse cuenta que absolutamente todo lo que tienen y lo que los rodea a llegado a ellos gracias a una intervención política.
Por otro lado, y aunque a muchos les pese, no podemos desconocer que el grueso de la masa electoral peca de ignorancia ante asuntos claves antes de sufragar. No saben lo que es el modelo directo o indirecto, no saben realmente cuales son las labores de concejales o alcaldes, y no saben, siquiera, la diferencia entre un senador y un diputado. ¿En qué se traduce eso? En el constante triunfo del carismático por sobre el capaz. Y es así, señores, como le damos constante impulso a la rueda del círculo vicioso en el cual estamos inmersos. ¿Cómo podríamos solucionar éste problema?… realmente no lo he pensado con detención, pero si tengo claro que el dictar educación cívica obligatoria sería sin lugar a dudas un muy gran paso al respecto.
No pongamos la democracia en un pedestal. No, al menos, mientras basemos nuestra democracia en la capacidad de sufragio popular. La democracia es mucho más que eso.
Sólo tenemos 200 años, estamos en pañales. Aún es tiempo de empezar a hacer las cosas bien. Pero como diríamos en buen chileno… bajémonos de la nube. No, no somos un país de tradición democrática.
Por Marco Enríquez-Ominami.
Al perecer, las aventuras extra matrimoniales de Carlos Larraín e Ignacio Walker, que llevaban más de tres meses, está dejando a damnificados del duopolio político.
Respecto de las reformas políticas de RN y la DC, vuelve a plantearse en la opinión pública las sospechas metódicas cartesianas: ¿Será capaz la clase política del duopolio de autor reformarse y perder poder? ¿Podría pensarse que los conservadores de derecha y de izquierda estuvieran dispuestos a cambios tan radicales para perfeccionar nuestra democracia? Confío en que esta alentadora propuesta no sea un volador de luces y ojalá no sea un cambio tipo “gato pardo”.
El régimen semipresidencial, el sistema proporcional y el federalismo atenuado constituyen el eje de nuestro programa político, que ya en mi campaña presidencial eran considerados como una utopía por parte de los líderes conservadores. Si la fuerza de las ideas, hoy hegemónicas, ha logrado convencer a los miembros del duopolio de que el cambio es posible, no puedo sino regocijarme.
Yo profeso el optimismo trágico: estoy convencido de que resta mucho por hacer para romper la “jaula de hierro” weberiana, que exige quórums casi inalcanzables para este tipo de reformas. Esta tarea exige una dosis importante de voluntarismo, que supere el inmovilismo del pragmatismo ramplón. Propuesta y acción constituyen la tarea prioritaria de los Progresistas en esta coyuntura.
Terminar con la monarquía presidencial, que tanto daño ha hecho a la democracia chilena, reemplazándola por la democracia dual con correctivo presidencial – semi presidencialismo – con un jefe de Estado y un Jefe de Gobierno, es la garantía de un equilibrio de poder.
El sistema binominal catatónico no garantiza ninguna gobernabilidad y sólo reproduce la colusión política. Un sistema proporcional y una división correcta de los Distritos – según el número de habitantes y continuidad geográfica – debiera garantizar la equidad entre los sufragios obtenidos y los sillones parlamentarios. La elección de Intendentes y Consejeros regionales es fundamental para terminar con el centralismo; este el primer paso para un federalismo atenuado.
Aún faltan muchas tareas a realizar, como la revocación de mandatos, la limitación a una sola reelección de todos los cargos que emanen de la soberanía popular, sistema unicameral, plebiscitos vinculantes y voluntarios a nivel nacional, regional y comunal, primarias abiertas, obligatorias y vinculantes, controladas por el SERVEL. ¡El camino es largo, comencemos ya!
Es un gran mérito de los movimientos sociales, especialmente el estudiantil, el haber develado la profunda crisis de representación, legitimidad y gobernabilidad a la cual nos condujo una casta política, cuyo objetivo central consistía en reparto el botín del Estado y inmovilidad política, los cargos parlamentarios vitalicios, senadores y diputados nominados a dedo, combinaciones políticas que obtienen verdaderos récords de rechazo ciudadano. No cejaremos hasta lograr el cambio radical de nuestro sistema político, tarea central que me convoca, por la cual siento un profundo compromiso.
Por Comunicaciones FCI.
Imagina que las principales ONG’s chilenas en pro de la transparencia y la participación ciudadana se unieran en un consorcio para potenciarse y crear una organización multidisciplinaria que fortalezca como nunca el monitoreo a las instituciones públicas, privadas y la relación entre las personas y la información pública. Eso es lo que realizaron las fundaciones chilenas Ciudadano Inteligente, Pro Acceso, Pro Bono y Participa que hoy inauguraron el sitio web de la nueva agrupación “Consorcio por la Transparencia”.
www.consorcioporlatransparencia.cl es la página web de esta nueva iniciativa que une a expertos en transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, tecnología y derecho, para trabajar en pos del bien social. Las organizaciones que ahora trabajarán en conjunto pretenden acrecentar su compromiso con la sociedad, promoviendo y facilitando el acceso a la información pública, incentivando la participación ciudadana, y monitoreando a las diferentes instituciones públicas y privadas. Además de desarrollar acciones de educación, difusión y empoderamiento ciudadano en torno a estos derechos.
Específicamente la agrupación realizará un programa de apoyo legal para los ciudadanos y su relación con el cumplimiento de la Ley N°20.285 y el Acceso a la Información Pública por parte de los órganos de la administración del Estado y las empresas públicas. Como también, realizarán una constante fiscalización de estas instituciones públicas en cuanto a su probidad y legislación.
Cómo lo harán
Estas ONG’s trabajarán con las peticiones de información pública que los ciudadanos realizan en el sitio web www.accesointeligente.cl, plataforma de la fundación Ciudadano Inteligente que le permite a las personas una mejor interacción, facilidad y rapidez en la solicitud de acceso a la información pública. De estas demandas ciudadanas el consorcio analizará los problemas más reiterados y las mayores dificultades con que frecuentemente se encuentran las peticiones para lograr una respuesta satisfactoria y correspondiente a lo solicitado a los entes públicos.
A su vez, el Consorcio por la Transparencia proporcionará gratuitamente servicios legales para ayudar a los ciudadanos que se enfrenten con un incumplimiento de la Ley de transparencia y vean entrampado el derecho de todas las personas al acceso a la información pública.
Con estas actividades la agrupación pretende ser un aporte en la gestión de políticas públicas sobre transparencia –al detectar las mayores dificultades con que se enfrenta la ciudadanía al momento de requerir información pública-, mostrarle a la ciudadanía cuáles son sus derechos en estas materias, sus deberes como ciudadanos y promoverles la participación cívica. Todo esto con la intención de mejorar la calidad de la democracia en Chile.
El sitio web
La página de la agrupación estará contantemente informando sobre las investigaciones, publicaciones, asesorías legales a organizaciones y ciudadanos, actividades y otras iniciativas que el Consorcio por la Transparencia esté realizando. Asimismo, se mostrarán las opiniones de los miembros de la agrupación sobre la transparencia y democracia en Chile.
La agrupación pretende ser un actor y aportar en el debate público sobre estas materias, con la intención de mejorar los estándares en probidad, transparencia y democracia.
www.consorcioporlatransparencia.cl
Por José Francisco García
En sociedades democráticas consolidadas como la nuestra, las protestas y las marchas, son esperables; es más, en la actualidad son un fenómeno mundial que ha buscado ser explicado por autores de la talla de Huntington o Fukuyama, sobre la base de las tensiones que están enfrentando diversos sistemas políticos frente a niveles crecientes de desarrollo económico y social, y las expectativas generadas asociadas–. Y si bien con frecuencia no buscan oponerse a algo, sino apoyar una cierta causa –lo que además revela la importancia de que en una sociedad libre el Estado sea neutral respecto de los contenidos discursivos de las marchas, y permita las más diversas–; suelen ser instrumentos de última ratio que se generan ahí cuando no han podido ser canalizadas y procesadas demandas legítimas por parte de los poderes políticos.
Porque de lo que estamos hablando al final del día, es que están en juego una serie de derechos constitucionales –de reunión, de asociación y de expresión– que permiten a las personas y a las asociaciones dar cauce a sus demandas y descontento, interpelando a los poderes políticos y a la sociedad toda. Ello, per se, no es negativo ni ilegítimo. Muy por el contrario. Debemos mirar con simpatía el que 100.000 estudiantes marchen por la Alameda de manera pacífica (o 40.000 ciudadanos gays y heterosexuales marchen por el matrimonio homosexual). Se trata, al final de cuentas, de una manera de control ciudadano o accountability respecto de las autoridades, control que como sabemos, es uno de los objetivos de la libertad de expresión.
Sin embargo, no es legítima toda clase de protesta o marcha, y creer que no existan otros bienes en juego –i.e., los derechos de otras personas–, que deban ser ponderados por la autoridad a la hora de establecer las reglas que regirán estas materias, como asimismo al momento de ejercer el instrumental regulatorio disponible (i.e., la actuación policial). Las protestas ponen en jaque, entre otros, la libertad de tránsito de miles de ciudadanos, el derecho de reunión, el derecho de propiedad, la libertad de emprendimiento y por cierto el derecho a la integridad física. Es por ello que existen límites naturales para las mismas, y así lo reconoce nuestro ordenamiento.
Un límite que por obvio no se ha discutido en Chile a pesar de estar reconocido, pero que en el derecho comparado ha tenido gran desarrollo, dice relación con la ilegitimidad de manifestarse o protestar en propiedad privada cuando no existe autorización de su dueño. En estos casos, se ha sostenido jurisprudencialmente que el derecho de propiedad no puede ceder ante la libertad de expresión. Dicha regla es de evidente aplicación en caso de tomas de colegios, sobre todo cuando se trata de establecimientos privados.
En el “foro público”–ahí donde los manifestantes buscan hacer uso de bienes nacionales de uso público como calles o parques–, es precisamente donde se deben compatibilizar los distintos bienes y derechos en juego. Por ejemplo la Constitución garantiza el derecho de reunión, de forma pacífica, sin armas y si bien es sin permiso previo, cuando se lleva a cabo en lugares de uso público, se deben seguir las disposiciones generales de policía
Violan dichas reglas de legitimidad (y legalidad) los daños a la propiedad pública y privada por varios millones de dólares que generaron las marchas del movimiento estudiantil.
Pero la manifestación en el foro público distó mucho de ser la única forma utilizada por los estudiantes; radicalizándose los medios de protesta empleados. En este sentido, una de estas formas extremas fue sin lugar a dudas, la huelga de hambre –uno de los medios de presión más extremos– que llevaron a cabo un grupo de estudiantes del liceo A-131 de Buin –caso que causó polémica por su gravedad–.
En esta materia existe una serie de argumentos para fundamentar su ilegitimidad. En primer lugar, la vida no es un bien disponible, regla que, nuestro ordenamiento jurídico y jurisprudencia han consistentemente defendido. La Constitución asegura a todas las personas en el artículo 19 N° 1 el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de las personas. Nuestros jueces han sido claros a la hora de ponderar los principales bienes en juego en casos equivalentes: derecho a la vida y libertad de expresión (en la forma de protesta), incluso cuando esta última busca vincularse a la libertad de conciencia. Primará el primero.
Las personas son fines en sí mismos, no medios, y por tanto, nada justifica que sean utilizadas como monedas de cambio (o presión) en un debate democrático –o de cualquier naturaleza–. Incluso en el caso en que pudiéramos afirmar que la vida no es un absoluto –ningún derecho lo es– y que admitiera excepciones cuando se buscan bienes superiores –justificación tradicional de los mártires–, ¿podría alguien razonablemente decir que el único medio válido y disponible para conseguir reformas a nuestro sistema educacional (bien superior) consiste en perder la vida, no existiendo medios alternativos?
Por Esteban Szmulewicz Ramírez
Desde las antiguas plazas y calles del Medio Oriente, hasta las hipermodernas avenidas de Nueva York, y también desfilando masivamente por las tierras chilenas, los ciudadanos se han reapropiado del espacio público para manifestar su opinión frente a situaciones que consideran extremadamente injustas. ¿Qué hay detrás de esta oleada de movilizaciones ciudadanas esparcidas en distintos lugares del mundo en un intervalo de tiempo relativamente corto?
Por una parte, algunos comentaristas han planteado la necesidad de buscar ciertas causas comunes o factores explicativos que puedan dar cuenta de la globalidad de este fenómeno. En esta línea, Eduardo Engel planteó, en una reciente columna, que a pesar de sus múltiples diferencias, las movilizaciones sociales actuales tendrían en común el hecho de fundarse en una ciudadanía con mayor acceso a la información, mucho más exigente y vigilante en relación al poder estatal, y más conectada por medio de internet y las redes sociales. Esta interpretación enfatiza lo que se denomina la dimensión de “recursos políticos” como variable explicativa para la participación política, esto es, aquellos elementos que les permiten a los ciudadanos actuar políticamente, vinculados en esencia a la capacidad de adquirir información política y a la disminución de los costos de organización y comunicación política, mediante el uso de las redes sociales.
Por otra parte, esta interpretación requiere un complemento en una explicación que ponga el acento en ciertas cuestiones elementales de la organización política, en particular, la aceptación de las decisiones adoptadas mediante el recurso a mecanismos públicamente reconocidos como legítimos. Teoría que enfatiza los aspectos de diseño institucional del modelo de toma decisiones imperante en muchos países. Dado que se trata de fenómenos en desarrollo y respecto de los cuales carecemos de mucha información relevante, es difícil plantear hipótesis fuertes, aunque sí se pueden realizar algunas apreciaciones preliminares.
Para comenzar, para que la explicación centrada en la influencia de las nuevas tecnologías fuese cierta serían necesarios niveles equivalentes de penetración y uso de internet en todos los casos, lo cual no es la circunstancia. Naturalmente la penetración y uso de internet y de las redes sociales es menor en el Medio Oriente que en Chile, y en Chile menor que en Europa y Estados Unidos, aunque los primeros están aproximándose rápidamente a los segundos. Pero no sólo se encuentra la distribución de acceso a internet en desigualdad de distribución a nivel internacional, sino que también a nivel de cada Estado. En general, a mayor nivel de ingreso mayor cantidad y calidad del acceso y uso de internet. En consecuencia, las redes sociales, que requieren disponibilidad de acceso prácticamente constante e inmediato, no podrían explicar por sí solas la masividad y transversalidad, en términos etarios y de procedencia socioeconómica, de las manifestaciones en distintas partes del mundo.
Dados estos problemas – a la explicación basada en los recursos informativos – cabe agregar aquella fundada en la crisis de las instituciones de democracia representativa. Según esta visión, las revueltas ciudadanas se explican, además, por la problemática que se les manifiesta a las instituciones de representación e intermediación democrática diseñadas para tomar decisiones mediante el recurso a la elección de representantes del pueblo que luego se encargan de deliberar y aprobar políticas públicas. Estas instituciones comienzan a entrar en crisis cuando los gobernantes son percibidos por la población como incapaces de dar cuenta de los principales problemas del país y surge, en cambio, un impulso colectivo a operar fuera o incluso contra estas instituciones de representación política. Esta hipótesis dice relación con problemas clásicos de la teoría política, tales como las dificultades para controlar la acción de los representantes por parte de los representados, y el interés de éstos porque sus preferencias, complejas, multivariadas y en ocasiones contradictorias, sean trasladadas a políticas públicas justas.
En el Medio Oriente se trató de la incompetencia de dar voz a amplios sectores de la población y la tremenda represión de regímenes incapaces de garantizar mínimos derechos civiles y políticos. En Europa y los Estados Unidos, se trata de la percepción de que el gobierno está más ocupado de resolver los problemas financieros de los grandes intereses económicos, que de dar respuesta al aumento del desempleo, la pobreza y las desigualdades. En Chile, el movimiento estalla con la demanda de una educación pública de calidad e igualitaria, pero toma real vuelo por la incapacidad del actual modelo democrática de procesar estas demandas y crear instituciones que permitan articular y procesar los planteamientos de vastos sectores sociales.
Estos problemas se han visto acentuados por la capacidad de los ciudadanos de recurrir a fuentes alternativas de información y la disminución de los costos de la organización política que traen consigo las nuevas tecnologías. Así, no sólo se incorpora la revolución que ha significado la extensión e inserción de internet, sino también se puede dar cuenta de las diferencias que existen entre países que exhiben similares o incluso mayores niveles de penetración y uso de internet, como las naciones escandinavas, Canadá y otros, pero cuyas ciudadanías no han recurrido a las protestas como método privilegiado de acción política. En estos países, una correcta combinación institucional ha permitido articular intereses colectivos diversos e involucrar a los ciudadanos de mejor manera en los mecanismos de toma de decisiones.
En definitiva, si bien las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han proveído un notable canal para organizar, difundir y vehicular las demandas ciudadanas, éstas obedecen en última instancia a causas estructurales más profundas, vinculadas a la crisis de un cierto modelo de toma de decisiones. Esto no sólo tiene consecuencias para nuestro entendimiento de estos fenómenos sociales, sino también para la práctica política futura. No bastará con incorporar medidas de transparencia y participación ciudadana clásica, sino que será necesario un replanteamiento completo del modelo de intermediación y articulación política actualmente imperante.
Por José Larrea
La nueva oferta de los iluminados congresista debe llamarnos la atención, generar un punto de vigilancia permanente. La demanda por una nueva constitución es la mayor aspiración que los movimientos sociales han hecho sentir este último tiempo, se ha expresado en las calles y las redes sociales, corresponde a una demanda legítima fruto de la profunda desigualdad existente en la sociedad.
La actual Constitución es ilegítima y espuria, surge de la necesidad que tiene la dictadura para proyectar el dominio de los poderosos del país y las empresas extranjeras que hacen su picnic en Chile, llevándose a manos llenas nuestros recursos naturales.
Esta constitución tiene la particular característica que garantiza el desarrollo de un modelo económico basado en la economía de libre mercado y la competencia como eje fundamental de la vida en la sociedad, evitando por todos los medios el rol regulador y fiscalizador del estado que históricamente existe en un estado republicano.
Es la Asamblea Constituyente el mecanismo que asegura representatividad democrática y no un congreso representativo de poderes fácticos que solo se ha preocupado de maquillar la actual carta constitucional, con el objeto de mantener la situación de desigualdad y miseria para la gran mayoría de la población.
La Asamblea Constituyente es la que debe recoger el sentir de la mayoría ciudadana, legítimamente elegida y que en justas aspiraciones debe expresar su anhelo de justicia y libertad.
Es tarea de la ciudadanía integrar el descontento que provocan las actuales condiciones de vida con trabajo precarizado y mal remunerado, endeudamiento endémico que tiene agobiada a las personas y que genera situación de incertidumbre, inseguridad respecto al futuro, considerando que los fondos de pensiones para quienes lo poseen, cada vez se ven más exiguos gracias a la volatibilidad especulativa del mercado.
La forma demagógica e impopular que tienen estos congresistas para buscar una salida airosa y que les permita seguir usufructuando de los beneficios del poder, es lo que debe llevarnos a desconfiar de sus propósitos. No han hecho otra cosa que engañar y postergar a la población, mantienen y aumentan escandalosamente sus cuotas de poder, han pactado nuestra riqueza fundamental como es el cobre, desnacionalizándola y hoy contamos solo con el 28% de su propiedad; el agua, la electricidad, las rutas camineras, las cuotas de pesca, los medios de comunicación, son el gran negocio con el que se han enriquecido ante la impavidez de la ciudadanía.
Es este movimiento estudiantil el que ha hecho conciencia y ha proyectado la necesidad sobre un nuevo orden constitucional, que reemplace el actual nivel de precariedad en que se encuentra este país. No permitamos que los mismos ladrones que ayer ofrecieron representar al pueblo, sean los artífices de un nuevo engaño.
Nueva Constitución mediante Asamblea Constituyente. La soberanía popular es un derecho que no se transa en el mercado.
