M.I.F.S. son sus iniciales, degolló a dos jóvenes la semana pasada, tiene 16 años y por determinación de la Fiscalía Centro Norte quedó recluido en un centro del Sename, esto por 70 días a partir del miércoles 25 de enero. Hasta $242.045 pesos podría significarle al Estado mensualmente mantenerlo, ya que eso es lo que cuesta tener a un menor en los centros del Sename.
El Vaso quiso saber cuánto cuesta mantener a los menores de edad en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename), para esto utilizamos la plataforma Acceso Inteligente, de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva.
El Sename dispone de distintos tipos de recintos en todo el país para atender a lactantes, niños y adolescentes. Estos establecimientos están clasificados en cuatro tipos distintos, funcionando y atendiendo de distintas maneras, por tanto teniendo diferentes gastos y costos para la mantención de los menores de edad. Están los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD), los Centros Semi Cerrados (CSC ), los Centros de Régimen Cerrado (CRC), y los Centros de Internación Provisoria (CIP).
1259 menores fueron atendidos por estos dos últimos centros entre el 1 de enero del año pasado hasta el 30 de noviembre, lo que al Estado le costó en promedio $242.045 pesos mensuales por joven. Estos dos servicios funcionan en un mismo recinto y con una administración común, por lo que el costo es el mismo a pesar de las distintas prestaciones que se realizan.
Los Centros de Internación Provisoria (CIP) -donde se encuentra M.I.F.S. esperando su condena- reciben a adolescentes y jóvenes que están en espera de la resolución de los fiscales para los cargos que presentan. Mientras que los Centros de Régimen Cerrados (CRC) atiende a los menores que deben cumplir sus condenas.
Según los datos entregados por el Sename por cada adolescente en estos recintos se gasta en promedio mensualmente $80.824 en alimentación, $4.007 en vestuario y calzado, $19.426 en materiales ( artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $5.115 en mantención y reparación del establecimiento, $67.592 en consumos básicos, y $65.081 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc)
Por lo que sólo en los CIP y en los CRC entre enero y noviembre del 2011 el Estado desembolsó $304.734.655, para mantener a los menores en estos centros del Sename.
Por otra parte, los Centros Semi Cerrados (CSC) reciben adolescentes y jóvenes condenados a sanción privativa de libertad que tienen residencia obligatoria en el centro, pero reciben programas de actividades personalizados que se desarrollan dentro y fuera del recinto.
Tanto en los Centro de Régimen Cerrados como en los Semi Cerrados desarrollan un programa de reinserción social que incluye la continuación de estudios, la formación para el trabajo, el manejo de tecnologías digitales, la atención de salud, el tratamiento de adicciones y el fortalecimiento del vínculo con la familia.
El costo mensual promedio de mantener a un menor en los CSC durante el año pasado fue de $237.900 pesos. Estos se desglosan en $53.398 en alimentación, $3.040 en vestuario y calzado, $73.650 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.085 en mantención y reparación del establecimiento, $35.817 en consumos básicos, y $68.910 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
311 jóvenes fueron atendidos entre enero y noviembre del 2011 en los Centros Semi Cerrados por lo que en total en esos once meses el Estado gastó $73.986.900 en la mantención de estos menores.
El cuarto sistema de atención son los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD) que reciben a población de menores de mayor complejidad, donde en una modalidad residencial entregan una atención especializada con estrategias apuntadas a reparar el daño asociado a la vulneración de derechos, entregar calidad de vida, y dar protección especial
$197.223 pesos mensuales fue lo que le costó en promedio al Estado la mantención de los 774 menores que estuvieron en los CREAD durante el 2011. $67.827 en alimentación, $10.373 en vestuario y calzado, $18.625 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.587 en mantención y reparación del establecimiento, $36.660 en consumos básicos, y $60.151 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
Considerando el total de menores en las cuatro modalidades de atención y el total de gasto promedio por cada uno, se ve que el total desembolsado por el Estado entre enero y noviembre del año pasado para mantener a los 2344 menores de edad en estos centros del Sename fue de $531.372.157 pesos.
*Revisa la ley de responsabilidad penal para adolescentes Ley 20.084.
289.692.417.254, no es ni un número de llamado al extranjero, ni los minutos que hay en un año, esa es la cifra en pesos de lo que en promedio el Gobierno gasta al año en mantención de servicios básicos para los estudiantes de la educación pública.
Gracias a una solicitud de información pública realizada por El Vaso en la plataforma Acceso Inteligente, de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva, se pudo conocer cuánto gastó el Gobierno el 2011 en entregar alimentación, útiles y computadores a los escolares de la educación pública.
En útiles escolares el Estado desembolsó el 2011 un total de $2.954.725.523 para 1.212.125 escolares, es decir, por cada estudiante se invirtió $2.437 pesos para sus útiles. La región en la que más se gastó en este ítem fue la Metropolitana, dado su mayor número de colegiales, donde para 398.364 estudiantes se destinaron poco más de $932 millones de pesos. Mientras que en la región que menos dinero se gastó fue en la de Magallanes que recibió $17.712.620 pesos para 7.060 alumnos.
En cuanto a la comida, la Junaeb no especificó la cantidad de estudiantes que reciben este beneficio, pero sí mostró los montos gastados por el Estado en este servicio durante el mes de noviembre del pasado año, tomándolo como mes referencial. El total de $30.148.701.009 pesos fue lo que se invirtió en el penúltimo mes del 2011 para entregarles alimentación a los escolares de la educación pública.
La entrega de esta alimentación, que consiste en desayuno y almuerzo o sólo este último – dependiendo del recinto- y que les proporciona a los jóvenes entre 700 a 1000 calorías, costó poco más de 8 mil millones de pesos para los alumnos de Media, $18.515.270.832 para los alumnos de Básica, $1.718.786.985 para los de Kinder, mientras que para los de Pre kínder se desembolsó mil millones y medio de pesos.
En definitiva, si consideramos 9 meses de asistencia escolar, se puede decir que para entregar alimentación en la educación pública el Estado gasta $271.338.309.081, algo así como US$542 millones de dólares.
Además de los útiles y la alimentación, el Gobierno ofrece una iniciativa llamada “Yo elijo mi PC” la cual consiste en premiar con un computador de regalo a los alumnos de 6° Básico que tuvieron mejor rendimiento y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. Estos aparatos tecnológicos se escogen a partir de un catálogo que el Gobierno ofrece donde se encuentran diversas marcas con distintas capacidades de funcionamiento.
El programa lleva tres años y 150 mil escolares ya han recibido su PC. Este año 59.334 estudiantes fueron escogidos para recibir este beneficio lo que le significará al Estado $15.399.382.650 pesos. De estos casi 31 millones de dólares la Región Metropolitana es la que se lleva mayor parte, con 4 mil millones y medio de pesos, dado a sus 16.756 alumnos que clasificaron para el premio. De tras lo siguen la VIII Región con 9.169 estudiantes recompensados y la V Región con 5.858 de estos alumnos. Por su parte, la región con menos escolares premiados fue la de Aysén, que tuvo 361 colegiales clasificados para el beneficio, lo que al Estado le costará $97.127.772 pesos.
En definitiva, si se consideran los gastos por alimentación de 9 meses, más lo desembolsado por útiles escolares, y el programa “Yo elijo mi PC”, el Estado gasta al año en estos servicios de mantención para los alumnos de la educación pública $289.692.417.254 pesos, cerca de US$ 579 millones de dólares
Por Francisco del Campo | Comunicaciones FCI.
¿Cuántas becas entregó el programa Becas Chile el 2011?, ¿a qué países y universidades están destinadas las becas adjudicadas?, ¿quiénes las recibieron?, ¿Qué hay que hacer para postular?, ¿Qué necesidades cubren estas becas?, fueron una de las tantas preguntas que El Vaso quiso resolver.
El Vaso realizó una solicitud de información pública al Ministerio de Educación a través de la plataforma “Acceso Inteligente”, herramienta de la Fundación Ciudadano Inteligente que permite solicitar datos públicos a los organismos del Estado de una manera más simple y directa, con la intención de conocer las becas adjudicadas durante el 2011 por el programa Becas Chile.
Becas Chile cumple con una política de Estado que busca promover el aumento de formación y perfeccionamiento extranjero, modernizar y mejorar la articulación de los programas de becas gubernamentales, y fomentar la vinculación y cooperación internacional.
Las becas ofrecen oportunidades para diferentes intereses profesionales y académicos, los que se dividen en las categorías de formación de postgrado, formación técnica de nivel superior, y la formación docente. En la primera se incluyen las opciones de Magíster, Doctorados, Postdoctorados, Pasantías doctorales, Cotutelas de Doctorado y Sub-especialidades médicas. Para la formación técnica de nivel superior se ofrecen becas para Pasantías de perfeccionamiento de Competencias Técnicas. Y para la Formación docente, se brindan becas de Magíster para profesionales de la Educación, Semestre en el extranjero, Pasantías de Matemática y Ciencias, y Diplomado para Académicos de Pedadogía en Inglés.
El público objetivo de las becas de esta última categoría son los estudiantes de pedagogía que estén cursando los últimos años de su carrera en universidades de Chile, y profesionales de la educación que se desempeñen en escuelas municipales y subvencionadas. Mientras que las becas de Formación técnica se apunta a técnicos de nivel superior y profesionales de carreras de ocho semestres sin licenciatura, pero con al menos dos años de experiencia laboral ya sea en el sector público o privado.
El público objetivo de las becas de la categoría postgrados son los recién titulados, académicos y profesionales provenientes tanto del sector público como del privado. Mientras que los requisitos son tener excelencia académica ya sea habiendo terminado los estudios superiores con nota promedio superior a 5.0, o haber sido del 30% superior de su generación al momento de licenciarse u obtener el título. Además de ya haber sido aceptado en la universidad extranjera a la que se postula.
En total el 2011 se entregaron 1222 becas entre las distintas categorías antes mencionadas, las que se distribuyeron de la siguiente manera:
Magíster y Doctorados
De las 472 becas para Magíster adjudicadas el 2011 los países que más estudiantes chilenos recibirán son Inglaterra con 110 becas entregadas, Estados Unidos con 91 y Australia con 81 adjudicaciones. Mientras que las universidades que más chilenos recibirán para Magister son la española Universidad de Barcelona con 37 premiados, y las australianas University of Melbourne con 31 y Queensland University con 26 becarios.
Por otra parte, de las 298 becas adjudicadas para Doctorados los países con más premiados son España con 71 estudiantes, Inglaterra con 47, y Estados Unidos con 40 doctorados. En cuanto a las universidades que más becarios recibirán en este ítem son nuevamente la Universidad de Barcelona con 42 adjudicaciones, la universidad Autónoma de Barcelona con 10 y la University of Melbourne con 8 premiados.
Para quienes postulan a las becas de postgrados becas Chile cubre diferencialmente a cada una. A las becas de los Magíster, Postdoctorados y Cotutelas de Doctorado cubren hasta 2 años,; las Pasantías Doctorales hasta 10 meses; las Subespecialidades médicas hasta 3 años; y los Doctorados hasta 4 años.
Los servicios que cubren y el monto de dinero que entrega el Estado a través de estas becas, se distribuyen de diferentes maneras dependiendo de a la beca que se postuló y del coste de vida del país al que se va. Esta distribución se muestra en la siguiente tabla:
*El ministerio de Educación señaló que no pudo entregar los montos específicos para las becas dado que “la ejecución de los costos de las becas se realiza por períodos superiores a un año, por lo que aún no es posible detallar el costo total de cada beca”.
Así fue como Becas Chiles entregó sus becas durante el 2011, con el objetivo de, tal como dicen en su página oficial, “formar capital humano avanzado en todas las áreas del conocimiento, sin excepción alguna y en cualquier país excepto Chile, para que los graduados, a su regreso a Chile, apliquen los conocimientos adquiridos y contribuyan al desarrollo científico, académico, económico, social y cultural del país”.
Conozca aquí quiénes se adjudicaron cada una de las becas durante el 2011.
Por Francisco del Campo | Comunicaciones FCI
La suma de $1.147.984.473 pesos le costó al Estado detener el incendio forestal de Torres del Paine, que dejó una gran pérdida en parte del sector de Olguín de la reserva nacional de la Región de Magallanes.
Para saber esto, El Vaso realizó una solicitud de información pública a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a través de la plataforma “Acceso Inteligente”, herramienta de la Fundación Ciudadano Inteligente que permite solicitar datos públicos a los organismos del Estado de una manera más simple y directa. La respuesta dada en definitiva por la Onemi mostró cuánto fueron los gastos incurridos para solucionar el incendio de Torres del Paine hasta el 3 de febrero.
El incendio comenzó el 27 de diciembre del pasado año después que un turista israelí prendiera fuego a un papel higiénico. Los gastos para contener el desastre que consumió 17.606 hectáreas del parque nacional han sido para contratar aeronaves, equipamiento de operaciones, combustible, y el traslado de personas y elementos.
El arriendo de aeronaves de combate de incendio especiales para las condiciones meteorológicas de la zona fue lo más costoso de todo el proceso, alcanzando la cifra de $656.731.956 pesos. Esto además de todo el combustible que se tuvo que usar para estas aeronaves que tuvo un costo de $46.868.979 pesos.
Hasta 900 personas se encontraron intentando detener el fuego en el momento de mayor complejidad de la operación, señaló a la prensa el director de la Conaf en Magallanes, José Fernández. Entre ellos habían brigadistas de la Conaf, bomberos, personal de las fuerzas armadas, brigadas forestales del Ejercito de Chile, además de brigadistas extranjeros (principalmente de Argentina y Uruguay) que llegaron a colaborar.
Para todos estos servicios que corresponden a los gastos de logística el Estado desembolsó $351.907.873 pesos. Estos se desglosan en el desplazamiento de las brigadas, el alimento para ellos, sus respectivos equipamientos, la habilitación de albergues, entre otros.
Otro gasto importante fue el del traslado de las personas que se encontraban en el sector del incendio, que incluso significó la evacuación emergencia por los servicios nacionales de más de 400 turistas. Todas estas asistencias le costaron a la Onemi $48.896.501 pesos.
El resto de los gastos se desembolsaron tanto en combustible para otras maquinarias, lo que costó $40.040.354, como para el traslado de elementos que la Onemi no especifica, que tuvo un costo de $3.538.810 pesos.
En definitiva, todo el operativo para detener y solucionar el incendio forestal de 17.606 hectáreas en Torres del Paine le significó al Estado $1.147.984.473 pesos.
Por José Francisco García.
La puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal implicó la completa transformación de la justicia penal en distintos planos: oralidad, información, gestión, derecho a defensa, etc. Lo anterior conlleva un cambio de paradigma desde un sistema de justicia criminal inquisitivo a uno moderno que busca equilibrar eficiencia en la gestión de la justicia con garantizar un debido proceso tanto a imputados como a víctimas, lo que ha contribuido a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país.
El nuevo esquema penal, desde la mirada de las políticas públicas, cuenta como principio rector uno económico, el de eficiencia, el cual implica reconocer el problema más profundo de la escasez y que se traduce en el uso racional del recurso “sistema judicial” en la persecución penal, lo que importa generar diversos mecanismos de “filtro” -lo que se conoce genéricamente como el principio de oportunidad- que buscan desechar aquellos casos que por determinados motivos relevantes no conviene socialmente sean procesados por el sistema.
Sin embargo, en el derecho una idea tan elemental como esa era desconocida e incluso, en el proceso de reforma misma, combatida. Choca frontalmente contra ella el llamado principio de legalidad, en torno al cual se estructuraba el sistema procesal penal, según el cual, el Estado se compromete a investigar y sancionar todos los delitos que se cometen en el país. Ello no puede sino ser una simple declaración, desprovista de cualquier posibilidad práctica de materializarse, ante la escasez de recursos a que no hemos referido.
En efecto, el nuevo esquema ha venido a sincerar de alguna forma lo que sucedía en el sistema antiguo: se conocían y tramitaban todas las causas ingresadas, se citaba a las víctimas, se realizaban una gran cantidad de diligencias probatorias, y al final del día, y tras años de investigación infructuosa, la causa terminaba sin éxito alguno, bajo la figura del sobreseimiento, habiendo perdido la sociedad recursos valiosos en el proceso, en causas que jamás verían un resultado exitoso por falta de pruebas u otros elementos de juicio que fueren suficientes para un juez.
Congruentemente con la imposibilidad e inconveniencia de dar respuesta judicial a todos los delitos, el nuevo sistema que se ha propuesto en forma explícita reconoce una serie de salidas para poner término anticipado a los procesos. Para extraer los mayores beneficios de las salidas alternativas, se ha buscado que sean adoptadas en la fase más inicial del proceso en que ello sea posible, evitándose incurrir en gastos innecesarios. En este sentido, la racionalidad económica del nuevo sistema, llega a su máxima expresión en los términos facultativos entregados al Ministerio Público, y de entre ellos, en particular, el archivo provisional.
Sin embargo, el buen o mal uso de este instrumento es fundamental en el nuevo sistema, porque si bien se basa en la necesidad de racionalizar recursos en la persecución criminal de aquellos casos en que existe una alta probabilidad de presentar un buen “caso” ante la justicia, genera los incentivos para archivar casos que sí podrían ser presentados a la justicia si existiese un esfuerzo adicional en términos de labor investigativa y de búsqueda de pruebas por parte de los fiscales.
Y es que actualmente la política criminal (política de persecución penal) del Ministerio Público no es explícita, y los criterios existentes en materia de persecución no tienen como meta reducir la criminalidad. A lo anterior se suma lo que parece una dificultad adicional –que eventualmente puede convertirse en una ventaja-, de carácter institucional cual es la existencia de dos niveles en la determinación de la política de persecución criminal en el Ministerio Público: nacional y regional.
Así las cosas, mientras los términos facultativos, en general, y en particular el archivo provisional, tienen un profundo sentido de racionalidad económica para hacer más eficiente el recurso “persecución criminal”, lo que es un avance fundamental y positivo desde la mirada de las políticas públicas judiciales; la evidencia muestra la total divergencia de los estándares de aplicación a nivel nacional de este instrumento, tanto cuando se observa su aplicación entre las diferentes Fiscalías Regionales como cuando se analiza su uso por tipo de delito.
Resolver esta cuestión es fundamental para la consolidación de la Reforma Procesal Penal y las nuevas instituciones vinculadas a ésta, tanto desde el punto de vista de la legitimidad social y la confianza de las personas en el nuevo sistema, como de las consecuencias en términos del efecto disuasivo del sistema sobre potenciales delincuentes.
Por Rocío Palma | Comunicaciones FCI.
El 10 de febrero del 2007, se puso en marcha el plan de transporte urbano de la capital que se venía planeando desde el 2002, el famoso Transantiago. Con el inicio de este sistema, muchos santiaguinos quedaron disconformes con sus recorridos, frecuencias y tarifas. En ese momento comenzaron las críticas que algunos usuarios mantienen hasta hoy.
Desde su inauguración a la fecha, se han inyectado recursos para mejorar un sistema que desde sus inicios ha tenido detractores y adherentes, y durante estos años millones de pesos se han invertido en el Transantiago.
A través de la aplicación accesointeligente.org de la Fundación Ciudadano Inteligente, se envió la pregunta ¿Cuánto ha gastado el Estado, desde el 2007 al 2011, para mejorar los problemas del Transantiago?, que fue respondida por el Ministerio de Transportes.
Hasta diciembre del año pasado, el sistema se había financiado tanto por aportes de los usuarios al pagar el transporte público y también por una serie de aportes del Estado. Dentro de ellos se encuentran los aportes fiscales directos al sistema que fueron de $1.433.168.644.589
Este aporte se separó en Aporte fiscal Ley N°20.206 No reembolsable 2007 que fue de $52 millones, Aporte fiscal Ley N°20.206 reembolsable 2007 de $98.800.000, fondos 1% Constitucional 2009 de $249.350.774.000, fondos 2% Constitucional 2008 de $191.322.693.673 y fondos subsidio Ley N°20.387 de $841.695.176.916.
Además de los aportes fiscales entregados previamente, también se deben incluir los saldos de crédito obtenidos para el Sistema de Transporte Público, entregados por el Fisco que fueron de $213.371.491.866.
Este monto se dividió en pago al BECH por un crédito suscrito el 3 de enero del 2008 que fue de $88.976.980.623 y un pago al BID por el préstamo N°1978/OC-CH de $124.394.511.243.
En relación a las subvenciones que se le realizaron durante este período a las empresas del Transantiago, es importante mencionar que aquellos subsidios o aportes al sistema, no son posibles de determinar, pues eso es responsabilidad de cada concesionario de uso de las vías o el Administrador Financiero del Transantiago (AFT).
Por José Francisco García.
La petición del movimiento estudiantil cuando estaba en su peak en torno a renacionalizar la gran minería chilena en manos de compañías extranjeras, no es más que un slogan. En efecto, no se trata siquiera de una argumentación puramente ideológica. Es sólo una buena estrategia comunicacional, dado que transmite una idea frente a la cual se puede tomar fácilmente una posición (sí o no). Su opacidad y falta de contenido argumentativo, son superados, por así decirlo, por su fuerza motivacional, que busca movilizar a la acción.
Porque más allá del slogan, el país no escuchó un ápice respecto de las bondades técnicas de la medida, o siquiera un plan respecto de su implementación y contenido: ¿se trata de los activos, del patrimonio, de las concesiones en manos de las empresas extranjeras? Ni una sola palabra.
Se trata de una propuesta que choca frontalmente con nuestras reglas fundamentales, con el espíritu y texto de nuestras normas constitucionales y legales en materia de derecho público económico, y los tratados de libre comercio y de protección de inversiones suscritos y vigentes en Chile, el grueso de ellos impulsados por los gobiernos de la Concertación–, aparece, de cara a nuestro ordenamiento jurídico como extraordinariamente inviable.
Nuestra Constitución Política actual (1980) descartó incorporar la figura de la nacionalización, institución que, como sabemos, fue incorporada en el ocaso de la Constitución de 1925 mediante reforma del 16 de julio de 1971. La nacionalización consiste conceptualmente en el traspaso o apoderamiento del Estado de un conjunto genérico de bienes destinados a una actividad o sobre las empresas dedicadas a ella, consideradas siempre como una universalidad, no siempre con derecho a indemnización, lo que dependerá de criterios políticos y la capacidad económica del Estado.
En este sentido, y en buena parte producto de la experiencia de la nacionalización de la gran minería del cobre durante el Gobierno de la Unidad Popular, es que en la actual Constitución se robusteció el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, estableciéndose además que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio sino por ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional.
Entre algunas de las garantías que amparan al expropiado encontramos que siempre puede reclamar de la ilegalidad del acto expropiatorio ante los tribunales y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada por los tribunales.
Junto con lo anterior los tratados que hemos suscrito en materia de libre comercio y especialmente en materia de protección de inversiones, hacen que, no solamente deban respetarse la garantía de indemnizar, sino que justificar una expropiación o nacionalización, lo que puede llevar a los inversionistas afectados a demandar al Estado de Chile ante el CIADI.
Todas estas reglas no tienen la potencia comunicacional del slogan. No pululan las redes sociales ni frecuentan los debates en Twitter; pero un país requiere de una deliberación racional, de alto contenido para caminar al futuro. Y sobre todo de instituciones sólidas que respeten los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad, incluidas los de las minorías impopulares.
Por José Francisco García.
Tuve la suerte de conocer, durante su relativamente reciente visita a Chile, a Jesse Norman, parlamentario inglés (MP) conservador, por el distrito de Hereford y South Herefordshire, considerado el gurú intelectual del primero ministro británico David Cameron, y autor de diversos textos en el campo de la teoría política destacando Compassionate Conservatism (2006) y The Big Society (2010), en que ha renovado dramáticamente el cuerpo de ideas (el denominado “relato”) del partido conservador inglés (los tories) y al “cameronismo”, bajo el concepto de conservadurismo compasivo.
Norman es una de esas rarezas en política: un académico que devino en político. Se trata no sólo de un productor de ideas, de sólida formación académica en Oxford y en UCL, sino de un convencido de que la política y las políticas públicas (estamos también ante un miembro del think tank Policy Exchange) son, ante todo, una “batalla de ideas”, donde el “relato” y el “guión” conforman parte relevante de la estrategia y no son sólo medios tácticos. La Política con P mayúscula.
Cuando David Cameron en uno de sus discursos más recordados sostuvo que: “Nuestra alternativa al Estado grande (big government) no es la inexistencia del Estado –una versión refrita del laissez faire. Tampoco es un gobierno más inteligente. Nuestra alternativa al Estado grande es la Gran Sociedad (Big Society)”, la pluma detrás de la cita era notoria.
Se trataba de un intento renovado por defender el principio de la libertad y de la responsabilidad individual, ya no entrando en la confrontación directa entre la díada individuo versus Estado, sino buscando aquel espacio intermedio entre ambos, en el conjunto de sociedades intermedias que forman los individuos como los colegios, cooperativas, iglesias, ONG’s, juntas de vecinos, clubes de fútbol, etc., que permiten el pleno desarrollo de los fines individuales mediante la cooperación con otros individuos con relativa autonomía de la injerencia estatal. Como sabemos, esta idea no es nueva, y en el pasado ha tenido diversos nombres (e.g., asociativismo).
Para los chilenos esto puede ser extraordinariamente familiar por la importancia que tiene el principio de subsidiariedad en nuestra institucionalidad –mucho más que en la Europa continental o en la tradición anglosajona–.Norman reconoce en este principio formulado por la Doctrina Social de la Iglesia –con fuerza en la Encíclica Rerum Novarum (1891) y con más detalle en la Encíclica Quadragésimo Anno (1931)– y difundido como principio de acción política entre nosotros desde mediado de los 60’s por Jaime Guzmán, cierta cercanía a los fundamentos de su Gran Sociedad, aunque aislándolo tanto de los elementos religiosos presentes en la DSI, como asimismo de las miradas más corporativistas que se puedan hacer de la aplicación práctica del principio de subsidiariedad.
Tal vez por su estadía en Oxford y la influencia que ahí sigue ejerciendo el espíritu de Isaiah Berlin, llevó a Norman a comprometerse con la defensa de las ideas como centro de su acción en política. Pareciera, que el consejo de Berlin a varias generaciones de estudiantes de filosofía política en su famoso discurso sobre “Dos Conceptos de la Libertad”, pronunciado el 31 de octubre de 1958, sigue retumbando en los pasillos de dicha institución y fue absorbido por un joven Norman: “Descuidar el campos del pensamiento político porque su objeto inestable, de aristas confusas, no puede ser atrapado por los conceptos fijos, los modelos abstractos y los finos instrumentos que son apropiados para la lógica o el análisis lingüístico… no es más que permitirse el quedar a merced de creencias políticas primitivas que no han tenido ninguna crítica. Un materialismo histórico muy vulgar es el que niega el poder de las ideas y dice que los ideales no son más que intereses materiales disfrazaos. Puede ser que las ideas políticas sean algo muerto si no cuentan con la presión de las fuerzas sociales, pero lo que es cierto es que estas fuerzas son ciegas y carecen de dirección si no se revisten de ideas”.
Se trata en definitiva de un intelectual en construcción que hay que tomárselo en serio y que promete revolucionar la centroderecha a escala global.
Por Francisco Luco.
Se nos va el 2011 y con ello una historia políticamente compleja. Ya las movilizaciones sociales y el conflicto educacional por sí solos habían hecho de este 2011 un año particularmente difícil para el Gobierno, pero como si aquello no bastara, y como si se quisiera evidenciar un cierto afán por cerrar estos doce meses con gloria, en las últimas semanas se abrió además el flanco del Poder Judicial.
Esta creciente tensión entre Gobierno y Poder Judicial, con declaraciones cruzadas del Ministro del Interior, del Presidente de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional, parecía haber amainado hace poco. Sin embargo, sólo la semana pasada una denuncia de CNN Chile reavivó la polémica al destapar el escándalo de las licitaciones en el Poder Judicial, con lo que vuelve a reanimarse también el debate acerca del pedestal de oscurantismo, falta de control y excesiva independencia en que se encuentra inmersa la más prestigiada de las funciones del Estado.
Más allá de este último episodio en particular, quisiera remitirme a esta descarnada relación entre Gobierno y Poder Judicial desde un prisma un poco más amplio, a propósito de lo que algunos se han empeñado en calificar como intervención en las facultades del Estado. Algo que resulta especialmente interesante considerando que hasta tenemos parlamentarios que, de forma no poco alarmista, han llegado a sostener que esta “crisis institucional” sólo es comparable al boinazo, y periodistas que se esmeran en denunciar un verdadero atentado al Estado de Derecho.
La tesis a la que han arribado quienes afirman lo anteriormente expuesto sería la siguiente: para que el Poder Judicial opere correctamente, y tal como sentenció Montesquieu en 1748 en El Espíritu de las Leyes, debiera observarse religiosamente el principio de separación de poderes o funciones del Estado, lo que vendría a equivaler, en la práctica, a la prohibición casi absoluta de que un “poder” se inmiscuya en la labor de otro. Luego, esto último sería precisamente lo que habría estado haciendo el ministro del Interior al criticar fallos del Poder Judicial, o al proponer la elección de jueces y fiscales como si de una parlamentaria o municipal se tratase.
Más allá de toda la batahola mediática que se ha creado, especialmente inflada tras el desistimiento de Milton Juica y Sabas Chahuán de concurrir al Consejo de Seguridad, resulta fundamental observar ya en frío y con algo de racionalidad el asunto. Después de todo, aquí no están en juego únicamente consideraciones políticas, sino la esencia de nuestras instituciones.
La norma religiosa de Montesquieu a la que antes aludía suele tener una aplicación mucho más laxa cuando se trata de las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, pues es de su naturaleza que ambos actúen coordinadamente en la elaboración y ejecución de las leyes. Al fin y al cabo, ambas funciones son esencialmente políticas.
¿Pero por qué es diferente el Poder Judicial? La teoría nos dice que, al tratarse de una función eminentemente jurisdiccional, y debiendo encontrarse ésta ajena a cualquier consideración política o simplemente extrajurídica, no conviene ni resulta en absoluto aconsejable que sea susceptible a los vaivenes diarios del hipócrita y amoral juego del poder.
En la academia esta clase de consideraciones suelen ser el pan de cada día. No resulta anormal observar en ciertos abogados –que a su vez lo inculcan en las mentes de los leguleyos venideros– una suerte de tendencia a endiosar la labor jurisdiccional, de suerte que recaería una especie de gracia divina sobre el juez, quien por el sólo hecho de haber asistido a la academia judicial algunos años, se hace per se merecedor del título de tercero imparcial e independiente, casi como si se tratase de un sentenciador ajeno a las mismas consideraciones psicológicas en las cuales nos encontramos inmersos los humanos comunes (más allá de su superior conocimiento en materia de ley, claro está).
Estas consideraciones psicológicas, por cierto, implican una inclinación hacia determinadas ideas políticas, aprehensiones basadas en experiencias personales pasadas, miedos, intereses particulares y, en fin, un innúmero abanico de emociones, percepciones y razonamientos que, esfuerzos más o esfuerzos menos para que resulten lo más apegados a la norma y “objetivos” posible, siguen encontrándose más cerca de las traiciones del cerebro humano, sus mañas y su forma de pensar, que de la fuente de una infalible e imparcial sapiencia jurídica en cuya existencia algunos insisten en creer.
Pero lo cierto es que la mente de un juez está llena de todo esto y mucho más, de la misma manera que el Poder Judicial –en términos generales y abstractos– podría mantener algunas consideraciones diversas a las meramente jurídicas o académicas. Y está bien que, en parte, sea así. Esto porque, en definitiva, los Tribunales de Justicia no existen para legar sentencias bañadas en una prosa jurídica atestada de florituras legales, y cuyo objeto es iluminar y otorgar material de estudio a avezados e interesados en la ciencia del derecho.
Los Tribunales de Justicia existen (o, cayendo en el juego filosófico de la separación entre lo ontológico y deontológico, “debieran existir”) meramente para ejercer una labor orientada a la impartición de justicia.
El problema es que tan asentado se encuentra el mito de la infalibilidad e imparcialidad del Poder Judicial (que al final no es sino un cúmulo organizado de sentenciadores humanos, y no ese ente abstracto y semiolímpico en que cree el imaginario colectivo), que cualquier aseveración que pueda realizarse sobre su labor acarreará necesariamente el reclamo –en el mejor de los casos– de una supuesta intervención de poderes, y –en el peor de los casos– de una crisis institucional como la que algunos se han esmerado en denunciar recientemente.
Desde luego no se trata de llegar al otro extremo, y denunciar un Poder Judicial intocable para exigir otro plenamente permeable, sin barreras claramente delimitadas y a merced de los designios del Poder Ejecutivo. El planteamiento es más bien un llamado al sentido común, y un recordatorio de que las consideraciones a las cuales se orienta la labor del Poder Judicial, según cómo se mire, pueden llegar a ser –o derechamente son– tan pueblerinas y nobles como las del legislador y quienes integran la administración central.
Dicho esto, creo que es perfectamente razonable que la labor del poder judicial sea “revisada”, al menos en un sentido amplio, pues es de perogrullo que todas las funciones del Estado deben operar de forma más o menos coordinada y sincronizada en pos de un objetivo o proyecto común. Que tanto gobernantes como gobernados puedan comentar determinadas sentencias judiciales, o realicen un análisis general de ellas, es tan legítimo y necesario como el examen científico que un experimentador realiza para verificar su hipótesis y lo adecuado de sus resultados, o como el examen que cada cuatro años realizan los electores para castigar o premiar a una coalición de gobierno. Ello no es un atentado al Estado de Derecho, no implica una vulneración del principio de separación de poderes, no conlleva un atentado al carácter republicano de nuestro país ni deviene en un debilitamiento de las instituciones. Por el contrario, bajar al Poder Judicial de su pedestal y someterlo al escrutinio público dentro de márgenes razonables, es la mejor garantía de que todas y cada una de las funciones del Estado de Derecho se encuentran bien encaminadas.
Creo que episodios como las escandalosas licitaciones del Poder Judicial demuestran, una vez más, que los atuendos pomposos y un martillo sentenciador no garantizan infalibilidad, y por ello es que, en adelante, debiera reflexionarse sobre la necesidad de incorporar esta intocable función del Estado al marco de una sociedad moderna de mayor transparencia y control. Y que nadie llore por la destrucción de la democracia.
Por Juan Giménez Martínez
Hace unos días atrás fui a pagar mi cuenta de Ripley. Cuando estaba pagando me di cuenta que me estaban cobrando $16.000 pesos de recarga de celular, por lo que le digo a la señorita detrás del mostrador que eso no es así, ya que yo tengo plan contratado, por lo tanto no hago recargas con la tarjeta. La señorita me responde que si ese monto está en el sistema es así, le digo que no, que por favor quiero hablar con el encargado, jefe, gerente o quien corresponda. Ella, de mala gana, llama a un caballero al que le explico que yo no hago recargas por lo que el cobro no corresponde, él se mete al computador y me dice que efectivamente hay un error y que se me devolverá la plata en la cuenta del mes siguiente. Así que estoy esperando la cuenta del mes siguiente para ver si hacen efectivo el descuento.
¿Por qué cuento esto? Porque nosotros, los consumidores, debemos vivir alerta en contra de las grandes empresas, llámese grandes tiendas, compañías de luz, agua, teléfono, gas, tv cable o la que sea. Ya que pareciera ser que la política instaurada es la de robemos al consumidor todo lo que podamos, total nadie los defiende.
El Sernac dice que ellos sólo pueden vigilar y nada más, las superintendencias en vez de proteger a los consumidores defienden a las empresas o se hacen los tontos para no hacer nada.
Nos estafan las Isapres, las AFPs, los bancos, las multitiendas; en fin, todas las empresas. Me obligan a tener un sistema de pensiones, pero el mismo Estado que me obliga no se hace responsable cuando pierdo 3 millones de mi futura jubilación por los manejos de la AFP. Es sintomático del momento que vivimos que en el caso La Polar, que robó a 1 millón de personas durante años, no haya ni un detenido, es más, nadie sabe en qué está la famosa y publicitada investigación, por lo que deduzco que todos van a salir limpios de polvo y paja.
Queda muy de manifiesto que el sistema está ideado y ejecutado para que las grandes empresas cometan las inmoralidades que deseen. No hablo de ilegalidad, hablo de inmoralidad porque ya es casi absurdo pedir legalidad en este sistema que se sustenta en una ilegalidad permitida. Como ejemplo pongo el hecho de las Universidades, existe una Ley que explicita que las Universidades no pueden obtener lucro; pues bien lucraron durante años, usaron todas las artimañas habidas y por haber, hasta un ex ministro reconoció que ganó dinero con eso, pero sólo a raíz de aquello decidieron que “había que investigar el lucro en las Universidades”. ¿Nadie lo sabía de antes?, ¿sólo se enteraron en ese momento?.
En contrapartida si yo no pago mis impuestos, mis créditos, mi luz, mi agua o lo que sea, recibo las penas del infierno, el Estado me persigue por estafa al fisco, el banco me quita la casa, las empresas de servicios me los cortan y me cobran una enormidad por restablecerlos, suma y sigue.
Al ciudadano común se le exige que no cometa ninguna ilegalidad, que pague sus impuestos, que cumpla con los bancos, que cancele a tiempo sus servicios, pero en contrapartida las empresas tienen permitido actuar de la manera contraria. Todo lo anterior provoca cansancio, stress, enojo; lo cómico de esto es que los políticos se siguen preguntando ¿por qué no nos quieren?, ¿qué es lo que quiere la gente?
Es agotador vivir en un estado de alerta constante para que no me estafen más de lo que legalmente se les permite estafar me.
La pregunta es: ¿hasta cuándo voy/vamos a soportar?, como dice Chesperito ¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ DEFENDERME?… ¿o tendré que hacerlo solo?
