Por Francisco Luco
A mediados de enero Apple anunció sorpresivamente un conjunto de tres nuevas herramientas de software, las que permiten asignar a la tecnología un tremendo valor como agente de cambio en el campo de la educación: iBooks 2 –una plataforma de distribución de libros electrónicos que podría eventualmente desplazar a los textos educativos tradicionales–, iBooks Author –una aplicación que permite a cualquier persona desarrollar su propio texto educativo electrónico– y iTunes U –una aplicación para iPad, iPhone y iPod Touch que pretende acercar a los usuarios una serie de contenidos académicos puestos a disposición por las más prestigiosas universidades del mundo–.
Mientras tanto, en nuestras provincianas y todavía pacíficas latitudes –al menos hasta que verdaderamente comience el año en marzo–, la relativa calma del escenario social y político augura con efectividad lo que todos prevemos que sucederá una vez que el grueso de la población haya dado término a sus días de reposo. Es una pasividad que augura lo evidente e inevitable; la calma antes de esa tormenta que prontamente se dejará caer y que podremos denominar “Revolución (?) Educativa: Parte II”. Una revolución que implicará, está claro, que actores políticos y sociales salgan a las calles a vociferar por una mejor educación. Podemos prever que será un período de conmoción y agitación que, como varios dirigentes ya auguraban el año pasado, probablemente sea de igual o incluso mayor magnitud que lo ya visto en meses previos.
Sin embargo, ¿qué clase de delirio podría hallar una coherencia entre la –digamos merecida– holgazanería de que muchos disfrutan en estas semanas, las futuras movilizaciones “por la educación” y lo anunciado hace un mes por el gigante informático de Cupertino? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Mucho, a decir verdad.
Cuando uno evoca el concepto “Internet”, probablemente el primer impulso de muchos chilenos sea pensar en un portal blanco y azul plagado de chismes, mini juegos y otras frivolidades, en el cual suelen desperdiciar una excesiva cantidad de horas (estadísticas a mano no tengo, pero tampoco podemos ser tan cínicos como para negar que cada vez que una secretaria, estudiante, empleado de oficina o funcionario cualquiera está mirando con atención y suma concentración una pantalla sobre su escritorio, al observar la misma comprobaremos que está conectado a Facebook).
Por otra parte, a la hora de mirar el historial de navegación de esos mismos computadores en la oficina o en la universidad, comprobaremos que ya varios han visitado, entre otros sitios afines, el diario de circulación nacional por excelencia si lo que deseamos es informarnos de las banalidades del mundo de la farándula (ustedes me entienden).
Por último, si tomamos el smartphone de cualquier conocido, probablemente nos encontremos con un cuantioso surtido de contenidos fútiles, entre aplicaciones que, sí, a veces entretienen y sanamente distraen, pero que en exceso sólo contribuyen a perder el tiempo y a desaprovechar la tremenda utilidad que un computador en la palma de nuestra mano verdaderamente puede aportar.
La deprimente conclusión que podemos sacar a partir de esto es, entonces, que Internet y la tecnología en general (el computador personal, teléfonos inteligentes y todo lo demás) hoy parecen adolecer del mismo problema que presentó y aún presenta la televisión: involucionar, aunque sea por causas externas, de un medio concebido para entretener, informar y educar a uno que sólo pareciera concentrarse en lo primero (aún cuando en el caso de Internet, y a diferencia de la televisión, buena parte del problema no sea atribuible a los proveedores de contenidos, sino a los consumidores.)
En esta interesante entrevista a Isaac Asimov, realizada en 1988, el visionario y genial escritor fue capaz de vaticinar con optimismo y acierto cómo en el futuro cada hogar contaría con una computadora conectada a bibliotecas universales, de manera que podríamos acceder todos a una cantidad de información ilimitada. Así, nos veríamos enfrentados a lo que él describió como una verdadera revolución educativa.
Esa revolución permitiría, sin llegar al extremo de abolir la escuela, que cada persona adquiriera conocimientos desde su más tierna infancia, guiándose por su propia vocación y a su propio ritmo. Era una oportunidad, creía Asimov, para despojar al concepto “educación” de connotaciones absurdas y nefastas, como que se trata de un proceso para niños y jóvenes, que se inicia con el ingreso al sistema educativo obligatorio y que acaba una vez que se egresa de él para adentrarse en el mundo laboral. La tecnología, y más precisamente Internet, eran una oportunidad –observen el optimismo de Asimov– para que la adquisición de conocimiento no resultara aburrida porque alguien la impone en un salón, sino para que fuera, en su lugar, interesante y deseada por todos.
Sin embargo, las aspiraciones antes aludidas parecen chocar estrepitosamente con la triste realidad. En un contexto en que la televisión abierta atraviesa una decadencia impresentable e innegable, Internet parecía ser la salvación. Pero lamentablemente no parece ser el caso.
Incluso Steve Jobs, el hombre cuyas ideas y trabajo constituyeron la piedra angular sobre la que se cimentó el imperio de Apple, dijo en una entrevista a mediados de los 90:
“La gente está pensando menos de lo que solía hacer. Eso es principalmente por la televisión. La gente está leyendo menos y están ciertamente pensando menos. Así es que no veo a la mayoría de la gente usando la red para obtener más información.”
Con esto no pretendo decir que Asimov se equivocó y que su visión optimista se vio sepultada por la visión más sombría de otro hombre que al final sí acertó, mientras el mundo se dirige a un pozo sin fondo. Esto lo preciso porque, en cierta manera, Asimov sí tuvo razón: si bien aún queda trabajo por hacer, la infraestructura está, así como la posibilidad de acceder al conocimiento disponible en ella. Las oportunidades de conectarse a esas bibliotecas rebosantes de información existen, de manera que la educación, en su sentido más puro y genuino, se encuentra hoy al alcance de buena parte de la población mundial, incluido por cierto nuestro país. Por ello insisto: esos vaticinios felices, en cierta forma, son hoy una realidad.
¿Cuál es el problema entonces?
El problema es que si bien la infraestructura y la información están, algo falló en el camino y jamás llegó a existir esa añorada revolución educativa de la que el prolífico escritor hablaba. Es decir, está todo al alcance de nuestra manos, menos una genuina voluntad e interés de parte de los usuarios –sean niños, estudiantes universitarios, trabajadores, dueñas de casa, jubilados o lo que sea– por educarse.
Desde luego lo anterior no responde mucho a la pregunta formulada, pues de inmediato nos cuestionamos: ¿y por qué a pesar de tener esa revolución educativa frente a nuestros ojos, la sociedad no se ha interesado por la adquisición del conocimiento?
La respuesta a esta nueva pregunta por cierto que no es de mi competencia, pero la formulación de estas interrogantes al menos debiera animarnos a observar que, mientras una buena parte de los estudiantes probablemente sobrecargue sus semanas de vacaciones de actividades hedonistas y sin sentido, la cacareada revolución educativa está mucho más cerca de lo que creen y al alcance de su mano, así como al alcance de la mano de cualquier otro, más joven o viejo, que quiera verdaderamente profesar algo de amor propio y adquirir conocimiento e información relevante para sí.
Es por esto que me gustaría saber, mientras la industria de la tecnología desarrolla aplicaciones que acercan la educación a la gente aún más de lo que ya lo hace Internet por sí sola, cuántos de los nobles partisanos que salieron a las calles y volverán a hacerlo este año porque quieren “educación de calidad”, efectivamente han aprovechado las oportunidades que –como a Jobs le gustaba decir– el cruce de la tecnología con las humanidades puede ofrecer. Y con aprovechar estas tecnologías no me refiero, por cierto, a desperdiciar buena parte del día conectado a Facebook o diarios de farándula.
Hay una sobrecarga de información en nuestras vidas; es verdad. Internet cuenta con cantidades inconmensurables de contenidos inútiles; innegable. Pero no es menos cierto, asimismo, que muchos realmente están haciendo algo por salir a buscar su educación de calidad (trabajo que en las condiciones actuales ni siquiera es tan laborioso y demandante de energía y tiempo), mientras otros se limitan nada más a sentarse y esperar que aquella caiga del cielo.
Y es que, como afirmó el especialista en educación Curtis Johnson: “según el modelo que sigue siendo dominante en la mayoría de escuelas del mundo, al entrar en el aula casi parece que el conocimiento sea algo escaso, difícil, prácticamente imposible de obtener a no ser que tengamos a un adulto debidamente cualificado de pie frente a un grupo de jóvenes que le escuchen solícitos, dispuestos a anotar en sus cuadernos cualquier dato supuestamente de valor. Pero los alumnos saben que no es así: el conocimiento es ubicuo. Pueden entrar en Google para buscar una respuesta y llegar a ella mucho más rápido que nadie en esta sala –hasta un muchacho de 9 o 10 años puede hacerlo–. Es cierto que tal vez no tengan el criterio para saber cuáles son las coas que merece la pena buscar, ni la sabiduría para valorar lo que encuentran, pero es evidente que pueden acceder al conocimiento; no tenemos que dárselo.”
Así, lo anterior parece generar otra brecha digital, no una entre usuarios conectados y desconectados, sino una entre usuarios que realmente aprovechan el potencial informativo y educativo que Internet genera y usuarios que, aun con acceso a la red, condicionan su vida de forma negativa de la misma manera que han sido condenados quienes han recibido una educación formal deficiente.
Esa es una brecha digital mucho más problemática que la que ya conocemos, puesto que, probablemente, el abismo entre los dos porcentajes de la torta sea más grande aquí que en un gráfico que ilustra cuántos ciudadanos están conectados a Internet y cuántos no. Además, será sin duda la siguiente brecha digital contra la cual nos enfrentaremos una vez que la anterior sea superada. Y es una brecha de la cual, por cierto, no he oído a nadie hablar.
Por: Juan José Covarrubias
¿Tienen algo en común la colusión de las farmacias con que un diputado “se equivoque” votando?
En el sector privado, entre miles y miles de buenas empresas,tristemente, destacamos siempre lo malo. Sobre todo a los “grandes malos”:Tras La Polar, vino el “cartel” de los pollosyantes el–excelentemente bien multado-“cartel” de las farmacias. Estos casos, entre muchas cosas, nos hablan de secretismo, de no acceso a la información, donde el consumidor es víctima, y poco o nada puede saber y, mucho menos, hacer para enfrentarse al abuso (menos aún, para evitarlo).
En el Poder Legislativo, aún con record de proyectos aprobados el 2011, destacamos también, tristemente, lo malo. En el último episodio de la ley del Tabaco, no sé qué llama más la atención: si parlamentarios que se “equivocaron”, o el escandaloso lobby, que se huele desde lejos, de las tabacaleras y otros organismos. Esto claramente deslegitima a la política, en particular al Poder Legislativo que ya está “al debe”, al aplicársele solo parcialmente la Ley de Transparencia. Contribuye a que el Estado se vea como una gran caja negra donde el ciudadano, poco y nada puede saber. Y mucho menos hacer (¿realizar más marchas…?)para enfrentar y prevenir esto.
Y si pensamos en el mundo de las ONG´s y del Poder Judicial, se aplica exactamente lo mismo.
De allí que la transparencia y el acceso a la información, sean mecanismos tan importantes para que la ciudadanía pueda participar. ¿Por qué? Porque es una herramienta de control social, de promoción de la probidad, legitimando y valorando nuestras instituciones y contribuyendo de paso a revertir la bajaconfianza que estamos teniendo entre nosotros.
Se trata de cambiar la cultura del secretismo enraizada en la gestión pública y privada que, finalmente, siembra un manto de duda sobre la mayoría de empresas y servicios públicos que trabajan de manera correcta y que son opacadas por estos “grandes malos” en todos los ámbitos.
Podemos votar –ahora voluntariamente- por los que nos parezcan más honrados y los que mejor nos representen (y que no se equivoquen). Podemos también dejar de comprarle a ciertas empresas (castigándolas, como desde ahora estamos viendo con el tema de la portabilidad numérica). Todo esto es muy importante y debemos tomar conciencia de este poder para ejercerloefectivamente. Pero no es suficiente. Por eso debemos seguir avanzando en transparencia y en establecer mecanismos defiscalización y control ciudadano.
Hemos recorrido mucho, sin duda. Un tremendo aporte fue la Ley de Transparencia, el mayor paso en muchos años, pero la tecnología nos permite hoy consolidarla y darle aún más fuerza. La ciudadanía, gracias a las nuevas tecnologías, tiene hoy una capacidad superior –no solo para coordinarse masivamente- sino para procesar la información que proviene del sector público y del mercado… pero requiere de la información. En otras palabras necesitamos los datos.
En ese contexto quiero destacar dos iniciativas. Primero, la adhesión del Gobierno de Chile, con apoyo de ONG´s comoCiudadano Inteligente y demás actores de la sociedad civil, a la Alianza Multilateral por el Gobierno Abierto (Open Governmentpartnership – OGP), que tiene por objetivo asegurar el compromiso concreto de los gobiernos en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, así como la utilización de las nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia, la apertura y la rendición de cuentas. Se busca la apertura de los gobiernos a la participación y el escrutinio público del actuar de sus instituciones y representantes. Se trata,entre otras cosas, de que esté disponible públicamente la información. De tener los datos.
Y en segundo término quiero destacar la aprobación unánime, de la ley del Ministerio de Desarrollo Social, que obliga no solo a evaluar, sino justamente a mostrar activamente los datos públicos de los programas sociales a la ciudadanía. Podremos analizar su financiamiento, focalización, resultados, impacto y eficiencia. Esto permite a universidades, centros de estudios y a cualquier ciudadano fiscalizar, y evaluar, permitiendo proponer caminos más efectivos en lo relativo al diseño y el control de las políticas públicas.
Esperemos (y presionemos para) que esto siga sucediendo.
FUENTE: El Dinamo
Por Rocío Palma | Comunicaciones FCI.
Con la puesta en vigencia de la Ley de Transparencia en abril del 2009, muchos creyeron que sería un paso más para poder fiscalizar y saber lo que las autoridades realizan. A pesar de que las instituciones, durante estos años, han entregado la información solicitada por la ciudadanía, hay ciertos aspectos que con el pasar del tiempo, deberían mejorarse.
El artículo 10 de la Ley N°20285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, estipula que: “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones“.
También, el artículo 11, sobre el principio de facilitación, dice que los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.
Durante el 2011 y lo que llevamos de este año, diferentes han sido las solicitudes que se enviaron desde accesointeligente.org a los ministerios y a sus derivados. La mayoría de las preguntas fueron contestadas, pero hubo ciertas respuestas que no se entendían y para un ciudadano común y corriente, la información entregada se debe encontrar lo más comprensible posible.
Hubo situaciones que llamaron la atención, no por la calidad de las respuestas sino por la poca claridad y el desorden de los datos recibidos por los distintos organismos públicos.
¿Entregar para cumplir?
El 22 de noviembre del 2011, se envió una solicitud al Ministerio de Educación, más específicamente a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, pidiendo información sobre el costo de producir o crear un pase escolar, sus características y los servicios que monitorean la correcta asignación de la Tarjeta Nacional Estudiantil.
Cuando se cumplían los 20 días hábiles que estipula la ley para que los organismos entreguen la información -el 20 de diciembre del 2011- el ministerio en cuestión pidió la prórroga de 10 días hábiles, por lo que el 3 de enero debían responder.
Precisamente, el 3 de enero llegó la respuesta a la solicitud. En ella, se adjuntaba un archivo Word, que decía: “Junaeb no maneja costos, sólo maneja precios de la fabricación de tarjetas. Los precios para 2010 – 2011 fueron: Básica y Media Región Metropolitana: $2.038, Educación superior de la región Metropolitana: $2.038, Enseñanza Superior en otras Regiones: $2.140, Enseñanza Básica y Media en otras regiones: $904. Por lo tanto, la primera pregunta, se respondió.
Respecto al resto de las preguntas, se recibió (dentro del mismo documento) una planilla que contenía el nombre de la empresa, cobertura 2010-2011 y el monto del contrato 2010-2011. Nada de esto fue especificado y no decía a qué correspondía cada empresa, es más, las empresas eran de buses y solamente una pertenecía al rubro de tarjetas plásticas.
Se supone, y una de las ventajas de esta ley de Transparencia, es que la información la entiendan todos y no haya que ser un experto para comprender datos y gráficos, que al final si no se entienden por sí mismos son trabas para la anhelada “transparencia” de los organismos públicos.
Fue así como El Vaso el 6 de enero renvió la solicitud al Ministerio de Educación, señalando que la información recibida no había sido clara y que una explicación más específica del recuadro sería lo adecuado para lograr entender dichos datos que eran engorrosos.
Tras esta medida, con fecha 11 de enero, el organismo en cuestión, respondió nuevamente a la solicitud. Esta vez, el archivo adjunto era un Excel por lo que se creyó que la respuesta sería diferente y más completa respecto a la anterior, pero se trataba de exactamente lo mismo, sólo que en un formato diferente.
¿Entiendes?
Algo similar sucedió con una solicitud enviada al mismo organismo. El 19 de diciembre del 2011 se preguntó sobre el total de escolares en la educación pública y cuáles eran los costos promedio de cada alumno, es decir cuánto se gasta al mes en almuerzo, infraestructura y en útiles
El 3 de enero de este año, llegó la información solicitada, el problema fue que ésta venía en desorden, las regiones no coincidían con los montos entregados, y no era una planilla en la que había que hacer conjeturas para lograr comprender esos números. Por esa razón, se renvió una nota diciendo que los datos eran ilegibles.
La ley no estipula una fecha límite cuando el solicitante renvía una pregunta con la que no quedó conforme, por lo que la institución tiene tiempo suficiente para dar una respuesta legible, y así fue. Tres días después, la información llegó completa, ordenada y clara.
Si bien esta situación no sucede en todos los casos, debemos ser más rigurosos con nuestras autoridades, pues a la hora de pedir información, también tenemos que hacer valer nuestro derecho e insistir en la buena entrega de datos para que las instituciones cumplan con la ley.
Por Rocío Palma | Comunicaciones FCI.
El 14 de junio de 1995, la ministra de Justicia Soledad Alvear, firmó un decreto para crear el recinto penitenciario de Punta Peuco, con el objetivo de albergar a los presos condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen de Augusto Pinochet.
La ley consideraba explícitamente que el modo penitenciario era incompatible con todo privilegio o discriminación arbitraria y sólo consideraría aquellas diferencias exigidas por políticas de segmentación, encaminadas a la readaptación social y a salvaguardar la seguridad del procesado y condenado, y de la sociedad.
A pesar de esta situación, los internos del recinto cuentan con áreas verdes, cancha de tenis, máquinas para hacer ejercicio, parrillas y celdas que comparten entre dos reclusos, situación dispar si se compara con una cárcel con el mismo sistema cerrado tradicional, como el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, más conocida como ex Penitenciaria, donde al menos 160 reclusos deben dormir a la intemperie por el nulo espacio habitable.
Ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, como el General (r) del Ejército, Manuel Contreras, el General (r) Raúl Iturriaga Neumann, el Coronel de Ejército (r) Pedro Espinoza e incluso el Mayor (r) Patricio Cereceda, quien salió en libertad el 3 de noviembre pasado, han pasado por el centro de detención de Punta Peuco.
Gracias a la aplicación web accesointeligente.org, que permite enviar solicitudes de información pública a las instituciones requeridas por el usuario, pudimos obtener que el costo promedio mensual de un interno en Punta Peuco para el año 2010 –se preguntó por el 2011- fue de $284.511 pesos. Esto cubre las remuneraciones de personal y soporte administrativo. Si bien se trata de un promedio, Gendarmería de Chile, señaló que existen diversos gastos en cada unidad penal que no son posibles de medir.
Se debe distinguir que en el país existen cinco diferentes subsistemas penitenciarios, estos son: Cerrado tradicional, Cerrado Concesionado, Semi-abierto, Abierto y Post Penitenciario.
En el caso del centro carcelario de Punta Peuco se trata de un subsistema penitenciario cerrado tradicional donde la prestación de los servicios básicos y de apoyo a la reinserción y el mantenimiento de los establecimientos y de su equipamiento es realizado por personal de Gendarmería. En las cárceles con subsistema cerrado concesionado la prestación de los servicios básicos y de apoyo a la reinserción es realizada por una empresa privada
La socióloga, especialista en temas de seguridad, Lucía Dammert aseguró que mantener a un interno en un centro con sistema cerrado tradicional chileno es caro respecto al resto de los países Latinoamericanos. “Un reo en una cárcel cuesta más que el salario mínimo del país –$182.000 pesos- .Uno debería tratar de hacer una comparación, pero es difícil porque, ¿queremos compararnos con Brasil, donde las condiciones en las que viven los presos dan lástima?”.
En Chile hay 105.673 internos y 11.434 gendarmes. Según esos números, en promedio, cada gendarme debería tener a su cuidado 9,2 reos, hecho que en Punta Peuco es totalmente contrario, pues por preso hay 1,5 guardias. Al contrario de esto, en la ex Penitenciaria, un gendarme se encuentra al cuidado de 13,5 presos aproximadamente.
La presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, criticó la situación de beneficios por la que pasan los internos en el centro Penitenciario Punta Peuco, “los criminales tienen que estar en una cárcel común, por lo tanto es inaceptable que se haya construido una cárcel especial con todo tipo de comodidades para personas que cometieron crímenes de lesa humanidad”.
También, insistió en las desigualdades existentes entre uno y otro centro penitenciario. “Esto desmiente lo que dice la Constitución de que todos somos iguales. En el penal Cordillera y Punta Peuco mantienen piezas holgadas, computadores, radios, todo tipo de tecnología, cuentan con patios y áreas verdes, lo que se contradice con las condiciones que viven los presos comunes en las cárceles comunes”, concluyó.
Intentamos comunicarnos con los familiares de los internos de Punta Peuco, pero no fue posible acceder a ellos.
Infografía: Punta Peuco v/s la Ex Penitenciaría.
A continuación, podrán descargar en PDF la infografía que muestra las diferencias en los dos recintos penitenciarios:
Infografía: ¿Estamos Apretados? (PDF).
Por Francisco del Campo | Comunicaciones FCI.
Una visualización que contiene datos claves necesarios para tomar la mejor opción personal al momento de afiliarse a una Isapre es el proyecto que crearon tres alumnos de diseño de la Universidad Católica con la intención de aumentar la transparencia y entrega de información para la ciudadanía.
Por motivos académicos los estudiantes debieron analizar las Isapres mediante su uso y afiliación, para posteriormente detectar los problemas que se les presentan a los usuarios al momento de determinar su plan y su Isapre. Así llegaron a la conclusión de que existe una falta de transparencia por parte de las Isapres al momento de entregar información a los cotizantes de afiliación.
Así nació “La letra chica” la cual busca proveer de información clave – y que las Isapres no dan- a quienes quieran cotizar para afiliarse a una Isapre. Datos como las principales enfermedades por sexo y edad, cuánto cubren cada una de las Isapres estas enfermedades; en definitiva, cuál es la que más conviene es lo que busca entregar la visualización.
El proyecto fue diseñado por los estudiantes de tercer año de Diseño de la Universidad Católica: Amanda Astorga, Macarena González y Eduardo Parás durante las clases de Taller Integral de Diseño Estratégico impartidas por los profesores: Álvaro Sylleros, Bernardita Figueroa, Ignacio Henríquez, Rosario Sánchez, Javier Cancino. Mientras que los datos utilizados fueron extraídos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (www.deis.cl), además de datos que cada Isapre tiene disponible.
“Nos enfocamos para el proyecto en los jóvenes de 26 años, y a partir de ahí nos dimos cuenta de que por ejemplo muchos solteros cotizan pensando sólo en ellos, por lo que al momento de casarse y adjuntar a su pareja al plan, el costo de éste sube mucho. O cuáles eran las mayores enfermedades por las que estos jóvenes estaban ingresando a los hospitales, cruzamos la información entregada por la Isapre y creamos esta visualización que entrega esta información que facilitaría la toma de decisión”, explica Amanda Astorga una de las creadoras del proyecto.
“Ojalá sea un proyecto que se abra más y pueda usarse también para mejorar la información entregada a los usuarios de las inmobiliarias o contratos de las universidades”, finaliza motivada la estudiante de diseño UC.
Descarga el PDF con la visualización acá.
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Por Luis Pineda Pastrana
Una de las áreas de oportunidad dentro del sector gubernamental en donde el uso de las tecnologías de información puede tener un impacto positivo es en los archivos, un aspecto que reviste suma importancia si se pretende garantizar de manera eficiente y eficaz el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Al interior de las dependencias gubernamentales, la organización de sus archivos en muchas ocasiones se encuentra en un estado deplorable, en donde ni siquiera se cuenta con procesos que garanticen el resguardo de los documentos, un presupuesto asignado para la construcción y organización del mismo, personal capacitado en la materia ni mucho menos mecanismos físicos o tecnológicos para la búsqueda y recuperación de la información.
En el caso de la transparencia y el acceso a la información pública en México, por mencionar un ejemplo ilustrativo, las dependencias gubernamentales federales así como otros sujetos obligados a través de sus titulares, deben por Ley asegurar el adecuado funcionamiento de sus archivos, así como elaborar y poner a disposición del público una guía simple de su sistema de clasificación, catalogación y organización del mismo (artículo 32 LFTAIPG). De igual forma, dicha Ley menciona que las dependencias y entidades deben preparar la automatización, presentación y contenido de su información como también su integración en línea (primer vínculo inicial entre la necesidad de utilizar tecnologías de información en los archivos).
Para reforzar lo anterior, la Constitución Mexicana en su artículo 6º fracción V menciona que los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados. Sin embargo, al día de hoy, los profesionistas que a diario trabajan con la documentación de la información, siguen cuestionando en México la falta de la promulgación de una Ley Federal de Archivos, que debió haber salido a la luz antes que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (caso similar de Chile).
Su reclamo de estos profesionistas es muy claro: ¿cómo se pretende garantizar plenamente el acceso a la información por parte de los ciudadanos cuando no existe una regulación a nivel federal en materia de archivos?, y cuando a pesar de lo establecido en la Constitución y la Ley en la materia, los titulares de las dependencias en muchos casos no le han tomado la importancia que debiera, para lo cual dichos profesionistas exigen el reconocimiento de su labor, mayor presupuesto para el desempeño de sus funciones y sobre todo un cambio de mentalidad en los titulares de las dependencias gubernamentales para que valoren la importancia que reviste la organización, resguardo y consulta de los archivos institucionales.
La organización y el almacenamiento de la información y su posterior recuperación son dos aspectos que no pueden estar separados. Cuando una persona dentro de una dependencia gubernamental busca información, ésta previamente se debió de haber organizado y almacenado de cierta manera. Esto implica encontrar la mejor forma de representar esa información (la cual puede ser texto, imágenes, sonido, etc.) para que posteriormente pueda ser recuperada. De la calidad en que se realicen esas representaciones de la información y de cómo reflejen con precisión su contenido dependerá la eficacia de la recuperación de la misma. De igual forma, la dependencia debe de contar con un proceso interno que explique a los servidores públicos y que en una primera instancia debiera de existir, el sistema documental de la misma (hoy en día basado en tecnologías de información), la manera en que trabaja éste, explicando con claridad el flujo que tiene que seguir un documento desde que se crea, ya sea impreso o electrónico, la manera en cómo debe clasificarse y resguardarse, hasta el último paso que puede ser la destrucción del mismo.
En la era de la información y el conocimiento, los gobiernos deben dejar de tomar decisiones de manera unilateral y aprovechar los beneficios del uso e implementación de tecnologías de información que permitan construir espacios digitales que logren incrementar y motivar la participación ciudadana, permitir el escrutinio público de la sociedad, transparentar las funciones gubernamentales, establecer herramientas de acceso a la información a través de sistemas informáticos en Internet, facilitar la rendición de cuentas, entre otros, lo que contribuirá a la construcción y mejoramiento de la democracia de un país.
El no contar con lo anterior, representa una barrera para los ciudadanos que esperan de sus gobiernos la simplificación y reducción de costos parcial o total de los servicios que ofrecen así como de la consulta de información que es de su interés. Es ahí, independientemente que exista una regulación legislativa, donde radica la importancia de mantener archivos actualizados y organizados así como reconocer su necesaria y actual relación de interdependencia con estas tecnologías, ya que los mismos contienen información que en su momento serán de utilidad para que el ciudadano concrete algún tipo de trámite administrativo, se le brinde acceso a información solicitada por Ley de Transparencia así como preservar la memoria colectiva, en este caso de las dependencias gubernamentales.
Sin duda, los gobiernos en la actualidad ya se dieron cuenta que no basta con tener un gobierno on-line, sino que se debe de avanzar hacia la construcción de gobiernos interactivos, inter jurisdiccionales, conectados a los ciudadanos, trabajando de manera conjunta con los mismos para encontrar soluciones a los problemas de la sociedad, es decir, avanzar hacia la construcción y consolidación de un gobierno electrónico.
Anteriormente la información contenida en los archivos se encontraba de manera local y sólo la podían accesar o restringir cierto número de personas. Con la aparición de la web, la información ya no se encuentra centralizada, sino más bien dispersa a lo largo y ancho de la red de redes, lo que dificulta el saber en dónde específicamente se encuentra una información determinada. De igual manera, antes existía un control social de la información restringido ya que no se le permitía al ciudadano ejercer su derecho fundamental a la información.
Con la llegada del Internet, las tecnologías de la información y el cambio paulatino de mentalidad en la administración pública, orientada al reconocimiento de este derecho, empieza a darse un incremento en el control social de la información. La desventaja principal que se observa es la existencia todavía de una percepción equivocada de parte de los titulares de las dependencias gubernamentales quienes demeritan (o no aprecian) la importante actividad desempeñada por los profesionistas dedicados a la actividad documental, desconociendo que esa actividad es el eje central para garantizar entre muchas cosas, el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y la prestación de mejores servicios a estos.
Finalmente, podemos afirmar que son más los beneficios que se obtienen de la relación entre las tecnologías de información y los archivos: mejor administración de la información, creación de un sistema de información único, mayor seguridad tanto para el resguardo físico de los documentos así como informático, facilitan el derecho de acceso a la información, apoya las funciones de los profesionistas en actividades de tipo documental de las dependencias, elevando su productividad y principalmente se mejora la prestación de servicios.
Uno de los principales proyectos de la Fundación Ciudadano Inteligente cruza la cordillera de Los Andes para llegar a Argentina. Se trata de Vota Inteligente, el primer proyecto que desarrolló la ONG chilena desde septiembre de 2009.
Con el paso del tiempo Vota Inteligente se ha ido desarrollando en dos dimensiones; la primera, en época de elecciones como “Vota Inteligente (Ciudadano)”; y la segunda, en los tiempos donde no hay elecciones como “Vota Inteligente (parlamentario)”, realizando un monitoreo exhaustivo del trabajo que se realiza en el congreso.
La aplicación exportada al vecino país se enfoca en el periodo de elecciones que están viviendo, y con ella se busca promover una disminución de las asimetrías de información existentes entre los candidatos y los ciudadanos. A través de estas aplicaciones web interactivas y de fácil uso se informa acerca de las promesas de campaña y los perfiles de los candidatos.
Además se reformula la “Media Naranja Política”, donde los argentinos podrán comparar sus posturas personales con la de los candidatos, y así encontrar la media naranja que más se adecua a sus intereses país.
Votainteligente.com.ar es un proyecto liderado por las organizaciones argentinas; Poder Ciudadano en asociación con CIPPEC y YoQuieroSaber.org. Mientras que el desarrollo web de la herramienta, software de gestión y visualizaciones fueron elaboradas por la Fundación Ciudadano Inteligente.
Para Ciudadano Inteligente, como fieles partidarios del “código abierto” y los “datos abiertos” es un gran paso en el desarrollo de aplicaciones pro transparencia, pues con pasos concretos como la colaboración entre ONG’s de distintos países se avanza en la promoción de una mayor transparencia y participación ciudadana informada y responsable.
¡No esperes más y visita VotaInteligente.com.ar!
“Si la información y el conocimiento son centrales para la democracia, son condiciones para el desarrollo”. Kofi Annan
Durante el período comprendido entre los días 6 y 12 de junio del corriente año, tuve la oportunidad de viajar a la República de Chile, en virtud de haber sido consagrado ganador del concurso sobre acceso a la información pública que organizaran la Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) y la Universidad de Palermo, casa de estudio de la cual soy alumno de posgrado actualmente.
La República de Chile es uno de los países de Latinoamérica que, entre varios de la región como ser los casos de México y Uruguay, cuenta con una ley de transparencia y acceso a la información pública (ley 20.285), la cual entró en vigencia en el año 2009. Esta ha sido una de las reformas más profundas que se han generado en la agenda de probidad y transparencia del gobierno de Michelle Bachelet y, sin dudas, marcó un punto de inflexión en la vida política de ese país, en tanto introdujo modificaciones en el diseño institucional que han conllevado a la conformación de un estado más accesible para los ciudadanos y, por ende, de mayor raigambre democrática.
En este sentido, la ley de transparencia ha establecido un bloque de información mínimo que todos los órganos del estado deben exponer al público en forma obligatoria y proactiva a través de sus sitios web; ésto se denomina transparencia activa. Luego, ha delineado un procedimiento mediante el cual todos los ciudadanos pueden solicitar información a dichos órganos, sin cumplir con formalidad alguna, ni justificar su pretensión, lo cual se ha llamado transparencia pasiva.
Por otra parte, se ha incorporado a nivel constitucional el principio de publicidad de los actos de la Administración, conforme el cual toda aquella información que se encuentra en poder del estado se presume pública, y su reserva sólo puede ser invocada cuando se presenten determinados presupuestos fijados por ley (seguridad nacional, afectación de las tareas del organismo, etc.), recayendo en el órgano requerido la obligación de acreditar en forma fehaciente tal extremo.
Asimismo, en el marco de la ley de transparencia, se ha creado un organismo de control y fiscalización denominado Consejo para la Transparencia –www.consejotransparencia.cl-, que funciona como autoridad de aplicación ante los reclamos que se generen en torno a dicha temática; es importante remarcar el reconocimiento positivo que dicho consejo posee por parte de los usuarios de la ley, en tanto sus integrantes cuentan con una reconocida independencia del poder político central.
Como parte de la agenda que transité en mi estadía en Chile, tuve la posibilidad de entrevistarme con los principales integrantes de este organismo, como así también de presenciar audiencias orales y públicas en las cuales se expusieron casos de amparo al acceso a la información; y asimismo participé de una reunión interna donde pude observar el modo en que se debaten y resuelven los casos llevados a su conocimiento. Esta interacción directa me he permitido advertir el rol fundamental que el Consejo ha desempeñado en la aplicación de la ley de transparencia.
Por otra parte, he notado la importancia que han tenido en este proceso las organizaciones no gubernamentales, quienes sin duda se han transformado en actores de vital importancia a la hora de impulsar y fiscalizar las políticas de transparencia estatal. Con este norte, me entrevisté con los directores de las fundaciones Ciudadano Inteligente y Pro acceso, las cuales, desde ópticas distintas, realizan actividades y proyectos en pos de profundizar el acceso a la información que se encuentra en poder del Estado y lograr transformarse en un canal de comunicación entre ésta y los ciudadanos.
A partir de este panorama, debo resaltar la apertura que he observado en el vecino país en torno a la información pública, esencialmente a partir de la entrada en vigencia de la ley de acceso a la información; como así también el modo positivo en que se fomenta la cultura de la transparencia respecto de los organismos y funcionarios públicos, en contraposición con el secretismo que reinó en épocas anteriores.
Como corolario, entiendo importante remarcar que la libertad de expresión es un derecho fundamental sobre el cual se debe cimentar una sociedad democrática y, con este norte, la posibilidad de acceder a la información que se encuentra en poder del Estado juega, sin lugar a dudas, un rol fundamental en su desarrollo.
Esto nos muestra de manera evidente la importancia de contar en nuestro país con un texto legislativo específico que reglamente el ejercicio de tal derecho, pues será una herramienta fundamental a fin de lograr la conformación de un sistema estatal que se ajuste a los estándares de transparencia exigidos a nivel internacional y, de esta forma, procurar una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones estatales, a través del control de los actos de sus representantes. La implementación de prácticas sobre transparencia es un imperativo de las sociedades democráticas, las cuales en forma cada vez más creciente exigen a los funcionarios públicos que las administran que rindan cuentas sobre sus gestiones, para lo cual necesariamente deben encontrarse adecuadamente informadas.
No se puede negar que aquellas decisiones que sean adoptadas en las sombras, generarán en los ciudadanos un alto grado de desconfianza y, como consecuencia, un paulatino deterioro institucional, mientras que aquéllas que sean transparentes y permitan ser sometidas al escrutinio público, no sólo implicarán un mejoramiento en las prácticas de los organismos públicos, sino que producirán un afianzamiento de los mismos y, como resultado de ello, una profundización de nuestro sistema democrático.
Tú quizás no lo sabes, pero debes tener por seguro que “alguien te mira”. Crees que todo a tu alrededor está en orden, que nadie te sigue o le interesas. Pero hay muchos fragmentos de tu persona que se distribuyen día a día en distintos lados ¡Y los manosean!
“DICOM es EQUIFAX”. Y es también uno de nuestros acechadores. Trabaja contigo como si fueras un insumo más, te pone a disposición de los que pagan para ver tu performance, y tú te expones sin ni siquiera saberlo.Te entregaron cual chicle a las manos de quien paga –desde- la módica suma de $900.
Este acechador es el que cahuineramente entrega información sobre tus movimientos financieros. Aquellos que por error de la juventud, problemas de salud, un crédito universitario, una mala pasada económica o alguna locura de un ejecutivo a lo “La Polar”, te llevaron a caer en esta lista negra.
Para mal, ya se han detectado varias situaciones donde la información que entrega dicha empresa consta de parámetros más que cuestionables –como el scoring- o es errónea y desactualizada. Ha llegado incluso a afectar a varios de nuestros honorables parlamentarios. Es a raíz de aquello, que se han generado diversos debates en el legislativo con la finalidad de corregir estos “abusos”.
Luego de haber pasado la tormenta del escrutinio legislativo, DICOM puso manos a la obra con algunos arreglos que aquieten a la furiosa clase política. He aquí nuestra piedra en el zapato.
Gracias a una investigación rutinaria de la Fundación Ciudadano Inteligente, en colaboración con El Dinamo, se logro comprobar como DICOM tenía bloqueada la información de nuestros Parlamentarios y de once ministros de estado. Una situación que escapa a la regla general, donde caemos todos los chilenos y que otorga fácil acceso a nuestras más íntimas aventuras financieras.
Una vez más DICOM juega con fuego, pero esta vez parecía que lo estaban haciendo con unos muy buenos guantes. En esta oportunidad nuestras autoridades estarían protegidas, ante lo cual había menos posibilidades de que detectara algún problema. Y si alguien, con la fotocopia de la cédula de identidad de nuestra autoridad X, más un poder notarial autorizando, lograba acceder a la información, todo sería limpio, ejemplar y un gran trabajo informativo.
Desgraciadamente DICOM no contaba con que un sujeto en algún momento se iba a encontrar con esto. Sumado a las malas explicaciones de su call center, que dan a comprender que por simple azar hay chilenos que se encuentran afortunadamente menos “manoseados” que otros.
En los hechos, una herramienta que debería estar basada en los principios de igualdad y transparencia, ha categorizado a los chilenos entre ciudadanos de primera o de segunda; “los que puedo manosear, y los que no”. Y es que realmente resulta muy poco creíble que de todos los parlamentarios, absolutamente todos hayan salido sorteados por DICOM para que sus datos no estén disponibles ¡eso es suerte, como para partir a jugar un raspe!
Así también, luego de que la comisión de economía del Senado aprobara la idea de modificar el marco regulatorio de la ley de protección de datos personales, y el bochorno vivido por el gerente general de EQUIFAX en dicha instancia -a quien se le enrostraron informes erróneos de parlamentarios-, se presta para más de una suspicacia este regalito que privilegia a nuestras autoridades. Quizás más de un mal pensado recordó la palabra “lobby”.
Luego que la situación ya era de conocimiento de la opinión pública, DICOM por arte de magia entregó acceso a los perfiles de todos nuestros parlamentarios y de los once ministros que estaban protegidos. Un triunfo para los ciudadanos, pero un tremendo ¡plop! para un sistema que supuestamente funciona bien y acorde a la legalidad.
Entonces; si yo hago todo bien y el azar es mi copiloto ¿Por qué entrego rápidamente acceso a los perfiles que minutos antes estaban protegidos? ¿Será que justo en ese momento los técnicos y analistas terminaron de trabajar?
Son estas cosas las que nos hacen cuestionar el sistema y preguntarnos ¿Qué valores son más importantes? Los que defiende el gerente general de EQUIFAX, que busca brindar seguridad al comercio, entregando información veraz y oportuna a los que paguen por ella, o aquellos que nos hablan de la protección de los datos personales, de la veracidad de la información, del conocimiento que debemos tener sobre información nuestra que anda circulando, o por último, aquel principio constitucional de la igualdad. A mi juicio los valores que debemos proteger son los últimos.
No es que Chile no necesite un sistema de información comercial, lo necesita para hacer funcionar su economía en las transacciones del día a día, y así hacer más seguras las mismas. Pero definitivamente lo que no necesitamos es una empresa que manosea a su antojo a millones de chilenos, sin mayor fiscalización y entregando información con filtros arbitrarios.
“DICOM es EQUIFAX”, y es también la empresa que ya no cuenta con la confianza y credibilidad de los chilenos para manejar sus vidas.
Es de esperar que la reforma, que espera en el congreso, vea pronto la luz en nuestro ordenamiento jurídico, y así en algo podamos estar más tranquilos a la hora de hacer algo tan simple y vital como ir a pedir trabajo.
Publicación original en El Dinamo
Es verdad. Siempre es bueno que un gobierno esté conectado con los ciudadanos, y que sepa por donde van los intereses de las mayorías y minorías. Una herramienta recurrente para sondear a los ciudadanos son los estudios de opinión, las clásicas encuestas. Dichas herramientas, por vía de la ley 19.628, hoy son objeto de regulación y protección de datos personales, limitando así la información que puede hacer identificable al sujeto, entre otras cosas. De otra manera, ¿estaría bien que el gobierno nos tuviese plenamente identificados?
Hace algunos meses atrás, el Gobierno de Chile anunció que comenzaría a monitorear las redes sociales y blogs, lugar donde en la actualidad se pueden encontrar la mayor fuente de opiniones ciudadanas, aquellas que no son sondeadas por encuestas políticas.
Como es lógico, los usuarios de dichas plataformas no miraron con buenos ojos esta “vigilancia” que se pretendía realizar sobre sus escritos, fotos, links, y sobre la persona misma. El aparato gubernamental no deja de ser intimidante cuando se contrapone a un ciudadano común, el que se encuentra en desventaja a la hora de responder a un actuar que deja demasiadas interrogantes, y pone entre comillas aquel principio de legalidad que protege al gobernado.
Una cosa es que el gobierno deba saber qué es lo que opina la ciudadanía, pero otra distinta es tener, con absoluta discrecionalidad, grandes cantidades de información sobre miles de personas puntuales. Ya en el sólo anuncio se ejerce una perturbación a la libre manifestación de ideas.
Ya nos parece extraño y poco transparente la manera en que cientos de empresas ejercen tácticas engañosas para obtener los datos de sus clientes, y con ello poder hacer estudios que apunten a acotar el universo al cual dirigir sus campañas. Lamentablemente, el gobierno caía en las mismas tácticas, para sin mediar autorización expresa alguna, lograr recabar información que en muchos casos pertenece a nuestra esfera más doméstica.
Un ejemplo de lo anterior, es la última encuesta CEP, donde el 82% de los consultados dijo no seguir nunca temas políticos en redes sociales. Frente a esto nuevamente se nos presentan las dudas ¿el monitoreo incluye a aquel 82% que no tiene interés político? ¿O se hace un seguimiento más acotado a sólo el 18% restante, dejándolos aún más identificables?
Y finalmente la famosa información llegó….. Fue con el ánimo de indagar sobre los resultados de este monitoreo, y tener un poco más de claridad respecto a las características de la plataforma creada por BrandMetric, que un ciudadano anónimo solicitó a AccesoInteligente.org la información en virtud a la ley de transparencia.
La información proporcionada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, un PowerPoint básico y que parecía más bien una pauta de prensa, dejó ver la escasa capacidad de análisis con la que fue tratada la información. Faltaron muchos puntos, como los detalles de las fuentes, las cantidades de cuentas o blogs monitoreadas, identificación de los más influyentes, si las opiniones son positivas o negativas. En resumen, o no se cumplió con las bases de la licitación, o no se cumplió con la ley de transparencia. Dos eventuales faltas, graves.
Así se marcó el fracaso del sistema de monitoreo. Siendo una decisión errada por parte de la administración de la ex Ministra Von Baer pensar que semejantes cerros de información iban a poder ser analizadas en detalle, sin que medie un gran trabajo, del cual ni siquiera se tenían los recursos tecnológicos.
El gobierno se vio sobrepasado por su propia petición, información en cantidades industriales. Complejizó algo que podría haber sido tan simple como revisar los trending topic de twitter, ver quiénes son los usuarios con más amigos o seguidores, utilizar herramientas complementarias para analizar visitas, menciones, retweets, o cantidad de veces que se compartió. En las redes sociales no es muy complejo ver qué pasa, por donde va la conversación, y como se comparte. Lo fundamental es ver como “yo” estoy posicionado desde mi cuenta, más que tratar de infiltrar la de los otros.
Y pasó lo que tenía que pasar… El Consejo para la Transparencia haciendo una importante interpretación de la ley 19.628, manifestó que aquí efectivamente había datos personales en juego, pues al finalizar el proceso de recolección de datos se puede llegar incluso al domicilio desde donde se emitió la opinión en cuestión. Dejando también en claro que muchos usuarios de la web, basados en un sentido de responsabilidad, han preferido utilizar sus nombres en vez de nicks, lo que de igual forma, no pone automáticamente la información a disposición del Gobierno, pues debe haber un sentido de pertinencia.
En este contexto, fue informado por varios medios de comunicación, que el actual Ministro Vocero de gobierno, Andrés Chadwick, optó por poner término al monitoreo de las redes sociales. Dejando nuevamente dos interrogantes, ¿se tomó esta decisión por el cuestionamiento de los ciudadanos, o por un real temor al informe que iba a emanar la contraloría en los próximos días?
Y así se fue el monitoreo, con el mismo manto oscuro con el cual llegó, sin mayores explicaciones y con preguntas al aire que nadie ha sabido contestar de frente a los “monitoreados”. Todo se transformó en un mal informe de redes sociales, un autogol político y un sector de la sociedad que sintió vulnerados sus derechos a gozar sanamente de la tecnología, y de aquellas redes con las que compartimos gran parte de nuestra cotidianeidad, siempre a sabiendas que tenemos un menú con la opción de expulsar, o bloquear, a aquel que nos desagrada.
Ganaron los ciudadanos, pues una vez más ejercieron su propio monitoreo, demostraron interés e impusieron la agenda, bloqueando así, con las herramientas de la transparencia y la participación, a los únicos que no tenían la opción de bloquear.
Publicación Original en The Clinic
