Por José Francisco García.
En la primera columna sobre esta materia, mostramos nuestro apoyo a la implementación de elecciones primarias. Dijimos también que el proyecto presentado por el Ejecutivo es exitoso. Sin embargo, existen al menos tres modificaciones -o ámbitos de modificación- que están en discusión y que podrían mejorar sustancialmente el proyecto: en qué condiciones los candidatos independientes pueden entrar a las primarias; el rol de los militantes -que en el proyecto actual no son actores relevantes-; y el periodo de campaña y el gasto electoral. Dichas modificaciones serán analizadas a continuación.
En primer lugar, el proyecto obliga a los independientes a requerir del patrocinio de un partido político para entrar a la “papeleta”. Eso es un candado. Una de las indicaciones que ha sido puesta en la mesa es que por tratarse de un tipo especial de independiente -aquel que es perfectamente identificable con una coalición política-, éste pueda pedir un 10% de firmas de los militantes del pacto electoral para poder ingresar a la primaria. Se trata de una regla que sólo operaría en pacto electoral y es exigente: en un plazo cercano a los 70 días se deben juntar muchas miles de firmas que además deben ser representativas de los militantes de todos los partidos de dicho pacto.
Precisamente porque debe ser un independiente que represente a la totalidad del pacto electoral es que debe ser complementada con una regla adicional: un límite máximo de 50% de esas firmas de un solo partido, la que por supuesto es más exigente respecto de una coalición de 2 partidos, que las de 3 o más, al requerir de igual número de firmas por parte de los dos partidos del pacto. Porque es bien discutible que un candidato que recibe el 99% de sus firmas sólo de un partido represente a toda una coalición política.
En segundo lugar, se debe aumentar el peso relativo de los militantes de los partidos políticos. Hoy no tienen un rol relevante en decisiones básicas como gatillar una primaria ante el Consejo General o poner un nombre en la papeleta de candidatos.
En efecto, según el proyecto actual, y en materia de primarias presidenciales, corresponderá al Consejo General de cada partido político la decisión de: (a) participar en una elección primaria para la nominación de candidato a Presidente; (b) el hacerlo en forma individual o en pacto electoral; y (c) la nominación de los candidatos para dicha elección. El Consejo General de cada partido deberá pronunciarse respecto de estas materias cuando lo solicite la Directiva Central o un 10% de los miembros de dicho Consejo.
En materia de primarias parlamentarias y alcaldicias, corresponderá al Consejo General tomar las tres decisiones anteriores, más, lógicamente, la de (d) los territorios electorales en los que se participará. El Consejo General de cada partido deberá pronunciarse respecto de estas materias cuando lo solicite: la Directiva Central o el Consejo Regional que corresponda. El Consejo Regional deberá pronunciarse sobre solicitar al Consejo General del partido elecciones primarias en algún territorio electoral de su jurisdicción para Alcaldes o parlamentarios cuando así lo solicita la Directiva Regional del partido o un 10% de los miembros del Consejo Regional.
Se trata entonces de órganos representativos de los militantes, pero en donde ellos no tienen un canal directo de participación. En este sentido, una de las ideas es que un porcentaje de ellos (10%), pertenecientes a un territorio electoral, puedan pedirle al Consejo General que se pronuncie respecto de la realización de primarias en dicho territorio electoral. Un paso conservador ciertamente como éste, pero inteligente, al poner presión -y los focos de los medios- en potenciales intentos de bloquear candidaturas locales desde las alturas, va en la dirección correcta.
En el fututo debiesen discutirse perfeccionamientos a esta normativa en la línea de profundizar esta participación, por ejemplo, permitiendo que un determinado porcentaje de militantes pueda, derechamente, tener el derecho a incorporar a un candidato a la papeleta.
Finalmente, clave respecto de las posibilidades de elección de los desafiantes resultan las reglas de límite al gasto electoral (cuánto puedo gastar) y el periodo de campaña son fundamentales. Para los candidatos desafiantes, la clave es lograr el conocimiento del electorado. Y sabemos que los incumbentes son amigos de dos reglas: disminuir el periodo de campaña y tener gastos electorales bajos. Mantener un periodo de campaña de primarias razonable como el actualmente propuesto de 70 días y ojalá permitir que los desafiantes puedan gastar más que los incumbentes son dos reglas claves pro competencia.
Respecto de esta última, Libertad y Desarrollo ha manifestado su posición contraria a la existencia de los mismos, incluso antes de la discusión de la Ley 19.884 sobre gasto electoral. Siguiendo la literatura en la materia, hemos sostenido que se trata de una barrera clave para afectar las posibilidades de elección de candidatos desafiantes contra incumbente que tienen gran reconocimiento público y que además cuentan con financiamiento permanente no incluido como gasto electoral durante la campaña electoral (dieta parlamentaria). Dicha lógica también es asimilable a la situación de las primarias. Por lo demás, la Corte Suprema norteamericana –modelo regulatorio que hemos seguido en la materia– declaró estos límites como inconstitucionales en 1976 (Buckley v. Valeo), precedente que se mantiene hasta el día de hoy.
Es por ello que una regla que elimina el límite de gasto o lo eleva significativamente (del 25% al 50%) respecto del incumbente, nos parece positivo. Por el contrario, cualquier modificación que reduzca el tope de 25% o que impute dicho gasto al límite de las elecciones generales, afectará la votación de los desafiantes. Evidencia reciente en nuestro país lo muestra. En un reciente estudio, Agostini (2011) muestra que un aumento de 1% de gasto electoral por parte del incumbente, aumenta su votación en 0,7%. Asimismo, el aumento de 1% del gasto por parte del desafiante, reduce la votación del incumbente entre 0,2 y 0,3%.
Es por ello que una correcta solución legislativa respecto de cuestiones relevantes como la forma de integrar a los independientes a las primarias (en especial si tienen domicilio político conocido en alguna de las coaliciones y tienen apoyo en los militantes de los partidos y/o partidos de los pactos electorales) creemos que es; potenciar el poder decisorio de los militantes; y utilizar las reglas de límite de gasto electoral a favor de los desafiantes y la competencia político (y no como una barrera de ingreso de nuevos actores); reforzaran estos bienes de competencia y legitimidad.
Por Kiko Mayorga.
Hace ya más de dos meses que he empezado a trabajar con la Fundación Ciudadano Inteligente y hace algunos días estuve de semana presencial por la fundación. Para quienes no lo saben, yo soy peruano y vivo en Lima. Es mi situación privilegiada y a la vez compleja al empezar a trabajar en un proyecto como la FCI en etapa de proyección regional, pues si bien identifico muchas buenas cosas por aportar y hacer en Chile, noto que hay toda otra familia de cosas por hacer en Perú. Y la abundancia de necesidades es simplemente abrumadora. Desde Lima hasta Santiago hay 2464 kilómetros, pero me atrevo a decir que entre los distintos rincones de las mentes de las personas puede haber desde milímetros hasta años luz. Y es que -como todos hemos pensado alguna vez- si bien tenemos cosas en común, nuestros países están casi siempre más atentos al primer mundo que a los países vecinos. En particular, en el tema de transparencia y participación, bastaría con mirar el mapa de percepción de la corrupción, para ver en la dimensión de confianza en las autoridades, qué tan lejos podemos estar entre Chile y Perú.
Cuando uno llega a Santiago desde Lima, no son pocos los indicios de que la vida del ciudadano es bastante distinta. Lo primero que uno siente es que en general, la gente parece estar mucho más enterada y ser más exigente frente a la estructura pública. Tuve una conversación seria con el taxista que me llevó del aeropuerto. Éste transmitía respeto por las normas y advirtió que bajo ninguna circunstancia uno debería intentar sobornar a un carabinero. En el Perú, si bien los taxistas son generalmente buenas personas, sería fácil comprobar que muchos de ellos no respetan completamente las normas y muchos de ellos ya habrían sobornado a un policía y estarían dispuestos a repetirlo. Basta con ver las noticias en la tele de señal abierta en Perú para entender lo frecuente que es la ilegalidad en el transporte público peruano.
Y ésta ilegalidad se encuentra también en una escala mayor y en casi cualquier ámbito. Un ejemplo crítico: El trabajo de inter-operabilidad de datos que estamos explorando con el devteam de la FCI, nos llevó a conocer el trabajo de la EIA (Environmental Investigation Agency), la cual ha determinado en un estudio, que el 37% de la extracción de Cedro y Caoba de la Amazonía peruana atraviesa por etapas fraudulentas en distintos puntos de la cadena. Los trámites oficiales necesarios para extraer y exportar especies protegidas son completados en el papel -para cumplir con la ley-, pero éstos papeles no representan lo que sucede con los árboles en el mundo real. Taxista o empresario, queda claro que en el Perú es algo común encontrar los escondites para la ilegalidad.
Ahora. Conociendo mejor el trabajo de la FCI, debo contar que estoy completamente sorprendido con lo que se ha logrado a partir del monitoreo parlamentario. Los estudios detrás de “del dicho al hecho” -que evalúan las promesas del discurso presidencial a partir de la efectividad del parlamento- son un trabajo impecable del cual se puede aprender mucho en la región. Sin embargo debo contar también que a partir de nuestras exploraciones vemos que los insumos disponibles para realizar éste tipo de análisis a nivel regional son muchas veces poco accesibles o incompletos. El respeto en general por la ley sería un insumo fundamental para poder llamar al estudio “Del dicho al hecho”. La frase existe también en el Perú, pero el trecho en Perú estaría además “entre la ley y el hecho”. Más allá de que los congresistas legislen, necesitaremos construir mecanismos para asegurarnos de que las leyes se cumplan. Esto nos ha llevado con la FCI a imaginar y discutir otras estrategias de accountability ciudadano, que aún se vienen cocinando en “el taller” y seguramente pronto irán siendo más visibles.
Por otro lado, un buscador de leyes como Leychile.cl es algo que los peruanos definitivamente podríamos anhelar. En el Perú, el acceso a la legislación todavía requiere del papel periódico, y cuando está en web, carece de buscadores inteligentes y en el mejor de los casos demanda suscripciones y pagos, por un servicio incompleto. Cuando le pregunté sobre esto a alguien importante en el poder judicial peruano, me dijo: lo que tú necesitas es pagarle a un buen estudio de abogados que busque por tí. ¿Perdón?
Bueno, como decía, no es poco lo que falta hacer y no es poco lo que podemos aprender a entender entre países vecinos. Hay varias ideas, buenos talentos y buenas experiencias en el taller de la FCI. Estoy seguro que éste intercambio no podrá ser nada menos que super-potente. Contando de esto por ahora y desoxidando mis dedos en éste nuevo espacio. Iré compartiendo aquí novedades y reflexiones. Gracias por leer. Hasta una próxima.
¿De dónde sacan la plata?
Desde el Área de Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, hemos realizado una serie de observaciones al Proyecto de ley sobre transparencia del financiamiento de campañas y partidos políticos.
¡Ahora queremos saber tu opinión!
Lee y comenta el Google doc, pues juntos podemos generar una propuesta ciudadana e incidir en que la relación entre dinero y política se transparente y regule. ¡Súmate al debate!
Por Álvaro Castañón.
La ley antidiscriminación no debería existir. Es una ley maldita que habla de lo mal que estamos como sociedad y de lo incapaces que son nuestras familias.
En ella, se refleja como cotidianamente el flaco es victima de las “tallas” que terminan aburriendo, el gordo es visto como un pecador si entra a un McDonald’s, el homosexual debe soportar a los machos alpha que se declaran “neonazi”, el judío a los que critican pero ni siquiera conocen su religión y la abuelita tiene que tolerar insultos por caminar lento.
La ley antidiscriminación no es una solución, es una respuesta desesperada de nuestro Estado para suplir las falencias que vienen de la familia, entendiendo a “la familia” en un sentido amplísimo. Dichas falencias –desgraciadamente- apuntan a lo más básico de la educación que podemos entregar a nuestros niños; entender que no somos clones.
Una vez promulgada la ley nuestra sociedad será más legalista. La tarea se cumplió, y olvidaremos aquel minúsculo pensamiento que se refería a la educación. Eso, hasta que tengamos otro caso, donde le concesionemos nuevamente nuestros valores a otra ley.
Pero bajo la lógica anterior, de forma resignada y quizás hasta culposa debemos cuestionarnos si por lo menos; ¿sabemos qué dice el proyecto de ley?
Hoy con el caso de Daniel Zamudio hemos visto como el clamor popular pide una #LeyAntidiscriminaciónAhora, y lo cierto es que muy poco se ha dicho respecto del contenido actual que tiene ese proyecto de ley. Es verdad, el nombre –mediático- de la ley llama a la adhesión unánime, pero el contenido ha resultado ser todo lo contrario.
La “Ley que establece medidas contra la discriminación” presentada –vía mensaje- en octubre de 2005, hoy dista mucho de ser el proyecto de ley aprobado por el Senado. Las diferencias, más allá de las indicaciones que se refieren a las palabras “orientación” o “condición” sexual, han llevado a cambiar parte del sentido del cuerpo legal.
El Mensaje enviado el 2005 nos habla de una ley que tiene por objeto “prevenir y eliminar todas las formas de discriminación”, sin embargo, el proyecto actual tiene por objeto “restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria”. Éste no es un detalle menor, pues pasamos de un objetivo que busca prevenir futuros actos discriminativos a reparar actos que ya ocurrieron.
Frente al cambio de objeto de la norma, la Fundación Iguales ha manifestado que se debe incluir la realización de políticas públicas orientadas a prevenir y eliminar toda forma de discriminación, y que no basta con la simple acción a posteriori.
En el artículo segundo podemos encontrar la definición de discriminación arbitraria, que básicamente se refiere a “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable (…) que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales”.
Sobre la anterior definición, es que sectores conservadores han sentido que se amenaza el pensamiento, dejando abierta la norma para que se abuse de ella y se coarte el simple hecho de pensar diferente. Para la Unión Demócrata Independiente, es preocupante ya que temen que se pueda alegar discriminación por la no aceptación de los órganos del Estado de realizar matrimonios homosexuales.
Más adelante en artículo segundo del texto, se realiza una jerarquización de derechos, fijando expresamente ciertos artículos de la Constitución como superiores, es decir, permiten distinciones, exclusiones o restricciones al ejercicio de los derechos consagrados en el artículo primero del proyecto de ley.
La jerarquización de derechos ha sido duramente rebatida por juristas y la Fundación Iguales, pues hoy se rechaza en el derecho constitucional la idea de que unos derechos sean jerárquicamente superiores a otros.
Seguido en el texto aprobado por el Senado, se consagra en su artículo tercero y siguientes una “acción de no discriminación arbitraria”, que será de competencia del Juez de letras con posibilidad de apelar ante la Corte de Apelaciones. Se trata de un juicio breve que respeta muy bien el debido proceso y con posibilidad de conciliación. La solución que el juez podrá entregar, es esencialmente subsanar la acción u omisión discriminatoria, aplicar multas a favor del fisco, y tomar medidas que aseguren la protección del afectado.
Esta acción resulta una buena solución para corregir los problemas que ha presentado la acción de protección, tanto a nivel administrativo de las Cortes como en su respuesta jurídica. Pese a lo anterior, la elección de la acción judicial que se utilice será a opción del afectado.
Por último en el proyecto de ley, encontramos modificaciones a estatutos administrativos en aras de incluir la no discriminación arbitraria, y una nueva agravante en el artículo 12 del Código Penal.
La discusión entorno al proyecto de ley no ha dejado indiferente a entidades religiosas, partidos políticos y organizaciones ciudadanas. No es tan simple como decir; #LeyAntidiscriminaciónAhora o concesionar nuestros valores a una ley que ha tenido un duro debate y grandes “peros” de todos los sectores.
Si en nuestro Congreso se debate una ley antidiscriminación, es justo y necesario que no se discrimine en el debate. Si vamos a concesionar nuestros valores confiando que una ley va a cumplir el rol corrector de graves problemas, no podemos conformarnos con un marco mínimo que se ajuste a pretensiones actuales y que a futuro quede obsoleto.
Debemos generar un debate de alta calidad, donde la sociedad civil y sus representantes vayan dando forma a una respuesta jurídica eficaz. Con un proceso legislativo de calidad y aceptando la necesidad de políticas públicas que nos corrijan la mala costumbre de entregar a la ley lo que debemos hacer en casa, tendremos por fin una maldita ley antidiscriminación de la cual surja una esperanza fuera de los tribunales.
Fuente: El Dinamo
Por José Francisco García.
Pronto comenzará a discutirse en la agenda pública la regulación del lobby –el Gobierno ha anunciado que enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional este primer semestre–. Como sabemos, la discusión en Chile se ha basado en el modelo norteamericano; aunque en realidad, sólo ha mirado uno de los cuerpos legales: la Lobbying Disclosure Act(LDA) de 1995y sus modificaciones posteriores. Con todo, existe una serie de diferencias relevantes qué considerar al mirar, al norteamericano, como modelo.
En primer lugar, existen otros estatutos jurídicos complementarios a la LDA en Estados Unidos que regulan, o más bien, sobre-regulan a nuestro juicio, distintos aspectos de esta figura: la Foreign Agents Registration Act (para Gobiernos y empresas extranjeras), las reglas sobre tarifas de contingencia, restricciones a funcionarios públicos, las Reglas Éticas de la Cámara de Representantes y el Senado, entre otras.
Ello no sólo hace que la legislación norteamericana, sea una de las más restrictivas en el derecho comparado; sino queesta exhaustividad regulatoria llega a límites tan absurdos como el establecimiento de criterios objetivos de lo que debe entenderse por “amistad” en el contexto de la regulación sobre “regalos”.
Adicionalmente, la legislación norteamericana no es un buen modelo si se considera que el proceso de formación de la ley en ambos países es distinto.
Si bien en ambos existen Ejecutivos fuertes, el chileno cuenta con enormes potestades legislativas, por ejemplo, iniciativa exclusiva en diversas materias económicas y sociales (que requiere comprometer gasto público), amplio veto presidencial y el respeto a las ideas matrices de un proyecto de ley como límite a las enmiendas que se pueden presentar.
En el origen del presidencialismo, por ejemplo, la iniciativa legislativa exclusiva no es obvia. Si se acude al régimen presidencial más clásico, el norteamericano, construido sobre las bases diseñadas por Madison, Hamilton y Jay en El Federalista; la idea de iniciativa exclusiva presidencial no tiene asidero. No es por mero azar que la sección 1 del artículo I de la Constitución norteamericana le entregue “todos los poderes legislativos aquí consagrados” al Congreso.
Asimismo, para los parlamentarios chilenos, a diferencia de sus pares americanos, es bastante más costoso “vender” beneficios o ser “capturados” por los grupos de interés. Ello, gracias al proceso de formación de ley establecido en nuestro diseño constitucional. En efecto, la presión de los grupos de interés, debe considerar, además de las dos cámaras del Congreso (y las Comisiones que intervengan); al Presidente de la República y sus amplias facultades legislativas (desde la iniciativa exclusiva en algunas materias como el veto presidencial al final del proceso), y también al Tribunal Constitucional (tanto si se trata del control preventivo obligatorio respecto de algunas materias o a requerimiento parlamentario, como a posteriori, vía requerimiento de inaplicabilidad).
En el proceso de formación de la ley norteamericana, las cortapisas institucionales tienen una intensidad menor (en términos del rol del Ejecutivo y la Corte Suprema) y el poder del Congreso es mayor. Ello explica el surgimiento de la figura del logrolling como fenómeno central de este proceso, esto es, el intercambio de votos entre parlamentarios por la vía de introducir indicaciones de otros parlamentarios en un determinado proyecto de ley (bill) o asegurar el apoyo en otros proyectos.
Por otra parte, también encontramos otras críticas a la LDA que encontramos en la literatura especializada norteamericana y que conviene tener presente. A las objeciones tradicionales que se le hacen a las normas de divulgación obligatoria como el de la LDA, que implica la existencia de costos administrativos en tiempo y recursos para mantener registros y completar los formularios exigidos y las potenciales lesiones a los derechos de la Primera Enmienda (libertad de expresión); se suma una que les parece más atendible: el problema del volumen de información. Así, mayor cantidad de información podría no tener un correlato en la audiencia, ni el interés o la habilidad de estos para procesar dicha información, estableciendo vínculos relevantes y sacando conclusiones útiles. Con todo, para diversos autores, la existencia de grupos y organizaciones que sean vigilantes (watchdog), pueden transformarse en parte de la solución, al ser ellos quienes operen de intermediarios entre la información y las “pistas” o “piezas” de información relevantes para el público.
Bajo este contexto, es de esperar que el debate chileno pondere adecuadamente el tipo de instrumentos regulatorios adecuados para abordar el lobby en nuestro país. La legislación norteamericana, no parece ser el modelo adecuado.
Por: Juan José Covarrubias
¿Tienen algo en común la colusión de las farmacias con que un diputado “se equivoque” votando?
En el sector privado, entre miles y miles de buenas empresas,tristemente, destacamos siempre lo malo. Sobre todo a los “grandes malos”:Tras La Polar, vino el “cartel” de los pollosyantes el–excelentemente bien multado-“cartel” de las farmacias. Estos casos, entre muchas cosas, nos hablan de secretismo, de no acceso a la información, donde el consumidor es víctima, y poco o nada puede saber y, mucho menos, hacer para enfrentarse al abuso (menos aún, para evitarlo).
En el Poder Legislativo, aún con record de proyectos aprobados el 2011, destacamos también, tristemente, lo malo. En el último episodio de la ley del Tabaco, no sé qué llama más la atención: si parlamentarios que se “equivocaron”, o el escandaloso lobby, que se huele desde lejos, de las tabacaleras y otros organismos. Esto claramente deslegitima a la política, en particular al Poder Legislativo que ya está “al debe”, al aplicársele solo parcialmente la Ley de Transparencia. Contribuye a que el Estado se vea como una gran caja negra donde el ciudadano, poco y nada puede saber. Y mucho menos hacer (¿realizar más marchas…?)para enfrentar y prevenir esto.
Y si pensamos en el mundo de las ONG´s y del Poder Judicial, se aplica exactamente lo mismo.
De allí que la transparencia y el acceso a la información, sean mecanismos tan importantes para que la ciudadanía pueda participar. ¿Por qué? Porque es una herramienta de control social, de promoción de la probidad, legitimando y valorando nuestras instituciones y contribuyendo de paso a revertir la bajaconfianza que estamos teniendo entre nosotros.
Se trata de cambiar la cultura del secretismo enraizada en la gestión pública y privada que, finalmente, siembra un manto de duda sobre la mayoría de empresas y servicios públicos que trabajan de manera correcta y que son opacadas por estos “grandes malos” en todos los ámbitos.
Podemos votar –ahora voluntariamente- por los que nos parezcan más honrados y los que mejor nos representen (y que no se equivoquen). Podemos también dejar de comprarle a ciertas empresas (castigándolas, como desde ahora estamos viendo con el tema de la portabilidad numérica). Todo esto es muy importante y debemos tomar conciencia de este poder para ejercerloefectivamente. Pero no es suficiente. Por eso debemos seguir avanzando en transparencia y en establecer mecanismos defiscalización y control ciudadano.
Hemos recorrido mucho, sin duda. Un tremendo aporte fue la Ley de Transparencia, el mayor paso en muchos años, pero la tecnología nos permite hoy consolidarla y darle aún más fuerza. La ciudadanía, gracias a las nuevas tecnologías, tiene hoy una capacidad superior –no solo para coordinarse masivamente- sino para procesar la información que proviene del sector público y del mercado… pero requiere de la información. En otras palabras necesitamos los datos.
En ese contexto quiero destacar dos iniciativas. Primero, la adhesión del Gobierno de Chile, con apoyo de ONG´s comoCiudadano Inteligente y demás actores de la sociedad civil, a la Alianza Multilateral por el Gobierno Abierto (Open Governmentpartnership – OGP), que tiene por objetivo asegurar el compromiso concreto de los gobiernos en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, así como la utilización de las nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia, la apertura y la rendición de cuentas. Se busca la apertura de los gobiernos a la participación y el escrutinio público del actuar de sus instituciones y representantes. Se trata,entre otras cosas, de que esté disponible públicamente la información. De tener los datos.
Y en segundo término quiero destacar la aprobación unánime, de la ley del Ministerio de Desarrollo Social, que obliga no solo a evaluar, sino justamente a mostrar activamente los datos públicos de los programas sociales a la ciudadanía. Podremos analizar su financiamiento, focalización, resultados, impacto y eficiencia. Esto permite a universidades, centros de estudios y a cualquier ciudadano fiscalizar, y evaluar, permitiendo proponer caminos más efectivos en lo relativo al diseño y el control de las políticas públicas.
Esperemos (y presionemos para) que esto siga sucediendo.
FUENTE: El Dinamo
Por Manuel Aris.
El Congreso es la entidad que debe canalizar las diferentes visiones que coexisten en la sociedad, por ésto, su trabajo siempre está tensionado por las expectativas de la ciudadanía y el ritmo que requiere la maduración suficiente de leyes bien diseñadas para lograr reformas y políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida.
Pero, ¿cuánto sabemos como ciudadanos del funcionamiento del Congreso? ¿cómo se desempeñó el 2011? y ¿ha sido mejor o peor que en años anteriores? Es cierto, el trabajo político tiene un ritmo particular, difícilmente cuantificable, pero el ejercicio de ver el desempeño de esta institución en cifras -y su relación con el Ejecutivo- nos entrega una serie de luces sobre su funcionamiento, y le permite a la sociedad en su conjunto ajustar sus expectativas a los ritmos de una institución que, para realizar bien su misión, no sólo debe actuar con velocidad.
El 2011 ingresaron al Congreso 668 proyectos de Ley, 19% más de los proyectos que fueron presentados el 2010. Dentro de esta batería de proyectos de ley presentados, el Ejecutivo envió cerca del 14%, una cifra similar a la de 2010. En relación a ésto y tal como se observa en el gráfico, la autoría de los proyectos de ley por parte de los Parlamentarios es cada vez más importante, alcanzando desde el 2006 una proporción superior al 80% del total de proyectos ingresados al Congreso anualmente.
El aumento en la cantidad de proyectos presentados por los parlamentarios es una tendencia que muestra cuánto ha variado el trabajo del poder legislativo en los últimos años. En sentido positivo, revela un rol más activo de los legisladores en su acción representativa de la ciudadanía, pues en el diseño y presentación de proyectos de ley estarían ejerciendo el rol de representación de los intereses ciudadanos para los cuales han sido elegidos democráticamente. No obstante, también puede considerarse esta proliferación de mociones parlamentarias una especie de estrategia mediática de los Diputados y Senadores, la cual no necesariamente mejora la producción legislativa. Y en ésto, la respuesta mediática a ciertas coyunturas es una evidencia irrefutable, cuando han estallado temas como la vacancia parlamentaria o la gratuidad de la educación distintos grupos de parlamentarios han presentado proyectos de ley sobre temas en los cuales ya existen proyectos en trámite.
Sin embargo, mayor producción de proyectos no ha significado una mayor publicación de los mismos, por lo que la ‘grasa’ en el Congreso sigue aumentando. En la década de los noventa el promedio de proyectos publicados en relación a los proyectos ingresados fue de un 32%, mientras en la década de 2000 esta relación bajó a un 23%. Tal como se observa en el gráfico, el aumento de proyectos ingresados no ha redundado en mayor publicación de proyectos.
Incluso, en el año 2011 se publicaron 72 proyectos, un 10% menos que el 2010. De ellos, un 65% fue presentado por el Ejecutivo.
¿Qué variable pueden incidir en la publicación de un proyecto de ley? De acuerdo a la información disponible, se pueden establecer ciertas relaciones para indagar en posibles factores que podrían determinar el éxito de un proyecto. En primer lugar, un factor determinante en la velocidad de aprobación de un proyecto de ley es el autor, los proyectos que son presentados por el Ejecutivo demoran menos de la mitad del tiempo de lo que tardan en ser aprobados los proyectos que son presentados por los parlamentarios. Desde 1990, en promedio, un proyecto presentado por el Ejecutivo es aprobado en 13 meses, mientras que los presentados por moción parlamentaria lo hacen en 31 meses.
El Ejecutivo, como sabemos, tiene las urgencias como principal herramienta para apresurar la tramitación de un proyecto de ley. Cuando un proyecto ha tenido ‘discusión inmediata’, su tramitación ha durado, en promedio, casi 6 meses, la mitad que para los proyectos que tuvieron suma urgencia. En el gráfico podemos apreciar que los proyectos que tuvieron urgencia simple demoran, en promedio, más meses en su tramitación que los que no tuvieron urgencias. Para explicar esto podemos plantear dos hipótesis: la primera, que ese tipo de urgencia no es efectiva debido a la prioridad que se le debe dar a los proyectos con suma urgencia y discusión inmediata y, la segunda, que la aplicación de la urgencia simple es sólo un mecanismo político que no tiene efectos reales en la velocidad de tramitación de una ley. Para cualquiera de estas dos explicaciones, se hace necesario revisar este tipo de urgencia como mecanismo para acelerar la tramitación de un proyecto de ley, pues la evidencia no demuestra que esto esté ocurriendo.
Como podemos apreciar en el gráfico a continuación, existe una tendencia que evidencia que las urgencias han sido cada vez menos efectivas, pues los meses de tramitación de los proyectos han ido aumentando a lo largo de los años por cada tipo de urgencia. Por eso, vale la pena preguntarse si ¿debe ser necesaria una revisión de los mecanismos por medio de los cuales el Ejecutivo asigna las urgencias a los proyectos de Ley?
Este balance nos permite apreciar tendencias relevantes que deben examinarse para mejorar la gestión legislativa. Ciertamente, el trabajo político tiene un ritmo especial que requiere que ciertas ideas se instalen, decanten y se asienten en modificaciones institucionales, pero al revisar ciertas tendencias en el largo plazo es posible identificar problemas en algunos mecanismos que pueden hacer más eficiente la tramitación de una ley. Se vuelve necesario, en este sentido, otorgarle a los parlamentarios mecanismos que les permitan acelerar la discusión de sus propios proyectos de Ley, como así también generar incentivos que promuevan la presentación de proyectos de ley que efectivamente se tramiten y no queden ‘durmiendo’ en el Congreso, como a veces sucede en temas relacionados a situaciones mediáticas. Por último, el mecanismo de urgencias, que se ha vuelto cada vez menos importante, debe ser perfeccionado para que la intencionalidad de tramitación de un proyecto de ley sea esclarecida y produzca los efectos deseados.
Se está hablando de reformas institucionales de gran escala, como las modificaciones al sistema binominal, por eso esperamos que estas modificaciones contemplen también una reingeniería de estos procesos, para así fortalecer nuestra democracia con un Congreso capaz de dar respuestas oportunas sin perder su necesario espacio de reflexión, diálogo y generación de acuerdos.
[1] Consideramos la legislatura 2011 como año calendario, con datos recogidos hasta el 12 de diciembre. Para todo el análisis no se consideran los proyectos de acuerdo
Fuente: El Mostrador
Por Marco Enríquez-Ominami.
La discusión en el Senado, sobre el proyecto de ley de TV digital debiera constituirse en la gran oportunidad para promover de cambiar nuestra televisión para que, como ocurre en muchos otros países, esta sea un espacio de enriquecimiento de los chilenos y no de un adormecimiento que sólo beneficia a quienes no quieren cambiar nada del estado de injusticia y desigualdad en que vive nuestro país.
No hay ninguna razón para que los chilenos estemos eximidos, excluidos de la inteligencia que puede muy bien combinarse en términos de oferta con lo que hoy se llama entretención. Esto fue planteado por diferentes instituciones que reclamaron la mantención de la gratuidad de la TV abierta y una reforma drástica de la manera en que hoy se entregan las concesiones, sin exigir mayores compromisos con un análisis de las cualidades técnicas y financieras del proyecto.
La TV es sin duda clave para nuestra democracia. Existe hoy el peligro que por la vía de negociaciones invocando la urgencia, se reparta el enorme potencial existente en grandes grupos económicos sin reservar para la cultura, la educación y los contenidos regionales suficiente espectro. Si así ocurre, en 10 años más para tener una frecuencia los interesados deberán comprarla a estos grandes grupos a precio de oro. Es ahora, entonces que debemos exigir que se apruebe una normativa que deje abierto el espacio para la lenta incorporación de interesado que no tienen grandes capitales, pero sí propuestas de contenidos de gran importancia para el país.
La Mesa Ciudadana por la TV digital ha planteado once puntos consensuados entre una serie de organizaciones, entre las cuales se cuenta el Colegio de Periodistas, ONG’s y el Observatorio de Medios (FUCATEL). De estos acuerdos puedo destacar los siguientes puntos:
- La existencia de un transportador público que tenga carácter nacional y que permita el acceso a la difusión a los proyectos que no tienen la posibilidad de invertir en grandes redes. Sin ir más lejos en la RM no hay espacio para más antenas y los propios operadores actuales proyectan usar una red en conjunto.
- Exigir que el CNTV otorgue las concesiones en audiencia pública y de acuerdo a criterios que garanticen diversidad en la oferta. Hoy el CNTV es un mero buzón de la decisión de la Subtel, es decir del Gobierno de turno. Si no se cambia esto, la selección la hará el Gobierno de Piñera.
- Cambio en la composición del Consejo Nacional de Televisión y de TVN, hoy cuoteados políticamente. Estos organismos deberían ser integrados por representantes de la sociedad civil, universidades, Colegio de Periodistas, ONGs, y otros.
- Un régimen de igualdad en la duración de las concesiones tanto para los ya existente como los nuevos.
- Garantías de que en cada región se reservará un 40% para la TV regional, local y comunitaria y además se reservará espectro para una TV cultural y otra educativa que pueda también integrar televisión de servicios, teleeducación, telemedicina y otros. Así lo hizo Brasil y estos dos grandes objetivos no pueden ser parte del paquete para la TV regional.
- La TV Digital debe ser gratuita y de libre acceso para todos los chilenos. Esta normativa establecerá las reglas del juego para un largo período de una realidad que nos sorprenderá con nuevos usos tecnológicos y nuevas posibilidades de financiamiento. Los parlamentarios no pueden legislar pensando en los problemas de financiamiento de los actuales operadores.
- La televisión comunitaria debe estar referida a comunidad de intereses y no necesariamente a su espacio geográfico y no tener fines de lucro.
- Los actuales canales comunitarios deberán ser reconocidos por la ley e incorporados al espectro electrónico destinado a éstos.
Sólo la presión de una ciudadanía bien informada podrá evitar que los actuales canales de TV se apropien del espectro, negando el espacio a nuevas propuestas televisivas
Por Francisco Luco.
Como si el fraude de La Polar, el cartel de las farmacias, el de los buses y la recientemente denunciada colusión de productores de pollos no bastaran, a fines de la semana pasada tuvimos la oportunidad de enterarnos, por medio de la prensa, de una particular diligencia judicial practicada en las oficinas centrales de cuatro supermercados, sin que tuviéramos oportunidad de conocer en detalle los fundamentos detrás de esta mediática acción. Sin embargo, ya todos parecemos sospechar la dirección en que tal situación apunta.
Todos estos fraudes a la fe pública y el mercado configuran un peculiar panorama que no deja de llamar la atención, si es contrastado con aquella mítica pero manoseada frase de antaño: “hay que dejar que las instituciones funcionen”.
He oído a más de algún político y analista vanagloriarse de que, ya que la intervención judicial en estos casos acontece tan pronto como los mismos son develados, nos enfrentaríamos a una irrefutable muestra de la eficiencia (o al menos suficiencia) con que nuestras instituciones operan. Sin embargo, dicha actitud autocomplaciente deja de tener sentido cuando nos preguntamos siquiera cómo es posible que en un país que se jacta de su estabilidad política, económica y social, puedan gestarse estas verdaderas mafias económicas durante años, a vista y paciencia de tantos (inclúyanse aquí tanto órganos públicos como actores privados).
Moviéndonos al vergonzoso caso de los productores de pollo, tuvo que transcurrir una década para que la FNE acusara. Luego, uno cuenta con el legítimo derecho de preguntarse si la tardía reacción de las autoridades para detectar estos delitos se debe a una falta de empeño y una debida diligencia en el ejercicio de sus funciones, a la falta de recursos o a la maestría con que los grandes actores del mercado han dominado las artes del fraude económico, que les permitirían camuflarse como verdaderos tigres en la jungla, sabiendo cuándo ocultarse y cuándo asechar a sus presas (aunque eventualmente terminen siendo cazados más tarde que temprano, no sin antes haberse engullido unos cuantos millones de ciervos).
Yendo ahora al caso de los supermercados, podría cuestionarse, incluso, cómo es posible tamaña falta de sentido común, cuando cualquier cristiano que durante años haya salido de su vivienda a comprar víveres podría dar fe de que los precios en los supermercados A, B y C suelen ser bastante similares (por decir lo menos), a pesar de la existencia de irrisorios ganchos comerciales del tipo “si B lo tiene más barato, le devolvemos su dinero”. Y si bien es cierto que el caso particular de los supermercados todavía permanece bajo un manto de dudas, tampoco sería de extrañar que en este sector comercial igualmente existiese un nuevo equipo de directivos ganadores que decidieron fraguar alguna forma de robo masivo.
Tampoco es menos cierto que todos nos comenzamos a sentir generales después de la batalla, con diputados indignándose, calificando de “tremendamente grave” la situación y gente diciendo implícitamente con sus miradas acusadoras “ya lo decía yo”; lo reconozco. Sin embargo, mientras tal actitud se limite a analistas, periodistas y comentaristas de pasillo, no creo que haya razón para alarmarse.
En cambio, a los funcionarios de la Administración, integrantes del poder judicial y legisladores se les exige más. Uno parte de la base –cierta o no– de que las personas instaladas en el Estado son las más capacitadas y competentes para el ejercicio de su cargo, y por ello es que se les pide, con justicia, que sean generales no sólo después, sino antes y durante la batalla. De lo contrario, nuestro aparentemente saludable y atrayente mercado decantará por un despeñadero sin precedentes.
Rentabilizando el incumplimiento de la ley
A pesar de lo anterior, creo que lo verdaderamente interesante es cómo todos estos casos de falsificación de cifras, colusión y otros –aún por probarse– delitos económicos configuran un sombrío panorama mayor; panorama que, extrañamente, no suscita más atención que las minucias que la prensa suele poner de relieve, como el decreto de prisión preventiva para Alcalde y compañía (entretenido para efectos de la galería, irrelevante para arribar a axiomas jurídicos y económicos que impidan la ocurrencia de estos eventos a futuro) o las relaciones de parentesco entre determinadas personas (como si este hecho por sí solo constituyera delito alguno).
Este panorama mayor al que hago alusión se refiere a la existencia en Chile de una verdadera cultura corporativa que atañe a lo que podríamos denominar “derecho a la desobediencia”, es decir, la posibilidad de que integrantes de directorios, presidentes ejecutivos y gerentes de grandes empresas contemplen el ser sancionados, y no obstante ello opten finalmente por infringir la norma en pos de generar algún cuantioso aumento de patrimonio. En pocas palabras se trata de un simple cálculo de rentabilidad: si se puede desobedecer la ley, asumiendo primero que no se va a ser descubierto, y luego –en caso de serlo– que resulta más plausible pagar una multa frente a las ganancias obtenidas previamente, entonces el costo es bajo y el plan debe ponerse en marcha de igual forma.
Jugando a la especulación mezclada con un poco de sociología, podría aseverar casi con una certeza religiosa que lo que se ha venido descubriendo durante los últimos tres años es apenas la punta del iceberg. Ese iluso e ingenuo concepto del “mercado perfecto” –más cerca de las quimeras y la teoría económica que de nuestro ordenamiento jurídico-económico en particular y sus componentes– no sólo no existe, sino que se ha visto desplazado por un mercado que podría calificarse, más que imperfecto, como aberrante; un mercado en donde, con seguridad, muchas más industrias de las que creemos cuentan en su haber con algún caso de colusión. ¿O a nadie le ha llamado la atención que las empresas del retail mantengan en la mayor parte de su oferta exactamente los mismos precios? Así, se podría vaticinar sin esfuerzo que durante los próximos años, casos como estos y salidos de los más diversos sectores del comercio seguirán aflorando.
Si estas situaciones recién salen a la luz y pueden desarrollarse con la total confianza y despreocupación de sus gestores durante años, pareciera entonces que definitivamente las instituciones no funcionan, o al menos Chile no es la sólida república camino al desarrollo que todos creíamos que era. El papelón vivido durante las horas siguientes al 27-F ya nos dejó en evidencia, desmitificando el absurdo de “los jaguares de Sudamérica”. Ahora, la existencia de un mercado en donde los jugadores grandes parecieran hacer lo que quieren, hace lo suyo poniendo en tela de juicio una vez más un conjunto de lugares comunes que ya todos estábamos dando por cierto y que nos mantenía tranquilos.
Por último, no quiero dejar de constatar que en la elaboración de esta diatriba no existe ánimo alguno de criticar la posición de uno u otro sector político, sino de más bien poner énfasis en cómo un sistema económico enfermo, más allá de las consideraciones políticas, traba el emprendimiento, limita la innovación y, en general, coarta la entrada de nuevos actores a los distintos sectores de la industria y el comercio, gestándose un verdadero oligopolio que al final sólo deriva en una tranca al desarrollo del mercado y, por extensión, al desarrollo de nuestro país.
Por Luis Pineda Pastrana
Una de las áreas de oportunidad dentro del sector gubernamental en donde el uso de las tecnologías de información puede tener un impacto positivo es en los archivos, un aspecto que reviste suma importancia si se pretende garantizar de manera eficiente y eficaz el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Al interior de las dependencias gubernamentales, la organización de sus archivos en muchas ocasiones se encuentra en un estado deplorable, en donde ni siquiera se cuenta con procesos que garanticen el resguardo de los documentos, un presupuesto asignado para la construcción y organización del mismo, personal capacitado en la materia ni mucho menos mecanismos físicos o tecnológicos para la búsqueda y recuperación de la información.
En el caso de la transparencia y el acceso a la información pública en México, por mencionar un ejemplo ilustrativo, las dependencias gubernamentales federales así como otros sujetos obligados a través de sus titulares, deben por Ley asegurar el adecuado funcionamiento de sus archivos, así como elaborar y poner a disposición del público una guía simple de su sistema de clasificación, catalogación y organización del mismo (artículo 32 LFTAIPG). De igual forma, dicha Ley menciona que las dependencias y entidades deben preparar la automatización, presentación y contenido de su información como también su integración en línea (primer vínculo inicial entre la necesidad de utilizar tecnologías de información en los archivos).
Para reforzar lo anterior, la Constitución Mexicana en su artículo 6º fracción V menciona que los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados. Sin embargo, al día de hoy, los profesionistas que a diario trabajan con la documentación de la información, siguen cuestionando en México la falta de la promulgación de una Ley Federal de Archivos, que debió haber salido a la luz antes que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (caso similar de Chile).
Su reclamo de estos profesionistas es muy claro: ¿cómo se pretende garantizar plenamente el acceso a la información por parte de los ciudadanos cuando no existe una regulación a nivel federal en materia de archivos?, y cuando a pesar de lo establecido en la Constitución y la Ley en la materia, los titulares de las dependencias en muchos casos no le han tomado la importancia que debiera, para lo cual dichos profesionistas exigen el reconocimiento de su labor, mayor presupuesto para el desempeño de sus funciones y sobre todo un cambio de mentalidad en los titulares de las dependencias gubernamentales para que valoren la importancia que reviste la organización, resguardo y consulta de los archivos institucionales.
La organización y el almacenamiento de la información y su posterior recuperación son dos aspectos que no pueden estar separados. Cuando una persona dentro de una dependencia gubernamental busca información, ésta previamente se debió de haber organizado y almacenado de cierta manera. Esto implica encontrar la mejor forma de representar esa información (la cual puede ser texto, imágenes, sonido, etc.) para que posteriormente pueda ser recuperada. De la calidad en que se realicen esas representaciones de la información y de cómo reflejen con precisión su contenido dependerá la eficacia de la recuperación de la misma. De igual forma, la dependencia debe de contar con un proceso interno que explique a los servidores públicos y que en una primera instancia debiera de existir, el sistema documental de la misma (hoy en día basado en tecnologías de información), la manera en que trabaja éste, explicando con claridad el flujo que tiene que seguir un documento desde que se crea, ya sea impreso o electrónico, la manera en cómo debe clasificarse y resguardarse, hasta el último paso que puede ser la destrucción del mismo.
En la era de la información y el conocimiento, los gobiernos deben dejar de tomar decisiones de manera unilateral y aprovechar los beneficios del uso e implementación de tecnologías de información que permitan construir espacios digitales que logren incrementar y motivar la participación ciudadana, permitir el escrutinio público de la sociedad, transparentar las funciones gubernamentales, establecer herramientas de acceso a la información a través de sistemas informáticos en Internet, facilitar la rendición de cuentas, entre otros, lo que contribuirá a la construcción y mejoramiento de la democracia de un país.
El no contar con lo anterior, representa una barrera para los ciudadanos que esperan de sus gobiernos la simplificación y reducción de costos parcial o total de los servicios que ofrecen así como de la consulta de información que es de su interés. Es ahí, independientemente que exista una regulación legislativa, donde radica la importancia de mantener archivos actualizados y organizados así como reconocer su necesaria y actual relación de interdependencia con estas tecnologías, ya que los mismos contienen información que en su momento serán de utilidad para que el ciudadano concrete algún tipo de trámite administrativo, se le brinde acceso a información solicitada por Ley de Transparencia así como preservar la memoria colectiva, en este caso de las dependencias gubernamentales.
Sin duda, los gobiernos en la actualidad ya se dieron cuenta que no basta con tener un gobierno on-line, sino que se debe de avanzar hacia la construcción de gobiernos interactivos, inter jurisdiccionales, conectados a los ciudadanos, trabajando de manera conjunta con los mismos para encontrar soluciones a los problemas de la sociedad, es decir, avanzar hacia la construcción y consolidación de un gobierno electrónico.
Anteriormente la información contenida en los archivos se encontraba de manera local y sólo la podían accesar o restringir cierto número de personas. Con la aparición de la web, la información ya no se encuentra centralizada, sino más bien dispersa a lo largo y ancho de la red de redes, lo que dificulta el saber en dónde específicamente se encuentra una información determinada. De igual manera, antes existía un control social de la información restringido ya que no se le permitía al ciudadano ejercer su derecho fundamental a la información.
Con la llegada del Internet, las tecnologías de la información y el cambio paulatino de mentalidad en la administración pública, orientada al reconocimiento de este derecho, empieza a darse un incremento en el control social de la información. La desventaja principal que se observa es la existencia todavía de una percepción equivocada de parte de los titulares de las dependencias gubernamentales quienes demeritan (o no aprecian) la importante actividad desempeñada por los profesionistas dedicados a la actividad documental, desconociendo que esa actividad es el eje central para garantizar entre muchas cosas, el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y la prestación de mejores servicios a estos.
Finalmente, podemos afirmar que son más los beneficios que se obtienen de la relación entre las tecnologías de información y los archivos: mejor administración de la información, creación de un sistema de información único, mayor seguridad tanto para el resguardo físico de los documentos así como informático, facilitan el derecho de acceso a la información, apoya las funciones de los profesionistas en actividades de tipo documental de las dependencias, elevando su productividad y principalmente se mejora la prestación de servicios.
