Por:
Marco Enríquez-Ominami – Presidente Fundación Progresa
Dr. Rodrigo Martínez Peric – Coordinador Programático de Salud – Fundación Progresa
La mayor parte de los estudios que comparan los precios de los medicamentos en el mundo, concuerdan en que existe una relación directa entre el valor de estos y el poder adquisitivo de cada país.
Esta regla general no se cumple en Chile, donde el valor de los fármacos es proporcionalmente mayor al ingreso promedio, y el consumo per cápita es significativamente menor, que en naciones de similar producto interno bruto. (Danzon, Furukawa: Prices and Availability of Pharmaceuticals: Evidence from nine countries, Knowledge@Wharton).
De los socios que integran el club de naciones neoliberales OCDE, nuestro país es el único, con una Autoridad Sanitaria sin las herramientas necesarias para certificar la calidad de los medicamentos y controlar su comercio.
El sobre precio de las medicinas en Chile, indudablemente castiga al segmento más vulnerable de la población. Mientras el sector acomodado realiza un gasto de farmacia menor al 2% del ingreso promedio familiar, este mismo ítem, puede significar alrededor del 11% de la entrada en un hogar de nivel socioeconómico bajo.
Esta indiscutible distorsión tarifaria local, tiene como responsable principal al propio Estado, que a comienzos de los 80, sentó las bases de un sistema articulado por una triada nefasta: libertad de precios, legitimación de un oligopolio abastecedor, y una autoridad incapaz de hacer cumplir una fragmentada y disfuncional normativa.
Durante la dictadura militar las farmacias fueron desvinculadas de la organización sanitaria, sometiéndolas a un ordenamiento de tipo económico comercial. Sin embargo, las condiciones existentes eran distintas de las actuales, pues existía un mercado comercializador abierto, y una Autoridad Sanitaria que contaba con un moderador tarifario de gran eficiencia: el Formulario Nacional del Laboratorio Chile; una canasta básica de medicamentos genéricos de primera calidad, a precios asequibles.
En los tiempos que siguieron, el Estado extravió el objetivo fundacional del Laboratorio Chile, transformándolo en un elaborador farmacéutico más, permitiendo que el sector de abasto, impulsado por los fondos de pensiones, adquiriera una concentración inaceptable.
El resultado era previsible…
El 92,5% del mercado farmacéutico chileno fue acaparado por 3 grandes cadenas comerciales, las que instauraron un mono formato de venta, en el cual los medicamentos fueron inmersos en una amplia gama de productos y servicios, que incluyeron desde cosméticos hasta comida chatarra; estacionamientos gratis y crédito automático, administrado por el mismo vendedor. Obviamente todos los incentivos fueron puestos en la venta de los productos rentables. La prevalencia de un criterio puramente comercial, provocó que algunos preparados farmacéuticos de gran efectividad, pero que representaban una menor ganancia para el vendedor, desaparecieran de la Farmacopea Nacional. Asimismo, la oferta de genéricos, fue artificialmente restringida para no perjudicar la venta de medicamentos de marca, lógicamente más rentables.
La antigua botica dio paso a unidades económicas donde todo puede ser transado. La venta selectiva de determinados productos farmacéuticos premia al vendedor que la efectuó. La tentación es grande, se cuenta con las bases de datos que relevan las enfermedades de las personas, los medicamentos que receta cada profesional, como también la capacidad crediticia de los enfermos.
Así fue como, a nadie provocó extrañeza que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) comprobara en tribunales (TLC) el alza concertada de al menos 206 productos farmacéuticos de primera necesidad, atentando en contra del derecho a la salud de millones de chilenos, eso si, haciendo blanco específico en las exiguas pensiones de los adultos mayores, que padecen enfermedades crónicas.
Ante esta indesmentible problemática nacional, que afecta la calidad y cantidad de vida de la mayor parte de país, el Ministerio de Economía ha propuesto una insólita solución, consistente en un proyecto de ley – al que dará suma urgencia – que busca disminuir el precio de los medicamentos, liberalizando su comercio. La medida solo incluiría a los fármacos que actualmente pueden venderse sin receta médica.
La iniciativa legal del Ejecutivo no deja de ser curiosa. Por una parte, proviene de una cartera ajena a la fijación de políticas de salud, y por la otra, es manifiestamente contraria a la tendencia mundial, que apunta a establecer un férreo control en la fabricación y comercialización de fármacos. De todas formas, aunque extraña, retrata fielmente la institucionalidad vigente, en la que la salud, un derecho constitucional primario, es primero un bien de consumo.
El libre comercio de medicamentos, aunque estos no requieran receta médica para su expendio, ciertamente agravará la realidad sanitaria del país, donde la automedicación es un problema endémico; y las intoxicaciones farmacológicas, accidentales o voluntarias, están a la orden del día. La liberalización de “los sin receta”, dificultará además la labor del fiscalizador, que deberá redoblar los esfuerzos en orden a controlar la naturaleza de los medicamentos expendidos, como también, tendrá que certificar si los locales de venta reúnen las condiciones necesarias para exponer y almacenar medicinas.
A esta altura, es lícito preguntarse si la liberalización comercial de los sin receta, evitará que debamos pagar por las medicinas, los precios más altos de Latinoamérica. A primera vista la solución parece tan irracional como el ordenamiento que regula al sistema farmacéutico en Chile. Más aun, si se considera que la solución propuesta no apunta a corregir los vicios principales, es decir, un sector de abasto monopolizado por las cadenas farmacéuticas, que funciona cartelizado con los laboratorios productores.
La entrada del retail al negocio farmacéutico fue intentada hace una década, con el más rotundo fracaso. No obstante representar un gran poder comprador, los supermercadistas no accedieron a las tarifas preferenciales que los laboratorios otorgaban a las cadenas farmacéuticas.
La problemática que afecta al mercado comercializador de medicamentos, no se solucionará convirtiendo los supermercados en farmacias, de hecho las farmacias ya estaban convertidas en supermercados…
¿No es sospechoso que ninguna de las grandes cadenas farmacéuticas se haya opuesto a la liberalización de los medicamentos sin receta?
Ninguno levantará la voz, pues el nivel de interrelación comercial entre supermercadistas y farmacias de cadena es tan fuerte, que un diferendo menor, como es la disputa por los medicamentos sin receta, no es motivo suficiente para generar un diferendo entre gigantes económicos. Recordemos que el Retail y las farmacias de cadena podrían considerarse primos hermanos, pues tienen a las Administradoras de Fondos de Pensiones como progenitores, y ambos exhiben al crédito como el elemento central de su gestión comercial. También utilizan una plataforma inmobiliaria común, donde indistintamente son arrendadores o arrendatarios el uno del otro, en fin, grandes socios comerciales.
Con el objeto de solucionar la problemática anteriormente descrita, economistas y especialistas en salud vinculados la Fundación Progresa, en una propuesta en la cual la Autoridad Sanitaria recuperaría, a través de la Cenabast un rol regulador en el mercado de los medicamentos, tal como lo realizó el Laboratorio Chile en su momento.
El cambio supone que la Central Nacional de Abastecimientos aprovechando su gran poder comprador, surta de un amplio listado de medicamentos genéricos bio equivalentes, a una cadena de “farmacias populares” emplazadas en hospitales públicos y centros de atención primaria. A estos puntos de distribución podrían añadirse las farmacias privadas independientes. El nuevo sistema de comercialización propuesto, persigue mejorar la oferta de medicamentos genéricos, corrigiendo la distorsión existente en el mercado, actualmente controlado por las farmacias de cadena. El modelo busca replicar la exitosas experiencias de otros abastos farmacéuticos, tales como las farmacias semiabiertas que manejan corporaciones privadas como la Conac y la Asociación de Enfermos Vasculares, que comercializan medicamentos a tarifas muy por debajo de los valores de mercado.
La pasada Reforma del 2005, convirtió a la salud en un derecho jurídicamente exigible por las personas. El cambio supuso, que el Estado avalaría el cumplimiento de las garantías en salud establecidas por la ley. Sin embargo, esto no pasará de ser una declaración de buenas intenciones, si nuestra Autoridad Sanitaria adolece de herramientas efectivas que permitan asegurar a la población un abasto farmacéutico a precios razonables, y los tratamientos médicos garantizados, no cuentan con medicamentos de calidad certificada.
Por Francisco Luco.
Como si el fraude de La Polar, el cartel de las farmacias, el de los buses y la recientemente denunciada colusión de productores de pollos no bastaran, a fines de la semana pasada tuvimos la oportunidad de enterarnos, por medio de la prensa, de una particular diligencia judicial practicada en las oficinas centrales de cuatro supermercados, sin que tuviéramos oportunidad de conocer en detalle los fundamentos detrás de esta mediática acción. Sin embargo, ya todos parecemos sospechar la dirección en que tal situación apunta.
Todos estos fraudes a la fe pública y el mercado configuran un peculiar panorama que no deja de llamar la atención, si es contrastado con aquella mítica pero manoseada frase de antaño: “hay que dejar que las instituciones funcionen”.
He oído a más de algún político y analista vanagloriarse de que, ya que la intervención judicial en estos casos acontece tan pronto como los mismos son develados, nos enfrentaríamos a una irrefutable muestra de la eficiencia (o al menos suficiencia) con que nuestras instituciones operan. Sin embargo, dicha actitud autocomplaciente deja de tener sentido cuando nos preguntamos siquiera cómo es posible que en un país que se jacta de su estabilidad política, económica y social, puedan gestarse estas verdaderas mafias económicas durante años, a vista y paciencia de tantos (inclúyanse aquí tanto órganos públicos como actores privados).
Moviéndonos al vergonzoso caso de los productores de pollo, tuvo que transcurrir una década para que la FNE acusara. Luego, uno cuenta con el legítimo derecho de preguntarse si la tardía reacción de las autoridades para detectar estos delitos se debe a una falta de empeño y una debida diligencia en el ejercicio de sus funciones, a la falta de recursos o a la maestría con que los grandes actores del mercado han dominado las artes del fraude económico, que les permitirían camuflarse como verdaderos tigres en la jungla, sabiendo cuándo ocultarse y cuándo asechar a sus presas (aunque eventualmente terminen siendo cazados más tarde que temprano, no sin antes haberse engullido unos cuantos millones de ciervos).
Yendo ahora al caso de los supermercados, podría cuestionarse, incluso, cómo es posible tamaña falta de sentido común, cuando cualquier cristiano que durante años haya salido de su vivienda a comprar víveres podría dar fe de que los precios en los supermercados A, B y C suelen ser bastante similares (por decir lo menos), a pesar de la existencia de irrisorios ganchos comerciales del tipo “si B lo tiene más barato, le devolvemos su dinero”. Y si bien es cierto que el caso particular de los supermercados todavía permanece bajo un manto de dudas, tampoco sería de extrañar que en este sector comercial igualmente existiese un nuevo equipo de directivos ganadores que decidieron fraguar alguna forma de robo masivo.
Tampoco es menos cierto que todos nos comenzamos a sentir generales después de la batalla, con diputados indignándose, calificando de “tremendamente grave” la situación y gente diciendo implícitamente con sus miradas acusadoras “ya lo decía yo”; lo reconozco. Sin embargo, mientras tal actitud se limite a analistas, periodistas y comentaristas de pasillo, no creo que haya razón para alarmarse.
En cambio, a los funcionarios de la Administración, integrantes del poder judicial y legisladores se les exige más. Uno parte de la base –cierta o no– de que las personas instaladas en el Estado son las más capacitadas y competentes para el ejercicio de su cargo, y por ello es que se les pide, con justicia, que sean generales no sólo después, sino antes y durante la batalla. De lo contrario, nuestro aparentemente saludable y atrayente mercado decantará por un despeñadero sin precedentes.
Rentabilizando el incumplimiento de la ley
A pesar de lo anterior, creo que lo verdaderamente interesante es cómo todos estos casos de falsificación de cifras, colusión y otros –aún por probarse– delitos económicos configuran un sombrío panorama mayor; panorama que, extrañamente, no suscita más atención que las minucias que la prensa suele poner de relieve, como el decreto de prisión preventiva para Alcalde y compañía (entretenido para efectos de la galería, irrelevante para arribar a axiomas jurídicos y económicos que impidan la ocurrencia de estos eventos a futuro) o las relaciones de parentesco entre determinadas personas (como si este hecho por sí solo constituyera delito alguno).
Este panorama mayor al que hago alusión se refiere a la existencia en Chile de una verdadera cultura corporativa que atañe a lo que podríamos denominar “derecho a la desobediencia”, es decir, la posibilidad de que integrantes de directorios, presidentes ejecutivos y gerentes de grandes empresas contemplen el ser sancionados, y no obstante ello opten finalmente por infringir la norma en pos de generar algún cuantioso aumento de patrimonio. En pocas palabras se trata de un simple cálculo de rentabilidad: si se puede desobedecer la ley, asumiendo primero que no se va a ser descubierto, y luego –en caso de serlo– que resulta más plausible pagar una multa frente a las ganancias obtenidas previamente, entonces el costo es bajo y el plan debe ponerse en marcha de igual forma.
Jugando a la especulación mezclada con un poco de sociología, podría aseverar casi con una certeza religiosa que lo que se ha venido descubriendo durante los últimos tres años es apenas la punta del iceberg. Ese iluso e ingenuo concepto del “mercado perfecto” –más cerca de las quimeras y la teoría económica que de nuestro ordenamiento jurídico-económico en particular y sus componentes– no sólo no existe, sino que se ha visto desplazado por un mercado que podría calificarse, más que imperfecto, como aberrante; un mercado en donde, con seguridad, muchas más industrias de las que creemos cuentan en su haber con algún caso de colusión. ¿O a nadie le ha llamado la atención que las empresas del retail mantengan en la mayor parte de su oferta exactamente los mismos precios? Así, se podría vaticinar sin esfuerzo que durante los próximos años, casos como estos y salidos de los más diversos sectores del comercio seguirán aflorando.
Si estas situaciones recién salen a la luz y pueden desarrollarse con la total confianza y despreocupación de sus gestores durante años, pareciera entonces que definitivamente las instituciones no funcionan, o al menos Chile no es la sólida república camino al desarrollo que todos creíamos que era. El papelón vivido durante las horas siguientes al 27-F ya nos dejó en evidencia, desmitificando el absurdo de “los jaguares de Sudamérica”. Ahora, la existencia de un mercado en donde los jugadores grandes parecieran hacer lo que quieren, hace lo suyo poniendo en tela de juicio una vez más un conjunto de lugares comunes que ya todos estábamos dando por cierto y que nos mantenía tranquilos.
Por último, no quiero dejar de constatar que en la elaboración de esta diatriba no existe ánimo alguno de criticar la posición de uno u otro sector político, sino de más bien poner énfasis en cómo un sistema económico enfermo, más allá de las consideraciones políticas, traba el emprendimiento, limita la innovación y, en general, coarta la entrada de nuevos actores a los distintos sectores de la industria y el comercio, gestándose un verdadero oligopolio que al final sólo deriva en una tranca al desarrollo del mercado y, por extensión, al desarrollo de nuestro país.
Por Marco Enríquez-Ominami
Siguiendo una de las frases geniales de Cantinflas, en política hay que actuar simultánea y sucesivamente: saber visualizar el momento coyuntural y la concepción de la meta a la cual se pretende llegar.
Hoy estamos en el momento en que se manifiesta una crisis radical de modo de vida, de modelo político, de concepción de mercado que, seguramente, terminará en la construcción de nuevos paradigmas, ahora apenas perceptibles. Es la vieja lucha entre lo que caduca – no quiere morir – y lo nuevo que puja por nacer, según lo describiera Antonio Gramsci. Esta dialéctica es la característica esencial de una coyuntura que yo denomino “refundacional”.
La actual crisis no es ninguna novedad y se está convirtiendo en la más radical que haya conocido el capitalismo financiero de mercado: en pocos días, la crisis de deuda pasa – de Portugal, Gracia e Irlanda, a España, Italia y, ahora, a Francia – ; la tasa de riesgo de los bonos rápidamente llega al 7% y, en el caso de Francia a más del 3%: Esta exigencia del mercado es insostenible más allá de tres a seis meses para los países deudores, por consiguiente, para salvarse a Europa sólo le resta una carta: la intervención del Banco Central europeo devaluando el Euro en forma drástica y emitir dinero a raudales, tal cual lo hiciera Ben Bernanke en Estados Unidos; de no permitir Alemania este paso, lo más posible es que se produzca una cadena de quiebres bancarios a nivel mundial.
No se trata de hacer pronósticos apocalípticos – una especie de fin del mundo del calendario maya – sino que de captar, con precisión, lo que ocurre simultáneamente; aun cuando es falso el axioma de los deterministas marxistas, en el sentido de que la vida material condiciona la superestructura, en cierto grado la idolatría del mercado está conduciendo a un esquema nunca pensado por el más estúpido del sectarismo materialista. Los países europeos en crisis, antaño han sido el modelo de los sistemas políticos parlamentarios y de los partidos surgidos de la posguerra – Socialdemocracia y Democracia Cristiana - . Es cierto que el caso de Italia y Francia, el derrumbe de los partidos del siglo XX se ha anticipado a la actual caída de la zona Euro.
Volviendo a los conceptos de Cantinflas, lo “simultáneo y sucesivo”, pienso que los Progresistas debemos captar, en toda su profundidad, las características de la crisis de paradigma actual, que es chilena y global, como nunca, adquieren actualidad todos los temas constituyentes de una refundación republicana:
- Una Asamblea Constituyente
- La recuperación de nuestras riquezas naturales que, afortunadamente, la han puesto en tapete la prepotencia de Anglo American
- Un cambio radical en las cargas públicas: el tema de los impuestos, como lo he dicho repetidas veces, constituye un indicador de compromiso con el país – no sólo se refiere a la recaudación, sino también a la ética de la responsabilidad –
- Educación, salud y vivienda dignas e igualitarias y, sobre todo, liberadas del Leviatán del mercado desregulado
- Reformas políticas: eliminación del binominal, inscripción automática, voto voluntario, sufragio de los chilenos en el extranjero, federalismo, parlamento unicameral, Primer Ministro, responsable ante la Cámara y reforma del sistema de partidos políticos
- Reposición del rol del Estado como regulador del mercado.
Todas estas medidas son tareas simultáneas y urgentes para los Progresistas y, en lo sucesivo visualizando, desde ahora, un Chile libre de la peste indigna de la miseria y poniendo fin a la segregación de nuestra sociedad elitista y racista.
Por Francisco Salinas
No sé si a ustedes les pasa, pero me parece que por estos días nuestro país es un lugar amargo. Un país con poca alegría, apático, sin ganas de sonreír. Lo único que revierte esta situación es un partido de la selección chilena.
Algunos dirán que es porque el Gobierno no los interpreta – ¿Tanto importa quién esté en La Moneda cómo para cambiar nuestro día a día? –; otros dirán que es porque no hay oportunidades de surgir (desempleo junio – agosto 7,4%); los más tecnológicos dirán que los comentarios que reciben en su Timeline de twitter los tienen mal; otros que no pueden comprar todo lo que quisieran para ser “felices”… Razones hay muchas, pero que los chilenos estamos apáticos, mal genio, incómodos, se ve con salir a la calle. Tal vez por lo mismo se espera con tanta esperanza que juegue y gane nuestro equipo de fútbol.
Más que buscar razones individuales, al parecer las razones suelen ser colectivas (sí, colectivas, algo que traspasa el “yoismo” tan común por estos días) y tienen que ver con algo llamado cultura. Cultura no sólo entendida como obras de teatro, el ballet o la Feria del Libro, sino más bien como la forma en que nos relacionamos, pensamos y actuamos con nuestro entorno. Y la razón principal de este desgano generalizado tiene que ver con la crisis que viven los factores que determinan la cultura, o sea, los factores que van modelando nuestra forma de vivir en sociedad.
El primero es la familia. Partiendo por la disgregación de “vidas” que existe en cada casa, se ve cómo cada integrante de la familia prefiere estar en “sus asuntos” antes que compartirlos con sus más cercanos. Su debilitamiento provoca tener niños sin un ambiente propicio para su desarrollo (muchos dirán que hay pésimos ejemplos, y claro que los hay, pero vamos por la generalidad y el ideal) y sin un objetivo claro de querer formar ellos mismos su misma familia, al no tener la posibilidad de conocer un hogar con mayúscula. Es decir, se ve en el horizonte un problema aún mayor.
Luego, los medios de comunicación. Sí, los medios, que se toman la mayoría de nuestro tiempo de ocio, y que informan y nos ponen en común los temas que ocurren en nuestra patria. Aquí el gran tema es la televisión, el principal medio integrador que tenemos. “Es verdad porque lo vi en la tele” es la frase que los chilenos decimos y escuchamos con más frecuencia que la que nos damos cuenta. La TV nos muestra una sociedad desunida, con olas de asaltos y violaciones, con modelos de jóvenes que pasan toda la tarde bailando o haciendo el ridículo con el sueño de ser “famosos”. ¿A eso aspiramos? ¿Qué le queda al joven que ha soñado toda su niñez y juventud con aparecer en la TV? ¿Para qué? ¿Qué se logra? Edmundo y tantos otros nos pueden contar su experiencia.
Algo similar es lo que ocurre con el mercado. El mismo que nos llama a encontrar la felicidad inmediata, una felicidad vacía y guiada por el “tener más cosas” como diagnosticara casi proféticamente Coco Legrand hace varios años en una de sus rutinas. ¿No nos quedó claro con La Polar que estamos dispuestos a gastar más de lo que ganamos… no sólo en un mes, sino casi en un año? Muchos pueden decir que la mayoría no tiene educación económica, pero ¿dónde queda la ética de los señores del mercado? ¿Cómo se va a culpar al papá que quiere comprarle la primera bicicleta a su hijo?, ¿Cómo hacemos para tener un sistema financiero más humano y que apele a cubrir las necesidades básicas y a satisfacer las otras en su justa medida?
Para terminar, me parece que los otros factores que determinan la cultura, son los más desprestigiados a la vista de todos: la política y la educación. Para cualquier argumento reafirmando estas dos crisis hay columnas y material por doquier.
En definitiva, no podemos hacer que la “La Roja” juegue todos los días (sino ahí sí que Alexis se lesiona más todavía), y cómo no podemos seguir en este ambiente hostil y vacío, creo que llegó el momento de actuar, de mejorar los factores que modelan la cultura, y así no tener alegrías pasajeras como nos ofrecen los medios o el mercado, sino una alegría plena, sostenida y que nos permita volver a levantarnos cada día con una sonrisa. Y eso sólo es posible con personas comprometidas con trabajar en ello, dispuestas a dedicar más que su par de horas libres a la semana. Y con alegría, sino el remedio es peor que la enfermedad.
