Por Ítalo Álvarez.
Al analizar en la actualidad la situación del lobby en Chile vemos que, a diferencia de otros países, en el nuestro no existe un registro público de lobistas, no existe trasparencia en las conversaciones entre alguna autoridad y quienes realizan la actividad del lobbying, no se sabe, al menos que exista alguna denuncia, si hubo lobby ante determinada discusión parlamentaria o incluso en la decisión que concierne al consejo municipal de alguna comuna.
Pero en concreto ¿Dónde está la paradoja? Bueno, la respuesta es sencilla y se encuentra en el boletín 3407 que ingresó al legislativo en noviembre del año 2003. Su ingreso nace de la imperante necesidad de regular esta actividad, y luego de un largo periplo por ambas cámaras se logró aprobar. Así, todo marchaba bien, sólo era cosa de que en el ejecutivo le pusieran la firma… lo que no paso, por el contrario, fue “victima” del veto presidencial el año 2008, y así hoy nos encontramos sin una regulación, cuando pudimos haberla tenido en vigencia desde hace ya unos cuantos años.
En términos simples el lobby una acción destinada a influir en la decisión de algún cuerpo de gobierno (sea este central, regional o local) o congreso, esto por medio de una estrategia comunicacional desde un grupo particular con el objetivo de que las decisiones que se tomen en lo público sean de interés para el grupo que busca influir en ella, esta acción se puede llevar a cabo por el mismo interesado, o por un tercero que se dedique a la realización de la actividad, un profesional del lobby.
Ahora bien es necesario hacer una diferenciación, y dice relación con el lobby y el tráfico de influencias; ¿tiene que ver una con otra?
En origen, no tienen porque relacionarse, pero la falta de regulación puede producir ciertas uniones. El lobby implica una estrategia comunicacional para obtener el beneficio en la toma de decisiones, mientras que el tráfico de influencia, en cambio, busca un intercambio de favores, beneficios o privilegios de carácter privado, entre el actor privado y el funcionario público, para que realice un uso o incluso abuso de sus atribuciones para favorecer al actor privado. En síntesis, podemos señalar que el Lobby excluye tanto el intercambio, insinuación u oferta de algún tipo de beneficio, regalía o ventaja, el lobby no puede incluir algún tipo de amenaza o anuncio de medidas perjudiciales para el funcionario que recibe al lobista.
Al no existir una regulación para la actividad de lobbying, resulta difícil saber cuántos son, cuáles son sus intereses, bajo qué condiciones se reúnen con los funcionarios públicos (diputados, senadores, subsecretarios, ministros, alcaldes o hasta concejales), ni menos poder asegurar que no se da el temido tráfico de influencias. Es quizás por esta misma razón que la primera impresión de una persona al escuchar “el lobby en esta materia es muy fuerte” lo asocia de inmediato a una acción negativa en donde se cuadran según ciertos favores, pero debemos salir de esa primera impresión, puesto que el lobby no es en sí misma una mala acción; si bien representa algunas contrariedades y desventajas para el ciudadano “de a píe”, por ejemplo puede amenazar el principio de igualdad de oportunidades, amenazar también el deber del Gobierno en cumplir con el bien general (puesto que podría beneficiar a un particular o a unos pocos), pero también presenta ventajas, como entregar mayor información a quienes toman decisiones, agilizar el intercambio de información entre la autoridad pública y el grupo de interés organizado.
Respecto a la regulación del Lobby, son variados los ejemplos que se pueden comentar, el primer intento por regularlo lo podemos encontrar en Estados Unidos, en donde se crea un registro de lobistas exigiendo a estos su inclusión (1876), lo que se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo incluyendo al registro una ley de divulgación de las actividades en las cuales se practica la actividad (http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-24.0971900095/pdf/correccionsactloobyeeuu.pdf ), en Inglaterra y Escocia no existe un registro exhaustivo como en otros países, pero ellos optaron por la creación de un código que les regula, algol así como una ética del lobbying, que es obligatoria para quienes se asocian a asociaciones que se encargan de implementar el código (es un funcionamiento similar al de los colegios profesionales). En Canadá existe un acta de registro del lobistas (http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-24.0971900095/pdf/leycanada.pdf ) en Perú está la ley n°28024, normativa que regula la gestión de intereses en la administración pública, y que a su vez encuadra la actividad del lobby (http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-24.0971900095/pdf/leyperu.pdf ).
En Chile desde el 2008 no existió ningún avance, el veto que se presento no significo la presentación de un nuevo proyecto, solo en enero del 2012 el actual Gobierno por medio del Ministro Larroulet, hizo el anuncio que presentaría un proyecto que buscaría regular el lobby, y hasta la fecha del anuncio (5 de enero) se encontraban “consensuando” con diferentes conglomerados políticos su concreción (Gobierno de Chile, 2012).
Al día de hoy, el anuncio del Gobierno aún no se concreta, aún no existe una regulación de la actividad en cuestión, aún no podemos saber en qué materias se realiza la actividad (solo lo podemos elucubrar), seguimos en ascuas si hay tráfico de influencias… así seguiremos siendo lo mismo, más que un “paraíso del lobby”, lo denominaría “la selva del lobby”, donde se confunden los intereses políticos con los económicos, y no podemos hacer mucho por terminar con ello, quizás podría servir hacer algo de lobby para que esta situación al fin termine.
Por Francisco Luco.
De la falta de conocimientos técnicos (o “el puente vale callampa”)
Un recordado y bochornoso episodio de nuestra historia política, que transita entre lo gracioso y lo deprimente, fue el “traspié” que sufrió el ex ministro de defensa Jaime Ravinet al pronunciar en el Congreso Nacional, a principios de 2011, las palabras mágicas: “el puente vale callampa“.
Con una desafortunada elección de términos que acabarían costándole el cargo, lo que el antiguo secretario de Estado buscaba transmitir era que la importancia del famoso puente mecano per se –a propósito del escándalo que rodeaba su compra– era secundaria, pues lo relevante, al tratarse de una compra militar efectuada en conformidad a la Ley Reservada del Cobre, era que aquella no podía someterse a los mismos estándares de transparencia que se exigen por regla general y de forma transversal en la Administración Pública. Por otra parte, el Consejo para la Transparencia –aseveraba Ravinet– no contaba con la competencia ni el conocimiento técnico necesario para determinar si dicho artefacto realmente podía incorporarse o no al beneficio de esa verdadera burbuja en materia de transparencia que implica la seguridad nacional.
El problema, sin embargo (y probablemente por esto mismo creo que la tesis no resultaba del todo válida), era que Ravinet se quedaba corto en sus razonamiento, ya que así como el Consejo para la Transparencia no contaba con los conocimientos tecnológicos y militares necesarios para determinar si el puente mecano realmente revestía o no alguna importancia para la seguridad nacional, tampoco cuentan con el conocimiento técnico necesario los parlamentarios frente a muchos de los proyectos de ley que deben discutirse cada semana (lo que debería verse suplido, en teoría, por la presencia en las salas de expertos en las distintas materias que se abordan), ni cuentan los miembros del Poder Judicial con los conocimientos técnicos necesarios para referirse muchas veces a situaciones de hecho que son entregadas a su jurisdicción y que escapan tanto del conocimiento de un ciudadano de a pie como del de un magistrado (lo que debería verse suplido, en teoría por la presencia de peritos).
Esto, por sí solo, no es criticable. Desde luego, jueces y legisladores no pueden saberlo todo, y por ello es que deben contar permanentemente con la asesoría técnica o científica que la situación demande. Sin embargo, por el bien de la discusión política y social del país, y para evitar que ésta siga cayendo a toda velocidad a un pozo de lugares comunes, sinsentidos y aseveraciones tajantes pero carentes de fundamento, sería deseable que tanto jueces como legisladores y –por qué no– ciudadanos de a pie realicen un esfuerzo un poco más concienzudo por aprender y argumentar, de manera que realmente sepan de lo que están hablando.
La joya del Poder Judicial en el caso Atala
Esta repentina apelación a la obligación de jueces y legisladores por saber de qué diablos están hablando me nace, no obstante, a raíz de un suceso mucho más reciente –y quizá más polémico– que el ya arcaico episodio de Ravinet. Me refiero a la resolución pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala.
En ella, evadiéndose los aspectos más sustanciales de la controversia jurídica sometida al conocimiento de la justicia chilena, la Corte Interamericana se limitó a hacer notar la discriminación en que el Estado incurrió al considerar la condición sexual de Karen Atala a efectos de privarle de la tuición de sus hijas y determinar su falta de idoneidad en la crianza de las menores.
El resumen de la resolución me llamó la atención en lo personal, sin embargo, por una razón bastante más particular. Para explicarlo de mejor forma, me valdré de una cita textual, de la primera decisión pronunciada del Juzgado de Menores de Villarrica, que hace la propia Corte Interamericana en su resolución:
“que […] la demandada haciendo explícita su opción sexual, convive en el mismo hogar que alberga a sus hijas, con su pareja, […] alterando con ella la normalidad de la rutina familiar, privilegiando sus intereses y bienestar personal, por sobre el bienestar emocional y adecuado proceso de socialización de sus hijas”.
Que lo anterior implica una discriminación o consideración en exceso ortodoxa, ajena a la visión moderna que –suponemos– debería imperar frente el concepto de familia en un sentido amplio, está fuera de discusión. No porque crea que de hecho es así, sino porque, sencillamente, no resulta tan relevante para efectos de lo que quiero destacar.
Lo que me parece aberrante, por sobre cualquier potencial discriminación o interpretación errónea del Derecho en que se haya incurrido, es la ligereza y facilidad con que un tribunal de la república, parte integrante del Poder Judicial –y, ergo, pilar fundamental del Estado de Derecho– se permite hacer aseveraciones fácticas sin sustento probatorio y, peor aún, científico alguno.
La falta de pruebas que acredite que el cuidado de las hijas de Karen Atala por cuenta de esta última y su pareja lesbiana producirían alguna clase de detrimento “sobre el bienestar emocional y adecuado proceso de socialización” de las niñas es un asunto probatorio, concerniente al Derecho. Pero lo que sorprende realmente no es cómo durante todo el recorrido judicial del caso se prescindió de cualquier prueba para fundamentar la aseveración anterior en el caso particular, sino cómo se omitió cualquier evidencia científica a la hora de expresar una frase tan asertiva, en que parece esbozarse una especie de comprobado axioma o principio general de la psicología infantil.
En efecto, la lectura de esta curiosa resolución deja entrever que el tribunal arribó a esta conclusión con la misma liviandad y libertad que nos podemos permitir al afirmar hechos físicos evidentes y que no demandan hoy por hoy comprobación alguna, como la existencia de la ley de gravedad o el hecho de que la Tierra no es cuadrada.
Luego, cabe preguntarse: ¿en qué clase de estudios previos se respaldó esta resolución –y también la posteriormente pronunciada por la Corte Suprema– al sostener que “el bienestar emocional y adecuado proceso de socialización” (nótese la especificidad de la sentencia) de los niños se ven afectados por la crianza de una pareja homosexual? Sin ánimo de entrar a discutir la veracidad de la frase, lo fundamental es que una aseveración de esa entidad requiere, sino la existencia de pruebas concretas para el caso, al menos un respaldo metodológico que permita fundamentar su existencia como regla o principio general de alguna ciencia (en este caso psicología)
Del genio judicial al genio legislativo
El problema planteado, en todo caso, no es privativo de nuestro Poder Judicial.
Menos feliz es la historia cuando se examinan los proyectos de ley que semana a semana deben discutirse en el Congreso. Con diputados y senadores que muchas veces ignoran las materias sobre las cuales deben legislar –por no decir que carecen derechamente de todo conocimiento técnico–, los honorables se ven obligados a recurrir a especialistas que, sin embargo, no siempre parecen ser escuchados.
Reitero que el hecho de tener que recurrir a expertos para conocer de mejor forma las materias sobre las que debe legislarse no es algo, por sí solo, reprochable. Pero el panorama se torna especialmente patético cuando se trata ya no de discusiones en sala, sino de opiniones o declaraciones realizadas a la prensa en el marco de la que sea la polémica social o política de turno, gestándose así una cultura del show mediático en la política chilena donde, de nuevo, cualquiera dice lo que quiere con absoluta falta de argumentos empíricos en sus aseveraciones.
Pero lo peor ocurre cuando, en los más diversos asuntos, se comienzan a cimentar mitos que poco a poco van dándose por ciertos y cuya veracidad malamente se cuestiona por la ciudadanía.
Por de pronto, otro ejemplo de esta tendencia (en un ámbito completamente alejado del caso Atala, eso sí, aunque me acordé de él precisamente a raíz de la necedad mostrada en el caso anterior) dice relación con el fenómeno de la piratería. Así, durante mucho tiempo el lobby de la industria del entretenimiento, principalmente en Estados Unidos, contribuyó a la distribución de estadísticas escandalosas que cada año se hacen eco en publicaciones periodísticas de todas partes, de manera que no es extraño encontrarse con “estimaciones” del FBI u organizaciones internacionales en que nos enteramos, por ejemplo, de que año a año se pierden miles de millones de dólares en tal o cual país, o que el nuestro pasó de estar en la mitad del ranking internacional de piratería a estar entre los últimos puestos.
Lo cierto en este último caso es que, en un informe de 2010, elaborado nada menos que por la United States Government Accountability Office, se constató que estos números resultan ser, en el peor de los casos, derechamente falsos, y cuando no lo son, su dimensión resulta tan vaga y ambigua que termina sujetándose prácticamente al amplio arbitrio de quien se encuentre detrás de las “estimaciones”. Por otra parte, un estudio encargado por el gobierno británico a un grupo independiente de expertos, y cuyas conclusiones fueron recogidas en 2011 en el llamado Informe Hargreaves, demostró, esta vez con una metodología y trabajo riguroso de análisis detrás, que la evidencia empírica, contra la intuición y los mitos que se han venido profiriendo durante años en el marco de la llamada batalla contra la piratería, era otra.
Este segundo ejemplo ilustra la facilidad e impunidad con que las autoridades del Estado muchas veces pueden realizar afirmaciones que de una u otra manera influyen en los gobernados, pero rara vez cuentan con una buena argumentación y comprobación empírica detrás que las respalde. Así, esta falta de rigurosidad y carencia de metodologías deja de ser una molestia menor, anécdota o simple motivo de burla desde el momento en que tales afirmaciones derivan directamente en la dictación de sentencias judiciales (en el primer ejemplo, sentencias discriminatorias o carentes de cualquier lógica) y la elaboración de leyes (en el segundo ejemplo, leyes cada vez más severas, invasivas y atentatorias contra los derechos fundamentales).
Hoy en día, cuando todas las instituciones del Estado parecen atravesar una crisis de confianza y credibilidad, parece más necesario que nunca recordar esos olvidados fundamentos del método científico que se nos inculcan ya durante la enseñanza básica, y recordar que todo fenómeno sobre el que nos pronunciamos a favor o en contra, sobre todo si ostentamos algún cargo público, deben ser comprobados. Sino, la creación de leyes y el pronunciamiento de sentencias se transforma en un festín carente de toda racionalidad que en nada contribuye al desarrollo de una sociedad. De esta forma evitamos también, de paso, que el Poder Judicial esboce teorías psicológicas, sin evidencia, en forma de resoluciones, y que nuestros legisladores aprueben un tratado multilateral que muy posiblemente acabe criminalizando una actividad cuyas consecuencias tampoco han sido probadas.
Por Álvaro Castañón
Hace algunos años, en nuestro país teníamos toda una institución de la reparación doméstica: los“maestros chasquilla”. Estos versátiles personajes eran una verdadera caja de sorpresas, pues en base a la experiencia de la vida, o al “echando a perder se aprende”, ”le hacían” a la pintura, gasfitería, jardinería y quizás hasta leían el Tarot. Sus habilidades eran múltiples, y conforme a las preguntas del cliente eran más y más.
Con el paso de los años, la sociedad ha ido evolucionando hacia una especialización en los rubros. Por un trabajo se paga un sueldo, y eso conlleva una serie de cláusulas de exclusividad, horario y competencias.
Pero hay un lugar donde los años no pasan, y no es la Tierra de Nunca Jamás. Es nuestro Congreso Nacional, donde la realidad es muy distinta.
105 de nuestros 158 parlamentarios poseen actividades comerciales -como sociedades e inversión en acciones- de forma paralela a su trabajo legislativo. Para muchos ciudadanos quizás esto sea una sorpresa, pero ha sido una constante histórica, la función legislativa ha sido considerada siempre como una de las varias habilidades “a las que le hacen” nuestros representantes, en un mismo tiempo.
El problema que se presenta, cuando aceptamos que nuestros legisladores van de paso y, por ende, pueden mantener nexos con sus negocios, actividades académicas o profesionales, son los conflictos de intereses. Entendido como una relación de “tironeo” entre “lo público” del trabajo legislativo, y “lo privado” de sus negocios paralelos.
Pero hasta aquí al parecer no ha existido motivo de escándalo.
La solución fue entregada por la ley hace no más de 12 años. Una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional introdujo un artículo muy específico; el 5 letra B. Dicha norma se refiere a los conflictos de intereses, limitando la presentación de mociones y promoción de proyectos de ley donde el parlamentario tenga sus negocios personales. El mismo artículo, establece la prohibición de votar asuntos que se vinculen con los intereses privados.
Declarados los intereses y patrimonios de nuestros legisladores, nosotros como ciudadanos deberíamos tener la tranquilidad de saber cuál es la gama de intereses y habilidades financieras de nuestros representantes populares. Con este conocimiento, sería claro identificar cual parlamentario no está dando cumplimiento a la ley.
El problema es que nunca ha existido una herramienta de fiscalización ciudadana que permitiera hacer el cruce entre los proyectos en tramitación y los intereses de los parlamentarios. Con ello, descubrir las situaciones que atentan contra le ley y que podrían repercutir en un posible conflicto de interés era casi imposible. Ahora sí podemos escandalizarnos.
La Fundación Ciudadano Inteligente desarrolló su aplicación el “Inspector de Intereses” que entrega la información cruzada desnudando a los que cumplen con el Artículo 5 letra B, y los que no.
Pero el “Inspector de Intereses” no sólo nos ha clarificado la situación “declarada” y que finalmente se encontraba a disposición de los ciudadanos (o del ciudadano que se tome unos meses para procesarla), sino que también nos develó una situación preocupante: Tenemos políticos chasquilla.
El político chasquilla es aquel que más allá de sus habilidades financieras declaradas, tiene otras no declaradas. La oportunidad hace el negocio, y eso al parecer lo saben muy bien 32 parlamentarios, quienes no declararon participaciones que poseen en acciones o sociedades.
Son en total más de 100 sociedades las que nuestros “políticos chasquilla” omitieron declarar, y si pensamos en la tremenda variedad de temas que trata nuestro Congreso en cada una de sus sesiones, el resultado de esos pensamientos es preocupante. Si ya era casi imposible fiscalizar los conflictos de intereses respecto de “lo declarado” ¿Cómo nuestros parlamentarios pretenden que fiscalicemos lo “no declarado”? ¿O no les interesa dicha fiscalización?
El problema histórico ha sido justamente la fiscalización. Hace años atrás, no teníamos idea si efectivamente lo que declaraba saber un maestro se condecía con el trabajo que le entregábamos, como instalar un calefont. Con posterioridad, se reformó eso por el peligro que significaba y se empadronó a quienes se encontraban certificados, entregando más certeza y fiscalización a la población. Nosotros respecto de nuestros parlamentarios no tenemos certeza, y hasta antes del “inspector de intereses” no teníamos herramientas de fiscalización.
Tal cual pasó con los “maestros chasquilla”, hoy debemos avanzar a un sistema donde nuestros representantes sean un poco más especializados en el trabajo legislativo, y con ello se aparten de los otros “rubros” que pueden terminar en una desgracia; un conflicto entre los intereses nacionales y los privados.
Los ciudadanos tenemos una nueva arma, la información. Ahora todo está en nuestras manos, debemos hacer de éste un tema relevante. La mala elección de nuestro político puede terminar en una explosión, no del calefont, sino que de la confianza que le tenemos a nuestras instituciones y a quienes las componen.
Es urgente avanzar hacia un nuevo marco regulatorio, donde las sanciones sean mucho más que un susto, sean una realidad dolorosa. Nuestro sistema debe tener un verdadero incentivo a elegir entre la transparencia y las omisiones; entre los intereses nacionales y los particulares
Fuente: El Dínamo
Por Juan José Soto
¿Hasta que punto, hoy en Chile, el dinero de las empresas está afectando las decisiones del ejecutivo y el parlamento?. Ya son muchas las ocasiones en las cuales hemos visto como políticas ampliamente aceptadas por expertos y ciudadanos, entran al Congreso, y algo ocurre ahí dentro, que la política que congregaba elogios transversales, no sale, o bien sale muy menguada
Si su empresa de celular, su isapre, su afp, su banco, su supermercado, su multitienda, su proveedor de electricidad, etc. no financiaran la política en Chile, ¿entonces quién?
Luego de la caída de Lehman Brothers y la explosión de la crisis subprime, diversos analistas se volcaron a estudiar que falló, como fue posible que los reguladores del mercado financiero, congresistas, y diversos eslabones de la cadena de control no hubiesen previsto lo que venía y llevado a una crisis de tal magnitud. Hay coincidencia en que fue una falla multisistémica, pero entre las causas, una salió a relucir ante la opinión de los expertos y la opinión pública en general; ¿cuanto influyeron las donaciones a campañas políticas en la laxitud de los reguladores y la generación de leyes que hubiesen podido evitar esta situación?.
De las empresas originarias de la crisis subprime, 25 de ellas, incluyendo JPMorgan, Citigroup y Goldman Sachs, gastaron alrededor de $375 millones de dólares en la primera década de este siglo, entre lobby y donaciones a las campañas políticas de demócratas y republicanos. Sólo el sector financiero estadounidense ha donado a la política alrededor de 2.2 billones de dólares entre el año 2000 y 2010. Hoy la pregunta que todos se hacen, es como están afectando estas donaciones en la calidad de las políticas públicas estadounidenses. A partir de la experiencia de la crisis subprime, las criticas sobre el efecto del dinero en la política arrecian.
¿Y cómo estamos en Chile?, mal, muy mal. Si quisiéramos estimar, al igual que en Estados Unidos, cuanto ha donado el sector financiero a la clase política criolla, no existe manera de llegar a esa información. La legislación chilena permite que gran parte de los aportes sean anónimos o reservados, y un gran porcentaje de los aportes, van por fuera del Servicio electoral, haciendo imposible su seguimiento. Lo anterior, impide que los ciudadanos sepamos quienes están financiando a nuestros parlamentarios, sembrando la duda, y cubriendo con un oscuro velo la manera en la cual parlamentarios y partidos políticos pagan sus campañas y las cuentas para su funcionamiento.
¿Hasta que punto, hoy en Chile, el dinero de las empresas está afectando las decisiones del ejecutivo y el parlamento?. Ya son muchas las ocasiones en las cuales hemos visto como políticas ampliamente aceptadas por expertos y ciudadanos, entran al Congreso, y algo ocurre ahí dentro, que la política que congregaba elogios transversales, no sale, o bien sale muy menguada. El impacto que esta situación está teniendo sobre los ciudadanos, es imposible de medir, no existen fuentes públicas a las cuales hechar mano, para exigir a parlamentarios que podrían verse influenciados por donaciones electorales, que se abstengan de legislar sobre materias donde podrían existir claros conflictos de interés. Sin embargo, si se puede coligar, que una centena de millones de dólares donados a la política en Chile, no son nada comparado con los miles de millones de dólares que los consumidores pierden, debido a una influencia incorrecta de ciertos sectores económicos sobre la regulación que los afecta, distorsionando las leyes del libre mercado.
El dinero en la política, es un ácido altamente corrosivo, peor aún cuando proviene de empresas e individuos que dependen de ciertas decisiones del Congreso y el Gobierno para mantener privilegios que, o bien cierran el mercado a nuevos competidores, les permiten ganancias extraordinarias, o simplemente desnivelan el terreno de juego a favor de quienes son capaces de influir económicamente sobre la elite política.
Los grandes contribuyentes de dinero a las campañas políticas deben ser desterrados, el sistema actual está distorsionado, crea una enorme asimetría entre la presión que pueden hacer los intereses de la ciudadanía sobre nuestras autoridades y la capacidad de presión de unos pocos particulares que se ven beneficiados por políticas determinadas. Chile necesita urgente de varias reformas políticas, que el viento sobre la superficie, no nos impida ver el fangoso fondo de un sistema de financiamiento político que en el largo plazo, está afectando gravemente la calidad de vida de los chilenos.
Por Comunicaciones FCI.
Todos los posibles conflictos de intereses que tienen los parlamentarios en la promoción y votación de proyectos de ley será lo que te permitirá ver desde hoy “Inspector de Intereses”, la nueva aplicación de Ciudadano Inteligente.
La ley prohíbe a los parlamentarios promover proyectos o votarlos cuando tienen conflicto de interés de manera directa o a través de algún familiar. Sin embargo, existen congresistas con acciones en compañías o con participación en sociedades comerciales que tienen potenciales conflictos de intereses con los proyectos de ley que votan o, incluso, que ellos mismos han presentado.
“Inspector de intereses”, la nueva herramienta de Ciudadano Inteligente, tiene tres grandes utilidades. La primera es que te permite conocer las participaciones societarias que los legisladores han omitido en sus declaraciones de intereses y patrimonio. La segunda es que te mostrará todos los posibles conflictos de intereses que podría tener un parlamentario al momento de promover o votar un proyecto de ley. Y la tercera, que te muestra un perfil de cada parlamentario; con la información particular del representante, como sus declaraciones oficiales y gráficos de apoyo.
Todo esto se puede ver ya sea por medio de un congresista en específico, o por temas determinados, como medioambiente, salud, educación, u otros. Además te puedes sumar a un petitorio de transparencia, o reportar posibles conflictos de intereses.
Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo de la Fundación, explica que con esta herramienta “buscamos que se haga una denuncia responsable respecto a una situación de ley que no se cumple, de senadores y diputados que no están declarando la totalidad de sus participaciones, ni absteniéndose en sus votos con conflicto de interés. Pretendemos denunciar a quienes no están haciendo bien su trabajo, y también destacar a quienes sí lo están realizando correctamente”, afirma.
“Por otra parte queremos incentivar a una ciudadanía responsable, decir que se les acabó el cheque en blanco a los representantes, por lo que el mandato de éstos tiene que ser efectivo y que apunte al bien común y al interés público”, enfatiza el Presidente Ejecutivo de Ciudadano Inteligente.
Gracias a la innovadora aplicación se pudo advertir que de las 298 sociedades que en total tienen todos los parlamentarios, el 33% de éstas no están declaradas. Asimismo, sólo un tercio de los congresistas no tiene participación alguna en sociedades ni patrimonio accionario. Mientras que las áreas en que se encuentran los principales intereses económicos son en “Intermediarios financieros” con 199 sociedades, “Vivienda y Urbanismo” con 112 y “Asesorías y consultorías” con 99 grupos vinculados a los legisladores.
“Estamos utilizando las nuevas tecnologías para contrastar toda la información y encontrar los posibles conflictos de interés”, cuenta Heusser, e invita a toda la ciudadanía a involucrarse: “Cualquier ciudadano puede acceder a esta aplicación e investigar a un parlamentario en particular o algún tema específico que le sea de interés. Asimismo, los medios de comunicación también tienen aquí una herramienta para investigar. E incluso, los mismos parlamentarios, gracias a “Inspector de intereses”, podrán revisar sus propios antecedentes y así transparentar de mejor manera su situación”, finaliza entusiasta el presidente de la Fundación Ciudadano Inteligente.
La Fundación Ciudadano Inteligente realizó un sondeo en la web de la página de DICOM EQUIFAX para obtener información sobre los congresistas encontrando bloqueado el acceso a esos datos.
Durante septiembre, la Fundación Ciudadano Inteligente realizó un seguimiento rutinario para determinar los DICOM de los 120 diputados y 38 senadores. Con sorpresa, se pudo comprobar que dichos perfiles se encontraban bloqueados por la empresa.
En su página DICOM se limitó a responder –mediante un mensaje automático- que se trataba de un informe con entrega diferida, por lo que había que comunicarse al 600-EQUIFAX. Respecto a la fórmula para elegir los informes no disponibles, la telefonista del call center señaló que se trataba de un sistema de sorteo que beneficiaba a ciertos ciudadanos.
Además, se agregó que durante ese momento los informes de los parlamentarios no estaban disponibles al público, debido a que Equifax estaba trabajando arduamente en actualizar los datos de contacto que no estaban vigentes para contar con la información precisa y fidedigna.
Posterior a esta situación, El Dínamo confirmó que no solamente se trataba de todos los parlamentarios con datos protegidos, sino también 11 de los 22 ministros del gabinete del Presidente Sebastián Piñera.
Esta situación se produce con posterioridad a una sesión de la comisión de economía del Senado, del donde se le demostró al gerente general de EQUIFAX que existían en DICOM informes erróneos de parlamentarios. Todo en el marco de una reforma a la legislación que regula este tema.
Una muy mala señal entregada por la empresa en cuestión, ya que transformó un sistema en el que debe primar el principio de la igualdad y la veracidad, en algo segmentado conforme a la calidad y características de la persona que es objeto del análisis de su información financiera.
Al ser publicada la información en El Dínamo, la empresa DICOM EQUIFAX desbloqueó en cosa de horas los perfiles de los parlamentarios y ministros que gozaron de este beneficio.
Tú quizás no lo sabes, pero debes tener por seguro que “alguien te mira”. Crees que todo a tu alrededor está en orden, que nadie te sigue o le interesas. Pero hay muchos fragmentos de tu persona que se distribuyen día a día en distintos lados ¡Y los manosean!
“DICOM es EQUIFAX”. Y es también uno de nuestros acechadores. Trabaja contigo como si fueras un insumo más, te pone a disposición de los que pagan para ver tu performance, y tú te expones sin ni siquiera saberlo.Te entregaron cual chicle a las manos de quien paga –desde- la módica suma de $900.
Este acechador es el que cahuineramente entrega información sobre tus movimientos financieros. Aquellos que por error de la juventud, problemas de salud, un crédito universitario, una mala pasada económica o alguna locura de un ejecutivo a lo “La Polar”, te llevaron a caer en esta lista negra.
Para mal, ya se han detectado varias situaciones donde la información que entrega dicha empresa consta de parámetros más que cuestionables –como el scoring- o es errónea y desactualizada. Ha llegado incluso a afectar a varios de nuestros honorables parlamentarios. Es a raíz de aquello, que se han generado diversos debates en el legislativo con la finalidad de corregir estos “abusos”.
Luego de haber pasado la tormenta del escrutinio legislativo, DICOM puso manos a la obra con algunos arreglos que aquieten a la furiosa clase política. He aquí nuestra piedra en el zapato.
Gracias a una investigación rutinaria de la Fundación Ciudadano Inteligente, en colaboración con El Dinamo, se logro comprobar como DICOM tenía bloqueada la información de nuestros Parlamentarios y de once ministros de estado. Una situación que escapa a la regla general, donde caemos todos los chilenos y que otorga fácil acceso a nuestras más íntimas aventuras financieras.
Una vez más DICOM juega con fuego, pero esta vez parecía que lo estaban haciendo con unos muy buenos guantes. En esta oportunidad nuestras autoridades estarían protegidas, ante lo cual había menos posibilidades de que detectara algún problema. Y si alguien, con la fotocopia de la cédula de identidad de nuestra autoridad X, más un poder notarial autorizando, lograba acceder a la información, todo sería limpio, ejemplar y un gran trabajo informativo.
Desgraciadamente DICOM no contaba con que un sujeto en algún momento se iba a encontrar con esto. Sumado a las malas explicaciones de su call center, que dan a comprender que por simple azar hay chilenos que se encuentran afortunadamente menos “manoseados” que otros.
En los hechos, una herramienta que debería estar basada en los principios de igualdad y transparencia, ha categorizado a los chilenos entre ciudadanos de primera o de segunda; “los que puedo manosear, y los que no”. Y es que realmente resulta muy poco creíble que de todos los parlamentarios, absolutamente todos hayan salido sorteados por DICOM para que sus datos no estén disponibles ¡eso es suerte, como para partir a jugar un raspe!
Así también, luego de que la comisión de economía del Senado aprobara la idea de modificar el marco regulatorio de la ley de protección de datos personales, y el bochorno vivido por el gerente general de EQUIFAX en dicha instancia -a quien se le enrostraron informes erróneos de parlamentarios-, se presta para más de una suspicacia este regalito que privilegia a nuestras autoridades. Quizás más de un mal pensado recordó la palabra “lobby”.
Luego que la situación ya era de conocimiento de la opinión pública, DICOM por arte de magia entregó acceso a los perfiles de todos nuestros parlamentarios y de los once ministros que estaban protegidos. Un triunfo para los ciudadanos, pero un tremendo ¡plop! para un sistema que supuestamente funciona bien y acorde a la legalidad.
Entonces; si yo hago todo bien y el azar es mi copiloto ¿Por qué entrego rápidamente acceso a los perfiles que minutos antes estaban protegidos? ¿Será que justo en ese momento los técnicos y analistas terminaron de trabajar?
Son estas cosas las que nos hacen cuestionar el sistema y preguntarnos ¿Qué valores son más importantes? Los que defiende el gerente general de EQUIFAX, que busca brindar seguridad al comercio, entregando información veraz y oportuna a los que paguen por ella, o aquellos que nos hablan de la protección de los datos personales, de la veracidad de la información, del conocimiento que debemos tener sobre información nuestra que anda circulando, o por último, aquel principio constitucional de la igualdad. A mi juicio los valores que debemos proteger son los últimos.
No es que Chile no necesite un sistema de información comercial, lo necesita para hacer funcionar su economía en las transacciones del día a día, y así hacer más seguras las mismas. Pero definitivamente lo que no necesitamos es una empresa que manosea a su antojo a millones de chilenos, sin mayor fiscalización y entregando información con filtros arbitrarios.
“DICOM es EQUIFAX”, y es también la empresa que ya no cuenta con la confianza y credibilidad de los chilenos para manejar sus vidas.
Es de esperar que la reforma, que espera en el congreso, vea pronto la luz en nuestro ordenamiento jurídico, y así en algo podamos estar más tranquilos a la hora de hacer algo tan simple y vital como ir a pedir trabajo.
Publicación original en El Dinamo
