Por Francisco Luco.
La anterior fue semana de encuestas, un verdadero festín mediático con una serie de ritos característicos a los que ciertamente ya estamos acostumbrados, y entre los que pueden contarse entrevistas a directores de centros de estudio sobreanalizando cualquier cosa, sociólogos haciendo juicios políticos livianos como los de ningún otro profesional, y vocero de gobierno intentando mantener la compostura y demostrar una calma zen que —pretenden hacernos creer— supuestamente se cierne sobre todos los funcionarios de La Moneda, como si realmente tuvieran mil y una mayores preocupaciones antes que comentar los resultados de una encuesta.
Pero la verdad es que en un palacio de gobierno efectivamente existen —creo yo— mayores preocupaciones que los resultados de una CEP o una Adimark, aunque los hechos pudieren demostrar otra cosa. Porque si hay algo en lo que no podemos dejar de convenir es que durante los últimos años las encuestas han alcanzado un grado de importancia insano y casi patológico. ¿Lo peor? Siempre es el propio gobierno de turno uno de los principales impulsores a la hora de darles a estas preguntas y sus dígitos correlativos más mérito del que realmente revisten.
Ahora bien, desde luego los propios candidatos, ministros y Presidente no son los únicos actores de esta función. Un rol tanto o más relevante lo cumplen, desde luego, los encuestados, quienes deben evaluar con un tajante sí o un lapidario no —como si en la vida no existieran matices— el trabajo de los antes aludidos. ¿En base a qué criterio? Vaya a saber usted.
Sería interesante, por ejemplo, preguntarle a los encuestados, después de que hubieren respondido si acaso aprueban o desaprueban la gestión del Presidente, por qué razón afirman una cosa o la otra. Para ponerlo en términos pedagógicos, hago una especie de alusión a esa clásica pregunta de prueba escrita, acompañada al final de un no menos típico «fundamente».
El problema radica —me aventuro a pensar— en que en la mayoría de las ocasiones no hay mucho que fundamentar.
Dicen que las emociones rigen el mundo, empero, ello no significa que deba suprimirse todo atisbo de racionalidad de lo que decimos, hacemos y pensamos a diario, máxime cuando se trata del arte de gobernar. Así, creo con toda confianza que cuando un encuestado, un ciudadano cualquiera como usted o yo, con un mayor o menor grado de conocimiento, “desaprueba” la gestión del Presidente —más allá de que ésta efectivamente sea o no cuestionable—, sólo se está dejando influenciar por la labor de los medios de comunicación, quienes suelen ser realmente los que en la práctica modelan aquel difuso y cuestionable ente llamado “opinión pública”.
Soy un convencido de que cuando una persona desaprueba la gestión del Presidente, se está limitando a reducir una entera gestión política —con sus aciertos y errores, pero llena de matices y complejidades— a criterios absurdos pero inconscientes, como si lo ha visto últimamente en matinales, si ha emitido últimamente un chiste de mal gusto o si —aquí estriba el factor más poderoso— ha sido blanco de ataques o críticas políticas recientes.
Y qué poco importa realizar una mínima operación intelectual, por cierto, para diagnosticar la justicia o rigurosidad detrás de frases muchas veces diseñadas para la galería, que no atañen al fondo de los problemas políticos, sociales y económicos que pudieran aquejarnos como país. En cambio, resulta más fácil quedarse con el comentario vacuo del diputado de oposición, o a veces con el del compañero de oficina que pretende saber más de política que el resto.
Insistiendo en lo errático de las encuestas de opinión, y sin ir más lejos, el propio Eugenio Tironi ha señalado, incluso, que existen estudios que indican que las poblaciones tienden a ser más duras en la evaluación de sus mandatarios en períodos invernales, como si el frío actuara de forma subconsciente y moldeara el temple y las opiniones políticas de los ciudadanos sin que estos se den cuenta.
Y ya que estamos en lo determinante que pueden llegar a ser factores completamente exógenos y aparentemente irrelevantes, qué decir de la actuación de los mismos candidatos presidenciales en tiempos de campaña (períodos en que las acciones de los centros de estudio suben como la espuma, y la realización de encuestas políticas se transforma en una nueva fiebre del oro). Porque a veces basta haber visto a alguien dando conferencias de prensa en el momento preciso, bailando cueca o subiéndose a un tanque para que la ciudadanía adquiera una impresión positiva de ellos y les dé un voto favorable a la hora de responder una encuesta.
Pareciera, entonces, que un estudio de opinión en la práctica se ve más influenciado por vaivenes aleatorios de cualquier tipo antes que por un mínimamente riguroso e informado análisis o juicio político. De otra manera, no podría explicarse cómo —ya volviendo al presente— se mantienen bajas las cifras de aprobación que atienden a áreas en que al país —y por extensión al Presidente—, objetivamente, le va bien.
Si no parece verosímil lo dicho hasta ahora, basta tomar cualquier encuesta relativamente prestigiada y comenzar a desmenuzar sus números, para que comiencen a aparecer las contradicciones de quienes responden afirmando primero tal cosa, pero después, con una respuesta inocente y bienintencionada (o desinformada) socavan lo dicho anteriormente.
¿Acaso no es obvio? Las encuestas no son pruebas escritas como las de la universidad o el colegio, donde con relativa certeza puede comprobarse el grado de conocimiento sobre una determinada materia, asignándose una calificación en atención a si se ha cumplido o no con estándares objetivos y predeterminados. A diferencia de este tipo de exámenes, una encuesta como las de Adimark o CEP parecieran estar más cerca de un juicio de valor modelado por sensaciones vacuas y, en ocasiones, carentes de fundamento técnico alguno.
Entonces, la gran duda que queda dando vuelta es: si esto resulta archisabido, ¿por qué ignorarlo? Y es aquí cuando me pregunto si la llamada clase política opera de buena fe, dejándose atrapar por la vorágine de los números y de la instantaneidad moderna con cierta torpeza e ingenuidad, o si se trata de un consenso malévolo del que oficialismo y oposición han sido actores por mucho tiempo, donde el acuerdo tácito consistiría en jugar las reglas del juego y dejarse regir por números insignificantes atribuidos por gente no más importante.
No quiero dejar de aclarar, en todo caso, que mi intención no es decir que los resultados de la encuesta CEP de la semana pasada se deben a que se cambió a la hora de invierno, o realizar una alegoría a la actual gestión presidencial, ya que si bien es cierto que mi diagnóstico de ésta sea probablemente un poco más condescendiente que el de la mayoría, lo dicho hasta acá puede aplicarse en realidad a cualquier mandato presidencial anterior, y cualquiera sea el venidero. Después de todo, el fenómeno de las encuestas y sus simpáticas externalidades no es nuevo, ni privativo de una coalición política, ni tampoco limitado a los tiempos en que los números no remontan.
Mi intención pasa, en cambio, por deslegitimar en un grado más general a las encuestas como indicativos fiables de que una gestión va bien o no, y por destacar que los países no crecen al son de las cifras de popularidad.
A veces siento que esto es como si se tratara de un reality show, y no mucho más que eso. Por ello es que añoro el día en que conformemos una ciudadanía lo suficientemente informada como para leer entre líneas, darse cuenta de lo que sucede día a día en la política, y de que lo determinante no es si el candidato de turno aumenta, disminuye o mantiene su “capital político”. Hasta entonces, que la función continúe. Y usted, disfrute.
Por Francisco Luco.
Probablemente a nadie resulte indiferente el potencial de las manoseadas redes sociales para influir sobre el ejercicio del poder político. Y lo cierto es que, si bien podría ser nuestro primer impulso pensar en ejemplos como Twitter y su utilidad en la organización de movilizaciones políticas en Medio Oriente o protestas en Estados unidos, también contamos con casos mucho más cercanos y pedestres.
Sin ir más lejos, en Chile ya han sido numerosas las oportunidades en que gracias al poder de unos pocos, que representan una suerte de casta tecnológica (mas no intelectual, por cierto), se han derribado proyectos de ley, revertido decisiones de la administración central e, incluso, dejado sin efecto normativas de entes privados.
¿No se suponía que una ciudadana activa manifestándose en línea, presionando y molestando al poder era algo positivo? En principio sí, pero como en todo ámbito de cosas, cualquier exceso resulta nefasto al final.
El caso de la influencia que las redes sociales pueden ejercer en el poder político es especialmente paradigmático en Chile. Incluso da para alarmarse y para que comencemos a cuestionarnos –deberíamos– qué diablos está sucediendo a nuestro alrededor.
Es cierto que nos encontramos inmersos en la era de la información, que todo hoy se reduce a la inmediatez y que la ciudadanía evalúa a sus representantes constantemente, no esperando ya únicamente un plazo de 4 años para castigar o aprobar la gestión de sus autoridades. Sin embargo, existe un largo trecho entre esta situación de control cívico y el absurdo de que, porque un par de comentarios de menos de 140 caracteres creó un bola de nieve que acabó posicionándose por conveniencia en la portada de algún medio digital de izquierdas, autoridades políticas terminen dándose vuelta la chaqueta o traicionando derechamente sus convicciones.
Aunque no sea políticamente correcto decirlo, un “representante” no se elige para “representar” sin más lo que la voluntad de la mayoría que lo eligió designe. Y es que si así fuere, si se tratara de simplemente plantar monigotes mínimamente instruidos que se encarguen únicamente de mediar como meros mensajeros entre la opinión mayoritaria de sus electores y el poder, en la práctica daría lo mismo a quién se elige.
Un actor político, llámese congresista, alcalde, presidente de la república o lo que sea, se elige porque, si bien debiera actuar siempre con miras al interés de los ciudadanos, confiamos en su criterio e ideas de qué es lo mejor para sus electores. Suena paternalista y tan política 1.0 –insisto en lo de políticamente incorrecto–, pero no podemos negar que, por los argumentos antes expuestos, es así. Después de todo la realidad es innegable.
El gran problema se hace patente cuando las convicciones –suponiendo que las hay y por tenues que sean– se transan por miedo; el miedo al matonaje primero virtual, luego social y, finalmente y casi por añadidura, matonaje político.
No sólo nuestra sociedad criolla, sino la sociedad humana en general parece atravesar delicados y complejos cambios en este momento. Ello hace necesario, más que nunca, el surgimiento de un proceso de reflexión y análisis en frío de los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor. Lamentablemente, mensajes furibundos, apasionados, temperamentales y muchas veces plagados de desconocimiento en 140 caracteres parecen marcar hoy la pauta noticiosa, y no hacen falta un par de horas para que un político traicione sus ideas y convicciones y revierta sus decisiones temiendo ser víctimas de bullying.
En estos últimos años se ha acrecentado más que nunca la importancia de las redes sociales y su interrelación con la política. Sin embargo, es fundamental que de vez en cuando nos detengamos a pensar antes de caer en la verborrea instantánea y fácil, y sobre todo –casi lo imploro– que en la llamada “clase política” piensen dos veces antes de ceder a las presiones de un reducido grupo de usuarios de internet, de baja representatividad y que al final sólo consigue hacer crecer bolas de nieve gracias a los intereses editoriales de opositores al gobierno.
Como corolario de lo anterior, resulta de total relevancia que se dimensionen las redes sociales en una medida justa y proporcionada, y se evite caer en el espejismo absurdo de que se trata del bastión de la verdad absoluta o de un instrumento econométrico confiable y representativo.
Al final, si quienes ostentan el poder debieran retractarse cada vez que los usuarios de Internet se disgustan por algo, probablemente terminaríamos en una especie de populismo, caudillismo o, peor aún, una verdadera dictadura digital.
Por Víctor Jaque.
Hace unos años, Iván Moreira – frente a periodistas y cámaras de TV – trataba a Jorge Schaulsohn de “maricón” en los pasillos del Congreso y le regalaba un certero golpe en el rostro. Mientras Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres, el hemiciclo fue caldo de cultivo para conatos y agresiones verbales diarias. En mayo de 2010, el diputado PS Fidel Espinoza supuestamente le dijo “momia conchetumadre” a su colega UDI María José Hoffman, y en noviembre del mismo año, el diputado PPD Jaime Hales, en plena comisión le dijo a su colega UDI Jorge Ulloa que era un “chupa fusiles”.
La política es una actividad violenta que suele dejar heridos o muertos (mediáticamente hablando, sino pregunte por Arturo Frei Bolívar o el mismo Fra Fra, por ejemplo) en el camino. Algunos pagan el costo de caminar por veredas ideológicas opuestas, mientras que otros simplemente tienen que ser sacados en pos de un “bien mayor”, que generalmente no es otra cosa que mantener todo tal cual como está, aunque eso beneficie a unos pocos.
El conflicto educacional, el descontento social con la forma en que funcionan los bancos, retail, supermercados, transporte, farmacias y la sensación generalizada de que nos están cagando obliga a los políticos a moverse en aguas que no les son conocidas y que, en rigor, esquivan de manera constante. Sin duda, ahora no tienen la manija de la situación y sólo reaccionan para esquivar el golpe que la ciudadanía les da, o en el peor de los casos, tratar que duela lo menos posible.
Los alcaldes Pedro Sabat, junto a Cristián Labbé y Francisco de la Maza, han dado muestras de que la clase política en general dejó hace rato la corbata para ponerse pintura de guerra y andar con el cuchillo entre los dientes. Otrora candidatos seguros (y bastiones de la derecha en Santiago) que corrían solos, ahora tienen una oposición decidida a “botarlos” del poder. Sin duda, evidencian un síndrome que también afecta a muchos en la Concertación: no pueden pretender que los cargos que la población les confirió sean eternos y no se les pueda cuestionar o – peor aún – sacarlos si lo hacen mal.
Todo el espectro político se liberó de sus caretas y en esta pasada la UDI es la que más pierde: demasiados cruces entre religión, poder, dinero y política los deja con un rango de acción muy limitado. Si van contra los empresarios, van contra ellos mismos. Si van contra el lucro en la educación, van contra ellos mismos. Si van contra el sistema binominal, van contra ellos mismos. El partido comunista tampoco lo hace nada de mal: no sacan nada con alimentar movimientos sociales si a la cabeza de su colectividad se mantienen los mismos que pactan con la Concertación y son rechazados por parte de sus propias bases.
La Concerta es un caso muy diferente. Van dos años de gobierno y aún no se empapan del rol de oposición, rango que por lo demás el pueblo les otorgó por medio de los votos. Mientras la gente marchaba en las calles, ellos discutían si cambiarle o no el nombre al conglomerado. Mientras la gente aguantaba chorros de agua, ellos entre cuatro paredes definían listas para las elecciones venideras.
Pedro Sabat dice que es hijo de taxista, que lucha por la educación pública y que se ha esforzado por hacer colegios municipales de excelencia. Lo que Sabat (y el resto menos) entiende es que si las calles están limpias y los funcionarios públicos están correctamente uniformados no es porque su inspiración se los dicta, sino que es lo mínimo que sus electores esperan de ellos.
¿Se acuerdan del ex alcalde de Iquique Jorge Soria, el choro Soria?
Por Álvaro Castañón.
¡Todo listo! Tu partido político ha entregado su visto bueno a tu candidatura. Lo ha hecho luego de un tenso proceso, el cual dio como resultado un “sí” tan adolorido como si lo hubieran descontado de sus sueldos.
Ya eres oficialmente un candidato, y lo primero que pasa por tu mente es que tienes que comenzar a cautivar a los votantes, generar redes y lograr que más de un “aperrado” se ponga la polera de tu campaña. Estás ansioso, tienes las ganas y el ímpetu, pero debes partir por lo más fácil, aquello que es gratuito, cool y está de moda.
Diez minutos después de que la ampolleta se prendiera sobre tu cabeza, ya está: ¡tienes Twitter, Facebook y un canal de Youtube! Ahora sólo te tienes que preocupar de entregar tu mensaje, y convencer a todos de que eres su líder, un servidor público que viene al rescate de la política añeja.
Luego comienza la campaña, te das cuenta que la cosa es un cacho, no tienes tiempo para responder preguntas tontas, poner me gusta, subir imágenes, videos y hacer RT. Pero descubres justo a tiempo una excelente app que te permite controlar todo desde tu Smartphone, y la vida cambia, ahora nadie será privado de tus “interesantes” reflexiones.
Lo que no sabias, por obvio que parezca, es que las redes sociales son justamente una “red”, donde todos –o la gran mayoría- llegan con ánimo de interactuar. Es así como para nuestra clase política es una mera plataforma “chora” donde por moda temporal se debe estar. Después de todo, así se hace en las campañas de Estados Unidos, y por cierto, es una buena vitrina y gratis.
El exhibicionismo, es una de las peores depravaciones que pueden atentar contra el concepto de redes sociales. Son los “iluminados” a los cuales sigues por su importancia en el “mundo material”, pero que se limitan a entregar sus reflexiones, sin que sean capaces de responder a los ilusos que creen que acá si podrán tener una conversación de tú a tú con la autoridad.
Una referencia más concreta la podemos extraer del listado elaborado por el diario La Segunda de los “Top 140 Twitteros Chilenos”, donde de esos 140 twitteros menos de 10 son políticos.
En los primeros puestos del ranking publicado podemos encontrar al Presidente Piñera, un clásico ejemplo que sigue a menos del 5% de quienes lo siguen y todo un cyber-exhibicionista. El Presidente no responde ni hace retweet de nada ni de nadie, sólo importa lo que él hace.
En un rango intermedio del listado, tenemos a Laurence Golborne, Marco Enríquez-Ominami y Claudio Orrego. Este último es el más exhibicionista, con poca gente en su time line, muchos seguidores y poca conversación, pero su agenda se actualiza eficazmente.
El ministro Golborne en cambio interactúa más con los twitteros, pero su participación se limita a la autopromoción y a responder a quienes lo mencionan, ya que siguiendo sólo a 124 personas no queda mucho espacio para saber lo que pasa en la “twittosfera”.
El Twitter de ME-O dice que es “atendido por su propio dueño”, y se nota, pues él se da el tiempo para responder, tener un time line de un poco más de 50.000 personas, hacer retweet y ser un exhibicionista no agotador.
Quizás los más rescatables de la lista del diario La Segunda son políticos “old school”, como Tomás Jocelyn-Holt y Jorge Schaulsohn. Este último, si bien es bueno para la conversación y no se exhibe con locura, tiene un gran problema; de sus 33.232 seguidores no sigue ni al 1%. De ahí que de su cuenta salgan pocos RT, y probablemente su pauta tiene cero relación con las redes sociales, limitándose a responder menciones y a comentar el diario.
De Jocelyn-Holt no podemos decir nada malo; no es un autorreferente, twittea en formato AM y PM, su time line es reciproca con quienes lo siguen, y en términos de conversación es muy nutrido. Claramente sus problemas no están en Twitter, esos se encuentren más bien en la política.
Pero más allá de listados, políticos twitteros exhibicionistas hay por montones; unos que sólo promocionan sus pensamientos, otros que promocionan su agenda, y los que con suerte se acuerdan de escribir una vez al día.
En Facebook la cosa no es mejor, basta por ejemplo, ver el perfil de Ignacio Walker o de Cristián Monckeberg, exhibicionistas totales que se limitan a poner información o replicar la de Twitter, sin conversación o interacción alguna.
Tener a un político en las redes sociales se ha transformado en lo mismo que hablar con un diario mural, el cual tiene información que puede ser interesante o no, pero donde no existe una respuesta, el clásico feedback.
Hoy las redes sociales han replicado el modelo social que tenemos fuera de internet, donde la clase política es lejana, exhibicionista y sorda, mientras los ciudadanos nos limitamos a hablar entre nosotros. No se dan cuenta que tenemos en nuestras manos una tremenda herramienta de dialogo y comunicación,donde todos en cierta medida nos mostramos, pero eso puede no ser un acto pervertido si equilibramos los contenidos y la interacción.
No podemos obligar a nuestras autoridades a responder un post o tweet, pero es claro que sería mucho mejor y honesto, que cuando se registraran no lo hicieran con la intención depravada de estar en vitrina.
Por el contrario, el animo fuera de dialogar con quienes se encuentran distantes de las esferas de poder, pero están interesados en hacer algo, entregar una opinión, o emplazar a una autoridad por algo que no le guste, que no es ser troll, es buscar legítimamente una respuesta de su autoridad.
Fuente: El Dínamo.
Por José Francisco García.
Imaginemos la siguiente escena: los distintos Presidentes de los partidos políticos chilenos reunidos en La Moneda celebrando que el Presidente le pone urgencia a un proyecto de ley que entrega financiamiento estatal permanente (gastos corrientes; no gastos electorales que ya están regulados en la Ley N° 19.884 de 2003) a dichas asociaciones. Imaginemos ahora una diferente: la conferencia de prensa del Presidente de uno de los principales partidos del país anunciando su quiebra y disolución, dado que no cuenta con los recursos para hacer frente a las deudas contraídas, que superan varios millones de dólares. Ambas escenas nos obligan a reflexionar seriamente sobre esta iniciativa que avanza entre los dirigentes políticos a una velocidad superior a los argumentos que la sustentan.
Los partidarios del financiamiento estatal de la política –que tienen la carga de la prueba y que ya obtuvieron en 2003 una ley de financiamiento de campañas electorales–, suelen esgrimir que se trata de una iniciativa anti-corrupción: el dinero privado abre el camino al tráfico de influencias y al lobby; y pro-democracia: se trata de un piso mínimo que garantizaría el pluralismo político y la igualdad de oportunidades.
Los detractores, por su parte, suelen argumentar que las encuestas son categóricas en la materia: los chilenos están mayoritariamente en contra de esta iniciativa (niveles superiores al 80%). Asimismo, al ser los recursos públicos escasos, deben ser utilizados en áreas prioritarias de la política social. Encontramos adicionalmente uno pragmático: nos sobre-poblaríamos de partidos que sólo nacerían amparados bajo el financiamiento estatal. Estos argumentos –en plena época de reconstrucción– parecen imbatibles; pero simples para una carrera de largo aliento.
¿Cuál es la razón de fondo que impide que algunos partidos políticos no consigan recursos en la sociedad civil? ¿Por qué organizaciones culturales y sociales compiten por los aportes privados y son más exitosos que algunos partidos –incluso sin una ley de donaciones–? Una mirada de libre competencia nos diría que se trata simplemente de malas ideas, de ofertas poco atractivas para los chilenos, al menos bajo el actual envoltorio. Podrían existir, por cierto, problemas organizacionales que impidan a un partido llegar a potenciales contribuyentes, ¿pero puede ser cierto ante las nuevas tecnologías?
Podríamos estar ante genuinos bienes públicos que el mercado privado no financiará y ello obliga a la acción estatal. Pero en este caso ¿cuáles son esos bienes públicos que están en juego y que proveen los partidos en los periodos no electorales? Algunos los vinculan –y han propuesto subsidiar– a las cuotas de militantes, talleres de debate político, o la preparación de dirigentes jóvenes o candidatos. Atendible. Probablemente tenga sentido financiar ciertos aspectos estructurales de los partidos y del sistema político: mecanismos de democracia interna (elecciones de directiva o primarias) o un staff parlamentario.
Pero incluso pequeñas dosis de financiamiento público pueden premiar estructuras de gobierno corporativo ineficientes que además tenderían aún más a limitar la renovación política; cuestión paradójica, porque esta tiene mayores oportunidades de revivir una oferta programática en declive y ser, entonces, más competitiva para captar recursos y voluntades de la sociedad civil.
Por Marco Enríquez-Ominami
En este tipo de torta se supone una arquitectura a prueba de terremotos: cada lámina de masa: cada capa de masa se adhiere a la siguiente por el manjar que las une, y así sucesivamente. Si la historia y la vida funcionaran de esta manera, el cambio no existiría o no podríamos concebir que todos los sólidos se disuelvan. El sueño de todo conservador, sea de izquierda o de derecha, estalinista o fascista, es que la historia sea estática, que la realidad, estúpidamente, corresponda a sus esquemas mentales y políticos: una torta de milhojas violada por el hambre de un niño. Al fin y al cabo, el clivaje central, en toda la historia de la humanidad, se mueve entre la inercia y el cambio, entre conservadores e innovadores.
Como ocurre con la torta de milhojas, la mayoría de los políticos de statu quo prefieren que ésta sea impoluta – no se produzcan terremotos que destruyen sus perfectas estructuras o no sean comidas por el hambre canina de los niños. En el fondo, lo que ellos quieren es que las instituciones sean eternas, inmóviles cual pirámides, a través de la historia. Esta tendencia a lo estático es inevitable en aquellos que están contentos con la vida y el sistema.
Si profundizamos en nuestra historia, jamás este tipo de políticos pudo entender, por ejemplo, en 1924, la podredumbre del sistema de partidos plutocráticos, propios del régimen de asamblea, 1891-1925. En el fondo, siempre e inevitablemente, el político de statu quo no entiende los cambios que ocurren a su alrededor. Pedirle que defina cuál es el clivaje central sería una crueldad, pues su estructura mental y sistema de intereses y cálculo le impiden comprender cuál es el conflicto profundo que traspasa la sociedad.
Pienso que en Chile estamos viviendo el período previo a un gran cambio histórico y, como siempre podemos confundirnos, entre los pisos de la torta de milhojas y la verdadera ruptura. Existe un gran abismo entre la tozudez de los políticos del duopolio, que todo lo entienden como el reparto de cargos, los juegos de poder y una gran masa de personas que están hastiadas de ser violadas por monopolios, duopolios y colusiones que podían hacer lo que quisieran con ciudadanos convertidos en deudores y consumidores, no muy diferente posición a la de los antiguos esclavos.
El Chile borrego soportó veinte años de transacción permanente para luego despertar, entre otros fenómenos gracias a seis meses de manifestaciones estudiantiles. Cuando el cordero se transforma en león, no puede más que temblar ante el verdadero quiebre entre una seudo-imperfecta-insuficiente democracia y la verdadera participación popular.
Pienso que en el tema de las cargas públicas no se discute sobre un sistema impositivo sobre más o menos impuestos, sino que sobre un modelo de nación y una forma de desarrollo. Las preguntas de algunos de los economistas, con respecto al tema de los impuestos, son ingenuas: es evidente que necesita recaudar más dinero si estos recursos se destinan a la educación y la salud, preferencialmente. Está claro que no podemos continuar un segundo más con una subvención preferencial de $60.000 cuando se requiere, al menos, el doble o el triple, ni con el per cápita en salud, que es ridículo si se compara con los demás países del OCDE. Para qué hablar de educación gratuita o de nivelar la cancha entre ricos y pobres.
A diferencia de los hipócritas del patriotismo y del nacionalismo, algunos empresarios ultraconservadores, fanáticos nacionalistas entre algunos militares y otros organismos, el amor al país debe demostrarse con obras y no con palabrería hueca, es decir, que en responsabilidad de las cargas públicas se pruebe, en la práctica, el amor a Chile. En verdad, la mayoría de los personeros de estas instituciones de facto han demostrado todo lo contrario – las farmacias, las empresas de transporte y los polleros – no han hecho otra cosa que perjudicar a los pobres.
Algunos de los grandes empresarios y los principales contribuyentes en el impuesto patrimonial saben, a la perfección, la práctica de la elusión y, al final, terminan en el ridículo de que un gerente de empresa paga proporcionalmente menos impuestos que su propia secretaria y que los únicos tontos que llevan el peso de la carga son los trabajadores, a quienes descuentan por planilla, y los pobres que, además de la colusión de farmacias, transportes y pollos, terminan aportando alrededor del 50% de la carga tributaria.
En el año 2009, fuimos los únicos que propusimos una reforma tributaria con detalle para financiar la revolución educacional y en salud. Tanto Frei, como Piñera nos acusaron de demagogo o populista. Hoy esta iniciativa forma parte del sentido común, salvo de algunos megaterios.
Reitero los principios y sugerencias que creo debieran enfocarse en una reforma tributaria y que sugiero sean parte del debate:
1- Recaudar más recursos para el fisco, con una clara destinación a educación y salud. La meta debiera ser aumentar, al menos, un cuarto del PIB en ambas áreas.
2- Aumento substancial de impuestos a las utilidades de las grandes empresas, de un 20% al 30% permanente.
3- Aumento permanente del IVA a un 20%, incluyendo, por cierto, las industrias madereras e hidroeléctricas
4- Un impuesto del 50% a las termoeléctricas y a todas las industrias que atenten contra el medio ambiente. Una suerte de eco-impuesto.
5- Una rebaja permanente del IVA al 10% a todos los productos de la canasta popular, y a un 7% al pan, al pollo y a la carne. Esta rebaja del IVA incidiría favorablemente en el índice de inflación, por consiguiente, podrían obligar al Banco Central a bajar las tasas de interés e incentivar la actividad económica.
6- Premios tributarios a las pequeñas y medianas empresas que contraten más trabajadores, es decir, el Estado les entrega recursos en vez de cobrarles, experiencia que ha sido probada mundialmente.
7- Rebaja tributaria a las familias que gasten en educación de sus hijos.
8- Aumento substancial del impuesto local para la segunda habitación de veraneo.
9- Un IVA de un 22% para todos los productos suntuarios.
10- Una repatriación de capitales, con una tasa de un 6%.
La reforma tributaria debiera servir para poner fin al Chile segmentado. No se trata de recaudar para que usufructúen los miembros del duopolio, sino para realizar una profunda revolución igualitaria. Como ocurre con las tortas de milhojas, los miembros del statu quo no podrán captar la profunda revolución que se está produciendo en Chile, es por eso que conservadores fascistas de derecha y de izquierda, no han entendido nunca el sentido de la historia. No entienden que todos los sólidos se desvanecen en el tiempo y que el arte de la política es descubrir las contradicciones y enfrentarlas en forma radical.
Por Álvaro Castañón
Hace algunos años, en nuestro país teníamos toda una institución de la reparación doméstica: los“maestros chasquilla”. Estos versátiles personajes eran una verdadera caja de sorpresas, pues en base a la experiencia de la vida, o al “echando a perder se aprende”, ”le hacían” a la pintura, gasfitería, jardinería y quizás hasta leían el Tarot. Sus habilidades eran múltiples, y conforme a las preguntas del cliente eran más y más.
Con el paso de los años, la sociedad ha ido evolucionando hacia una especialización en los rubros. Por un trabajo se paga un sueldo, y eso conlleva una serie de cláusulas de exclusividad, horario y competencias.
Pero hay un lugar donde los años no pasan, y no es la Tierra de Nunca Jamás. Es nuestro Congreso Nacional, donde la realidad es muy distinta.
105 de nuestros 158 parlamentarios poseen actividades comerciales -como sociedades e inversión en acciones- de forma paralela a su trabajo legislativo. Para muchos ciudadanos quizás esto sea una sorpresa, pero ha sido una constante histórica, la función legislativa ha sido considerada siempre como una de las varias habilidades “a las que le hacen” nuestros representantes, en un mismo tiempo.
El problema que se presenta, cuando aceptamos que nuestros legisladores van de paso y, por ende, pueden mantener nexos con sus negocios, actividades académicas o profesionales, son los conflictos de intereses. Entendido como una relación de “tironeo” entre “lo público” del trabajo legislativo, y “lo privado” de sus negocios paralelos.
Pero hasta aquí al parecer no ha existido motivo de escándalo.
La solución fue entregada por la ley hace no más de 12 años. Una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional introdujo un artículo muy específico; el 5 letra B. Dicha norma se refiere a los conflictos de intereses, limitando la presentación de mociones y promoción de proyectos de ley donde el parlamentario tenga sus negocios personales. El mismo artículo, establece la prohibición de votar asuntos que se vinculen con los intereses privados.
Declarados los intereses y patrimonios de nuestros legisladores, nosotros como ciudadanos deberíamos tener la tranquilidad de saber cuál es la gama de intereses y habilidades financieras de nuestros representantes populares. Con este conocimiento, sería claro identificar cual parlamentario no está dando cumplimiento a la ley.
El problema es que nunca ha existido una herramienta de fiscalización ciudadana que permitiera hacer el cruce entre los proyectos en tramitación y los intereses de los parlamentarios. Con ello, descubrir las situaciones que atentan contra le ley y que podrían repercutir en un posible conflicto de interés era casi imposible. Ahora sí podemos escandalizarnos.
La Fundación Ciudadano Inteligente desarrolló su aplicación el “Inspector de Intereses” que entrega la información cruzada desnudando a los que cumplen con el Artículo 5 letra B, y los que no.
Pero el “Inspector de Intereses” no sólo nos ha clarificado la situación “declarada” y que finalmente se encontraba a disposición de los ciudadanos (o del ciudadano que se tome unos meses para procesarla), sino que también nos develó una situación preocupante: Tenemos políticos chasquilla.
El político chasquilla es aquel que más allá de sus habilidades financieras declaradas, tiene otras no declaradas. La oportunidad hace el negocio, y eso al parecer lo saben muy bien 32 parlamentarios, quienes no declararon participaciones que poseen en acciones o sociedades.
Son en total más de 100 sociedades las que nuestros “políticos chasquilla” omitieron declarar, y si pensamos en la tremenda variedad de temas que trata nuestro Congreso en cada una de sus sesiones, el resultado de esos pensamientos es preocupante. Si ya era casi imposible fiscalizar los conflictos de intereses respecto de “lo declarado” ¿Cómo nuestros parlamentarios pretenden que fiscalicemos lo “no declarado”? ¿O no les interesa dicha fiscalización?
El problema histórico ha sido justamente la fiscalización. Hace años atrás, no teníamos idea si efectivamente lo que declaraba saber un maestro se condecía con el trabajo que le entregábamos, como instalar un calefont. Con posterioridad, se reformó eso por el peligro que significaba y se empadronó a quienes se encontraban certificados, entregando más certeza y fiscalización a la población. Nosotros respecto de nuestros parlamentarios no tenemos certeza, y hasta antes del “inspector de intereses” no teníamos herramientas de fiscalización.
Tal cual pasó con los “maestros chasquilla”, hoy debemos avanzar a un sistema donde nuestros representantes sean un poco más especializados en el trabajo legislativo, y con ello se aparten de los otros “rubros” que pueden terminar en una desgracia; un conflicto entre los intereses nacionales y los privados.
Los ciudadanos tenemos una nueva arma, la información. Ahora todo está en nuestras manos, debemos hacer de éste un tema relevante. La mala elección de nuestro político puede terminar en una explosión, no del calefont, sino que de la confianza que le tenemos a nuestras instituciones y a quienes las componen.
Es urgente avanzar hacia un nuevo marco regulatorio, donde las sanciones sean mucho más que un susto, sean una realidad dolorosa. Nuestro sistema debe tener un verdadero incentivo a elegir entre la transparencia y las omisiones; entre los intereses nacionales y los particulares
Fuente: El Dínamo
Hablando con una amiga, me di cuenta de lo desconcertados que estamos los concertacionistas. Mis sentimientos hacia el sistema político-económico eran tranquilos y de protección hasta marzo de 2010; hoy no lo son. ¿Oportunismo político? ¿Intento de destrucción de un gobierno por el que no voté? ¿Estoy picado?. Siendo súper objetivo, Piñera –más allá de las estupideces valóricas de la UDI y de sus conflictos de interés- no ha hecho nada muy distinto de lo que hicimos por 20 años. ¿Porqué ahora es distinto? ¿Porqué ahora me irrita?
Cuando la Concertación ganó la elección presidencial de 1989, la propuesta era de cambios. No nos gustó el sistema político-económico que se impuso a la fuerza por la dictadura. El sistema político generaba una democracia protegida o limitada, donde los militares tenían un poder inadmisible para un país libre. El sistema económico establecía la “iniciativa privada” sin contrapesos, donde la ley de la oferta y la demanda resolvían toda problemática.
Ante un quiebre violento, la Concertación, desde el PS a la DC, aceptaron las reglas del juego, a fin de un cambio paulatino. Fue la época de “la medida de lo posible” y de la “democracia de los acuerdos”, lo que se parecía bastante a un co-gobierno, con un fuerte poder de veto de los militares y grupos fácticos de la derecha.
Esa estrategia, es absolutamente entendible los primeros 8 años de gobiernos democráticos: Pinochet estaba en la comandancia en jefe y el riesgo de un golpe de Estado o regresión autoritaria era evidente. Es difícil que la nueva generación pueda entenderlo. Yo lo entiendo, porque viví en esa época. Las elecciones parlamentarias de 1997 y la salida de Pinochet de la comandancia en jefe en marzo de 1998 desnudaron nuestros sentimientos al respecto (nuestras bajadas de bandera, como dijo Garretón), y aparecieron 2 almas transversales en los partidos de la Concertación: los autocomplacientes, que creían muy valorable todo lo avanzado en materia de libertades políticas y de combate a la pobreza, y los autoflagelantes, que criticaban haber perdido el alma de cambios en nuestra alianza, haber aceptado el sistema de Pinochet.
La discusión se mantuvo siempre escondida, bajo la alfombra, porque “había que asegurar la gobernabilidad”, por miedo a los militares, o por lo que fuere. Aunque la lucha electoral, fue más estrecha, aún quedaban 2 victorias presidenciales que mantuvieron la discusión low profile.
Llegó el momento de la derrota, y al momento de discutirse las razones de la derrota, salió el tema a la luz. Los autocomplacientes argumentaron, por cierto, que si eso fuera verdad, habría ganado un candidato a la izquierda de la Concertación y no a la derecha. Sin embargo, a mi entender, y como dice Tironi, no entendieron que la victoria de la derecha fue un accidente: No ganó la derecha, perdió la Concertación. Ante un programa moderado y centrista del candidato Piñera, se castigó la inconsecuencia del arcoíris y sus malas prácticas al momento de gobernar, que –dicho sea de paso- eran muchas. Y esto aún no lo entiende la dirigencia de nuestros partidos. ¿Y qué pasa con la gente de a pie, los que no perdimos cargos por perder el gobierno y no tenemos cargos por los que luchar en las próximas elecciones? Bueno, lo que pasa es que tuvimos que asumir el porrazo de enero de 2010 y asumir de un sopetón nuestras propias inconsecuencias. Porque la culpa no es sólo del chancho, sino también del que le da afrecho; en este caso, de quienes votamos 20 años por la Concertación. Veo las demandas estudiantiles y son absolutamente justas. Veo las demandas de Asamblea Constituyente y nueva Constitución y las encuentro justas y obvias. Siento un estado de “choreamiento” que no es consecuente con mi cautela y complacencia de hace sólo 1 año y medio.
En lo personal, creo que es mejor asumir los errores y complacencias del pasado, corregirlos y proponer algo a futuro. Ante el duopolio político, me veo sin alternativas electorales a corto plazo, a menos que la Concertación o la alianza que la sustituya enmiende su horizonte en miras a las próximas elecciones. Tengo súper claro que de estas movilizaciones sociales no se van a lograr cambios de fondo en este gobierno, sólo cambios cosméticos; por eso es importante, que mi alianza haga un mea culpa y proponga al país cosas básicas.
Por lo pronto, el pacto social generado en 1988-1989 que dio origen a esta transición interminable (y que dio origen a la misma Concertación) se quebró, se terminó. Es necesario proponer un marco constitucional nuevo, plebiscitado o generado a través de una asamblea constituyente o la mezcla de ambos, en que el poder constituyente del pueblo maque las nuevas reglas del juego.
En lo político, se necesita un sistema participativo, no de elite; eso se logra con primarias obligatorias para todos los cargos de elección popular, elegir intendentes, limitar la reelección de todas las autoridades, incluir en el tejido constitucional instituciones de democracia directa (como la iniciativa popular de ley, la revocatoria, etc.), establecer un sistema semi-presidencial, en que exista una figura fuerte en la presidencia, pero que no sea un rey sin corona como existe ahora. Demás está decir que se necesita un sistema electoral proporcional.
En lo económico, no soy anti-empresarios ni anti-iniciativa privada, pero me parece que hay un ámbito en el que ellos deben estar, con normas laborales y medioambientales claras y de protección. Hay otros ámbitos (educación, salud) en que el Estado debe tener un papel clave; en que el lucro sea retirado. También se necesita una reforma tributaria de verdad, a nivel de un país más avanzado. Es inmoral que los bancos ganen miles de millones de dólares al año, en que el sueldo mínimo sea poco más de 180.000 y en que el Estado no garantice, al menos, una educación y salud gratuita y de calidad.
Para mí sólo un pacto social nuevo en base a esos mínimos parámetros, nos posibilita salir del atolladero en que nos encontramos ahora. Si los políticos, especialmente los que se llaman a sí mismo “progresistas”, no están a la altura, esto será una olla de presión que en algún momento va a explotar. Porque las crisis no se dan sólo por golpes de estado, sino también por ilegitimidad de quienes nos representan. Me declaro observante de la realidad política, a la espera de programas y propuestas serias de gente que tiene en sus hombros la conducción de mi país. Pensar más en el programa, que en el candidato.
