Por José Francisco García.
La petición del movimiento estudiantil cuando estaba en su peak en torno a renacionalizar la gran minería chilena en manos de compañías extranjeras, no es más que un slogan. En efecto, no se trata siquiera de una argumentación puramente ideológica. Es sólo una buena estrategia comunicacional, dado que transmite una idea frente a la cual se puede tomar fácilmente una posición (sí o no). Su opacidad y falta de contenido argumentativo, son superados, por así decirlo, por su fuerza motivacional, que busca movilizar a la acción.
Porque más allá del slogan, el país no escuchó un ápice respecto de las bondades técnicas de la medida, o siquiera un plan respecto de su implementación y contenido: ¿se trata de los activos, del patrimonio, de las concesiones en manos de las empresas extranjeras? Ni una sola palabra.
Se trata de una propuesta que choca frontalmente con nuestras reglas fundamentales, con el espíritu y texto de nuestras normas constitucionales y legales en materia de derecho público económico, y los tratados de libre comercio y de protección de inversiones suscritos y vigentes en Chile, el grueso de ellos impulsados por los gobiernos de la Concertación–, aparece, de cara a nuestro ordenamiento jurídico como extraordinariamente inviable.
Nuestra Constitución Política actual (1980) descartó incorporar la figura de la nacionalización, institución que, como sabemos, fue incorporada en el ocaso de la Constitución de 1925 mediante reforma del 16 de julio de 1971. La nacionalización consiste conceptualmente en el traspaso o apoderamiento del Estado de un conjunto genérico de bienes destinados a una actividad o sobre las empresas dedicadas a ella, consideradas siempre como una universalidad, no siempre con derecho a indemnización, lo que dependerá de criterios políticos y la capacidad económica del Estado.
En este sentido, y en buena parte producto de la experiencia de la nacionalización de la gran minería del cobre durante el Gobierno de la Unidad Popular, es que en la actual Constitución se robusteció el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, estableciéndose además que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio sino por ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional.
Entre algunas de las garantías que amparan al expropiado encontramos que siempre puede reclamar de la ilegalidad del acto expropiatorio ante los tribunales y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada por los tribunales.
Junto con lo anterior los tratados que hemos suscrito en materia de libre comercio y especialmente en materia de protección de inversiones, hacen que, no solamente deban respetarse la garantía de indemnizar, sino que justificar una expropiación o nacionalización, lo que puede llevar a los inversionistas afectados a demandar al Estado de Chile ante el CIADI.
Todas estas reglas no tienen la potencia comunicacional del slogan. No pululan las redes sociales ni frecuentan los debates en Twitter; pero un país requiere de una deliberación racional, de alto contenido para caminar al futuro. Y sobre todo de instituciones sólidas que respeten los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad, incluidas los de las minorías impopulares.
Por Francisco Luco.
Probablemente a nadie resulte indiferente el potencial de las manoseadas redes sociales para influir sobre el ejercicio del poder político. Y lo cierto es que, si bien podría ser nuestro primer impulso pensar en ejemplos como Twitter y su utilidad en la organización de movilizaciones políticas en Medio Oriente o protestas en Estados unidos, también contamos con casos mucho más cercanos y pedestres.
Sin ir más lejos, en Chile ya han sido numerosas las oportunidades en que gracias al poder de unos pocos, que representan una suerte de casta tecnológica (mas no intelectual, por cierto), se han derribado proyectos de ley, revertido decisiones de la administración central e, incluso, dejado sin efecto normativas de entes privados.
¿No se suponía que una ciudadana activa manifestándose en línea, presionando y molestando al poder era algo positivo? En principio sí, pero como en todo ámbito de cosas, cualquier exceso resulta nefasto al final.
El caso de la influencia que las redes sociales pueden ejercer en el poder político es especialmente paradigmático en Chile. Incluso da para alarmarse y para que comencemos a cuestionarnos –deberíamos– qué diablos está sucediendo a nuestro alrededor.
Es cierto que nos encontramos inmersos en la era de la información, que todo hoy se reduce a la inmediatez y que la ciudadanía evalúa a sus representantes constantemente, no esperando ya únicamente un plazo de 4 años para castigar o aprobar la gestión de sus autoridades. Sin embargo, existe un largo trecho entre esta situación de control cívico y el absurdo de que, porque un par de comentarios de menos de 140 caracteres creó un bola de nieve que acabó posicionándose por conveniencia en la portada de algún medio digital de izquierdas, autoridades políticas terminen dándose vuelta la chaqueta o traicionando derechamente sus convicciones.
Aunque no sea políticamente correcto decirlo, un “representante” no se elige para “representar” sin más lo que la voluntad de la mayoría que lo eligió designe. Y es que si así fuere, si se tratara de simplemente plantar monigotes mínimamente instruidos que se encarguen únicamente de mediar como meros mensajeros entre la opinión mayoritaria de sus electores y el poder, en la práctica daría lo mismo a quién se elige.
Un actor político, llámese congresista, alcalde, presidente de la república o lo que sea, se elige porque, si bien debiera actuar siempre con miras al interés de los ciudadanos, confiamos en su criterio e ideas de qué es lo mejor para sus electores. Suena paternalista y tan política 1.0 –insisto en lo de políticamente incorrecto–, pero no podemos negar que, por los argumentos antes expuestos, es así. Después de todo la realidad es innegable.
El gran problema se hace patente cuando las convicciones –suponiendo que las hay y por tenues que sean– se transan por miedo; el miedo al matonaje primero virtual, luego social y, finalmente y casi por añadidura, matonaje político.
No sólo nuestra sociedad criolla, sino la sociedad humana en general parece atravesar delicados y complejos cambios en este momento. Ello hace necesario, más que nunca, el surgimiento de un proceso de reflexión y análisis en frío de los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor. Lamentablemente, mensajes furibundos, apasionados, temperamentales y muchas veces plagados de desconocimiento en 140 caracteres parecen marcar hoy la pauta noticiosa, y no hacen falta un par de horas para que un político traicione sus ideas y convicciones y revierta sus decisiones temiendo ser víctimas de bullying.
En estos últimos años se ha acrecentado más que nunca la importancia de las redes sociales y su interrelación con la política. Sin embargo, es fundamental que de vez en cuando nos detengamos a pensar antes de caer en la verborrea instantánea y fácil, y sobre todo –casi lo imploro– que en la llamada “clase política” piensen dos veces antes de ceder a las presiones de un reducido grupo de usuarios de internet, de baja representatividad y que al final sólo consigue hacer crecer bolas de nieve gracias a los intereses editoriales de opositores al gobierno.
Como corolario de lo anterior, resulta de total relevancia que se dimensionen las redes sociales en una medida justa y proporcionada, y se evite caer en el espejismo absurdo de que se trata del bastión de la verdad absoluta o de un instrumento econométrico confiable y representativo.
Al final, si quienes ostentan el poder debieran retractarse cada vez que los usuarios de Internet se disgustan por algo, probablemente terminaríamos en una especie de populismo, caudillismo o, peor aún, una verdadera dictadura digital.
Por Francisco Luco.
El consenso de analistas, columnistas, periodistas, políticos y público en general es que el año que acabamos de despedir fue uno, cuanto menos, difícil, complejo y, dicho con cierta siutiquería, “raro”.
Comparto dicha impresión, generada sobre todo por una suma difusa y algo etérea de eventos trascendentes que tuvieron auge en los más disímiles puntos del planeta. Y lo interesante –como vivimos en una sociedad globalizada– es que cada uno de estos eventos repercutió de alguna manera en otras latitudes y, al final, en el mundo entero, tanto en una dimensión política como económica y sobre todo social.
Fue el año de las revoluciones, de las caídas de tiranías que llevaban décadas incólumes, de la muerte del terrorista número 1 buscado por Estados Unidos, de los movimientos sociales, de las redes sociales, del flujo expedito de información pero también de la censura de la información.
Es difícil ubicar un punto de partida, y siempre el evento que convengamos en escoger como episodio inicial tendrá, a su vez, otros antecedentes y causas, de suerte que podríamos remontarnos al momento en que Eva mordió la manzana. Sin embargo, creo que un buen punto de partida, más o menos claro y explicativo –y el que en cierta manera desencadenó todo lo que ocurrió a lo largo del 2011–, corresponde a la filtración de cables diplomáticos por obra de Wikileaks, acontecido cuando ya se nos iba el 2010.
Si reflexionamos por un momento, todo lo que ocurrió el 2011 podría explicarse de alguna manera a partir del efecto dominó que generó lo hecho por Bradley Manning, Julian Assange y compañía; no por directa influencia de los propios contenidos de los cables diplomáticos expuestos, sino por el aura general y el contexto ideológico al que nos permitía arribar tal suceso.
Me refiero puntualmente al ensalzamiento del derecho de acceso a la información. Al final, lo que demostró primero Wikileaks, y luego Twitter con su formidable soporte a la hora de organizar movilizaciones y protestas en todo el mundo, es que, en definitiva, la información se encuentra actualmente en manos de todos, de manera instantánea y sin intermediarios (exceptuando los soportes tecnológicos).
Hoy en día todos cuentan con una cuota de poder más o menos significativa que les permite levantar causas en un par de minutos y derribar proyectos de ley o cualquier otra iniciativa que atente contra los intereses de esa selecta casta de personas informadas e hiperconectadas. Hasta aquí podríamos concluir entonces, y con relativo acierto, que el 2011, a pesar de los constantes intentos de boicot (léanse a modo de ejemplo las medidas de censura ejecutadas por el régimen egipcio para frustrar las protestas, o la propia ley SOPA), fue el año del acceso a la información y el libre flujo de ésta.
Lamentablemente no me van quedando muchas razones para mirar con optimismo el 2012, al menos en este aspecto. La ya mencionada ley SOPA es la mejor muestra de que los gobiernos de occidente no miran con buenos ojos la manera en que redes sociales y, en general, las nuevas tecnologías de la información permiten levantar causas que –más allá de que sean justas y sensatas o no– tienden a incomodar el poder central.
No es que estemos descubriendo el fuego. Desde hace mucho tiempo hemos podido comprobar la importancia de las nuevas tecnologías de la información como motor de cambio social y político, y hemos tenido también la oportunidad inferir que estas herramientas son un arma de doble filo, con una capacidad de generar gran suspicacia en los gobernantes de todas partes. Sin embargo, creo que es 2011 el año en que este cúmulo de ideas y valores ha alcanzado su auge, y por ello es que los órdenes de Occidente comienzan a tomar cartas en el asunto.
Tomemos como ejemplo la ya mencionada Stop Online Piracy Act. Desconozco lo que irá a ocurrir con ella en el estado en que se encuentra en el Congreso, con sus evidentes y abiertas contradicciones a la primera enmienda y otros derechos fundamentales garantizados en la propia legislación norteamericana. En el mejor de los casos, tal vez el lobby ejercido por usuarios de a pie e importantes empresas que dependen de una Internet relativamente libre logre derribar el proyecto.
Podría ocurrir también –de todo se puede esperar de la tierra del tío Sam– que la iniciativa SOPA, tal como se encuentra redactada hoy, llegue a convertirse en una ley plenamente vigente para todos y cada uno de los Estados del país del norte, con las consiguientes y nefastas implicancias para todos los países conectados a Internet y que dependan de lo que hagan o dejen de hacer los servidores establecidos en Estados Unidos.
Pero si llegara a concretarse el peor de los temores de todo internauta, ¿estamos condenados? Parecen haber dos salidas o posibles desenlaces.
La primera y la “más legítima” radica en la confianza que podamos tener en la sanidad del sistema legal estadounidense. La aprobación de una norma antijurídica por donde se le mire, que atenta abiertamente contra la primera enmienda y los más sacrosantos valores políticos y sociales de Estados Unidos, debiera ser revisada por la Corte Suprema y ser declarada inconstitucional. Si las instituciones funcionan, sabemos que una ley federal ya aprobada es susceptible de ser declarada inconstitucional por los tribunales superiores de justicia, en virtud, precisamente, del principio de supremacía constitucional, y así restablecer el imperio del derecho.
Pero si nada de esto llegara a ocurrir, lo más probable es que sólo se contribuya a profundizar el problema y termine desahogándose una manifestación global de proporciones épicas. Internet es el último verdadero bastión de libertad que nos va quedando, y por ello podría afirmar con convicción que, si bien hay muchas cosas que desconozco y soy incapaz de predecir, ésta es una de esas en la que el futuro ya se puede anticipar con relativa seguridad. Y es que nadie se quedará de brazos cruzados mirando cómo la fuente universal de conocimiento por excelencia queda atrapada en las redes del poder central, la censura y –si nos compramos la tesis de que realmente todo esto pasa por la protección de los derechos de autor– los intereses de las compañías discográficas y grandes medios.
El 2011 fue el inicio de un proceso de cambios y descontento a nivel global; algunos con causas distintas, pero todos interrelacionados de alguna manera (sea desde un punto de vista geopolítico, tecnológico o sociológico). No hay razón alguna para pensar que el 2012 la tendencia se detendrá o revertirá, y por ello es no sería aventurado esperar, asimismo, una feroz oposición de gobernantes de todas partes. Por ello creo que, definitivamente, el año que recién comienza verá de alguna manera frustrados sus intentos por consagrar el acceso a la información y la transparencia como los grandes valores a los que aspira la sociedad moderna. El panorama que se vislumbra durante los próximos doce meses aparenta ser más difícil, complejo y “raro” que nunca.
Por Álvaro Castañón.
¡Todo listo! Tu partido político ha entregado su visto bueno a tu candidatura. Lo ha hecho luego de un tenso proceso, el cual dio como resultado un “sí” tan adolorido como si lo hubieran descontado de sus sueldos.
Ya eres oficialmente un candidato, y lo primero que pasa por tu mente es que tienes que comenzar a cautivar a los votantes, generar redes y lograr que más de un “aperrado” se ponga la polera de tu campaña. Estás ansioso, tienes las ganas y el ímpetu, pero debes partir por lo más fácil, aquello que es gratuito, cool y está de moda.
Diez minutos después de que la ampolleta se prendiera sobre tu cabeza, ya está: ¡tienes Twitter, Facebook y un canal de Youtube! Ahora sólo te tienes que preocupar de entregar tu mensaje, y convencer a todos de que eres su líder, un servidor público que viene al rescate de la política añeja.
Luego comienza la campaña, te das cuenta que la cosa es un cacho, no tienes tiempo para responder preguntas tontas, poner me gusta, subir imágenes, videos y hacer RT. Pero descubres justo a tiempo una excelente app que te permite controlar todo desde tu Smartphone, y la vida cambia, ahora nadie será privado de tus “interesantes” reflexiones.
Lo que no sabias, por obvio que parezca, es que las redes sociales son justamente una “red”, donde todos –o la gran mayoría- llegan con ánimo de interactuar. Es así como para nuestra clase política es una mera plataforma “chora” donde por moda temporal se debe estar. Después de todo, así se hace en las campañas de Estados Unidos, y por cierto, es una buena vitrina y gratis.
El exhibicionismo, es una de las peores depravaciones que pueden atentar contra el concepto de redes sociales. Son los “iluminados” a los cuales sigues por su importancia en el “mundo material”, pero que se limitan a entregar sus reflexiones, sin que sean capaces de responder a los ilusos que creen que acá si podrán tener una conversación de tú a tú con la autoridad.
Una referencia más concreta la podemos extraer del listado elaborado por el diario La Segunda de los “Top 140 Twitteros Chilenos”, donde de esos 140 twitteros menos de 10 son políticos.
En los primeros puestos del ranking publicado podemos encontrar al Presidente Piñera, un clásico ejemplo que sigue a menos del 5% de quienes lo siguen y todo un cyber-exhibicionista. El Presidente no responde ni hace retweet de nada ni de nadie, sólo importa lo que él hace.
En un rango intermedio del listado, tenemos a Laurence Golborne, Marco Enríquez-Ominami y Claudio Orrego. Este último es el más exhibicionista, con poca gente en su time line, muchos seguidores y poca conversación, pero su agenda se actualiza eficazmente.
El ministro Golborne en cambio interactúa más con los twitteros, pero su participación se limita a la autopromoción y a responder a quienes lo mencionan, ya que siguiendo sólo a 124 personas no queda mucho espacio para saber lo que pasa en la “twittosfera”.
El Twitter de ME-O dice que es “atendido por su propio dueño”, y se nota, pues él se da el tiempo para responder, tener un time line de un poco más de 50.000 personas, hacer retweet y ser un exhibicionista no agotador.
Quizás los más rescatables de la lista del diario La Segunda son políticos “old school”, como Tomás Jocelyn-Holt y Jorge Schaulsohn. Este último, si bien es bueno para la conversación y no se exhibe con locura, tiene un gran problema; de sus 33.232 seguidores no sigue ni al 1%. De ahí que de su cuenta salgan pocos RT, y probablemente su pauta tiene cero relación con las redes sociales, limitándose a responder menciones y a comentar el diario.
De Jocelyn-Holt no podemos decir nada malo; no es un autorreferente, twittea en formato AM y PM, su time line es reciproca con quienes lo siguen, y en términos de conversación es muy nutrido. Claramente sus problemas no están en Twitter, esos se encuentren más bien en la política.
Pero más allá de listados, políticos twitteros exhibicionistas hay por montones; unos que sólo promocionan sus pensamientos, otros que promocionan su agenda, y los que con suerte se acuerdan de escribir una vez al día.
En Facebook la cosa no es mejor, basta por ejemplo, ver el perfil de Ignacio Walker o de Cristián Monckeberg, exhibicionistas totales que se limitan a poner información o replicar la de Twitter, sin conversación o interacción alguna.
Tener a un político en las redes sociales se ha transformado en lo mismo que hablar con un diario mural, el cual tiene información que puede ser interesante o no, pero donde no existe una respuesta, el clásico feedback.
Hoy las redes sociales han replicado el modelo social que tenemos fuera de internet, donde la clase política es lejana, exhibicionista y sorda, mientras los ciudadanos nos limitamos a hablar entre nosotros. No se dan cuenta que tenemos en nuestras manos una tremenda herramienta de dialogo y comunicación,donde todos en cierta medida nos mostramos, pero eso puede no ser un acto pervertido si equilibramos los contenidos y la interacción.
No podemos obligar a nuestras autoridades a responder un post o tweet, pero es claro que sería mucho mejor y honesto, que cuando se registraran no lo hicieran con la intención depravada de estar en vitrina.
Por el contrario, el animo fuera de dialogar con quienes se encuentran distantes de las esferas de poder, pero están interesados en hacer algo, entregar una opinión, o emplazar a una autoridad por algo que no le guste, que no es ser troll, es buscar legítimamente una respuesta de su autoridad.
Fuente: El Dínamo.
Por Esteban Szmulewicz Ramírez
Desde las antiguas plazas y calles del Medio Oriente, hasta las hipermodernas avenidas de Nueva York, y también desfilando masivamente por las tierras chilenas, los ciudadanos se han reapropiado del espacio público para manifestar su opinión frente a situaciones que consideran extremadamente injustas. ¿Qué hay detrás de esta oleada de movilizaciones ciudadanas esparcidas en distintos lugares del mundo en un intervalo de tiempo relativamente corto?
Por una parte, algunos comentaristas han planteado la necesidad de buscar ciertas causas comunes o factores explicativos que puedan dar cuenta de la globalidad de este fenómeno. En esta línea, Eduardo Engel planteó, en una reciente columna, que a pesar de sus múltiples diferencias, las movilizaciones sociales actuales tendrían en común el hecho de fundarse en una ciudadanía con mayor acceso a la información, mucho más exigente y vigilante en relación al poder estatal, y más conectada por medio de internet y las redes sociales. Esta interpretación enfatiza lo que se denomina la dimensión de “recursos políticos” como variable explicativa para la participación política, esto es, aquellos elementos que les permiten a los ciudadanos actuar políticamente, vinculados en esencia a la capacidad de adquirir información política y a la disminución de los costos de organización y comunicación política, mediante el uso de las redes sociales.
Por otra parte, esta interpretación requiere un complemento en una explicación que ponga el acento en ciertas cuestiones elementales de la organización política, en particular, la aceptación de las decisiones adoptadas mediante el recurso a mecanismos públicamente reconocidos como legítimos. Teoría que enfatiza los aspectos de diseño institucional del modelo de toma decisiones imperante en muchos países. Dado que se trata de fenómenos en desarrollo y respecto de los cuales carecemos de mucha información relevante, es difícil plantear hipótesis fuertes, aunque sí se pueden realizar algunas apreciaciones preliminares.
Para comenzar, para que la explicación centrada en la influencia de las nuevas tecnologías fuese cierta serían necesarios niveles equivalentes de penetración y uso de internet en todos los casos, lo cual no es la circunstancia. Naturalmente la penetración y uso de internet y de las redes sociales es menor en el Medio Oriente que en Chile, y en Chile menor que en Europa y Estados Unidos, aunque los primeros están aproximándose rápidamente a los segundos. Pero no sólo se encuentra la distribución de acceso a internet en desigualdad de distribución a nivel internacional, sino que también a nivel de cada Estado. En general, a mayor nivel de ingreso mayor cantidad y calidad del acceso y uso de internet. En consecuencia, las redes sociales, que requieren disponibilidad de acceso prácticamente constante e inmediato, no podrían explicar por sí solas la masividad y transversalidad, en términos etarios y de procedencia socioeconómica, de las manifestaciones en distintas partes del mundo.
Dados estos problemas – a la explicación basada en los recursos informativos – cabe agregar aquella fundada en la crisis de las instituciones de democracia representativa. Según esta visión, las revueltas ciudadanas se explican, además, por la problemática que se les manifiesta a las instituciones de representación e intermediación democrática diseñadas para tomar decisiones mediante el recurso a la elección de representantes del pueblo que luego se encargan de deliberar y aprobar políticas públicas. Estas instituciones comienzan a entrar en crisis cuando los gobernantes son percibidos por la población como incapaces de dar cuenta de los principales problemas del país y surge, en cambio, un impulso colectivo a operar fuera o incluso contra estas instituciones de representación política. Esta hipótesis dice relación con problemas clásicos de la teoría política, tales como las dificultades para controlar la acción de los representantes por parte de los representados, y el interés de éstos porque sus preferencias, complejas, multivariadas y en ocasiones contradictorias, sean trasladadas a políticas públicas justas.
En el Medio Oriente se trató de la incompetencia de dar voz a amplios sectores de la población y la tremenda represión de regímenes incapaces de garantizar mínimos derechos civiles y políticos. En Europa y los Estados Unidos, se trata de la percepción de que el gobierno está más ocupado de resolver los problemas financieros de los grandes intereses económicos, que de dar respuesta al aumento del desempleo, la pobreza y las desigualdades. En Chile, el movimiento estalla con la demanda de una educación pública de calidad e igualitaria, pero toma real vuelo por la incapacidad del actual modelo democrática de procesar estas demandas y crear instituciones que permitan articular y procesar los planteamientos de vastos sectores sociales.
Estos problemas se han visto acentuados por la capacidad de los ciudadanos de recurrir a fuentes alternativas de información y la disminución de los costos de la organización política que traen consigo las nuevas tecnologías. Así, no sólo se incorpora la revolución que ha significado la extensión e inserción de internet, sino también se puede dar cuenta de las diferencias que existen entre países que exhiben similares o incluso mayores niveles de penetración y uso de internet, como las naciones escandinavas, Canadá y otros, pero cuyas ciudadanías no han recurrido a las protestas como método privilegiado de acción política. En estos países, una correcta combinación institucional ha permitido articular intereses colectivos diversos e involucrar a los ciudadanos de mejor manera en los mecanismos de toma de decisiones.
En definitiva, si bien las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han proveído un notable canal para organizar, difundir y vehicular las demandas ciudadanas, éstas obedecen en última instancia a causas estructurales más profundas, vinculadas a la crisis de un cierto modelo de toma de decisiones. Esto no sólo tiene consecuencias para nuestro entendimiento de estos fenómenos sociales, sino también para la práctica política futura. No bastará con incorporar medidas de transparencia y participación ciudadana clásica, sino que será necesario un replanteamiento completo del modelo de intermediación y articulación política actualmente imperante.
Por Luis Pineda
La era de la información y el conocimiento que se vive actualmente, ha contribuido a que los ciudadanos con acceso a Internet tengan la posibilidad de poder interactuar de una forma más directa con sus representantes populares, situados en las diferentes esferas del poder gubernamental, a través de las Redes Sociales y otros tipos de tecnologías de información que muchas estructuras de gobierno, no tan solo en México sino en el mundo, están implementando como parte de sus proyectos de Gobierno 2.0 también conocidos como Gobierno Abierto, mismos que buscan principalmente una mayor transparencia, apertura y colaboración en relación con los ciudadanos.
Las redes sociales actuales como FaceBook y Twitter, permiten a los ciudadanos organizarse de manera virtual y construir demandas ciudadanas, mismas que son entregadas utilizando estas tecnologías de información, y en otros casos, han permitido y fomentado la participación ciudadana en temas que son de interés público, lo que ha dejado patente a los políticos o servidores públicos la enorme responsabilidad que tiene su labor en las decisiones que toman a nombre de millones de ciudadanos.
Para la Dra. Silvia Bolos Jacob, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de México, el término participación ciudadana se aplica a aquellos casos que representan una respuesta – individual o colectiva – desde lo social a una convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en aquellos espacios institucionales que éstas designan o crean. Las redes sociales en la actualidad, juegan un importante papel en la promoción de la participación ciudadana y posibilitan el ejercicio de este derecho de parte de los ciudadanos, como lo establece, para el caso particular de México, el artículo 7, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que indica como obligación de transparencia para las dependencias federales así como sus otros sujetos obligados contar con mecanismos que garanticen esta participación.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la participación ciudadana se puede entender como un proceso que incluye tanto al gobierno como a la sociedad. De esta manera, una dependencia gubernamental tiene la posibilidad de crear espacios virtuales a través del uso de redes sociales que permitan a un ciudadano tomar posición, a través de sus comentarios o preguntas, independientemente de su poder de intervención en las decisiones públicas de la institución.
Finalmente, es importante comentar los aspectos que una dependencia gubernamental debe considerar al tomar la decisión de incorporarse a las redes sociales. Uno de ellos es la generación y aprobación de lineamientos para regular el funcionamiento de las cuentas de FaceBook y Twitter (por ser las de más uso actualmente), mismos que deberán ser aprobados por el órgano competente al interior de la institución. Estos lineamientos una vez aprobados deberán hacerse del conocimiento, tanto al interior de la dependencia, así como a la ciudadanía a través de un boletín informativo en el Sitio Web sobre la incorporación de la dependencia a las redes sociales mencionadas.
Estos lineamientos deberán establecer de manera clara entre, otros aspectos, el tipo de información que se publicará (distinguiendo claramente entre la información en materia de Comunicación Social y la relativa a Transparencia y Acceso a la Información Pública), las políticas para su uso, la regulación de comentarios y opiniones, la aclaración de dudas específicas, el comportamiento de etiqueta en las mismas tanto para la institución como para la ciudadanía, la unidad interna que será responsable de administrar dichas cuentas, etc.
Es verdad. Siempre es bueno que un gobierno esté conectado con los ciudadanos, y que sepa por donde van los intereses de las mayorías y minorías. Una herramienta recurrente para sondear a los ciudadanos son los estudios de opinión, las clásicas encuestas. Dichas herramientas, por vía de la ley 19.628, hoy son objeto de regulación y protección de datos personales, limitando así la información que puede hacer identificable al sujeto, entre otras cosas. De otra manera, ¿estaría bien que el gobierno nos tuviese plenamente identificados?
Hace algunos meses atrás, el Gobierno de Chile anunció que comenzaría a monitorear las redes sociales y blogs, lugar donde en la actualidad se pueden encontrar la mayor fuente de opiniones ciudadanas, aquellas que no son sondeadas por encuestas políticas.
Como es lógico, los usuarios de dichas plataformas no miraron con buenos ojos esta “vigilancia” que se pretendía realizar sobre sus escritos, fotos, links, y sobre la persona misma. El aparato gubernamental no deja de ser intimidante cuando se contrapone a un ciudadano común, el que se encuentra en desventaja a la hora de responder a un actuar que deja demasiadas interrogantes, y pone entre comillas aquel principio de legalidad que protege al gobernado.
Una cosa es que el gobierno deba saber qué es lo que opina la ciudadanía, pero otra distinta es tener, con absoluta discrecionalidad, grandes cantidades de información sobre miles de personas puntuales. Ya en el sólo anuncio se ejerce una perturbación a la libre manifestación de ideas.
Ya nos parece extraño y poco transparente la manera en que cientos de empresas ejercen tácticas engañosas para obtener los datos de sus clientes, y con ello poder hacer estudios que apunten a acotar el universo al cual dirigir sus campañas. Lamentablemente, el gobierno caía en las mismas tácticas, para sin mediar autorización expresa alguna, lograr recabar información que en muchos casos pertenece a nuestra esfera más doméstica.
Un ejemplo de lo anterior, es la última encuesta CEP, donde el 82% de los consultados dijo no seguir nunca temas políticos en redes sociales. Frente a esto nuevamente se nos presentan las dudas ¿el monitoreo incluye a aquel 82% que no tiene interés político? ¿O se hace un seguimiento más acotado a sólo el 18% restante, dejándolos aún más identificables?
Y finalmente la famosa información llegó….. Fue con el ánimo de indagar sobre los resultados de este monitoreo, y tener un poco más de claridad respecto a las características de la plataforma creada por BrandMetric, que un ciudadano anónimo solicitó a AccesoInteligente.org la información en virtud a la ley de transparencia.
La información proporcionada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, un PowerPoint básico y que parecía más bien una pauta de prensa, dejó ver la escasa capacidad de análisis con la que fue tratada la información. Faltaron muchos puntos, como los detalles de las fuentes, las cantidades de cuentas o blogs monitoreadas, identificación de los más influyentes, si las opiniones son positivas o negativas. En resumen, o no se cumplió con las bases de la licitación, o no se cumplió con la ley de transparencia. Dos eventuales faltas, graves.
Así se marcó el fracaso del sistema de monitoreo. Siendo una decisión errada por parte de la administración de la ex Ministra Von Baer pensar que semejantes cerros de información iban a poder ser analizadas en detalle, sin que medie un gran trabajo, del cual ni siquiera se tenían los recursos tecnológicos.
El gobierno se vio sobrepasado por su propia petición, información en cantidades industriales. Complejizó algo que podría haber sido tan simple como revisar los trending topic de twitter, ver quiénes son los usuarios con más amigos o seguidores, utilizar herramientas complementarias para analizar visitas, menciones, retweets, o cantidad de veces que se compartió. En las redes sociales no es muy complejo ver qué pasa, por donde va la conversación, y como se comparte. Lo fundamental es ver como “yo” estoy posicionado desde mi cuenta, más que tratar de infiltrar la de los otros.
Y pasó lo que tenía que pasar… El Consejo para la Transparencia haciendo una importante interpretación de la ley 19.628, manifestó que aquí efectivamente había datos personales en juego, pues al finalizar el proceso de recolección de datos se puede llegar incluso al domicilio desde donde se emitió la opinión en cuestión. Dejando también en claro que muchos usuarios de la web, basados en un sentido de responsabilidad, han preferido utilizar sus nombres en vez de nicks, lo que de igual forma, no pone automáticamente la información a disposición del Gobierno, pues debe haber un sentido de pertinencia.
En este contexto, fue informado por varios medios de comunicación, que el actual Ministro Vocero de gobierno, Andrés Chadwick, optó por poner término al monitoreo de las redes sociales. Dejando nuevamente dos interrogantes, ¿se tomó esta decisión por el cuestionamiento de los ciudadanos, o por un real temor al informe que iba a emanar la contraloría en los próximos días?
Y así se fue el monitoreo, con el mismo manto oscuro con el cual llegó, sin mayores explicaciones y con preguntas al aire que nadie ha sabido contestar de frente a los “monitoreados”. Todo se transformó en un mal informe de redes sociales, un autogol político y un sector de la sociedad que sintió vulnerados sus derechos a gozar sanamente de la tecnología, y de aquellas redes con las que compartimos gran parte de nuestra cotidianeidad, siempre a sabiendas que tenemos un menú con la opción de expulsar, o bloquear, a aquel que nos desagrada.
Ganaron los ciudadanos, pues una vez más ejercieron su propio monitoreo, demostraron interés e impusieron la agenda, bloqueando así, con las herramientas de la transparencia y la participación, a los únicos que no tenían la opción de bloquear.
Publicación Original en The Clinic
