Los medicamentos en Chile: ¿Bien de consumo ordinario o derecho constitucional?
Por:
Marco Enríquez-Ominami – Presidente Fundación Progresa
Dr. Rodrigo Martínez Peric – Coordinador Programático de Salud – Fundación Progresa
La mayor parte de los estudios que comparan los precios de los medicamentos en el mundo, concuerdan en que existe una relación directa entre el valor de estos y el poder adquisitivo de cada país.
Esta regla general no se cumple en Chile, donde el valor de los fármacos es proporcionalmente mayor al ingreso promedio, y el consumo per cápita es significativamente menor, que en naciones de similar producto interno bruto. (Danzon, Furukawa: Prices and Availability of Pharmaceuticals: Evidence from nine countries, Knowledge@Wharton).
De los socios que integran el club de naciones neoliberales OCDE, nuestro país es el único, con una Autoridad Sanitaria sin las herramientas necesarias para certificar la calidad de los medicamentos y controlar su comercio.
El sobre precio de las medicinas en Chile, indudablemente castiga al segmento más vulnerable de la población. Mientras el sector acomodado realiza un gasto de farmacia menor al 2% del ingreso promedio familiar, este mismo ítem, puede significar alrededor del 11% de la entrada en un hogar de nivel socioeconómico bajo.
Esta indiscutible distorsión tarifaria local, tiene como responsable principal al propio Estado, que a comienzos de los 80, sentó las bases de un sistema articulado por una triada nefasta: libertad de precios, legitimación de un oligopolio abastecedor, y una autoridad incapaz de hacer cumplir una fragmentada y disfuncional normativa.
Durante la dictadura militar las farmacias fueron desvinculadas de la organización sanitaria, sometiéndolas a un ordenamiento de tipo económico comercial. Sin embargo, las condiciones existentes eran distintas de las actuales, pues existía un mercado comercializador abierto, y una Autoridad Sanitaria que contaba con un moderador tarifario de gran eficiencia: el Formulario Nacional del Laboratorio Chile; una canasta básica de medicamentos genéricos de primera calidad, a precios asequibles.
En los tiempos que siguieron, el Estado extravió el objetivo fundacional del Laboratorio Chile, transformándolo en un elaborador farmacéutico más, permitiendo que el sector de abasto, impulsado por los fondos de pensiones, adquiriera una concentración inaceptable.
El resultado era previsible…
El 92,5% del mercado farmacéutico chileno fue acaparado por 3 grandes cadenas comerciales, las que instauraron un mono formato de venta, en el cual los medicamentos fueron inmersos en una amplia gama de productos y servicios, que incluyeron desde cosméticos hasta comida chatarra; estacionamientos gratis y crédito automático, administrado por el mismo vendedor. Obviamente todos los incentivos fueron puestos en la venta de los productos rentables. La prevalencia de un criterio puramente comercial, provocó que algunos preparados farmacéuticos de gran efectividad, pero que representaban una menor ganancia para el vendedor, desaparecieran de la Farmacopea Nacional. Asimismo, la oferta de genéricos, fue artificialmente restringida para no perjudicar la venta de medicamentos de marca, lógicamente más rentables.
La antigua botica dio paso a unidades económicas donde todo puede ser transado. La venta selectiva de determinados productos farmacéuticos premia al vendedor que la efectuó. La tentación es grande, se cuenta con las bases de datos que relevan las enfermedades de las personas, los medicamentos que receta cada profesional, como también la capacidad crediticia de los enfermos.
Así fue como, a nadie provocó extrañeza que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) comprobara en tribunales (TLC) el alza concertada de al menos 206 productos farmacéuticos de primera necesidad, atentando en contra del derecho a la salud de millones de chilenos, eso si, haciendo blanco específico en las exiguas pensiones de los adultos mayores, que padecen enfermedades crónicas.
Ante esta indesmentible problemática nacional, que afecta la calidad y cantidad de vida de la mayor parte de país, el Ministerio de Economía ha propuesto una insólita solución, consistente en un proyecto de ley – al que dará suma urgencia – que busca disminuir el precio de los medicamentos, liberalizando su comercio. La medida solo incluiría a los fármacos que actualmente pueden venderse sin receta médica.
La iniciativa legal del Ejecutivo no deja de ser curiosa. Por una parte, proviene de una cartera ajena a la fijación de políticas de salud, y por la otra, es manifiestamente contraria a la tendencia mundial, que apunta a establecer un férreo control en la fabricación y comercialización de fármacos. De todas formas, aunque extraña, retrata fielmente la institucionalidad vigente, en la que la salud, un derecho constitucional primario, es primero un bien de consumo.
El libre comercio de medicamentos, aunque estos no requieran receta médica para su expendio, ciertamente agravará la realidad sanitaria del país, donde la automedicación es un problema endémico; y las intoxicaciones farmacológicas, accidentales o voluntarias, están a la orden del día. La liberalización de “los sin receta”, dificultará además la labor del fiscalizador, que deberá redoblar los esfuerzos en orden a controlar la naturaleza de los medicamentos expendidos, como también, tendrá que certificar si los locales de venta reúnen las condiciones necesarias para exponer y almacenar medicinas.
A esta altura, es lícito preguntarse si la liberalización comercial de los sin receta, evitará que debamos pagar por las medicinas, los precios más altos de Latinoamérica. A primera vista la solución parece tan irracional como el ordenamiento que regula al sistema farmacéutico en Chile. Más aun, si se considera que la solución propuesta no apunta a corregir los vicios principales, es decir, un sector de abasto monopolizado por las cadenas farmacéuticas, que funciona cartelizado con los laboratorios productores.
La entrada del retail al negocio farmacéutico fue intentada hace una década, con el más rotundo fracaso. No obstante representar un gran poder comprador, los supermercadistas no accedieron a las tarifas preferenciales que los laboratorios otorgaban a las cadenas farmacéuticas.
La problemática que afecta al mercado comercializador de medicamentos, no se solucionará convirtiendo los supermercados en farmacias, de hecho las farmacias ya estaban convertidas en supermercados…
¿No es sospechoso que ninguna de las grandes cadenas farmacéuticas se haya opuesto a la liberalización de los medicamentos sin receta?
Ninguno levantará la voz, pues el nivel de interrelación comercial entre supermercadistas y farmacias de cadena es tan fuerte, que un diferendo menor, como es la disputa por los medicamentos sin receta, no es motivo suficiente para generar un diferendo entre gigantes económicos. Recordemos que el Retail y las farmacias de cadena podrían considerarse primos hermanos, pues tienen a las Administradoras de Fondos de Pensiones como progenitores, y ambos exhiben al crédito como el elemento central de su gestión comercial. También utilizan una plataforma inmobiliaria común, donde indistintamente son arrendadores o arrendatarios el uno del otro, en fin, grandes socios comerciales.
Con el objeto de solucionar la problemática anteriormente descrita, economistas y especialistas en salud vinculados la Fundación Progresa, en una propuesta en la cual la Autoridad Sanitaria recuperaría, a través de la Cenabast un rol regulador en el mercado de los medicamentos, tal como lo realizó el Laboratorio Chile en su momento.
El cambio supone que la Central Nacional de Abastecimientos aprovechando su gran poder comprador, surta de un amplio listado de medicamentos genéricos bio equivalentes, a una cadena de “farmacias populares” emplazadas en hospitales públicos y centros de atención primaria. A estos puntos de distribución podrían añadirse las farmacias privadas independientes. El nuevo sistema de comercialización propuesto, persigue mejorar la oferta de medicamentos genéricos, corrigiendo la distorsión existente en el mercado, actualmente controlado por las farmacias de cadena. El modelo busca replicar la exitosas experiencias de otros abastos farmacéuticos, tales como las farmacias semiabiertas que manejan corporaciones privadas como la Conac y la Asociación de Enfermos Vasculares, que comercializan medicamentos a tarifas muy por debajo de los valores de mercado.
La pasada Reforma del 2005, convirtió a la salud en un derecho jurídicamente exigible por las personas. El cambio supuso, que el Estado avalaría el cumplimiento de las garantías en salud establecidas por la ley. Sin embargo, esto no pasará de ser una declaración de buenas intenciones, si nuestra Autoridad Sanitaria adolece de herramientas efectivas que permitan asegurar a la población un abasto farmacéutico a precios razonables, y los tratamientos médicos garantizados, no cuentan con medicamentos de calidad certificada.
