Por Eliana Claro, Libertad y Desarrollo.
Ingresó hace algunas semanas al Congreso el proyecto de ley de “Fortalecimiento del Ministerio Público”, que tiene por objeto aumentar significativamente la dotación de fiscales y funcionarios administrativos a la institución. Se trata de una iniciativa de US 30 millones que recoge en parte un plan de US 80 millones que ha desarrollado el Ministerio Público desde hace varios años, y que descansa sobre la base de que, mientras no ha habido aumentos de fiscales desde su inicio (sólo 22 en el 2006), los ingresos de delitos han crecido en un 46% desde el 2006. Así, si las estimaciones iniciales implicaban una carga promedio por fiscal cercana a los 1.200 casos, estos hoy son el doble.
Pero en el debate que se está llevando a cabo en el Congreso debe considerarse el aumento en su presupuesto de 45% desde el 2006, como asimismo el uso que hace de los diversos mecanismos de filtro que tiene para decidir, con discrecionalidad, los casos que presentará ante el juez y aquellos que no. En promedio, cerca de un 46% de los 1.400.000 casos anuales se archivan. En delitos como robos o robos no violentos los archivos superan el 70%. Ello es importante a la hora de debatir acerca de cargas “promedio” de trabajo por fiscal.
En esta línea, es destacable el esfuerzo del Ejecutivo en el proyecto presentado, por incorporar metas e indicadores de gestión a cambio de la entrega de recursos, Sin embargo se puede ser más exigente.
Las mejoras pueden ir, por ejemplo, en la línea de generar políticas de disminución de archivos con criterios más específicos que distingan entre diversos delitos. Asimismo, si bien la reducción de archivos provisionales puede ser positiva (si implica que imputados “desconocidos” se vuelvan “conocidos”), se debe considerar que no todas las salidas judiciales tienen la misma calidad. En efecto,si comparamos el año 2011 y el 2010, se observa que las salidas judiciales se mantuvieron relativamente constantes (41,9% versus 42,5%), pero que su composición sufrió cambios importantes: la sentencia definitiva condenatoria disminuyó en un 14% mientras que la suspensión condicional del procedimiento aumentó en 31%, lo que puede ser riesgoso en términos de impunidad. Por último, es relevante analizar el punto de la asignación de la nueva dotación (concentrada en la nueva fiscalía y en las unidades de tramitación de causas de menor complejidad), que implica que las fiscalías locales no verán mayor dotación, lo que también abre el debate a posibles reasignaciones de dotación interna existente (por ejemplo desde la Fiscalía Nacional).
Se trata entonces de una iniciativa correcta que puede ser perfeccionada. El Congreso debe preocuparse de que cualquier aumento de recursos y de dotación vaya asociado a mejoras sustantivas de eficiencia y rendición de cuentas; esto es, que los indicadores de impacto a los que se comprometan sean exigentes y que ello vaya unido a mecanismos de seguimiento y evaluación; cuestiones que hasta el momento, se encuentran en niveles poco satisfactorios y en donde se ha esgrimido la autonomía constitucional del Ministerio Público como una suerte de barrera a la evaluación y al escrutinio externo, lectura errada en una sociedad democrática.
Por Eliana Claro.
Recientemente se han dado a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2011 (ENUSC), que es considerada como el instrumento de mayor precisión para medir la delincuencia.
Los resultados presentados muestran que en un 31,1% de los hogares chilenos, al menos uno de sus miembros ha sido víctima de un delito durante los últimos 12 meses anteriores a su aplicación. Esta cifra implica un aumento de 10% en comparación a los niveles de 2010 y han sido evaluados de manera positiva por parte del Gobierno por encontrarse en línea con la meta establecida por el Plan Chile Seguro: reducir la victimización a una tasa inferior a 29% para el 2013.
Llama la atención los importantes aumentos que se dan en victimización en las regiones III, VI y Metropolitana, por aumentos en diversos delitos y las disminuciones no significativas que se dan en la VII, VIII y IX región, que a su vez cuestionan la relación de las excepcionales cifras del 2010 con el terremoto 27F. En términos de percepción, vemos que los resultados muestran aumentos de una percepción “negativa” de la gente respecto al tema y una mayor sensación de inseguridad. Datos que si son destacables son el aumento en las denuncias, que han sido crecientes desde 2008 y que reflejan indirectamente mayor confianza por parte de la sociedad en el sistema, puesto que mayor número de víctimas se acerca a denunciar y busca la persecución de sus delitos.
A mi juicio, es posible concluir que los resultados obtenidos por la encuesta son negativos, puesto que implican un aumento estimado de 460 mil delitos para todo el país durante 2011, pero sin embargo, se encuentran dentro de lo esperado y muestran una tendencia de victimización general que continúa a la baja. Respecto al aumento producido en relación a 2010, éste era esperable, ya que diversas cifras entregadas en 2011 habían “predicho” este fenómeno y demostrado que el 2010 había sido un año excepcionalmente bueno. Las razones son difíciles de explicar y se pueden asociar a una diversidad de factores, entre ellos, las altas expectativas generadas en relación a la mano dura del nuevo Gobierno en 2010, algo atribuible al terremoto, la cantidad de desórdenes públicos que ocurrieron en 2011 y otros.
Sin duda, los resultados nos demuestran que la delincuencia es un asunto prioritario y que, por ende, se requieren cambios más profundos y políticas eficientes. En este sentido, es importante resaltar la labor que se está haciendo respecto a la implementación de programas basados en la evidencia, puesto que éstos evitan la improvisación, generan una mayor eficiencia en la utilización de recursos y tiempo, a pesar de que sus resultados pueden ser de mediano plazo. Cabe destacar los primeros resultados atribuibles al Sistema Táctico de Análisis del Delito (STAD) y a otros programas implementados que se han dado a conocer en la Región Metropolitana.
Por Francisco Luco.
Con el apogeo en los últimos años de colectivos como Wikileaks, Anonymous y Lulz Security, la información más reservada, sea que se encuentre custodiada por el gobierno o algún ente privado, se encuentra al alcance de la mano de cualquiera y tan accesible como las informaciones tradicionales que entregaría un medio de prensa convencional.
Si bien es cierto que estas agrupaciones mantienen algunas diferencias sustanciales entre ellas, existe asimismo una serie de rasgos comunes y visión compartida que les ha permitido en más de alguna ocasión trabajar en conjunto.
Sin embargo, el problema que aparece con el apogeo del acceso a la información, la proliferación de este tipo de colectivos y el trabajo llevado a cabo, es que la barrera que separa entre la legitimidad para conocer de los datos públicos y lo que de plano podríamos calificar como un robo de información o vandalismo digital, se vuelve cada vez más difusa.
Hace sólo un par de semanas el FBI informaba que, gracias a antecedentes provistos por el propio líder de Lulz Security, Héctor Xavier Monsegur, alias Sabu (quien había sido arrestado a mediados de 2011), cinco de sus compañeros de fechorías fueron detenidos.
Desde luego la actitud del informante fue calificada en círculos virtuales como una de las más deleznables que puedan verse en el entorno del llamado “hacktivismo“. En efecto, esta clase de perfidia no suele ser el espíritu general que se aprecia en comunidades tan grandes como las mencionadas; las que, en cambio, se caracterizan –suponemos– por valores como la lealtad o la existencia de alguna consigna contra un enemigo común que no admite debilidades, quebrantamientos ni divisiones.
Miles de usuarios anónimos se lanzaron en picada a las secciones de comentarios en blogs de habla inglesa e hispana, desatando su odio y dejando entrever que Héctor Xavier Monsegur merecía las penas del infierno por haber proporcionado al FBI la información que —se espera— ayudará a dar un término más o menos definitivo a la historia de esta organización. Pero lo interesante es que no se trató de una actitud de reproche que se limitara a hacktivistas o hackers; por el contrario, se generó una especie de sentimiento comunitario y de empatía que se extendía a cualquier usuario de Internet que se preciara de ser amante de la tecnología y la libertad de información.
El problema sobre el que no muchos se habían detenido a pensar, sin embargo, es que (a riesgo de decir algo que de políticamente correcto nada tiene) en el caso particular de Lulz Security nos enfrentamos a una organización que parece estar mucho más cercana a la criminalidad cibernética que a una legítima lucha por el acceso a la información. Después de todo, no podemos ni debemos perder de vista que fue Lulz Security la organización que se vanaglorió de, por ejemplo, haber robado en 2011 cientos de miles de nombres de usuario, contraseñas y números de tarjeta de crédito de la base de datos de Sony.
Ahora, ¿cuál es el bien al que aspiramos o el beneficio que la comunidad obtiene cuando un grupo de hackers (sí, sabemos que el sentido original de esta palabra dista bastante del que se utiliza hoy en día, pero sencillamente nos acoplaremos a la convención) se dedica a robar datos que, además, podrán ser utilizados posteriormente para fines aún menos loables?
Un caso menos extremo, pero igualmente ilustrativo, es la última hazaña de Wikileaks, la que, en asociación con Anonymous, se hizo de nada menos que cinco millones de correos electrónicos pertenecientes a la firma privada de análisis Strategic Forecasting, una serie de datos que fueron derechamente robados por Anonymous (ente cuya supuesta falta de jerarquía y organización difícilmente puede ser sostenida hoy en día) el pasado mes de diciembre.
Como explican los medios de prensa, empero, ésta no fue la primera oportunidad en que Wikileaks filtra información que reviste el carácter de privado en vez de público. Y no puede dejarse pasar lo relevante que es diferenciar entre una cosa y la otra.
Asumiendo que –al menos desde un punto de vista formal– el acceso a la información pública que ostenta el gobierno –cuya obtención no ha sido autorizada– reviste cierta ilegitimidad, se subentiende que prima, no obstante lo anterior, una suerte de legitimidad material: la de los gobernados por conocer la verdad deliberadamente ocultada (y no pocas veces tergiversada) en manos de quienes han sido democráticamente elegidos.
El caso de Stratfor, sin embargo, es distinto. Se trata de informes de análisis que, si bien versan sobre temas globales y tan importantes como la seguridad nacional y prospecciones socio-económicas, a fin de cuentas han sido encargados en un ámbito de competencia amparado por la intimidad y privacidad que merece cualquier relación laboral o de prestación de servicios. Poca diferencia hay, entonces, entre este caso y la intrusión en la casa de un vecino para revisar su correspondencia y obtener información que lista y llanamente no reviste el carácter de público, por muy interesante que aparezca.
Arrogándose una legitimidad que nadie les ha concedido, grupos como Anonymous, que aparentan jugar el papel de alguna clase de partisanos de la nueva era digital y asumir con más seriedad de la necesaria el rol de V en la novela gráfica de Alan Moore y David Lloyd, saltan de sitio en sitio dedicándose no sólo a botar servidores, sino a conseguir información que poco o nada tiene que ver con lo que las sociedades del siglo XXI necesitan.
Desde luego esta falta de legitimidad política o social se ve suplida por la ostentación de un poder casi incontrarrestable: el del conocimiento técnico requerido para dejar en ridículo a las agencias de seguridad de Estados Unidos y los órganos de seguridad de las distintas multinacionales cuya información ha sido robada con la misma facilidad que se le quita un dulce a un bebé. Se trata de pseudo-héroes que por el poder que se han conferido a sí mismos, pueden permitirse el lujo de transgredir normas y obrar en provecho propio. Luego, como en ese clásico argumento dramático (al borde del cliché) del que se han valido algunas historias de ficción, la que parece escribirse acá es la de una legión de rebeldes que, intentando derrocar al gobierno represivo de turno, termina convirtiéndose en un régimen fascista igual o peor que el saliente. O por decirlo de una manera más simple, el remedio termina siendo peor que la enfermedad.
En este momento los ojos ciudadanos miran con escepticismo, sobre todo después de las agitaciones sociales que se han verificado en los últimos años, las acciones y omisiones de los gobiernos. Sin embargo, una visión auténticamente crítica debe pregonarse no sólo respecto de determinados grupos de personas, sino como actitud y casi filosofía de vida; de lo contrario, sencillamente no podemos clamar por libertad. Y es que, como afirmaba el escritor argentino José Pablo Feinmann, “no hay libertad si no está alimentada por la crítica”.
Es importante tener las cosas claras, pues se supone que la luz al final del túnel es una democracia representativa más justa, abierta y transparente, y no una especie de anarquía épica con ribetes de romanticismo, como las que suelen mostrar historias tipo V for Vendetta.
Por Eliana Claro.
Hace poco más de un mes se dieron a conocer en nuestro país los resultados del Índice de Paz Ciudadana-Adimark, que mide específicamente el delito de robo semestralmente. Los números presentados mostraron señales preocupantes respecto a los delitos contra la propiedad, sobre todo por las variaciones respecto a 2010, donde las cifras fueron excepcionalmente bajas. Sin embargo, si nos enciende una alerta importante respecto a los niveles de victimización general, dada la consistencia histórica de los resultados de este índice con los de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana que se publicarán en mayo.
Los resultados respecto de hogares víctimas de un robo o intento de este durante los últimos 6 meses fueron de 39,3%, los mayores presentados desde 2006. Los niveles de re-victimización también muestran un aumento importante, donde un 27,4% de los hogares encuestados fue víctima de un robo 2 o más veces, concentrando éste además el 89,5% del total de delitos.
Respecto a la percepción de la población, se observa que aumenta considerablemente el porcentaje de los hogares que declara estar en niveles de “alto temor”, situación que se repite a lo largo de todo Chile y sobre todo para el nivel socioeconómico bajo. En cuanto a la delincuencia en el barrio, la percepción de aumento de delincuencia muestra cambios significativos desde 32,8% el 2010 a 40,9% el 2011.
Por último, respecto a las denuncias, a pesar de que no se muestran cambios significativos, las señales son importantes respecto a la confianza en las instituciones: la satisfacción después de denunciar disminuye significativamente respecto a policías y fiscales. En relación a las evaluaciones de las instituciones en general, destacan las policías que se mantienen estables, sin embargo el Gobierno, Ministerio Público, Jueces y parlamentarios ven significativamente afectadas sus evaluaciones.
Sin duda, los resultados obtenidos por el índice, vuelven a poner sobre la mesa la delincuencia como asunto prioritario. Los resultados muestran la necesidad urgente de redoblar los esfuerzos, de lograr mayor focalización y de hacer un llamado a todas las instituciones que participan del proceso penal, a impulsar con mayor fuerza el trabajo conjunto, como punto esencial para una política criminal eficaz.
A pesar de que los esfuerzos en la materia han sido importantes, como por ejemplo el STAD u otros programas de prevención que se han implementado basado en evidencia internacional, o las intervenciones en barrios de alta complejidad -como la Legua- que implican, además de la coordinación de políticas sociales dispersas en distintos entes públicos, un trabajo focalizado en los factores de riesgo que inciden en la comisión de delitos; los resultados entregados por el índice fueron negativos, y generan importantes desafíos. Respecto a los barrios, por ejemplo, es necesario buscar políticas locales, ajustadas y enfocadas a la realidad de cada uno de estos barrios donde se concentra la mayor cantidad de delitos. En relación a las denuncias, es esencial mejorar la confianza de la población en las instituciones a cargo de la persecución criminal, sobretodo considerando que sólo un delito que es denunciado puede entrar al Ministerio Público y a la cadena de la persecución criminal, mientras que uno que no se denuncia nunca será perseguido.
Por Eliana Claro.
En los últimos meses, la discusión sobre delincuencia se ha tomado parte importante de la agenda pública. Además, han salido a la luz diversos desencuentros entre las instituciones responsables de la seguridad pública (Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio Público, entre otras) respecto a planteamientos profundos sobre las responsabilidades de cada uno en materias de delincuencia.
Parte de la polémica ha llevado a cuestionamientos hacia la Fiscalía sobre los criterios utilizados al momento de archivar provisionalmente un caso. Esto, a raíz de los datos que publica el Ministerio Público en sus boletines estadísticos. Para el período de enero a septiembre de 2011, el porcentaje de archivos llegó a un 46,5% del total de términos aplicados, mostrando un aumento respecto al 2010 (durante el 2010 la cifra fue de 45,8%). Además en delitos como robo no violento, robo y hurto, las cifras son aún más impresionantes y se elevan a 89,3%, 81,1% y 61,5% respectivamente.
Frente a este escenario, el Ministerio Público, se ha comprometido recientemente, a reducir gradualmente, en un 10% los archivos provisionales en casos de robos no violentos, hurtos y otros delitos contra la propiedad, durante los próximos 4 años. Para esto, aplicará 3 medidas claves: trabajar con Carabineros en mejorar las primeras diligencias, a través de una mayor coordinación y claridad de las instrucciones, facilitando el debido uso de sus facultades autónomas; implementar un sistema informático con antecedentes en línea que permita identificar y reportar aquellos partes con información incompleta; y, por último, mejorar la carta de comunicación del archivo provisional, solicitándole a las víctimas la entrega de más información en caso de tenerla, y el fortalecimiento de la difusión de este término facultativo con la población a través del “Plan de Interacción con la Comunidad” que realiza la Fiscalía.
Sin embargo, es importante mencionar la idea que han propuesto los parlamentarios de la Alianza respecto a modificar los criterios de evaluación de gestión del Ministerio Público. Se debe potenciar la idea de buscar nuevos criterios capaces de alinear los objetivos de los fiscales hacia la búsqueda de causas eficientemente terminadas y no hacia cantidades de causas pendientes, que los llevan a utilizar el archivo provisional de manera equivalente a las salidas judiciales.
El desafío, además de mejorar las diligencias investigativas de Carabineros, es contar con reglas claras y públicas respecto a los criterios de aplicación de los términos facultativos, en especial el archivo provisional, y con indicadores de gestión que distingan la utilización del archivo como una salida aplicada de manera “racional” y no como una salida “rápida”.
Una aplicación para comparar los precios de las bencinas de las estaciones en su localidad o una para donar regalos pedidos por niños vulnerables para navidad, son algunas de las ideas que ya han propuesto a sólo días del evento de open data más grande de la región, “Desarrollando América Latina” http://desarrollandoamerica.org, organizado por la Fundación Ciudadano Inteligente (FCI).
La creación de aplicaciones tecnológicas para el bien común en ámbitos como educación, seguridad y presupuesto público, es la finalidad de este evento que se efectuará este 3 y 4 de diciembre, y que ya cuenta con 120 emprendedores sociales inscritos en Chile y 436 en total, que también incluye a Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y México. Aun así, ciudadanos como tú motivados por aportar al bien social, y expertos de estas diferentes áreas ya han dejado sus ideas para la creación de apps.
“Alexia”, de Valparaiso, propuso una aplicación de colaboración social para ayudar a ahorrar a través de una multiplataforma que permita a los usuarios revisar el precio de los combustibles de las estaciones de servicio de su sector, precios que son actualizados por los mismos usuarios de la comunidad
A su vez, “Marceleita”, también de Chile, planteó realizar un sistema donde niños soliciten un regalo, para que donadores y voluntarios se inscriban, pudiendo así realizar una donación libre o desde la lista de peticiones. Esta idea, que sienta muy bien a menos de un mes de la navidad, podría complementarse –propone su autora- con funcionalidades como geolocation, Gmaps, Twitter y Facebook.
También han llegado proposiciones de aplicaciones desde Argentina, como la realizada por “Eazel7” de Buenos Aires, que presenta un sistema integrado para que las gobernaciones (intendencias, provinciales, nacionales) transparenten las acciones que llevan a cabo, como los presupuestos y licitaciones. Para que así –dice él- los ciudadanos puedan interactuar con los datos.
Desde el DF México “Ricardo GC” propuso crear un botón de pánico en los celulares debidamente registrados que no sólo permitan emitir una llamada de emergencia del portador del móvil, sino que también ayuden como vigilante ciudadano cuando se sea testigo de un delito. Esto aprovechando la tecnología 3 o 4G, que también podría avisar a través del GPS la ubicación en que está ocurriendo el incidente.
Continuando en el ámbito de la seguridad Pedro Daire, jefe de tecnología de la FCI, ha propuesto una aplicación web que permita revisar los conductores y teléfono móvil de una patrulla policial, con sólo ingresar la patente (placa) del vehículo. De esta forma- dice Daire- se puede contactar la patrulla al verla o saber quién está operándola.
En definitiva todas las ideas son bienvenidas en http://desarrollandoamerica.org/tus-ideas-aqui/ , y si bien proponerlas no quiere decir que se lleven a cabo, puede que estos proyectos de aplicaciones inspiren a los participantes del evento o a desarrolladores motivados por aportar al bien social y a una sociedad en la que todos aportan para aumentar el bienestar de la ciudadanía.
