Por Manuel Aris.
El Congreso es la entidad que debe canalizar las diferentes visiones que coexisten en la sociedad, por ésto, su trabajo siempre está tensionado por las expectativas de la ciudadanía y el ritmo que requiere la maduración suficiente de leyes bien diseñadas para lograr reformas y políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida.
Pero, ¿cuánto sabemos como ciudadanos del funcionamiento del Congreso? ¿cómo se desempeñó el 2011? y ¿ha sido mejor o peor que en años anteriores? Es cierto, el trabajo político tiene un ritmo particular, difícilmente cuantificable, pero el ejercicio de ver el desempeño de esta institución en cifras -y su relación con el Ejecutivo- nos entrega una serie de luces sobre su funcionamiento, y le permite a la sociedad en su conjunto ajustar sus expectativas a los ritmos de una institución que, para realizar bien su misión, no sólo debe actuar con velocidad.
El 2011 ingresaron al Congreso 668 proyectos de Ley, 19% más de los proyectos que fueron presentados el 2010. Dentro de esta batería de proyectos de ley presentados, el Ejecutivo envió cerca del 14%, una cifra similar a la de 2010. En relación a ésto y tal como se observa en el gráfico, la autoría de los proyectos de ley por parte de los Parlamentarios es cada vez más importante, alcanzando desde el 2006 una proporción superior al 80% del total de proyectos ingresados al Congreso anualmente.
El aumento en la cantidad de proyectos presentados por los parlamentarios es una tendencia que muestra cuánto ha variado el trabajo del poder legislativo en los últimos años. En sentido positivo, revela un rol más activo de los legisladores en su acción representativa de la ciudadanía, pues en el diseño y presentación de proyectos de ley estarían ejerciendo el rol de representación de los intereses ciudadanos para los cuales han sido elegidos democráticamente. No obstante, también puede considerarse esta proliferación de mociones parlamentarias una especie de estrategia mediática de los Diputados y Senadores, la cual no necesariamente mejora la producción legislativa. Y en ésto, la respuesta mediática a ciertas coyunturas es una evidencia irrefutable, cuando han estallado temas como la vacancia parlamentaria o la gratuidad de la educación distintos grupos de parlamentarios han presentado proyectos de ley sobre temas en los cuales ya existen proyectos en trámite.

Sin embargo, mayor producción de proyectos no ha significado una mayor publicación de los mismos, por lo que la ‘grasa’ en el Congreso sigue aumentando. En la década de los noventa el promedio de proyectos publicados en relación a los proyectos ingresados fue de un 32%, mientras en la década de 2000 esta relación bajó a un 23%. Tal como se observa en el gráfico, el aumento de proyectos ingresados no ha redundado en mayor publicación de proyectos.

Incluso, en el año 2011 se publicaron 72 proyectos, un 10% menos que el 2010. De ellos, un 65% fue presentado por el Ejecutivo.
¿Qué variable pueden incidir en la publicación de un proyecto de ley? De acuerdo a la información disponible, se pueden establecer ciertas relaciones para indagar en posibles factores que podrían determinar el éxito de un proyecto. En primer lugar, un factor determinante en la velocidad de aprobación de un proyecto de ley es el autor, los proyectos que son presentados por el Ejecutivo demoran menos de la mitad del tiempo de lo que tardan en ser aprobados los proyectos que son presentados por los parlamentarios. Desde 1990, en promedio, un proyecto presentado por el Ejecutivo es aprobado en 13 meses, mientras que los presentados por moción parlamentaria lo hacen en 31 meses.
El Ejecutivo, como sabemos, tiene las urgencias como principal herramienta para apresurar la tramitación de un proyecto de ley. Cuando un proyecto ha tenido ‘discusión inmediata’, su tramitación ha durado, en promedio, casi 6 meses, la mitad que para los proyectos que tuvieron suma urgencia. En el gráfico podemos apreciar que los proyectos que tuvieron urgencia simple demoran, en promedio, más meses en su tramitación que los que no tuvieron urgencias. Para explicar esto podemos plantear dos hipótesis: la primera, que ese tipo de urgencia no es efectiva debido a la prioridad que se le debe dar a los proyectos con suma urgencia y discusión inmediata y, la segunda, que la aplicación de la urgencia simple es sólo un mecanismo político que no tiene efectos reales en la velocidad de tramitación de una ley. Para cualquiera de estas dos explicaciones, se hace necesario revisar este tipo de urgencia como mecanismo para acelerar la tramitación de un proyecto de ley, pues la evidencia no demuestra que esto esté ocurriendo.

Como podemos apreciar en el gráfico a continuación, existe una tendencia que evidencia que las urgencias han sido cada vez menos efectivas, pues los meses de tramitación de los proyectos han ido aumentando a lo largo de los años por cada tipo de urgencia. Por eso, vale la pena preguntarse si ¿debe ser necesaria una revisión de los mecanismos por medio de los cuales el Ejecutivo asigna las urgencias a los proyectos de Ley?

Este balance nos permite apreciar tendencias relevantes que deben examinarse para mejorar la gestión legislativa. Ciertamente, el trabajo político tiene un ritmo especial que requiere que ciertas ideas se instalen, decanten y se asienten en modificaciones institucionales, pero al revisar ciertas tendencias en el largo plazo es posible identificar problemas en algunos mecanismos que pueden hacer más eficiente la tramitación de una ley. Se vuelve necesario, en este sentido, otorgarle a los parlamentarios mecanismos que les permitan acelerar la discusión de sus propios proyectos de Ley, como así también generar incentivos que promuevan la presentación de proyectos de ley que efectivamente se tramiten y no queden ‘durmiendo’ en el Congreso, como a veces sucede en temas relacionados a situaciones mediáticas. Por último, el mecanismo de urgencias, que se ha vuelto cada vez menos importante, debe ser perfeccionado para que la intencionalidad de tramitación de un proyecto de ley sea esclarecida y produzca los efectos deseados.
Se está hablando de reformas institucionales de gran escala, como las modificaciones al sistema binominal, por eso esperamos que estas modificaciones contemplen también una reingeniería de estos procesos, para así fortalecer nuestra democracia con un Congreso capaz de dar respuestas oportunas sin perder su necesario espacio de reflexión, diálogo y generación de acuerdos.
[1] Consideramos la legislatura 2011 como año calendario, con datos recogidos hasta el 12 de diciembre. Para todo el análisis no se consideran los proyectos de acuerdo
Fuente: El Mostrador
Por Felipe Heusser.
El predominio del interés particular por sobre el interés general en el ejercicio de un cargo público siempre amenazará a la democracia. La ciudadanía, entonces, debe ejercer activamente el rol fiscalizador que impida que esta amenaza se concrete. En Chile, sin embargo, los mecanismos para ejercer este rol fiscalizador son todavía muy imperfectos, debilidad que puede ser utilizada para deslegitimar cualquier intento de fiscalización ciudadana.
El dinero y la política pueden tener una relación peligrosa para la democracia. El riesgo está en que la política, por influencia del dinero, puede perder el horizonte de privilegiar el bien común por sobre intereses particulares. Cuando la política es cooptada por estos intereses a través del dinero, las condiciones de injusticia que la misma democracia busca corregir se acentúan.
Existen distintos mecanismos para evitar que este riesgo se concrete, y uno de los que estamos utilizando en Chile es la declaración de patrimonio e intereses de nuestras autoridades. Este mecanismo promueve el empoderamiento ciudadano, pues le otorga a la ciudadanía la principal acción fiscalizadora al acceder a información de las autoridades. El problema es que, en nuestro país, el sistema impide que la ciudadanía pueda ejercer plenamente su derecho de fiscalización en materia de patrimonio e intereses de las autoridades.
¿Cuáles son algunas de las limitaciones para que la ciudadanía pueda efectivamente fiscalizar? Actualmente, la ciudadanía no tiene la facultad de investigar más allá de los datos públicos a los que como ciudadanos tenemos acceso, pues el resto corresponde a datos privados de los que no se puede tener información certera, a menos que sean entregados por las partes involucradas.
La regulación sobre las Sociedades Anónimas Cerradas, por ejemplo, al no contemplar la fiscalización de un organismo público, hace imposible que la ciudadanía pueda conocer sus cambios de administración o las modificaciones de los socios que la componen, ya que no tienen la obligación de informar públicamente este tipo de hechos. El sistema económico protege la confidencialidad de los datos del patrimonio accionario, reserva que impera tanto en las Bolsas de Comercio del país como en las entidades financieras que manejan fondos de inversiones bursátiles.
La Fundación Ciudadano Inteligente trabajó más de un año en el proyecto Inspector de Intereses (http://www.inspectordeintereses.cl/) que le permite a la ciudadanía acceder a información para ejercer su rol fiscalizador, indagando en posibles conflictos de intereses de los parlamentarios. Para esto, utilizamos los medios de verificación disponibles (http://www.inspectordeintereses.cl/?project=metodologia-del-estudio), combinándolos con prácticas que permitieran mitigar los riesgos que implican las dificultades de acceso a información explicadas en el párrafo anterior.
El mecanismo para evitar publicar información desactualizada fue compartir con los parlamentarios los hallazgos del estudio, previo a la publicación del mismo. El 29 de septiembre dejamos en las oficinas del Congreso en Valparaíso una carta individualizada a cada Parlamentario, y el 30 de septiembre dejamos en las oficinas del Congreso en Santiago una copia de la misma. Durante la tarde de ese día, le enviamos al correo electrónico oficial de cada parlamentario la copia de esta carta.
En un principio, el plazo fue de una semana para rectificar sus antecedentes societarios, lo que finalmente se tradujo en tres semanas. Durante este tiempo los parlamentarios tuvieron la oportunidad de modificar aquellos casos que se encontraban desactualizados o complementar con la información que no estaba disponible en las bases de datos públicas.
Cada vez que un parlamentario nos respondió con antecedentes, nuestra base de datos fue actualizada, incluso después de la publicación del estudio. Por esto, el Inspector de Intereses tiene un carácter dinámico, pues su información va a variar de acuerdo a los antecedentes que las autoridades aporten. Esto implica que la ciudadanía y la prensa, en su labor fiscalizadora, estén constantemente revisando la información publicada en el sitio web.
El Inspector ha sido una herramienta tremendamente efectiva en su función de fiscalización. Después de que enviamos la carta a los parlamentarios, 11 diputados (2 PPD, 4 RN y 5 UDI) actualizaron sus declaraciones de patrimonio e intereses. Por nuestra parte, a partir de la información que entregaron las autoridades con antecedentes, realizamos 22 actualizaciones en nuestra base de datos.
Como la legislación actual es débil, para lograr el objetivo de valorizar la política necesitamos la colaboración de las autoridades. Ciertamente, la transparencia y rendición de cuentas implica un cambio cultural de la ciudadanía y de las autoridades, pues promueve la horizontalidad en el afán de fortalecer la democracia. Por esto no nos deja de sorprender (según información publicada en El Mostrador) que la UDI haya anunciado medidas legales contra la Fundación, y que el Senador Carlos Larraín denuncie una supuesta incapacidad de nuestra Fundación para distinguir entre lo que constituye y no constituye interés.
Cabe señalarle al Senador, que no es nuestra organización la que define interés y el deber de mantener un registro transparente y actualizado de la participación societaria e intereses, sino la propia Ley Orgánica del Congreso y la Constitución de la República de Chile en su artículo octavo. La ley existe para cumplirla, más allá del porcentaje de propiedad, y del movimiento que tengan o no las sociedades, si existe propiedad, éstas deben ser declaradas oportunamente. Lamentamos que el Senador Carlos Larraín no haya cumplido con dicho precepto, pues son los mismos legisladores los llamados a dar el ejemplo.
El compromiso con la institucionalidad democrática exige reformas tendientes en la dirección de corregir las debilidades de la legislación actual, no de menguar las iniciativas ciudadanas que buscan profundizar la transparencia y valorizar la actividad pública.
La actual crisis de legitimidad de la política requiere reformas decididas que promuevan en su actividad más transparencia y horizontalidad con la ciudadanía. Requiere legislar con urgencia una ley de probidad que aumente las sanciones cuando se ha falseado u omitido información en la declaración de patrimonio e intereses, y que incorpore estándares de formatos de publicación de información que le permitan a la ciudadanía ejercer efectivamente su rol fiscalizador.
Si las autoridades no han sido capaces de legislar sobre estos temas, llegó el momento en que los ciudadanos ejerzamos una presión activa por rescatar a la política del descrédito que la falta de transparencia ha generado; muchos ya hemos firmado para ejercer presión (http://www.inspectordeintereses.cl/petitorio/).
Finalmente, cabe destacar la buena disposición que ha tenido la mayoría de los parlamentarios a responder nuestro llamado y transparentar su participación societaria y aclarar sus potenciales relaciones de interés. A quienes se siguen resistiendo, les pedimos menos anuncios de querellas y más iniciativas de ley para transparentar la actividad legislativa, y abrirla a la participación responsable de ciudadanos organizados.
Fuente El Mostrador
Por Cristian E. Ibarra González
En este último tiempo, hemos presenciado como nuestra clase política se ha enfrentado en diversas oportunidades sobre los temas que se han tomado la agenda nacional. Espectáculos como Parlamentarios de la Oposición tratando en duros términos al Presidente Piñera y al Gobierno, han sido la tónica en estos meses marcados principalmente por el movimiento estudiantil.
La Oposición estuvo 20 años en el Gobierno y no fue capaz de dar una solución concreta a la salud, educación y transporte, temas por los cuales hoy se protesta. Hay que reconocer que cuando fueron Gobierno se avanzó en “cantidad” en el tema educacional (Construcción de Colegios de Enseñanza Básica y Media, Construcción de Salas Cunas) pero la cantidad no se vio reflejada en una mayor calidad de la Educación en Chile, y ni hablar del Lucro en el sistema educacional del país, donde crecieron los colegios particulares subvencionados y las Universidades Privadas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.
Sorprende en muchos casos diputados y senadores de la Concertación solicitando soluciones reales y rápidas para el tema educacional, cuando durante 20 años no hicieron nada por solucionar este conflicto, y cuando les tocó enfrentar el Conflicto Educacional del 2006 (Pingüinos) terminaron engañando a los estudiantes del país.
En estos momentos es cuando la gente se pregunta, dónde queda la consecuencia de los dirigentes de la oposición quieren que los problemas originados durante sus gobiernos no fueron solucionados y ahora el gobierno tiene que presentar soluciones, parece que no cuenta con el apoyo de ellos y dar una solución a los miles de estudiantes.
Y uno de los principales motivos por los cuales la gente no participa en política es que piensan que la política es cochina. Es cierto, muchos con sus actitudes dan a entender que sus acciones no son muy limpias, u ocupan los recursos de todos los chilenos para sus intereses particulares.
Debemos preocuparnos que nuestros parlamentarios hagan su pega legislativa y contribuyan al normal funcionamiento de nuestro país y no se desprestigien ellos mismos con sus actitudes como por ejemplo; mandar cartas con membrete de la Cámara de Diputados, o el famoso intervencionismo electoral que fue utilizado cuando la Concertación fue gobierno, el cual beneficiaba a los candidatos de la coalición gobernante en esos tiempos frente a los candidatos de la centroderecha o llamada oposición de este tiempo.
Consecuencia y ser limpio en política son dos cosas que van de la mano, muchas veces la corrupción y el mal uso por parte de algunos para su beneficio personal, muchos de los que ahora son parlamentarios y fueron parte de esos gobiernos, no tomaron acciones para detener la corrupción y el despilfarro de recursos de todos los chilenos.
Hay que generar las condiciones para que nuestros políticos actúen en consecuencia con sus dichos y actos con el paso del tiempo y puedan ser transparentes en el ejercicio de su labor legislativa.
Por Comunicaciones FCI.
El inspector de intereses de la Fundación Ciudadano Inteligente ha logrado uno de objetivos; causar reacciones ciudadanas y de nuestras autoridades, poniendo sobre la mesa los temas relacionados a la transparencia en los intereses económicos de nuestros representantes del Congreso Nacional.
El 22 de octubre la Fundación Ciudadano Inteligente lanzó su aplicación “Inspector de Intereses”, herramienta que permite fiscalizar los intereses económicos de los parlamentarios y los proyectos de ley que ellos promueven o votan para detectar posibles conflictos de intereses.
Los datos se obtuvieron a través de una verificación de información con dos fuentes de datos públicos: El Diario Oficial y el Servicio de Impuestos Internos, información que luego se complementó y contrastó con lo publicado por cada parlamentario en su declaración de patrimonio e intereses, la que están obligados de confeccionar por mandato legal y constitucional.
Con fecha 29 de septiembre la Fundación Ciudadano Inteligente les envió a todos los diputados y senadores una carta para verificar que los datos obtenidos en el estudio estuvieran actualizados. En un principio, el plazo fue de una semana para rectificar sus antecedentes societarios, lo que finalmente se tradujo a tres semanas. Durante este tiempo los parlamentarios tuvieron la oportunidad de modificar aquellos casos que se encontraban desactualizados o incompletos según las bases de datos públicas del Diario Oficial e Impuestos Internos.
El Inspector de Intereses no tiene la facultad de investigar más allá de los datos públicos a los que como ciudadanos tenemos acceso, pues el resto corresponde a datos privados de los que no se puede tener información certera de su existencia, a menos que sean entregados por las partes involucradas. Las Sociedades Anónimas Cerradas, por ejemplo, al no requerir la ley de publicidad en sus movimientos, es imposible que la ciudadanía pueda conocer sus cambios de administración o las modificaciones de los socios que la componen, ya que -como se ha indicado- no tienen la obligación de informar públicamente este tipo de hechos.
La investigación que sustenta a inspectordeintereses.cl fue realizada bajo una metodología rigurosa, la cual es detallada en la misma página web. El objetivo, es empoderar a los ciudadanos en el ejercicio de la fiscalización, así como velar por principios tan importantes como el de transparencia y probidad reconocidos en nuestra Constitución. Es precisamente en razón de las dificultades que este tipo de estudios enfrenta, al no poder acceder a la totalidad de la información y contar con ella de manera oportuna, que se hace necesaria una reforma a la legislación actual, destinada a transparentar las relaciones de interés y evitar los conflictos sobre estas mismas. En este objetivo deben concentrarse los esfuerzos de nuestros legisladores y de la ciudadanía.
Una plataforma dinámica que ha causado reacciones.
Desde el lanzamiento del Inspector de intereses no se han hecho esperar las reacciones. A la fecha, ya son variados los parlamentarios que han realizado aclaraciones en relación a sus patrimonios e intereses. Conforme a los nuevos antecedentes aportados, la aplicación web se ha ido actualizando de forma rápida, manteniendo con ello el compromiso de ser una aplicación al permanente servicio de la comunidad.
En términos generales, 11 diputados han actualizado sus declaraciones de patrimonio e intereses desde la publicación del Inspector de Intereses. Respecto a los Senadores, no se ha podido hacer la revisión por problemas que presentó la página oficial del Senado este viernes 4 de noviembre. En total, se han realizado 21 actualizaciones en la base de datos, con 12 confirmaciones de parlamentarios señalando que los datos eran correctos y 5 parlamentarios que señalaron que había errores pero no adjuntaron antecedentes concretos que pudieran contradecir la información arrojada por las fuentes de dato públicas del Diario Oficial y el Servicio de Impuestos Internos. Sólo en estos casos no se actualizó la información en inspectordeintereses.cl, a la espera de que los antecedentes a verificar llegaran a la Fundación.
Algunos ejemplos más concretos son:
El diputado UDI José Antonio Kast, envió sus antecedentes a la Fundación Ciudadano Inteligente el jueves 3 de noviembre. En su información se confirma la venta de sus acciones de las sociedades Inversiones y Asesorías Buin S.A. e Inversiones y Asesorías Paine S.A. el año 2001. Con la información proporcionada se actualizó de forma inmediata –el mismo 3 de noviembre- el perfil del jefe de bancada de la UDI.
El senador DC Andrés Zaldívar hizo llegar el 28 de octubre los documentos que confirman la venta de sus acciones en Agrícola e Inversiones La Laguna de Batuco S.A y el acta de disolución de la misma, por lo que se actualizó su perfil en la aplicación.
El mismo día que el senador de la Concertación, su par de RN Francisco Chahuán entregó su declaración de patrimonio e intereses actualizada. Dos días antes el diputado de la Democracia Cristiana Jorge Burgos informó de la venta de sus acciones de Azul Azul. Ante estos nuevos datos, los perfiles de los dos parlamentarios fueron renovados.
El Senador Alberto Espina hizo llegar a la Fundación el 24 de octubre la documentación que confirma la realización de un Fideicomiso Ciego de la sociedad Espina, Zepeda y Acosta y Cía. Ltda. y de la venta de su participación en la sociedad Asesoría e Inversiones Santa Teresita S.A. Tras esto su información en el Inspector de intereses fue actualizada.
Además de lo anterior, varios parlamentarios en sus declaraciones de interés y patrimonio, publicaron el detalle de las acciones administradas por sus fondos de pensiones. Éstas habían sido inicialmente recogidas de manera automática por la aplicación web, sumando dichas acciones (y la clasificación de sector económico correspondiente al tipo de acción) al total de patrimonio compuesto también por la participación en sociedades con fines de lucro. En razón de que dicho grupo de sociedades y sus áreas de interés eran automáticamente cruzados con áreas de interés legislativo, se decidió eliminar del registro dichas acciones en poder de las administradoras de fondos de pensiones, pues sobre su inversión no intervienen ni pueden intervenir los parlamentarios. Por encontrarse en esta situación, se actualizaron los perfiles de los siguientes parlamentarios: Gonzalo Arenas, Pepe Auth, Jorge Burgos, Alberto Cardemil, Eduardo Cerda, Patricio Hales, Hernán Larraín, Juan Carlos Latorre, Gabriel Silber y José Manuel Edwards.
El Inspector de Intereses continúa constituyéndose como un espacio de transparencia que le permite a la ciudadanía ejercer su rol fiscalizador y de comunicación entre nuestras autoridades y los ciudadanos. Su carácter dinámico le permite a los parlamentarios incorporar comentarios en sus perfiles y a la ciudadanía denunciar conflictos de interés para ser investigados. Mientras nuestra legislación no promueva un estándar de transparencia superior al actual, instancias como el Inspector de Intereses seguirán contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y a la valorización de la clase política.
La transparencia es tarea de todos. Y todos podemos colaborar.
Exige más transparencia, súmate al petitorio para mejorar las formulas de transparencia de nuestro congreso.
- ¡Discusión de la Ley de Probidad ahora!
- Sanciones más altas por errores u omisiones
- Declaraciones en formatos procesables por computador
¡Juntos somos más fuertes!
Por Álvaro Castañón
La vilipendiada política, y todos sus aún más vilipendiados políticos. Es la percepción ciudadana, los movimientos sociales, y en general, un sentimiento de rechazo el que tiene hoy a nuestro sistema político pasando momentos de infelicidad y especulación.
Pero nuestra clase política no es la víctima de ésta historia, muy por el contrario, son ellos quienes poseen en gran medida la culpa de que la ciudadanía hoy les está perdiendo la confianza. Se agotó la paciencia de muchos, y hoy se vive la democracia a concho, con cuestionamientos y fiscalizaciones, pero apuntando a una finalidad; un Chile mejor.
Los temas energéticos, y más recientemente los asuntos relacionados con educación, son sólo algunos ejemplos de conmoción social que ha tenido como ingrediente conflictos de interés que han rondado a nuestro congreso. Pero nada es claro, todo lo que se quiera investigar respecto al tema puede demorar meses, y costar una gran inversión de tiempo. Claramente, en estos asuntos, la fiscalización no está en manos de los ciudadanos, los que se han tenido que limitar a confiar o a desconfiar en la transparencia.
Pero hoy se da un paso más en pro de una mayor y mejor fiscalización ciudadana. La Fundación Ciudadano Inteligente lanzó su aplicación el “Inspector de Intereses”. Aplicación que hace una cuadratura de información respecto a lo presentado oficialmente por los parlamentarios, mediante sus declaraciones de intereses y patrimonio, y lo que en realidad se tiene; graficando donde están sus intereses económicos declarados y no declarados. Además, se puede ver si efectivamente se abstienen de promover o votar proyectos de la misma área donde tienen intereses económicos, cumpliendo o no con la ley. Con ello podremos saber de forma fácil donde existen alarmas de posibles conflictos de interés en nuestro Congreso.
Los resultados entregados por dicha aplicación son lamentables. Varios de nuestros representantes no han comprendido que la confianza ciudadana se encuentra en un estado de fragilidad, y al parecer tampoco están muy interesados en tener una conducta intachable como para mejorarla.
Especialmente preocupante puede resultar que hasta antes del Inspector de Intereses, nuestros parlamentarios tenían 101 sociedades no declaradas. Es decir, teníamos 101 sociedades que pudieron ser objeto de conflictos de interés, pero no lo sabíamos gracias a esta “omisión”.
Absolutamente reprochable son situaciones como la del diputado José Antonio Kast, quien, de 43 sociedades, sólo tenía declaradas 11. Así también, del otro bando, tenemos al diputado Juan Carlos Latorre con 14 sociedades, pero declaradas sólo 3. Son más de treinta los parlamentarios que omitieron información en sus declaraciones de interés y patrimonio. Leído de otra forma, son más de treinta los parlamentarios que no cumplieron la ley. ¿Habrán omitido también cobrar las ganancias de más de una de esas sociedades?
Desgraciadamente, no cumplir la ley en estos temas significa muy poco. Pensemos: si con una sociedad gano más de 2 millones de pesos al mes, y la multa que me pueden pasar es un poco mayor a un millón y medio ¿al parecer infligir la ley sigue siendo rentable?
En muchos casos las cosas funcionan mejor a través de incentivos. Pues ha llegado el momento de hacer reformas profundas a nuestra legislación, para incentivar a los parlamentarios a ser más transparentes y mostrar públicamente que los intereses de la sociedad están por sobre sus intereses particulares en sociedades comerciales. No es mucho pedir, es simplemente que cumplan la ley, la que hasta hoy no se ha venido cumpliendo.
Nuestra democracia se fortalece con ciudadanos participativos, que se cuestionan y toman decisiones. Pero no podemos olvidar como parte fundamental de un sistema republicano a las instituciones públicas; debemos fortalecerlas, y en especial lo deben hacer quienes nosotros elegimos para estar en ellas.
La confianza –al igual que el amor, dicen- es un arbolito que necesita ser regado día a día. No tengamos miedo de golpear la mesa y pedir más transparencia de parte de nuestros representantes, es nuestro derecho y es un pilar fundamental para la buena evaluación de nuestra clase política. Vamos por reformas, y vamos por una ley que esta vez si se cumpla.
Fuente El Mostrador
Por Francisco Del Campo | Comunicaciones FCI
Unánime fue la reacción de los parlamentarios que conversaron con Ciudadano Inteligente acerca de su nueva aplicación “inspector de Intereses”. Todos la consideraron un aporte valioso y único en su tipo, que ayudará a mejorar la transparencia en el Congreso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, aseguró que este estudio se abre a la posibilidad de que este tema sea revisado por la instancia que crea la ley orgánica, que es la comisión de ética y conductas parlamentarias, por eso calificó a la nueva aplicación de Ciudadano Inteligente como “muy interesante y sin duda un aporte, ya que hasta ahora nunca se había dado una presión pública en esta materia” sentenció.
Asimismo el presidente de la comisión de Ética y Transparencia del Senado, Hernán Larraín, admitió que “la declaración de patrimonio de intereses que rige actualmente en el congreso es más que insuficiente y no obliga a hacer muchas declaraciones que permitan realmente conocer el patrimonio de los parlamentarios”, por esto mismo considera a “Inspector de intereses” como un verdadero aporte.
Por su parte, como “uno de los esfuerzos más importante que el sector privado puede hacer por la transparencia”, calificó a esta innovadora aplicación el director del grupo interparlamentario Pro Transparencia, el senador Eugenio Tuma, y aseguró que por ser una herramienta tecnológica va a incentivar aún más que todo sea más transparente.
“Inspector de Intereses es más exigente que la declaración de patrimonio misma”, estimó el vicepresidente del mismo grupo Pro Transparencia, el diputado Jorge Burgos, que a su vez valoró la gran contribución a la transparencia pública y a la probidad que la iniciativa significa.
Cristián Monckeberg, diputado y también director de la unión interparlamentaria a favor de la transparencia, dijo que esperan sacarle el máximo provecho a esta innovadora aplicación ya que “no sólo informa y ayuda a la ciudadanía, sino que también a nosotros mismos, obligándonos a ser más exigentes y lo más transparentes posible”, afirmó entusiasmado.

Reacción a los datos duros
De los 158 parlamentarios chilenos, 53 no tienen participación en sociedades ni patrimonio accionario, por lo que no tienen intereses económicos de ningún tipo. Pero entre todo el resto de congresistas tienen 188 participaciones accionarias y 298 sociedades. De éstas 298, el 66% está correctamente declarado por los parlamentarios, es decir, el tercio de estas sociedades económicas no están declaradas como la ley estipula que deberían.
Ante esto, Patricio Melero indica que “no me corresponde a mí, como presidente de la Cámara, ver si están mal o bien hechas las declaraciones, si están completas o incompletas, o si no las han puesto al día o actualizado adecuadamente”. Mientras que Hernán Larraín dice no dilucidar el por qué de esta irregular situación, “no tengo una explicación, yo esperaría que tuviéramos el 100% de nuestras sociedades declaradas, pero si los parlamentarios no han declarado las sociedades en que pertenecen obviamente han incumplido su deber ante la ley”, declara el presidente de la comisión de Ética y Transparencia del Senado.
El partido Unión Demócrata Independiente (UDI) es el partido político con mayor cantidad de sociedades por parte de sus parlamentarios con 136 de estos proyectos económicos, de los cuales 57 no han sido declarados como corresponde , lo que los posiciona como el grupo político que mayor porcentaje tiene de sociedades no declaradas alcanzando un 42%.
Ante esto, el presidente de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma, admitió que no existe un mecanismo interno en el partido que fiscalice o regule esto. Aunque aseguró que “muchas veces son sociedades que se han constituidos pero nada más, no llegan a tener actividades, así es el mundo de los emprendedores”, considera que mantener las declaraciones reguladas “son responsabilidades personales, pero aún así, no siento que haya habido una voluntad de alterar una situación patrimonial, y eso es para mí lo más importante” reflexionó Coloma.
En la otra vereda se encuentra Renovación Nacional, que con las 53 sociedades que tienen sus parlamentarios, son 8 las que no han declarado, alcanzando un 85% de efectividad. El jefe de bancada de este partido, Cristian Monckeberg, contó que ellos siempre le piden permanentemente a sus congresistas que mantengan regulada su situación, “pero parece que eso no se traspasa a los otros partidos”, concluyó.
Explicación en común
Al igual que la unanimidad de estos parlamentarios en el gran aporte que significa “Inspector de intereses” para los ciudadanos y para los congresistas, también hubo concordancia en la razones por las que ellos creen que un tercio de las sociedades no han sido declaradas. Para ellos muchas de estas omisiones se deben a que muchas veces se constituyen sociedades que finalmente no llegan a realizar actividades, y simplemente dejan de existir para ellos, pero no para la ley, por lo que termina olvidándose al momento de realizar las declaraciones. Pero de todas formas concuerdan que todas esas situaciones deben ser reguladas.
Por Comunicaciones FCI.
Todos los posibles conflictos de intereses que tienen los parlamentarios en la promoción y votación de proyectos de ley será lo que te permitirá ver desde hoy “Inspector de Intereses”, la nueva aplicación de Ciudadano Inteligente.
La ley prohíbe a los parlamentarios promover proyectos o votarlos cuando tienen conflicto de interés de manera directa o a través de algún familiar. Sin embargo, existen congresistas con acciones en compañías o con participación en sociedades comerciales que tienen potenciales conflictos de intereses con los proyectos de ley que votan o, incluso, que ellos mismos han presentado.
“Inspector de intereses”, la nueva herramienta de Ciudadano Inteligente, tiene tres grandes utilidades. La primera es que te permite conocer las participaciones societarias que los legisladores han omitido en sus declaraciones de intereses y patrimonio. La segunda es que te mostrará todos los posibles conflictos de intereses que podría tener un parlamentario al momento de promover o votar un proyecto de ley. Y la tercera, que te muestra un perfil de cada parlamentario; con la información particular del representante, como sus declaraciones oficiales y gráficos de apoyo.
Todo esto se puede ver ya sea por medio de un congresista en específico, o por temas determinados, como medioambiente, salud, educación, u otros. Además te puedes sumar a un petitorio de transparencia, o reportar posibles conflictos de intereses.
Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo de la Fundación, explica que con esta herramienta “buscamos que se haga una denuncia responsable respecto a una situación de ley que no se cumple, de senadores y diputados que no están declarando la totalidad de sus participaciones, ni absteniéndose en sus votos con conflicto de interés. Pretendemos denunciar a quienes no están haciendo bien su trabajo, y también destacar a quienes sí lo están realizando correctamente”, afirma.
“Por otra parte queremos incentivar a una ciudadanía responsable, decir que se les acabó el cheque en blanco a los representantes, por lo que el mandato de éstos tiene que ser efectivo y que apunte al bien común y al interés público”, enfatiza el Presidente Ejecutivo de Ciudadano Inteligente.
Gracias a la innovadora aplicación se pudo advertir que de las 298 sociedades que en total tienen todos los parlamentarios, el 33% de éstas no están declaradas. Asimismo, sólo un tercio de los congresistas no tiene participación alguna en sociedades ni patrimonio accionario. Mientras que las áreas en que se encuentran los principales intereses económicos son en “Intermediarios financieros” con 199 sociedades, “Vivienda y Urbanismo” con 112 y “Asesorías y consultorías” con 99 grupos vinculados a los legisladores.
“Estamos utilizando las nuevas tecnologías para contrastar toda la información y encontrar los posibles conflictos de interés”, cuenta Heusser, e invita a toda la ciudadanía a involucrarse: “Cualquier ciudadano puede acceder a esta aplicación e investigar a un parlamentario en particular o algún tema específico que le sea de interés. Asimismo, los medios de comunicación también tienen aquí una herramienta para investigar. E incluso, los mismos parlamentarios, gracias a “Inspector de intereses”, podrán revisar sus propios antecedentes y así transparentar de mejor manera su situación”, finaliza entusiasta el presidente de la Fundación Ciudadano Inteligente.
La Fundación Ciudadano Inteligente realizó un sondeo en la web de la página de DICOM EQUIFAX para obtener información sobre los congresistas encontrando bloqueado el acceso a esos datos.
Durante septiembre, la Fundación Ciudadano Inteligente realizó un seguimiento rutinario para determinar los DICOM de los 120 diputados y 38 senadores. Con sorpresa, se pudo comprobar que dichos perfiles se encontraban bloqueados por la empresa.
En su página DICOM se limitó a responder –mediante un mensaje automático- que se trataba de un informe con entrega diferida, por lo que había que comunicarse al 600-EQUIFAX. Respecto a la fórmula para elegir los informes no disponibles, la telefonista del call center señaló que se trataba de un sistema de sorteo que beneficiaba a ciertos ciudadanos.
Además, se agregó que durante ese momento los informes de los parlamentarios no estaban disponibles al público, debido a que Equifax estaba trabajando arduamente en actualizar los datos de contacto que no estaban vigentes para contar con la información precisa y fidedigna.
Posterior a esta situación, El Dínamo confirmó que no solamente se trataba de todos los parlamentarios con datos protegidos, sino también 11 de los 22 ministros del gabinete del Presidente Sebastián Piñera.
Esta situación se produce con posterioridad a una sesión de la comisión de economía del Senado, del donde se le demostró al gerente general de EQUIFAX que existían en DICOM informes erróneos de parlamentarios. Todo en el marco de una reforma a la legislación que regula este tema.
Una muy mala señal entregada por la empresa en cuestión, ya que transformó un sistema en el que debe primar el principio de la igualdad y la veracidad, en algo segmentado conforme a la calidad y características de la persona que es objeto del análisis de su información financiera.
Al ser publicada la información en El Dínamo, la empresa DICOM EQUIFAX desbloqueó en cosa de horas los perfiles de los parlamentarios y ministros que gozaron de este beneficio.