Decir que Chile es un país que cambió, con ciudadanos hoy más “empoderados“, es un lugar común. Y de los favoritos en el vocablo de los políticos que pretenden vender el fiasco de la renovación.
Algunos más osados, como Tironi, aseveran que todo tiene su génesis en el mandato de la ex Presidente Bachelet; que fue ella quien instauró en el país un liderazgo “distinto”, más “horizontal”, más “maternal” y merecedor de toda clase de rasgos y apelativos siúticos de esos que fascinan a sociólogos, columnistas u opinólogos en general.
Sin embargo, no tantos se han esmerado en tratar de desentrañar a quéhacen alusión estas manoseadas frases clichés, que como otras tantas que se han instalado en la política nacional en distintos períodos –recuérdese la prostitución del vocablo “progresismo” durante la última presidencial–, parecen tener más de floritura retórica que de contenido.
Podría aseverarse que el que hoy los ciudadanos de Chile se encuentren más “empoderados” equivale a que sean más conscientes en la exigencia de sus derechos, y probablemente pocos se opondrían. Lamentablemente, si entendiésemos que efectivamente ocurre así, no parece saludable que tal cambio social tenga asidero si se lleva a la práctica de forma extrema, máxime si consideramos la existencia de esa clásica cultura, tan asentada en nuestra idiosincrasia, de exigir muchos derechos, pero cumplir pocos deberes.
Esto ha llegado en pleno 2012 a límites absurdos. Donde existe una colectividad –llámese ciclistas, homosexuales, heterosexuales, cuidadores de mascotas, pescadores, conductores, cocineros o meseros–, existe una causa que merece ser luchada (intereses privados, legítimos, pero aún circunscritos a un reducido grupo de la población). Donde existe una causa que merece ser luchada, hay un grupo de ciudadanos aguerridos dispuestos a exigir a la autoridad. Y donde hay un grupo de ciudadanos exigentes, supuestamente “empoderados” y conscientes de sus derechos, existe la enorme posibilidad de que se incurra en el ya clásico recurso de salir con todo a la calle, y de ahípara adelante que sea lo que Dios quiera.
Por supuesto que no siempre resulta especialmente alarmante esto último. El más novedoso de los paros es el declarado hace algunos días por un grupo de trabajadores del Censo 2012. Y más allá de la legitimidad o inexistencia de ésta en el movimiento, no parece sensato prever que se tratará de uno que podría alcanzar ribetes insospechados y poner a La Moneda de cabeza, como sí lo han hecho tantos otros en los últimos dos años.
El problema aparece, en cambio, cuando se trata de grupos que, precisamente, sí pueden llegar a conseguir un gran arrastre, al punto de poner en entredicho la institucionalidad del país y, peor aún, su estabilidad sociopolítica, como fue el caso de Aysén y las llamadas marchas estudiantiles.
Desde luego, podrá alegarse desde el fondo del movimiento de turno la legitimidad de sus demandas y la obligación del Estado por satisfacerlas, ya que el objetivo de este último es propender al bien común. Sin embargo, suele olvidarse muchas veces que asícomo cada grupo de interés privado cuenta con una serie de exigencias legítimas, hay cientos de otros grupos al lado haciendo fila para conseguir su propio proyecto de ley o aumento de lucas. Así, prima una cultura del egoísmo y egocentrismo que desnuda, más que un auténtico “empoderamiento” en la sociedad civil chilena –que tampoco es tal puesto que implica responsabilidades–, un deseo de llegar hasta las últimas consecuencias, por complejas que aparezcan, sin que importe demasiado resto.
Y qué importante es ese resto, por cierto. Podríamos hablar aquí de orden público, para que nos entendamos, pero probablemente a muchos el concepto les traiga aparejados viejos y malos recuerdos. Sin embargo, es necesario hacer notar que no se trata de defender estandartes de la vieja guardia ni ideas supuestamente autoritarias que pretenden sublimar valores cuestionables del republicanismo por sobre otros más democráticos y socialmente aceptados.
El orden público no es otra cosa que un cierto estado de paz social que posibilite el normal desenvolvimiento de la comunidad; que un oficinista pueda llegar a su trabajo sin necesidad de esquivar barricadas; que familias puedan salir a pasear un fin de semana sin temer encontrarse con piedras o desórdenes de otro tipo.
También podría alegarse eventualmente que quien suscribe confunde la legitimidad de las marchas autorizadas como manifestación de la voluntad social, con los desmanes de encapuchados que nada tienen que ver con los protestantes que anhelan ser escuchados. Sin embargo, resulta imposible convocar a esta clase de manifestaciones sin prever que los resultados acabarán siendo los mismos de siempre; los mismos que la historia reciente se ha encargado de reafirmar una y otra vez. Crear una barrera entre ambos fenómenos, con el pretensioso deseo de disociar una cosa y la otra, parece artificioso y autocomplaciente.
Junto con el orden público, suele arriesgarse también una cosa no menos importante, que es la legitimidad de nuestra institucionalidad. En efecto, en la medida en que cualquier demanda comienza a ser canalizada a través de gritos y marchas, se va creando una situación de inestabilidad social en que pareciera que no hay nadie capaz de representarnos, en que las autoridades no cuentan con legitimidad para actuar y en que el margen de acción de las instituciones es casi inexistente, porque sencillamente todo parece muy burocrático y engorroso y ya nada resulta tan expedito y efectivo como cortar un par de caminos, llamar a la prensa y “emplazar” (otro término trillado y de significado equívoco) a las autoridades.
En resumen, este falso “empoderamiento” sólo ha contribuido a que ante cualquier seña de descontento o problemática nos valgamosúnica y exclusivamente del que antaño era elúltimo recurso, pero que ahora parece ser la primera opción en la lista de medidas a tomar.
Hoy, cuando nos encontramos ad portas de la que parece ser una nueva oleada de movilizaciones promovidas por la Confech, parece necesario recordar que la legitimidad de nuestras demandas no difiere demasiado de la legitimidad de las exigencias de quien se encuentra al lado, y que ser escuchado porque uno grita más fuerte, porque se puede reunir a más colaboradores o porque –aunque se niegue– se cuenta con la maquinaria de un partido detrás, no parece justo. Pintarse la cara, gritar fuerte y exigir hasta las últimas consecuencias, según mi humilde criterio, dista bastante de un verdadero “empoderamiento”.
Puede que el hecho de que Chile haya cambiado en los últimos años sea el único cliché verdadero, pero, lamentablemente, tampoco parece que dicha metamorfosis haya operado para bien.
Por Rudi Borrmann, Director General de Información y Gobierno Abierto de la Ciudad de Buenos Aires.
Siete meses pasaron desde que en Septiembre del año pasado se lanzó la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) una iniciativa de Estados Unidos y Brasil para englobar a los países que implementan políticas de Gobierno Abierto. En ese momento 8 países formaban la Alianza, hoy son 55 con la reciente incorporación de Rusia.
Este primer encuentro anual, realizado en la ciudad de Brasilia, tuvo hoy su gran apertura con la presencia de, probablemente, las dos mujeres más poderosas del mundo: la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Cerca de las 10 de la mañana, la sala principal del Centro de Convenciones Ulysses Guimaraes estaba colmada con más de 1000 personas.
Funcionarios de los diferentes países miembros, representantes de la sociedad civil de todo el mundo, periodistas y gente del sector privado esperaron las palabras de ambas mujeres que se mezclaron con los discurso de Nika Gilauri, primer ministro de Georgia, Jakaya Kikwete, Presidente de Tanzania, y varios ministros de Brasil (hay que mencionar que el gabinete completo de Rousseff estaba presente en el evento). Los discursos fueron algo similares, un listado de las iniciativas implementadas en sus países, el fuerte compromiso y los desafíos del futuro.
“El Gobierno Abierto no es una varita mágica que soluciona problemas, es clave la voluntad política”, dijo Hillary en su discurso. Para luego remarcar algo que se repetiría en todas las sesiones, la importancia del rol que juega en estas iniciativas la sociedad civil “Deben estar al mismo nivel que los países de la Alianza, debemos aprender mucho de ustedes”, dijo la ex senadora.
Por su parte Dilma remarcó que la “la Alianza representa una nueva forma de relación multilateral” y que “la apertura de datos debe darse no sólo en el ejecutivo sino también en el nivel judicial y el legislativo”.
La agenda para el primer día tuvo como eje central las presentaciones de los planes de acción de los países miembros. Un funcionario del país exponía (en 5 minutos) los lineamientos principales del plan y luego un representante de la sociedad civil ofrecía la mirada del sector. El contrapunto resultó muy interesante, pero en varias charlas no quedó mucho tiempo para preguntas en debates que eran muy ricos. “¿Cómo mejorar los métodos de consulta a la ciudadanía?, ¿Cómo involucrar a la gente”, “¿Cuál es la mejor manera de abrir información pública?”.
En líneas generales todos estaban de acuerdo en que no existe una línea de acción específica a seguir. No hay un manual de cómo un país avanza hacia el Gobierno Abierto. Pero se avanza. Y lo importante de este primer día fue tener en claro la importancia del intercambio y la colaboración entre las administraciones que avanzan en estos proyectos, y por supuesto, el rol clave que cumple la sociedad civil en estos temas. Este último concepto se repitió en muchísimos paneles. Son justamente las organizaciones de la Sociedad Civil las que llevan más tiempo trabajando los temas de transparencia y participación ciudadana, su rol en estas iniciativas es fundamental.
Me llamó la atención que países en crisis (y que se acaban de integrar a la Alianza), como Italia y España, marcaron la necesidad estratégica de apoyar este tipo de políticas, aún cuando la prioridad parecen tenerla temas más urgentes. Hay una entendimiento generalizado que este es el único camino, tarde o temprano, con o sin crisis.
Tim Kelsey, Director de Transparencia y Open Data para el Reino Unido, mencionó en el panel de Europa del Oeste, el rol clave de la transparencia como un disparador para hacer un Gobierno más eficiente. Su contraparte de la sociedad civil, Rufus Pollock, Director de la Open Knowledge Foundation, hizo hincapié en la importancia de establecer alrededor de las políticas de Open Data, marcos regulatorios a largo plazo que blinden de alguna forma las iniciativas y les permitan crecer e instalarse.
Desde hoy y hasta el 18 de abril se realizará en la ciudad de Brasilia una nueva conferencia anual de la Sociedad de Gobierno Abierto (Open Government Partnership). En dicha instancia, más de 50 gobiernos del mundo se encontrarán con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el compromiso que mantienen sus miembros de promover la transparencia, la autonomía delos ciudadanos, combatir la corrupción, y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.
Como miembro y representante de la sociedad civil latinoamericana, una vez más la Fundación Ciudadano Inteligente reafirma su compromiso con los Gobiernos Abiertos, y se hará presente representada por el Presidente Ejecutivo de la Fundación, Felipe Heusser, y el Gerente Juan José Soto. Además, por primera vez participarán del encuentro dos grandes proyectos de Ciudadano Inteligente; Desarrollando América Latina y Desarrollando El Caribe, que van representados por su coordinadora Anca Matioc.
Después de la horrible analogía del cajón de manzanas con una de ellas podridas, la frase sobre las preguntas, debe ser lo segundo más repetido en la educación chilena.
Advierto que no soy experto ni en educación, ni en negocios, ni en leyes, sólo un ciudadano interesado en la sociedad civil. No quiero atacar a nadie, pero sí hostigar a todos. Como declarado inexperto yo tengo muchas preguntas y para evitar que me tilden de tonto, voy a hacerlas:
¿Cuántos profesores de Enseñanza Media están estudiando la ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y la ley 20.500 de Participación Ciudadana para luego enseñárselas a sus alumnos?
Un país que aspire a tener una democracia participativa, con una ciudadanía responsable y fuerte, debe educar en esos aspectos a sus jóvenes o como he escuchado por ahí “pre-ciudadanos”. Me parece que asignar trabajos escolares que, en vez de una búsqueda en wikipedia, requieran una solicitud de acceso a la información pública pueden tener un impacto tremendo como una primera interacción directa entre un estudiante de tercero medio y el gobierno central de Chile.
En mi trabajo como encargado del proyecto www.accesointeligente.org de la Fundación Ciudadano Inteligente yo percibo ese ideal de un gobierno que trabaja por nosotros, a veces bien, a veces mal, pero veo que se mueven por nuestras solicitudes. Recordemos que mandatario es quien recibe los mandatos.
¿Cuántas acciones pro sociedad civil has hecho durante esta primera quincena del 2012?
Es muy común olvidarse que somos parte activa de la sociedad, está el gobierno, está el Congreso, están los bancos, las farmacias, los liceos, las sociedades agrícolas y está la sociedad civil, tan importantes somos que incluso en nuestra Constitución estamos considerados ¿Te imaginas cuántas acciones pro-banca realizaron los bancos en lo que ya va del 2012 y cuántas planean hacer? Se entiende, ellos están preocupados de su sector, lo cultivan y protegen. Nosotros debiésemos hacer lo mismo, porque tu sector –y el mío- es el de la sociedad civil; debemos protegerlo y cultivarlo. No es fácil porque no te pagan por eso, pero te sugiero algo que al menos es gratis.
¿Por qué no elijes un tema y haces una pregunta al gobierno? La lees y si te parece que hay algo sospechoso sobre lo que profundizar envíalo a algún periodista amigo tuyo para que lo ponga en la tabla de investigaciones. O, al menos, publícalo en facebook o en twitter con un comentario, quizás una amiga tuya lo quiera investigar.
¿Acaso te parece que en libre competencia todo anda bien?, ¿El Serviu es lo suficientemente transparente y eficiente?, ¿Las Isapres son fiscalizadas tanto como a ti te gustaría?, ¿Carabineros explica perfectamente la asignación de patrullas en los distintos sectores del país? Estas preguntas y muchas otras pueden ser respondidas en menos de 20 días si tú las haces.
¿No tienes nada que decirle a ningún senador respecto a ningún proyecto de ley, entonces por qué no has usado nunca el sitio www.senadorvirtual.cl?
¿Qué Chile es más valioso, el solidario que dona más de $20.000.000.000 a la teletón o un Chile fiscalizador que evita que Kodama reciba sumas similares por razones injustificadas?
Una de las consecuencias más importante y beneficiosa de la ley de transparencia es un efecto secundario o colateral: la inhibición de actos de corrupción. Sólo por la posibilidad de que alguna vez alguien empiece a preguntar cosas al respecto y que investigando por aquí o por allá descubra la corrupción.
¿Cuántos Juan Pablo Davila andan por ahí a punto de cometer unos inexplicables “errores de tipeo” inhibidos ante la posibilidad de que a uno de los 17 millones de chilenos se le ocurra indagar en algo que lo comprometa?, ¡Porque con uno basta! Imagina que conveniente la acción, pro-sociedad civil, de tener una fuerza fiscalizadora de cientos de miles al establecer como obligatorio al menos un trabajo que use la ley de transparencia en tercero medio. Millones de alumnos preguntando al gobierno, para ser buenos fiscalizadores hay que tener práctica ¿Puede eso ser malo?
En definitiva, la gran pregunta es cuánto más eficiente sería el Estado de Chile si contara con una sociedad civil fuerte y responsable. Cuánta de la debilidad actual de nuestra sociedad civil es nuestra responsabilidad. Dicen por ahí que las sociedades tienen los gobiernos e instituciones que se merecen ¿Cuál nos merecemos los chilenos?
Una aplicación que permite obtener toda la información institucional sobre un determinado establecimiento educacional y dejar opinión sobre éste, una aplicación que ayuda a los apoderados escolares a realizar un presupuesto de ahorro a largo plazo para el posterior ingreso a la universidad, y una app de seguridad comunitaria que permite a los usuarios organizarse en problemas geolocalizados en su barrio e informarse del status real de la delincuencia en su comuna. Estos fueron los tres proyectos chilenos ganadores de “Desarrollando América Latina”, el evento organizado por la Fundación ciudadano Inteligente que reunió a desarrolladores de seis países países para crear aplicaciones web destinadas al bien social.
El evento colaborativo de Open Data más grande de Latinoamérica fue un completo éxito. Cientos de techies se reunieron este 3 y 4 de diciembre en Argentina, Perú, Uruguay, México, Brasil y Chile, durante 30 horas ininterrumpidas para realizar aplicaciones innovadoras que apuntaran a la educación, seguridad y presupuesto público.
15 apps fueron realizadas en Chile, las cuales fueron presentadas frente a un jurado de especialistas, entre los que se encontraban Andrés Bustamante, Director de Gobierno Electrónico de la Secretaría General de la Presidencia; Cony Sturm de FayerWayer ; Eduardo Arriagada de la facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica. Ellos escogieron a las tres mejores propuestas que se adjudicaron un premio a nivel nacional y entrarán a competir con las aplicaciones vencedoras de los otros cinco países restantes, quienes podrán ganar un viaje todo pagado a Sillicon Valley, el centro mundial de la innovación tecnológica.
El primer lugar en Chile – que les significó adjudicarse US$ 2.000- lo obtuvo el proyecto “Escuela Popular”, realizado por el desarrollador Oleh Burkhay y la periodista Nadiia Vasylchenko, ambos ucranianos residentes hace ocho años en el país. La aplicación que crearon permite a través de un mapa geográfico evaluar de una manera fácil y rápida cualquier establecimiento de educación básica o media. Detecta y muestra las fuerzas y debilidades de cada recinto, y les permite a los alumnos profesores, apoderados y a la comunidad local poder expresar sus opiniones sobre los colegios. “Así se puede evaluar a los colegios más allá del Simce, enfocándose en otros aspectos significativos como el espacio físico, la seguridad e instalaciones educativas, entre otras”, explica Nadiia Vasylchenko creadora del proyecto.http://desarrollandoamerica.org/2011/12/escuela-popular/
El segundo puesto – y US$ 1.000 en premio- se lo ganó el proyecto “Presupuéstate”, una aplicaciónque pretende ayudar y motivar a los padres de los niños que están entrando a enseñanza básica a comenzar con un ahorro de largo plazo para la universidad, mostrando proyecciones de aranceles, puntajes de entrada, además de evaluaciones del colegio para determinar si está acorde a las exigencias del plan de estudio superior planificado. Así la app le entrega al apoderado el ahorro recomendado mensual para poder pagar la carrera universitaria que escogió, además de mostrarle alternativas de colegios ubicados cercanos a la residencia de la familia, cuyos alumnos tienen un desempeño suficiente para entrar a la carrera seleccionada.http://desarrollandoamerica.org/2011/12/presupuestate/
En el tercer lugar –US$ 500 de premio- se posicionó la aplicación “Punto Seguro”, realizada por cinco jóvenes que se conocieron en el evento, que permite ver los índices de delincuencia, como robos, violaciones, homicidios y otros, en el área geográfica que se escoja. Además le permite a las comunidades de vecinos compartir opiniones y poder organizarse para mejorar la seguridad en su zona.http://desarrollandoamerica.org/2011/12/punto-seguro/
Todos los datos que utilizaron los desarrolladores fueron proporcionados por el Gobierno y por ONG’s, además de la plataforma Criik.com de la Fundación Ciudadano Inteligente, desde donde los programadores pudieron extraer información vital para la creación de sus apps.
Felipe Heusser, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente y uno de los que ideó “Desarrollando América Latina”, destacó el aporte que pueden significar este tipo de aplicaciones a las sociedades, y resaltó la importancia de instancias como esta que demuestran lo que se puede lograr cuando los gobiernos trabajan mano a mano con la sociedad civil.
La vilipendiada política, y todos sus aún más vilipendiados políticos. Es la percepción ciudadana, los movimientos sociales, y en general, un sentimiento de rechazo el que tiene hoy a nuestro sistema político pasando momentos de infelicidad y especulación.
Pero nuestra clase política no es la víctima de ésta historia, muy por el contrario, son ellos quienes poseen en gran medida la culpa de que la ciudadanía hoy les está perdiendo la confianza. Se agotó la paciencia de muchos, y hoy se vive la democracia a concho, con cuestionamientos y fiscalizaciones, pero apuntando a una finalidad; un Chile mejor.
Los temas energéticos, y más recientemente los asuntos relacionados con educación, son sólo algunos ejemplos de conmoción social que ha tenido como ingrediente conflictos de interés que han rondado a nuestro congreso. Pero nada es claro, todo lo que se quiera investigar respecto al tema puede demorar meses, y costar una gran inversión de tiempo. Claramente, en estos asuntos, la fiscalización no está en manos de los ciudadanos, los que se han tenido que limitar a confiar o a desconfiar en la transparencia.
Pero hoy se da un paso más en pro de una mayor y mejor fiscalización ciudadana. La Fundación Ciudadano Inteligente lanzó su aplicación el “Inspector de Intereses”. Aplicación que hace una cuadratura de información respecto a lo presentado oficialmente por los parlamentarios, mediante sus declaraciones de intereses y patrimonio, y lo que en realidad se tiene; graficando donde están sus intereses económicos declarados y no declarados. Además, se puede ver si efectivamente se abstienen de promover o votar proyectos de la misma área donde tienen intereses económicos, cumpliendo o no con la ley. Con ello podremos saber de forma fácil donde existen alarmas de posibles conflictos de interés en nuestro Congreso.
Los resultados entregados por dicha aplicación son lamentables. Varios de nuestros representantes no han comprendido que la confianza ciudadana se encuentra en un estado de fragilidad, y al parecer tampoco están muy interesados en tener una conducta intachable como para mejorarla.
Especialmente preocupante puede resultar que hasta antes del Inspector de Intereses, nuestros parlamentarios tenían 101 sociedades no declaradas. Es decir, teníamos 101 sociedades que pudieron ser objeto de conflictos de interés, pero no lo sabíamos gracias a esta “omisión”.
Absolutamente reprochable son situaciones como la del diputado José Antonio Kast, quien, de 43 sociedades, sólo tenía declaradas 11. Así también, del otro bando, tenemos al diputado Juan Carlos Latorre con 14 sociedades, pero declaradas sólo 3. Son más de treinta los parlamentarios que omitieron información en sus declaraciones de interés y patrimonio. Leído de otra forma, son más de treinta los parlamentarios que no cumplieron la ley. ¿Habrán omitido también cobrar las ganancias de más de una de esas sociedades?
Desgraciadamente, no cumplir la ley en estos temas significa muy poco. Pensemos: si con una sociedad gano más de 2 millones de pesos al mes, y la multa que me pueden pasar es un poco mayor a un millón y medio ¿al parecer infligir la ley sigue siendo rentable?
En muchos casos las cosas funcionan mejor a través de incentivos. Pues ha llegado el momento de hacer reformas profundas a nuestra legislación, para incentivar a los parlamentarios a ser más transparentes y mostrar públicamente que los intereses de la sociedad están por sobre sus intereses particulares en sociedades comerciales. No es mucho pedir, es simplemente que cumplan la ley, la que hasta hoy no se ha venido cumpliendo.
Nuestra democracia se fortalece con ciudadanos participativos, que se cuestionan y toman decisiones. Pero no podemos olvidar como parte fundamental de un sistema republicano a las instituciones públicas; debemos fortalecerlas, y en especial lo deben hacer quienes nosotros elegimos para estar en ellas.
La confianza –al igual que el amor, dicen- es un arbolito que necesita ser regado día a día. No tengamos miedo de golpear la mesa y pedir más transparencia de parte de nuestros representantes, es nuestro derecho y es un pilar fundamental para la buena evaluación de nuestra clase política. Vamos por reformas, y vamos por una ley que esta vez si se cumpla.
Organizaciones de la sociedad civil criticaron al Ejecutivo por la falta de transparencia y de participación ciudadana con que fueron escogidos los candidatos al Consejo para la Transparencia. Esto tras la decisión del Gobierno de no volver a postular al actual presidente, Raúl Urrutia, y al consejero Juan Pablo Olmedo, proponiendo en sus respectivos cargos al abogado RN José María Eyzaguirre y al jurista PPD Samuel Donoso.
“El proceso para nominar a los nuevos consejeros está apegado a la ley, pero el Gobierno desaprovechó la oportunidad de dar una señal de compromiso con la transparencia y la participación ciudadana“, aseguró Manuel Arís, Director de Vota Inteligente de FCI.
Las organizaciones que se adhirieron al llamado al gobierno fueron las fundaciones Pro Acceso, Ciudadano Inteligente, Corporación Participa, Corporación Humanas, Corporación Genera, Ciudad Viva y Fundación Defendamos la Ciudad.
Esta fue su declaración pública:
DECLARACIÓN PÚBLICA
Elecciones Consejo para la Transparencia
Desde hace algunos días ha sido objeto de debate público el proceso de nominación de los nuevos miembros del Consejo para la Transparencia, tras la no repostulación por parte del Ejecutivo de su actual presidente, Raúl Urrutia y al consejero Juan Pablo Olmedo en sus cargos.
En consideración a lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil que suscriben, manifestamos nuestra profunda preocupación por:
La falta de transparencia del procedimiento a través del cual el Ejecutivo ha propuesto a los nuevos candidatos al Senado, lo que no ha permitido saber con antelación los antecedentes, méritos, experiencia en temas de transparencia y criterios que se tomaron en consideración para optar por dichos nombres.
La falta de participación de la ciudadanía, que no contó con un espacio de debate público, que permitiera recibir el aporte de todos los actores de la sociedad civil, lo cual hubiese permitido generar debate abierto respecto de la nómina de nombres presentado.
La falta de consideración de criterios de experiencia en materias de transparencia y acceso a la información pública, derechos humanos y al factor de género en el reciente proceso de nominación de los candidatos.
Por todas estas razones, junto con valorar la gestión de los consejeros Urrutia y Olmedo, manifestamos la necesidad de contar con mecanismos más abiertos, participativos y transparentes que permitan un mayor escrutinio público, tanto en la etapa de nominación por parte del Ejecutivo, como en el de ratificación de la nómina por parte del Senado.
Representantes de las organizaciones en conferencia de prensa.
El Trago Fuerte
¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.
