Por Francisco Luco.
El consenso de analistas, columnistas, periodistas, políticos y público en general es que el año que acabamos de despedir fue uno, cuanto menos, difícil, complejo y, dicho con cierta siutiquería, “raro”.
Comparto dicha impresión, generada sobre todo por una suma difusa y algo etérea de eventos trascendentes que tuvieron auge en los más disímiles puntos del planeta. Y lo interesante –como vivimos en una sociedad globalizada– es que cada uno de estos eventos repercutió de alguna manera en otras latitudes y, al final, en el mundo entero, tanto en una dimensión política como económica y sobre todo social.
Fue el año de las revoluciones, de las caídas de tiranías que llevaban décadas incólumes, de la muerte del terrorista número 1 buscado por Estados Unidos, de los movimientos sociales, de las redes sociales, del flujo expedito de información pero también de la censura de la información.
Es difícil ubicar un punto de partida, y siempre el evento que convengamos en escoger como episodio inicial tendrá, a su vez, otros antecedentes y causas, de suerte que podríamos remontarnos al momento en que Eva mordió la manzana. Sin embargo, creo que un buen punto de partida, más o menos claro y explicativo –y el que en cierta manera desencadenó todo lo que ocurrió a lo largo del 2011–, corresponde a la filtración de cables diplomáticos por obra de Wikileaks, acontecido cuando ya se nos iba el 2010.
Si reflexionamos por un momento, todo lo que ocurrió el 2011 podría explicarse de alguna manera a partir del efecto dominó que generó lo hecho por Bradley Manning, Julian Assange y compañía; no por directa influencia de los propios contenidos de los cables diplomáticos expuestos, sino por el aura general y el contexto ideológico al que nos permitía arribar tal suceso.
Me refiero puntualmente al ensalzamiento del derecho de acceso a la información. Al final, lo que demostró primero Wikileaks, y luego Twitter con su formidable soporte a la hora de organizar movilizaciones y protestas en todo el mundo, es que, en definitiva, la información se encuentra actualmente en manos de todos, de manera instantánea y sin intermediarios (exceptuando los soportes tecnológicos).
Hoy en día todos cuentan con una cuota de poder más o menos significativa que les permite levantar causas en un par de minutos y derribar proyectos de ley o cualquier otra iniciativa que atente contra los intereses de esa selecta casta de personas informadas e hiperconectadas. Hasta aquí podríamos concluir entonces, y con relativo acierto, que el 2011, a pesar de los constantes intentos de boicot (léanse a modo de ejemplo las medidas de censura ejecutadas por el régimen egipcio para frustrar las protestas, o la propia ley SOPA), fue el año del acceso a la información y el libre flujo de ésta.
Lamentablemente no me van quedando muchas razones para mirar con optimismo el 2012, al menos en este aspecto. La ya mencionada ley SOPA es la mejor muestra de que los gobiernos de occidente no miran con buenos ojos la manera en que redes sociales y, en general, las nuevas tecnologías de la información permiten levantar causas que –más allá de que sean justas y sensatas o no– tienden a incomodar el poder central.
No es que estemos descubriendo el fuego. Desde hace mucho tiempo hemos podido comprobar la importancia de las nuevas tecnologías de la información como motor de cambio social y político, y hemos tenido también la oportunidad inferir que estas herramientas son un arma de doble filo, con una capacidad de generar gran suspicacia en los gobernantes de todas partes. Sin embargo, creo que es 2011 el año en que este cúmulo de ideas y valores ha alcanzado su auge, y por ello es que los órdenes de Occidente comienzan a tomar cartas en el asunto.
Tomemos como ejemplo la ya mencionada Stop Online Piracy Act. Desconozco lo que irá a ocurrir con ella en el estado en que se encuentra en el Congreso, con sus evidentes y abiertas contradicciones a la primera enmienda y otros derechos fundamentales garantizados en la propia legislación norteamericana. En el mejor de los casos, tal vez el lobby ejercido por usuarios de a pie e importantes empresas que dependen de una Internet relativamente libre logre derribar el proyecto.
Podría ocurrir también –de todo se puede esperar de la tierra del tío Sam– que la iniciativa SOPA, tal como se encuentra redactada hoy, llegue a convertirse en una ley plenamente vigente para todos y cada uno de los Estados del país del norte, con las consiguientes y nefastas implicancias para todos los países conectados a Internet y que dependan de lo que hagan o dejen de hacer los servidores establecidos en Estados Unidos.
Pero si llegara a concretarse el peor de los temores de todo internauta, ¿estamos condenados? Parecen haber dos salidas o posibles desenlaces.
La primera y la “más legítima” radica en la confianza que podamos tener en la sanidad del sistema legal estadounidense. La aprobación de una norma antijurídica por donde se le mire, que atenta abiertamente contra la primera enmienda y los más sacrosantos valores políticos y sociales de Estados Unidos, debiera ser revisada por la Corte Suprema y ser declarada inconstitucional. Si las instituciones funcionan, sabemos que una ley federal ya aprobada es susceptible de ser declarada inconstitucional por los tribunales superiores de justicia, en virtud, precisamente, del principio de supremacía constitucional, y así restablecer el imperio del derecho.
Pero si nada de esto llegara a ocurrir, lo más probable es que sólo se contribuya a profundizar el problema y termine desahogándose una manifestación global de proporciones épicas. Internet es el último verdadero bastión de libertad que nos va quedando, y por ello podría afirmar con convicción que, si bien hay muchas cosas que desconozco y soy incapaz de predecir, ésta es una de esas en la que el futuro ya se puede anticipar con relativa seguridad. Y es que nadie se quedará de brazos cruzados mirando cómo la fuente universal de conocimiento por excelencia queda atrapada en las redes del poder central, la censura y –si nos compramos la tesis de que realmente todo esto pasa por la protección de los derechos de autor– los intereses de las compañías discográficas y grandes medios.
El 2011 fue el inicio de un proceso de cambios y descontento a nivel global; algunos con causas distintas, pero todos interrelacionados de alguna manera (sea desde un punto de vista geopolítico, tecnológico o sociológico). No hay razón alguna para pensar que el 2012 la tendencia se detendrá o revertirá, y por ello es no sería aventurado esperar, asimismo, una feroz oposición de gobernantes de todas partes. Por ello creo que, definitivamente, el año que recién comienza verá de alguna manera frustrados sus intentos por consagrar el acceso a la información y la transparencia como los grandes valores a los que aspira la sociedad moderna. El panorama que se vislumbra durante los próximos doce meses aparenta ser más difícil, complejo y “raro” que nunca.
Por Luis Pineda Pastrana
Una de las áreas de oportunidad dentro del sector gubernamental en donde el uso de las tecnologías de información puede tener un impacto positivo es en los archivos, un aspecto que reviste suma importancia si se pretende garantizar de manera eficiente y eficaz el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Al interior de las dependencias gubernamentales, la organización de sus archivos en muchas ocasiones se encuentra en un estado deplorable, en donde ni siquiera se cuenta con procesos que garanticen el resguardo de los documentos, un presupuesto asignado para la construcción y organización del mismo, personal capacitado en la materia ni mucho menos mecanismos físicos o tecnológicos para la búsqueda y recuperación de la información.
En el caso de la transparencia y el acceso a la información pública en México, por mencionar un ejemplo ilustrativo, las dependencias gubernamentales federales así como otros sujetos obligados a través de sus titulares, deben por Ley asegurar el adecuado funcionamiento de sus archivos, así como elaborar y poner a disposición del público una guía simple de su sistema de clasificación, catalogación y organización del mismo (artículo 32 LFTAIPG). De igual forma, dicha Ley menciona que las dependencias y entidades deben preparar la automatización, presentación y contenido de su información como también su integración en línea (primer vínculo inicial entre la necesidad de utilizar tecnologías de información en los archivos).
Para reforzar lo anterior, la Constitución Mexicana en su artículo 6º fracción V menciona que los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados. Sin embargo, al día de hoy, los profesionistas que a diario trabajan con la documentación de la información, siguen cuestionando en México la falta de la promulgación de una Ley Federal de Archivos, que debió haber salido a la luz antes que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (caso similar de Chile).
Su reclamo de estos profesionistas es muy claro: ¿cómo se pretende garantizar plenamente el acceso a la información por parte de los ciudadanos cuando no existe una regulación a nivel federal en materia de archivos?, y cuando a pesar de lo establecido en la Constitución y la Ley en la materia, los titulares de las dependencias en muchos casos no le han tomado la importancia que debiera, para lo cual dichos profesionistas exigen el reconocimiento de su labor, mayor presupuesto para el desempeño de sus funciones y sobre todo un cambio de mentalidad en los titulares de las dependencias gubernamentales para que valoren la importancia que reviste la organización, resguardo y consulta de los archivos institucionales.
La organización y el almacenamiento de la información y su posterior recuperación son dos aspectos que no pueden estar separados. Cuando una persona dentro de una dependencia gubernamental busca información, ésta previamente se debió de haber organizado y almacenado de cierta manera. Esto implica encontrar la mejor forma de representar esa información (la cual puede ser texto, imágenes, sonido, etc.) para que posteriormente pueda ser recuperada. De la calidad en que se realicen esas representaciones de la información y de cómo reflejen con precisión su contenido dependerá la eficacia de la recuperación de la misma. De igual forma, la dependencia debe de contar con un proceso interno que explique a los servidores públicos y que en una primera instancia debiera de existir, el sistema documental de la misma (hoy en día basado en tecnologías de información), la manera en que trabaja éste, explicando con claridad el flujo que tiene que seguir un documento desde que se crea, ya sea impreso o electrónico, la manera en cómo debe clasificarse y resguardarse, hasta el último paso que puede ser la destrucción del mismo.
En la era de la información y el conocimiento, los gobiernos deben dejar de tomar decisiones de manera unilateral y aprovechar los beneficios del uso e implementación de tecnologías de información que permitan construir espacios digitales que logren incrementar y motivar la participación ciudadana, permitir el escrutinio público de la sociedad, transparentar las funciones gubernamentales, establecer herramientas de acceso a la información a través de sistemas informáticos en Internet, facilitar la rendición de cuentas, entre otros, lo que contribuirá a la construcción y mejoramiento de la democracia de un país.
El no contar con lo anterior, representa una barrera para los ciudadanos que esperan de sus gobiernos la simplificación y reducción de costos parcial o total de los servicios que ofrecen así como de la consulta de información que es de su interés. Es ahí, independientemente que exista una regulación legislativa, donde radica la importancia de mantener archivos actualizados y organizados así como reconocer su necesaria y actual relación de interdependencia con estas tecnologías, ya que los mismos contienen información que en su momento serán de utilidad para que el ciudadano concrete algún tipo de trámite administrativo, se le brinde acceso a información solicitada por Ley de Transparencia así como preservar la memoria colectiva, en este caso de las dependencias gubernamentales.
Sin duda, los gobiernos en la actualidad ya se dieron cuenta que no basta con tener un gobierno on-line, sino que se debe de avanzar hacia la construcción de gobiernos interactivos, inter jurisdiccionales, conectados a los ciudadanos, trabajando de manera conjunta con los mismos para encontrar soluciones a los problemas de la sociedad, es decir, avanzar hacia la construcción y consolidación de un gobierno electrónico.
Anteriormente la información contenida en los archivos se encontraba de manera local y sólo la podían accesar o restringir cierto número de personas. Con la aparición de la web, la información ya no se encuentra centralizada, sino más bien dispersa a lo largo y ancho de la red de redes, lo que dificulta el saber en dónde específicamente se encuentra una información determinada. De igual manera, antes existía un control social de la información restringido ya que no se le permitía al ciudadano ejercer su derecho fundamental a la información.
Con la llegada del Internet, las tecnologías de la información y el cambio paulatino de mentalidad en la administración pública, orientada al reconocimiento de este derecho, empieza a darse un incremento en el control social de la información. La desventaja principal que se observa es la existencia todavía de una percepción equivocada de parte de los titulares de las dependencias gubernamentales quienes demeritan (o no aprecian) la importante actividad desempeñada por los profesionistas dedicados a la actividad documental, desconociendo que esa actividad es el eje central para garantizar entre muchas cosas, el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y la prestación de mejores servicios a estos.
Finalmente, podemos afirmar que son más los beneficios que se obtienen de la relación entre las tecnologías de información y los archivos: mejor administración de la información, creación de un sistema de información único, mayor seguridad tanto para el resguardo físico de los documentos así como informático, facilitan el derecho de acceso a la información, apoya las funciones de los profesionistas en actividades de tipo documental de las dependencias, elevando su productividad y principalmente se mejora la prestación de servicios.
Por Esteban Szmulewicz Ramírez
Desde las antiguas plazas y calles del Medio Oriente, hasta las hipermodernas avenidas de Nueva York, y también desfilando masivamente por las tierras chilenas, los ciudadanos se han reapropiado del espacio público para manifestar su opinión frente a situaciones que consideran extremadamente injustas. ¿Qué hay detrás de esta oleada de movilizaciones ciudadanas esparcidas en distintos lugares del mundo en un intervalo de tiempo relativamente corto?
Por una parte, algunos comentaristas han planteado la necesidad de buscar ciertas causas comunes o factores explicativos que puedan dar cuenta de la globalidad de este fenómeno. En esta línea, Eduardo Engel planteó, en una reciente columna, que a pesar de sus múltiples diferencias, las movilizaciones sociales actuales tendrían en común el hecho de fundarse en una ciudadanía con mayor acceso a la información, mucho más exigente y vigilante en relación al poder estatal, y más conectada por medio de internet y las redes sociales. Esta interpretación enfatiza lo que se denomina la dimensión de “recursos políticos” como variable explicativa para la participación política, esto es, aquellos elementos que les permiten a los ciudadanos actuar políticamente, vinculados en esencia a la capacidad de adquirir información política y a la disminución de los costos de organización y comunicación política, mediante el uso de las redes sociales.
Por otra parte, esta interpretación requiere un complemento en una explicación que ponga el acento en ciertas cuestiones elementales de la organización política, en particular, la aceptación de las decisiones adoptadas mediante el recurso a mecanismos públicamente reconocidos como legítimos. Teoría que enfatiza los aspectos de diseño institucional del modelo de toma decisiones imperante en muchos países. Dado que se trata de fenómenos en desarrollo y respecto de los cuales carecemos de mucha información relevante, es difícil plantear hipótesis fuertes, aunque sí se pueden realizar algunas apreciaciones preliminares.
Para comenzar, para que la explicación centrada en la influencia de las nuevas tecnologías fuese cierta serían necesarios niveles equivalentes de penetración y uso de internet en todos los casos, lo cual no es la circunstancia. Naturalmente la penetración y uso de internet y de las redes sociales es menor en el Medio Oriente que en Chile, y en Chile menor que en Europa y Estados Unidos, aunque los primeros están aproximándose rápidamente a los segundos. Pero no sólo se encuentra la distribución de acceso a internet en desigualdad de distribución a nivel internacional, sino que también a nivel de cada Estado. En general, a mayor nivel de ingreso mayor cantidad y calidad del acceso y uso de internet. En consecuencia, las redes sociales, que requieren disponibilidad de acceso prácticamente constante e inmediato, no podrían explicar por sí solas la masividad y transversalidad, en términos etarios y de procedencia socioeconómica, de las manifestaciones en distintas partes del mundo.
Dados estos problemas – a la explicación basada en los recursos informativos – cabe agregar aquella fundada en la crisis de las instituciones de democracia representativa. Según esta visión, las revueltas ciudadanas se explican, además, por la problemática que se les manifiesta a las instituciones de representación e intermediación democrática diseñadas para tomar decisiones mediante el recurso a la elección de representantes del pueblo que luego se encargan de deliberar y aprobar políticas públicas. Estas instituciones comienzan a entrar en crisis cuando los gobernantes son percibidos por la población como incapaces de dar cuenta de los principales problemas del país y surge, en cambio, un impulso colectivo a operar fuera o incluso contra estas instituciones de representación política. Esta hipótesis dice relación con problemas clásicos de la teoría política, tales como las dificultades para controlar la acción de los representantes por parte de los representados, y el interés de éstos porque sus preferencias, complejas, multivariadas y en ocasiones contradictorias, sean trasladadas a políticas públicas justas.
En el Medio Oriente se trató de la incompetencia de dar voz a amplios sectores de la población y la tremenda represión de regímenes incapaces de garantizar mínimos derechos civiles y políticos. En Europa y los Estados Unidos, se trata de la percepción de que el gobierno está más ocupado de resolver los problemas financieros de los grandes intereses económicos, que de dar respuesta al aumento del desempleo, la pobreza y las desigualdades. En Chile, el movimiento estalla con la demanda de una educación pública de calidad e igualitaria, pero toma real vuelo por la incapacidad del actual modelo democrática de procesar estas demandas y crear instituciones que permitan articular y procesar los planteamientos de vastos sectores sociales.
Estos problemas se han visto acentuados por la capacidad de los ciudadanos de recurrir a fuentes alternativas de información y la disminución de los costos de la organización política que traen consigo las nuevas tecnologías. Así, no sólo se incorpora la revolución que ha significado la extensión e inserción de internet, sino también se puede dar cuenta de las diferencias que existen entre países que exhiben similares o incluso mayores niveles de penetración y uso de internet, como las naciones escandinavas, Canadá y otros, pero cuyas ciudadanías no han recurrido a las protestas como método privilegiado de acción política. En estos países, una correcta combinación institucional ha permitido articular intereses colectivos diversos e involucrar a los ciudadanos de mejor manera en los mecanismos de toma de decisiones.
En definitiva, si bien las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han proveído un notable canal para organizar, difundir y vehicular las demandas ciudadanas, éstas obedecen en última instancia a causas estructurales más profundas, vinculadas a la crisis de un cierto modelo de toma de decisiones. Esto no sólo tiene consecuencias para nuestro entendimiento de estos fenómenos sociales, sino también para la práctica política futura. No bastará con incorporar medidas de transparencia y participación ciudadana clásica, sino que será necesario un replanteamiento completo del modelo de intermediación y articulación política actualmente imperante.
