Desde el Área de Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, hemos realizado una serie de observaciones al Proyecto de ley sobre transparencia del financiamiento de campañas y partidos políticos.
¡Ahora queremos saber tu opinión!
Lee y comenta el Google doc, pues juntos podemos generar una propuesta ciudadana e incidir en que la relación entre dinero y política se transparente y regule. ¡Súmate al debate!
Las municipalidades pueden ser vistas como los órganos de la administración del Estado con quienes la ciudadanía puede tener una relación más directa, cercana y efectiva. La tecnología y las comunicaciones han jugado un rol fundamental en esta tarea. Hoy en día es mucho más fácil acceder a la información que consideramos valiosa, plantear nuestras inquietudes y tener un rol más activo al interior de nuestra comunidad, ya no solamente a través de la vía presencial, sino también por medio de internet y de sus miles de herramientas posibles de utilizar desde la comodidad de nuestros hogares.
Para ello contamos con la ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública que promueve la Transparencia y nos entrega información de cómo podemos utilizarla. Pero es importante entender a la Transparencia no sólo como un instrumento de control al que deben someterse los órganos públicos, sino también como una herramienta de gestión que involucra a la ciudadanía en los procesos de toma de decisión, y donde una comunidad más partícipe permite generar un gobierno más responsable y más orientado a las necesidades de sus habitantes. En el ámbito local, aquellos municipios que han captado la importancia de explotar los mecanismos de transparencia van bien encaminados en la construcción de una gestión más participativa y eficiente a diferencia que aquellos que aún poseen diversas barreras de acceso a la información pública.
En este contexto, un estudio llevado a cabo por la Fundación Pro Acceso titulado “Barreras de Acceso a la Información Pública en Municipios”, informó de alguna de las principales falencias que hoy en día presentan los sitios web de las 345 municipalidades que existen actualmente en nuestro país, y que da cuenta por un lado del cumplimiento de lo que respecta a la Ley de Transparencia y que por otro abre la interrogante en torno a lo que los ciudadanos podemos aportar a nuestros gobiernos locales respectivos.
Tan solo para contextualizar, la Ley sobre Acceso a la Información Pública señala en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, y agrega posteriormente en el artículo 12 que la solicitud puede ser formulada por escrito o por sitios electrónicos y que deberá contener: a) nombre, apellidos y dirección del solicitante (y de su apoderado cuando corresponda); b) identificación clara de la información que se requiere; c) firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado, y d) órgano administrativo al que se dirige.
Son 108 los municipios que cuentan con un sistema de gestión de solicitudes, sin embargo muchos cuentan con distintas falencias. Por ejemplo, un 96% de éstos no permite adjuntar un archivo, y por tanto no puede enviarse la firma del solicitante como indica la ley; un 94% no permite hacer seguimiento de la solicitud, y por tanto no sabemos si ésta ha sido ingresada y si se encuentra en tramitación; el 87% de los sitios web no publican un tutorial, y por tanto no informan a los ciudadano respecto a cómo y dónde ingresar sus consultas; así como también un 41,1% obliga a ingresar datos personales fuera de los obligatorios, al igual que un 41% no envía un comprobante de recepción de la solicitud, y por lo tanto, si el municipio no cumple y no responde lo solicitado, no tenemos ningún medio de comprobación para poder entablar un reclamo.
A su vez, otros de los problemas encontrados tienen relación con la obligatoriedad de ingresar un RUT (18%), a pesar de que la ley nada señala al respecto; el hecho de que no exista un banner de transparencia visible (6%); que el máximo de caracteres sea muy limitado (2%); o que no funcione el link (1%).
En los casos en los que el municipio no cuenta con un sistema de gestión de solicitudes, aún es posible contar con el envío a través de un correo electrónico destinado a ello. Pero al ser ésta una vía no “oficial”, de hecho no están obligados a dar respuesta a la solicitud – a pesar de que muchos sí lo hacen – y de nuevo surgen problemas tales como que la solicitud sea ingresada días después de que haya llegado el correo, y por tanto demore más de 20 días su tramitación; que el correo se encuentre caduco y que no sea posible enviar la consulta; que no se acuse recibo y no sepamos si la consulta efectivamente llegó; y por último, que no nos respondan, por no estar obligados a hacerlo. Lo mismo ocurre en el caso de que se quiera ingresa una consulta a través de el link “Contáctenos”, porque tampoco es la vía formal de hacer las solicitudes, y no tienen la obligación de responderlas. Nosotros nos topamos con 27 comunas en las que intentamos enviar las solicitudes a través de éste mecanismo, y afortunadamente 22 de éstas nos han respondido.
De lo anterior surge la interrogante respecto a si la calidad de los sistemas de gestión de solicitudes y la existencia de barreras a la información pública se encuentra directamente vinculada a la cantidad de recursos con los que cuenta un determinado municipio, y que un municipio con más recursos contaría con mejores sistemas y menos barreras que aquellos con menos capacidad financiera. La experiencia nos dice que tal relación no es correcta, y que, por ejemplo, en un 56,2% de los municipios urbanos y en el 46, 2% de los municipios rurales se logró hacer la solicitud a través del sitio web, lo cual no muestra la existencia de una gran brecha. Lo mismo ocurre en el caso del envío a través de correo electrónico, lo cual incluyó al 36,8% de los municipios urbanos y al 41,9% de los rurales, sin haber una diferencia tan abismal entre ellos.
Esto último es fundamental para comprender las falencias que persisten en torno a la apertura municipal hacia la entrega de la información. Los recursos sí son necesarios, pero no son un factor de exclusión para que los municipios puedan contar con algún mecanismo acorde a las demanda ciudadana para la entrega de la información. Las posibilidades son variadas pero la importancia de éstas es una sola, y es que al mejorar la comunicación municipio-ciudadano, mejor será esta relación directa, cercana y efectiva señalada en el principio. Pero a su vez, no solamente se necesitan municipios más transparentes y con menos barreras de acceso a la información, sino también ciudadanos más activos y con demandas más claras que logren hacer de nuestros gobiernos locales administraciones más eficientes.
¿Te has metido alguna vez al sitio web de tu municipio a revisar cuáles son las posibilidades que éste te entrega? Hazlo, revisa, consulta, y por sobre todo infórmate, y no te preocupes, porque Ciudadano Inteligente también se está encargando de recolectar algunos datos relevantes de tu comuna que te podrían interesar.
¡Ahora Ciudadano Inteligente es .org! plasmando en la web el carácter de asociatividad con el resto de América Latina, con el que ya hemos venido trabajando hace un buen tiempo. Hoy la institución cuenta con un equipo multidisciplinario y de distintas nacionalidades, que en conjunto trabajan por la transparencia y participación ciudadana, creando innovadoras e impactantes aplicaciones web, tanto en Chile, como en el resto de la región (algunos ejemplos son Vota Inteligente Argentina, y la iniciativa colaborativa de desarrollo de aplicaciones sociales más grande de Latinoamérica Desarrollando América Latina).
Ciudadano Inteligente cuenta además con un excelente equipo de voluntarios que ayudan a nutrir las aplicaciones y a recopilar información. Con nuestro nuevo sitio web la institución decidió hacer convocatorias formales de voluntariado en todas sus áreas, abriendo la opción de un voluntariado enfocado en la transparencia, accountability y participación ciudadana. De esta manera, ciudadanos estudiantes o profesionales podrán entregar desde sus respectivas áreas de desempeño, trabajo voluntario en las áreas de investigación, comunicaciones, diseño y desarrollo web. Las convocatorias se estarán anunciando a medida que distintos proyectos estén disponibles para voluntariado, aunque el formulario de inscripción estará permanentemente en línea.
En cuanto al nuevo planteamiento gráfico, hemos cambiado nuestro logo por una ampolleta rodeada de muchos puntos, simbolizando que no es uno solo el ciudadano inteligente, sino más bien una comunidad de ciudadanos que buscan la transparencia, fiscalización y participación.
En su post “chao narigón, hola a todos”, la encargada de diseño de la fundación, Montserrat Lobos, nos cuenta que “este nuevo logo es un recordatorio constante, para que todos los que participamos de esta comunidad sigamos esforzándonos por abrir instancias de participación y colaboración, por abrir nuestros datos y compartir: información, preocupaciones, problemas y soluciones.”.
¡La invitación queda extendida a toda la comunidad latinoamericana! Juntos somos más fuertes.
Los correos electrónicos recibidos y despachados desde la cuenta oficial del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, entre los días 18 y 21 de julio de 2011 son información pública. Así se determinó -por dos votos contra uno- en la sesión N° 328 del 04 de abril de 2012 realizada por el Consejo para la Transparencia, resolviendo favorablemente el amparo al derecho de acceso a la información interpuesto por el ciudadano Juan José Soto.
El 5 de septiembre de 2011, Juan José Soto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, recurrió al Consejo para la Transparencia – representado por la fundación Pro Acceso- en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia (SEGPRES), luego de que dicha institución denegara el acceso a los correos electrónicos del ministro en un determinado periodo. El ciudadano alegó que al ser una cuenta institucional de un órgano del estado, ésta debía ser susceptible de ser solicitada a través de la normativa de acceso a la información.
El ministro Larroulet, por su parte, defendió su postura de no entregar los mails asegurando que la diferenciación entre una información privada y una pública aún no está clarificada, pero que un email se puede comparar tecnológicamente con una llamada telefónica, y hoy hay una institucionalidad que define que un llamado es una información privada.
Finalmente la controversia fue zanjada, señalando los consejeros en su decisión de mayoría que “los correos electrónicos de funcionarios públicos, enviados o recibidos desde su casilla institucional y en ejercicio de funciones públicas —esto es, no los que tengan que ver con su vida privada o personal—, son públicos sino se acredita la concurrencia de una causal legal específica de secreto o reserva. El secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión“.
Para Soto, “Este fallo reafirma el derecho de acceso a la información pública que tenemos como ciudadanos, considerando que lo que solicité eran correos electrónicos que sólo se refirieran a materias de interés público, solicitando expresamente excluir información que el Ministro considerara bajo el alero de su vida privada”.
Esta decisión reviste de especial importancia, ya que se sienta un precedente sobre el tema, donde el Consejo fue claro al señalar que, “…así como no puede sostenerse que todos los correos electrónicos de las autoridades son reservados no cabe, tampoco, estimar que todos esos correos son públicos“, reafirmando a su vez, que para denegar la entrega de la información es preciso justificar suficientemente la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva específica.
La Fundación Ciudadano Inteligente elaboró un estudio que determina la congruencia entre el comportamiento legislativo del Ejecutivo y las promesas contenidas en el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
La investigación se puede ver directamente enwww.deldichoalhecho.cl y entre las principales conclusiones se puede señalar que el Programa de Gobierno tiene un cumplimiento de 24,4% en materia legislativa. Para Manuel Arís, Director de Vota inteligente de la Fundación Ciudadano Inteligente, “Más allá de la calificación de bueno o malo del 24% de cumplimiento, en lo que tenemos que avanzar es que los futuros candidatos a elecciones, de cualquier tipo, elaboren sus programas de gobierno con la intención real de implementarlos cuando hayan sido elegidos, para que los ciudadanos mejoremos la confianza en los políticos y dejemos atrás la idea de que los políticos se olvidan de sus promesas cuando llegan al poder”
Otra de las conclusiones relevantes obtenidas por FCI es la llamada “agenda alternativa”, donde podemos apreciar que el 69% de los proyectos de ley ingresados al Congreso por el Ejecutivo no tienen relación con el cumplimiento de alguna de las promesas contenidas en el Programa de Gobierno, lo que demuestra que no necesariamente éste ha significado una carta de navegación en materia legislativa. Este 69% excluye los proyectos de ley relacionados con la reconstrucción, los que representan el 8% del total de proyectos ingresados al Congreso en estos dos años de Gobierno.
Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente comenta al respecto, “Como hemos constatado en este estudio, un 71% de los proyectos de ley ingresados por el Ejecutivo al Congreso corresponden a la Agenda Alternativa, lo que, más allá de evaluar la pertinencia de estos proyectos, nos invita a reflexionar sobre cómo vincular lo prometido en campaña con lo que se hace durante la gestión, es decir, a que se establezca una relación proporcional entre lo dicho y lo hecho”
Al mismo tiempo, el estudio concluye que la administración Piñera ha ingresado al Congreso un 28% más de proyectos de ley que el gobierno de Michelle Bachelet en sus dos primeros años de mandato.
¿Qué es lo que se busca con este estudio?
La Fundación Ciudadano Inteligente, a través de estudio, deja en evidencia que en Chile se necesita:
Mayor proporcionalidad entre lo prometido en los Programas de Gobierno y lo que se ejecuta desde la gestión pública.
Un mecanismo para informar a la ciudadanía los cambios que se producen en la carta de navegación establecida en el Programa de Gobierno.
Perfeccionar los mecanismos por medio de los cuales se informa sobre la gestión del Gobierno.
Te invitamos a revisar el estudio, formar parte del debate y revisar la metodología en http:www.deldichoalhecho.cl otro sitio de Ciudadano Inteligente.
Durante el último tiempo, hemos puesto énfasis en hacernos –los ciudadanos- personas más informadas y participativas. A su vez, las instituciones han comenzado a revelar información a la que antes no podíamos acceder. Por eso, si tienes dudas en temas de transparencia y acceso a la información, estos son los sitios que no puedes dejar de visitar a la hora de hacerte preguntas, seguramente en ellos, podrás encontrar respuestas.
Desde 1988, la corporación Participa ha buscado mejorar la calidad de la democracia promoviendo la participación ciudadana en los asuntos de interés público y un ejercicio responsable del gobierno. La idea principal de esta entidad es contribuir para que los valores y derechos democráticos sean conocidos, respetados y ejercidos por personas informadas, organizadas y participativas. Además, aboga por prácticas transparentes y por la rendición de cuentas en la gestión pública.
Dentro de sus proyectos, destacan los de participación ciudadana y de transparencia y acceso a la información pública como el programa “Quiero mi barrio” (2007-2010), “Incide” (2010-2011) e “Iniciativa y Acceso”. Durante el 2011 se realizaron “Seminarios Participativos” y el proyecto “Ciudadanía Activa”.
2.Fundación Pro Acceso (www.proacceso.cl) | @ProAccesoChile
Nació en julio del 2004 como una fundación sin fines de lucro que buscó -desde un comienzo- promover el acceso a la información pública, y consolidarlo como un derecho humano fundamental, generando cambios a nivel legal y cultural. Intenta garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública y promocionarlo como una herramienta central en el desarrollo de políticas públicas de Chile.
Actualmente, Pro Acceso realiza un arduo seguimiento al fallo de la Corte Interamericana y a los cambios institucionales que están en trámite legislativo.
El proyecto Transparentemos busca que las organizaciones que participen en él se autorregulen e incorporen a su gestión los principios de la transparencia activa y rendición de cuentas. Esto incrementará la legitimidad del sector, permitirá alcanzar una mayor eficacia e impacto tras su gestión y así, alcanzar más oportunidades de acceso a recursos del sector público y privado.
Transparentemos contempla construcción de estándares, en base al modelo Chile Transparente. También, tiene un plan piloto, donde se convocarán a 60 organizaciones sin fines de lucro para hacerse parte de esta experiencia. Por último, se emprenderán acciones con las distintas instituciones públicas y privadas.
4.Ciudad Viva (www.ciudadviva.cl) | @ciudad_viva
En el 2000 se fundó Ciudad Viva , su compromiso fue tomar el conocimiento adquirido durante la lucha de cinco años contra el primer gran proyecto de autopista urbana en Chile (Costanera Norte), que hubiera destruido la rivera norte del río Mapocho y todo su patrimonio tangible e intangible, y ponerlo a disposición de las comunidades urbanas en conflicto o que estén buscando jugar un rol más activo en la planificación, para construir barrios y ciudades más justas socialmente y sustentables ambientalmente.
Finalmente, Ciudad Viva busca el empoderamiento de los ciudadanos y especialmente sus organizaciones, los espacios colectivos donde se construyen consensos cruciales.
5.Consorcio por la Transparencia (www.consorcioporlatransparencia.cl)
El Consorcio es un grupo de organizaciones de carácter multidisciplinario que través de su experiencia y conocimiento en materias de transparencia, participación ciudadana, acceso a la información y tecnología, busca facilitar el acceso real de los ciudadanos a la información, y monitorear a las diferentes instituciones públicas y privadas. Además, se preocupa de desarrollar acciones de educación, difusión y empoderamiento ciudadano en torno a estos derechos.
Dentro de las organizaciones, cuentan con la participación de: Corporación Participa, Fundación Pro Acceso, Fundación Pro Bono y la Fundación Ciudadano Inteligente.
6.Consejo para la Transparencia (www.consejotransparencia.cl) | @ctransparencia
El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información del Administración del Estado. Busca promover y cooperar en la construcción e institucionalización de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el derecho de acceso a la información pública de las personas.
7.Red de Transparencia y Acceso a la información (http://redintercambio.cplt.cl)
Es una red de intercambio entre organismos y entidades públicas que desarrollan supervisión en funciones de transparencia y acceso a la información pública. Esta red la conforman, el Ministerio Institucional de Transparencia y lucha contra la corrupción de Bolivia, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de México, la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, la Defensoría del Pueblo de Perú y el Consejo para la Transparencia de Chile.
Acá podrás enterarte que sucede no solamente en Chile, sino en otros países de América sobre el tema de transparencia y acceso a la información.
En este portal se encuentra toda la información sobre transparencia de las entidades públicas. Dentro de las opciones que te da, puedes ingresar y ver datos de organismos públicos, sistema de compras, informes de ejecución presupuestaria, transferencias, actos y resoluciones, estructuras orgánicas, la dotación de personal de las distintas instituciones y la declaración de intereses de nuestras autoridades, entre otras opciones.
Chile Transparente, combate la corrupción desde una perspectiva integral. Crea conciencia sobre los beneficios de la transparencia en las organizaciones públicas y privadas, y da a conocer los costos económicos y sociales que implica la corrupción.
Desarrolla proyectos que posicionan los valores de la transparencia y la probidad, y elabora herramientas y prácticas que permitan mejorar los niveles de integridad y acceso a la información de la ciudadanía.
Las actividades y acciones emprendidas por el organismo son financiadas por el aporte de socios individuales y de empresas cooperadoras, junto a las donaciones recibidas por proyectos específicos de parte de distintas entidades nacionales e internacionales.
El Open Goverment Partnership tiene por objeto asegurar el compromiso concreto de los gobiernos en promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para hacer que los gobiernos sean más abiertos, efectivos y contables. Otra tarea, consiste en apoyar la participación ciudadana de todas las personas, por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas.
Y además, no dejes de visitar la página de nuestra fundación: www.ciudadanointeligente.org
El miércoles 18 se realizó una audiencia en el Consejo para la Transparencia por solicitud de correos electrónicos, que hizo un ciudadano, al Ministro Larroulet.
Es la tercera vez que en Chile sucede algo así. La primera, fue la petición de correos electrónicos que se hizo al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), a raíz del proyecto HidroAysén; la segunda, una solicitud de los e-mails enviados sobre el tema de reconstrucción entre la Subsecretaría del Interior y la Gobernación de Talagante. En la actualidad el CPLT se encuentra conociendo su tercer caso.
Todo comenzó con una solicitud de acceso a la información pública del ciudadano Juan José Soto quien pidió acceder a los correos electrónicos despachados y recibidos desde la cuenta de correo institucional del Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, entre los días 18 y 21 de julio de 2011, solicitando expresamente, excluir cualquier tipo de correo privado del Secretario de Estado.
El 5 de septiembre de 2011, Juan José Soto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia (SEGPRES), basado en que dicha institución habría denegado el acceso a datos solicitados.
“El artículo 5° de la Ley de acceso a la Información Pública establece que es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”, explica Juan José Soto
También, asegura que el derecho a la protección de la vida privada no se ve amenazado por la entrega de dicha información, pues se pidieron sólo aquellos correos electrónicos que tratan temas relativos a la gestión pública, y no los que tengan contenido privado.
Agregó que la tecnología actual, supone el reemplazo de las tradicionales formas de comunicación escrita entre funcionarios públicos, siendo los e-mails de cuentas institucionales pagadas por el Estado, y usadas por funcionarios contratados por este, escritos de carácter público, de interés ciudadano y parte esencial de la memoria institucional de un país. En naciones como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra o México, los ciudadanos pueden solicitar los correos electrónicos de sus autoridades, y no ha habido grandes problemas por ello, por eso no se entiende que el Gobierno quiera mantener sus comunicaciones en secreto.
Por su parte, el ministro Larroulet defiende su postura de no entregar los mails porque asegura que la diferenciación entre una información privada y una pública aún no está clarificada, pero que un email se puede comparar tecnológicamente con una llamada telefónica, y hoy hay una institucionalidad que define que un llamado es una información privada.
Es por ello que el Gobierno interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, defendiendo la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la privacidad.
El miércoles 18, el Consejo para la Transparencia vio ambas posturas y se espera que adopte una decisión definitiva, pronto respecto al criterio sobre si los emails institucionales de las autoridades públicas deben ser privados o tienen un carácter público respecto del interés ciudadano.
Después de la horrible analogía del cajón de manzanas con una de ellas podridas, la frase sobre las preguntas, debe ser lo segundo más repetido en la educación chilena.
Advierto que no soy experto ni en educación, ni en negocios, ni en leyes, sólo un ciudadano interesado en la sociedad civil. No quiero atacar a nadie, pero sí hostigar a todos. Como declarado inexperto yo tengo muchas preguntas y para evitar que me tilden de tonto, voy a hacerlas:
¿Cuántos profesores de Enseñanza Media están estudiando la ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y la ley 20.500 de Participación Ciudadana para luego enseñárselas a sus alumnos?
Un país que aspire a tener una democracia participativa, con una ciudadanía responsable y fuerte, debe educar en esos aspectos a sus jóvenes o como he escuchado por ahí “pre-ciudadanos”. Me parece que asignar trabajos escolares que, en vez de una búsqueda en wikipedia, requieran una solicitud de acceso a la información pública pueden tener un impacto tremendo como una primera interacción directa entre un estudiante de tercero medio y el gobierno central de Chile.
En mi trabajo como encargado del proyecto www.accesointeligente.org de la Fundación Ciudadano Inteligente yo percibo ese ideal de un gobierno que trabaja por nosotros, a veces bien, a veces mal, pero veo que se mueven por nuestras solicitudes. Recordemos que mandatario es quien recibe los mandatos.
¿Cuántas acciones pro sociedad civil has hecho durante esta primera quincena del 2012?
Es muy común olvidarse que somos parte activa de la sociedad, está el gobierno, está el Congreso, están los bancos, las farmacias, los liceos, las sociedades agrícolas y está la sociedad civil, tan importantes somos que incluso en nuestra Constitución estamos considerados ¿Te imaginas cuántas acciones pro-banca realizaron los bancos en lo que ya va del 2012 y cuántas planean hacer? Se entiende, ellos están preocupados de su sector, lo cultivan y protegen. Nosotros debiésemos hacer lo mismo, porque tu sector –y el mío- es el de la sociedad civil; debemos protegerlo y cultivarlo. No es fácil porque no te pagan por eso, pero te sugiero algo que al menos es gratis.
¿Por qué no elijes un tema y haces una pregunta al gobierno? La lees y si te parece que hay algo sospechoso sobre lo que profundizar envíalo a algún periodista amigo tuyo para que lo ponga en la tabla de investigaciones. O, al menos, publícalo en facebook o en twitter con un comentario, quizás una amiga tuya lo quiera investigar.
¿Acaso te parece que en libre competencia todo anda bien?, ¿El Serviu es lo suficientemente transparente y eficiente?, ¿Las Isapres son fiscalizadas tanto como a ti te gustaría?, ¿Carabineros explica perfectamente la asignación de patrullas en los distintos sectores del país? Estas preguntas y muchas otras pueden ser respondidas en menos de 20 días si tú las haces.
¿No tienes nada que decirle a ningún senador respecto a ningún proyecto de ley, entonces por qué no has usado nunca el sitio www.senadorvirtual.cl?
¿Qué Chile es más valioso, el solidario que dona más de $20.000.000.000 a la teletón o un Chile fiscalizador que evita que Kodama reciba sumas similares por razones injustificadas?
Una de las consecuencias más importante y beneficiosa de la ley de transparencia es un efecto secundario o colateral: la inhibición de actos de corrupción. Sólo por la posibilidad de que alguna vez alguien empiece a preguntar cosas al respecto y que investigando por aquí o por allá descubra la corrupción.
¿Cuántos Juan Pablo Davila andan por ahí a punto de cometer unos inexplicables “errores de tipeo” inhibidos ante la posibilidad de que a uno de los 17 millones de chilenos se le ocurra indagar en algo que lo comprometa?, ¡Porque con uno basta! Imagina que conveniente la acción, pro-sociedad civil, de tener una fuerza fiscalizadora de cientos de miles al establecer como obligatorio al menos un trabajo que use la ley de transparencia en tercero medio. Millones de alumnos preguntando al gobierno, para ser buenos fiscalizadores hay que tener práctica ¿Puede eso ser malo?
En definitiva, la gran pregunta es cuánto más eficiente sería el Estado de Chile si contara con una sociedad civil fuerte y responsable. Cuánta de la debilidad actual de nuestra sociedad civil es nuestra responsabilidad. Dicen por ahí que las sociedades tienen los gobiernos e instituciones que se merecen ¿Cuál nos merecemos los chilenos?
Las organizaciones de la sociedad civil entregaron a la Segpres un documento con una serie de propuestas que buscan cooperar en la iniciativa gubernamental que tiene por objetivo la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, y la modernización del Estado. Todo esto en el marco de la adhesión a la Alianza del Gobierno Abierto, a la que se le presentará una propuesta final en marzo de este año.
El Consorcio por la Transparencia y Fundación Ciudad Viva enviaron al secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, Alberto Precht, un documento con una serie de propuestas que apuntan al perfeccionamiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la promoción de la participación ciudadana.
La entrega del documento se dio en el contexto de la invitación que realizó la Agencia de Probidad de la Segpres a la sociedad civil para presentar propuestas en el marco de los compromisos que el Gobierno está elaborando para integrar la Iniciativa del Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Un proceso de consulta en el que también participan el Parlamento, la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia.
Dentro de las propuestas que el Consorcio y Ciudad Viva presentaron a la instancia dependiente de las Naciones Unidas, destacan la publicidad actualizada y permanente de las estadísticas por servicio público, en la que se indiquen la cantidad de solicitudes de información recibidas y las respuestas entregadas por los servicios respectivos; la administración de un Observatorio por parte de la Agenda de Probidad, que realice seguimiento y apoyo a la implementación de la Ley 20.500 (“Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública”) y de la calidad de las consultas públicas on-line; el perfeccionamiento de la institucionalidad vigente del Consejo para la Transparencia, fortaleciendo su institucionalidad y presupuesto; y la creación de un Convenio Regional del P10 como un resultado concreto de la Cumbre de Río+20, a celebrarse en Junio del 2012 en Brasil.
El documento, además, busca definir las principales líneas del Plan de Acción, estableciendo metas de corto plazo en un primer año, así como otras de más largo alcance en temas como el compromiso del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, la utilización de las nuevas tecnologías (Tic’s) para incrementar la eficiencia, la apertura y la rendición de cuentas de los países.
El Consorcio por la Transparencia es una agrupación de organizaciones sin fines de lucro y pro transparencia, que vela por el bienestar de la sociedad civil; conformado por Fundación Pro Acceso, Fundación Ciudadano Inteligente, Fundación Pro Bono y Corporación Participa.
La propuesta completa que el Consorcio y Fundación Ciudad Viva entregaron al gobierno, puede ser descargada del sitio web www.consorcioporlatransparencia.cl.
El consenso de analistas, columnistas, periodistas, políticos y público en general es que el año que acabamos de despedir fue uno, cuanto menos, difícil, complejo y, dicho con cierta siutiquería, “raro”.
Comparto dicha impresión, generada sobre todo por una suma difusa y algo etérea de eventos trascendentes que tuvieron auge en los más disímiles puntos del planeta. Y lo interesante –como vivimos en una sociedad globalizada– es que cada uno de estos eventos repercutió de alguna manera en otras latitudes y, al final, en el mundo entero, tanto en una dimensión política como económica y sobre todo social.
Fue el año de las revoluciones, de las caídas de tiranías que llevaban décadas incólumes, de la muerte del terrorista número 1 buscado por Estados Unidos, de los movimientos sociales, de las redes sociales, del flujo expedito de información pero también de la censura de la información.
Es difícil ubicar un punto de partida, y siempre el evento que convengamos en escoger como episodio inicial tendrá, a su vez, otros antecedentes y causas, de suerte que podríamos remontarnos al momento en que Eva mordió la manzana. Sin embargo, creo que un buen punto de partida, más o menos claro y explicativo –y el que en cierta manera desencadenó todo lo que ocurrió a lo largo del 2011–, corresponde a la filtración de cables diplomáticos por obra de Wikileaks, acontecido cuando ya se nos iba el 2010.
Si reflexionamos por un momento, todo lo que ocurrió el 2011 podría explicarse de alguna manera a partir del efecto dominó que generó lo hecho por Bradley Manning, Julian Assange y compañía; no por directa influencia de los propios contenidos de los cables diplomáticos expuestos, sino por el aura general y el contexto ideológico al que nos permitía arribar tal suceso.
Me refiero puntualmente al ensalzamiento del derecho de acceso a la información. Al final, lo que demostró primero Wikileaks, y luego Twitter con su formidable soporte a la hora de organizar movilizaciones y protestas en todo el mundo, es que, en definitiva, la información se encuentra actualmente en manos de todos, de manera instantánea y sin intermediarios (exceptuando los soportes tecnológicos).
Hoy en día todos cuentan con una cuota de poder más o menos significativa que les permite levantar causas en un par de minutos y derribar proyectos de ley o cualquier otra iniciativa que atente contra los intereses de esa selecta casta de personas informadas e hiperconectadas. Hasta aquí podríamos concluir entonces, y con relativo acierto, que el 2011, a pesar de los constantes intentos de boicot (léanse a modo de ejemplo las medidas de censura ejecutadas por el régimen egipcio para frustrar las protestas, o la propia ley SOPA), fue el año del acceso a la información y el libre flujo de ésta.
Lamentablemente no me van quedando muchas razones para mirar con optimismo el 2012, al menos en este aspecto. La ya mencionada ley SOPA es la mejor muestra de que los gobiernos de occidente no miran con buenos ojos la manera en que redes sociales y, en general, las nuevas tecnologías de la información permiten levantar causas que –más allá de que sean justas y sensatas o no– tienden a incomodar el poder central.
No es que estemos descubriendo el fuego. Desde hace mucho tiempo hemos podido comprobar la importancia de las nuevas tecnologías de la información como motor de cambio social y político, y hemos tenido también la oportunidad inferir que estas herramientas son un arma de doble filo, con una capacidad de generar gran suspicacia en los gobernantes de todas partes. Sin embargo, creo que es 2011 el año en que este cúmulo de ideas y valores ha alcanzado su auge, y por ello es que los órdenes de Occidente comienzan a tomar cartas en el asunto.
Tomemos como ejemplo la ya mencionada Stop Online Piracy Act. Desconozco lo que irá a ocurrir con ella en el estado en que se encuentra en el Congreso, con sus evidentes y abiertas contradicciones a la primera enmienda y otros derechos fundamentales garantizados en la propia legislación norteamericana. En el mejor de los casos, tal vez el lobby ejercido por usuarios de a pie e importantes empresas que dependen de una Internet relativamente libre logre derribar el proyecto.
Podría ocurrir también –de todo se puede esperar de la tierra del tío Sam– que la iniciativa SOPA, tal como se encuentra redactada hoy, llegue a convertirse en una ley plenamente vigente para todos y cada uno de los Estados del país del norte, con las consiguientes y nefastas implicancias para todos los países conectados a Internet y que dependan de lo que hagan o dejen de hacer los servidores establecidos en Estados Unidos.
Pero si llegara a concretarse el peor de los temores de todo internauta, ¿estamos condenados? Parecen haber dos salidas o posibles desenlaces.
La primera y la “más legítima” radica en la confianza que podamos tener en la sanidad del sistema legal estadounidense. La aprobación de una norma antijurídica por donde se le mire, que atenta abiertamente contra la primera enmienda y los más sacrosantos valores políticos y sociales de Estados Unidos, debiera ser revisada por la Corte Suprema y ser declarada inconstitucional. Si las instituciones funcionan, sabemos que una ley federal ya aprobada es susceptible de ser declarada inconstitucional por los tribunales superiores de justicia, en virtud, precisamente, del principio de supremacía constitucional, y así restablecer el imperio del derecho.
Pero si nada de esto llegara a ocurrir, lo más probable es que sólo se contribuya a profundizar el problema y termine desahogándose una manifestación global de proporciones épicas. Internet es el último verdadero bastión de libertad que nos va quedando, y por ello podría afirmar con convicción que, si bien hay muchas cosas que desconozco y soy incapaz de predecir, ésta es una de esas en la que el futuro ya se puede anticipar con relativa seguridad. Y es que nadie se quedará de brazos cruzados mirando cómo la fuente universal de conocimiento por excelencia queda atrapada en las redes del poder central, la censura y –si nos compramos la tesis de que realmente todo esto pasa por la protección de los derechos de autor– los intereses de las compañías discográficas y grandes medios.
El 2011 fue el inicio de un proceso de cambios y descontento a nivel global; algunos con causas distintas, pero todos interrelacionados de alguna manera (sea desde un punto de vista geopolítico, tecnológico o sociológico). No hay razón alguna para pensar que el 2012 la tendencia se detendrá o revertirá, y por ello es no sería aventurado esperar, asimismo, una feroz oposición de gobernantes de todas partes. Por ello creo que, definitivamente, el año que recién comienza verá de alguna manera frustrados sus intentos por consagrar el acceso a la información y la transparencia como los grandes valores a los que aspira la sociedad moderna. El panorama que se vislumbra durante los próximos doce meses aparenta ser más difícil, complejo y “raro” que nunca.
¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.
